Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de julio de 2025
Deniega la tutela
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, habiendo solicitado en dos oportunidades la cesación de la detención preventiva, la Jueza demandada no señaló audiencia para su consideración, emitiendo providencias impropias, sin que sus solicitudes sean atendidas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 33 a 36 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0726/2025-S1 Sucre, 1 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53188-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 39/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 33 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Wilfredo Carlo Quenta contra Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 7 de noviembre de 2022, cursante a fs. 3 y vta., el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, con CUD 201102062200032, la Jueza demandada demostró odio y animadversión hacia su persona, porque no atendió ninguna de sus solicitudes, imponiéndole defensa técnica en la sustanciación de dicho juicio. Así, en dos oportunidades habría solicitado la cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), mereciendo providencias impropias; es decir, jamás fue señalada audiencia para su consideración; por lo que, dichos actos procesales subjetivos vulneran su derecho a la libertad por errónea aplicación de procedimiento.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad, conforme a los arts. 13.I y IV, 22, 23.I, 109.I, 110.II, 115.II, 116.I, 119.I, 120, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1, 2, 3, 7.1, 8.2, 17.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se ordene el señalamiento de audiencia de cesación de detención preventiva, en el día, disponiéndose su libertad inmediata; y, b) Se establezca responsabilidad civil, penal y administrativa, con monto indemnizable a su favor; además, se ordene el pago de costas procesales, por la emisión de actos conculcadores dispuestos por la Jueza demandada.
La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 8 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 11 a 12, produciéndose los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su abogado, se ratificó en el tenor íntegro de la acción de libertad y ampliando la misma, sostuvo que: 1) Se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario de San Pedro; 2) Habiendo solicitado la cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP, por memorial de “19 de octubre” pidió el señalamiento de audiencia a tal efecto, mereciendo una “providencia impropia”; por cuanto, “…la misma respondido que se considerara en audiencia…” (sic); 3) Mediante un segundo memorial, reiterado a la autoridad judicial demandada, indicó “…sírvase a señalar audiencia de cesación a la detención preventiva conforme dispone el art. 239 numeral 1 de la ley 1970…” (sic) y mediante una providencia se estableció “…estese al decreto al señalamiento de fecha 26 de octubre del año 2022…” (sic); y, 4) Con esas dos providencias “se trata de inventar” un nuevo procedimiento ajeno al establecido en el régimen de medidas cautelares.
Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante el informe escrito de 8 de noviembre de 2022 -conforme consta en la Resolución 39/2022 de la misma fecha-, señaló que: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, su abogado presentó el memorial de 19 de octubre de 2022, solicitando día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva y su autoridad emitió el decreto de 20 del mismo mes y año (considérese en audiencia), toda vez que la audiencia de continuación de juicio oral estaba programada para el 20 de igual mes y año, a horas 16:00, por el principio de celeridad y concentración de actos procesales se consideró “…llevar adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva el mismo día de continuación de juicio” (sic); ii) El referido acto procesal no pudo instalarse debido a que su autoridad se encontraba en audiencia de inspección judicial, la cual se prolongó, situación que se puso en conocimiento de los sujetos procesales y fue señalado nuevo día y hora de audiencia dentro del plazo previsto por ley; es decir, para el 25 de octubre de 2022, a horas 16:00; iii) En la fecha indicada, la audiencia virtual de cesación a la detención preventiva y prosecución de juicio oral, no fue instalada debido a que junto a la Secretaria se encontraban en audiencia de alegatos conclusivos y para emisión de sentencia, en otro proceso, que lamentablemente se prolongó, situación no prevista y extremos no atribuibles a su autoridad; por cuanto, el Juzgado a su cargo se encuentra con exagerada carga procesal; iv) Así, en esa fecha se reprogramó la audiencia de cesación a la detención preventiva y prosecución de juicio oral, para el 31 de igual mes y año, a horas 14:30; v) En la señalada fecha, se instaló dicho acto procesal, evidenciándose la ausencia del representante del Ministerio Público, así como la ausencia injustificada del abogado de la parte acusada -hoy accionante-, encontrándose en sala sólo el detenido y el abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), por lo que la audiencia fue suspendida y señaló nuevo día y hora de audiencia, para el 7 de noviembre de 2022, a horas 16:00; vi) El 7 de noviembre de 2022, a horas 16:00, nuevamente se instaló la audiencia de cesación a la detención preventiva y prosecución de juicio; pero, por informe de la Secretaria se evidenció que el abogado de la parte acusada -hoy impetrante de tutela- no estaba vinculado a la sala virtual; por lo que, se aplicó el párrafo segundo del art. 314.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), a solicitud del Fiscal, se dio continuidad al juicio y se emitió Sentencia; y, vii) Para todas las reprogramaciones de audiencia de cesación a la detención preventiva no se vinculó el abogado particular del acusado; de igual manera, siendo que el abogado de SEPDEP estaba vinculado y al tratarse de un procedimiento inmediato, continuó con el proceso hasta su culminación.
El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante la Resolución 39/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 33 a 36 vta., denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Del informe emitido por la Jueza demandada, se establece que dicha autoridad atendió oportunamente la solicitud de “19 de octubre”; es decir, dentro de las veinticuatro horas de haberse pedido, disponiéndose la consideración de la cesación a la detención preventiva en audiencia de juicio oral programada para el “20 de octubre” a horas 16:00, momento que iba iniciar el juicio; por lo que, no existe vulneración al debido proceso que afecte directamente la libertad del ahora accionante; b) Se tiene el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva presentado por el ahora accionante, que mereció la providencia de “20 de octubre” que indicó “Considérese en audiencia…”; además, una nota de suspensión de audiencia de prosecución de juicio de 20 de octubre de 2022, que no fue instalada debido a que la Jueza -demandada-estaba en audiencia de inspección judicial; c) Se reprogramó la audiencia virtual y prosecución de juicio y cese a la detención preventiva para el 25 de octubre de 2022, a horas 16:00; empero, no pudo instalarse porque la autoridad judicial demandada se encontraba en audiencia presencial de alegatos y conclusiones, “…obligándola a señalar nueva programación de audiencia para el día 31 de octubre de 2022 a horas 14:30…” (sic); d) Del acta de audiencia de juicio oral de 31 de octubre de 2022, se establece que el representante del Ministerio Público y el acusado -hoy accionante- no estaban presentes, únicamente el abogado de este último; ameritando la suspensión y nuevo señalamiento para el 7 de noviembre de 2022; e) Del acta de 7 de noviembre de 2022, a horas 16:00, se evidencia que se encontraban en sala el representante del Ministerio Público y el acusado -hoy impetrante de tutela- y no así su abogado; pero, si el abogado del SEPDEP, por lo que la autoridad judicial desarrolló dicho acto procesal; f) Del referido acta se tiene que la defensa del SEPDEP no solicitó la cesación a la detención preventiva; g) El accionante no adjuntó ningún elemento de prueba que pueda compulsarse; y, h) Las piezas fundamentales fueron remitidas para su valoración y debida compulsa, dando por acreditada la documentación remitida por la Jueza demandada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el memorial de 19 de octubre de 2022, dirigido al “…JUEZ SEGUNDO DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO” (sic), por el cual el ahora accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 17 a 18). II.2. Consta la Nota de Suspensión (fs. 20) emitida por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, señalando: En fecha 20 de octubre de 2022 a horas 16:00 la audiencia de prosecución de juicio oral no pudo instalarse menos desarrollarse debido a que la Sra. Juez y la suscrita se encontraban en audiencia de Inspección Judicial mismo que se prolongó, situación que se puso en conocimiento de los sujetos procesales. II.3. Cursa la providencia de 21 de octubre de 2022 (fs. 20), emitida por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, indicando: La audiencia virtual señalada para fecha 20 de octubre de 2022 a horas 16:00 no pudo instalarse y menos desarrollarse debido a lo precedentemente descrito líneas ut supra, por lo que se reprograma la audiencia (Virtual) de prosecución de juicio oral y cesación a la detención preventiva para el día martes 25 de octubre de 2022 a horas 16:00, debiendo notificarse a los sujetos procesales. II.4. Consta la Nota de Suspensión (fs. 22) emitida por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, refiriendo: En fecha 25 de octubre de 2022 a horas 16:00 la audiencia de prosecución de juicio oral no pudo instalarse menos desarrollarse debido a que la Sra. Juez y la suscrita se encontraban en audiencia presencial de alegatos conclusivos, situación que se puso en conocimiento de los sujetos procesales. II.5. Cursa la providencia de 26 de octubre de 2022 (fs. 22), emitida por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, señalando: La audiencia virtual señalada para fecha 25 de octubre de 2022 a horas 16:00 no pudo instalarse y menos desarrollarse debido a lo precedentemente descrito líneas ut supra, por lo que se reprograma la audiencia (Virtual) de prosecución de juicio oral para el día 31 de octubre de 2022 a horas 14:30, debiendo notificarse a los sujetos procesales. II.6. Consta el “ACTA DE AUDIENCIA-JUICIO ORAL-PRESENCIAL” (sic) de 31 de octubre de 2022, en la cual y ante la ausencia del representante del Ministerio Público, la Jueza demandada señaló nuevo día y hora de audiencia para el lunes 7 de noviembre de 2022, a horas 16:00, con el que quedaron citadas, notificadas y emplazadas las partes (fs. 24). II.7. Cursa “ACTA DE AUDIENCIA- CESACIÓN Y JUICIO ORAL- PRUEBAS DOCUMENTALES DEL M.P. Y ALEGATOS CONCLUSIVOS- SEMI-PRESENCIAL” (sic [fs. 28 a 32]) de 7 de noviembre de 2022, en la cual la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, informó que en cuanto a la presencia de las partes se tiene:
- Si vinculado el Representante del Ministerio Público Dr. Roger Iglesias - Si vinculado el acusado EDWIN WILFREDO CARLO QUENTA, no vinculado Dr.
Guido Ticona. - Si vinculado Abogado de SEPDEP Dr. Copa Edwin.
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, habiendo solicitado en dos oportunidades la cesación de la detención preventiva, la Jueza demandada no señaló audiencia para su consideración, emitiendo providencias impropias, sin que sus solicitudes sean atendidas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, al efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) La solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
en los casos y según las formas establecidas por la ley… (las negrillas son nuestras). De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces habeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al habeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de habeas corpus, haciendo referencia al habeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal. Por su parte, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que se considera actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se señale la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificado legalmente y no comparecen a la audiencia. Posteriormente, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, modulando este entendimiento y la subregla establecida en el SC 0078/2010-R, en cuanto al plazo para fijar audiencia, señaló que éste no podía exceder de tres días; además, que la solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciada dentro del plazo de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto de 2022, asumió el siguiente razonamiento:
La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a Ley 1173 -Ley 1226 23 de septiembre de 2019- introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:
Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,
4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.
Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.
En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).
7El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código. En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
El peticionante de tutela denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, habiendo solicitado en dos oportunidades la cesación de la detención preventiva, la Jueza demandada no señaló audiencia para su consideración, emitiendo providencias impropias, sin que sus solicitudes sean atendidas. De la revisión de antecedentes se tiene que, mediante memorial de 19 de octubre de 2022, dirigido al “…JUEZ SEGUNDO DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO” (sic), el ahora accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva. Sin embargo, el 20 de octubre de 2022, a horas 16:00, la audiencia de prosecución de juicio oral no se desarrolló ni se instaló debido a que la Jueza -ahora demandada- y la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, estaban en una audiencia de inspección judicial que fue prolongada, situación que se puso en conocimiento de los sujetos procesales (Conclusión II.2). De esta forma, a través de la providencia de 21 de octubre de 2022, emitida por la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, se reprogramó la audiencia (Virtual) de prosecución de juicio oral y cesación a la detención preventiva para el 25 del mismo mes y año, a horas 16:00 (Conclusión II.3). De igual manera, el 25 de octubre de 2022, a horas 16:00, la audiencia de prosecución de juicio oral, no se instaló ni desarrolló debido a que la Jueza demandada y la Secretaria del Juzgado a su cargo, se encontraban en audiencia presencial de alegatos conclusivos, situación que se puso en conocimiento de los sujetos procesales (Conclusión II.4). La prenombrada Secretaria, emitió la providencia de 26 de octubre de 2022, por la cual reprogramó la audiencia (Virtual) de prosecución de juicio oral para el 31 de igual mes y año, a horas 14:30 (Conclusión II.5). Del “ACTA DE AUDIENCIA-JUICIO ORAL-PRESENCIAL” (sic) de 31 de octubre de 2022, se desprende que ante la ausencia del representante del Ministerio Público, la Jueza demandada señaló nuevo día y hora de audiencia para el 7 de noviembre del mismo año, a horas 16:00, con el que quedaron citadas, notificadas y emplazadas las partes (Conclusión II.6). También, del “ACTA DE AUDIENCIA- CESACIÓN Y JUICIO ORAL-PRUEBAS DOCUMENTALES DEL M.P. Y ALEGATOS CONCLUSIVOS- SEMI- PRESENCIAL” (sic [Conclusión II.7]), se tiene que la Jueza demandada instaló dicho acto procesal y la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, respecto de la presencia de las partes, informó que estaban vinculados el representante del Ministerio Público, el acusado -ahora impetrante de tutela- y el abogado del SEPDEP; empero, no estaba vinculado Guido Ticona -abogado del accionante-. Conforme a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es obligación que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho y en los casos de existir dilación indebida la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para su reparación inmediata. De los antecedentes descritos, se tiene que el impetrante de tutela, por memorial presentado el 19 de octubre de 2022, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva; así, el 20 del mismo mes y año, la audiencia de prosecución de juicio oral, no fue instalada debido a que la Jueza -ahora demandada- y la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, estaban en una audiencia de inspección judicial que fue prolongada; por lo que, se reprogramó la audiencia (Virtual) de prosecución de juicio oral y cesación a la detención preventiva para el 25 del mismo mes y año, a horas 16:00. De esta forma, el 25 de octubre de 2022, a horas 16:00, la audiencia de prosecución de juicio oral, no se instaló ni desarrolló, debido a que la Jueza demandada y la Secretaria del Juzgado a su cargo, se encontraban en audiencia presencial de alegatos conclusivos; provocando que, nuevamente se reprograme la audiencia (Virtual) de prosecución de juicio oral para el 31 de igual mes y año, a horas 14:30 y en dicha fecha, ante la ausencia del representante del Ministerio Público, la Jueza demandada señaló nuevo día y hora de audiencia para el 7 de noviembre del mismo año, a horas 16:00. Ahora bien, del “ACTA DE AUDIENCIA- CESACIÓN Y JUICIO ORAL-PRUEBAS DOCUMENTALES DEL M.P. Y ALEGATOS CONCLUSIVOS-SEMI- PRESENCIAL” (sic [Conclusión II.7]) de 7 de noviembre de 2022, se tiene que la Jueza demandada instaló dicho acto procesal y la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, respecto de la presencia de las partes, informó que estaban vinculados el representante del Ministerio Público, el acusado -ahora impetrante de tutela- y el abogado del SEPDEP; empero, no estaba vinculado Guido Ticona -abogado del accionante-.
De la relación procesal descrita precedentemente se establece que una vez solicitada la audiencia de cesación de la detención preventiva, dicho acto procesal fue postergado en dos oportunidades por causas ajenas a la voluntad del ahora accionante; empero, de la misma se tiene que la extrañada audiencia fue instalada y celebrada el 7 de noviembre de 2022, con la presencia del representante del Ministerio Público y el propio acusado -hoy impetrante de tutela- y que ante la ausencia de su abogado, intervino el abogado del SEPDEP. Consecuentemente, al haberse efectivizado la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por el ahora accionante, no se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, pues no existe un trámite judicial que merezca acelerarse para resolver la situación jurídica de la persona que está privada de libertad, deviniendo en la denegatoria de la tutela respecto a la pretensión expresada en la presente acción de libertad. Otras consideraciones No obstante que la acción de libertad de pronto despacho no fue activada, conviene expresar que toda autoridad judicial que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por lo que, la Jueza demandada procurará hacer efectivas sus propias determinaciones respecto de la celebración de actos procesales en los que esté involucrado dicho derecho, no siendo justificativo su postergación debido a la carga procesal existente. Por todo lo expuesto, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 39/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 33 a 36 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
4 El FJ III.3, indica: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
5 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido” (…). 6La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0726_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3a653e00bdb0598b76ee944a49690ecaf968124ceeed07dcb565f84c8954ac22
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