Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de diciembre de 2024
Concede la tutela
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la defensa y al debido proceso en su componente “seguridad jurídica”, acusando a la Jueza demandada incurrir en indebido procesamiento en el desarrollo del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, al haber inicialmente determinado en audiencia de juicio oral y público de 12 de octubre de 2021 reprogramar dicho acto procesal para el 29 de octubre de igual año -a causa de su inasistencia y del representante del Ministerio Público-; empero, a su conclusión, constatando que su defensa técnica se retiró de plataforma, resolvió el recurso de reposición planteado por la parte contraria, modificando dicha fecha para el 19 de ese mes y año, sin siquiera notificarle en su domicilio procesal, llevando a cabo la misma en su ausencia, así como de su abogado, declarándolo rebelde y ordenando entre otras medidas la remisión de antecedentes al REJAP, arraigo y el mandamiento de aprehensión, llegando incluso a fijar audiencia de aplicación de medidas cautelares para con antelación al juicio oral disponer su detención preventiva y, pese que purgó rebeldía, la denunciante habría recogido dicho mandamiento y entregado a la DACI, dejando latente la posibilidad de restringir su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 154/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, que debe enmarcar sus actuaciones y decisiones al procedimiento penal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0726/2024-S2 Sucre, 23 de diciembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48354-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 154/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudio Alejandro Pinilla Nuñez en representación sin mandato de Abel Galo De La Barra Cáceres contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de mayo de 2022, cursante de fs. 23 a 28, el accionante a través de su representante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL) en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, en audiencia de juicio oral y público de 12 de octubre de 2021, en ausencia suya y la del Fiscal de Materia a cargo de la investigación -estando presente su defensa técnica, quien expresó que no podía contactarse con su persona-, la Jueza demandada dispuso reprogramar dicho acto procesal para el 29 de ese mes y año, cerrando y concluyendo la misma, despidiéndose incluso de las partes, procediendo su abogado a desconectarse de la plataforma virtual; sin embargo, pese a constatarse ese extremo por la aludida autoridad, permitió la palabra a la parte contraria y, admitió su recurso de reposición en cuanto a la fecha de la programación de audiencia, llegando a modificarla para el 19 del citado mes y año, sin disponerse su notificación en su domicilio procesal o, por lo menos vía celular.
El señalado verificativo, se llevó a cabo en ausencia de su persona como de su abogado, declarándolo rebelde mediante la Resolución 25/2021 de 19 de octubre, ordenando se expidan edictos, remitan antecedentes al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), procesen su arraigo y sobre todo se libre mandamiento de aprehensión en su contra, y pese a que “SIN CONVALIDAR DEFECTOS ABSOLUTOS” (sic) purgó rebeldía por memorial presentado el 19 de noviembre de 2021, se enteró que la parte contraria recogió dicho mandamiento y entregó a la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía Boliviana a objeto de su ejecución. Su libertad se halla en peligro frente al mal actuar de la Jueza demandada; debido a que, fue declarada su rebeldía de forma ilegal y premeditada, deviniendo de un acto viciado de nulidad. Asimismo, ante la solicitud de la MUSERPOL de la aplicación de medidas cautelares, por providencia de 2 de febrero de igual año, se dio curso para el 3 de marzo de 2022, cuando correspondía se rechace la misma, pretendiendo con antelación y prioridad su detención preventiva previa al juicio oral, que seguramente en su verificativo se dispondrá, estando latente la posibilidad de restringir su libertad provocada a consecuencia de un procesamiento indebido contra su persona.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la defensa, al debido proceso en su componente “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la Resolución 25/2021 -de declaratoria de rebeldía-, el arraigo dispuesto para ese efecto, cualquier publicación de edicto y el señalamiento de audiencia de medidas cautelares, debiendo ordenarse continúe el desarrollo del juicio oral; y, b) Se oficie a la Dirección General de Migración a fin de dejar sin efecto los antecedentes que pudieron registrarse en el REJAP. Sea con responsabilidad de la autoridad demandada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 23 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 30 a 33 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, amplió el contenido de la acción de libertad, expresando que: 1) La Jueza demandada en audiencia de juicio oral y público de 12 de octubre de 2021, habiendo minutos antes fijado una nueva fecha para la celebración de dicho acto procesal -29 de octubre de 2021-, de forma irregular procedió a modificar esa data para el 19 de ese mes y año, ante un recurso de reposición presentado por la parte contraria, luego de haber finalizado su verificativo y haberse despedido de las partes, así como no dispuso sea notificado en su domicilio procesal con la nueva fecha, provocando que no concurra a esa reprogramación en la cual se determinó su rebeldía y medidas cautelares personales, para luego librarse mandamiento de aprehensión; y, 2) Ante la solicitud impetrada por la MUSERPOL de que se señale audiencia de medidas cautelares, la autoridad demandada la fijó para el 3 de marzo de 2021, sin considerar que su tramitación emerge de un hecho procesal viciado que provocó la declaratoria de rebeldía sobre su inasistencia a una audiencia, para la cual no fue convocado.
Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías expresó que: i) No tiene acceso al Juzgado que fungía, debido a que se encuentra suspendida de sus funciones a causa de la negligencia de algunos secretarios y jueces en suplencia; y, ii) Respecto de las denuncias de celebración de audiencias, se llevaron a cabo con base al informe del Secretario de su Juzgado, respecto a que las partes se encontraban plenamente notificadas; además, no se cuenta con auxiliar ni secretario, siendo recientemente nombrada una nueva para el último cargo.
Pabel Iban Cossío, Director Jurídico de la MUSERPOL, en audiencia expresó que: a) Es deber de las autoridades jurisdiccionales hacer conocer las acciones tutelares a los terceros interesados, porque se trata de sus derechos constitucionales; y, b) El accionante estaba facultado para reclamar los hechos que trae a colación mediante un incidente de actividad procesal defectuosa que no ha formulado en su debido momento, pretendiendo subsanar dicha omisión a través de esta acción, no teniéndose por agotado el carácter subsidiario de la misma, reclamando un agravio luego de seis meses, cuando fue purgada la rebeldía, convalidando los actos que ahora supone que fueran nulos. Por lo indicado, solicitó se tenga presente lo vertido.
El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 154/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 34 a 37, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada señale audiencia de prosecución de juicio oral en el plazo de cuarenta y ocho horas y, deje sin efecto el señalamiento de audiencia de medidas cautelares impetrada por la parte contraria, que podrá solicitarlo dentro del juicio, sin que ello implique dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía dispuesta por la Resolución 25/2021 ni los oficios remitidos a la Dirección General de Migración y al REJAP, publicación de edictos. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Al cerciorarse la Jueza demandada de la ausencia del abogado defensor del accionante en la audiencia de juicio oral que reprogramó para el 19 de octubre de 2022, que a su conclusión la parte contraria hubiera cuestionado esa data vía recurso de reposición, era su obligación disponer la notificación a la parte acusada para que asuma conocimiento del nuevo señalamiento; 2) Ante el desconocimiento del solicitante de tutela que se llevó a cabo una audiencia en su ausencia, pidió la grabación de las audiencias del 12 y 19 de octubre de ese año; sin embargo, la autoridad demandada inicialmente le condicionó a purgar rebeldía; así como, la parte ahora tercera interesada, amparándose en esa declaratoria de rebeldía solicitó su detención preventiva, alegando los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, desconociendo que lo que estaba pendiente era la audiencia de juicio oral, no teniéndose fijado ningún señalamiento desde el 19 del citado mes y año hasta la audiencia de garantías; y, 3) Con relación a que debió oponerse el incidente de actividad procesal defectuosa argüido por la parte acusadora, el accionante manifestó que lo deducirá en la etapa procesal correspondiente, considerando que se encuentra en fase de juicio oral y contradictorio. Vía aclaración, enmienda y complementación, la MUSERPOL mediante escrito presentado el 24 de mayo de 2022, cursante de fs. 41 a 42 vta., pidió que: i) Se aclare la línea jurisprudencial aplicable respecto al porqué se limitó su intervención y participación en el proceso constitucional como tercero interesado; ii) Explique si el accionante agotó o cumplió la subsidiariedad de la acción de libertad; iii) Precise cuál fue el derecho vulnerando, siendo que el peticionante de tutela no se encuentra indebidamente detenido ni procesado, menos está en peligro su vida o salud, sin encontrarse con alguna medida restrictiva cautelar que pese en su contra; iv) Enmiende respecto de que no correspondería llevarse a cabo una audiencia de medidas cautelares, cuando según el art. “250” del CPP, son aplicables en cualquier estado o etapa del proceso; y, v) Esclarezca si la Resolución 25/2021 y el acta de audiencia de 12 de octubre de 2021 son válidas o, en su defecto contienen fundamentos falsos, considerando que el solicitante de tutela purgó rebeldía el 22 de noviembre de 2021, convalidando la misma. El Juez de garantías, mediante proveído de 25 de mayo de 2022, cursante a fs. 43 señaló que la MUSERPOL no es parte en la acción de libertad, en el marco del art. 13.I de Código Procesal Constitucional (CPCo), teniendo dicha facultad únicamente las partes. Asimismo, la Jueza demandada formuló aclaración, complementación y enmienda mediante memorial presentado el 24 de mayo de 2022, cursante a fs. 44, impetrando que: a) Se aclare si el accionante agotó la subsidiariedad en la acción de libertad, quien previo a plantearla, pudo activar el incidente de actividad procesal defectuosa; b) Precise cuál fue el derecho vulnerado cuando el nombrado no está siendo indebidamente perseguido o procesado, no advirtiéndose indefensión alguna y menos demostró un riesgo a su vida o salud; c) Indique si en la audiencia de juicio oral convocada para el 12 de octubre de 2021, el solicitante de tutela fue legalmente notificado; y, d) La disposición de que se cumpla en el término de cuarenta y ocho horas el señalamiento de audiencia de juicio oral, no es concebible, estando su persona suspendida, debiendo el peticionante de tutela formulado este mecanismo de defensa contra el juez suplente. Mediante providencia de 25 de mayo de 2022, cursante a fs. 45, la autoridad jurisdiccional de garantías resolvió: respecto del primer punto reclamando, fuera clara la determinación asumida, habiendo señalado el procesado que interpondrá dicho incidente en la etapa que corresponda; sobre el segundo aspecto, el derecho vulnerado fue identificado como un indebido procesamiento, no habiéndose fijado ni desarrollado audiencia de prosecución de juicio; con relación del tercer punto, el accionante no fue convocado para la audiencia de 19 de octubre de 2021; y, sobre el cuarto alegato, fue atendido en la Resolución emitida, debiendo sujetarse a lo dispuesto en la misma.
Mediante decreto constitucional de 28 de mayo de 2024, cursante a fs. 68, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria. Habiéndose obtenido esta, se reanudó el cómputo del mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 20 de diciembre del citado año (fs. 153 a 155); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo. Asimismo, no habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la MUSERPOL contra Abel Galo De La Barra Cáceres -ahora accionante-por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -cuya titular es la demandada-, se tiene acta de audiencia de juicio oral y público en formato físico como digital Disco Compacto (CD), celebrada 12 de octubre a través de plataforma virtual, extrayéndose de la intervención del abogado de defensa pública lo siguiente: “…soy abogado del señor De La Barra … el día de ayer recientemente tuvimos conocimiento, bueno tuve conocimiento de la audiencia señalada para el día de hoy y trate de comunicarme con el señor De La Barra; sin embargo, me ha sido imposible poder contactarlo, es por ese extremo que establecido en el art. 88 del Código de Procedimiento Penal voy a solicitar (…) la suspensión de la presente audiencia que me dé un plazo prudencial para poder justificar la inasistencia de mi cliente…” (sic -minuto 11:45-); seguidamente la Jueza demandada emitió proveído, indicando: “…vamos a fijar nuevo día y hora para fecha 29 de octubre a horas 14:00, 29 de octubre para horas 14:00, queda notificado el abogado de la parte querellante, queda notificado el abogado de la parte acusada, va comunicar al acusado abogado Pinilla Dr. por favor, por Secretaría notifíquese al representante del Ministerio Público, queda notificado el abogado del Viceministerio de Transparencia; por lo cual doctores, la audiencia se ha suspendido, atribuible al representante del Ministerio Publico y a la parte acusada, la audiencia se ha suspendido, hasta luego Doctores, buenos días, muchas gracias señora Juez permiso (abogado del accionante), hasta luego Dr. (Jueza)…la palabra señora Juez, La palabra señora Juez, La palabra señora Juez, La palabra señora Juez, Dra. Bacarreza la MUSERPOL está solicitando, tiene la palabra, tiene la palabra, tiene la palabra Dr. (Jueza)…” (sic -minuto 16:20-), la MUSERPOL abogado del Viceministerio de Transparencia formularon recurso de reposición, exigiendo la modificación de la fecha de audiencia para el 19 de octubre de 2021 y se libre mandamiento de aprehensión a nombre del accionante, a lo que la Jueza demandada resolvió, señalando: “…mi autoridad repone al decreto señalado respecto al nuevo día y hora, con fecha, eeeh en fecha 19 de octubre, 19 de octubre a horas 9:30; por lo cual, ha lugar a la reposición, repito, 19 de octubre a hora 9:30 ha lugar a la reposición (… [minuto 27:58]); toda vez que, en audiencia está ausente el representante del Ministerio Público, está ausente el acusado, por principio de igualdad se está dando tres días a cada uno, tres días para que explique cuál el motivo de su inasistencia a la presente a audiencia referente al fiscal; de la misma forma, al acusado tres días para que presente cuál el motivo de su inasistencia la presente audiencia… (sic [minuto 29:26]); por lo cual, quedan notificados doctores para fecha 19 de octubre a horas 9:30, y también por otra parte, se va a nombrar, para asegurar la audiencia, se va a nombrar un abogado de defensa publica, por Secretaria emítase el oficio a Defensa Pública para que asista en fecha 19 de octubre a horas 9:30, para el caso De La Barra (…) quedan notificados doctores, hasta luego doctores, por Secretaría notifíquese al representante del Ministerio Público, la audiencia se ha suspendido, hasta luego doctores…” (sic [fs. 87 y 146]). II.2. Cursa acta de audiencia de juicio celebrada el 19 de octubre de 2021, de la intervención del abogado de Defensa Pública en representación del procesado, refirió que: “…no se encuentra el ciudadano Abel Galo De La Barra Cáceres, lo cual haría inviable la prosecución del desarrollo de la presente audiencia; sin embargo señora Juez, se considere por su autoridad que el señalamiento de la audiencia era para horas 9:30, al presente, estamos realizando la espera de tres horas y media prácticamente (…) tampoco se ha procedido al registro si evidentemente poder corroborar si el señor Galo se encontraba presente a la hora señalada (… [minuto 01:00]) … (Jueza) por favor voy a solicitar que el señor Secretario, cuándo en qué fecha a qué hora fue notificado, por favor amplié su informe Dr. por favor (… [Secretario]) la parte acusada ha sido notificada mediante su abogado en fecha 12 de octubre de 2021, en la audiencia de juicio oral para la presente audiencia … [Jueza] dicta Resolución 25/2021 (minuto 06:25) …declara rebelde al señor de la Barra Cáceres Abel Galo con CI 2468054 La Paz, por el delito de incumplimiento de deberes disponiendo las siguientes medidas: 1. La conservación de los actuados procesales, el arraigo del rebelde con el objeto que no abandone el país a tal efecto ofíciese y expídase el mandamiento de arraigo ante el servicio nacional de Migración; y, (…) Remítase antecedentes al REJAP, se nombra una vez cumplida con esa determinación se expedirá el mandamiento de aprehensión para el rebelde, y sea conducido hasta este despacho judicial, regístrese, notifíquese, la audiencia ha concluido, buenas tardes doctores…” (sic [fs. 91 y vta. y 146]). II.3. Consta mandamiento de aprehensión de 18 de noviembre de 2021, librado por la Jueza demandada, ordenando a cualquier autoridad judicial o policial aprehender al ahora accionante a objeto de que sea conducido a su Juzgado, por tenerse ordenado por Resolución 25/2021 de 19 de octubre. Asimismo, consta Informe del indicado mes y año de los investigadores de la DACI Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) La Paz, señalando que el procesado no fue habido en su domicilio a efectos de ejecutar el referido mandamiento (fs. 116 a 118]). II.4. Se tiene memoriales presentados el 19 y 22 de noviembre de 2021, por el impetrante de tutela ante la Jueza demandada, impetrando “SIN CONVALIDAR DEFECTOS ABSOLUTOS PURGA REBELDÍA Y SOLICITA SE DEJE SIN EFECTO TODAS LAS MEDIDAS IMPUESTAS” (sic), decretándose por la nombrada autoridad jurisdiccional el proveído de 23 de ese mes y año, señalando; “Por purgada la rebeldía y se deja sin efecto las medidas impuestas” (sic [fs. 110 a 113]).
El accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la defensa y al debido proceso en su componente “seguridad jurídica”, acusando a la Jueza demandada incurrir en indebido procesamiento en el desarrollo del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, al haber inicialmente determinado en audiencia de juicio oral y público de 12 de octubre de 2021 reprogramar dicho acto procesal para el 29 de octubre de igual año -a causa de su inasistencia y del representante del Ministerio Público-; empero, a su conclusión, constatando que su defensa técnica se retiró de plataforma, resolvió el recurso de reposición planteado por la parte contraria, modificando dicha fecha para el 19 de ese mes y año, sin siquiera notificarle en su domicilio procesal, llevando a cabo la misma en su ausencia, así como de su abogado, declarándolo rebelde y ordenando entre otras medidas la remisión de antecedentes al REJAP, arraigo y el mandamiento de aprehensión, llegando incluso a fijar audiencia de aplicación de medidas cautelares para con antelación al juicio oral disponer su detención preventiva y, pese que purgó rebeldía, la denunciante habría recogido dicho mandamiento y entregado a la DACI, dejando latente la posibilidad de restringir su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, estableció que: “…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. (…) Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, cambió la línea jurisprudencial arriba citada, concluyendo que: “…la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales-entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional” (el resaltado es nuestro). Así también, reconduciendo este último razonamiento, la SCP 0157/2024-S2 de 13 de mayo, reiterando los razonamiento vertidos por las SSCC 1865/2004-R de 1 de diciembre y 0619/2005-R de 7 de junio; y, la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, entendió que: “…se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad. Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
Del legajo procesal arrimado al proceso constitucional, referente a la causa penal que sigue el Ministerio Público a instancia de la MUSERPOL contra el accionante por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, radicada en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se tiene acta de audiencia de juicio virtual en formato físico como digital -CD- celebrada el 12 de octubre de 2021, cuya titular ahora demandada, emitió proveído disponiendo “…nuevo día y hora para fecha 29 de octubre a horas 14:00, 29 de octubre para horas 14:00, queda notificado el abogado de la parte querellante, queda notificado el abogado de la parte acusada, va comunicar al acusado abogado Pinilla Dr. por favor, por Secretaría notifíquese al representante del Ministerio Público, queda notificado el abogado del Viceministerio de Transparencia; por lo cual doctores, la audiencia sea suspendido, atribuible al representante del Ministerio Publico y a la parte acusada, la audiencia sea suspendido, hasta luego doctores, buenos días, muchas gracias señora Juez permiso (abogado del accionante), hasta luego Dr. (Jueza)…” (sic); seguidamente, haciendo uso de la palabra, los representantes de MUSERPOL y del Viceministerio de Transparencia, formularon recurso de reposición, exigiendo la modificación de dicha fecha y se libre mandamiento de aprehensión, resolviendo la autoridad jurisdiccional: “…mi autoridad repone al decreto señalado respecto al nuevo día y hora, con fecha, eeeh en fecha 19 de octubre, 19 de octubre a horas 9:30; por lo cual, ha lugar a la reposición (…) por lo cual, quedan notificados doctores para fecha 19 de octubre a horas 9:30, y también por otra parte, se va a nombrar, para asegurar la audiencia, se va a nombrar un abogado de defensa publica, por Secretaria emítase el oficio a Defensa Pública para que asiste en fecha 19 de octubre a horas 9:30, para el caso De La Barra … quedan notificados doctores, hasta luego doctores, por secretaría notifíquese al representante del Ministerio Público, la audiencia se ha suspendido, hasta luego doctores…” (sic [Conclusión II.1]); asimismo, se tiene, acta de audiencia de juicio oral y público celebrada el 19 de octubre de 2021, de cuya intervención del abogado de Defensa Pública en representación del procesado alega: “…no se encuentra el ciudadano Abel Galo De La Barra Cáceres, lo cual haría inviable la prosecución del desarrollo de la presente audiencia (…) tampoco sea procedido al registro si evidentemente poder corroborar si el señor Galo se encontraba presente a la hora señalada (Jueza) por favor voy a solicitar que el señor Secretario, cuándo en qué fecha a que hora fue notificado, por favor amplié su informe Dr. por favor… (Secretario) la parte acusada ha sido notificada mediante su abogado en fecha 12 de octubre de 2021, en la audiencia de juicio oral para la presente audiencia (…) Jueza dicta Resolución 25/2021 (…) declara rebelde al señor de la Barra Cáceres Abel Galo con CI 2468054 La Paz, por el delito de incumplimiento de deberes disponiendo las siguientes medidas: 1. La conservación de los actuados procesales, el arraigo del rebelde con el objeto que no abandone el país a tal efecto ofíciese y expídase el mandamiento de arraigo ante el servicio nacional de Migración; y, (…) Remítase antecedentes al REJAP, se nombra una vez cumplida con esa determinación se expedirá el mandamiento de aprehensión para el rebelde, y sea conducido hasta este despacho judicial, regístrese, notifíquese, la audiencia ha concluido, buenas tardes doctores…” (sic [Conclusión II.2]); figurando mandamiento de aprehensión de 18 de noviembre de 2021, librado por la citada Jueza, ordenando aprehender y conducir al ahora accionante a su Juzgado, en cumplimiento a la Resolución 25/2021 de 19 de octubre, el cual no pudo ser ejecutado al no tenerse por habido el procesado en su domicilio (Conclusión II.3), constando finalmente memoriales presentados el 19 y 22 de noviembre de 2021, ante la Jueza demandada, por el accionante impetrando “SIN CONVALIDAR DEFECTOS ABSOLUTOS PURGA REBELDÍA Y SOLICITA SE DEJE SIN EFECTO TODAS LAS MEDIDAS IMPUESTAS” (sic), decretándose por la nombrada autoridad jurisdiccional el proveído de 23 de ese mes y año, señalando: “Por purgada la rebeldía y se deja sin efecto las medidas impuestas” (sic [Conclusión II.4). Con esos antecedentes, fue activada la presente acción de defensa por el impetrante de tutela, alegando la lesión de los derechos invocados en la misma, atribuyendo a la Jueza demandada incurrir en irregularidades en el proceso penal que se le sigue, al determinar inicialmente -en audiencia de juicio oral y público de 12 de octubre de 2021- reprogramar dicho acto procesal para el 29 de ese mes y año, una vez finalizada, constatándose que su defensa técnica salió de la sala virtual, modificó dicha fecha para el 19 de ese mes y año, a consecuencia del recurso de reposición planteado por la parte contraria y, sin poner a su conocimiento dicha determinación en su domicilio procesal, llevó a cabo la nueva audiencia sin su presencia ni de su abogado, declarándole rebelde, disponiendo la remisión de antecedentes al REJAP, ordenando oficios para su arraigo, para luego librarse mandamiento de aprehensión e incluso fijar audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 3 de marzo de 2022, pretendiendo con antelación al juicio oral su detención preventiva, y pese que purgó rebeldía, la parte contraria habría recogido dicho mandamiento y entregado a la DACI de la Policía Boliviana, dejando latente la posibilidad de restringir su libertad. Respecto de la protección del indebido procesamiento por medio de esta acción tutelar, la jurisprudencia constitucional fue enfática y uniforme al precisar en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que, no abarca a todas las formas en que puede ser vulnerado, quedando reservada únicamente para aquellas situaciones que conciernen directamente a los derechos a la libertad física y de locomoción, resultando necesaria la concurrencia de forma simultánea de dos presupuestos, que “…a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (SC 0619/2005-R).
Bajo ese marco jurisprudencial, corresponde examinar el caso de autos a partir de la denuncia de un supuesto procesamiento indebido que, según la jurisprudencia constitucional se exigen dos presupuestos concurrentes -descritos precedentemente- para la protección constitucional: Con relación a la concurrencia del primer requisito
De antecedentes que hacen a la presente acción de defensa, se tiene la grabación audiovisual de la audiencia virtual de juicio celebrada el 12 de octubre de 2021 en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en cuyo desarrollo intervino la defensa técnica del accionante, indicando que: “…soy abogado del señor De La Barra (…) tuve conocimiento de la audiencia señalada para el día de hoy y trate de comunicarme con el señor De La Barra; sin embargo, me ha sido imposible poder contactarlo, es por ese extremo que establecido en el art. 88 del Código de Procedimiento Penal voy a solicitar la suspensión de la presente audiencia que me dé un plazo prudencial para poder justificar la inasistencia de mi cliente…” (sic); seguidamente, la Jueza demandada determinó mediante proveído reprogramar la misma, indicando “…para fecha 29 de octubre a horas 14:00, 29 de octubre para horas 14:00, queda notificado el abogado de la parte querellante, queda notificado el abogado de la parte acusada, va comunicar al acusado abogado Pinilla Dr. por favor, por secretaría notifíquese al representante del Ministerio Público, queda notificado el abogado del Viceministerio de Transparencia; por lo cual doctores, la audiencia sea suspendido, atribuible al representante del Ministerio Público y a la parte acusada, la audiencia sea suspendido, hasta luego doctores, buenos días, muchas gracias señora Juez permiso (abogado del accionante), hasta luego Dr. (Jueza)” (sic), de tal manera que, concluyó y se cerró dicho acto procesal por la autoridad jurisdiccional, despidiéndose de los sujetos procesales, constatándose incluso que el abogado del accionante se retirara de plataforma virtual; empero, luego de su finalización, ante el pedido de la palabra de los representantes de MUSERPOL y del Viceministerio de Transparencia, concedida por la Jueza demandada, pidieron vía reposición modificar la citada fecha, resolviendo la nombrada que: “…ha lugar a la reposición, repito, 19 de octubre a hora 9:30 ha lugar a la reposición…” (sic), a cuya finalización expresó: “…quedan notificados doctores para fecha 19 de octubre a horas 9:30 (…) se va a nombrar un abogado de defensa pública, por Secretaria emítase el oficio a Defensa Pública para que asista en fecha 19 de octubre a horas 9:30, para el caso De La Barra (…) quedan notificados doctores, hasta luego doctores, por secretaría notifíquese al representante del Ministerio Público, la audiencia se ha suspendido, hasta luego doctores…” (sic [ver Conclusión II.1]). Siguiendo esa secuencia y en esa misma línea de analisis de actos procesales, instalada la nueva audiencia de juicio el 19 de octubre de 2021, ante el reclamo de la falta de conocimiento del procesado por parte del abogado de defensa pública, la Jueza demandada pidió informe de aclaración al Secretario del Juzgado, quien expresó que: “…la parte acusada ha sido notificada mediante su abogado en fecha 12 de octubre de 2021, en la audiencia de juicio oral para la presente audiencia…” (sic [ver Conclusión II.2]); aseveración que claramente, según se conoce de la grabación in extenso transcrita en el acápite de conclusiones no condice con lo desarrollado en la misma, llegando la autoridad demandada a dictar la Resolución 25/2021, donde: “…declara rebelde al señor De La Barra Cáceres Abel Galo (…) disponiendo las siguientes medidas: 1. La conservación de los actuados procesales, el arraigo del rebelde con el objeto que no abandone el país a tal efecto ofíciese y expídase el mandamiento de arraigo ante el servicio nacional de Migración; y, (…) Remítase antecedentes al REJAP, se nombra una vez cumplida con esa determinación se expedirá el mandamiento de aprehensión para el rebelde, y sea conducido hasta este despacho judicial, regístrese, notifíquese, la audiencia ha concluido, buenas tardes doctores…” (sic); de modo que, la audiencia reprogramada se llevó a cabo sin la presencia del accionante, menos de su abogado, que no tenían conocimiento, provocando que en la misma se disponga su declaratoria de rebeldía, con la consecuente disposición de medidas restrictivas a su libertad y posterior emisión del mandamiento de aprehensión. De dicha sucesión de actuados, se evidencia a prima facie que la Jueza demandada, habiendo cerrado la celebración de la primera audiencia de juicio oral donde reprogramó la reprogramo para el 29 de octubre de 2021, una vez retirado el abogado defensor del procesado de la sala virtual -ahora accionante-, tal cual se tiene del audio del verificativo, no solo vuelve a conceder el uso de la palabra a la parte contraria, sino también admite su recurso de reposición y determina modificar la fecha de su realización, adelantándola para el 19 de ese mes y año, sin que se tenga de la revisión de antecedentes que haya ordenado por secretaría se notifique al procesado o a su abogado en su domicilio procesal a objeto de tomar conocimiento del nuevo verificativo, dejando al acusado en indefensión, lo que provocó que en este último acto procesal se declarara su rebeldía mediante Resolución 25/2021 y consecuente disposición de medidas de carácter personal previstas en el art. 89 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para finalmente librarse mandamiento de aprehensión, resultado de su incomparecencia. Consecuentemente, los actos procesales señalados como lesivos por el peticionante de tutela constituyeron el motivo que originó las medidas emergentes de la declaratoria de rebeldía como la orden de arraigo, restringiendo su libertad de locomoción y luego librarse el mandamiento de aprehensión, que tuvieron como punto de origen una reprogramación de señalamiento de audiencia sin su conocimiento, constituyendo esta la causa directa que amenaza el ejercicio de su libertad, teniéndose por concurrente el primer requisito exigido por la jurisprudencia constitucional para la protección del debido proceso vía acción de libertad. Sobre el cumplimiento del segundo presupuesto
Habiéndose identificado del contenido de la acción de libertad como acto lesivo la ausencia de notificación para la audiencia de juicio reprogramada para el 19 de octubre de 2021; en la cual, sin su comparecencia ni de su defensa técnica se lo declaró rebelde, dictándose medidas personales y, a cuyo cumplimiento se libró mandamiento de aprehensión; del escrutinio correlativo de actos procesales, se tiene que efectivamente concurre una situación de indefensión del procesado; debido a que, desde un inicio, el hecho de no hacerle conocer la modificación del señalamiento de la audiencia y, a consecuencia de no asistir a la nueva reprogramada se lo declaró rebelde, con la emisión de medidas cautelares personales en su contra, sin oportunidad de reclamar la falta de comunicación para dicho señalamiento ni tampoco se consideró la solicitud que hizo el abogado de oficio en la última audiencia, sobre la falta de convocatoria a la misma, informando erróneamente el Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz que hubiera sido notificado en audiencia anterior, extremo que no es evidente conforme se tiene de la grabación descrita en el punto de conclusiones de este fallo constitucional. Por consiguiente, de dicha compulsa de los actos procesales en relación a la situación jurídica del justiciable, se advierte un absoluto estado de indefensión, al no haberse permitido impugnar los supuestos actos ilegales previos a la celebración de la audiencia en la cual se le declaró rebelde y, que recién tuvo conocimiento al momento de la dictación de las medidas restrictivas de privación de la libertad, poniendo en evidencia que la tramitación del proceso con un indebido procesamiento fuera la causa principal para la afectación del bien jurídico libertad. Y si bien, de antecedentes se tiene que se habría purgado rebeldía mediante proveído de 22 de noviembre de 2021, y se dejó sin efecto las medidas cautelares personales, el mandamiento de aprehensión librado aún persistiría, el cual según se tiene del informe de 24 de noviembre de 2021 del DACI de la Policía Boliviana, no habría sido aún ejecutado, por que el acusado no fue habido en su domicilio señalado por la parte denunciante (ver Conclusión II.4); por consiguiente, se advierte la configuración del segundo supuesto exigido por la jurisprudencia constitucional a objeto de tutelar el procesamiento indebido. En ese entendido, al concurrir ambos presupuestos establecidos en el Fundamento Jurídico de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para que el indebido procesamiento sea analizado vía acción de libertad, corresponde conceder la tutela solicitada. Por último, en relación al cuestionamiento al señalamiento de audiencia de medidas cautelares de carácter personal solicitado por MUSERPOL y decretado por providencia de 2 de febrero de 2022, dicha pretensión no constituye por sí misma una lesión de derechos, en virtud al carácter instrumental, variable y temporal de las mismas.
Resulta menester efectuar una consideración sobre las actuaciones de la Jueza de Sentencia Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, que en la audiencia de juicio oral de 12 de octubre de 2021 incurre en irregularidades, al admitir y resolver un recurso de reposición cuando finalizó el acto procesal y la parte acusada ya había salido de sala virtual; además, de no correr en traslado lo que determinó a su conclusión, provocando la posterior declaratoria de rebeldía del procesado y consecuente emisión de las medidas restrictivas a su libertad; en cuyo tenor, amerita recomendar a la citada autoridad judicial mayor atención en sus actuaciones, en el marco del procedimiento penal. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 154/2022 de 23 de mayo, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, que debe enmarcar sus actuaciones y decisiones al procedimiento penal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del caso, dirime Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Presidente; siendo de Voto Disidente la Magistrada Karem Lorena Gallardo Sejas.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0726_2024-S2_id65526.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 362046d69c78cd4115d63aa4102f4ad5aeccbdcc4a4536decab8e2d9975e29ae
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