Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de julio de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la salud, a la integridad física y psicológica, “a la seguridad física”, al debido proceso en su elemento de motivación, “…A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DERECHO A NO SUFRIR MALTRATOS NI VIOLENCIA COMO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD…” (sic), y a una vejez digna; toda vez que, la denuncia que presentaron en contra de su hijo Jaime Paul Zeballos Delgado -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fue rechazada por la Fiscal de Materia asignada al caso -ahora demandada-, bajo el argumento de no haberse aportado elementos suficientes para fundar una imputación y posterior acusación; pese a que, el denunciado los agredía verbal y psicológicamente con el fin de obtener dinero y le compren una casa; extremo que, ante la objeción de rechazo que formularon, fue confirmada por la Fiscal Departamental de Tarija -demandada-, mediante la Resolución RJ/RS/ESGS/1313-2022, sin la debida motivación ni valoración de los elementos de prueba documentales, testificales entre otros; y sin considerar que, al tratarse de delitos de violencia contra la mujer, la dirección de la investigación es deber de la Fiscalía, dejándolos desprotegidos, más aun cuando el denunciado continúa ejerciendo actos de violencia en su contra. Ante ello, la Fiscal Departamental demandada alega que emitió una resolución debidamente motivada y fundamentada, realizando una valoración de todas las circunstancias y elementos de prueba; puesto que, no se acreditó la concurrencia de los elementos q…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 147 vta. a 152 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0725/2025-S2 Sucre, 9 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56056-2023-113-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 33/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 147 vta. a 152 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Zeballos Montellanos y Teresa Elena Delgado Torrez de Zeballos contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija; y, Paola Andrea Monzón Camacho, Fiscal de Materia.
Por memoriales presentados el 22 y 29 de mayo de 2023, cursante de fs. 114 a 124; y, 128 a 129, los accionantes manifiestan lo siguiente:
Siendo personas de la tercera edad que llevan más de cuarenta y seis años de casados, procrearon cuatro hijos en un hogar de armonía y paz; no obstante, su tranquilidad familiar se vio afectada el 24 de septiembre de 2020, así como en diversas oportunidades durante la gestión 2021, cuando comenzaron a sufrir conflictos con su hijo mayor, Jaime Paúl Zeballos Delgado, quien les realizó constantes exigencias económicas, sin considerar que, pese a su edad avanzada, aún seguían trabajando. A causa de ello, terminaron asumiendo la deuda de un vehículo que su hijo adquirió a crédito; así también cubrían los gastos de alimentación de él y de su familia, pagando los servicios básicos, el colegio de sus nietos y otros gastos adicionales. Con el paso de los años, las exigencias de su hijo se volvieron más frecuentes; su codicia creció junto a su mal carácter, llegando a agredirlos de forma verbal, física y psicológica con la finalidad de obtener más dinero y que le compren una casa; por ello, interpusieron una denuncia en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tipificado en el art. 272 bis del Código Penal (CP); sin embargo, mediante Resolución de 8 de noviembre de 2022, Paola Andrea Monzón Camacho, Fiscal de Materia asignada al caso -ahora codemandada-, dispuso el rechazo de la denuncia, bajo el argumento de no haberse aportado elementos suficientes para fundar una imputación y posterior acusación; decisión anómala, ya que presentaron como pruebas de las agresiones, audios y declaraciones de testigos que respaldaban su denuncia. En virtud de tal situación, interpusieron objeción a la resolución de rechazo de denuncia; empero, la misma fue ratificada por Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -hoy demandada-, mediante la Resolución RJ/RS/ESGS/1313-2022 de 9 de diciembre, omitiendo la especial protección que merecen como adultos mayores, careciendo de la debida motivación, pues dicha autoridad departamental no tomó en cuenta que durante la etapa investigativa no se realizó la evaluación psicológica de sus personas en su calidad víctimas, ni se consideró el informe del investigador asignado al caso, quien sugirió ampliar la investigación, y tampoco se efectuó una valoración integral de las pruebas consistentes en declaraciones testificales y documentos, menos aún consideró la violencia económica y patrimonial que sufrían. Además, la tramitación del proceso penal no fue efectiva en el establecimiento de medidas de protección en su favor, ya que, el agresor continuó con sus amenazas a través de terceras personas.
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la salud, a la integridad física y psicológica, “a la seguridad física”, al debido proceso en su elemento de motivación, “…A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DERECHO A NO SUFRIR MALTRATOS NI VIOLENCIA COMO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD…” (sic), y a una vejez digna; citando al efecto los arts. 15, 21, 22 y 67.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitan se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que la Fiscal Departamental de Tarija, dicte una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, en base a los lineamientos que dicte la instancia constitucional, revisando todos los elementos probatorios existentes, ajustada a la norma que no vulnere derechos, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/1313-2022.
Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 144 a 147 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los peticionantes de tutela, a través de su abogada, en audiencia de garantías, ratificaron in extenso el contenido de su acción de amparo constitucional.
Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, mediante informe escrito cursante de fs. 141 a 142 vta., manifestó que: a) La Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/1313-2022 expresa de forma clara los elementos de prueba y el valor que otorga a los mismos; b) Los aspectos que mencionan los accionantes durante la investigación no fueron acreditados de forma objetiva con elementos de convicción suficientes que permitan establecer la existencia del hecho y la presunta responsabilidad penal del sindicado, ya que denuncian el delito de violencia familiar en su vertiente psicológica; sin embargo, los accionantes no se presentaron para realizar el informe psicológico conforme consta en el Informe de 26 de septiembre de 2022; c) El Informe de 16 de septiembre de 2021, emitido por la psicóloga del adulto mayor del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, señala que, Jaime Zeballos Montellanos -accionante-, tiene un estado emocional que puede deberse al sentimiento de pérdida de algún apoyo afectivo importante; d) En el caso concreto, se advierte que existen algunas diferencias en el entorno familiar por las cargas familiares y porque el tercero interesado desea que sus padres le compren un inmueble y le sigan ayudando económicamente, situación que no puede considerarse como violencia psicológica; y, e) De concederse la tutela, se emitiría una resolución en el mismo sentido, dado que solo constan dos elementos en el cuaderno de investigaciones. Paola Andrea Monzón Camacho, Fiscal de Materia, pese a su notificación cursante a fs. 131, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías.
Jaime Paúl Zeballos Delgado, a través de su abogado, en audiencia manifestó que: 1) El problema con sus padres surgió debido a que su persona adquirió un crédito a su nombre, dado que, por su condición de adultos mayores, no podían acceder directamente al financiamiento; y, al no cumplir sus padres con el pago de dicha deuda, se vio en la necesidad de buscarlos para que asumieran esa obligación; y, 2) Debido a que no llegaron a un acuerdo, optó por acudir a la vía judicial, pues, considerando que: “…la violencia atrae más violencia…” (sic), su persona dejó de buscar a sus padres, y fue entonces que se presentó la denuncia penal en su contra, derivando en la imposición de medidas restrictivas y terapia; y, 3) Por lo que, “…uno sabe cómo cría a sus hijos y el carácter y el resultado de los hijos tenemos la responsabilidad los padres (…) desde el hecho que hubo la denuncia jamás se ha vuelto a repetir…” (sic).
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 33/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 147 vta. a 152 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/1313-2022, realizó un análisis del tipo penal preceptuado en el art. 272 bis del CP, describiendo los elementos que se subsumen según la normativa sustantiva penal; luego verifica y valora los elementos probatorios aportados en su oportunidad y que llevaron a emitir la resolución de rechazo, estableciendo de manera expresa que los hechos concretos no se adecúan a la prueba producida. Con respecto a las circunstancias de tiempo, forma, lugar y las condiciones en las cuales los accionantes habrían sido víctimas de violencia familiar, no se identificaron de manera precisa las agresiones que habrían sufrido, siendo los antecedentes genéricos respecto al tipo penal en sí. La referida resolución considera que la vía penal es de última ratio; ii) La Fiscal Departamental demandada, refirió que el Informe de la Psicóloga de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) de la Fiscalía Departamental de Tarija de 26 de septiembre de 2022, establece que los hoy accionantes no se presentaron a su valoración psicológica, concluyendo que no se llegó a determinar la violencia doméstica en sus vertientes de violencia psicológica y patrimonial; aspectos que fueron considerados de manera prudente y razonable, sin que sea evidente la falta de motivación y fundamentación denunciadas; y, iii) La vulneración de los demás derechos que alegan los peticionantes de tutela, no fueron acreditadas ante la Sala Constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Informes de 26 de septiembre de 2022, Yuli Marcela Castillo Tapia, Psicóloga Forense de la UPAVT de la Fiscalía Departamental de Tarija, refiere que, en cumplimiento del requerimiento fiscal de 19 de igual mes y año, no pudo realizar la entrevista psicológica a Jaime Zeballos Montellanos y Teresa Elena Delgado Torrez de Zeballos -accionantes-, ya que no se hicieron presentes, impidiendo realizar el informe solicitado (fs. 137 a 140). II.2. Mediante Resolución Fiscal de Rechazo de 8 de noviembre de 2022, Paola Andrea Monzón Camacho, Fiscal de Materia -codemandada-, rechazó la denuncia interpuesta por los ahora impetrantes de tutela contra Jaime Paul Zeballos Delgado -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, bajo el argumento que la investigación no aportó elementos suficientes para fundar una imputación y posterior acusación (fs. 16 a 26). II.3. Cursa memorial de 18 de noviembre de 2022, por el cual los ahora peticionantes de tutela presentan objeción a la Resolución Fiscal de Rechazo de 8 de noviembre de 2022 (fs. 27 a 31 vta.). II.4. Por Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/1313-2022 de 9 de diciembre, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada-, ratificó la resolución de rechazo pronunciada a favor del tercero interesado, disponiendo el archivo provisional de obrados (fs. 32 a 35).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la salud, a la integridad física y psicológica, “a la seguridad física”, al debido proceso en su elemento de motivación, “…A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DERECHO A NO SUFRIR MALTRATOS NI VIOLENCIA COMO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD…” (sic), y a una vejez digna; toda vez que, la denuncia que presentaron en contra de su hijo Jaime Paul Zeballos Delgado -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fue rechazada por la Fiscal de Materia asignada al caso -ahora demandada-, bajo el argumento de no haberse aportado elementos suficientes para fundar una imputación y posterior acusación; pese a que, el denunciado los agredía verbal y psicológicamente con el fin de obtener dinero y le compren una casa; extremo que, ante la objeción de rechazo que formularon, fue confirmada por la Fiscal Departamental de Tarija -demandada-, mediante la Resolución RJ/RS/ESGS/1313-2022, sin la debida motivación ni valoración de los elementos de prueba documentales, testificales entre otros; y sin considerar que, al tratarse de delitos de violencia contra la mujer, la dirección de la investigación es deber de la Fiscalía, dejándolos desprotegidos, más aun cuando el denunciado continúa ejerciendo actos de violencia en su contra. Ante ello, la Fiscal Departamental demandada alega que emitió una resolución debidamente motivada y fundamentada, realizando una valoración de todas las circunstancias y elementos de prueba; puesto que, no se acreditó la concurrencia de los elementos que determinan el delito denunciado y no se advirtió que los accionantes se encuentren psicológicamente afectados por los actos de su hijo. La Fiscal de Materia codemandada, no presentó informe escrito, ni se apersonó a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos de la parte impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 204 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que: “Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica”; respecto a los delitos de violencia contra la mujer, el Ministerio Público, mediante la Resolución FGE/RJGP/DPVT 01/2014 de 8 de septiembre, aprobó el “PROTOCOLO Y RUTA CRÍTICA INTERINSTITUCIONALES PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, EN EL MARCO DE LA LEY Nº 348: LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”, que establece que: “Una vez que el o la Fiscal de Materia haya determinado la realización de pericia, el o la funcionario/a policial de la FELCV u otro donde no existiera, deberá proceder a la notificación de los sujetos procesales con la designación de perito y puntos de pericia, a efectos del art. 209 del CPP”. Asimismo, el Ministerio Público cuenta con el Protocolo de Atención en Psicología Forense Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia, aprobado mediante Resolución FGE/RJGP/DPVTMMP/IDIF/DGFSE/027/2013 de 7 de junio, que establece el objetivo y los puntos de pericia del dictamen pericial psicológico, que se diferencia del estudio clínico el cual solo establece un estado de ánimo, mientras que la pericia debe realizarse de acuerdo al examen de los extremos sometidos a consideración del especialista. La pericia psicológica adquiere relevancia como medio de prueba respecto al delito de violencia familiar o doméstica previsto en el art. 272 bis del CP, en su componente de violencia psicológica, siendo un instrumento técnico que: a) Constata -mediante la entrevista clínica, análisis de personalidad y otros medios- que el maltrato o violencia han tenido lugar; b) Valora -mediante sistemas de medición como test, entrevistas y otros- las consecuencias psicológicas -daño psíquico, psicosomático y secuelas- de dicho maltrato y sus repercusiones sociales, familiares, laborales; y, c) Establece y demuestra el nexo causal entre la situación de violencia -malos tratos o agresiones- y el daño o secuela psicológica.
El peritaje psicológico forense es un medio de prueba que permite dar credibilidad del testimonio de las supuestas víctimas y los supuestos ofensores, permite distinguir el daño psicológico entre otras situaciones de vulneración, puede solicitarse de oficio o a instancia de parte, y ayudará en la toma de decisiones en los casos de violencia en el ámbito familiar, ya que permite llegar a la verdad y establecer la afectación real en la víctima. Mediante una pericia efectiva se busca explicar la realidad que requiere la interpretación objetiva e imparcial por parte del especialista o experto en la materia, siendo un medio indispensable para determinar la credibilidad del testimonio de la víctima, identificar denuncias falsas, establecer los daños provocados por la violencia psicológica y resolver los criterios contrapuestos de las partes, en la medida en la que los abogados y jueces no poseen conocimientos especializados en dicha área, y menos aún pueden elegir o determinar los test apropiados para acreditar ese tipo de violencia. Por ello, si bien la realización es voluntaria, la falta de producción de la pericia por causa atribuible a la supuesta víctima no puede suplirse por la naturaleza del delito con otros medios, como son las pruebas testificales, documentales, entre otras.
La SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, refirió: “…los arts. 73 del CPP y 61 de la LOMP, establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en ese entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, señaló lo siguiente: '…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP'" (las negrillas son añadidas).
Los impetrantes de tutela refieren que presentaron una denuncia penal en contra de su hijo mayor Jaime Paul Zeballos Delgado -tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto en el art. 272 bis del CP, señalando qué desde años atrás, tuvieron problemas con el mismo porque éste les pedía dinero para su sostén y el de su familia, y que llegaron a hacerse cargo de los gastos de alimentación, servicios básicos, colegiatura, material escolar y uniformes de los hijos del señalado; y que además, habrían entregado un monto para que adquiera un anticrético y también hubieran pagado un automóvil que adquirió a crédito. Asimismo, que posteriormente, su aludido hijo continuó con sus requerimientos económicos, ante cuya negativa discutía y los amenazaba exigiendo que le compren un inmueble -que, conforme a los antecedentes del caso, adquirió con un crédito de vivienda que pretendía sea pagado por los peticionantes de tutela-.
La referida denuncia mereció la Resolución Fiscal de Rechazo de 8 de noviembre de 2022, bajo el argumento de que la investigación no aportó elementos suficientes para fundar una imputación y posterior acusación (Conclusión II.2); motivo por el cual, los impetrantes de tutela presentaron memorial de objeción a la referida Resolución (Conclusión II.3). En respuesta, la Fiscal Departamental -ahora demandada-, emitió la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/1313-2022 de 9 de diciembre, ratificando la referida Resolución Fiscal de Rechazo, disponiendo el archivo de obrados (Conclusión II.4). En ese contexto, se advierte que los accionantes -en su memorial de objeción al rechazo de su denuncia- reclamaron que la Resolución Fiscal de Rechazo:
- No tomó en cuenta ni valoró declaraciones de testigos, quienes detallaron los hechos de violencia que se repitieron en distintas oportunidades; no consideró los mensajes de amenazas enviados por WhatsApp.
- No señaló el valor probatorio que otorgó a las declaraciones de las víctimas, que demuestran la violencia psicológica y patrimonial que ejerce su hijo Jaime Paul Zeballos Delgado sobre ellos.
- No se tomó en cuenta: i) El art. 3.2 de la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, establece el principio de no violencia; ii) La Convención Belém Do Pará respecto a la violencia contra la mujer; y, iii) El art. 6 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013, define como violencia todo acto que cause sufrimiento o daño psicológico. En respuesta a dichos argumentos, la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/1313-2022, refirió lo siguiente:
- Se colectó los siguientes elementos de convicción: Formulario Único de denuncia de 2 de septiembre, Informe Social del SEDEGES de 15 de igual mes, Informe Psicológico de SEDEGES de 16 de ese mes, Informe Preliminar de 21 de similar, Informe de actividad sin resultado de 26 del señalado mes, emitido por la Psicóloga Forense, Informe de actividad sin resultado de 20 del reiterado mes, emitido por la Trabajadora Social, e Informe del investigador asignado al caso de 5 de octubre, todos de 2022. Del análisis integral de todos los elementos de convicción, se infiere que estos son endebles e insuficientes para acreditar de forma objetiva la concurrencia de los presupuestos exigidos por el art. 7.3 de la Ley 348 y las reglas previstas en el art. 302.4 del CPP, toda vez que no se establecen los hechos concretos de manera detallada, en circunstancias de tiempo, forma y lugar de comisión, no se precisa en que consistirían las agresiones, pues en la denuncia y declaraciones de cargo, se brindan antecedentes genéricos (contrariedades en relación a las exigencias económicas del sindicado hacia los denunciantes), más que hechos concretos que vislumbren una acción típica.
- Para considerar que se trata de violencia familiar, debe producirse una conducta reiterativa de violencia producto de un desequilibrio de poder permanente y una necesidad del agresor de ejercer control sobre la víctima, mediante el ejercicio de violencia con la intención de causarle daño, aspectos que no fueron acreditados en la investigación.
- El Ius Puniendi no puede ser utilizado para otros fines, cumple una función de protección y defensa de los bienes jurídicos contra actos que resultan socialmente intolerables, persigue la protección de los individuos cuando exista un evidente peligro y sea indispensable para mantener el orden público. De la contrastación entre los argumentos de los accionantes y las respuestas de la Fiscal Departamental ahora demandada; se tiene que, los impetrantes de tutela, reclamaron la falta de valoración de las pruebas producidas, entre ellas, las declaraciones de las víctimas y de los testigos; en respuesta, la referida Fiscal Departamental, refirió que los elementos de convicción son endebles e insuficientes para acreditar de forma objetiva la concurrencia de los presupuestos exigidos por el art. 7.3 de la Ley 348 y cumplir las reglas previstas en el art. 302.4 del CPP, ya que no se establecen los hechos concretos de manera detallada, en circunstancias de tiempo, forma y lugar de comisión. En cuanto a lo señalado, si bien la Fiscal Departamental demandada, realizó un análisis general de las declaraciones de las víctimas y las testificales, sin hacer referencia a los malos tratos que refirieron los declarantes y la finalidad de dichos malos tratos, que consistía en que los peticionantes de tutela -de la tercera edad- destinen sus ingresos económicos para cubrir las necesidades de su hijo; dando relevancia -la autoridad demandada- a acreditar el tiempo en el que sucedieron los supuestos actos de violencia, cuando lo relevante en estos delitos es probar la violencia psicológica y no necesariamente la cronología detallada de cada incidente; sin embargo, la referida autoridad, fue clara al establecer que, para considerar que se trata de violencia familiar, debe producirse una conducta reiterativa de violencia, lo cual no fue acreditado en la investigación, argumento concordante con lo expresado en la Resolución Fiscal de Rechazo emitida por la Fiscal de Materia codemandada, que señaló que los impetrantes de tutela no asistieron a su entrevista con la psicóloga forense, siendo en consecuencia insuficientes los elementos de prueba para acreditar de forma objetiva la concurrencia de los presupuestos que vislumbren la comisión del delito denunciado. Al respecto, si bien es evidente que, conforme la Ley General de las Personas Adultas Mayores, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y los tratados internacionales sobre derechos humanos como la Convención Belém Do Pará respecto a la violencia contra la mujer, las autoridades y funcionarios del Estado que conozcan hechos de violencia, deben cumplir su obligación y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia; sin embargo, como se refirió en la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la valoración pericial del daño psicológico en delitos de violencia, es relevante a efecto de constatar la violencia o maltrato, establecer las consecuencias psicológicas de dicho maltrato y sus repercusiones, y para establecer el nexo causal entre la situación de violencia y el daño o secuela psicológica. En ese marco, de la revisión de la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/1313-2022, se advierte que estableció que la violencia familiar no fue acreditada en la investigación, lo cual respalda el argumento de la Resolución Fiscal de Rechazo de 8 de noviembre de 2022, siendo evidente la necesidad de la realización del informe pericial de la Psicóloga Forense de la UPAVT de la Fiscalía Departamental de Tarija, informe que no pudo realizarse debido a la inasistencia de los ahora peticionantes de tutela a las respectivas entrevistas con la referida Psicóloga Forense (Conclusión II.1), prueba relevante en el caso concreto, puesto que, no se presume la violencia psicológica, sino que debe probarse; en consecuencia, es evidente el argumento de la autoridad demandada, de establecer que no existen elementos de prueba suficientes que permitan el desarrollo favorable del proceso penal por el delito previsto en el art. 272.3 bis del CP. De igual manera, si bien los accionantes, conforme al art. 59 de la Ley 348 refieren que en los delitos de violencia familiar o doméstica la investigación debe ser seguida de oficio por el Ministerio Público, independientemente del desistimiento o abandono de la investigación por parte de la víctima; no obstante, en este caso no se trata de impulso procesal sino de la realización de una prueba necesaria que no puede efectuarse sin la participación de las víctimas, sin que ninguna excusa pueda servir de fundamento para descartar la realización de pericias psicológicas forenses que coadyuven a acreditar de manera objetiva la comisión del delito, en la medida en la que los conocimientos de fiscales, jueces y operadores jurídicos no pueden sustituirla, más aun considerando que la finalidad de todo proceso penal, incluidos los procesos por violencia familiar psicológica hacia mujeres y adultos mayores, es la averiguación de la verdad para establecer la sanción respectiva. Asimismo, en el caso concreto, una vez obtenido el respectivo peritaje psicológico, podrá reabrirse la investigación en el año siguiente al rechazo de la denuncia, consiguiendo de esta manera la efectividad del proceso penal. Conforme a los argumentos expuestos, no se advierte que la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/1313-2022, que ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo, por no haberse acreditado la violencia denunciada, cuente con una motivación o fundamentación arbitraria o una indebida valoración probatoria que dé lugar a dejar sin efecto la misma, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 33/2023 de 31 de mayo, cursante de fs. 147 vta. a 152 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0725_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): fc9c095fca9e0f51cd1f933a2110276eaff1b6b8d886b7428a6a05f775aa02ad
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →