Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de julio de 2025
Concede la tutela
La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa previstos y sancionados por los arts. 132 y 332.1 y 2 del CP, en audiencia de 20 de abril de 2022, el Juez ahora demandado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de ciento ochenta días, señalando -en el mismo acto- audiencia virtual para el 20 de octubre del mismo año a horas 10:30, para considerar su situación jurídica, conforme a lo previsto por el art. 239.2 del CPP; sin embargo, vencido el plazo de la detención preventiva, la audiencia virtual nunca fue instalada por el mencionado Juez, ni se brindó motivo o explicación alguna por tal omisión, pese a que la ahora accionante, su abogado defensor, la denunciante y su abogado se encontraban conectados y en línea, por lo que se encuentra privada de su libertad de forma ilegal e indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 37/2022 de 22 de octubre, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- en el término de veinticuatro horas de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale audiencia para considerar la situación jurídica de la procesada -ahora accionante- por el vencimiento del plazo de ciento ochenta días de su detención preventiva; siempre y cuando, no se hubiera realizado la misma ni se hubiera modificado la situación jurídica de la impetrante de tutela.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0725/2025-S1 Sucre, 1 de julio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 53184-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 37/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Sánchez Rodríguez en representación sin mandato de Lizett Condori contra Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 17 a 20 vta., la accionante a través de su representante sin mandato manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Lizett Condori -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa previstos y sancionados por los arts. 132 y 332.1 y 2 del Código Penal (CP) Caso FELCC-LG 118/2022, FUD: 701402172200563, iniciado el 16 de abril de 2022, en audiencia de 20 de igual mes y año se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de ciento ochenta días de forma ilegal o indebida, sin base legal y sin justificación. Al respecto, dicho plazo fue dispuesto conforme a lo previsto por el art. 235 ter. del Código de Procedimiento Penal (CPP); en consecuencia, el mismo se cumplió el 18 de octubre de 2022, es decir, a partir del 19 del mismo mes y año, no existe justificación legal para mantener su privación de libertad. De igual modo, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, en audiencia de 20 de abril de 2022, señaló audiencia virtual para el 20 de octubre del mismo año “a horas 10:30” (sic), destinada a considerar su situación jurídica, conforme a lo previsto por el art. 239.2 del CPP, en atención al vencimiento del plazo de dicha medida cautelar. Para la realización de dicha audiencia, la Secretaria del Juzgado remitió un enlace (link) generado por la Oficina Gestora de Procesos Tercera; sin embargo, este fue comunicado recién el mismo día -20 de octubre de 2022- a horas 9:50. Asimismo, a efectos de garantizar la participación del ahora accionante en la audiencia virtual, mediante oficio de 19 de octubre de 2022 dirigido al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, se solicitó que, a través de la oficina de régimen penitenciario, se disponga su conexión virtual a la mencionada audiencia. Sin embargo, la indicada audiencia virtual -señalada para el 20 de octubre de 2022- nunca fue instalada por el Juez ahora demandado, pese a que la ahora accionante, su abogado defensor, la denunciante y su abogado se encontraban conectados en línea. Transcurridas tres horas, finalmente a horas 13:30 el administrador de la Oficina Gestora de Procesos Tercera admitió a las partes en la audiencia virtual; sin embargo, la misma nunca fue instalada ni se brindó motivo o explicación alguna por tal omisión, pues a dicha hora -13:30- el administrador expulsó a las partes de la audiencia. En consecuencia, sostiene que los hechos descritos demuestran que el plazo de ciento ochenta días de detención preventiva se cumplió el 18 de octubre de 2022, y, a partir del 19 del mismo mes y año, se encuentra privada de su libertad de forma ilegal e indebida.
La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, sin citar norma constitucional alguna que las contenga.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene la inmediata restitución de su derecho a la libertad, el cese de la detención preventiva, en razón al vencimiento del plazo el 18 de octubre de 2022, contabilizando ciento ochenta días calendario de detención preventiva desde el 20 de abril del mismo año.
La audiencia virtual pública de consideración a la presente acción de libertad se realizó el 22 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 50 a 51, produciendose los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos, señaló que: a) Iniciado el proceso penal de referencia el 16 de abril de 2022, mediante imputación formal de 20 de igual mes y año e instalada la audiencia de medidas cautelares -el mismo día-, el Juez ahora demandado dispuso la detención preventiva de la ahora accionante por el plazo de ciento ochenta días en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; b) Conforme al cómputo del plazo de la detención preventiva, el plazo de ciento ochenta días venció a la medianoche del 18 de octubre de 2022, por lo que a partir del 19 del mismo mes y año, no existía justificación legal para mantener la privación de libertad; a pesar de ello, la indicada autoridad judicial ahora demandada programó para el 20 del indicado mes y año a horas 10:00, una audiencia virtual de cesación de la detención preventiva, notificando a las partes y solicitando la conexión de la investigada desde el señalado Centro Penitenciario; c) Conforme el art. 239.2 del CPP, la cesación de la preventiva procede cuando vence el término dispuesto para la detención preventiva siempre y cuando el Fiscal no haya solicitado una nueva ampliación; y, de la revisión del expediente hasta el 19 de octubre de 2022 no existía petición del Ministerio Público para una eventual ampliación de plazo; d) La audiencia no se instaló, pese a que la parte ahora accionante, su abogado, la denunciante y su abogado se encontraban conectados a la audiencia virtual desde las 10:30 hasta las 13:30, sin que se diera explicación alguna por la espera, siendo finalmente expulsados por el administrador del enlace virtual; en ese entendido, desde el 19 de octubre de 2022, no existe una justificación legal para mantener su privación de libertad, que se constituye en una restricción ilegal e inconstitucional que vulnera sus derechos; y, e) En consecuencia, solicitó al Juez ahora demandado ejercer el control de convencionalidad y constitucionalidad; por ello, impetro se ordene la inmediata restitución de su libertad mediante la emisión de un mandamiento de libertad y que se le imponga una medida cautelar personal menos gravosa conforme al art. 231 del referido Código, garantizando así la continuidad del proceso penal con su presencia.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 22 de octubre de 2022, cursante a fs.
49 y vta., manifestó lo siguiente: 1) En la audiencia de medidas cautelares del 20 de abril de 2022, se dispuso la detención preventiva de Lizett Condori -ahora accionante- y se fijó una audiencia para el 20 de octubre del mismo año a fin de considerar la modificación de la medida, coincidiendo con el cumplimiento de los ciento ochenta -días de detención, conforme al art. 235 ter del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y posteriormente por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año-; 2) Desde el mes de mayo de 2022, ejerce la suplencia legal del Juzgado Público Mixto de El Torno del departamento de Santa Cruz, lo que genera una superabundante carga procesal; 3) El Juez ahora demandado, mencionó que no pudo instalar la audiencia señalada debido a que ese día, desde las 08:30 hasta las 11:00, estaba atendiendo otra audiencia cautelar con aprehendido de alta relevancia en suplencia legal del Juzgado Público Mixto de El Torno de ese departamento, relacionada con un caso de homicidio suicidio de una menor víctima de violación, generando una recarga procesal por suplencia legal de varios juzgados mixtos; y, 4) El Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal contra la accionante fue presentado por el Ministerio Público el 18 de octubre de 2022, y remitido al Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de La Guardia del citado departamento el 20 de igual mes y año, por lo que el cuaderno procesal no se encontraba bajo su control jurisdiccional en la fecha de la audiencia, tal como se evidencia en el oficio 2491/2022 de la misma fecha (fs. 47 a 48), mediante el cual se remitió el cuaderno procesal con acusación; por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.
La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución de 37/22 de 22 de octubre de 2022, cursante de fs. 52 a 54, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) La demandante de tutela denunció la vulneración de su derecho a la libertad debido a que, la autoridad ahora demandada no atendió su solicitud de cesación a la detención preventiva de 20 de octubre 2022, en razón de que la audiencia nunca se instaló, el Juez ahora demandado no concurrió al acto procesal y no hizo conocer ningún justificativo de su inasistencia, impidiendo resolver su situación jurídica; la solicitante de tutela se encuentra privada de libertad desde el 20 de abril de 2022 dentro del proceso penal de referencia, y ante la entrada en vigencia de la Ley 1173, se señaló audiencia para considerar la cesación de la medida cautelar de carácter personal por duración máxima de la medida para el 20 de octubre de igual año; sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada no justificó su inasistencia a dicho acto procesal; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de tutelar el derecho a la libertad frente a dilaciones procesales que impiden resolver oportunamente la situación jurídica del detenido, acelerando la tramitación de solicitudes vinculadas a su libertad; iii) De la revisión de antecedentes se estableció que el Juez ahora demandado no instaló la audiencia debido a que, en suplencia legal, se encontraba atendiendo otra audiencia cautelar en la localidad de El Torno del departamento de Santa Cruz, lo que justifica su inasistencia; y, iv) Al haberse presentado acusación formal contra la demandante de tutela y remitido el cuaderno procesal al mencionado Juez de Sentencia, la competencia del Juez ahora demandado quedó limitada, por lo que no se vulneró el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, ya que la competencia de la autoridad demandada alcanza hasta antes de que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia, tal cual establece la jurisprudencia, extremo que se evidenció de la revisión de antecedentes; sin embargo, al cursar en el expediente el Requerimiento Conclusivo de Acusación limitó la competencia del Juez ahora demandado, más aún cuando el proceso actualmente se encuentra radicado por el Juzgado Público Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Informe de Inicio de Investigación presentado el 16 de abril de 2022, por el Fiscal de Materia de la causa ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- (fs. 16). II.2. Se tiene Imputación Formal presentada el 20 de abril de 2022, por el Fiscal de Materia de la causa, mediante el cual solicitó que:
“VII.-IMPUTACIÓN Y MEDIDA CAUTELAR - PETITORIO Por lo anteriormente expuesto, existiendo elementos de convicción suficientes que hacen presumir que los imputados son con probabilidad autores de la comisión del delito denunciado que investiga el Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en el Art. 302 y 233 núm. I del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Publico representado por los suscritos Fiscales de Materia y al existir suficientes elementos de convicción y la probabilidad de autoría presentamos IMPUTACIÓN FORMAL contra LIZETH CONDORI, han subsumido su conducta al delito de ROBO AGRAVADO Y ASOCIACION DELICTUOSA previstos y sancionados en los Arts.332 núm. 1 Y 2 y 132 del Código Penal; encontrándose cumplidos los requisitos establecidos y exigidos en el Art. 233 en sus dos numerales, y con relación a los riesgos procesales inmersos en los Arts. 234 núm. 1 Y 2, y 235 núm. 1 y 2 se tienen: (…)
(…) aplique la medida cautelar de DETENCIÓN PREVENTIVA POR EL TIEMPO DE 180 DIAS en contra el Imputado LIZETT CONDORI, de conformidad al Art. 233 núm. 3 de la Ley 1171, toda vez que aún falta:
1. Realizar la inspección y reconstrucción de los hechos. 2. Solicitar las cámaras de seguridad del lugar de los hechos. 3. Capturar a los otros sospechoso del presente hecho. 4. Verificar los antecedentes penales del imputado” (sic [fs. 2 a 8]). II.3. Cursa Mandamiento de detención preventiva de 20 de abril de 2022, mediante el cual, el Juez ahora demandado, ordenó lo siguiente:
“MANDA y ORDENA: AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DEL CENTRO DE REHABILITACION "SANTA CRUZ" PALMASOLA SECCION MUJERES PONGA EN INMEDIATA DETENCION A LA IMPUTADA:
LIZETT CONDORI Por haberse dispuesto mediante AUTO DE MEDIDA CAUTELAR de fecha 20 de abril del 2022, dentro del Proceso Penal (CASO FELCC-LG: 118/22) que sigue EL MINISTERIO PUBLICO contra LIZETT CONDORI por el supuesto delito de ROBO AGRAVADO y ASOCIACION DELICTUOSA PREVISTO y SANCIONADO EN EL ART. 332 y 132 del CODIGO PENAL, debiendo las autoridades de dicho Recinto tenerlo bajo su custodia y responsabilidad, bajo prevenciones de ley. Sea por el término de 180 DIAS CALENDARIO.-” (sic [fs. 9]). II.4. Se tiene Nota “Of. 2447/2022” de 19 de octubre, mediante el cual, la autoridad demandada, solicitó el traslado del ahora accionante en condición de detenido a la audiencia virtual de cesación de la detención preventiva “señalada para el día 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A HORAS 10:30 A.M.” (sic [fs. 10]).
II.5. Cursa Nota “Of. 2491/2022” de 20 de octubre, mediante el cual, el Juez ahora demandado, remitió el expediente del proceso penal de referencia con acusación formal, cuyo cargo de recepción consigna 20 de octubre de 2022 a horas 15:15, por el Juzgado Público Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz (fs. 48), señalando lo siguiente:
“REF. REMISION DE CUADERNO PROCESAL ORIGINAL CON ACUSACION FORMAL.- En fojas útiles (Fs.379) se remite cuaderno procesal (CASO FELCC N° 118/22) Original relativo al Proceso Penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de MARTHA TOLA SILES contra LIZETT CONDORI, CLAUDIA TINA LOPEZ CALDERON, SANDY ANGEL ARGANDOÑA MAJIÑO MAJIÑO Y GERMAN WILFREDO RODRIGUEZ TROCHE por el delito de ROBO AGRAVADO Y ASOCIACION DELICTUOSA PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. 332 NUM. 1 Y 2, Y 132 EN RELACION AL ART. 20 DEL CODIGO PENAL, ordenado mediante DECRETO de fecha 19 de octubre del año 2022, a objeto de que se prosiga con la tramitación del presente proceso” (sic [fs. 47]).
II.6. Cursan capturas de pantalla de la plataforma Webex, respecto a la Sala Virtual correspondiente al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, donde figuran: a) Como organizador de la Oficina Gestora de Procesos bajo el denominativo de “Scz Ogp Sala 17”; b) Cristian Sánchez Rodríguez, abogado defensor de la imputada -ahora accionante-; y, c) Lizett Condori ahora accionante. Asimismo, consigna la finalización de la reunión virtual a horas 13:30 con una duración de aproximadamente “02:42:06” (fs. 11 a 15).
La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa previstos y sancionados por los arts. 132 y 332.1 y 2 del CP, en audiencia de 20 de abril de 2022, el Juez ahora demandado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de ciento ochenta días, señalando -en el mismo acto- audiencia virtual para el 20 de octubre del mismo año a horas 10:30, para considerar su situación jurídica, conforme a lo previsto por el art. 239.2 del CPP; sin embargo, vencido el plazo de la detención preventiva, la audiencia virtual nunca fue instalada por el mencionado Juez, ni se brindó motivo o explicación alguna por tal omisión, pese a que la ahora accionante, su abogado defensor, la denunciante y su abogado se encontraban conectados y en línea, por lo que se encuentra privada de su libertad de forma ilegal e indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo, una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido, pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras.
3El FJ III.2, señala: “…de conformidad al art. 54.I CPP, en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares”.
4El FJ III.2, refiere: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación (…)”.
5El FJ III.2, determina: “…conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: ʽ…el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…´”.
Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras.
Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares.
6El FJ III.4, refiere que: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. (…)
….cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…)”.
7El FJ III.2, rige: “Es menester recalcar que se considera que todas las solicitudes relacionadas a medidas cautelares, se encuentran íntimamente ligadas al derecho a la libertad; por lo que, en virtud al carácter fundamental y primordial de ese derecho, deben ser resueltas con celeridad. Este razonamiento, como se tiene dicho se ha empleado como base para establecer una salvedad en la vía jurisprudencial, en la medida que se otorga al juez de instrucción penal la atribución de conocer y resolver una solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, presentada ante dicha instancia, aún cuando en la causa ya hubiere sido presentada la acusación, la competencia en el proceso subsiste hasta la remisión de obrados, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la acusación, caso en el que mantendrá su potestad para resolver la solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, únicamente cuando:
·Con carácter previo y dentro de las veinticuatro horas referidas en el art. 325 del CPP, haya fijado audiencia para la consideración de esas medidas, de modo que la audiencia y el plazo de remisión sean plenamente compatibles.
Toda vez que, una vez remitida la causa en el juez o tribunal de sentencia, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal, momento a partir del cual los jueces técnicos, adquieren competencia plena para conocer y resolver lo que en adelante corresponda, incluyendo naturalmente las solicitudes de las partes que versen sobre las medidas cautelares, sin que “el saneamiento procesal” perteneciente a una norma abrogada, pueda constituirse en un óbice a tal efecto. Sin embargo, aún bajo éstos nuevos parámetros resulta fundamental señalar que, no obstante a que el espíritu de la norma penal adjetiva, al disponer una remisión de obrados con celeridad -dentro de las veinticuatro horas-, obliga al juez de instrucción penal a remitir los actuados ante el tribunal o juez de sentencia, causando la pérdida de competencia, como se tiene dicho, por la importancia que reviste el derecho a la libertad, la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre ese su derecho; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar la subregla precedente a aplicarse para armonizar el mandato legal particular del art. 325 del CPP, con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, de forma que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, sea por el juez de instrucción penal o por el tribunal o juez de sentencia, en los distintos momentos procesales según lo desarrollado, materializando de esta forma la vigencia de derechos, garantías y principios nodales para nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho a la libertad, a través de la aplicación de la ley misma a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado para el caso en concreto”.
En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-Ra lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala:
8El FJ III.3, refiere: “En el presente caso, se tiene que el accionante debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, ante el cual fue remitido los antecedentes procesales de la causa, conforme manifestó uno de los jueces del Tribunal que se declaró incompetente (Conclusión II.5); a efectos de que conozcan y se pronuncien sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien, conforme se advierte de la (Conclusión II.4); el accionante solicitó mediante memorial de 23 de junio de 2017, cesación a la detención preventiva, empero, día anterior a la presentación del precitado memorial se emitió la Auto Interlocutorio 122/2017, en la que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto, declaró fundado la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio Público, anulando obrados hasta el acta de sorteo de 2 de junio de 2017, disponiendo la remisión de antecedentes a un tribunal de turno de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer del departamento de La Paz; siendo evidente que la autoridad ahora demanda carecía de competencia para tramitar el incidente: toda vez que la causa inicialmente fue radicada en el mencionado Tribunal, el cual posteriormente dispuso que se remitiera a un Tribunal especializado en materia de anticorrupción según se evidencia el Auto Interlocutorio 122/2017.
De lo manifestado supra, el accionante tendría que realizar su solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, como emergencia de la determinación asumida en la Auto Interlocutorio 122/2017; por lo que la autoridad demandada actuó de acuerdo al art. 325.I del CPP, que prevé: “Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez Instructor dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo, remitirá los antecedentes a la o el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad”, entendiéndose que al haber efectuado el sorteo aún de manera incorrecta remitiendo los antecedentes ante un Tribunal de Sentencia, habría perdido competencia de manera previa a la presentación del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, encontrándose imposibilitado legalmente de pronunciarse sobre la solicitud del accionante, quien al no haber realizado su petitorio de cesación ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; en tal sentido cuando se consideran vulnerados o amenazados los derechos a la libertad a la vida a libertad de locomoción por actos u omisiones desplegados, previo a acudir a la jurisdicción constitucional las partes involucradas en un proceso judicial, deben agotar los medios intra procesales previstos por ley a efectos de alcanzar la definición de sus derechos y, en caso de considerarlos lesionados acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, situación que en el caso de análisis no ha acontecido”.
9El FJ III.2, señala: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como efectos de la …cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…) [las negrillas y el subrayado son nuestros]. Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.
Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.
Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva.
Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente.
En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y asociación delictuosa previstos y sancionados por los arts. 132 y 332.1 y 2 del CP, en audiencia de 20 de abril de 2022 el Juez ahora demandado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de ciento ochenta días, señalando -en el mismo acto- audiencia virtual para el 20 de octubre del mismo año a horas 10:30, para considerar la “cesación de su detención preventiva”, conforme a lo previsto por el art. 239.2 del CPP; sin embargo, vencido el plazo de la detención preventiva, la audiencia virtual nunca fue instalada por el Juez ahora demandado, ni se brindó motivo o explicación alguna por tal omisión, pese a que la ahora accionante, su abogado defensor, la denunciante y su abogado se encontraban conectados y en línea, por lo que se encuentra privada de su libertad de forma ilegal e indebida. Precisada la problemática planteada, de la revisión de antecedentes se advierte que, cursa el Informe de Inicio de Investigación presentado el 16 de abril de 2022, por el Fiscal de Materia de la causa ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primero de La Guardia de ese departamento -ahora demandado-(Conclusión II.1); asimismo, consta la Imputación Formal presentada el 20 de abril de 2022, mediante el cual el Ministerio Público imputó formalmente a Lizett Condori -ahora accionante- por la presunta comisión de los delito de robo agravado y asociación delictuosa; igualmente, verificados los requisitos establecidos por el art. 233 del CPP, en relación a los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1 y 2 y 235.1 y 2 del mismo Código, el Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva por el plazo de ciento ochenta días. (Conclusión II.2). Al respecto, según el Mandamiento de detención preventiva de 20 de abril de 2022, el Juez ahora demandado ordenó al Director Departamental del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, que ponga en inmediata detención preventiva a la ahora accionante por el plazo de ciento ochenta días, conforme se tiene dispuesto mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha (Conclusión II.3). Ahora bien, corresponde precisar que la problemática en cuestión radica en que, pese a haberse señalado la audiencia virtual para el 20 de octubre de 2022 a horas 10:30, para considerar la cesación de la detención preventiva por vencimiento del plazo de ciento ochenta días, la misma nunca fue instalada por el Juez ahora demandado, ni se dio motivo o explicación alguna por tal omisión; ello ocurrió a pesar de que la ahora accionante, su abogado defensor, la denunciante y su abogado se encontraban conectados en línea. En ese contexto, de la revisión del legajo constitucional y conforme a lo manifestado por el Juez ahora demandado en su informe (fs. 49 y vta.), se advierte que, en la audiencia de medidas cautelares del 20 de abril de 2022 se dispuso la detención preventiva de la ahora accionante y se fijó audiencia para el 20 de octubre del mismo año a fin de considerar la modificación de la medida cautelar de detención preventiva, coincidiendo con el cumplimiento de los ciento ochenta días de detención, conforme al art. 235 ter del CPP. Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por la ahora accionante en su memorial de interposición de la presente acción de defensa, así como la Nota Of. 2447/2022 de 19 de octubre suscrita por el Juez ahora demandado, se verifica que la audiencia virtual fue “señalada para el día 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A HORAS 10:30 A.M.” (Conclusión II.4). Al respecto, la indicada autoridad judicial ahora demandada informó que el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal contra la accionante fue presentado por el Ministerio Público el 18 de octubre de 2022 y remitido al Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de La Guardia del citado departamento el 20 de igual mes y año; razón por la cual, el cuaderno procesal no se encontraba bajo su control jurisdiccional en la fecha de la audiencia programada (fs. 49 y vta.); sin embargo, se verifica que la Nota “Of. 2491/2022” de 20 de octubre, de remisión de expediente con acusación formal, fue recibida por el mencionado Juzgado de Sentencia Penal el mismo día -20 de octubre de 2022- a horas 15:15 (Conclusión II.5). Dichos extremos, demuestran que el Juez ahora demandado dispuso de forma innecesaria la remisión del expediente del proceso penal de referencia ante el Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, omitiendo instalar la audiencia virtual señalada para el 20 de octubre de 2022 a horas 10:30; con ello, dilató la consideración de la situación jurídica de la peticionante de tutela, pese al vencimiento del plazo de ciento ochenta días de su detención preventiva; máxime, si dicha audiencia había sido previamente fijada en audiencia de 20 de abril de 2022, conforme se tiene dispuesto en Auto Interlocutorio de la misma fecha (Conclusión II.3), es decir, mucho antes de la presentación de la Acusación Formal el 18 de octubre de 2022, ante el Juez ahora demandado. Los actuados desplegados, se enmarca en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda vez que los Jueces de Instrucción Penal mantienen su competencia para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva, así como las solicitudes de cesación -de la detención preventiva- que se hubieran presentado, hasta que la causa radique formalmente ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal; de igual modo, mantienen la facultad para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación. Por lo expuesto, en el presente caso, correspondía que la autoridad judicial ahora demandada instale la audiencia virtual programada para el 20 de octubre de 2022 a horas 10:30 para definir la situación jurídica de la procesada -ahora accionante- garantizando su acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, pues todo trámite procesal vinculado a la libertad debe ser resuelto con la mayor celeridad posible; más aún, si la ahora accionante y su abogado defensor se encontraban conectados en línea hasta las 13:30 horas en la plataforma virtual Webex (Conclusión II.6); en ese entendido, la remisión de antecedentes ante el Juzgado Público Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz sin realizar una verificación adecuada de los actuados procesales, generó dilaciones que afectaron el derecho a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad de la ahora impetrante de tutela; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 37/2022 de 22 de octubre, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia y de Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- en el término de veinticuatro horas de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale audiencia para considerar la situación jurídica de la procesada -ahora accionante- por el vencimiento del plazo de ciento ochenta días de su detención preventiva; siempre y cuando, no se hubiera realizado la misma ni se hubiera modificado la situación jurídica de la impetrante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y celeridad procesal resulta conveniente que la referida solicitud tenga que ser considerada por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, cual es el objetivo de los referidos principios”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0725_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 32a5920f576fd7c8028961f18d8b4d6148bb370822f459014ef04bce40b11c8b
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