Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 23 de diciembre de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva y a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; y, del principio de seguridad jurídica; toda vez que, las Vocales demandadas a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 123/2024 de 3 de junio, en un fallo ultra petita, omitieron la compulsa de cada uno de los argumentos y pruebas que acompañó a tiempo de responder al recurso de apelación formulado por el tercero interesado contra el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021, habiendo entendido que la ejecutoria de la Sentencia de 3 de octubre de 2006, debía ser bajo un alcance teórico de ejecutoria implícita -que se genera por el solo transcurso del tiempo-, y teoría de ejecutoria consentida o acto consentido voluntario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución SC2-CBB-AAC-082/2024 de 5 de septiembre, cursante de fs. 234 a 239 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 123/2024 de 3 de junio, ordenando a la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitir uno nuevo, conforme los fundamentos jurídicos expresados en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela, en relación los derechos al debido proceso en su componente valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva y a la aplicación objetiva de la norma, asi como al principio de seguridad jurídica; y, 3° Sin lugar al pago de costas, daños y perjuicios.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0725/2024-S2 Sucre, 23 de diciembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 67259-2024-135-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AAC-082/2024 de 5 de septiembre, cursante de fs. 234 a 239 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lucy Fernández Arce contra Clelia Elizabeth La Fuente Torrico y Zullma Raiza García Basualdo, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 20 y 30 de agosto de 2024, cursantes de fs. 102 a 133 vta. y 138 y vta., la accionante expresó que:
Como emergencia de un incidente de nulidad de obrados que interpuso dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Víctor Claure Montaño, Reina Alicia Camacho de Claure y Ariel Víctor Claure Camacho -ahora terceros interesados- en su contra, el entonces Juez Público Civil y Comercial Décimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba, pronunció el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021, resolviendo anular obrados “hasta fs. 288 de obrados”, “…dejando sin efecto la providencia de 18 de octubre de 2017 y posteriormente actuaciones (…) SE DECLARA EJECUTORIADA, la Sentencia de 3 de octubre de 2006 (…) modificada por Auto de Vista de 5 de febrero de 2016 INICIANDOSE EL PROCESO DE EJECUCIÓN (…) SE CONMINA a la demandada LUCY FERNÁNDEZ ARCE, a objeto de que cumpla con el contrato de 10 de enero de 2002… dentro del tercer día de su notificación con la presente resolución, sea de manera expresa en su domicilio procesal… caso contrario SE DISPONDRA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE 10 DE ENERO DE 2002…” (sic). Una vez notificada con dicha determinación, el 28 de junio de 2021, los terceros interesados a través de su representante formularon recurso de apelación contra el citado Auto Interlocutorio; impugnación que respondió mediante escritos de 6 de julio de ese año y 6 de junio de 2022; resaltando que el 25 de junio de 2021, cumplió con la referida Sentencia presentando un depósito judicial; sin embargo, en sustanciación y resolución de dicho recurso, las Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandadas-pronunciaron el Auto de Vista 123/2024 de 3 de junio; determinando revocar el mencionado Auto Interlocutorio, y rechazar el incidente de nulidad que formuló. En el citado fallo, con una serie de omisiones, las autoridades demandadas, fallaron de manera ultra petita y descuidaron la compulsa de cada uno de los argumentos y pruebas que acompañó a tiempo de responder al recurso de apelación que formularon los terceros interesados; ya que, de haberlos estimado, el referido Auto de Vista, hubiera alcanzado otro sentido; pues, el hecho de considerar que la cosa juzgada se deba razonar de forma ambigua y semántica como conflictivo conforme lo previsto por el art. 397 y ss. del Código Procesal Civil (CPC), y discurrir en que debía aplicarse la teoría de la precisión como parte de un debido proceso en virtud a que la la parte demandada en la causa de origen, sea una persona adulta mayor, obligaría a que se ejecute implícitamente la indicada Sentencia, transgredió, no solo sus derechos procesales, sino fundamentales. Asimismo, razonaron en sentido que su persona, al no haberse defendido dentro el plazo, consintió implícitamente la ejecutoria de la Sentencia, omitiendo que dicho fallo determinó el cumplimiento del contrato; es decir, la cancelación de $us19 000.- (diecinueve mil dólares estadounidenses) al tercer día, una vez que se declaró judicial y expresamente -ni siquiera formalmente-, ejecutoriada la Sentencia, y como aquello ocurrió recién el 3 de junio de 2024 -previamente a la presentación del recurso de apelación formulado el 28 de junio de 2021-, y el depósito del citado monto de dinero de 17 de octubre de 2018, implicó, que antes de adquirir firmeza jurídica o ejecutoria expresa, cumplió con la Sentencia de referencia, más aún si contaba con el mencionado depósito judicial. No obstante que el Juez a quo determinó que la ejecutoria de la Sentencia de 3 de octubre de 2006, debía revestir un carácter especial, expreso y puntual; las Vocales demandadas entendieron que la ejecutoria se adquiere de manera automática, obviando el contenido, alcance y determinacion del citado fallo, descargando la responsabilidad a su persona, bajo el argumento de que no formuló recurso de casación contra el Auto de Vista de 5 de febrero de 2016, lo que provocó que la referida Sentencia, se ejecutorié automáticamente; y que, el Juez de la causa al haber anulado obrados hasta “fs. 288” inclusive obró incorrectamente; más aún cuando concurría una persona adulta mayor; por lo que, sin valorar la prueba que acompañó a tiempo de responder el recurso de apelación formulado por el tercero interesado; asi como, posteriores memoriales y haber omitido pronunciarse a cada uno de los argumentos jurídicos y base probatoria expresados en los escritos de 25 de junio de 2021, 6 de julio de igual año y 6 de junio de 2022, se vulneró sus derechos al debido proceso, a contar con una resolución suficiente, razonable y debidamente motivada, a la valoración probatoria y a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico.
Denunció como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva y a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; y, del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 13, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 123/2024; b) Se ordene la emisión de un nuevo fallo, “…atendiendo cada uno de los agravios, asi como responde y contenido de prueba, compulsando objetiva y correctamente los elementos jurídicos, facticos y probatorios (…) mientras se resuelva el proceso, se emita medida cautelar de suspender el proceso de referencia, hasta que se emita el nuevo Auto de Vista” (sic); y, c) Se condene al pago de costas, daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de septiembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 231 a 233, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de sus abogados, ratificó la demanda tutelar y ampliándola señaló que: 1) Dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios, el entonces Juez de la causa, pronunció la Sentencia de 3 de octubre de 2006; el cual, a momento de declarar probada la demanda interpuesta por Víctor Claure Montaño -tercero interesado-, dispuso que su persona cumpla el contrato de 10 de enero de 2002, delimitando a tres días el momento en que debía hacer efectivo el pago de $us19 000.-, a computarse una vez que judicial, formal y expresamente se declare ejecutoriada la citada Sentencia; y, conminándola a declararse resuelto el indicado contrato en caso de que dentro de dicho plazo no cumpla con el depósito judicial; y en consecuencia, devolver el inmueble al que ingresó en posesión bajo compromiso de venta; 2) Dentro de una serie de recursos de apelación y casación interpuestos por los terceros interesados, se emitió el Auto Supremo 524/2015-L de 10 de julio, estableciendo una reconducción respecto a la citada Sentencia, eliminándose la cuarta parte dispositiva de dicho fallo, quedando plenamente establecido que se cumpla con el referido contrato dentro de tercero día de ejecutoriada judicial, formal, escrita y de manera expresa -se entiende la Sentencia de 3 de octubre de 2006-; 3) Las autoridades demandadas concibieron que la ejecutoria de la aludida Sentencia debía ser bajo un alcance teórico de ejecutoria implícita -que se genera por el solo transcurso del tiempo-, y la teoría de ejecutoria consentida o acto consentido voluntario; y, deduciendo que el referido fallo debió ejecutoriarse por el solo hecho de que la parte perdidosa no haya activado los mecanismos o recursos ordinarios para poder cuestionar la precitada Sentencia; 4) Las Vocales demandadas no cumplieron los presupuestos exigidos por la “SCP 0213/2021” de 28 de junio; dado que, no generaron la valoración intelectiva y normativa respecto a los alcances dispositivos de la parte resolutiva de la citada Sentencia, debido a que no se puede aplicar ninguna de las dos teorías; pues, se cuenta con una “norma legin”; 5) Por un lado, se aplica la teoría -fuente del derecho-, en ausencia de un precepto normativo que regule el elemento de ejecutoria de la sentencia, o cuando existe colisión entre dos normas que regulan en sentido contrario; en el caso concreto, ninguno de dichos presupuestos concurrió, debido a que las autoridades demandadas debieron concentrarse en la tercera parte dispositiva de la referida Sentencia; en la cual, se resolvió cumplirse con el contrato de 10 de enero de 2002, dentro de tercero día, una vez que dicho fallo sea judicial, formal, escrita y expresamente ejecutoriada, “…que recién ocurrió el pasado 2018 con un Auto de Vista…” (sic), eliminando la posibilidad de aplicar las dos teorías señaladas; y, 6) Las prenombradas omitieron cumplir con el sexto presupuesto de la motivación, que es determinar el nexo de causalidad entre la pretensión, los hechos, la prueba y la verdad material dentro de un recurso de apelación, ocurriendo que el tercero interesado solo se remitió a sostener tres cuestiones, a saber: i) El Juez de la causa al emitir el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021, cometió prevaricato; ii) Estaría rompiendo con principios ético morales familiares con una axiología personal que conoce la vida que lleva tanto civil, jurisdiccional, política y hasta moral; y, iii) Afirmar que con el hecho de que se pretenda el cumplimiento de la parte dispositiva, lo único que estaría intentando esa parte, sería abrir una cuarta instancia, no de ejecución, sino de reejecución de sentencia, y demás valoraciones que no tienen congruencia alguna con la parte dispositiva de la citada Sentencia; a lo cual, las Vocales demandadas en el fallo ultra petita, entendieron que por el solo hecho de que la parte demandante en la causa de origen sería una persona adulta mayor, debía aplicarse la ejecutoria implícita, aspecto no referido por el apelante; por lo que, no existiría nexo de causalidad entre lo resuelto en el Auto de Vista cuestionado, con lo pretendido en el recurso de apelación.
Clelia Elizabeth La Fuente Torrico y Zullma Raiza García Basualdo, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 4 de septiembre de 2024, cursante de fs. 146 a 149, refirieron que: a) Dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato los terceros interesados, la entonces Jueza de la causa emitió el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021; por el cual, dispuso anular obrados hasta “fs. 288 de obrados”, dejando sin efecto la providencia de 18 de octubre de 2017 y declarando ejecutoriada la Sentencia de 3 de octubre de 2006, conminando a la solicitante de tutela a que cumpla con el contrato de 10 de enero de 2002, bajo apercibimiento de declararse la resolución del referido contrato; fallo contra el cual, los terceros interesados interpusieron recurso de apelación; b) Por Auto de Vista 123/2024, resolvieron el citado recurso, revocando el Auto Interlocutorio apelado y rechazaron el incidente de nulidad formulado por la accionante; c) No resultó evidente que hubiese omitido aplicar objetivamente la ley o se transgredió los principios de legalidad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; al contrario, a tiempo de resolver el recurso de alzada se efectuó una relación de lo expuesto con el régimen procesal aplicable y los antecedentes del proceso; en ese orden, el Auto de Vista cuestionado explicó de manera razonable el porqué de la decisión asumida, citando la norma legal aplicable, relativa a la cosa juzgada, asi como la preclusión, exponiendo con claridad los motivos que sustentaron la misma, sin provocar incertidumbre en los justiciables, no constatándose la transgresión del debido proceso en las vertientes enunciadas; d) La peticionante de tutela denunció la omisión valoratoria de la prueba que acompañó en su recurso y que no se pronunciaron a cada uno de los argumentos jurídicos formulados en los memoriales de 6 y 25 de junio de 2021, y 6 de junio de 2022; sin embargo, observando el principio de pertinencia, se manifestaron sobre todos los agravios expuestos por los terceros interesados, en su memorial de 18 de junio de 2021, tomando en cuenta la respuesta de la impetrante de tutela, tal cual se exteriorizó en el punto I.3 del Auto de Vista 123/2024, sin obviar punto alguno como erróneamente indicó la prenombrada; pues, fueron los terceros interesados quienes recurrieron en grado de apelación contra la resolución revocada, y no asi la solicitante de tutela; e) Se señaló que por el objeto y fin del contrato demandado, se debió declarar la ejecutoria taxativamente y de forma escrita; afirmación que fue en contra del principio de legalidad, ya que el art. 398 -se entiende del CPC- es claro respecto a las causales para declarar la ejecutoria de un fallo y que la misma adquiera calidad de cosa juzgada; por lo que, la accionante, al no haber ejercido su derecho de acción dentro el plazo de diez días para recurrir en casación contra el Auto de Vista de 5 de febrero de 2016, la misma adquirió calidad de cosa juzgada por simple previsión de la ley, operando negligencia propia en la prenombrada; ocurriendo lo mismo con el proveído de 11 de abril de 2016; f) Resultaría ilógico que se vieran obligadas a exigir la ejecutoria de la citada Sentencia, por el simple hecho de que la impetrante de tutela sea una persona adulta mayor; lo cual, se dio exclusivamente por imperio de la ley; y, g) Se otorgó el valor probatorio a cada una de las pruebas cursantes en el cuaderno de apelación, advirtiendo aquello en el punto II.4 del Auto de Vista confutado.
Víctor Claure Montaño, Reina Alicia Camacho de Claure y Ariel Víctor Claure Camacho en audiencia de garantías a través de su abogado, refirieron que. 1) El proceso ordinario de cumplimiento de contrato es de data antigua; dentro del cual, la solicitante de tutela planteó incidentes de manera reiterada; 2) El informe de descargo remitido por las autoridades demandadas fue claro; pues, el referido proceso concluyó con el Auto Interlocutorio de ejecutoria de 5 de febrero de 2016; y como emergencia de dicho actuado judicial, el 18 de octubre de 2017, el Juez a quo conminó cumplir la Sentencia de 3 de octubre de 2006; reiterado el 8 de enero de 2018, ordenado la entrega del bien inmueble en cuestión, período en el cual, la accionante tuvo la oportunidad de descargar toda la prueba en su defensa; 3) Mediante Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2018, fueron rechazados todos los incidentes planteados por la nombrada; fallo que no fue objeto de recurso de apelación, habiéndose solicitado únicamente que se cumpla con los arts. 115 y 117 de la CPE; 398, 399 y 400 del CPC; y, 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); 4) Impetraron que se concluya con el proceso; pues, al ser personas adultas mayores no podrían estar a las resultas de los incidentes planteados; y, 5) Se adhirieron al informe presentado por las Vocales demandadas.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución SC2-CBB-AAC-082/2024 de 5 de septiembre, cursante de fs. 234 a 239 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) En el Auto de Vista 123/2024, las autoridades demandadas puntualizaron los agravios señalados en el memorial de 28 de junio de 2021, con relación al Auto Interlocutorio de 18 de igual mes y año; ii) El citado fallo, sería congruente con el recurso de apelación formulado por los terceros interesados, en función al art. 265.I del CPC; iii) En su estructura, el referido Auto de Vista detalló los puntos de agravio; conteniendo en el punto I, los antecedentes del proceso; de manera sucinta los argumentos del Auto Interlocutorio apelado; el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021; en el punto II, se plasmaron los fundamentos y análisis de los institutos de la cosa juzgada, la preclusión de los actos procesales; y, en el acápite II.4 se ingresó a resolver el recurso de apelación formulado, realizando las consideraciones inherentes al caso, concluyendo de manera congruente en la parte resolutiva con la revocatoria del Auto Interlocutorio cuestionado; iv) No se cumplió con la debida carga argumentativa para demostrar que la falta de valoración de los elementos de prueba, jurídicos y fácticos, pudieran tener incidencia en el Auto de Vista 123/2024, al haberse revocado y rechazado el incidente de nulidad de obrados o que pueda variar en su contenido si se ordenaría el pronunciamiento de una nueva resolución en atención a la tutela solicitada, “…siendo imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llego a practicarse, no obstante de haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución Final; o cual debió ser la resolución, por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia e prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por si misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse…” (sic); v) La acción de amparo constitucional no puede activarse para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta o indebida aplicación de las mismas; maxime, si la impetrante de tutela no cumplió con la debida carga argumentativa para considerar que la decisión asumida vulneró sus derechos y garantías constitucionales; pues, se limitó a solicitar que se deje sin efecto el citado Auto de Vista, equiparando este mecanismo de defensa a una instancia casacional; más aún, si eludió los presupuestos para ingresar a la interpretación de la legalidad ordinaria conforme señaló la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre; y, vi) Sobre la determinacion ultra petita alegada, con relación a la condición de los terceros interesados -personas adulta mayores-, el nuevo orden constitucional obliga a las autoridades judiciales y administrativas a realizar consideraciones respecto a ese grupo vulnerable, cuya protección en el ámbito ordinario como constitucional cuenta con una protección reforzada.
Mediante decreto constitucional de 23 de octubre 2024, cursante de fs. 247, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido la misma, se reanudó el computa del plazo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 20 de diciembre de 2024 (fs. 255); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de término legal. Asimismo, al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato seguido por Víctor Claure Montaño, Reina Alicia Camacho de Claure y Ariel Víctor Claure Camacho -terceros interesados- contra Lucy Fernández Arce -accionante- ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba, la última nombrada el 13 de septiembre de 2018,formuló incidente de nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el decreto de 18 de octubre de 2017, lo cual fue complementado mediante escrito remitido el 1 de diciembre de 2020 (fs. 26 a 27 vta. y 33 a 43).
II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021, el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba, anuló obrados “hasta fs. 288”, dejando sin efecto la providencia de 18 de octubre de 2017 y posteriores actuaciones, disponiendo en su lugar que: “…Agotados todos los recurso[s], conforme el art. 398 n[ú]m. 1 del [C]ódigo [P]rocesal [C]ivil, SE DECLARA EJECUTORIADA, la Sentencia de 3 de octubre de 2.006 (…) modificada por Auto de Vista de 5 de febrero de 2.016 (…) INICIÁNDOSE EL PROCESO DE EJECUCIÓN, de la referida sentencia (…) por lo que de conformidad a la sentencia ejecutoriada (…), SE CONMINA a la demandada LUCY FERNÁNDEZ ARCE, a objeto de que cumpla con el contrato de 10 de enero de 2.002, cumpliendo con su obligación de pagar la suma de $us. 19.000.- a favor de los demandantes, dentro del tercer día de su notificación con la presente resolución… Caso contrario SE DISPONDRÁ LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE 10 DE ENERO DE 2.002 Y la demandada deberá proceder a la devolución del inmueble otorgado en compromiso de venta…” (sic [fs. 45 a 48 vta.]). II.3. Mediante escrito presentado el 28 de junio de 2021, Milton Guillermo Camacho Salazar en representación de los terceros interesados, interpuso recurso de apelación contra el supra mencionado Auto Interlocutorio, solicitando se revoque el mismo y se mantengan firmes los actuados anulados desde “fs. 288” (fs. 50 a 54 vta.). II.4. Por memorial presentado el 6 de julio de 2021, la impetrante de tutela respondió al recurso de apelación formulado por los terceros interesados contra el Auto Interlocutorio de 18 de junio de ese año (fs. 58 a 66 vta). II.5. A través del Auto de Vista 123/2024 de 3 de junio, Clelia Elizabeth La Fuente Torrico y Zullma Raiza García Basualdo, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandadas-, revocaron el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021; y, rechazaron el incidente de nulidad interpuesto por la peticionante de tutela mediante el memorial de 13 de septiembre de 2018, conforme el art. 340 del CPC (fs. 94 a 98 vta.).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva y a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; y, del principio de seguridad jurídica; toda vez que, las Vocales demandadas a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 123/2024 de 3 de junio, en un fallo ultra petita, omitieron la compulsa de cada uno de los argumentos y pruebas que acompañó a tiempo de responder al recurso de apelación formulado por el tercero interesado contra el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021, habiendo entendido que la ejecutoria de la Sentencia de 3 de octubre de 2006, debía ser bajo un alcance teórico de ejecutoria implícita -que se genera por el solo transcurso del tiempo-, y teoría de ejecutoria consentida o acto consentido voluntario. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, concluyó que: «…El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental.
Así, las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, “…5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…” (SCP 0100/2013 de 17 de enero).
Sobre el segundo contenido; es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’” desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.
“b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’.
b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’.
En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.
(…)
b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”» (las negrillas nos corresponden).
Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, que a su vez citó a la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, señaló que: «“…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’.
(…)”.
La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…» (énfasis añadido).
Sobre ese tópico, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, estableció que: “Al tratarse la problemática planteada de omisiones indebidas que se hubieren suscitado dentro de un acto resolutivo materializado en una resolución dictada en apelación, cabe señalar de manera general que toda resolución, en lo que concierne al fondo de la misma, debe ser debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a exponer todos los fundamentos de hecho y derecho en la parte de fundamentación jurídica, la misma que por una parte, deberá guardar consecuencia con la parte de relación de los hechos, en la que resulta obvio se deberá exponer todo cuanto hubiera sido argumentado por las partes; y por otra, dicha fundamentación deberá ser congruente con la parte resolutiva que tendrá a su vez que ser coherente con la fundamentación y el petitorio de las partes apelantes.
…Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación” (las negrillas son nuestras).
En relación a dicho principio como uno de los elemento del debido proceso, reiterando entendimientos jurisprudenciales anteriores, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, sostuvo que, es: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas y subrayado nos corresponden). Entendimiento que fue reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a este principio estructurante del debido proceso, expresó que: “El debido proceso se integra por diferentes elementos que viabilizan las garantías mínimas del justiciable; así, la congruencia de las resoluciones judiciales, constituye el debido proceso. Al respecto, Guillermo Cabanellas, entiende al principio de congruencia como: ‘Oportunidad, conveniencia entre preguntas y respuestas; entre demandas y concesiones o resoluciones. II Conformidad entre el fallo judicial y las pretensiones plateadas por las partes.
Las sentencias deben ser congruentes con las súplicas de las demandas, de su contestación o de su reconvención, sin que hechos posteriores a la discusión escrita puedan modificar los términos en que fue trabada la litis. La discrepancia entre sentencia y demanda permite los recursos establecidos por los códigos de procedimiento…’. En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos corresponden).
Establecido el marco jurisprudencial para el examen del presente caso y delimitado el objeto procesal para su estudio, de la revisión y confrontación de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato seguido por los terceros interesados contra la accionante, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Cochabamba, la última nombrada formuló incidente de nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el decreto de 18 de octubre de 2017 (Conclusión II.1); en sustanciación del mismo, mediante Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021, el Juez de la causa, anuló obrados “hasta fs. 288”, dejando sin efecto el mencionado decreto y posteriores actuaciones, disponiendo en su lugar que: “…Agotados todos los recurso[s], conforme el art. 398 n[ú]m. 1 del [C]ódigo [P]rocesal [C]ivil, SE DECLARA EJECUTORIADA, la Sentencia de 3 de octubre de 2.006 (…) modificada por Auto de Vista de 5 de febrero de 2.016 (…) INICIÁNDOSE EL PROCESO DE EJECUCIÓN, de la referida sentencia (…) por lo que de conformidad a la sentencia ejecutoriada (…), SE CONMINA a la demandada LUCY FERNÁNDEZ ARCE, a objeto de que cumpla con el contrato de 10 de enero de 2.002, cumpliendo con su obligación de pagar la suma de $us. 19.000.- a favor de los demandantes dentro del tercer día de su notificación con la presente resolución… Caso contrario SE DISPONDRÁ LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE 10 DE ENERO DE 2.002 Y la demandada deberá proceder a la devolución del inmueble otorgado en compromiso de venta…” (sic [Conclusión II.2.])
En virtud a dicha determinacion, Milton Guillermo Camacho Salazar en representación de los terceros interesados, mediante escrito presentado el 28 de junio de 2021, interpuso recurso de apelación contra el mencionado Auto Interlocutorio, solicitando se revoque el mismo y se mantengan firmes los actuados anulados desde “fs. 288” (Conclusión II.3); impugnación respondida, por la impetrante de tutela a través del memorial presentado el 6 de julio de 2021 (Conclusión II.4); consecuentemente, las autoridades demandas mediante Auto de Vista 123/2024 de 3 de junio, revocaron el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021; y, rechazaron el incidente de nulidad interpuesto por la peticionante de tutela mediante el escrito de 13 de septiembre de 2018, conforme el art. 340 del CPC (Conclusión II.5). Ahora bien, precisados dichos antecedentes, la peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva y a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico; y, del principio de seguridad jurídica; toda vez que, las Vocales demandadas a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 123/2024, en un fallo ultra petita, omitieron la compulsa de cada uno de los argumentos y pruebas que acompañó a tiempo de responder al recurso de apelación formulado por el tercero interesado contra el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021, habiendo entendido que la ejecutoria de la Sentencia de 3 de octubre de 2006, debía ser bajo un alcance teórico de ejecutoria implícita -que se genera por el solo transcurso del tiempo-, y teoría de ejecutoria consentida o acto consentido voluntario, lo cual transgredió sus derechos.
Sobre el tema, a objeto de resolver la problemática planteada, en relación a la supuesta vulneración del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia, corresponde precisar los fundamentos expresados por las Vocales demandadas en el Auto de Vista 123/2024; en ese contexto, a partir del acápite I.3 del citado fallo, atendiendo al recurso de apelación formulado por el tercero interesado contra el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2018, las referidas autoridades, previamente determinaron los hechos atribuidos a las partes procesales, exponiendo los aspectos fácticos pertinentes; vale decir, el desarrollo descriptivo de los antecedentes que dieron lugar a la impugnación, haciendo alusión al instituto de la cosa juzgada y el principio de preclusión, refiriendo asimismo la doctrina legal aplicable respecto al debido proceso; convergiendo finalmente en la resolución del recurso formulado, determinando revocar Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021, y en consecuencia, rechazar el incidente de nulidad formulado por la impetrante de tutela el 13 de septiembre de 2018; en relación a ello, explicaron los hechos acaecidos durante la tramitación de la causa, trayendo a colación antecedentes de la demanda ordinaria de cumplimiento de contrato interpuesta por los terceros interesados, y en definitiva pasando a resolver los agravios expresado en el recurso de apelación de 28 de junio de 2021; por lo cual, de manera general en función a los fundamentos jurídicos esbozados en dicho fallo, sostuvieron en suma que la ejecutoria de una resolución tácita se adquiere automáticamente cuando la parte involucrada decide no recurrir la sentencia; es decir, sin la necesidad de una declaración adicional del juzgador; por lo que, al no haber la impetrante de tutela recurrido de casación el Auto de Vista de 5 de febrero de 2016, consolidó el fallo como definitivo y obligatorio por efecto de la ley; por lo que, tras la notificación del proveído de “CUMPLASE” de 11 de abril de 2016, el 19 del señalado mes y año, a partir del día siguiente hábil la demandada en la causa de origen -ahora accionante- debía cumplir con el contrato de 10 de enero de 2002, mediante el pago de $us19 000.-, habiendo vencido dicho plazo el 24 de abril de 2016, por cuanto, no se necesita más que la solicitud del demandante en dicha causa para iniciar la etapa de ejecución de sentencia ante el incumplimiento del pago, motivo suficiente para declarar resuelto el contrato de 10 de enero de 2002, concluyendo en consecuencia, que la determinación asumida por el Juez a quo resultaba vulneratoria; por otro lado, resaltaron en sus fundamentos el respeto y resguardo de los derechos y garantías constitucionales consagrados por la Norma Suprema y la garantía del debido proceso; asi como, los principios en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, reprochando en consecuencia la decisión asumida por el Juez de la causa, advirtiendo que desde que se interpuso la demanda, hasta la ejecutoria de la Sentencia de 3 de octubre de 2006, habían transcurrido más de doce años, aspecto que vulneraría el derecho de acceso a la justicia pronta y oportuna, para que bajo el criterio de “dar oportunidad a la parte demandada”, se pretenda anular obrados, habiendo transcurrido cerca de cinco años de la ejecutoria; pues, la accionante tuvo un sin fin de oportunidades para cumplir su obligación, pretendiendo ahora retrotraer etapas ya fenecidas por su dejadez, no atribuibles los terceros interesados que aguardaron más de veinte años que se haga justicia respecto a su pretensión; y, sin considerar que los nombrados serían adultos mayores que gozan de un trato preferencial. En ese orden, si bien en el Auto de Vista 123/2024, se advierte argumentos puntuales en sustanciación del recurso apelación interpuesto por el tercero interesado contra el Auto Interlocutorio de 18 de junio de 2021; pese a que las Vocales demandas circunscribieron su decisión a lo previsto en el art. 265.I del Código Procesal Civil y haber aludido a la respuesta proferida por la impetrante de tutela, no consideraron los argumentos expuestos por la nombrada, en el memorial de contestación al citado recurso de apelación; toda vez que, en el punto “II.- RESPUESTA AL RECURSO DE APELACION.-” (sic); en lo sustancial, manifestó, que efectivamente se pronunció la Sentencia de 3 de octubre de 2006, y de acuerdo a los antecedentes de la causa se emitió el Auto de Vista de 5 de febrero de 2016, que confirmó la Sentencia de 3 de octubre de 2006, y dejó sin efecto lo previsto por el art. 538 del Código Civil (CC), aspecto que supuestamente hubiera sido notificado a su abogado el 8 de marzo de ese año; que habiéndose devuelto el expediente mediante decreto el 11 de abril de igual año, el Juez de la causa determinó cúmplase; en consecuencia, el tercero interesado pidió se declare caduco el plazo de cumplimiento de obligación, pronunciándose el decreto de 18 de octubre de 2017 de “fs. 288”, estableciendo: “Estando ejecutoriada la sentencia que cursa en obrados, antes de disponer lo que corresponde, la parte demandante procede a la devolución del monto recibido como anticipo de la suma de $us.10.000 por lo cual por secretaria expídase el formulario de depósito judicial correspondiente…” (sic), siendo una decisión arbitraria y atentatoria a sus derechos; toda vez que, no existiría una resolución expresa de determinación de resolución de contrato, sin darle lugar al cumplimiento de la obligación; en ese marco, -mencionando Autos Supremos, Sentencias Constitucionales y normativa adjetiva- se refirió al cumplimiento de la calidad de la cosa juzgada, a las nulidades en ejecución de sentencia, señalando que cuando no se ha puesto en conocimiento a través de una ejecutoria y conminatoria un pago que ya había realizado, afectaría su derecho; por otro lado, refiriéndose a la resolución impugnada, señaló que a efectos de computar los plazos dispuestos en una sentencia, debió existir una resolución expresa de ejecutoria; en virtud al cual, recien se iniciaría la fase de ejecución tal cual dispone el art. 397.I del CPC; lo contrario significaría ingresar a un caos jurídico; siendo alegaciones que no fueron consideradas por las Vocales demandadas a tiempo de fundamentar el referido Auto de Vista, de tal forma que contenga un análisis integral de los antecedentes esbozados por las partes, y en virtud a lo cual, cumplir con los postulados del debido proceso. En ese contexto, nótese, que la accionante en su respuesta al recurso de apelación interpuesto por el tercero interesado, presentó como motivo de su reclamo, que el 11 de abril de 2016, el Juez de la causa emitió el decreto de cúmplase, mismo que habría sido notificado el 19 de igual mes y año, y en razón a ello el tercero interesado solicitó se declare caduco el plazo de cumplimiento de la obligación, emitiéndose el decreto de 18 de octubre de 2017, el cual sería atentatorio a sus derechos; empero, de la revisión de los antecedentes arrimados a la presente causa, también consta el Auto Interlocutorio de 18 de junio de ese 2021 (Conclusión II.2), que a tiempo de anular obrados dejó sin efecto la providencia de 18 de octubre de 2017, y a continuación declaró ejecutoriada la Sentencia de 3 de octubre de 2006, determinacion última que deja en evidencia que se pretendió regularizar el inicio de la etapa de ejecución del citado fallo, -al declarar la referida ejecutoria-; aspecto que al ser demandado por la accionante en su memorial de contestación y en la presente acción de defensa, deja entrever que en sede de la jurisdicción ordinaria no se encuentra claramente determinado el inicio de la fase de ejecución de sentencia; correspondiendo garantizar el cumplimiento de la misma, a partir de la notificación con el decreto de cúmplase emitido el 11 de abril de 2016; bajo esa óptica, se debe tomar en cuenta, que de acuerdo con lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, los tribunales de apelación deben circunscribir su competencia a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada, pero además a las contestaciones del o los recursos formulados, observando el principio de congruencia en todas sus dimensiones; es decir, “…la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación” (SC 0682/2004-R [las negrillas fueron añadidas); en consecuencia, ante la inobservancia de la referida línea jurisprudencial, las Vocales demandadas generaron que el fallo cuestionado carezca de congruencia externa prevista por la jurisprudencia constitucional, misma que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución), conforme se precisó en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; lo cual, implica además establecer una decisión debidamente fundamentada y motivada y congruente. Por lo precedentemente señalado, se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su componente de congruencia externa, al pronunciar el Auto de Vista 123/2024 por parte de las Vocales demandadas, siendo -en tal sentido-, viable en consecuencia la tutela que brinda esta acción de defensa. La peticionante de tutela también manifiesta que se lesionó el debido proceso en su componente valoración de la prueba, los derechos a la tutela judicial efectiva y a la aplicación objetiva de la norma; empero, más allá de ser enunciados, no expresó argumentos claros y precisos para ser considerados por este Tribunal; por lo que, corresponde su denegatoria sobre ese aspecto.
En relación a la infracción del principio de seguridad jurídica, el mismo no es tutelable a través de la acción de amparo constitucional, salvo que se halle en directa vinculación con un derecho fundamental o garantía constitucional; lo cual, no fue establecido por la impetrante de tutela. Finalmente, no corresponde disponer el pago de daños y perjuicios; toda vez que, no existe fundamento alguno que refiera como se produjeron los mismos, ello en virtud al carácter facultativo establecido en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ni costas procesales.
En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución SC2-CBB-AAC-082/2024 de 5 de septiembre, cursante de fs. 234 a 239 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 123/2024 de 3 de junio, ordenando a la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitir uno nuevo, conforme los fundamentos jurídicos expresados en este fallo constitucional; 2° DENEGAR la tutela, en relación los derechos al debido proceso en su componente valoración de la prueba, a la tutela judicial efectiva y a la aplicación objetiva de la norma, asi como al principio de seguridad jurídica; y, 3° Sin lugar al pago de costas, daños y perjuicios. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Presidente; siendo de Voto Disidente la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0725_2024-S2.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): ff3318a5f8dd5384b1b82d9ee01d14510b833608ae085879ecdc46f53acaf9d2
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