Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de diciembre de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a no ser procesado dos veces por el mismo hecho, a la vida, a la libertad, de locomoción y a un proceso justo y equitativo; alegando que, el Fiscal de Materia demandado profirió acusación formal en su contra, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado; pese a que, por el mismo delito con iguales hechos fue sustanciada una primera causa penal, en la cual se dictó la Sentencia 12/2014 de 13 de agosto, que se encuentra ejecutoriada; por lo que, existe identidad de sujeto, objeto y causa entre ambos procesos, resultando contrario al principio del non bis in idem y generando afectación a su derecho a la libertad.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 28/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 169 a 171 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente en relación al derecho al debido proceso en su componente de non bis in idem, vinculado con la libertad y libertad de locomoción, así como por el derecho de acceso a un proceso justo y equitativo, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en relación al derecho a la vida, por las consideraciones expuestas.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0724/2024-S2 Sucre, 23 de diciembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 53136-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 169 a 171 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fidel Enrique Gamboa Careaga en representación sin mandato de Edwin Eduardo Ramos Burgos contra Franz Imber Huanay Cáceres, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 150 a 159 vta., el accionante a través de su representante, manifestó que:
En agosto de 2009, Hugo Raúl Montero Lara, entonces Viceministro de Lucha contra la Corrupción, presentó denuncia penal contra Alberto Luis Aguilar Calle, Patricia Katherine Jaldín Jallaza, Víctor Hugo Moreno Sotomayor, Tomas López Villarte y Fidel Gutiérrez Martínez, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otro; posteriormente, el 28 de febrero de 2011, el Presidente de la Cámara de Artesanos Micro y Pequeños Empresarios del Occidente “Campeo” representado por Alex Vladimiro Gamboa Rodríguez, se adhirió a la denuncia y amplió por los ilícitos de conducta antieconómica y otros contra los prenombrados; y, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, estafa, contratos lesivos al Estado y subcontrataciones no autorizadas en su contra, como representante legal de PROINTEC Sociedad Anónima (S.A.) y otros.
El 13 de abril de 2011, Aldo Ángel Morales Alconini, Alfredo Edwin Santos y René Santos Saravia, Fiscales de Materia, comunicaron al Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, la ampliación de la investigación en su contra, por la presunta comisión de los delitos de peculado, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión. Ante la denuncia efectuada, por memorial de 18 de octubre de 2011, realizó su presentación espontánea solicitando se fije día y hora para prestar su declaración informativa, misma que la realizó el 19 de diciembre de ese año, por los citados delitos, además incluido estafa, contratos lesivos al Estado, subcontrataciones no autorizadas, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y otros; empero, el 4 de enero de 2012, el Ministerio Público presentó acusación formal contra los demás imputados y no emitió requerimiento conclusivo en su contra, pese a que estuvo contemplado en la ampliación de la investigación; en ese sentido, los hechos juzgados fueron: a) Se realizó un contrato sin verificar la Certificación Presupuestaria en un proceso de licitación por el monto referencial manejado en el proceso de contratación de la suma de Bs11 475 000.- (once millones cuatrocientos setenta y cinco mil bolivianos); b) El 30 de abril de 2019, Alberto Luis Aguilar Calle, entonces Prefecto del departamento de Oruro, de forma irregular suscribió un contrato con la empresa PROINTEC S.A. por la suma de Bs10 379 899,40.-(diez millones trescientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve 40/100 bolivianos); c) En el indicado contrato se advierte irregularidades como el hecho que a la firma del mismo, no se tenía el presupuesto inscrito ni siquiera para cubrir el anticipo del 20%; d) El 4 de mayo de 2009, la Secretaría Departamental de Planificación y Desarrollo, realizó una modificación presupuestaria afectando el decremento de la Partida 46210, incrementando el presupuesto en Bs215 059,88.- (Doscientos quince mil cincuenta y nueve 88/100 bolivianos) correspondiente al 20% del total del contrato, anticipo otorgado a la referida empresa recién el 2 de junio de 2009, después de treinta y un días de la firma del contrato; e) Con dicho contrato suscrito con la Empresa PROINTEC S.A., también refiere el estudio de localización de Puerto Seco de Oruro; empero, el entonces Prefecto del departamento de Oruro, realizó el pago por un trabajo similar de consultoría ocasionando daño económico; f) Tomás López permitió la suscripción del contrato con PROINTEC S.A., con una duplicidad de objetivos, respecto al estudio de localización de puerto Seco de Oruro, considerando que la empresa denominada Asociación Internacional de Profesionales de Puertos y Costas (AIPPYC) ya efectuó ese estudio de localización, consiguientemente el pago por un trabajo de consultoría similar, ha ocasionado daño económico al Estado, advirtiéndose el ánimo de favorecer a la empresa PROINTEC S.A., evidenciándose la inexistencia de productos o resultado de esas consultorías observadas; y, g) Se tuvo un comportamiento de favorecer a la Empresa PROINTEC S.A. mediante informe de revisión de documentos de 7 de abril de 2009, dirigido a Tomás López Villarte, en su condición de Responsable del Proceso de Contratación en Licitaciones Públicas, habiéndose hecho referencia que la empresa PROINTEC S.A. cuenta con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1003075025; sin embargo, de la Certificación emitida por Juan Yero Delgado Bueno, Jefe del Departamento de Recaudaciones del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de 21 de septiembre de 2009, dicha empresa no contaría con NIT; incluso el mismo informe indica haber verificado la documentación de todo el personal clave ofertado por la indicada empresa, nombrando a Gustavo Anschutz -ingeniero-, quien resultó ser Presidente de la empresa AIPPYC con sede en Buenos Aires-Argentina, la cual ejerció en primera instancia el estudio de Localización de Puerto seco de Oruro y lamentablemente ese mismo estudio fue concedido a la Empresa PROINTEC S.A. De esta forma se hace una calificación de varios delitos donde su persona y la empresa a la cual representa, son involucrados con una serie de aseveraciones, viéndose perjudicados económica, moral, confiabilidad y hasta en su honor como persona y empresa internacional, pues incluso llegó a mencionarse que la comisión calificadora de la citada Prefectura, para la tercera licitación en su segunda instancia, no elaboró los cuadernos de calificación del personal clave de la empresa PROINTEC S.A., y que supuestamente varios de los certificados que avalaron su experiencia de trabajo en los países de Argentina y Uruguay, así como en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz hubiesen sido suplantados y falsificadas las firmas de los mismos, siendo estos hechos por los que ahora viene siendo investigado y acusado por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado. Sobre la base de lo expuesto, sostiene que es perseguido ilegalmente, pues es juzgado por los mismos hechos que ya fueron investigados, donde existe una Sentencia condenatoria ejecutoriada, pues: 1) El 10 de noviembre de 2016, Víctor Hugo Vásquez Mamani, interpuso otra denuncia penal en su contra como representante de la empresa PROINTEC S.A., por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, la cual fue admitida el 30 de igual mes y año, causa penal signada como ORU1604035; y, 2) De forma posterior, el 28 de marzo de 2022, Franz Imber Huanay Cáceres, Fiscal de Materia -demandado- lo imputó formalmente por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, por los hechos relacionados a la contratación, adjudicación y realización del proyecto Oruro - Puerto Seco que estuvo a cargo de PROINTEC S.A., luego el 31 de octubre del citado año, es acusado por el citado delito. Manifiesta que, en ambos procesos penales, tanto el signado con el Caso ORU0900817 con IANUS 200912800, como en el proceso ORU1604035 y Número de Registro Judicial (NUREJ) 201605199, el hecho que se juzga es el proceso de “Contratación, adjudicación y Realización del Proyecto Oruro – Puerto Seco encomendado a la Empresa PROINTEC S.A. a la cual representa el señor EDWIN EDUARDO RAMOS BURGOS” (sic), lo que se ve reflejado en las denuncias de ambos procesos penales sumado a que tanto, en la Sentencia 12/2014 como en la acusación, el hoy solicitante de tutela es parte, habiendo sido investigado y procesado por la presunta comisión de los delitos de peculado, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión en el Caso ORU1604035 y en el signado con NUREJ 201605199, es procesado por los delitos de ejercicio indebido de la profesión falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, encontrándose ante el juzgamiento del mismo hecho en dos procesos penales. En el último caso que viene promoviendo el Fiscal de Materia demandado, le han sido impuestas medidas cautelares que restringen su derecho de locomoción, sin considerar que concurren los mismos motivos, hechos y delitos que generaron el primer proceso penal antes descrito; por lo que, está siendo perseguido ilegalmente, vulnerando la garantía del non bis in idem, citando al respecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “1764/2014-R”, “726/2014” y “005/2015”, generándose un peligro a su derecho a la vida, considerando el entendimiento de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, respecto a que el entonces denominado hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, hoy acción de libertad, opera ante la afectación del debido proceso en relación a la celeridad vinculada al derecho a la libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a no ser procesado dos veces por el mismo hecho, a la vida, a la libertad, de locomoción y a un proceso justo y equitativo, citando al efecto los arts. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: i) El cese de toda persecución ilegal en su contra dentro del proceso penal con NUREJ 201605199; y, ii) Que el Fiscal de Materia demandado retire el pliego acusatorio en su contra dentro de la referida causa, presentada el 1 de noviembre de 2022 y disponga el archivo de obrados.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 165 a 168 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante ratificó los argumentos del memorial de la acción de libertad interpuesta y ampliándolos en audiencia de garantías manifestó que: a) En agosto de 2009, Hugo Raúl Montero Lara, presentó una denuncia penal alegando que existían irregularidades respecto a la contratación de una empresa para que realice el diseño final de Puerto Seco de Oruro, iniciándose la investigación y posteriormente se dictó la Sentencia “12/2014” que fue ejecutoriada; en esta causa se amplió la investigación a varias personas incluyéndolo; por lo que, en su momento declaró ante el Ministerio Público; empero, al dictarse la acusación fiscal correspondiente, no fue contra su persona; b) La persecución ilegal que sufrió se debió a una nueva denuncia penal por iguales hechos que fueron investigados en el indicado primer proceso penal; es decir, la contratación de su empresa, el tema presupuestario y otros; en consecuencia, está siendo procesado dos veces por un mismo hecho e iguales tipos penales aunque varíen ciertas circunstancias; y, c) En la última causa, el Fiscal de Materia solicitó se le imponga la medida extrema de la detención preventiva; empero, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su arraigo, y la obligación de pagar una multa de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos), y “…firmar los lunes en el Juzgado y los viernes en el Ministerio Público…” (sic), lesionando de esta manera sus derechos a la libertad y locomoción, solicitando se conceda la tutela.
Franz Imber Huanay Cáceres, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías manifestó que: 1) En cuanto a la acción de libertad le rige el principio de subsidiariedad; asimismo, no existe un doble juzgamiento, considerando que se trata de dos hechos diferentes; 2) Los procesos aperturados el 2009 y 2011, fueron por la presunta comisión de delitos de orden patrimonial y corrupción, a diferencia de la segunda causa penal que es por uso de instrumento falsificado; es decir, diferentes hechos; 3) El accionante una vez notificado con dicho proceso penal, tuvo la oportunidad de manifestar todo lo expresado en este mecanismo constitucional, o plantear excepciones e incidentes; máxime si se considera lo previsto en el art. 308.3 y 5 -se entiende del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, sobre la excepción por falta de acción y cosa juzgada; sin embargo, el prenombrado no efectivizó ninguna acción, encontrándose con acusación formal concluyendo la etapa preparatoria; y, 4) Dentro la primera causa penal no fue privado de libertad ni existió ilegal persecución; por lo que, solicitó valore la prueba y se deniegue la tutela pedida.
La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 28/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 169 a 171 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) El cese de la persecución ilegal a favor de Edwin Eduardo Ramos Burgos -accionante-, dentro del proceso penal signado con NUREJ 201605199 y en Fiscalía ORU 1604035; y, ii) Se deje sin efecto el pliego acusatorio ante “…un juez de sentencia…” (sic), retirar el mismo y disponer el archivo de obrados; con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedentes, se tiene que el impetrante de tutela fue juzgado doblemente y de forma anterior por un hecho que ya se encuentra con sentencia ejecutoriada; es decir, el proceso penal interpuesto contra Luis Alberto Aguilar Calle, Patricia Castellón Jaldín Jallaza, Víctor Hugo Moreno Sotomayor, Tomás López Villafuentes, Fidel Gutiérrez Martínez, por los delitos de uso indebido de influencias contra el peticionante de tutela como representante legal de la empresa PROINTEC S.A., por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, estafa y contratos lesivos al Estado y subcontrataciones no autorizadas; empero, en el segundo proceso penal, el Fiscal de Materia desplegó su pliego acusatorio contra el solicitante de tutela por los mismos hechos ya juzgados -contratación, adjudicación y realización del proyecto de Puerto Seco-, por los supuestos delitos de uso instrumento falsificado y otro tipo penal; b) Si bien, la justicia constitucional no puede analizar aspectos de fondo de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, puede corregir aspectos que fueron ejecutados con errores y cuando vulneran el debido proceso, como es el presente caso; c) El Fiscal de Materia demandado profirió una imputación en contra del nombrado, y posterior acusación formal, por hechos exactamente iguales a los ya juzgados bajo un nuevo tipo penal; obviando que existe una sentencia ejecutoriada; es decir, hubo valoración de fondo; por lo que, en atención al principio non bis in ídem, y a lo previsto en los arts. 117.II de la CPE y 45 del CPP, no corresponde someter nuevamente al accionante a un procesamiento paralelo o posterior; y, d) Se demostró identidad de sujeto, objeto y causa, denotando un indebido procesamiento; otra cuestión reclamada fue el lugar de residencia y las medidas de carácter personal que le fueron impuestas, que también le generaron perjuicio.
Mediante decreto constitucional de 28 de agosto de 2024, cursante a fs. 176, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria. Habiéndose obtenido esta, se reanudó el cómputo del mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 20 de diciembre del citado año (fs. 180); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo. Asimismo, no habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través del memorial de 28 de febrero de 20211, Alex Vladimiro Gamboa Rodríguez, Presidente de la Cámara de Artesanos Micro y Pequeños Empresarios del Occidente (CAMPEO), se apersona en el caso MP ORU 09008817, adhiriéndose a la denuncia y amplía la misma por la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, estafa, contratos lesivos al Estado, subcontratación no autorizadas contra la empresa PROINTEC S.A. representada por Edwin Eduardo Ramos Burgos (fs. 2 a 6). II.2. Por memorial presentado el 15 de abril de 2011, con IANUS 200912800, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; Aldo Ángel Morales Alconini y René Losantos Saravia, Fiscales de Materia, comunicaron la ampliación de la investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión contra Edwin Eduardo Ramos Burgos -ahora accionante- y otros (fs. 7 y vta.). II.3. El 18 de octubre de 2011, Edwin Eduardo Ramos Burgos, al amparo del art. 223 del CPP, a tiempo de dirigirse a Aldo Morales Alconini, Fiscal de Materia en el caso ORU09008817, efectúa su presentación espontánea y solicita se le tome la declaración respectiva, solicitud que es deferida por requerimiento sin fecha por el mencionado fiscal, señalando día y hora de declaración informativa para el jueves 10 de noviembre del citado año, dando lugar a que el 19 de diciembre del año, dentro del proceso sustanciado por el Ministerio Publico a denuncia del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, contra Alberto Luis Aguilar Calle y otros, por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica y otros, Edwin Eduardo Ramos Burgos preste su declaración informativa (fs. 8 a 11 vta.). II.4. Mediante escrito de 4 de enero de 2012, presentado ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno del departamento de Oruro, los citados Fiscales de Materia formularon acusación formal contra Víctor Hugo Moreno Sotomayor, Alberto Luis Aguilar Calle, Tomás López Villarte, Fidel Gutiérrez Martínez y Patricia Katherine Jaldín Jallaza, solicitando la apertura y celebración del juicio oral (fs. 12 a 29 vta.). II.5. El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, a través de la Sentencia 2/2014 de 13 de agosto, respecto de la denuncia interpuesta por Hugo Raúl Montero Lara, entonces Viceministro de Lucha contra la Corrupción contra Alberto Luis Aguilar Calle, Patricia Katherine Jaldin Daza, Hugo Moreno Sotomayor, Tomás López Villarte y Fidel Gutiérrez Martínez por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, determinó declarar: 1) Alberto Luis Aguilar Calle, autor de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado; 2) Patricia Katherine Jaldin Jallaza, autora de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; 3) Tomás López Villarte, autor de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias; y, 4) Víctor Hugo Moreno Sotomayor, autor de los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y uso indebido de influencias (fs. 30 a 123). II.6. Por memorial de fecha 10 de noviembre de 2016, Víctor Hugo Vásquez Mamani, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, formaliza denuncia contra Edwin Eduardo Ramos Burgos y otros, en su condición de “PERSONAL CLAVE” de la empresa PROINTEC S.A. por la comisión de los delito de ejercicio indebido de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previsto por los arts. 164, 198, 199 y 203 del CP (fs. 124 a 130). II.7. A través de memorial de 30 de noviembre de 2016, presentado al Juez de Instrucción Penal de turno del departamento de Oruro; Jimmy Abdón Calle Mamani, Fiscal de Materia, comunicó el inicio de investigación por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión contra Edwin Eduardo Ramos Burgos (fs. 131). II.8. La representación del Ministerio Público, por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, presenta al Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, imputación formal contra Edwin Eduardo Ramos Burgos, atribuyéndole la probable comisión del delito de uso de instrumento falsificado, previsto por el art. 199 del CP, dando lugar a que la citada autoridad jurisdiccional, por proveído de 25 del mismo mes y año, disponga tenerse presente el requerimiento de referencia y señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 14 de abril del merituado año, disponiéndose la notificación personal del imputado (fs. 133 a 140). II.9. Por escrito de 31 de octubre de 2022, con NUREJ 201605199, presentado ante el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, Franz Imber Huanay Cáceres, Fiscal de Materia -demandado-, formuló acusación formal contra Edwin Eduardo Ramos Burgos, como representante de la Empresa PROINTEC S.A. por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado (fs. 141 a 148).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a no ser procesado dos veces por el mismo hecho, a la vida, a la libertad, de locomoción y a un proceso justo y equitativo; alegando que, el Fiscal de Materia demandado profirió acusación formal en su contra, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado; pese a que, por el mismo delito con iguales hechos fue sustanciada una primera causa penal, en la cual se dictó la Sentencia 12/2014 de 13 de agosto, que se encuentra ejecutoriada; por lo que, existe identidad de sujeto, objeto y causa entre ambos procesos, resultando contrario al principio del non bis in idem y generando afectación a su derecho a la libertad.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0904/2021-S2 de 1 de diciembre, sostuvo que: “La acción de libertad es una acción de defensa instituida en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que se rige por el principio de informalismo, y puede ser activada de forma oral o escrita por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad personal, por sí o cualquiera a su nombre, solicitando que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. En armonía con lo señalado precedentemente, el art. 47 del mencionado Código, individualiza los casos en los que procede esta acción de defensa, consignándose en el numeral 3 el indebido procesamiento. Bajo ese contexto, y recurriendo a la jurisprudencia constitucional, se advierte que el extinto Tribunal Constitucional en sus inicios respecto al indebido procesamiento acertadamente entendió en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, que: ‘…el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o condena penal…’; además precisó que el recurso de hábeas corpus es: ‘…el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad’. Posteriormente, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, moduló la SC 1865/2004-R, estableciendo que: ‘…cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’. Entendimiento que fue confirmado y reiterado por este Tribunal a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1225/2012, 1328/2012, 1615/2012, 0348/2013, 0250/2013-L, 1133/2013 y 1364/2013, entre otras. No obstante, mediante la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, se produjo un cambio de línea jurisprudencial respecto a la acción de libertad y su vinculación con el indebido procesamiento, donde refirió que: ‘…la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella (…) la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone…’. El anterior razonamiento estuvo vigente solo por unos meses, y atendiendo a la naturaleza de la acción de libertad, este Tribunal recondujo ese entendimiento en la SCP 1609/2014 de 19 de agosto, señalando que: ‘…el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre’. Por la reconducción de línea jurisprudencial, es que el razonamiento desplegado en la SC 0619/2005-R, fue nuevamente aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0996/2014, 0077/2015-S1, 0100/2015-S2, 0135/2015-S3, 0053/2016-S1, 0091/2016-S3, 0085/2017-S3, 0508/2017-S1, 0022/2019-S4, 0047/2019-S3, 0768/2019-S1 y 0012/2020-S2, entre otras. En consecuencia, como puede advertirse, este Tribunal de manera reiterada -exceptuando un corto periodo de tiempo- estableció que la tutela del indebido procesamiento vía acción de libertad, procede cuando los actos procesales denunciados sean la causa directa de la restricción o supresión del derecho a la libertad y que exista estado absoluto de indefensión, siendo ambos requisitos necesarios, concurrentes e indivisibles a fin de abrir la competencia de la jurisdicción constitucional; salvo en los casos de medidas cautelares de carácter personal, en los que no será posible exigir el estado absoluto de indefensión, sino el agotamiento de los medios de impugnación intraprocesal, tal como precisó la SCP 0037/2012 de 26 de marzo” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0707/2015-S2 de 22 de junio, respecto a la prohibición de nuevo juzgamiento sobre el mismo hecho o garantía del non bis in ídem, mencionó lo siguiente: “…el non bis in ídem, posee una triple dimensión al igual que el debido proceso, por cuanto se constituye en un derecho fundamental, una garantía sustantiva y un principio rector del ordenamiento jurídico. Así, se lo reconoce como un derecho humano que forma parte del derecho al debido proceso, a través del art. 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo define en los siguientes términos: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos”, precepto que concuerda con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su art. 14.7, señala que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual hubiese sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”. En su faceta de principio, el non bis in ídem, se constituye en una pauta de obligatoria observancia por parte de quienes administran de justicia y se encuentra a cargo de ejercer la potestad punitiva del Estado. Finalmente, se configura como una garantía normativa constitucional, por cuanto prohíbe el juzgamiento múltiple por identidad de hechos y la doble sanción por el mismo hecho. De donde se infiere que su justiciabilidad es directa y oponible tanto horizontal como verticalmente. Ahora bien, de acuerdo a su estructura jurídico doctrinaria, se ha identificado que, el principio del non bis in ídem, se encuentra compuesto por dos elementos esenciales: a) El material, que garantiza el derecho a no ser sancionado dos o más veces por la infracción del mismo bien jurídico; es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho; y, b) El componente procesal, en virtud del cual, nadie puede ser sometido a doble juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho, garantizándose la prohibición de juzgamiento bajo una calificación jurídica diferente respecto a los mismos hechos; de donde se infiere que la manifestación esencial del principio non bis in ídem es la cosa juzgada, lo que supone la existencia de un proceso cuyo resultado sea una sentencia ejecutoriada que implica el cierre del proceso penal en forma definitiva y firme, lo que impide que el Estado pretenda ejercer su potestad punitiva del contra la misma persona y por los mismos hechos que motivaron un previo enjuiciamiento. Con relación a este principio constitucional, la SC 0962/2010-R de 17 de agosto, señaló: "En cuanto al alcance del principio 'non bis in ídem'; es decir, la prohibición de doble sanción y por ende doble juzgamiento, la jurisprudencia constitucional ha establecido que: '...El principio non bis in ídem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad'. En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho” (las negrillas son nuestras). En el marco de lo referido, conforme a lo previsto por el art. 117.II de la CPE, la finalidad del derecho al non bis in ídem es evitar el doble enjuiciamiento y la aplicación de una doble sanción, siendo la condición o presupuesto para invocar esta garantía jurisdiccional, que se hubiera sustanciado un proceso previo, culminado y que cuente con decisión firme; toda vez que, sólo podrá invocarse en caso de duplicidad de procesos o de sanciones, frente al intento de sancionar nuevamente a la misma persona por los mismos hechos.
El accionante a través de su representante sin mandato, alegó que, el Fiscal de Materia demandado profirió acusación formal en su contra, por la comisión del delito de uso instrumento falsificado; pese a que, por el mismo delito con iguales hechos fue sustanciada una primera causa penal, en la cual se dictó la Sentencia 12/2014 de 13 de agosto, que se encuentra ejecutoriada; por lo que, existe identidad de sujeto, objeto y causa entre ambos procesos, resultando contrario al principio del non bis in idem y generando afectación de su derecho a la libertad. Se colige de antecedentes que, dentro del caso IANUS 200912800, por memorial presentado el 15 de abril de 2011, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; Aldo Ángel Morales Alconini y René Losantos Saravia, Fiscales de Materia, comunicaron la ampliación de la investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión contra el impetrante de tutela y otros (Conclusión II.2); en la misma causa, mediante memorial de 4 de enero de 2012, presentado ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno de la Capital del departamento de Oruro; los Fiscales de Materia formularon acusación formal contra Víctor Hugo Moreno Sotomayor, Alberto Luis Aguilar Calle, Tomás López Villarte, Fidel Gutiérrez Martínez y Patricia Katherine Jaldín Jallaza, solicitando la apertura y celebración del juicio oral (Conclusión II.4).
Por otra parte, a través del memorial de 30 de noviembre de 2016, presentado al Juez de Instrucción Penal de turno del departamento de Oruro; Jimmy Abdón Calle Mamani, Fiscal de Materia, comunicó inicio de investigación por la presunta comisión de los delitos de Falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, contra el peticionante de tutela (Conclusión II.7); y posteriormente, dentro del proceso con NUREJ 201605199, por escrito de 31 de octubre de 2022, dirigido ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del citado departamento; Franz Imber Huanay Cáceres, Fiscal de Materia demandado, formuló acusación formal contra el solicitante de tutela, como representante de la empresa PROINTEC S.A. por el supuesto delito de uso de instrumento falsificado (Conclusión II.9). Consideraciones previas de carácter procesal Ahora bien, contextualizada la problemática planteada, resulta pertinente citar la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, misma que fue contundente en afirmar que, la línea jurisprudencial vigente establece dos requisitos sine qua non para la tutela del indebido procesamiento vía acción de libertad, mismos que condicen con la naturaleza de este mecanismo de defensa, y por tal razón, son de cumplimiento insoslayable; por lo que, corresponde verificar su observancia. De la relación de antecedentes se tiene que el accionante identifica como acto lesivo atribuido al Fiscal de Materia demandado, el hecho de haber emitido la acusación formal en su contra, sin considerar que en un primer proceso penal, cuya investigación le fue ampliada por los mismos hechos y delitos, se dictó la Sentencia 12/2014 que tiene calidad de cosa juzgada; es decir, entre ambas causas penales existe identidad de sujeto, objeto y causa; al respecto, es menester precisar que, de la revisión de obrados, y lo reconocido por el impetrante de tutela, este no se encuentra privado de libertad, aunque si se le impuso otras medidas de carácter personal, conforme afirmó en audiencia de garantías, al señalar que el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su arraigo, y la obligación de pagar una multa de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos) y “…firmar los lunes en el Juzgado y los viernes en el Ministerio Público…” (sic). Ciertamente la emisión de la acusación formal presentada no puede ser considerada como la causa directa para la supresión del derecho a la libertad o la razón por la que se impuso al accionante medidas de carácter personal que limitan su derecho de locomoción; no obstante, tienen una directa vinculación respecto al estado en el que se encuentra el proceso penal, que es la etapa de juicio oral, pues la modificación de la situación jurídica del impetrante de tutela, está vinculado únicamente al hecho de enervar los riesgos riesgo procesales, habida cuenta de la presentación de la acusación formal. En tal sentido, el requerimiento conclusivo de acusación formal presentado por el Fiscal de Materia demandado, si se traduce en un acto que se relaciona de forma directa con la modificación de la situación del impetrante de tutela, que se encuentra con arraigo, la obligación de pagar una multa y la firma en el libro de asistencia, medidas dispuestas que ciertamente limitan el derecho a la libertad de locomoción del mismo; en consecuencia, si se cumplió con el primer presupuesto previsto en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, el cual sostiene que: “…a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión…”. Ahora bien, respecto al segundo presupuesto desarrollado de la misma norma en la SCP 0653/2020-S3 en la jurisprudencia constitucional, se tiene que: “…b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”, aquello ciertamente resulta evidente; toda vez que, de conformidad a lo previsto por el art. 340 y ss. del CPP, que regulan los actos preparatorios del juicio oral, estos no regulan ni establecen en modo alguno la posibilidad de cuestionar o impugnar la presentación del requerimiento conclusivo de acusación. Es por ello que el impetrante de tutela, frente a la presentación del citado acto por parte de la representación fiscal, estuvo en absoluto estado de indefensión; es decir, por mandato normativo no ha podido activar algún mecanismo o recurso previsto en la norma, independientemente que en la fase de juicio oral se habilite una etapa de saneamiento, la posibilidad de activar excepciones e incidentes que no fueron empleadas por el prenombrado; por lo tanto, se concluye que, este segundo presupuesto para tutelar el debido proceso vía acción de libertad también fue cumplido. Consiguientemente, al concurrir los presupuestos previstos en la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Del caso en concreto Ahora bien, a los fines de ingresar al examen del caso, resulta pertinente considerar las Conclusiones II.1, 2, 3, y 4 de este fallo constitucional, de cuyo contenido se advierte inicialmente que el 28 de febrero de 2011, Alex Vladimiro Gamboa Rodríguez, Presidente de la CAMPEO, al interior del caso signado bajo el código MP ORU 09008817, se adhirió a la denuncia y amplío la misma por la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, estafa, contratos lesivos al Estado, subcontratación no autorizadas en contra de la empresa PROINTEC S.A. representada por Edwin Eduardo Ramos Burgos, expresando entre algunos de sus alegatos principales los siguientes: i) El Contrato de Servicios de Consultoría suscrito el 30 de abril de 2009, por Alberto Luis Aguilar Calle, entonces Prefecto del departamento de Oruro y Edwin Eduardo Ramos Burgos, representante de la Empresa PROINTEC S.A., para la elaboración del proyecto a diseño final del “ESTUDIO ORURO PUERTO SECO”, cuyo plazo de servicios fue establecido en trescientos días y finalizo el 31 de mayo de 2010; ii) La cláusula Décimo Octava del citado contrato, establece que los subcontratos no deben exceder el 25% del valor total del contrato y que en la propuesta técnica, PROINTEC S.A. no hizo figurar a ningún profesional fuera del personal clave para un subcontrato, por lo que se incurrió en un delito; iii) De acuerdo a la cláusula Vigésima Séptima, el consultor deberá cumplir con sus obligaciones, asignando al servicio el personal profesional y técnico experimentado; sin embargo, teniendo en cuenta el personal clave de PROINTEC S.A. que permitió la adjudicación del estudio, de acuerdo a las actas levantadas por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, concretamente las de 2 de diciembre de 2010, 14 y 17 de enero de 2011, se cuenta con la participación de profesionales de PROINTEC S.A. que no figuran en la propuesta técnica, menos en la nómina de personal clave, constituyéndose en personal ajeno al proyecto que participa en las negociaciones con el referido Gobierno Autónomo Departamental; y, iv) Refiere también que ninguno de los profesionales de España o de Argentina han solicitado a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia o, al Colegio de Economistas y Administradores de Empresas, el permiso y el pago de su residencia en Bolivia, para realizar trabajos de consultoría en territorio boliviano, habiendo transgredido las normas vigentes de las instituciones de profesionales, Javier Fernández López, el Gerente de Proyecto, Gustavo Anschutz Pérez Olascoaga, Especialista en Ingeniería y Estructura Portuaria; Patricia Ivette Flores Zapata, Especialista en Evaluación de Proyectos en Diseños Portuarios, Zonas de Actividad Logística y Ramas Fines; y Jorge Tesler Reisberg, Especialista en Seguridad Industrial Portuaria. Posteriormente, por memorial presentado el 15 de abril de 2011, con IANUS 200912800, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; Aldo Ángel Morales Alconini y René Losantos Saravia, Fiscales de Materia, comunicaron la ampliación de la investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado, falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión contra Edwin Eduardo Ramos Burgos -accionante- y otros.
En ese estado de antecedentes, el 18 de octubre de 2011, Edwin Eduardo Ramos Burgos, al amparo del art. 223 del CPP, al interior del Caso ORU09008817, efectúo su presentación espontánea y solicitó se le tome la declaración respectiva, solicitud que es deferida y el 19 de diciembre de la indicada gestión prestó la citada declaración, extractándose los siguientes contenidos, vinculados al presente caso: “FISCAL.- El capitán de Ultramar Franklin Duran Ruiz fue presentado por su empresa PROINTEC S.A. como un profesional convalidado al de un MASTER EN INGENIERIA DEL TRANSPORTE INTERMODAL, habiendo revisado su currículo profesional no se encuentra un documento que certifique por autoridad competente para la legalidad de esta contratación?. DECLARANTE.- Debo manifestar que el Sr. Franklin Duran Ruiz a través del Sr. Edwin Duran Ruiz, toma contacto con el equipo técnico de PROINTEC S.A. sucursal Bolivia, ofreciendo sus servicios como especialista en Marina Mercante y Logística, para ello también presento a los profesionales Bolivianos y Argentinos con su respectiva documentación. FISCAL.- Sabe ud. Que la no existencia del mencionado documento a la cual hice referencia en la anterior pregunta inhabilitaba la postulación del ciudadano Franklin Duran Ruiz, personal clave, descalificando la propuesta de la empresa que su persona dirige? DECLARANTE.- No considero que debería ser una causal de inhabilitación, en realidad el proceso ha sido evaluado por una comisión de calificación por entonces de la Prefectura del Departamento de Oruro y como funcionarios públicos, son los responsables de dar validación o no a la documentación presentación para el efecto. FISCAL.- Diga ud. Si conoce a los personeros quienes formaron parte de la Comisión de Calificación que fueron funcionarios de la ex Prefectura de Oruro, de ser así mencione cuáles son sus nombres y apellidos? DECLARANTE.- Debo manifestar que personalmente no los conozco, pero al Sr. Franz Martínez el actual Secretario de Planificación persona con la cual hemos trabajado como contraparte fue parte de la Comisión de Calificación. FISCAL.- Conoce si los ciudadanos Franklin Duran Ruiz y el Ing. Gustavo Anschutz, quienes formaron parte del estudio de localización del proyecto Puerto Seco fueron inhabilitados para el estudio? DECLARANTE.- Desconozco. FISCAL.- Cual es su relación con AIPPYC de la Argentina y ABOMMA de la ciudad de La Paz – Bolivia? DECLARANTE.- No tengo ninguna relación con ambas empresas de ambos países. FISCAL.- Su persona como representante legal de la empresa PROINTEC S.A. sucursal Bolivia, cual es el cargo o función que ocupo en la elaboración del proyecto Oruro Puerto Seco?
DECLARANTE.- Mi persona era el encargado del control de calidad del estudio, como profesional no calificable, es decir que no era parte de los profesionales clave FISCAL.- Su persona conoce el estudio sobre la localización del Puerto Seco de Oruro también denominado Estrategia del Puerto Seco de Oruro, elaborado por AIPYCC y ABOMMA en la gestión 2006? DECLARANTE.- Solo por referencias del ciudadano Franklin Duran Ruiz. FISCAL.- Durante la elaboración del estudio Puerto Seco ud. Cumplió con la contratación del personal clave propuesto por su empresa, según requisitos exigidos por los términos de referencia elaborados por la Ex Prefectura de Oruro? DECLARANTE.- Los términos de referencia o DBC, exige la presencia de un Gerente de Proyecto, el Gerente de Proyecto seleccionaba y contrataba a los diferentes profesionales en estricta coordinación y aprobación con la Prefectura del Departamento de Oruro. Empero debo aclarar que la contratación de los profesionales y/o cambios se realizaban en coordinación y aprobación de la ex Prefectura del Departamento de Oruro” (sic). Posteriormente, a través del requerimiento fiscal de 4 de enero de 2012, presentado ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, Aldo Morales Alconini, Alfredo Santos Canaviri y René Losantos Saravia, Fiscales de Materia, formularon acusación contra Víctor Hugo Moreno Sotomayor, Alberto Luis Aguilar Calle, Patricia Katherine Jaldín Jallaza, Tomás López Villarte y Fidel Gutiérrez Martínez, por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, solicitando la apertura y celebración del juicio oral, para luego ser pronunciada la Sentencia 12/2024 por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, que declaró autores de los ilícitos mencionados a los citados acusados (Conclusión II.5) Es sobre la base de los referidos antecedentes desplegados por el Ministerio Público como por el órgano jurisdiccional que, el impetrante de tutela sostiene que, la nueva denuncia interpuesta por Víctor Hugo Vásquez Mamani en su condición de Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, el 10 de noviembre de 2016, dio lugar al memorial de 30 de noviembre de 2016, por el cual, Jimmy Abdón Calle Mamani, Fiscal de Materia, comunicó al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Oruro, el inicio de investigación por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, contra el peticionante de tutela, que posteriormente desemboco en la imputación formal presentada el 24 de marzo de 2022, para finalmente el 31 de octubre de igual año, dentro del caso signado con NUREJ 201605199, Franz Imber Huanay Cáceres, Fiscal de Materia formulase acusación contra el accionante ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, en su condición de representante de la Empresa PROINTEC S.A. por la presunta comisión del delito de Uso de instrumento falsificado, lo cual se traduciría en un segundo proceso sobre la base de los mismos hechos respecto de los que ya fue investigado y procesado en las gestiones 2011-2012, procesamiento indebido que repercute en su derecho a la libertad y libertad de locomoción. En ese contexto, resulta pertinente y necesario efectuar un breve desglose de las Conclusiones II.8 y 9 de este fallo constitucional, referido a los hechos que sirvieron de base para la presentación de los requerimientos fiscales de imputación y acusación. Teniéndose en tal sentido que, el requerimiento de imputación, presentado el 24 de marzo de 2024, identifica como los hechos base de la probable autoría los siguientes: a) “…en fecha 30 de abril de 2009, se suscribo una minuta de contrato entre la Prefectura del Departamento de Oruro, representada por el Sr. Alberto Luis Aguilar Calle y la Empresa PROINTEC S.A. representada por EDUARDO RAMOS BURGOS, para ese efecto la Prefectura del Departamento de Oruro, mediante convocatoria pública No A-134/08 CUCE N° 08-0354-00-100164-3-1 Tercera Convocatoria, convoca a empresas consultoras para que presten sus documentos administrativos, legales y propuestas técnicas y económicas de acuerdo a los términos de referencia y condiciones establecidas en el documento base de contratación…” (sic); b) “…la Comisión de calificación de la entidad contratante luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizo el análisis y evaluación de las propuestas habiendo emitido el informe final de la calificación y Recomendación al Responsable del proceso de contratación del contratante el mismo que fue aprobado y con base en el cual se pronuncia la Resolución Administrativa de Adjudicación 24/2009 de fecha 9 de marzo de 2009, resolviendo adjudicar la presentación del servicio a la Empresa PROINTEC S.A. por haber sido calificada en primer lugar…”; c) “El objeto de este contrato era que el CONSULTOR (Empresa PROINTEC), se compromete y obliga a prestar todos los servicios necesarios para el servicio de CONSULTORIA para el proyecto a Diseño Final ‘ESTUDIO ORURO PUERTO SECO’, hasta su conclusión, con estricta y absoluta sujeción al contrato, a los documentos que forman parte del mismo y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precios, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación del servicio y características técnicas establecidas en los documentos de contrato (…) el CONSULTOR (Empresa PROINTEC) se obliga a prestar el servicio con el personal profesional idóneo y equipo ofertado, así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de contratación y propuestas presentada” (sic);
d) “Se tiene de antecedentes que este proceso de adjudicación del Proyecto ‘estudio a diseño final Oruro Puerto Seco’, esta colmado de irregularidades y transgresiones a las normas como ser el Decreto Supremo N° 29190 de 11 de julio de 2007, realizado tanto por los servidores públicos responsables y personal de la Empresa PROINTEC S.A., toda vez que el PERSONAL CLAVE propuesto por la referida empresa tanto en la primera como en la tercera convocatoria adjudicación) está compuesta por personal de la ‘Asociación de Marinos Mercantes ABOMNA Sr. Franklin Duran Ruiz con quien se suscribió convenio interinstitucional, siendo uno de sus objetivos desarrollar el proyecto Puerto Seco a diseño final y Asociación Internacional de profesionales en puertos y Costas AIPPYC, con los profesionales Sr. Franklin Duran Ruiz, Ing. Gustavo Anscchutz Perez Oloascoaga, Ing. Jorge Tesler Reisber, aspectos que pueden ser consignados de la experiencia consignada por dichas personas en la propuesta presentada por la Empresa PROINTEC S.A. en la Primera Convocatoria de la Licitación del Proyecto Estudio a diseño final Oruro Puerto Seco, así también proceso de impugnación realizado por la Empresa PROINTEC S.A recurso instaurado en base al antecedente de la no consideración de la experiencia personal clave en el contrato y convenios suscritos en relación al Proyecto Oruro Puerto Seco Plan estratégico Puerto Seco Oruro, conforme se tiene de memorial de impugnación de fecha 29 de julio de 2008, presentado por EDWIN RAMOS BURGOS representante legal de la Empresa PROINTEC S.A. contra la Resolución Administrativa N° 122/2008 de fecha 21 de julio de 2008, aspectos que no fueron observados por los ex funcionarios de la Prefectura del Departamento de Oruro, replicando que se contravino el Art. 22 del Decreto Supremo N° 20190 que expresa IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION. Inc. f) ‘asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido base de contratación’, como se refirió la primera convocatoria donde se hubo presentado la Empresa PROINTEC S.A. se declaró desierta y es en la tercera licitación que se infringe al Decreto Supremo N° 29190, mediante Resolución Administrativa N° 24/2009 de fecha 9 de marzo de 2009, se adjudica el Proyecto a la Empresa PROINTEC S.A licitación claramente irregular, toda vez que, desde la propuesta realizada por la Empresa a la tercera convocatoria se colige que nuevamente se encontraba compuesta por el personal impedido por norma, siendo las siguientes personas Ing. Gustavo Anscchutz Pérez Oloasga, Ing. Jorge Tesler Reisber (personal de AIPPYC) y Cap. Franklin Duran Ruiz (personal de ABOMNA), quienes seguramente advertidos de este impedimento no incluyeron la experiencia de trabajo en la consultoría ‘Plan Estratégico Puerto Seco Oruro’, esto a finalizar su objetivo que era conseguir la adjudicación de proyecto (…) probablemente haciendo uso de influencias” (sic); y, e) “PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS FRAGUADOS DE PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA PROINTEC CON EL OBJETO DE ELEVAR PUNTAJE EN LA CALIFICACION DE PROPUESTAS, es otro de los antecedentes que hace entrever las irregularidades en el proceso de adjudicación del Proyecto a Diseño Final Oruro Puerto Seco es que el personal de PROINTEC S.A. realiza la presentación de documentación fraguada en los files del personal clave propuesto certificaciones de trabajo habrían sido insertados a fin de elevar el puntaje de la evaluación de la Empresa PROINTEC S.A. en el proceso de licitación, lo que en los hechos se consiguió ya que algunos certificados habrían sido intencionalmente insertos en los files de profesionales del ‘personal clave’, como ser Certificado de Trabajo Terminal Enalbe en el Canal Tamergo de Puerto Suarez de la ciudad de Santa Cruz Bolivia, Certificación de Trabajo en el Proyecto de Ferrocarril Motacuito II Terminal Portuario Busch Inter Proyectos de Bolivia SRL. Estudio a Diseño Final del Aeropuerto Internacional Alcantari y otras documentaciones fraguadas y adicionada en los files del personal consignado por la Empresa PROINTEC S.A. (…) llegando a descubriéndose otras irregularidades como ser la presunta falsificación de firmas de las declaraciones juradas en el respectivo formulario que causan daño económico al Estado” (sic). Siendo sobre la base de estos hechos y otros vinculados a servidores públicos de la entonces Prefectura del departamento de Oruro que, el Fiscal de Materia ahora demandado, presentó requerimiento de acusación contra Edwin Eduardo Ramos Burgos por la comisión del delito de uso de Instrumento Falsificado, previsto y sancionado por el art. 230 del CP. Vistos así los antecedentes precitados y conforme al planteamiento del objeto procesal, el impetrante de tutela postula que, al haber el Fiscal de materia hoy demandado presentado acusación en su contra, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, incurre en una transgresión de la garantía del non bis in idem, pues por los mismos hechos refiere que ya fue investigado en la gestión 2011, dictándose la Sentencia 12/2014 de 13 de agosto, que se encuentra ejecutoriada, existiendo en su entender identidad de sujeto, objeto y causa, entre ambos procesos, generándose así la supresión de su derecho a no ser procesado dos veces por el mismo hecho, a la vida, a la libertad, de locomoción y a un proceso justo y equitativo. Al respecto, la SCP 0888/2014 de 12 de mayo, citando la SCP 0003/2013 de 3 de enero, estableció que: “… el ejercicio del ius puniendi tanto en el ámbito penal como para el ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, en el Estado Constitucional de Derecho, encuentra límites específicos en los principios antes señalados, siendo uno de ellos inequívocamente el principio ne bis in ídem ya que éste por su naturaleza jurídica es informador del orden social, configurándose por esta razón como una barrera de contención para el ejercicio del poder estatal, en ese orden, debe establecerse que el ejercicio de los dos ámbitos antes señalados, no puede afectar el 'núcleo esencial' de la prohibición de doble juzgamiento por el mismo hecho, por lo que en este estado de cosas, corresponde precisar que los elementos componentes de esta esfera rígida de la prohibición antes señalada, está conformada por dos aspectos esenciales: 1) El componente material, garantiza el derecho a no ser sancionado dos o más veces por la infracción del mismo bien jurídico. 2) El componente procesal, en mérito del cual, nadie puede ser sometido a doble juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho, por tanto, en base a este elemento, se garantiza la prohibición de juzgamiento ex novo bajo una calificación jurídica diferente de los mismos hechos. En efecto, los aspectos antes señalados, al configurarse como elementos constitutivos del principio non bis in ídem, por el carácter informador que cumplen en el régimen constitucional los principios tal como se señaló precedentemente, inequívocamente deben ser materializados en el ejercicio del ius puniendi tanto en el ámbito penal, cuanto en la potestad administrativa sancionatoria, por tanto, dicha prohibición al ser también una garantía constitucional sustantiva, genera su directa justiciabilidad, en situaciones en las cuales, se pretenda afectar cualquiera de los componentes antes descritos en concurrencia del 'factor identitario'” (negrillas añadidas). Ahora bien, en lo medular del reclamo constitucional, esta jurisdicción llega a establecer que el mérito factual por el cual el impetrante de tutela refiere estar siendo sometido a un doble procesamiento, se encuentra dado por el hecho de que, en su condición de representante de la empresa PROINTEC S.A. participó del Proceso de Contratación Consultoría para el proyecto a Diseño Final “ESTUDIO ORURO PUERTO SECO”, que fue lanzada mediante Convocatoria Pública A-134/08, CUCE 08-0354-00-100164-3-1 Tercera Convocatoria; en cuyo mérito, y tras haber sido adjudicado el proceso a la citada empresa, fue suscrita la minuta de contrato entre la entonces Prefectura del departamento de Oruro representado por Alberto Luis Aguilar Calle y la empresa PROINTEC S.A. representada por Edwin Eduardo Ramos Burgos. Se tiene también como referente que, las empresas proponentes en la citada Convocatoria Pública, debían presentar a personal con determinada experiencia, conforme a los términos de referencia, denominándose “personal clave”, obligándose a prestar el servicio con personal profesional, idóneo y con el equipo ofertado. Es sobre la base de dicha relación contractual y los términos que fueron previamente establecidos, que conforme a las Conclusiones II.8 y 9, la representación fiscal presentó inicialmente imputación y luego requerimiento conclusivo de acusación contra el impetrante de tutela, atribuyéndole la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, siendo los hechos directamente vinculados al prenombrado que, en su condición de representante de la empresa PROINTEC S.A., en el citado proceso de contratación adjuntó y presentó documentos “fraguados” referido al “personal clave” de la precitada empresa, aspecto que a decir de los representantes del Ministerio Público, fue evidenciado en los files del dicho personal, tales como Certificaciones de Trabajo Terminal Enalbe en el Canal Tamergo de Puerto Suárez de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Certificación de Trabajo en el Proyecto de Ferrocarril Motacuito II Terminal Portuario Busch Inter Proyectos de Bolivia Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) “…y otras documentaciones fraguadas y adicionada en los files del personal consignado por la empresa PROINTEC S.A.” (sic), acciones que, a decir del citado requerimiento, fueron desplegados con la finalidad de aumentar la calificación de dicha empresa en el proceso de calificación y así obtener la adjudicación de la convocatoria pública, sumado al hecho de haberse advertido falsificación de firmas de las declaraciones juradas en los formularios. Bajo esa misma secuencia de hechos, remitiéndonos a los antecedentes sustanciados en la gestión 2011, concretamente la adhesión de la denuncia presentada por Alex Vladimiro Gamboa Rodríguez, Presidente de CAMPEO, por memorial de 28 de febrero de 2011, esta hace referencia a que el “personal clave” de PROINTEC S.A. que permitió la adjudicación del estudio a diseño final “Oruro Puerto Seco”, fueron propuestos profesionales de PROINTEC S.A. que no figuran en la propuesta técnica, menos en la nómina de “personal clave”, al contrario se constituía en personal ajeno al proyecto, concretamente la merituada denuncia hizo mención de los siguientes profesionales: Javier Fernández López, Gerente de Proyecto, Gustavo Anschutz Pérez Olascoaga, Especialista en Ingeniería y Estructura Portuaria; Patricia Ivette Flores Zapata, Especialista en Evaluación de Proyectos en Diseños Portuarios, Zonas de Actividad Logística y Ramas Fines; y Jorge Tesler Reisberg, Especialista en Seguridad Industrial Portuaria, ampliación de denuncia bajo la cual el ahora impetrante de tutela el 18 de octubre de 2011, efectúo su presentación espontánea y solicito se le tome la declaración, habiendo el 19 de diciembre del indicado año, prestado su declaración informativa, cuyas partes relevantes ya han sido consignadas precedentemente. Por lo ampliamente expuesto, puede llegar a determinarse que, como consecuencia de la denuncia interpuesta el 10 de noviembre de 2016, por Víctor Hugo Vásquez Mamani, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, contra Edwin Eduardo Ramos Burgos y otros, en su condición de “personal clave” de la Empresa PROINTEC S.A. por la comisión de los delitos de ejercicio indebido de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previsto por los arts. 164, 198, 199 y 203 del CP (fs. 124 a 130), que luego dio lugar a la imputación de 22 de marzo de 2022 y subsecuentemente a la acusación de 31 de octubre del citado año, actos a través de los cuales la representación fiscal le atribuyó la comisión del delito de uso de instrumento falsificado, el impetrante de tutela, ciertamente ha sido sometido a un nuevo proceso sobre la base de hechos que ya fueron objeto de investigación durante la gestión 2011, así se ha llegado a evidenciar de la ampliación de la denuncia realizada el 28 de febrero de 2011, por Alex Vladimiro Gamboa Rodríguez, Presidente de CAMPEO, que dio lugar a la comunicación de ampliación de investigaciones el 15 de abril de 2011, al Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, y que finalmente generó que el hoy impetrante de tutela preste su declaración informativa el 10 de noviembre del citado año. En esa secuencia de hechos, se tiene que, el común denominador de ambas denuncias interpuestas en la gestión 2011 y 2016, respecto a la conducta del hoy impetrante de tutela, vinculado con el delito de uso de instrumento falsificado, se encuentra referido al hecho de que, en la presentación de la empresa PROINTEC S.A. a la Tercera Convocatoria sobre Proceso de Contratación Consultoría para el proyecto “Estudio a diseño final Oruro Puerto Seco”, el “personal clave” de dicha empresa hubo presentado documentación falsificada o “fraguada” como refieren ambas denuncias, ello con la finalidad de aumentar la calificación a ser obtenida por la mencionada empresa y tras la conclusión de las etapas de dicha convocatoria le fue adjudicada a dicha empresa, presentación de documentación que le es atribuida al hoy accionante en su condición de representante de la citada empresa, así se evidencia de la ampliación de denuncia presentada el 28 de febrero de 2011 por Alex Vladimiro Gamboa Rodríguez como de la formalización de denuncia presentada por Víctor Hugo Vásquez Mamani, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro en la gestión 2016, en la cual en un acápite se consignó la siguiente titulación: “PRESENTACION DE DOCUMENTOS FRAGUADOS DE PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA PROINTEC CON EL OBJETO DE ELEVAR PUNTAJE EN LA CALIFICACION DE PROPUESTAS”, añadiendo luego que se presentaron certificaciones de trabajo “fraguados” que fueron intencionalmente insertos en los files de profesionales de “personal clave”, que fue realizada por la empresa PROINTEC S.A., que luego desembocó en el incumplimiento por parte de la referida empresa respecto a lo determinado en el contrato, logrando que personal ajeno al propuesto haya participado en las distintas reuniones sostenidas con la citada empresa marco factico que es idéntico al expuesto en la denuncia presentada en la gestión 2011, cuando se sostiene que: “…ninguno de los profesionales de España o de Argentina han solicitado a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, o al Colegio de Economistas y Administradores de Empresas, el permiso y el pago de su residencia en Bolivia, para realizar trabajos de consultoría en territorio boliviano, habiendo transgredido las normas vigentes de las instituciones de profesionales, el Gerente de Proyecto, Javier Fernández López, el Especialista en Ingeniería y Estructura Portuaria, Gustavo Anschutz Pérez Olascoaga, la Especialista en Evaluación de Proyectos en Diseños Portuarios, Zonas de Actividad Logística y Ramas Fines, Patricia Ivette Flores Zapata y el Especialista en Seguridad Industrial Portuaria, Jorge Tesler Reisberg” (sic). En tal sentido, debe tenerse en cuenta que, la Constitución Política del Estado en su art. 117.II, regula una garantía jurisdiccional de obligatorio cumplimiento al señalar: “…Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”. En el caso, conforme a la relación efectuada supra, se tiene la evidencia incuestionable de que el impetrante de tutela ha sido investigado y procesado en dos ocasiones por los mismos hechos, lo cual sin duda implica la afectación de su derecho al debido proceso en su componente de prohibición de ser procesado dos veces por el mismo hecho (non bis in idem), independientemente del resultado de la decisión adoptada en la audiencia de medidas cautelares llevadas respecto a la segunda denuncia incoada en la gestión 2016. Por otro lado, el desarrollo jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que la citada previsión normativa, se traduce en un derecho fundamental, una garantía sustantiva y un principio rector del ordenamiento jurídico, siendo su justiciabilidad directa y oponible horizontal como verticalmente, siendo relevante para el caso el componente procesal, que conforme a la doctrina citada en la SCP 0707/2015-S2 de 22 de junio, implica que: “…en virtud del cual, nadie puede ser sometido a doble juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho, garantizándose la prohibición de juzgamiento bajo una calificación jurídica diferente respecto a los mismos hechos”; en consecuencia, existirá vulneración al derecho, principio y garantía del non bis in ídem, no solo cuando se sanciona, sino también cuando se juzga a una persona, por los mismos por los que ya fue procesado con anterioridad. De lo expresado se tiene que, en ambos procesos penales, tanto en el signado con el caso ORU0900817 y IANUS 200912800, como en el proceso con el ORU1604035 y NUREJ 201605199, el antecedente vinculado a los hechos por los cuales se ha sometido a procesamiento e investigación al impetrante de tutela es el proceso de “Contratación, adjudicación y Realización del Proyecto Oruro – Puerto Seco encomendado a la Empresa PROINTEC S.A. a la cual representa el señor EDWIN EDUARDO RAMOS BURGOS” (sic), habiéndose consignado al mismo ante un juzgamiento en dos procesos penales, por los mismos motivos, hechos y delitos que se generaron en ambos procesos, que en el último ha desembocado en la presentación de acusación formal por el delito de uso de instrumento falsificado, mismo que es identificado como el acto lesivo. Consiguientemente, al concurrir los presupuestos previstos en la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde acoger la tutela impetrada, únicamente respecto a la supresión del derecho al debido proceso, en su componente non bis in idem, vinculado con el derecho a la libertad de locomoción que asiste al impetrante de tutela, teniéndose que la acusación formal de 31 de octubre de 2022, es el acto vinculado directamente a la situación jurídica el ahora accionante conforme se expuso supra, habiendo ello desembocado en la inobservancia de garantizar su derecho de acceso a un proceso justo y equitativo. Finalmente, en relación al derecho a la vida, se tiene que el mismo ha sido únicamente mencionado por el impetrante de tutela, quien no ha identificado ni expuesto cargo argumentativo, menos ha ofrecido documentación alguna a través de la cual, pueda este Tribunal compulsar alguna evidencia de la lesión del precitado derecho. Al respecto, la SCP 1278/2013 de 2 de agosto preciso: “…Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (las negrillas son nuestras), no correspondiendo en ese merito mayor análisis, pues su sola enunciación no impele que automáticamente se deba conceder la tutela por tal derecho. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 28/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 169 a 171 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente en relación al derecho al debido proceso en su componente de non bis in idem, vinculado con la libertad y libertad de locomoción, así como por el derecho de acceso a un proceso justo y equitativo, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela en relación al derecho a la vida, por las consideraciones expuestas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del caso, dirime el Presidente Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, siendo de Voto Disidente la Magistrada Karem Lorena Gallardo Sejas.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0724_2024-S2_id65525.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5f109cab5254bdba7aa3322a9c4557dbd219a653f47860dd9d556f7b4a3ec89e
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