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SCP 0723/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
4 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46680-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela denunció la lesión al derecho a la libertad y al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, la Vocal demandada en el Auto de Vista 199/2022 de 21 de marzo, confirmo el rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva, manteniendo concurrentes los riesgos procesales del art. 234.1, 2 y 3 y 235.2 todos del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la identidad de objeto, sujeto y causa; y, la cosa juzgada constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2022 de 26 de marzo, cursante de fs. 85 a 95, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la identidad de objeto, sujeto y causa; y, La cosa juzgada constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0723/2023-S1 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46680-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2022 de 26 de marzo, cursante de fs. 85 a 95, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, cursante de fs. 3 a 10 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancia por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de ganancias ilícitas, se dispuso su detención preventiva, posteriormente solicitó cesación a la detención preventiva emitiéndose el Auto Interlocutorio 171/2022 de 14 de marzo, ante tal resolución formulo recurso de apelación que fue resuelto a través del Auto de Vista 199/2022 de 21 de marzo, que al analizar la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1, 2, 3 y 6; así como, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lesiona el debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración razonable de la prueba, que son el nexo causal vinculado a la libertad; por lo que, adquieren relevancia constitucional; puesto que, si hubieran sido observados, su situación jurídica sería distinta.

Respecto al art. 234.1 del CPP, elemento domicilio, el Auto de Vista 199/2022, impugnado en la presente acción tutelar, muestra incongruencia interna; toda vez que, primero reconoce que la resolución primigenia observó únicamente la dicotomía entre la cédula de identidad y la declaración informativa; y, posteriormente señala que no se cumplen los preceptos de habitualidad y habilitabilidad pese a que no fueron argumentos de la Resolución primigenia. Asimismo, incurre en valoración defectuosa de la prueba, porque señala que la cédula de identidad y el verificativo domiciliario no son suficientes, pese a que en Bolivia rige la libertad probatoria señalada por el art. 171 del CPP y no les dio el valor correspondiente conforme se señaló en la Resolución de detención preventiva. Asimismo, existe una motivación arbitraria como producto de una incongruencia interna con relación a lo razonado por el Juez del proceso y la defectuosa valoración probatoria. En cuanto se refiere a los arts. 234.2 y 3 del CPP (facilidades para abandonar el país o permanecer oculto; la evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga), la autoridad demandada generó lesión a la valoración razonable de la prueba en su subregla “valoración defectuosa de la prueba” porque no apreció correctamente el informe del comando de frontera policial de la Localidad de Villazón del departamento de Potosí que aclara que se encontraba en un alojamiento al momento de ser aprehendido estaba de paso; por lo que, resulta incongruente con el razonamiento primigenio de que su intención era fugarse a la República Argentina cuando estuvo desde horas 19:00 hasta las 22:30, momento en el que fue conducido al Comando de la Frontera de Villazón del departamento de Potosí, como hace cualquier persona que está de paso en alguna localidad. Denunció también que, por los motivos expuestos se generó motivación arbitraria e insuficiente. Sobre el art. 235.2 de la norma procesal penal, relativa a que el imputado amenace o influya negativamente a los testigos, partícipes o peritos del proceso, la autoridad demandada ratificó el razonamiento expuesto por el Juez cautelar, generando lesión a la valoración defectuosa de la prueba, porque no consideró correctamente, las citaciones emergentes de los actos propuestos por su defensa y la inactividad del Ministerio Público, tampoco las garantías unilaterales conforme el lineamiento de la SCP 0185/2019-S3. Al no haberse referido a la afirmación que realizó el Ministerio Público sobre las personas que se encontrarían fuera del país, es incongruente mantener que podía influir sobre las mismas si no se encuentran en territorio boliviano. De esa forma igualmente, se generó una fundamentación insuficiente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela a través de sus representantes sin mandato, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de, motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: Dejar sin efecto el Auto de Vista 199/2022, y que se emita una nueva resolución que valore correctamente el razonamiento de los arts. 234.1, 2, 3; y 235.2 del CPP, conforme a la línea jurisprudencial, los argumentos esgrimidos y las denuncias realizadas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 26 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 74 a 84 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar, además, señaló: a) El Auto de Vista 199/2022 al confirmar el Auto Interlocutorio 171/2022 con relación al elemento domicilio, ratifica el argumento que no se cumple con los requisitos de habitualidad y habitabilidad, generando una lesión a la congruencia interna y efectuando motivación arbitraria, lesión a la valoración razonable de la prueba en su subregla valoración defectuosa de la prueba, es irracional porque se aleja del límite del Auto Interlocutorio 49/2022 de detención preventiva; b) Construido el elemento de arraigo natural y social el art. 234.2 del CPP por línea jurisprudencial y práctica jurídica automáticamente queda enervado, sin embargo, la resolución de la detención preventiva fundo este riesgo en el elemento que el accionante no justificó porque se encontraba en Villazón, por lo que demostró que se encontraba en un alojamiento y que no estaba intentando fugarse pero con falta de objetividad se lesiona la valoración razonable de la prueba en su subregla de valoración defectuosa de la prueba, manteniendo este riesgo; c) Con relación al art. 234.3 del CPP presentaron la misma prueba que para el art. 234.2 del CPP, bajo los mismos argumentos, sin embargo la Vocal no corrige el razonamiento y lo mantiene subsistente, no se dio respuesta a lo denunciado como arbitrario por lo que se incurre en incongruencia omisiva externa que es también una motivación arbitraria; d) Respecto al art. 235.2 del CPP la Vocal demandada genera una incongruencia omisiva externa porque no se pronuncia sobre la aplicación de las garantías unilaterales conforme lo establece la SCP 185/2019-S3 del 30 de abril en el fundamento III.4, y no se pronuncia sobre todo lo denunciado, genera también una lesión a la valoración razonable de la prueba en subregla valoración defectuosa de la prueba porque no es objetiva, no es legal, no es proporcional ni es razonable, realiza una motivación insuficiente; y, e) Las denuncias adquieren relevancia constitucional porque un razonamiento motivado, fundamentado, congruente, y con valoración razonable de la prueba hubiera generado un razonamiento distinto y motivado a una aplicación de medidas cautelares menor gravosas que la detención preventiva.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 24 de marzo de 2022, cursante de fs. 17 a 18, manifestó lo siguiente: 1) El Auto de Vista 199/2022, se encuentra debidamente fundamentado y motivado con aspectos de hecho y derecho, de manera que no existe vulneración al debido proceso, al existir análisis que señala que el representante del Ministerio Público, habría allanado dos domicilios, de manera que existe contradicción sobre los bienes inmuebles de la calle Caracoles 2, zona Hipódromo de Cochabamba y el de la calle Manuel Gandarillas, Av. Villavicencio y Jorge Udaeta 372, que no permite determinar cuál es el domicilio del imputado; puesto que, en su declaración informativa hizo conocer uno y existe otro certificado por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP); así también se tomó en cuenta que, cursa informe de verificación domiciliaria, que no aclara en qué calidad viviría el imputado -anticresis o alquiler- ni mucho menos existe el croquis de ubicación de dicho bien inmueble, a los fines de establecer si se encuentra ubicado en el Pasaje Manuel Gandarillas 372; 2) Con relación al art. 342.2 del CPP, no se justificó la presencia del accionante en la Localidad de Villazón del departamento de Potosí; debiendo considerarse, que se efectuaron diversos operativos para lograr su aprehensión en la indicada ciudad, desde donde se disponía abandonar el territorio nacional por la frontera, con lo cual tendría la facilidad de evadir la justicia y permanecer oculto, fundamentos que fueron señalados en la Resolución primigenia, a efecto de concluir que no fue desvirtuado el riesgo procesal establecido por el art. 234.1 de la norma procesal penal; 3) Respecto al riesgo de que el imputado amenace o influya negativamente en testigos partícipes del proceso, se ratificó el razonamiento expuesto por el Juez del proceso, quien consideró que existen actos investigativos pendientes, tales como las declaraciones informativas de Omar Rojas Echevarría e Ignacio Angus Nieto y su madre; así se considera que al no haberse acreditado con documentación idónea que los mencionados prestaron su declaración, corresponde mantener dicho riesgo procesal; y, 4) Asimismo, se debe tener presente que un Tribunal de garantías, no puede revisar las decisiones de la justicia ordinaria; es decir, que la revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones, involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos y del derecho, salvo que se efectúe una adecuada exposición de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa, lo que no ocurrió en el presente caso.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 19/2022 de 26 de marzo, cursante de fs. 85 a 95, denegó la tutela impetrada, señalando los siguientes fundamentos: i) Sobre la contradicción entre los datos de los domicilios tanto en la cédula de identidad, declaración informativa, datos del SEGIP que son bases de la resolución primigenia para establecer la existencia de este riesgo procesal, la autoridad demandada efectuó una relación de toda la documentación y establece que se debe tomar en cuenta que en el informe de verificación domiciliaria no señala en qué calidad vive el imputado, si es en anticresis o alquiler, ni mucho menos existe el croquis de ubicación de dicho inmueble a los fines de establecer el Pasaje Gandarillas 372, zona Zarco de la ciudad de Cochabamba; en ese sentido, los fundamentos expresados por la autoridad de alzada tienen suficiente lógica jurídica en cumplimiento de los arts. 124 y 173 de la norma adjetiva penal, y considerando el art. 234.1 de la misma norma procesal, que ya hace referencia a la exigencia de la residencia habitual, de manera que efectuó una valoración del elemento probatorio que presenta la parte ahora accionante; ii) Respecto al art. 234.2 del CPP la autoridad judicial demandada le da una respuesta y fundamenta en base precisamente a las exigencias que establece la resolución primigenia 49/2022 concluyendo que este riesgo concurre, por lo que no existe vulneración a afectación al derecho a la libertad ni el debido proceso, por cuanto no es el único fundamento para asumir la detención preventiva; iii) Con relación al art. 234.3 del CPP, vinculado a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, la autoridad demandada, en el Auto de Vista 199/2022 hace una revisión de la valoración en la cual se basa aun la concurrencia del art. 234.3 del CPP en base a la prueba que presenta la parte accionante y por lo cual considera que no se estaría cumpliendo con establecer las razones por las cuales evidentemente se encontraría el accionante en la Localidad de Villazón del departamento de Potosí; por lo que, tampoco se evidencia que esta genere alguna vulneración a la fundamentación, a la motivación, menos se evidencia que se vulnere al debido proceso y que incida en su derecho a la libertad; y, iv) En lo concerniente al art. 235.2 del CPP, que el imputado amenace o influya negativamente en testigos partícipes o peritos del proceso, concretamente en Omar Rojas Echevarría, Ignacio Angus Nieto y su madre, la autoridad demandada entiende que la prueba que presenta en lo que hace la valoración que hace el Juez de Instrucción Penal de las citaciones y las actas de garantía son insuficientes para establecer por desvirtuado este riesgo procesal y esta exigencia va relacionada a lo que establece en la resolución primigenia y por tal sentido se entiende que la revisión que se hace de la valoración no genera ningún agravio que influya directamente en su derecho a la libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 24 de enero de 2022 emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Maximiliano Dávila Pérez -ahora impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito legitimación de ganancias ilícitas, que dispone la detención preventiva del imputado por seis meses, al considerar concurrentes los riesgos procesales del art. 234 numerales 1, 2, 3 y 6; así como, el peligro de obstaculización descrito por el art. 235.2, todos del CPP. Ante tal decisión, se interpuso recurso de apelación que fue resuelta y confirmada por Auto de Vista 38/2022 de 1 de febrero (fs. 19 a 27; y, 28 a 32 vta.). II.2. Consta Auto Interlocutorio 171/2022 de 14 de marzo que resolvió el incidente de cesación de la detención preventiva interpuesto por el peticionante de tutela, disponiendo rechazar la solicitud formulada. (fs. 33 a 36). II.3. A través del Auto de Vista 199/2022 de 21 de marzo, pronunciada por la autoridad ahora demandada, se declara la procedencia en parte de las cuestiones planteada en el recurso de apelación, en el fondo confirmó íntegramente el Auto Interlocutorio 171/2022 (fs. 37 a 40). II.4. Del sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que mediante la SCP 0563/2023 de 10 de julio, pronunciada dentro de la acción de libertad con número de expediente 46704-2022-94-AL, el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión resolvió confirmar la Resolución 18/2022 de 24 de marzo; y en consecuencia, denegó la tutela solicitada, pronunciada por el Juez de garantías que conoció la referida acción tutelar interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en el que se identificó como acto lesivo el pronunciamiento del Auto de Vista 199/2023 de 21 de marzo, emitido por la Vocal demandada, quien siguiendo el mismo criterio que el Tribunal a quo, confirmó en el fondo el citado fallo.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denunció la lesión al derecho a la libertad y al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, la Vocal demandada en el Auto de Vista 199/2022 de 21 de marzo, confirmo el rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva, manteniendo concurrentes los riesgos procesales del art. 234.1, 2 y 3 y 235.2 todos del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre la identidad de objeto, sujeto y causa; y, la cosa juzgada constitucional; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la identidad de objeto, sujeto y causa; y, La cosa juzgada constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2019-S2 de 26 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:

La jurisprudencia constitucional entiende que la cosa juzgada constitucional, comprende dos aspectos: 1) Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y, 2) La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea Sentencia, Auto o Declaración Constitucional Plurinacional. La SCP 0038/2012 de 26 de marzo, emitida en una acción de libertad, establece que la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática, Sentencia que confirmó el precedente contenido en la SC 183/00-R de 1 de marzo. Por su parte, la SCP 0564/2014 de 10 de marzo, en el marco de lo previsto en el art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias 1El FJ III.1, manifiesta: “La cosa juzgada en materia constitucional asegura que merced a la identidad de objeto, sujetos y causa, la decisión no pueda ser modificada ni alterada de manera ulterior; en ese contexto, para evitar duplicidad de fallos y por ende para prevenir el peligro de alteración de fallos con calidad de cosa juzgada, en resguardo de una eficaz seguridad y certeza jurídica, existe una prohibición de activación ulterior de mecanismos de tutela con identidad de objeto, sujeto y causa.

En el marco de lo expuesto, por la naturaleza jurídica y derechos tutelados a través de la acción de libertad, en mérito a su característica de eficaz y oportuno mecanismo de defensa de derechos, y a través de la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada en la SC 0101/2010-R de 10 de mayo, entre otras, se estableció la prohibición de activar mecanismos ulteriores de defensa cuando concurra una identidad de objeto, sujetos y causa; asimismo, a partir de este entendimiento jurisprudencial aplicado de manera uniforme, se señaló también, la posibilidad de activar un ulterior mecanismo de defensa, solamente cuando en una petición de tutela anterior, el juez o tribunal de garantías por un presupuesto formal, no hubiere ingresado al análisis de fondo de la problemática, en este caso, la nueva acción estará destinada a lograr el análisis de fondo de la problemática, siempre y cuando el peticionante de tutela, subsane los aspectos formales que evitaron que el mecanismo de defensa anteriormente planteado hubiere ingresado al análisis de fondo de la causa. (…)

En esta perspectiva, es necesario señalar que al ser la acción de libertad un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la vida, libertad física o de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares y considerando que esta garantía jurisdiccional es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; inequívocamente debe establecerse que una vez interpuesta la acción de libertad, no puede activarse ulteriormente este mismo mecanismo, porque de lo contrario se generaría una disfunción procesal contraria a la seguridad y certeza jurídica”. 2El FJ III.3, establece: “En cuanto a la cosa juzgada constitucional, el art. 203 de la CPE, establece: `Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’, normativa concordante con los arts. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 15 del CPCo, último precepto este que, refiriéndose al carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, aclara que tanto éstas, como las declaraciones y autos dictados en acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos tienen efecto general (erga omnes); y que las razones jurídicas de la decisión, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Ahora bien, los preceptos constitucionales y legales precitados, configuran la cosa juzgada constitucional, en el entendido de que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, no cabe recurso ordinario ulterior alguno, razonamiento que implica que los fallos emitidos por esta instancia, se halla dotados de un carácter de inmutable y definitivo, que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la jurisdicción constitucional, toda vez que ni siquiera el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y resuelto en un fallo constitucional, mucho menos aún revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa juzgada constitucional; una actuación contraria lesionaría el principio de seguridad jurídica, a partir del riesgo de emitir fallos contradictorios, lo cual del Tribunal Constitucional Plurinacional no cabe recurso ordinario ulterior alguno; explica que ningún juez, jueza, tribunal o autoridad e inclusive el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, puede revisar lo resuelto en una anterior resolución constitucional plurinacional, si es que ésta tiene cosa juzgada constitucional; es decir, si se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada en dicha acción de defensa.

En el mismo sentido, cabe señalar que el art. 29.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: “No serán admitidas Acciones de Defensa en los casos en los que exista cosa juzgada constitucional”.

III.2. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denunció la lesión al derecho a la libertad y al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, toda vez que, la Vocal demandada en el Auto de Vista 199/2022 de 21 de marzo, confirmo el rechazo a la solicitud de cesación de la detención preventiva, manteniendo concurrentes los riesgos procesales del art. 234.1, 2 y 3 y 235.2 todos del CPP.

Ahora bien, a efecto de efectuar un correcto análisis de la acción tutelar enviada en revisión, se realizó una verificación de los antecedentes adjuntos al expediente; así como, del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, constatándose que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz emitió el Auto Interlocutorio de 24 de enero de 2022 que dispuso la detención preventiva del imputado por seis meses, al considerar concurrentes los riesgos procesales del art. 234 numerales 1, 2, 3 y 6; así como, el peligro de obstaculización descrito por el art. 235.2, todos del CPP. Ante tal decisión, se interpuso recurso de apelación que fue resuelta y confirmada por Auto de Vista 38/2022 de 1 de febrero (Conclusión II.1).

Ante la solicitud de cesación a la detención preventiva interpuesta por el peticionante de tutela, se emitió el Auto Interlocutorio 171/2022 de 14 de marzo que rechazo el incidente planteado, manteniendo la detención preventiva (Conclusión II.2), fallo contra el cual interpuso recurso de apelación que fue resuelto a través del Auto de Vista 199/2022, pronunciado por la autoridad ahora demandada, declarando procedente en parte los agravios denunciados, confirmando en el fondo la Resolución pronunciada por el Juez a quo; motivo por el cual, el impetrante de tutela interpuso acción de libertad contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (expediente 46704-2022-94-AL), que en revisión a través de la SCP 0563/2023-S4 de 10 de julio, resolvió denegar la tutela solicitada; acción de defensa en la que se identifica como acto lesivo, el hecho de que, el Auto de Vista 199/2022, pronunciado por la autoridad demandada, vulnera su derecho a la libertad y debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba. En este contexto, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde efectuar un análisis sobre la concurrencia o no de la identidad de sujeto, causa y objeto entre ambas demandas tutelares.

Así, entre la referida acción de libertad y la presente, respecto a los sujetos, se advierte que en la primera demanda resuelta en revisión por SCP 0563/2023-S4, José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez demanda a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; constatándose que dicha resolución constitucional examinó el Auto de Vista 199/2022, lo que en forma similar ocurre en el caso en concreto, por cuanto la presente acción es interpuesta por el mismo accionante contra la misma Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, entonces se concluye que fue interpuesto por el mismo accionante contra la misma autoridad judicial demandada, concurriendo identidad de sujetos. Por otra parte, ambas acciones tutelares tienen como causa primigenia la emisión del Auto de Vista 199/2022 que en el fondo confirmo la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva invocada por el ahora accionante; por otra parte, ambas tienen como objeto la pretensión de dejar sin efecto el Auto de Vista 199/2022, para que se emita uno nuevo; por ello se evidencia, que los hechos fácticos que sirven de fundamento en ambas acciones de libertad, son los mismos; así el solicitante de tutela en la acción de libertad signada con el expediente 46704-2022-94-AL, impugnó la señalada resolución emitida en segunda instancia; términos, que son análogos con los reclamados en la presente acción de defensa; deduciéndose de ello, que la esencia de la causa o motivo, en ambas acciones tutelares es la misma, concurriendo identidad de objeto y causa. De lo anotado, se evidencia la concurrencia de identidad de sujeto, objeto y causa de la presente acción de defensa con la acción de libertad que corresponde al expediente 46704-2022-94-AL que fue resuelto a través de la SCP 0563/2023-S4, lo cual conforme al despliegue argumentativo efectuado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra imposibilitado de pronunciarse nuevamente sobre un caso ya resuelto a través de un primer pronunciamiento constitucional con calidad de cosa juzgada constitucional; motivo por el cual corresponde la denegatoria de la acción tutelar sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró correctamente, aunque con otros fundamentos.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2022 de 26 de marzo, cursante de fs. 85 a 95, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA

Notas al pie

sin duda podría generar caos jurídico e incertidumbre en la labor del Supremo intérprete y guardián de la Constitución” (las negrillas son añadidas).

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0723_2023-S1.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9f6c26cc7309fab6183cef6e00bc80ed8d5fa960c7f427d62e20f4b2f19b1c5c

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