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SCP 0722/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57150-2023-115-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia, a la igualdad en la aplicación de la ley, y de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que: a) El Auto Supremo 171 rechazó in limine su demanda contenciosa administrativa, bajo el argumento de que la relación entre los notarios y la DIRNOPLU no configura una oposición entre el interés público y el interés privado, sin pronunciarse sobre el art. 35 del DS 2189, que dispone la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo; b) Se realizó una interpretación arbitraria y restrictiva del art. 2.2 de la Ley 620, que no le permite tener acceso a la justicia; y, c) En otro caso similar, la otra Sala del mismo Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda contenciosa administrativa. Por su parte, las autoridades demandadas refieren que el Auto Supremo 171 se encuentra debidamente motivado, ya que la relación entre el notario y la entidad estatal no configura una oposición entre el interés público y el privado, conforme lo exige el art. 778 del CPC abrg. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 45/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 136 vta. a 141 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva; 2° Se dispone la nulidad del Auto Supremo 171 de 5 de diciembre de 2022, dictado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, ordenando que las autoridades demandadas, o las que se encuentren en ejercicio de dicha Sala, emitan una nueva resolución conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley por los fundamentos expuestos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación como componentes del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0722/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57150-2023-115-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 45/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 136 vta. a 141 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Doris María Calderón Maldonado contra Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de julio de 2023, cursante de fs. 78 a 94, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, mediante el Auto Supremo 171 de 5 de diciembre de 2022, rechazaron in limine la demanda contenciosa administrativa iniciada contra Iván Manolo Lima Magne, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional; y, Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director Interino de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU), impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico 020/2022 de 19 de septiembre, que confirmó su cesación del cargo de Notaria de Fe Pública 3 del municipio de Tarija. Dicho rechazo es lesivo por tres razones: a) Falta de motivación y congruencia, pues el Auto Supremo no se pronunció sobre el art. 35 del Reglamento de la Ley del Notariado Plurinacional -DS 2189 de 19 de noviembre de 2014-, que dispone la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo; b) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por una interpretación arbitraria y restrictiva del art. 2.2 de la Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014-, que negó el acceso a la justicia sin considerar los principios de razonabilidad, proporcionalidad de los actos de poder, legalidad y pro persona; y, c) Atentado contra el derecho a la igualdad, toda vez que, bajo idénticos hechos y fundamentos, la otra Sala del mismo Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la exnotaria Ximena Echeverría Araoz, mediante Auto de Admisión de 21 de abril de 2023.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia, a la igualdad en la aplicación de la ley, y de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 14, 115, 119 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto Supremo 171, y en su caso ordenar a las autoridades demandadas que emitan una nueva resolución de manera motivada, congruente y respetando los parámetros constitucionales, admitiendo la demanda contenciosa administrativa.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 21 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 134 a 136, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito cursante de fs. 124 a 132, -presentado el 24 de julio de 2023, posterior a la consideración de la audiencia de garantías-, solicitaron se deniegue la tutela solicitada, manifestando que: 1) La acción de amparo constitucional es improcedente, porque la accionante no precisó cómo los fundamentos del Auto Supremo 171 vulneraron sus derechos, sin establecer el nexo de causalidad exigido para la revisión de la legalidad ordinaria; 2) El Auto Supremo cuestionado se encuentra debidamente fundamentado y motivado al exponer la normativa aplicable, señalando que el servicio notarial es delegado por el Estado y que no existe oposición entre el interés público y el privado; 3) El art. 35 del DS 2189 solo habilita la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo para fines de impugnación administrativa, y no para tratar, en la vía contenciosa administrativa, las cuestiones de cesación del cargo de Notario de Fe Pública; y, 4) Respecto al precedente horizontal invocado, el Auto de Admisión del caso Echeverría es posterior al Auto Supremo 171.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Fabiola Karina Soria Peña, en representación del Ministerio Público, en audiencia de garantías solicitó que se resuelva conforme la a Ley del Notariado Plurinacional y su reglamento, respetando los derechos constitucionales de las partes.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 45/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 136 vta. 141 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La acción de amparo constitucional no puede constituir una instancia revisora de la justicia ordinaria, siendo necesario que la impetrante de tutela cumpla las condiciones de la doctrina establecida en la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, para habilitar la jurisdicción constitucional; ii) El Auto Supremo 171 se encuentra debidamente motivado, pues expone hechos, fundamentación legal y normas aplicables de manera clara y concisa; y, iii) El rechazo de la demanda contenciosa no vulnera el derecho de acceso a la justicia, pues la accionante obtuvo una respuesta fundada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 157 a 159).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa demanda contenciosa administrativa interpuesta por Doris María Calderón Maldonado -ahora accionante- iniciada contra Iván Manolo Lima Magne, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional; y, Leónidas Milton Barón Hidalgo, Director Interino de la DIRNOPLU, por haber dictado la Resolución de Recurso Jerárquico 020/2022 de 19 de septiembre, en la que se confirmó la cesación como Notaria de Fe Pública 3 de Tarija de la impetrante de tutela, pidiendo la nulidad del proceso de evaluación y la restitución de su cargo, con costas y costos (fs. 8 a 21 vta.). II.2. Mediante Auto Supremo 171 de 5 de diciembre de 2022, Esteban Miranda Terán y José Antonio Revilla Martínez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, declararon inadmisible la demanda contenciosa administrativa presentada por la accionante, argumentando que no existe oposición entre el interés público y el privado, conforme el art. 778 del Código de Procedimiento Civil (CPC abrog), dado que el servicio notarial es un servicio público delegado por el Estado (fs. 4 a 6 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia, a la igualdad en la aplicación de la ley, y de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que: a) El Auto Supremo 171 rechazó in limine su demanda contenciosa administrativa, bajo el argumento de que la relación entre los notarios y la DIRNOPLU no configura una oposición entre el interés público y el interés privado, sin pronunciarse sobre el art. 35 del DS 2189, que dispone la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo; b) Se realizó una interpretación arbitraria y restrictiva del art. 2.2 de la Ley 620, que no le permite tener acceso a la justicia; y, c) En otro caso similar, la otra Sala del mismo Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda contenciosa administrativa. Por su parte, las autoridades demandadas refieren que el Auto Supremo 171 se encuentra debidamente motivado, ya que la relación entre el notario y la entidad estatal no configura una oposición entre el interés público y el privado, conforme lo exige el art. 778 del CPC abrg. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación como componentes del debido proceso

Sobre el particular, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, estableció que: "…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifiquen su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes, se tiene que la accionante interpuso demanda contenciosa administrativa con el objeto de someter a control judicial de legalidad la Resolución de Recurso Jerárquico 020/2022 de 19 de septiembre, emitida por el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que confirmó su cesación como Notaria de Fe Pública 3 del municipio de Tarija, como consecuencia de haber obtenido una calificación negativa de 51 sobre 100 puntos en el proceso de evaluación de desempeño (Conclusión II.1). Empero, las autoridades demandadas, al conocer la demanda contenciosa administrativa, procedieron a dictar el Auto Supremo 171 de 5 de diciembre de 2022, resolviendo rechazar in limine la referida demanda contenciosa administrativa, con los siguientes argumentos: 1) La Ley de Procedimiento Administrativo está delimitada para la relación entre los particulares, en calidad de administrados, y el Estado, en calidad de administrador público que ejerce la potestad de poder; no así para la relación entre los notarios de fe pública, que ejercen el servicio notarial delegado por el Estado, y la DIRNOPLU; 2) La Resolución de Recurso Jerárquico 020/2022 no es un acto administrativo que acredite la existencia de una controversia entre el interés público y el privado, conforme al art. 778 del CPC abrg.; 3) La vía contenciosa administrativa solo se aplica a las relaciones de la administración pública con sus administrados, y no así a las relaciones emergentes de la evaluación de la carrera notarial; y, 4) En virtud del principio de jerarquía normativa del art. 410 de la CPE, debe prevalecer la Ley del Notariado Plurinacional sobre lo reglamentado por el art. 35 del DS 2189 (Conclusión II.2). Ahora bien, con esos entendimientos, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática:

i) Respecto de la vulneración al debido proceso por falta de motivación y congruencia por omisión de pronunciamiento sobre el art. 35 del DS 2189

De la revisión del Auto Supremo 171, se constata que las autoridades demandadas se limitaron a concluir que no existía conflicto entre el interés público y el privado, sin pronunciarse sobre el argumento expuesto por la accionante para activar su demanda contenciosa, que se basó en el art. 35 del DS 2189, disposición que expresamente señala que: “…será notificada a la notaria o el notario y recurrible de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo”; dicha disposición reconoce la aplicabilidad de los mecanismos impugnatorios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo, aspecto que, a entender del impetrante de tutela, habilitaría ulteriormente el acceso al control judicial de legalidad previsto en el art. 70 de la referida Ley.

Si bien las autoridades demandadas emitieron una respuesta respecto a la improcedencia de la vía contenciosa administrativa, dicho pronunciamiento omitió analizar de manera específica el alcance jurídico del art. 35 del DS 2189, norma expresamente invocada por la accionante como fundamento de habilitación de dicha vía; omisión que configura una motivación insuficiente e incongruencia omisiva respecto de un argumento central de la pretensión, sin que ello implique reconocer que el referido DS 2189 pueda, por sí mismo, crear competencia jurisdiccional, ya que, correspondía a las autoridades demandadas otorgar una respuesta expresa y suficientemente fundamentada respecto del alcance jurídico de la remisión efectuada a la Ley de Procedimiento Administrativo y su eventual incidencia en la procedencia del control judicial ulterior; en tal extremo, en este punto, corresponde conceder la tutela impetrada.

ii) Respecto a la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva por interpretación arbitraria y restrictiva del art. 2.2 de la Ley 620

Conforme a la interpretación adoptada por las autoridades demandadas en el Auto Supremo en cuestión, que reduce el proceso contencioso administrativo únicamente a las relaciones entre los administrados y el Estado en calidad de administrador público, esta no resulta compatible con la jurisprudencia constitucional ni con los principios de razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y pro persona; toda vez que el Tribunal estableció que los notarios de fe pública, por su situación de subordinación frente a la DIRNOPLU, pueden ser considerados administrados cuando impugnan actos emitidos en ejercicio de potestades administrativas que inciden sobre sus derechos subjetivos; de ahí que la interpretación restrictiva adoptada por los demandados cerró el acceso a una vía judicial idónea para el control de legalidad del acto administrativo impugnado.

Ello cobra mayor relevancia si se considera que la Resolución de Recurso Jerárquico 020/2022 constituye un acto administrativo definitivo emitido en ejercicio de potestades administrativas, cuyos efectos incidieron directamente sobre la situación jurídica individual de la accionante; razón por la cual, correspondía otorgar una respuesta jurisdiccional suficientemente fundamentada respecto a la viabilidad o no del control judicial pretendido.

En consecuencia, para el Tribunal, ello contradice el deber del Estado de garantizar la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 115.I de la CPE y el derecho a un recurso efectivo previsto en el art. 25 de la CADH, restringiendo de manera desproporcionada el acceso al control jurisdiccional del acto administrativo cuestionado.

Al respecto, es menester considerar que, conforme al razonamiento adoptado en la SCP 0389/2025-S2 de 8 de mayo, se tiene que: “…los notarios, independientemente si los notarios son considerados o no servidores públicos, se consideran -por su situación de subordinación- administrados en casos como el presente, en los que buscan tutelar un derecho subjetivo o interés particular frente a la administración pública; por tanto, no es comprensible como en el caso concreto las autoridades demandadas concluyeron que: la controversia planteada no configura una oposición entre el interés público y el privado, tal como lo exige el art. 778 del CPCabrog, por cuanto, no existe un acto administrativo dictado en ejercicio del poder de imperio estatal frente a un administrado; máxime, cuando en el caso concreto la demanda no fue interpuesta en representación del Estado o en el ejercicio de la función notarial”.

En ese contexto, la interpretación asumida por las autoridades demandadas no observó el principio pro actione, que orienta el acceso a la jurisdicción, pues, frente a una duda razonable sobre la procedencia del control contencioso administrativo, correspondía privilegiar una interpretación favorable al examen jurisdiccional de la pretensión antes que una restricción absoluta de acceso; situación por la cual, en este punto, corresponde conceder la tutela solicitada. iii) Respecto a la vulneración al derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente horizontal

La peticionante de tutela alega que, bajo idénticos hechos y fundamentos, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del mismo Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la exnotaria Ximena Echeverría Araoz, mediante Auto de Admisión de 21 de abril de 2023.

Al respecto, este Tribunal advierte que el Auto de Admisión invocado es de fecha posterior al Auto Supremo 171; por lo que, al momento en que las autoridades demandadas emitieron el auto cuestionado, no existía aún un criterio jurisprudencial horizontal previo que resultara exigible a las autoridades demandadas; en consecuencia, en este punto, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 45/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 136 vta. a 141 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva; 2° Se dispone la nulidad del Auto Supremo 171 de 5 de diciembre de 2022, dictado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, ordenando que las autoridades demandadas, o las que se encuentren en ejercicio de dicha Sala, emitan una nueva resolución conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3° DENEGAR la tutela impetrada con relación al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley por los fundamentos expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0722_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): dc7bfbbf14d230c8b0835bb07cab32d532949b0b8bb694a8ad812763e1bf388e

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