B.IA.LEGAL

SCP 0722/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 21 de octubre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
21 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
52776-2023-106-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica y social vinculado al interés superior, a la vida y a la salud; toda vez que, habiendo sido destituido de su fuente laboral, acudió a la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, emitiéndose a su favor la Conminatoria 005/2022, disponiendo su reincorporación laboral dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles computables desde su notificación, al mismo cargo que venía desempeñando dentro de la institución, igual puesto de trabajo, más el pago de salarios adeudados desde el momento de su ilegal despido y demás derechos que le correspondan, actualizados a la fecha de su reincorporación; empero, esta determinación no fue cumplida por la parte demandada hasta la fecha de la interposición de esta presente acción de defensa. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 019/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 86 a 91 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Segunda de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, mediante su representante legal, dé cumplimiento a la Conminatoria 005/2022 de 8 de abril, debiendo proceder a la reincorporación de Frank Yordy Rodríguez Méndez, en el plazo tres días improrrogables a partir de su legal notificación, más el pago de salarios devengados y todos sus derechos sociales que por Ley le correspondan a la fecha de su reincorporación; empero, ante la imposibilidad de su reincorporación al mismo cargo que desempeñaba, al existir otra persona en ese espacio laboral que fue restituida también producto de una Resolución de acción de amparo constitucional, la parte demandada debe incorporarle en otro cargo con el mismo nivel salarial e iguales condiciones.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral
  2. III.2. De la aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0722/2024-S4 Sucre, 21 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 52776-2023-106-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 019/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 86 a 91 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Frank Yordy Rodríguez Méndez contra Ciriaco Rodríguez Vásquez, Alcalde; y, Gustavo Mancilla Saravia, Secretario Municipal de Administración y Finanzas, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 25 a 31 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo ingresado a trabajar al Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del citado departamento, mediante Memorándum de Designación de Funciones SMAF/012/2021 de 29 de julio, en el cargo de Cajero Municipal; posteriormente, por memorándums internos fue desempeñando varias funciones al interior de la precitada institución municipal, hasta que retorno nuevamente al primer cargo que ocupaba, de donde sorpresivamente fue desvinculado laboralmente, sin contar con ninguna llamada de atención, por el Secretario Municipal de Administración y Finanzas –ahora codemandado– a través del Memorándum de Agradecimiento de Servicios al Cargo Designado SMAF/001/2022 de 14 de marzo, indicándole en el mismo de manera textual lo siguiente: “De conformidad a lo establecido mediante Resolución de Amparo Constitucional No.03/2022, comunico a usted que a partir de la fecha prescindimos de sus servicios como funcionario municipal en el cargo que venía desempeñando…” (sic).

Empero, ante la injustificada e ilegal desvinculación ut-supra mencionada, presentó la correspondiente denuncia ante la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del referido departamento; emitiéndose en consecuencia, la Conminatoria 005/2022 de 8 de abril; por la cual, se instruye al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal del municipio antes prenombrado –hoy autoridad demandada–, la reincorporación laboral del impetrante de tutela, dentro de tres días hábiles computables a partir de su notificación, al mismo cargo que venía desempeñando dentro de la señalada entidad municipal; así como, el pago de salarios devengados desde el momento de su ilegal despido y demás derechos sociales que le correspondan al momento de su reincorporación. No obstante lo manifestado, los demandados hicieron caso omiso a la prenombrada Conminatoria y presentaron Recurso de Revocatoria y Jerárquico en contra de la misma, mereciendo el primer recurso, la Resolución 003/2022 de 20 de mayo y el segundo la Resolución Ministerial (RM) 1216/22 de 11 de octubre de 2022, confirmando ambas lo dispuesto en la Conminatoria 005/2022, siendo este el motivo para la presentación de esta acción de defensa.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica y social vinculado al interés superior, a la vida y a la salud; citando al efecto los arts. 14, 18.I, 45.I y II, 46,I.1 y 2, 48.I., II, III y IV; y, 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se ordene: a) La restitución inmediata a su fuente laboral con todos los beneficios sociales con los que contaba hasta antes de su despido, con la correspondiente condenación de daños y perjuicios; b) El pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales, hasta el día de su efectiva reincorporación, con los aportes a la seguridad social de corto y largo plazo, previo a calculo que deberá efectuar la Jefatura Regional de Trabajo, dentro el plazo de quince días; y, c) El respeto al mandato constitucional sobre la estabilidad laboral, manteniéndole en su mismo puesto de trabajo del cual fue despedido, no pudiendo ser removido a otro cargo ni se le impongan otras funciones afectándole su nivel salarial.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 16 de diciembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 80 a 85 vta., presentes el accionante asistido de su abogado, el representante legal de la autoridad demandada; así como, el representante legal de la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni; y, ausentes el codemandado y la tercera interesada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela, por medio de su abogado en audiencia ratificó el tenor íntegro de su demanda de acción de amparo constitucional; y ampliándola, señaló que: 1) Se agotó todos los recursos administrativos hasta llegar al recurso jerárquico; consecuentemente, la acción tutelar presentada es el mecanismo para poder restituir derechos vulnerados por la parte demandada; 2) No es posible que bajo el argumento de cumplir con una Sentencia puedan despedir “…a quién se les venga en gana, como ocurrió en el presente caso, como si los funcionarios fueran objetos” (sic); y, 3) La parte demandada indicó que al no tener un grado de licenciatura el solicitante de tutela, no estaba acogido por la Ley General del Trabajo, lo que demuestra el desconocimiento de estas autoridades; aspecto que, fue analizado pon la Resolución Jerárquica al indicar que “…en cumplimiento estricto de la CPE y la Ley concluye que su persona independientemente de tener un título académico, técnico o medio en administración de empresas, debe ser acogido bajo los alcances de la LGT…” (sic); por lo que, solicita que se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandados

Ciriaco Rodríguez Vásquez, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni, mediante su representante legal, presentó informe escrito de 16 de diciembre de 2022 cursante de fs. 76 a 78 vta., y en audiencia manifestó lo que sigue: i) Frank Yordy Rodríguez Méndez, hoy impetrante de tutela fue destituido, como emergencia de una Resolución de acción de amparo constitucional, que también ordena el cumplimiento de una Conminatoria la “…Resolución 03/2022 emitida por el Juez Público de la Niñez y Trabajo No.1 de Riberalta, en el cual ordeno al GM a la reincorporación de la señora Kelita Marcela Cavinas Román, la cual fungía en ese momento en el mismo cargo que el accionante; es en ese sentido que el GM dando cumplimiento, procedió a la reincorporación y, consiguientemente, al haber desaparecido la necesidad del cargo, es que se procedió a la destitución o retiro del trabajador, ahora accionante…” (sic); por lo tanto, hace mención a la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero; que establece que, es totalmente improcedente la activación de otra acción de defensa cuando existe una Sentencia o Resolución en una primera acción de amparo constitucional; ii) El solicitante de tutela, no se encuentra dentro de la Ley General del Trabajo; toda vez que, hubiese entrado a trabajar un 29 de julio de 2021, y según el Decreto Municipal 003 de 14 de junio de igual año antes indicado, este no permaneció de manera continua en el mismo puesto de trabajo por el lapso de cuatro años o superior a este; iii) La Resolución Ministerial (RM) 372/22 de 1 de abril de 2022, emitida por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social en el Considerando IV) punto 2 indica que: El art. 1.II de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, modificada por la Ley 1156 de 12 de marzo de 2019, la cual establece que: “Se exceptúa a las servidoras públicas y los servidores públicos electos y de libre nombramiento, así como quienes en la estructura de cargos de los Gobiernos Autónomos Municipales, ocupen cargos de: 1. Dirección; 2. Secretarías Generales y Ejecutivas; 3. Jefatura; 4. Asesor, y 5. PROFESIONAL…” (sic); pues, el accionante tiene la profesión de Administrador de Empresas, y la Resolución Ministerial precitada crea jurisprudencia en materia laboral, y debe ser aplicada por la Jefatura Regional del Trabajo del mencionado municipio, excluyéndole de los alcances de la Ley General del Trabajo al ahora impetrante de tutela, al ser funcionario de libre nombramiento, al efecto mencionó la SCP 0776/2016-S2 de 22 de agosto; y, iv) Cursa impugnación por la vía judicial a la referida Conminatoria, misma que fue contestada por el solicitante de tutela; por lo cual, se hace inviable que se pueda conceder la tutela demandada, al haberse abierto la competencia del Juez laboral; además, igualmente se debe denegar la tutela solicitada, al haber existido actos consentidos y no encontrarse dentro de las previsiones de la Ley General del Trabajo. Gustavo Mancilla Saravia, Secretario Municipal de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Municipal del precitado municipio, no presento informe escrito alguno ni acudió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, a pesar de haber sido notificado con la misma, tal como consta en la diligencia cursante a fs. 35.

I.2.3. Intervención de la Jefatura Regional de Trabajo

Juan Avellaneda Pinaicobo, representante legal de la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento Beni, en la presente audiencia, señalo lo que sigue: El solicitante de tutela, acudió a la institución antes prenombrada y se procedió conforme determina la RM 868 y finalmente concluyó con la RM 1216/22; en la cual, se realizó un análisis de todos los argumentos, incluso de lo que se escuchó en la presente acción tutelar, estableciéndose que el solicitante de tutela fue incorporado bajo la Ley General del Trabajo y que el ostentar un Título Profesional, no es un impedimento para que no esté dentro de ese ámbito, porque la actividad que realiza está dentro de lo que es el trabajo operativo; consecuentemente, se identificó que el despido fue ilegal; por lo tanto, se instruyó a la parte demandada a cumplir con la Conminatoria 005/2022, situación que no aconteció en este caso; por lo cual, restringió el derecho a la estabilidad laboral del trabajador, pidiendo en definitiva se conceda la tutela impetrada, en base a los Fundamentos Jurídicos expuestos.

I.2.4. Intervención de la tercera interesada

Kelita Marcela Cavinas Román, no presentó informe escrito alguno y tampoco asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, a pesar de haber sido notificada con la misma, tal como cursa a fs. 36.

I.2.5. Resolución

La Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Segunda de Riberalta del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 019/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 86 a 91 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la parte demandada, cumpla de forma integral lo establecido en la Conminatoria 005/2022, incluyendo el pago de sueldos devengados y otros derechos que le correspondan por Ley, respetando su nivel salarial, sin que lo dispuesto signifique infringir los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la tercera interesada Kelita Marcela Cavinas Román; decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: a) La Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 001/2021 de 16 de junio, contiene el estándar más alto de protección en relación a los trabajadores y trabajadoras y tiene como objeto la unificación de la línea jurisprudencial relacionada con la reincorporación laboral y las conminatorias emitidas por las instancias administrativas, como es la Jefatura Departamental de Trabajo; y, b) La justicia constitucional, tiene que ver únicamente si se cumplió o no la reincorporación laboral, no podría ingresar a analizar el al fondo de la Conminatoria; es decir, determinar si ésta es ilegal o hubo una indebida fundamentación, o si realizó o no una valoración adecuada de los antecedentes; puesto que, todos esos aspectos le corresponden a la justicia ordinaria, al tratarse de hechos controvertidos; consiguientemente, solo se tendría que manifestar si ha sido cumplida la misma; evidenciándose en el presente caso, que el mencionado Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, no cumplió con la indicada Conminatoria, lesionando así los derechos fundamentales reclamados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Memorándum de Designación de Funciones SMAF/012/2021 de 29 de julio, el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del departamento de Beni, designo en el cargo de Cajero Municipal a Frank Yordy Rodríguez Méndez ‒hoy accionante‒ (fs. 2). II.2. Consta Memorándum de Agradecimiento de Servicios al Cargo Designado SMAF/001/2022 de 14 de marzo; por el cual, los ahora demandados, dan por extinguida la relación laboral con el impetrante de tutela, del cargo de Cajero Municipal, en conformidad a lo establecido en la Resolución de acción de amparo constitucional 03/2022 de 9 de febrero (fs. 3). II.3. Mediante Conminatoria 005/2022 de 8 de abril, la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, ordenó al Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo del prenombrado municipio –ahora demandado–, proceder a la reincorporación laboral de Frank Yordy Rodríguez Méndez – hoy solicitante de tutela−, dentro de tres días hábiles computables a partir de su notificación, “…a su mismo puesto de trabajo, más el pago de salarios adeudados, desde el momento de su ilegal despido y demás derechos que correspondan a favor de la trabajadora actualizados a la fecha de su reincorporación…” (sic [fs. 10 a 15]). II.4. Por RM 1216/22 de 11 de octubre de 2022, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, CONFIRMA TOTALMENTE el Recurso Jerárquico, la Resolución de Revocatorio 003/2022 de 20 de marzo, Conminado e instruyendo al Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta del referido departamento proceda a la inmediata reincorporación de su trabajador, Frank Yordy Rodríguez Méndez –ahora accionante– (fs. 19 a 21 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica y social vinculado al interés superior, a la vida y a la salud; toda vez que, habiendo sido destituido de su fuente laboral, acudió a la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, emitiéndose a su favor la Conminatoria 005/2022, disponiendo su reincorporación laboral dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles computables desde su notificación, al mismo cargo que venía desempeñando dentro de la institución, igual puesto de trabajo, más el pago de salarios adeudados desde el momento de su ilegal despido y demás derechos que le correspondan, actualizados a la fecha de su reincorporación; empero, esta determinación no fue cumplida por la parte demandada hasta la fecha de la interposición de esta presente acción de defensa. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la obligatoriedad de cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral

Al respecto la SCP 0445/2024-S4 de 15 de agosto, determinó lo siguiente: “Partiendo de un análisis comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios, efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, así como su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales – administrativos o judiciales-, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi.

En este marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional, determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010 al DS 28699 de 1 de mayo de 2006, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento al a conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria.

No obstante, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que ʽSin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo V del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboralʼ; precepto normativo que se halla en concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la RM 868/10 de 26 de octubre.

Es en base dicha normativa, que los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, sufrieron un cambio significativo, ya que desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional.

Bajo dichos entendimientos, la señalada RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional que, por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio y se constituye en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones símiles sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), imponiendo un mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral. En este contexto la indicada RDC 0001/2021, estableció lo siguiente:

ʽ1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir:

i) Cuando un trabajador o trabajadora sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación. ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional –abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador.

iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria citada, aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

v) La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar –incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafueroʼ.

Entendimientos estos que, conforme se tiene señalado, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 constitucional, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos de que el empleador, pueda impugnarla. Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento”.

III.2. De la aplicación de la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022

Continuando con la SCP 0445/2024-S4 de 15 de agosto la cual manifestó lo siguiente: “El 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical, estableciendo a dicho efecto el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3).

En armonía con dichos preceptos, el art. 12 del cuerpo normativo en análisis, refiriéndose a las resoluciones emergentes de las denuncias de despido sin causa justificada, definidas por el art. 5 de la Ley 1468, como ʽa) El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleador, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 244, de 23 de agosto de 1943; b) El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando esta exceda de seis (6) días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificaciónʼ, determina que una vez corridos los trámites previos establecidos en los arts. 6 al 11 de la misma norma, se dictará la correspondiente resolución, determinándose:

ʽI. En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada: a) Disponiendo que la empleadora o el empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador en las mismas condiciones anteriores al momento del despido sin causa justificada que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; la restitución de los derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; el pago de subsidios por maternidad en caso de corresponder; el pago de salarios adeudados a las trabajadoras o los trabajadores; otros derechos que hubiesen sido afectados y el cumplimiento del fuero sindical; o, b) Disponiendo el rechazo de la denuncia.

II. En caso de denuncia colectiva, la decisión asumida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá ser emitida individualizando la situación de cada trabajadora o trabajadorʼ. Por su parte, el art. 14 de la referida Ley, prevé el recurso de revisión como mecanismo de impugnación inmediato ante la propia instancia laboral, determinando lo siguiente:

ʽI. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión.

II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución.

III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimada.

IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes.

VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley.

VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia. VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Leyʼ.

Adicionalmente y regulando el procedimiento ulterior al agotamiento de la vía administrativa laboral, ante el incumplimiento de lo dispuesto y a los efectos de la ejecución la resolución de restitución de derechos laborales, el art. 14 del mismo compilado legal determina que:

ʽI. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución.

II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales.

III. El plazo para plantear la solicitud de ejecución de la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, será de diez (10) días hábiles, computables a partir de la legal notificación a la trabajadora o el trabajador.

IV. El Juez de Trabajo examinará el título coactivo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 13 de la presente Ley y emitirá Auto de Cumplimiento en el plazo de tres (3) días hábiles, vencido el mismo y en caso de incumplimiento, dispondrá la aplicación inmediata de las medidas que fuesen necesarias para efectivizar la restitución de los derechos laborales vulnerados, como ser, retención de fondos hasta el monto de la liquidación efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anotación preventiva, embargo y posterior remate de bienes, y en su caso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 216 del Código Procesal del Trabajo.

V. El obligado, únicamente, podrá oponer excepciones referidas al cumplimiento del título coactivo o restitución del fuero sindical, impersonería del obligado y de pago de los beneficios sociales a la trabajadora o el trabajador.

VI. Todas las excepciones se opondrán al mismo tiempo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la notificación con la solicitud de ejecución y el auto de cumplimiento, acompañando prueba pre constituida.

VII. Opuestas las excepciones, el Juez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, dispondrá traslado a la parte que hubiere presentado la solicitud de ejecución coactiva, el cual, deberá ser notificado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que sean respondidas en plazo similar.

VIII. Cumplido lo dispuesto en el Parágrafo anterior, con o sin respuesta, el Juez emitirá pronunciamiento en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, declarando probadas o improbadas las mismas. Pronunciamiento que deberá ser notificado en los siguientes tres (3) días hábiles.

IX. Los plazos establecidos en el presente Artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio, bajo alternativa de responsabilidad.

X. En caso de que las partes interpongan Recurso de Apelación con relación a la resolución emitida por el juez, la misma será concedida únicamente en efecto devolutivo, por lo que no se suspenderá su ejecución”, previéndose de manera complementaria en el art. 15 siguiente, que “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral comúnʼ.

En cuanto a la entrada en vigencia de la normativa previamente glosada, la Disposición Transitoria Primera, establece: ʽLa presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicaciónʼ, determinando en la Disposición Transitoria Segunda que: ʽLas denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuaciónʼ.

Finalmente, la Ley 1468, mediante las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, abrogó el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010 y derogó los Parágrafos III, IV y V del Artículo 10 y el Artículo 13 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006.

Ahora bien, del análisis sistemático de la norma previamente glosada, se evidencia que la misma tiene por objeto regular el procedimiento de denuncias ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo por despidos injustificados y la forma en la cual, las resoluciones emitidas por dicha instancia pueden impugnar, inicialmente ante la misma repartición estatal como posteriormente ante la judicatura laboral, pudiendo además y ante el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia administrativa laboral, remitirse obrados directamente a efectos de su acatamiento a la señalada jurisdicción, siendo en consecuencia que, como efecto de la derogatoria del DS 0495, ya no resulta viable acudir directamente a exigir el cumplimiento de las decisiones asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante la jurisdicción constitucional.

No obstante, teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia treinta días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir de 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes y que determina que ʽLas denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuaciónʼ.

En este contexto y a la luz de los principios protectores, de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699; así como, los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de seis meses previsto en el art. 55 del CPCo., deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la RDC 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede.

Razonamiento que también se hace extensible a las partes demandadas que, en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley 1468, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral, ante las cuales deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinente”.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, alegó la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica y social vinculado al interés superior a la vida y a la salud; toda vez que, habiendo sido destituido de su fuente laboral, acudió a la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni, emitiéndose a su favor la Conminatoria 005/2022, disponiendo su reincorporación laboral dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles computables desde su notificación, al mismo cargo que venía desempeñando dentro la institución, igual puesto de trabajo, más el pago de salarios adeudados desde el momento de su ilegal despido y demás derechos que le correspondan, actualizados a la fecha de su reincorporación; empero, esta determinación no fue cumplida por la parte demandada hasta la fecha de la interposición de esta acción tutelar.

Con carácter previo a la resolución de la problemática planteada y atendiendo el análisis realizado en el Fundamento Jurídico que antecede respecto a la Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022 –Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales–, es preciso aclarar que si bien la presente acción de amparo constitucional se circunscribe a la denuncia de incumplimiento de una Conminatoria de Reincorporación Laboral y pago de salarios devengados, resuelta en el marco de lo previsto por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y la RDC 0001/2021; debido a que, conforme se tiene de antecedentes, la Conminatoria 005/2022, fue emitida el 8 de abril; es decir, con anterioridad a la promulgación y vigencia de la señalada Ley; la cual, por las razones expuestas en el apartado que antecede, no puede ser aplicada de manera retroactiva.

Ahora bien, una vez identificada la problemática planteada, conforme a los antecedentes expuestos por el solicitante de tutela, resulta también necesario referirnos a los argumentados de la parte demandada que a decir de los mismos, Frank Yordy Rodríguez Méndez, fue destituido como emergencia de una Resolución de acción de amparo constitucional, que ordenaba el cumplimiento de una Conminatoria de Reincorporación Laboral la “…Resolución 03/2022 emitida por el Juez Público de la Niñez y Trabajo No.1 de Riberalta, en el cual ordeno al GM a la reincorporación de la señora Kelita Marcela Cavinas Román, la cual fungía en ese momento en el mismo cargo que el accionante; es en ese sentido que el GM dando cumplimiento, procedió a la reincorporación y, consiguientemente, al haber desaparecido la necesidad del cargo, es que se procedió a la destitución o retiro del trabajador, ahora accionante” (sic).

Efectuada la aclaración y de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso, referido a la denuncia de incumplimiento de una Conminatoria de Reincorporación Laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales, la cual establece que, con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo; por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, la que establezca si el retiro es justificado o no, y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de Conminatoria de Reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional.

La indicada protección, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas; sino, en un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida.

En cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral, el cual está reconocido por la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la Norma Suprema, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, corresponde proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. En ese contexto, por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la Conminatoria 005/2022, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento; la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta; resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de la citada Conminatoria, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerger de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada.

De los antecedentes anotados, se tiene que la señalada entidad municipal, fue notificada con la Conminatoria 005/2022, emitida por la Jefatura Regional de Trabajo de Riberalta del departamento de Beni; sin embargo, dicha determinación ha sido incumplido por la mencionada entidad pública; por lo que, de acuerdo a lo previsto por los arts. 45, 46.I.2; 48.I, II, IV, VI; 49.II y III de la CPE, con relación a las normas laborales establecidas en los DDSS 28699 y 0495, éstas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; consecuentemente, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, resulta imperativo aplicar, interpretar y pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que en la problemática analizada fueron denunciados como vulnerados y que han sido previamente reconocidos y restablecidos por la instancia administrativa laboral competente, dentro del marco de las previsiones contenidas en los referidos Decretos Supremos. Por lo expuesto, si bien es cierto que existe una anterior funcionaria que fue restituida al Cargo de Cajera, producto de la interposición de una acción de defensa igual a esta; empero, no es menos evidente que el solicitante de tutela que fue nombrado posteriormente en el cargo referido ut supra, también fue destituido del mismo; por lo cual, es responsabilidad de la parte demandada, restituir en el cargo al impetrante de tutela sin afectar los derechos de la hoy tercera interesada; consiguientemente, al no haber dado cumplimiento estricto a la Conminatoria prenombrada, efectivamente se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante; pues, tal como se estableció en la jurisprudencia constitucional glosada precedentemente, el cumplimiento de la misma es obligatorio e inmediato, prescindiendo inclusive de la aplicación del principio de subsidiariedad; por lo que, con base en los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional corresponde conceder la tutela solicitada de forma provisional.

No obstante, corresponde resaltar que la tutela a ser concedida posee un carácter extraordinario y provisional; por cuanto, conforme se tiene de antecedentes, las vías impugnativas en sede administrativa han sido activas por la parte empleadora a través de los medios recursivos de aquella jurisdicción, encontrándose de acuerdo a la documental en la jurisdicción laboral ordinaria; ante la cual, deberá exponer y probar los argumentos que fueron expresados a través de esta acción tutelar. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 019/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 86 a 91 vta., pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial y de Familia Segunda de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, mediante su representante legal, dé cumplimiento a la Conminatoria 005/2022 de 8 de abril, debiendo proceder a la reincorporación de Frank Yordy Rodríguez Méndez, en el plazo tres días improrrogables a partir de su legal notificación, más el pago de salarios devengados y todos sus derechos sociales que por Ley le correspondan a la fecha de su reincorporación; empero, ante la imposibilidad de su reincorporación al mismo cargo que desempeñaba, al existir otra persona en ese espacio laboral que fue restituida también producto de una Resolución de acción de amparo constitucional, la parte demandada debe incorporarle en otro cargo con el mismo nivel salarial e iguales condiciones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0722_2024-S4.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 514b69b720abfce2edf41636183b18798d5674c85a156da30a2b8164155be741

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