B.IA.LEGAL

SCP 0722/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
51913-2022-104-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos, a la inamovilidad laboral como tutora de una persona con discapacidad, a la seguridad social, estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa que asegure una vida digna, a la seguridad jurídica y por consiguiente al trabajo digno, sin discriminación; toda vez que, trabajó desde enero de 2020 en la Gobernación de Beni; empero, sin considerar que tiene una hija con grado de discapacidad del 82%, y que goza de inamovilidad laboral, le presionaron para que firme un contrato de casi cuatro meses que no fue renovado, argumentando no contar con inamovilidad por no presentar la Resolución judicial de nombramiento de tutora ya que su hija es mayor de edad; y pese a ello, siguió desempeñando sus funciones laborales de manera continua y sin interrupción; hasta que de manera arbitraria suspendieron su marcado en el biométrico; y no le cancelaron sus salarios de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 107/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 93 a 102 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción al principio de subsidiariedad en acciones de amparo constitucional respecto a personas con discapacidad
  2. III.2.Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona con discapacidad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0722/2024-S3 Sucre, 26 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 51913-2022-104-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 107/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 93 a 102 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cecilia Nahir Morant Cruz contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador; Julio César Gómez Añez, Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural; y, Max Eddy Salvatierra Ortíz, Director del Servicio Departamental Agropecuario, todos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 29 a 39 vta., la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

De acuerdo a los Memorandos SDPEP/RR.HH. 032-AD/2020 de 1 de abril; SDPEP/RR.HH./R.- 003/2020 de 2 de octubre; SDPEP/RR.HH./RF 016/2021 de 26 de marzo; y, GAD-BENI DRRHH 298/2022 de 3 de enero, trabajó en la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, desde abril de 2020 hasta el 23 de agosto de 2022, y de acuerdo al último memorando como Asistente IV, desempeñando sus funciones laborales de manera continua y sin interrupciones. Su persona forma parte de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, por su condición de madre y tutora de su hija con discapacidad, legalmente registrada en el Sistema de Registro Único de Personas con Discapacidad, con un tipo de discapacidad “múltiple”, muy grave en un porcentaje de 82%; empero, desde enero de 2022, viene sufriendo acoso laboral permanente por instrucciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Gobernación de Beni; es así que, bajo presión se le obligó a firmar un contrato de menos de cuatro meses del 3 de enero al 29 de abril de 2022, con la promesa que culminado el plazo del contrato, se realizaría una ampliación del mismo, al formar parte del grupo de personas con discapacidad; sin embargo, pese a que en repetidas oportunidades solicitó que honren su palabra y se extiendan el nuevo contrato, los esfuerzos fueron vanos, vulnerándose su derecho a la inamovilidad laboral al ser parte del sector de personas con discapacidad, negándole el derecho de percibir puntualmente un salario digno que asegure la seguridad alimentaria tanto de su persona como de su familia, especialmente de su hija discapacitada que está sujeta al tratamiento diario prescrito por el médico que mensualmente la atiende y que deroga gastos en la compra de medicamentos para su suministro. Pese a esa situación continuó asistiendo a su trabajo, desempeñando todas las instrucciones emitidas, adjuntando documentación que acredita el cumplimiento de sus funciones en fechas posteriores a la culminación del referido contrato, hasta que el 23 de agosto de 2022, de manera arbitraria se dispuso por parte de la citada Gobernación, la suspensión del marcado del reloj biométrico, sin comunicarle oficialmente ni verbalmente que ya no era parte de los funcionarios del Gobierno Departamental y es desde esa fecha que se debe computar el cálculo para la interposición de la presente acción tutelar. Por otra parte, en marzo de 2022, mientras trabajaba en la Gobernación de Beni, se interpuso una demanda de interdicción de su hija, producto de ese proceso judicial en audiencia pública de 30 de mayo de 2022, el Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de Beni, la declaró tutora interina. Posteriormente, mediante Informe D.RR.HH-LEGAL 230/2022 de 28 de septiembre, emitida por la Asesora Legal de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, se rechazó su condición de inamovible debido a que su hija ya era mayor de edad y que la representación natural y legal de los hijos por los padres es hasta obtener la mayoría de edad y esa mayoría los hijos ya se representan por ellos mismos mientras no cuenten con una declaratoria judicial de interdicción lo cual es evidente; sin embargo, la entidad no tomó en cuenta que su hija cuenta con una discapacidad muy grave del 82%, siendo irreversible y al ser tan grave nunca podría representarse sola y un proceso de declaratoria de interdicción no cambiaría la situación. Actualmente, se retiene sus salarios devengados de dos días de abril y los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022, los cuales le corresponden por derecho, lo que demuestra una actitud negligente y abusiva por parte del ejecutivo de la Gobernación de Beni, que manifiesta que su persona no tiene una relación contractual con la institución y se le canceló sus sueldos de los meses de enero, febrero, marzo y abril de igual año.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral como tutora de una persona con discapacidad, a la seguridad social, estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa que asegure una vida digna, a la seguridad jurídica y por consiguiente al trabajo digno, sin discriminación; citando al efecto los arts. 14, 45, 49, 70, 71, 72 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se disponga la regularización de su situación laboral o contratación como funcionaria de la Entidad y se le habilite su marcación en el biométrico; b) Se concrete el pago de sus salarios adeudados desde el 29 de abril de 2022 “hasta la fecha”, que se efectivicen el pago de sus sueldos devengados; asimismo, se garantice su relación y estabilidad laboral, así como el pago de sus salarios futuros; y, c) Quede firme y subsistente el Memorando GAD-BENI DRRHH 298/2022 de 3 de enero de continuidad de funciones.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 90 a 92, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar añadiendo que: 1) De acuerdo al informe de las autoridades accionadas, reconocen que la accionante, tiene bajo su dependencia a su hija con grado de discapacidad del 82%, que es catalogado como muy grave y se debe tener en cuenta la Constitución Política del Estado, que establece si es de conocimiento del empleador que su funcionario tiene a cargo una persona con discapacidad, debe garantizar la inamovilidad y se mencionó una sentencia constitucional, la cual señala que cuando la discapacidad es muy grave se considera como irreversible, lo desprende de la obligación de realizar el trámite de interdicción, bajo el entendido que para la entidad que cobija a esa persona le es irrelevante; y, 2) La fecha de vulneración de derechos constitucionales no fue el 29 de abril de 2022, como señalan las autoridades accionadas, sino el 23 de agosto del citado año, encontrándose dentro del plazo para la interposición de la presente acción tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador y Julio César Gómez Añez, Secretario Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni a través de su representante legal, presentaron informe de 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 81 a 84 vta. y en audiencia, señalaron lo siguiente: i) La accionante alegó su condición de inamovible, por la condición física de su hija Claudia Cecilia Cajiri Morant, con carnet de discapacidad registrado en el Sistema de Registro Único de Personas con Discapacidad, la misma firmó un Contrato Administrativo de Personal Eventual de 3 de enero hasta el 29 de abril de 2022, sabiendo que al firmar ese Contrato Administrativo tenía un inicio y un fin; ii) Si bien la solicitante de tutela tiene una hija con discapacidad con veinte años; es decir, que es mayor de edad; empero, no contaba con todos los requisitos establecidos en el art. 4.2 inc. c) del Decreto Supremo (DS) 3437 de 20 de diciembre de 2017, que refiere a una copia de la resolución judicial de nombramiento de tutora; iniciando recién su demanda de interdicción mucho después de su finalización de su contrato y la Resolución de 30 de mayo de 2022, que la declaró tutora interina de su hija, demuestra que no es definitivo; iii) La asesora legal de RR.HH. remitió el Informe D.RR.HH-LEGAL 230/2022, en la cual señala que la accionante le designaron con memorando desde enero hasta el 31 de diciembre de 2022; posteriormente, sin revocar el referido memorando, se le hizo entrega de un contrato administrativo como personal eventual, finalizando su relación laboral el 30 de abril de igual año; iv) La impetrante de tutela refirió que seguía cumpliendo con sus funciones en los meses de mayo, junio y agosto de 2022; no obstante, RR.HH. le remitió su control de asistencia del biométrico, donde se demuestra claramente que la peticionante de tutela de enero a abril, tiene faltas siendo que se encontraba con contrato vigente y registrada en el biométrico y pese a las faltas se le canceló sus haberes de esos meses, con el fin de no vulnerar el derecho a su salario; asimismo, se evidenció que en la declaración jurada de relación de parentesco suscrita por la accionante no registra la existencia de su hija; v) La accionante, alega que se le adeuda los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022, al respecto no se tiene ningún documento que establezca la obligación de la asistencia laboral y el control de comparecencia en el marcado del reloj biométrico, demuestra que nunca se presentó a trabajar en esos meses; vi) En cuanto a la vigencia del Memorando GAD-BENI DRRHH 298/2022, conforme a la Resolución Administrativa (RA) 01/2022 de 4 de enero, se dejó sin efecto todos los memorandos quedando firme contratos que vinieron a suplir los memorandos que estaban alejadas de la normativa vigente; y, vii) El contrato de la demandante de tutela concluyó el 29 de abril de 2022 y la presente acción de defensa, fue exhibido el 31 de octubre de igual año, habiéndose pasado con dos días la presentación de la acción tutelar; por lo tanto, no debió admitirse al no estar enmarcado dentro del plazo establecido por ley. Max Eddy Salvatierra Ortiz, Director del Servicio Departamental Agropecuario de la Gobernación de Beni, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías pese a su legal notificación cursante a fs. 47. 1.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 107/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 93 a 102 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando la reincorporación inmediata de la accionante, sea en el mismo cargo o similar con el mismo nivel salarial, al igual que se ordenó el pago de los sueldos devengados a la fecha de su reincorporación, sea en el plazo de cinco días de su legal notificación, con los siguientes fundamentos: a) Se puede evidenciar de forma clara y precisa que el Memorando GAD-BENI DRRHH 298/2022 con vigencia hasta el 31 de diciembre, fue dejado sin efecto mediante la RA 01/2022; b) Si bien la impetrante de tutela no cumplió con los requisitos exigidos por ley; sin embargo, se puede verificar que, la accionante es madre de una persona con discapacidad física motora con un grado de 82% de discapacidad y que es mayor de edad, pero no es menos cierto que es hija de la peticionante de tutela, que reconocen las autoridades accionadas y en el presente caso debe primar los derechos de la hija de la solicitante de tutela, al tener una discapacidad física motora del 82% y no una discapacidad mental, por lo cual no se requiere la orden judicial para la protección del derecho a la inamovilidad laboral de la madre de la persona con discapacidad muy grave, siendo que al tratarse de grupo altamente vulnerable, merece una especial protección por parte del Estado Boliviano a través de sus autoridades; y, c) Si bien es evidente que la desvinculación se realizó mediante contrato hasta el 29 de abril de 2022; sin embargo, se puede evidenciar de forma clara que las pruebas acompañadas por las autoridades accionadas, se acompaña planilla de registro de asistencia de control biométrico, en el cual se acreditó que la impetrante de tutela, continuó prestando servicios en la referida Gobernación, en el mismo cargo que ejercía según el citado contrato, donde se comprueba lo alegado por la hoy accionante, que la misma permaneció ejerciendo funciones en la institución accionada, hasta el 24 de agosto de 2022; ahora bien, es evidente que esa planilla da fe; que la demandante de tutela, tendría faltas a su fuente laboral; empero, esa situación no puede ser considerada en la justicia constitucional; no obstante, se probó que la misma siguió trabajando en la Gobernación, posterior al referido contrato. En vía de complementación y enmienda las autoridades accionadas a través de su representante legal en audiencia, solicitó se considere que no pueden pagarle a la impetrante de tutela, salarios en cinco días como se estableció pues, necesitan realizar trámites administrados y mínimo tardaran veinte días hábiles; y, que ni se consideró que la ahora accionante no goza de la inamovilidad porque no es tutora de su hija y además tiene un padre progenitor que también está haciendo uso de ese derecho. Los Vocales Constitucionales, alegaron que en cuanto al padre progenitor gozaría de inamovilidad laboral por tener una hija con discapacidad, dicha situación no fue probado por las autoridades accionadas y la Resolución en el caso concreto fue bastante precisa, fundamentada y motivada, donde se expuso los motivos por los cuales consideró que existía una relación laboral pese al contrato que feneció el 29 de abril de 2022; y, se ratificó los cinco días para el cumplimiento de la reincorporación a su fuente laboral de la peticionante de tutela y con relación al pago de sueldos devengados, al existir la imposibilidad de cumplimiento por trámites administrativos se otorga el plazo de treinta días hábiles a efecto de cumplir con los sueldos devengados (fs. 101 vta. y 102).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Carnet de Discapacidad de: Claudia Cecilia Cajiri Morant, que refiere que el tipo de discapacidad es múltiple, deficiencia física -motora con un porcentaje de 82% con fecha de vencimiento de 5 de diciembre de 2021 (fs. 4); y, cédula de identidad, certificado de nacimiento de la prenombrada que señala que sus padres son: Cecilia Nahir Morant Cruz -ahora accionante- y Roberto Cajiri Becerra y que nació el 26 de febrero de 2002 (fs. 5 a 6). II.2. Mediante Memorando GAD-BENI DRRHH 298/2022 de 3 de enero, el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, designó a la impetrante de tutela, para ejercer el cargo de Asistente IV, bajo la dependencia de la Secretaría Departamental Desarrollo Productivo y Economía Plural a partir del 3 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 (fs. 10). II.3. Por RA 01/2022 de 4 de enero, emitido por el Secretario Departamental de Administración y Finanzas, dejó sin efecto todos los memorandos de designación entregados a funcionarios de la Gobernación de Beni el 3 de enero de 2022, quedando vigente el contrato administrativo de personal eventual firmado por los funcionarios de la Gobernación cargados a la partida 12100 (fs. 71 a 72). II.4. Cursa Acta de audiencia pública de juramento de tutor interino de 30 de mayo de 2022, ante el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Beni, donde la peticionante de tutela, fue declarada tutora interina de Claudia Cecilia Cajiri Morant, dentro del proceso de declaración de interdicción seguido por Clara Becerra Barba contra Roberto Cajiri Becerra y otro (fs. 3). II.5. Consta Circular D.RR.HH. 31/2022 de 30 de junio, del Director Departamental de RR.HH. del Gobierno Autónomo Departamental de Beni remitido a las Secretarías Departamentales y otros, fue recepcionado por la ahora accionante el 1 de julio de 2022 en la Dirección del Servicio Departamental Agropecuario; Instructivo SDAF 057/2022 de 27 de julio, emitido por el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del mismo Gobierno Departamental, dirigido a las Secretarías Departamentales y otros fue recibido por la peticionante de tutela en la Dirección del citado Servicio Agropecuario el 2 de agosto de 2022; Instructivo D.D.RR.HH. 30/2022 de 4 de agosto, emitido por la Directora Departamental de RR.HH. del similar Gobierno Departamental, dirigida a Secretarías Departamentales y otros que fue entregado a la solicitante de tutela; la Circular D.RR.HH. 35/2022 de 10 de agosto, emitida por la Directora Departamental de RRHH/SDAF/GAD-Beni, dirigido al Secretario Departamental de Administración y Finanzas que recepcionado por la demandante de tutela ante la Dirección del Servicio Agropecuario el 10 de agosto de 2022; y, finalmente el Instructivo D.RR.HH. 38/2022 de 15 de agosto, emitida por la Directora Departamental de RR.HH., dirigido a Secretarías Departamentales y otros que fue recepcionado por la ahora accionante el 15 de agosto de 2022 (fs. 24 a 28). II.6. Por nota de 20 de septiembre de 2022, la impetrante de tutela solicitó su reincorporación por inamovilidad por discapacidad al Gobernador Departamental de Beni, señalando que se le extendió Memorando de designación desde enero hasta el 31 de diciembre de 2022; posteriormente, sin revocar el referido memorando se le entregó un contrato administrativo como personal eventual; es decir, que ese contrato administrativo finalizaba su relación laboral con la Gobernación el 30 de abril del mismo año, sin tomar en cuenta que goza de inamovilidad laboral por discapacidad de su hija (fs. 11). II.7. Mediante Informe D.RR.HH-LEGAL 230/2022 de 28 de septiembre, la Asesora Legal de RR.HH. del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, remitió a la Directora de Bienestar Laboral y Previsión Social, informe legal de reincorporación de inamovilidad por discapacidad de la accionante, el cual refiere que la misma no cumplió con los requisitos exigidos por el art. 2.II del DS 29608 de 18 de junio de 2009, debido a que no contaba con los requisitos legales indispensables para gozar de inamovilidad; por ello, no correspondería la solicitud de reincorporación (fs. 18 a 21). II.8. Cursa control de asistencia del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, de la peticionante de tutela desde el 3 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de similar año (fs. 67 a 70).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos, a la inamovilidad laboral como tutora de una persona con discapacidad, a la seguridad social, estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa que asegure una vida digna, a la seguridad jurídica y por consiguiente al trabajo digno, sin discriminación; toda vez que, trabajó desde enero de 2020 en la Gobernación de Beni; empero, sin considerar que tiene una hija con grado de discapacidad del 82%, y que goza de inamovilidad laboral, le presionaron para que firme un contrato de casi cuatro meses que no fue renovado, argumentando no contar con inamovilidad por no presentar la Resolución judicial de nombramiento de tutora ya que su hija es mayor de edad; y pese a ello, siguió desempeñando sus funciones laborales de manera continua y sin interrupción; hasta que de manera arbitraria suspendieron su marcado en el biométrico; y no le cancelaron sus salarios de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad en acciones de amparo constitucional respecto a personas con discapacidad

La SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, estableció que: “…si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado...

Entendimiento que fue confirmado en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre respecto a la protección del interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad.

En suma, las personas con discapacidad y quienes tengan bajo su cuidado a dichas personas, pueden acudir directamente ante la justicia constitucional, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional” (las negrillas nos corresponden).

III.2.Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona con discapacidad

La SCP 0724/2021-S3 de 6 de octubre, citando a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, señaló que: “…A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional.

Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales.

En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras.

En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley. Acotando a los fundamentos desarrollados, es necesario puntualizar que, el citado art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, textualmente señala: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación’. Evidentemente, la garantía de permanencia laboral del trabajador que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad no es absoluta, pues, -como se dijo- está condicionada a su correcto desempeño; de manera que, no procederá cuando este incursione en una causal de desvinculación legal; pero también, es importante determinar que dicho beneficio no alcanza a todos los trabajadores que se encuentren en esa situación, sino, únicamente a aquellos que tengan bajo su cuidado a una o más personas en esa condición de vulnerabilidad que sean menores de edad, o siendo mayores, padezcan de una discapacidad grave o muy grave” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral como tutora de una persona con discapacidad, a la seguridad social, estabilidad laboral, a un salario y remuneración justa que asegure una vida digna, a la seguridad jurídica y por consiguiente, al trabajo digno, sin discriminación; toda vez que, trabajó desde enero de 2020 en la Gobernación de Beni; empero, sin considerar que tiene una hija con grado de discapacidad de 82%, y que goza de inamovilidad laboral, le presionaron para que firme un contrato de casi cuatro meses que no fue renovado, argumentando que no cuenta con inamovilidad por no haber presentado Resolución judicial de nombramiento de tutora ya que su hija es mayor de edad; y pese a ello, siguió desempeñando sus funciones laborales de manera continua y sin interrupción; hasta que, de manera arbitraria suspendieron su marcado en el biométrico; y no le cancelaron sus salarios de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022. De los antecedentes se evidencia que la accionante mediante Memorando GAD-BENI DRRHH 298/2022 de 3 de enero, emitida por el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, fue designada para ejercer el cargo de Asistente IV bajo la dependencia de la Secretaría Departamental Desarrollo Productivo y Economía Plural, a partir del 3 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 (Conclusión II.2.); sin embargo, por RA 01/2022 de 4 de enero, emitida por el Secretario Departamental de Administración y Finanzas, dejó sin efecto todos los memorandos de designación entregados a funcionarios de la Gobernación el 3 de enero de 2022, quedando vigente el contrato administrativo de personal eventual firmado por los funcionarios de la referida Gobernación cargados a la partida 12100 (Conclusión II.3.); y, en cumplimiento a la citada Resolución Administrativa y de acuerdo a lo señalado por la accionante, firmó un contrato eventual desde el 3 de enero hasta el 29 de abril de 2022; no obstante, pese a que concluyó el citado contrato eventual la peticionante de tutela, continuó cumplimiento sus funciones conforme a las siguientes notas que fueron recepcionados por la misma accionante en diferentes fechas como son: la Circular D.RR.HH. 31/2022 de 30 de junio, del Director Departamental de RR.HH. del mismo Gobierno Departamental remitido a Secretarias Departamentales y otros, fue recibido por la ahora accionante el 1 de julio de 2022 en la Dirección del Servicio Departamental Agropecuario; el Instructivo SDAF 057/2022 de 27 de julio, emitido por el Secretario Departamental de Administración y Finanzas del citado Gobierno Departamental, dirigido a las Secretarías Departamentales y otros también recibido por la ahora impetrante de tutela en la Dirección del referido Servicio Agropecuario el 2 de agosto de 2022; el Instructivo DDRRHH 30/2022 de 4 de agosto, emitido por la Directora Departamental de RR.HH., dirigida a Secretarías Departamentales y otros, fue recepcionado por la ahora accionante; la Circular DRRHH 35/2022 de 10 de agosto, emitida por la Directora Departamental de RR.HH./SDAF/GAD-Beni, dirigido al Secretario Departamental de Administración y Finanzas, que recibido por la solicitante de tutela en la Dirección del Servicio Agropecuario el 10 de agosto de 2022; y, finalmente el Instructivo DRRHH 38/2022 de 15 de agosto emitida, por la Directora Departamental de RR.HH., dirigido a Secretarias Departamentales y otros fue recepcionado por la demandante de tutela el 15 de agosto de 2022 (Conclusión II.5). Posteriormente, la accionante al ser madre de Claudia Cecilia Cajiri Morant, quien tiene un tipo de discapacidad múltiple, deficiencia física - motora con un porcentaje de 82% y que nació el 26 de febrero de 2002 (Conclusión II.1.); mediante notas de 20 de septiembre de 2022, solicitó su reincorporación por inamovilidad por discapacidad al Gobernador del Departamento de Beni, señalando que se le extendió Memorando de designación desde enero hasta el 31 de diciembre de 2022; posteriormente, sin revocar el referido memorando se le entregó un contrato administrativo como personal eventual; es decir, que ese contrato administrativo finalizaba su relación laboral con la Gobernación el 30 de abril de 2022, sin tomar en cuenta que goza de inamovilidad laboral por discapacidad de su hija (Conclusión II.6.); sin embargo, mediante Informe D.RR.HH-LEGAL 230/2022 de 28 de septiembre, la Asesora Legal de RR.HH. de la Gobernación de Beni, remitió a la Directora de Bienestar Laboral y Previsión Social, Informe legal de reincorporación de inamovilidad por discapacidad de Cecilia Nahir Morant Cruz, el cual refiere que la misma accionante no cumplió con los requisitos exigidos por el art. 2.II del DS 29608, debido a que no contaba con los requerimientos legales indispensables para gozar de inamovilidad; por ello, no correspondería la solicitud de reincorporación (Conclusión II.7.). Establecidos los antecedentes procesales, corresponde previamente señalar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, es posible abstraerse del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la vulneración de derechos de personas que forman parte de los grupos vulnerables que tienen una protección reforzada, como las personas con discapacidad o de aquellas que tienen a su cargo a las mismas; como ocurre en el presente caso, en el cual la accionante es tutora de su hija que cuenta con una discapacidad múltiple del 82% según su Carnet de Discapacidad; a quienes, les está permitido acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional sin agotar los medios de impugnación o los mecanismos de defensa ordinarios; por consiguiente, corresponde a esta Sala ingresar a analizar la problemática planteada. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes señalados, se evidencia que si bien la impetrante de tutela fue designada primeramente mediante Memorando GAD-BENI DRRHH 298/2022, en el cargo de Asistente IV bajo la dependencia de la Secretaría Departamental Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Beni del 3 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022; empero, por RA 01/2022, se dejó sin efecto el citado Memorando, quedando vigente el contrato administrativo de personal eventual que fue firmado por la ahora peticionante de tutela, tal como señala la misma, del 3 de enero al 29 de abril de 2022; no obstante, finalizado el citado contrato, no fue renovado por las autoridades accionadas; pese a ello, la ahora accionante continuó desempeñando sus funciones en la Dirección del Servicio Departamental Agropecuario, de acuerdo a las notas que remitió las cuales fueron recepcionados por la impetrante de tutela el 1 de julio, 2, 10 y 15 de agosto de 2022; corroborando, esta situación el control de asistencia que fue remitido por el Gobierno Departamental Autónomo de Beni, de la accionante del 3 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de igual año (Conclusión II. 8.). Posteriormente, la demandante de tutela al ser madre y tutora de su hija Claudia Cecilia Cajiri Morant, quien tiene un tipo de discapacidad múltiple, deficiencia física - motora con un porcentaje de 82%; mediante nota de 20 de septiembre de 2022, solicitó su reincorporación por inamovilidad por discapacidad al Gobernador de Beni, señalando que al firmar un contrato administrativo finalizó su relación laboral con el Gobierno Autónomo Departamental el 30 de abril de igual año, sin tomar en cuenta que goza de inamovilidad laboral por discapacidad de su hija; empero, mediante Informe D.RR.HH-LEGAL 230/2022, la Asesora Legal de RR.HH. del citado Gobierno Departamental, señaló que la solicitante de tutela, no cumplió con los requisitos exigidos por el art. 2.II del DS 29608, debido a que no contaba con la requisitos legales indispensables para gozar de inamovilidad; por ello, no le correspondería la solicitud de reincorporación, sin considerar el acta de audiencia pública de juramento de tutor interno de 30 de mayo de 2022, ante el Juez Público de Familia Tercero del departamento de Beni, donde Cecilia Nahir Norant Cruz, fue declarada tutora interina de su hija, dentro del proceso de declaración de interdicción seguido por, Clara Becerra Barba contra Roberto Cajiri Becerra y otro (Conclusión II. 4); documento suficiente para garantizar que la accionante goza de inamovilidad laboral por ser madre y tutora de su hija, que tiene una discapacidad múltiple del 82%; es decir, una discapacidad muy grave; pudiendo conservar su fuente laboral, en tanto cumpla la normativa vigente, y no incurra en alguna causal de desvinculación, previa comprobación en un debido proceso.

Por lo señalado, se colige que además las autoridades accionadas, no consideraron que el Estado y sus instituciones deben garantizar la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna; y esa protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. Por otra parte, de acuerdo al control de asistencia remitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, de la impetrante de tutela (Conclusión II. 8); se colige la asistencia de la misma a su fuente laboral hasta el mes de agosto de 2022; por lo tanto, corresponde pagar sus salarios pendientes que no fueron cancelados; y si bien se advierte que las marcaciones son irregulares; sin embargo, no corresponde a la jurisdicción constitucional analizar ese tema. Por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada al haberse constatado que los presupuestos señalados cumplen para activar la inamovilidad laboral de la peticionante de tutela, y teniendo en cuenta la situación que debe ser interpretada conforme a los cánones de favorabilidad, y protección especial preferente, establecidos en la normativa nacional respecto a las personas con discapacidad o aquellas que tengan a una bajo su cargo, dentro de una comprensión de resguardo de la inamovilidad laboral como acontece en el caso particular, se entiende que esta no solamente alcanza al trabajador, sino que se extiende a una persona bajo su dependencia comprobada -en el caso concreto a la hija de la impetrante de tutela calificada con una discapacidad del 82%-; circunstancia por la cual, a efecto de llevar una vida digna y acceder no solo a la atención médica requerida, sino también a otros elementos esenciales que precisa para su subsistencia, debiendo las autoridades accionadas, reincorporar a la hoy accionante, a su fuente laboral o a un cargo similar; así como el pago de sus sueldos devengados desde el 30 de abril de 2022, hasta el momento de su reincorporación efectiva. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 107/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 93 a 102 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0722_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6e4b8b2e46af78e2e34ac3ccca9dbb639a487e91ccbd8eb02b314a7a1cb23039

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