B.IA.LEGAL

SCP 0722/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de agosto de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
55534-2023-112-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la dignidad, a la presunción de inocencia, a la verdad material y al debido proceso en su vertiente al juez natural alegando que, las autoridades demandadas por Auto de Vista 097/2023, rechazaron su solicitud de incompetencia por razón de territorio, a sabiendas que el delito por el cual es procesado fue cometido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que su domicilio también se encuentra en ese departamento, determinación con la cual se restringió indebidamente su libertad física al aplicarle a partir de dicho proceso medidas cautelares personales. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18 de 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 173 vta. a 180 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La competencia como presupuesto de validez del proceso
  2. III.2. Sobre el Juez natural y la nulidad de obrados cuando se hubiere inobservado las reglas de competencia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0722/2023-S4 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 55534-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18 de 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 173 vta. a 180 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por William Herrera Añez en representación sin mandato de David Augusto Paniagua Yépez contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 1; y, 160 a 163, el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, el Juez codemandado por Resolución 62/2023 de 1 de febrero, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; sin embargo, tal delito nunca existió debido a que el ex Presidente del Club Deportivo y Cultural Sport Boys certificó que nunca se había autorizado el pago, transferencia o depósito de Bs32 000.-(treinta y dos mil bolivianos), a la cuenta de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (FABOL), lo que evidencia que no cometió delito alguno.

Posteriormente, planteó incidentes y excepciones de incompetencia por razón de territorio, que fueron declarados infundados a través del Auto Interlocutorio 142/2023 de 20 de marzo, determinación que al ser impugnada fue resuelta por los Vocales ahora demandados mediante Auto de Vista 097/2023 de 27 de abril, que resolvió declarar la improcedencia de las cuestionas formuladas, confirmando en el fondo el citado Auto Interlocutorio. Finalmente, refirió que se vulneró su derecho al juez natural, puesto que su domicilio y el de FABOL se encuentran en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la supuesta deuda a favor del ex Director del referido Club Deportivo y Cultural sería por su trabajo desempeñado en Warnes.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante señaló como lesionados sus derechos a la defensa, a la dignidad, a la presunción de inocencia, a la verdad material y al debido proceso en su vertiente al juez natural, citando al efecto los arts. 22, 115, 116.I, 117.I, 119, 120.I, 122 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando que su caso sea trasladado y radicado en el Juzgado de Instrucción Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y cese la infracción de su derecho al juez natural, habida cuenta que el supuesto hecho hubiera ocurrido en el referido departamento.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 10 de “abril” de 2023 ‒siendo lo correcto mayo‒, conforme al acta cursante de fs. 172 a 173 vta., presentes la parte accionante y el Juez codemandado y ausentes los Vocales demandados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela ratificó los argumentos expuestos en su acción tutelar y los amplió indicando que: a) El hecho que la causa penal fue abierta en El Alto del departamento de La Paz es una transgresión a su derecho al debido proceso en su elemento juez natural; b) Formuló excepción de incompetencia en razón del territorio, debido a que trabaja y tiene familia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el supuesto hecho delictivo ocurrió en dicha ciudad; y, c) El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante SCP 0747/2019-S4 de 10 de septiembre, recondujo la línea jurisprudencial establecida, determinando que la vulneración del derecho al juez natural conllevó la privación de su libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por memorial de 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 170 a 171, señalaron que: 1) La parte impetrante de tutela no mencionó de forma expresa si presentó esta acción de libertad porque la vida del imputado se encuentra en riesgo, o porque es ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de su libertad, lo cual amerita la denegatoria de la tutela, más aun al no estar correctamente planteada su pretensión tampoco se encuentra un petitorio congruente con el fundamento de hecho y derecho; 2) No se indicó de qué forma se lesionaron los derechos denunciados por la parte accionante, pues no basta solo referir aspectos genéricos sin establecer una vinculación entre las denuncias realizadas con el acto procesal emitido por el Tribunal de alzada; y, 3) Las Sentencias Constitucionales expresadas por el solicitante de tutela no son vinculantes, pues debe manifestar la ratio decidendi que es de efecto vinculante, o en su caso exponer si la problemática resuelta es análoga a su caso concreto. Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia refirió que: i) La acción de libertad fue interpuesta contra el Auto de Vista 097/2023, emitido por los Vocales demandados; por lo que, carece de legitimación pasiva para ser demandado; y, ii) La excepción de incompetencia que resolvió y fue confirmada por los Vocales demandados, no está vinculada al derecho a la vida del impetrante de tutela, no pudiendo “…accionarse por esta vía…” (sic).

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 18 de 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 173 vta. a 180 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo se anule el Auto de Vista 097/2023, emitido por César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al no haberse cumplido las reglas de competencia de lo dispuesto por el art. 49 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ordenando la remisión de los actuados procesales al departamento de Santa Cruz, a efectos que el proceso penal sea sorteado mediante sistema informático al Juez de Instrucción Penal de turno, “la razón de esta decisión, se encuentra en total resguardo al sector vulnerable que pertenece el encausado DAVID AUGUSTO PANIAGUA YÉPEZ, quien necesita una protección reforzada, tomando en cuenta que de ordenar la emisión de una nueva resolución, incluso sin renovar el acto, se ingresa en dilaciones innecesarias que atentan contra los derechos del ahora accionante” (sic), todo ello con base en los siguientes fundamentos: a) El argumento de la Resolución cuestionada sustenta su competencia territorial tomando como parámetro el domicilio establecido para una persona jurídica y que el accionante desarrollaba su actividad en todo el Estado Plurinacional, omitiendo lo previsto por el art. 49 inc. 1) del CPP, considerando además que, conforme a la imputación formal los hechos sucedieron en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; es decir, la conducta y el resultado se produjeron en esa ciudad; b) Los argumentos expuestos por el Juez de primera instancia se basó en fundamentos y consideraciones meramente retóricas, fundadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, alejadas de la Norma Suprema y la ley; c) Los argumentos utilizados por los Vocales demandados carecen no solo de fundamentación y motivación, sino también de congruencia, tomando en cuenta que el proceso penal seguido contra el solicitante de tutela tiene más de un control jurisdiccional; d) Las autoridades demandadas confirmaron el razonamiento utilizado en la Resolución del a quo, argumentando la omisión por parte del accionante de haber hecho conocer que la Federación cuenta con domicilio en la ciudad de Cochabamba, pretendiendo hacer aparentar que no fue un punto reclamado, cuando esa supuesta omisión no significa que los apelantes no hubieran reclamado la inobservancia a las reglas de competencia contempladas en la norma procesal penal, criterio que lesiona el debido proceso; e) No se tomó en cuenta lo establecido en el inciso 2) del art. 49 del CPP, respecto a las reglas de competencia, pues el domicilio del impetrante de tutela es en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; f) En cuanto al art. 49 inc. 3) del adjetivo penal, para delimitar la competencia del juez natural, de los antecedentes se observa que el proceso penal que dan origen a esta acción de libertad, se habla de dos momentos “1. El supuesto cobro de lo adeudado por prestación de un servicio, que de la misma imputación es confusa y 2. El contrato por cobertura televisiva que de igual forma es confusa y no precisa el lugar” (sic); g) La decisión de primera instancia es desmotivada, al no dar razones de hecho y de derecho para fundar su resolución y arbitraria por haberse hecho una valoración arbitraria de la prueba; h) El Auto de Vista impugnado carece de fundamentación, al haber utilizado como criterio que la Federación Sindical tiene domicilio en la ciudad de Cochabamba y que no es evidente que todos sus antecedentes sean en Santa Cruz, con lo que se lesionó sus derechos al debido proceso y al juez natural, que originó la detención preventiva del impetrante de tutela, constituyéndose a su vez en una privación de libertad indebida, tomando en cuenta que quien decidió la situación jurídica del imputado no tenía competencia alguna; y, i) En cuanto a su salud, el accionante ya presentó una primera acción de libertad que fue denegada por subsidiariedad; sin embargo, el mismo fue sometido quirúrgicamente y cuenta con una prótesis total de cadera, corriendo el riesgo de infección de no haber tenido el debido cuidado; por otro lado, sufre de hipertensión arterial, situación que debe ser considerada en la parte dispositiva, tomando en cuenta además que pertenece a un grupo vulnerable y se encuentra protegido constitucional y convencionalmente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Resolución de Imputación Formal 10/2022 de 31 de enero, por la cual el Fiscal de Materia solicitó la aplicación de medidas cautelares contra David Augusto Paniagua Yépez –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples (fs. 31 a 40 vta.), emitiéndose en consecuencia la Resolución 62/2023 de 1 de febrero; por la cual, el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz –ahora codemandado‒ dispuso su detención preventiva por el periodo de tres meses (fs. 42 a 49 vta.) II.2. Por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, el impetrante de tutela planteó incidente de nulidad de la Resolución de Imputación Formal 10/2022, por defecto absoluto (fs. 50 a 77), pronunciándose por el Juez codemandado el Auto Interlocutorio 142/2023 de 20 de marzo, que resolvió declarar infundado los incidentes y excepciones de incompetencia por razón de territorio, de actividad procesal defectuosa y nulidad de imputación formal; así como, el incidente de calidad de víctimas (fs. 78 a 80 vta.). II.3. Consta Auto de Vista 097/2023 de 27 de abril, dictado por César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –hoy codemandados‒; por el cual, declararon la admisibilidad del recurso de apelación formulado por la parte accionante, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirmando el Auto Interlocutorio 142/2023 (fs. 94 a 97).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la dignidad, a la presunción de inocencia, a la verdad material y al debido proceso en su vertiente al juez natural alegando que, las autoridades demandadas por Auto de Vista 097/2023, rechazaron su solicitud de incompetencia por razón de territorio, a sabiendas que el delito por el cual es procesado fue cometido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que su domicilio también se encuentra en ese departamento, determinación con la cual se restringió indebidamente su libertad física al aplicarle a partir de dicho proceso medidas cautelares personales. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La competencia como presupuesto de validez del proceso

Los presupuestos procesales son requisitos previos que necesariamente han de darse para constituirse una relación jurídica (Von Bulow, Oskar, Teoría de las excepciones y los presupuestos, 1868), entre los cuales se encuentra la competencia, cuya inobservancia provocaría un caos jurídico y afectación al ordenamiento legal y constitucional boliviano, tal como determinó la SCP 0284/2019-S4 de 29 de mayo, al establecer que: “El art. 12. de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, define a la competencia como: ‘…la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto’, de dicho precepto legal, se tiene que la competencia va de la mano con la jurisdicción -prevista en el art. 11 de la citada norma- como el poder que emana del pueblo boliviano, y es conferido por el Estado a las autoridades jurisdiccionales, para administrar justicia, en otras palabras, se puede decir, que la competencia constituye una división de la jurisdicción, que procura a través de las facultades conferidas por el Estado, la optimización de la administración de justicia de manera eficaz y especializada, por lo que, el respeto y cumplimiento de las competencias atribuidas a determinada autoridad, tienen que ver con el mantenimiento y preservación del orden jurídico y la armonía social; es así que, todos los jueces tienen jurisdicción, puesto que, tienen el poder de administrar justicia, pero a cada uno se le asigna competencias específicas para conocer y resolver determinados asuntos, que según establece la ley, se clasifica o determina por razones de materia, grado, turno, territorio y naturaleza; competencias que se imponen a las autoridades jurisdiccionales simplemente por necesidades de orden práctico, conforme ya se precisó.

Consiguientemente, se concluye que la competencia es el modo o forma de ejercicio de la jurisdicción, que responde a distintos factores, como ser en lo principal, cuestiones de carácter objetivo (cuando recae sobre el órgano jurisdiccional, que puede ser la envestidura del juez, vocal o magistrado), subjetivo (cuando recae sobre el titular o persona física especifica que debería cumplir determinada competencia o mandato del Estado), territorial (que tiene que ver con la ubicación, límite geográfico y alcance de la competencia la autoridad jurisdiccional), y, funcional (por la que se precisa que autoridad jurisdiccional debe conocer determinadas actuaciones como los recursos, la sustanciación en segunda instancia, los recursos extraordinarios y otros); la competencia en razón de materia se ubica dentro del factor objetivo.

(…) …así también se tiene que el máximo tribunal de la justicia ordinaria (Tribunal Supremo de Justicia), a través de su Sala Civil, en el AS 095/2014 21 de marzo, haciendo referencia a la competencia en razón de materia, orientó que: ‘…corresponde precisar que en consideración al carácter de orden público que revisten las reglas de competencia, cualquier vulneración al respecto debe ser observada aun de oficio y en cualquier estado del proceso, no pudiendo la actuación de las partes o de los propios administradores de justicia, convalidar las infracciones referidas a la competencia de los Jueces, cuya inobservancia, podrá dar lugar a la declaración de incompetencia en cualquier estado del proceso e incluso a la nulidad de las actuaciones y de las determinaciones asumidas por un Juez incompetente’.

En tal entendido, se tiene que las normas y cuestiones que versan sobre competencia tienen carácter imperativo, es así, que el art 120.I de la CPE, reconoce que: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente…’, derecho ante el cual, el art. 122 de la citada Ley Fundamental, determina imperantemente que: ‘Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley´, en tal razón, es menester que las autoridades jurisdiccionales que se encuentren en la situación de resolver cuestiones o reclamos sobre su competencia, están en la obligación de analizar y aclarar tales cuestionamientos, esto, tomado en cuenta el carácter absoluto e improrrogable de dicha facultad, puesto que, ni aun con el previo acuerdo de partes, puede trasladarse la competencia de una autoridad competente en una materia a otra diferente, fundamentos que le dan la calidad de ser una cuestión de orden público que permite la posibilidad de ser observada aun de oficio y en cualquier estado del proceso, conforme prevén los arts. 17.I de la LOJ (…), no pudiendo esta, ser convalidada y menos ignorada bajo criterios de preclusión, pues su inobservancia, en caso de existir o declararse la incompetencia en cualquier estado del proceso, decanta en la nulidad de las actuaciones, conforme establece el art. 122 de la CPE.

Lo contrario ocasionaría un caos jurídico y afectación al ordenamiento legal y constitucional boliviano, por cuanto, rompería la estructura jurisdiccional establecida en razón a la especialidad por materia, regulada por ley y por la propia Constitución Política del Estado a lo largo de su contenido, generando una situación de inseguridad jurídica, más si se toma en cuenta que la competencia, al margen de establecer y regular el orden jurídico, además representa uno de los pilares del proceso judicial, lo que se puede apreciar en la orientación que otorga la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 692/2014 de 25 de noviembre, donde se expone que: ‘Se considera presupuestos procesales a aquellos elementos de existencia previa que resultan necesarios para la formación de un proceso (…) según Piero Calamandrei ‘Los presupuestos procesales son los requisitos necesarios para que pueda constituirse un proceso válido, o una relación procesal válida que deben existir a fin de que se llegue a una resolución eficaz (…) La doctrina considera como presupuestos procesales de admisibilidad, de verificación obligatoria por parte del Juez de la causa: 1) la competencia y jurisdicción del tribunal; 2) la legitimación de las partes y; 3) la pretensión jurídicamente atendible…’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

Entendimiento que, con relación a la relevancia respecto a la competencia por materia, el Código de Procedimiento Penal Boliviano reconoce de manera taxativa, al prever en su art. 46, lo siguiente: “La incompetencia por razón de materia será declarada, aún de oficio, en cualquier estado del proceso. Cuando se la declare, se remitirán las actuaciones al juez o al tribunal competente y, cuando corresponda, se pondrán los detenidos a su disposición. La inobservancia de las reglas de la competencia por razón de materia producirá la nulidad de los actos” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2. Sobre el Juez natural y la nulidad de obrados cuando se hubiere inobservado las reglas de competencia

Siguiendo la doctrina de la relevancia constitucional para disponer la nulidad de los procesos judiciales o administrativos, se estableció que en lo que se refiere a la observancia del debido proceso, el principio de celeridad, economía procesal y la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo; se determinó que, la nulidad de obrados procede cuando la misma tenga relevancia. Así, los supuestos en los que se ha dispuesto la nulidad de obrados por inobservancia de las reglas del debido proceso con relación a la competencia territorial y material, reafirman el entendimiento de la doctrina de la relevancia constitucional estableciendo que en los casos de incompetencia en razón del territorio, no corresponde la nulidad de obrados sino evaluar y justificar si existe relevancia constitucional que dé mérito a la declaratoria de nulidad de actuados procesales; lo que, no acontece con la competencia material, cuya inobservancia da lugar indiscutible a la nulidad de obrados.

Así, dicha competencia, se traduce en el derecho al juez natural que toda persona posee, mismo que vinculado a la aplicación de las normas adjetivas en el tiempo, fue desarrollado por la SCP 1047/2013 de 27 de junio, la cual estableció al respecto que: “El derecho al juez natural se encuentra previsto por el art. 120.I de la CPE, cuya previsión dispone que: ‘Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa’.

El juez natural se encuentra previsto por nuestra Norma Suprema como una garantía jurisdiccional que forma parte del debido proceso, el cual, conforme lo determinó la jurisprudencia constitucional, es también aplicable a los procesos administrativos de tipo sancionador y a los procesos disciplinarios. El juez natural, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0074/2005 de 10 de octubre, implica: ‘…el derecho que tiene toda persona a ser oída y juzgada, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez regular predeterminado, competente, independiente e imparcial, en la substanciación de cualquier acusación penal o disciplinaria formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, familiar o de cualquier otro carácter. Ahora bien, a los fines de la resolución de la problemática planteada, siguiendo la doctrina constitucional, corresponde describir de manera resumida la naturaleza jurídica de los elementos constitutivos del «juez natural»:

a) Juez predeterminado, se entiende por tal a la autoridad cuya jurisdicción y competencia es determinada por el ordenamiento jurídico con anterioridad al hecho cometido que será objeto del proceso, sea judicial o disciplinario administrativo, lo que supone que el órgano judicial o disciplinario haya sido creado por la norma legal previamente. De lo referido se infiere que, en el ámbito del derecho al debido proceso significa el derecho que tiene la persona a ser juzgada por la autoridad investida, por el ordenamiento jurídico, de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial o disciplinario, conforme corresponda.

Cabe señalar que el derecho al juez predeterminado está expresamente consagrado por las normas previstas por los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (…).

De las normas antes referidas, siguiendo la doctrina constitucional así como la amplia jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede concluir que el derecho al juez predeterminado exige la concurrencia de las siguientes condiciones: i) el órgano judicial haya sido creado previamente por un precepto legal; ii) el órgano judicial esté investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial o disciplinario; iii) su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de tribunal ad hoc o de comisión especial; iv) la composición del órgano jurisdiccional venga determinada por la ley; y v) en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano respectivo. El cumplimiento de estas condiciones, contribuye a garantizar la independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional que es lo que se protege por el derecho al juez predeterminado.

De lo referido se infiere que el derecho al Juez predeterminado es con relación al juzgado o tribunal con jurisdicción y competencia predeterminado, no es al titular, es decir, a la persona que ejerce la condición de Juez o miembro del Tribunal respectivo; por ello debe entenderse que la garantía (…) del derecho al juez predeterminado, se refiere a la creación y establecimiento del juzgado o tribunal con la respectiva jurisdicción y competencia, no a los jueces o miembros de un Tribunal como sujetos; así fue entendido por este Tribunal en su SC 0560/2002-R de 15 de mayo, en la que se expresó la siguiente doctrina constitucional: «...los alcances del precepto constitucional (art. 14) no pueden extraerse de la literalidad del precepto, sino de la finalidad que el mismo tiene dentro del orden constitucional. De ahí que, de manera congruente con lo anotado, cuando dicho precepto dice: ʽNadie debe ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causaʹ, está desarrollando la garantía del Juez natural, dentro de los alcances anteriormente expuestos, y no a prohibir que un Juez designado después del hecho conozca y revuelva el caso, pues esto no sólo que no cumpliría la función teleológica del mismo, sino que sería de imposible aplicación; pues, ni aun existiendo jueces vitalicios podría cumplirse tal exigencia, que como ha quedado establecido no está presente en el espíritu de la norma»:

b) Juez competente, es el órgano que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme a criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; al igual que se manifestó al conceptuar al juez predeterminado dicha acepción de competencia no se refiere a la persona que ejerce circunstancialmente la jurisdicción, sino alude a la competencia del órgano creado con especificidad para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, vale decir que como juez competente se debe entender la autoridad que cumpliendo los criterios que legitiman su acción como tercero imparcial, independientemente de la persona, ejerce la potestad jurisdiccional en la dilucidación de una situación problemática para la que fue creada.

c) Juez independiente tiene una doble significación, por un lado, alude al órgano judicial, como Órgano del Estado, en ese sentido su configuración constitucional garantiza su independencia de los otros poderes (art. 116.VI y VIII de la CPE); y de otro lado, alude a la persona que ejerce la jurisdicción, la cual debe estar exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado.

d) Juez imparcial, también está referido al órgano jurisdiccional del Estado, y es un elemento propio y connatural de la jurisdicción; en otros términos, el ejercicio de la función jurisdiccional supone la existencia de un órgano imparcial, ajeno por completo al conflicto originado entre las partes contendientes en el proceso, cuya misión es la de dirimir un conflicto o la constatación de una situación jurídica, con efectos de cosa juzgada’.

Conforme a la jurisprudencia glosada, una de las características del juez natural es su predeterminación; es decir, que el juzgado o tribunal -no el juez como titular- debe estar previamente establecido en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, dicho juzgado o tribunal debe ser establecido ‘con anterioridad al hecho de la causa’ (art. 120.I de la CPE).

La redacción de dicha norma podría dar lugar a varias interpretaciones: La primera, que se entienda que el juzgado o tribunal debe ser anterior al hecho que origina el proceso judicial o administrativo; supuesto en el cual, se tendría que concluir que tratándose de normas procesales vinculadas al juez natural, son aplicables únicamente las normas vigentes al momento de la comisión del hecho, lo que implicaría extender el principio de irretroactividad también a aspectos procesales y establecer de manera indefinida un régimen de transición hasta que se juzgue el último hecho cometido en vigencia de una determinada ley procesal. Sin embargo, dicha interpretación no está conforme con los razonamientos desarrollados precedentemente, vinculados al carácter retrospectivo de las normas de carácter procesal y tampoco con los principios que informan la potestad de impartir justicia, entre ellos la seguridad jurídica y la celeridad; pues, en los hechos, mantener transitoriamente, de manera indefinida, la vigencia ultractiva de normas procesales provoca indeterminación y falta de certeza en los justiciables, ocasionando además que se continúe con dos sistemas procesales sin ningún límite.

La segunda interpretación que podría darse a dicha garantía es que, al contrario de lo señalado, la norma procesal que se aplica es siempre la vigente y, en ese entendido, independientemente del estado de la causa, si existe una modificación respecto a la jurisdicción y competencia de los juzgados o tribunales, es la nueva ley la que se aplica sin lesionar la garantía del juez natural.

Dicha interpretación tampoco puede ser sostenible en un Estado Constitucional, pues si bien, por regla general, efectivamente la norma procesal que se aplica es la vigente; empero, también debe considerarse que, tratándose de la garantía del juez natural, no es posible el cambio arbitrario de juzgados o tribunales, ya que ello implicaría la autorización de la creación de tribunales ad hoc o comisiones especiales. Por ello, es necesario efectuar una interpretación que armonice ambos extremos interpretativos, para determinar con precisión los alcances de dicha norma.

En ese sentido, acudiendo a las normas del bloque de constitucionalidad, debe considerarse que el derecho al juez natural está previsto tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así, el art. 8.1 de la citada Convención, establece dentro de las garantías jurisdiccionales al derecho de: ‘Toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’. Por su parte, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), señala que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

Conforme a dichas normas, la competencia del tribunal o juzgado debe estar establecida previamente en una ley, como lo ha entendido, además, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú de 30 de mayo de 1999, sostuvo que ‘Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios’.

Nuestra Constitución Política del Estado, conforme se tiene señalado, establece como una de las características del juez natural su predeterminación, señalando que las autoridades jurisdiccionales deben estar establecidas ‘con anterioridad al hecho de la causa’; última frase que, en la Constitución abrogada, fue introducida en la reforma constitucional de 1861 y que se mantuvo en todas las reformas constitucionales posteriores, pero que; sin embargo, debe ser interpretada en su verdadero alcance.

Desde una interpretación teleológica de la norma, que literalmente determina que las autoridades jurisdiccionales deben estar establecidas ‘con anterioridad al hecho de la causa’, la garantía del juez natural precautela que no se creen juzgados o tribunales de excepción o comisiones especiales y que; por tanto, sean las autoridades legalmente establecidas las que conozcan y resuelvan el caso; interpretación que, por otra parte, guarda coherencia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi antes señalado.

En ese sentido, la garantía del juez natural y, dentro de ella, la predeterminación, no alcanza a la exigencia que las autoridades sean establecidas antes del hecho por el que se juzga a una persona, sino a que sean anteriores al inicio del juicio -en sede judicial o administrativa-interpretación que, además, guarda armonía con las labores jurisdiccionales propias de los jueces y tribunales, quienes en definitiva deben desarrollar y resolver la causa en el marco de los principios de la potestad de impartir justicia previstos en el art. 178 de la CPE.

Así, de acuerdo a lo afirmado precedentemente, debe señalarse que el inicio del juicio en materia penal o disciplinaria tiene como base a la acusación o la decisión de procesamiento, pues es a partir de dicha determinación que se inicia el juicio propiamente dicho, que es la fase esencial del proceso para la comprobación del delito -o la falta- y la responsabilidad del imputado -acusado- (art. 329 del CPP); aclarándose que si bien en la etapa preparatoria de los proceso penales -y en la fase de investigación de los procesos disciplinarios- existe una autoridad jurisdiccional, ésta se encarga, fundamentalmente del control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en el Código de Procedimiento Penal, sin conocer ni resolver el fondo de la causa, salvo claro está los supuestos establecidos en el mismo Código.

Bajo dicha interpretación, cuando la Constitución Política del Estado señala que la autoridad jurisdiccional debe estar establecida ‘con anterioridad al hecho de la causa’ hace referencia a que ninguna persona puede ser sometida a juzgados o tribunales que no hubieren estado instituidos antes del inicio de la causa; es decir, antes del inicio del juicio propiamente dicho, en el que la autoridad, con plena jurisdicción y competencia, conocerá y resolverá el proceso judicial o disciplinario. En ese sentido, la norma procesal que instituya a una nueva autoridad jurisdiccional, no podrá afectar aquellos procesos iniciados en vigencia de la anterior ley procesal, pues de hacerlo, se lesionaría la garantía del juez natural, de ahí que sea necesario que, en los casos de sucesión de leyes en el tiempo, se establezca un régimen transitorio en el que de manera clara se determinen los supuestos de ultractividad (aplicación de la norma derogada o abrogada) o de retrospectividad (aplicación de la norma vigente a procesos en curso), con el fin de dotar de seguridad jurídica a las personas y de respetar los derechos y garantías jurisdiccionales previstos en la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad.

Cabe señalar -como argumento a manera de ejemplo- que un entendimiento similar fue asumido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, en el expediente: 8662-2006-PHC/TC, al señalar que el derecho al juez natural supone dos exigencias: En primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional, garantizándose así, la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional o comisión especial y, en segundo lugar, ‘…que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un juez ex post facto o por un juez ad hoc’.

Similar razonamiento se encuentra en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, que en la STC 060/2008 de 26 de mayo, estableció que el derecho al juez natural ‘…exige que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle como órgano especial o excepcional…’. Es decir, en otras palabras, que el legislador ha de haber determinado en una norma con rango de ley y con carácter previo al hecho las reglas de competencia fundadas en criterios objetivos y generales” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la dignidad, a la presunción de inocencia, a la verdad material y al debido proceso en su vertiente al juez natural alegando que, las autoridades demandadas por Auto de Vista 097/2023, rechazaron su solicitud de incompetencia por razón de territorio, a sabiendas que el delito por el cual es procesado fue cometido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que su domicilio también se encuentra en dicho departamento, determinación con la cual se restringió indebidamente su libertad física al aplicarle a partir de tal proceso medidas cautelares personales. De la revisión de antecedentes se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de estafa con agravante de víctimas múltiples, el Fiscal de Materia presentó Resolución de Imputación Formal 10/2022, solicitando la aplicación de medidas cautelares contra el impetrante de tutela, emitiéndose en consecuencia la Resolución 62/2023, pronunciada por el Juez demandado mediante la cual dispuso su detención preventiva por el periodo de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.1.). Posteriormente, dentro de dicho proceso penal el solicitante de tutela planteó incidentes y excepciones de incompetencia por razón de territorio, de actividad procesal defectuosa y nulidad de imputación formal; así como, el incidente de calidad de víctimas contra la Resolución de Imputación Formal 10/2022, que fueron declarados infundados por la referida autoridad judicial a través del Auto Interlocutorio 142/2023 (Conclusión II.2.), determinación contra la que formuló recurso de apelación incidental, que fue resuelto por los Vocales demandados por Auto de Vista 097/2023, a través del que declararon la admisibilidad de dicho recurso, la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirmaron el Auto Interlocutorio 142/2023 (Conclusión II.3.). Previamente a ingresar a considerar la problemática expuesta, resulta pertinente aclarar que en virtud a la subsidiariedad excepcional aplicable en la acción de libertad, la revisión de las decisiones asumidas en instancia judicial se realizan a partir de la última resolución pronunciada, en el entendido de que esta tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones de las autoridades de menor jerarquía; razón por la que, este Tribunal circunscribirá su análisis solo respecto al Auto de Vista 097/2023, pronunciado por los Vocales hoy demandados; motivo por el que, no corresponde realizar mayores consideraciones con relación a Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz. Ahora bien, ingresando al análisis de la problemática planteada la misma que recae en la denegatoria de sus incidentes y excepciones formulados, efectuada mediante Auto de Vista 097/2023, lo que provocó la lesión de sus derechos alegados en esta acción de defensa; al respecto, conforme al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, el derecho al juez natural, consagrado por el art. 120.I de la CPE, exige que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. Así, el art. 49 del CPP, establece que: “Serán competentes: 1) El juez del lugar de la comisión del delito. El delito se considera cometido en el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado; 2) El juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido; 3) El juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho…”; en ese entendido, la parte accionante en este caso concreto manifiesta que tanto su domicilio como el de FABOL y la supuesta deuda a favor del ex Director del Club Deportivo y Cultural Sport Boys correspondería a un supuesto trabajo desempeñado en dicho departamento, aspectos que fueron señalados y denunciados en los diferentes memoriales que presentó; sin embargo, agrega que estos no fueron tomados en cuenta por las autoridades demandadas por medio del Auto de Vista 097/2023, aspecto que lo dejó en estado de indefensión, lo que provocó su detención preventiva y por consiguiente la lesión de su derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento al juez natural. Al respecto, de la revisión del Auto de Vista cuestionado, en cuanto al tema de competencia se observa que, el mismo tomó en cuenta los siguientes aspectos: 1) FABOL tiene radicatoria en la ciudad de Cochabamba, análisis que se omitió por el accionante; 2) El imputado se presentó ante el Ministerio Público en representación legal de los Clubes San José, Real Bamin, Sport Boys, cuya localidad es Beni; y, 3) No es evidente que todos los antecedentes del proceso sean de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ya que FABOL se encuentra en Cochabamba, razonamiento que no se hizo conocer por la parte apelante; por lo que, no se advierte agravio alguno. Del análisis del referido razonamiento, en lo que al cuestionamiento del componente competencia (juez natural) respecta; se advierte que, las autoridades demandadas se apartaron del marco de legalidad previsto en el art. 49 del CPP; norma procesal penal que determina las reglas de competencia territorial que debieran ser observada para determinar qué autoridad jurisdiccional es la competente en razón de territorio para la sustanciación de un determinado proceso penal; ello, para el caso, en una correcta interpretación y aplicación de las reglas contenidas en los incisos 1) y 2) del citado precepto, referidos a, el lugar de la comisión del presunto delito y, la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido; supuestos que, los cuales tendrían lugar de manera coincidente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; marco normativo que debió ser observado por las autoridades demandadas al momento de haberse puesto en su conocimiento el proceso penal seguido contra el ahora impetrante de tutela, al encontrarse de por medio la competencia como presupuesto de validez del proceso, que se encuentra vinculado al derecho al debido proceso en su componente juez natural, siendo que conforme lo previsto en el art. 120.I de la Ley Fundamental, que estipula que: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa” (las negrillas nos pertenecen); y, 8.1. de la CADH; que dispone que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” (las negrillas son nuestras), maxime si, como acontece en este caso, se encuentra de por medio el derecho a la libertad del impetrante de tutela, a quien, conforme se tiene de la Conclusión II.1. del presente fallo constitucional, le fue restringido su derecho a la libertad física mediante la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva por un periodo de tres meses, por parte de una autoridad jurisdiccional cuya competencia territorial, ahora es cuestionada como componente sustancial del debido proceso. En ese entendido, en observancia de los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, al haberse inobservado las reglas de competencia por parte de las autoridades jurisdiccionales demandadas, se sometió al hoy accionante ante jueces sin competencia por razón de territorio, advirtiéndose así una vulneración a las reglas de la competencia respecto al derecho al juez natural; en vinculación con su derecho a la libertad, en cuyo mérito, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18 de 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 173 vta. a 180 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0722_2023-S4.pdf · páginas 1 a 17.

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