B.IA.LEGAL

SCP 0720/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57049-2023-115-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus vertientes a la seguridad jurídica, “…A LA APLICACIÓN OBJETIVA DE LA LEY RESPECTO A LA COSA JUZGADA” (sic), a la motivación, fundamentación y congruencia; a su derecho a la defensa, y del principio de legalidad; toda vez que, la autoridad demandada, mediante Auto de Vista 57-Bis/2023, anuló el Auto de Vista 150/2022, que confirmó la aprobación del incidente de nulidad que dejó sin efecto todas las actuaciones relacionadas con su persona y otros; sin embargo: a) La resolución se emitió sin sustento en los arts. 396.1, 2, 3 y 4, y 398 del CPP, al actuarse de oficio sin existir resolución apelada pendiente; asimismo, no se consideró que el art. 17.I de la LOJ limita la revisión de oficio a los supuestos legalmente previstos y que los arts. 51.1 y 58.1 de la LOJ establecen que los recursos de apelación deben resolverse conforme a ley, constituyendo un límite expreso a la competencia de los Tribunales de alzada; b) Se desnaturalizó el instituto de revisión de oficio del art. 168 CPP -destinado a subsanar vicios, renovar actos o rectificar errores-, al confundirlo con el régimen de defectos absolutos del art. 169 CPP; c) Se ignoró que el Auto de Vista 150/2022 se encontraba ejecutoriado, por lo que no se consideró lo establecido en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 129 de 20 de julio de 2023, cursante de fs. 2607 vta. a 2611, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada y que la parte accionante tiene, en su caso, expedita la vía legal correspondiente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0720/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57049-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 129 de 20 de julio de 2023, cursante de fs. 2607 vta. a 2611, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Arnaldo Añez Dorado contra Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de julio de 2023, cursante de fs. 2548 a 2565, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 27 de octubre de 2017 se inició una investigación en la República Federativa de Brasil contra Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo y Carlos Añez Dorado, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. Asimismo, en Bolivia, se abrió el Expediente FELCN-SC-X 642/2017, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70107650, contra Juana Elena Dorado Ventura de Lima Lobo, Adhemar Lima Lobo Rivarola, María Elena Lima Lobo Dorado y Carmen Iris Lima Lobo Dorado, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. El 5 de abril de 2019 se emitió una resolución de rechazo que archivó el caso a favor de estos cuatro investigados; en la misma fecha, también se emitió una resolución de sobreseimiento a favor de Edward Lima Lobo Dorado; sin embargo, esta fue revocada por el Fiscal Departamental -se infiere, de Santa Cruz-; como consecuencia de esta revocatoria, se formuló acusación fiscal contra el prenombrado por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, siendo remitido el caso al Juzgado de Instrucción Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz. Finalmente, Edward Lima Lobo Dorado fue absuelto mediante Sentencia 27/2021 de 9 de agosto. Posteriormente, recurrida en apelación -se infiere, la sentencia absolutoria-, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Santa Cruz pronunció el Auto de Vista 140 de 6 de diciembre de 2021, declarando admisible e improcedente la impugnación, confirmando en su totalidad la Sentencia 27/2021, que a la fecha se encuentra en etapa de recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia. El 6 de octubre de 2021, se informó al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni el inicio de una investigación penal por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas contra Edward Lima Lobo Dorado, así como contra su persona, entre otros, con base en un Informe UIF/DAFL/UAL/354/2021 de investigación financiera y patrimonial, emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) el 27 de septiembre de 2021; este proceso se encuentra registrado bajo el Expediente 328/2021 y el Código Único de Denuncias (CUD) 801102012101893. Así, en el marco del Expediente 328/2021, el 10 de diciembre de 2021, la defensa técnica de Edward Lima Lobo Dorado presentó un incidente de defectos absolutos ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni, que se fundamentó en la presunta vulneración del principio non bis in idem y el debido proceso; admitido el incidente, el Juzgado corrió traslado a todos los sujetos procesales, recibiéndose la contestación del Ministerio Público el 20 de junio de 2022. Asimismo, el 21 de julio de 2022, el Ministerio Público presentó varios requerimientos conclusivos en el marco de la investigación: en primer lugar, solicitó el rechazo de la denuncia y de la actuación policial a favor de Edward Lima Lobo Dorado, Mario Alfredo Rosales Méndez y María Elena Lima Lobo Dorado; ese mismo día, formuló un requerimiento conclusivo similar a favor de César Cassol y José Antonio Roca Barba; en ambos casos, el Ministerio Público advirtió que la investigación podía ser reabierta dentro del plazo de un año. De igual manera, en la misma fecha, el Ministerio Público presentó un requerimiento conclusivo de imputación formal en su contra y otros implicados, y solicitó la aplicación de medidas cautelares. El 14 de septiembre de 2022, se celebró la audiencia de consideración del incidente de defectos absolutos interpuesto por Edward Lima Lobo Dorado, fundado en la vulneración del debido proceso -específicamente en su vertiente de seguridad jurídica- y en la existencia de una nueva investigación sobre hechos ya juzgados en el departamento de Santa Cruz y previamente investigados. Al acogerse dicho incidente, se declaró la nulidad de todas las actuaciones referidas a Edward y María Elena, ambos Lima Lobo Dorado, por haber sido objeto de investigación previa sobre los mismos hechos; asimismo, anuló las actuaciones concernientes a su persona, así como a Edwin Douglas Lima Lobo Dorado; Anita Vaca Oyola de Lima Lobo, Ana Karen y Paula Andrea, ambas Lima Lobo Vaca; Teddy Raúl y Jorge Alberto, ambos Datzer Rodríguez; José Ignacio Lima Lobo Dorado y Luzmila Alvis Mejía de Lima Lobo, por haberse acreditado que constituyen imputados distintos en una segunda investigación sobre un mismo hecho, respecto del cual se alegan nuevas circunstancias; contra esta resolución, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental. El 30 de septiembre de 2022 se celebró audiencia del recurso de apelación incidental, en su presencia y la del Ministerio Público, entre otros; durante dicho acto procesal, el representante del Ministerio Público planteó un incidente cuestionando la representación jurídica de los mandantes e incidentistas; no obstante, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni reconoció la legitimidad activa del abogado Alex Armando Mejía Suarez y, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 125, 308 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP), ordenó la prosecución del proceso, al haber precluido en todas sus instancias la petición del Ministerio Público. Igualmente, con base en los fundamentos expuestos durante la audiencia sobre el fondo del asunto, Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal, y Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica -hoy demandada-, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitieron el Auto de Vista 150/2022 de 30 de septiembre. Dicha resolución confirmó el Auto Interlocutorio de 14 de septiembre del mismo año, mediante el cual el Juez a quo aplicó las “ponderaciones” establecidas en los arts. 4 y 45 del CPP, relativos a la indivisibilidad del juzgamiento y el principio non bis in idem. El 16 de mayo de 2023, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni recibió el Oficio 627/2023, emitido por la Vocal demandada; en dicho escrito, la referida autoridad solicitó la remisión del cuaderno de control jurisdiccional con CUD 801102012101893 dentro del plazo de veinticuatro horas, fundamentando su petición en el argumento de que era necesario ‘“EN ARAS DE REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SUSCRITA VOCAL”’ (sic); a dicho oficio se adjuntó copia de la providencia de la misma fecha. Ese mismo día, el mencionado Juzgado remitió trece cuerpos del expediente a la Vocal demandada, mediante Oficio 191/2023.

Sin embargo, la autoridad demandada incurrió en una apropiación indebida de facultades al asumir atribuciones sobre un proceso que no se encontraba bajo su control jurisdiccional, sustentando su actuación en argumentos ajenos al marco legal establecido y atribuyéndose una competencia jerárquica que no le corresponde como Vocal de Sala, pues, respecto a las competencias del Tribunal de alzada, el art. 51.1 del CPP establece que le corresponde conocer y resolver el recurso de apelación incidental, conforme a las reglas previstas en dicho cuerpo normativo; asimismo, el art. 58.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que regula las atribuciones de las salas en materia penal, dispone que los recursos de apelación deben resolverse conforme a ley. No obstante, de manera unilateral y de oficio, tras transcurrir doscientos veintinueve días, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 57-bis/2023 de 17 de mayo, dejando sin efecto el Auto de Vista 150/2022; en su fundamentación, citó la SCP 2237/2012 de 8 de noviembre, que expresamente prohíbe la representación mediante testimonio de poder para imputados en delitos de orden público, alegando que ninguno de los incidentistas se encontraba notificado ni presente en la audiencia del recurso de apelación incidental. Esta argumentación, sin embargo, no se ajusta a la verdad de los hechos procesales, ya que el Tribunal de alzada, a requerimiento del Ministerio Público y al analizar las facultades del abogado apoderado de los incidentistas, Alex Armando Mejía Suarez, había reconocido previamente su legitimación activa, por tratarse de un incidente y no de una imputación formal. Por otro lado, carecía del control jurisdiccional con base en los arts. 396.1, 2, 3 y 4, y 398 del CPP, ya que el Tribunal de alzada debía circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, ya que, de lo contrario, acarrearía inseguridad jurídica. Esta limitación rige para los tribunales de alzada, con excepción de los defectos absolutos reglados en el art. 169 del CPP, que no resultan aplicables al caso. En efecto, la autoridad demandada se remite únicamente al art. 168 del CPP, el cual regula la subsanación inmediata, renovación del acto, rectificación de errores o cumplimiento de actos omitidos, confundiendo este instituto con el régimen de defectos absolutos previsto en el art. 169 del mismo Código, referente a actos no susceptibles de convalidación y sancionados con nulidad; al hacerlo, vulnera ambos preceptos y excede sus facultades; en consecuencia, carece de competencia para actuar en revisión de oficio al amparo del art. 168 del CPP, puesto que esta figura procesal tiene por finalidad evitar que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad, mediante la corrección o subsanación de actuaciones, no la reemisión de resoluciones sobre materias ya decididas. De igual manera, conforme al art. 17.I de la LOJ, la nulidad de actos declarada por los tribunales habilita la revisión de oficio, pero la circunscribe exclusivamente a los supuestos expresamente previstos por la ley; a su vez, el art. 17.IV de la misma Ley establece que, en caso de declaratoria de nulidad, el tribunal debe comunicar de oficio dicha decisión al Consejo de la Magistratura. Por otra parte, la autoridad demandada asumió la determinación cuestionada sin existir una resolución apelada pendiente de resolución, conforme exigen los arts. 403.1 al 11 del CPP, ni haberse interpuesto el recurso dentro de los plazos establecidos en el art. 404 del mismo cuerpo legal; esta circunstancia constituye una limitación expresa de la competencia del Tribunal de alzada para conocer cuestiones sometidas a su jurisdicción. Ciertamente, existió un recurso de apelación incidental, el cual fue resuelto mediante Auto de Vista 150/2022. Para el 17 de mayo de 2023 -cuando se emitió la resolución cuestionada-, dicha resolución se encontraba plenamente ejecutoriada, máxime cuando para 2023 los plazos procesales se encontraban abundantemente vencidos. Tampoco se consideró lo dispuesto en el art. 126 del CPP, el cual establece que la resolución queda ejecutoriada sin necesidad de declaración expresa cuando no se interpone recurso alguno dentro del plazo legal o cuando no admite recurso ulterior; esta es precisamente la situación del caso, en el que el Ministerio Público no interpuso recurso adicional alguno -ya sea de complementación, enmienda, revisión o extraordinario- dentro de los plazos establecidos en los arts. 130, 251, 396.3 y 404 del CPP; cualquier actuación en contrario no solo contravendría la jurisprudencia establecida, sino que constituiría una revisión indebida de las propias resoluciones por el mismo tribunal que las dictó, lo cual resulta procesalmente inadmisible; esta competencia corresponde exclusivamente a un tribunal de superior jerarquía. Finalmente, omitió considerar lo dispuesto en el art. 16 de la LOJ, que regula la continuidad del proceso y la preclusión; el parágrafo I de dicha norma establece que las autoridades judiciales deben proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer las etapas concluidas, salvo que exista una irregularidad procesal reclamada oportunamente que lesione el derecho a la defensa; por su parte, el parágrafo II precisa que la preclusión opera al concluir las etapas procesales y con el vencimiento de los plazos establecidos. Al respecto, la Vocal demandada omitió verificar que existe un total vencimiento de plazos procesales, los cuales no fueron reclamados formalmente por el Ministerio Público.

I.1.2. Garantía, derecho y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus vertientes a la seguridad jurídica, “…A LA APLICACIÓN OBJETIVA DE LA LEY RESPECTO A LA COSA JUZGADA” (sic), a la motivación, fundamentación y congruencia; a su derecho a la defensa, y del principio de legalidad; citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Se deje sin efecto y se declare la nulidad del Auto de Vista 57-bis/2023, así como de todas las actuaciones posteriores de la autoridad demandada que se fundamentan en dicha resolución. Asimismo, se disponga mantener la plena vigencia del Auto de Vista 150/2022; y, b) Se ordene a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni que proceda a la devolución de obrados al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de Trinidad del departamento de Beni.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 20 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 2599 a 2607, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) La Vocal demandada emitió el Auto de Vista 57-bis/2023 pese a haber perdido competencia nueve meses antes, lo que la inhabilitaba para conocer y resolver el recurso de apelación incidental. Su argumentación se basó en la falta de notificación legal a los imputados y su inasistencia a la audiencia, convocando una nueva audiencia para resolver el recurso cuando el Código de Procedimiento Penal no prevé la revocación de un Auto de Vista ya dictado y suscrito por la misma autoridad; 2) Constituye otro argumento erróneo la invocación de un error de tipo para dejar sin efecto el Auto de Vista 150/2022, sin considerar que el art. 16 del Código Penal (CP) establece que el error invencible sobre un elemento del tipo penal excluye la responsabilidad penal, mientras que el error vencible da lugar a la pena del delito culposo cuando la ley lo prevea. Esta disposición no resulta aplicable al irregular procedimiento de la Vocal demandada, quien anuló una resolución en la que participó y pretendió dictar un nuevo Auto de Vista sin la intervención del otro Vocal; 3) Tampoco corresponde la aplicación de los arts. 308, 314 y 315 del CPP, ya que la prueba ofrecida y el conflicto por defecto absoluto versaban sobre cuestiones de puro derecho; 4) Los considerandos del Auto de Vista 57-bis/2023 son incongruentes, pues no conducen a la nulidad conforme al art. 406 del CPP, especialmente en materia de nulidades procesales; 5) Se lesionó la celeridad procesal, conforme a lo establecido en la SCP 0341/2018 de 18 de junio, agravada por estar comprometido el derecho a la libertad de ciudadanos; y, 6) Existe indebida fundamentación, motivación y congruencia en el Auto de Vista, ya que no se somete al texto constitucional ni a la ley, no convence a las partes sobre su arbitrariedad, ni observa valor justicia alguno; su razonabilidad es inexistente, porque interpreta la normativa penal a su mejor saber y entender.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por informe escrito cursante de fs. 2593 a 2596 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) El 30 de septiembre de 2022 fue convocada para suplir la excusa de Norka Díaz Morales, Vocal titular de la Sala Penal del citado Tribunal; ii) El accionante, de reconocer la incompetencia, no formuló corrección oportuna durante la audiencia, en el marco del art. 168 del CPP “…castigando su propia preclusión que señala el parág. II.- del art. 16 de la L.O.J.?..” (sic). Este silencio configura un reconocimiento tácito de su competencia, conforme a los arts. 13 y 58 de la LOJ y 42, 44, 47 y 51 del CPP; iii) El Auto de Vista 57-bis/2023 se limitó a renovar el acto jurisdiccional ante la inasistencia de los imputados a la audiencia del recurso de apelación incidental. La determinación ordenó la comparecencia formal a nueva audiencia bajo los arts. 167.I, 168 y 169.2 del CPP, considerando que el delito de legitimación de ganancias ilícitas no admite representación con mandato -arts. 106 y 109 del CPP-; por lo tanto, la inasistencia constituye un error de tipo que no afecta la antijuridicidad o culpabilidad; iv) Los órganos jurisdiccionales deben ejercer de oficio el control de la actividad procesal defectuosa, independientemente de la petición de parte, por su naturaleza inconvalidable; v) El sistema procesal vigente permite corregir actos erróneos mediante subsanación, renovación o rectificación -arts. 17.I, 167 y 168 del CPP-. Los defectos absolutos no convalidables, como la inasistencia material de imputados, requieren nulidad sin retrotraer el procedimiento, pues tales actos carecen de eficacia jurídica desde su origen. En el caso, la no comparecencia en la audiencia del Auto de Vista 150/2022 justifica la renovación mediante el Auto 57-bis/2023; vi) El art. 168 del CPP debe interpretarse sistemáticamente con el art. 167 del mismo Código, referido a actos cumplidos con inobservancia del bloque constitucional. La rectificación procede para garantizar que la decisión judicial no se funde en actuaciones viciadas, pudiendo realizarse de oficio o a petición de parte; y, vii) La seguridad jurídica, la aplicación objetiva de la ley y la fundamentación son principios reguladores de la administración de justicia, no derechos subjetivos, por lo que no son tutelables mediante acción de amparo constitucional.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

El representante del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela requerida, solicitando que se realice una valoración integral de los agravios alegados, destacando la falta de fundamentación en su exposición. Edward Lima Lobo Dorado, María Elena Lima Lobo Dorado, Edwin Douglas Lima Lobo Dorado, Anita Vaca Oyola de Lima Lobo, Ana Karen Lima Lobo Vaca, Paula Andrea Lima Lobo Vaca, Teddy Raul Datzer Rodríguez, Jorge Alberto Datzer Rodríguez, Luzmila Alvis Mejía de Lima Lobo y José Ignacio Lima Lobo Paredes, en audiencia, a través de su abogado, solicitaron se conceda la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: a) En la resolución del recurso de apelación incidental intervinieron conjuntamente Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal; y, Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, quienes de forma colegiada emitieron el Auto de Vista 150/2022. Posteriormente, la Vocal demandada, ejerciendo indebidamente una atribución jerárquica inexistente, se arrogó competencia para apropiarse de facultades, derechos y atribuciones correspondientes a un tribunal de alzada en un proceso que ya no se encontraba bajo su control jurisdiccional, conforme lo establece el art. 51.1 del CPP; b) El art. 168 del CPP permite la corrección de actuaciones siempre que sea posible; sin embargo, en el caso existe una imposibilidad jurídica dado que la materia ya no es de competencia de la autoridad demandada y el fallo se encuentra ejecutoriado; c) Se prohíbe la representación mediante testimonio de poder para imputados en delitos de orden público, pero la situación descrita por la Vocal demandada dista de la realidad procesal “…tal como cuenta a fojas 2417 y Fojas 2419…” (sic), pues el Tribunal de alzada, a solicitud del Ministerio Público, reconoció la legitimidad activa del abogado Alex Armando Mejía Suarez -representante de los incidentistas- al tratarse de un incidente regulado en el art. 308 del CPP y no de una imputación formal, resolviendo la prosecución de la causa al haberse precluido en todas sus instancias la petición fiscal; d) El nuevo sistema procesal admite la corrección de actos erróneos mediante tres modalidades, subsanación, renovación o rectificación, lo que implica reconocer la existencia de actuaciones viciadas pero subsanables; no obstante, el art. 168 del CPP no autoriza declarar la nulidad de obrados, figura distinta a la corrección. Mientras la corrección permite enmendar defectos sin retroceso temporal, la nulidad retrotrae el proceso al momento en que se produjo el vicio, por tratarse de defectos absolutos que impiden que los actos adquieran validez jurídica; el art. 169 del CPP enumera estos defectos absolutos, no susceptibles de convalidación; e) Las modificaciones o renovaciones procesales, ya sean de oficio o a petición de parte, no pueden prejuzgar el fondo del asunto ni alterar resoluciones firmes y definitivas, ya que ello constituiría una revisión de las propias decisiones, facultad reservada exclusivamente a los tribunales superiores; f) Respecto al error de tipo invocado por la Vocal demandada, su fundamentación se limitó a la mera lectura del articulado del Código Penal “…que no tiene nada que ver en la fundamentación respecto a la motivación…” (sic); y, g) La emisión oficiosa del Auto de Vista cuestionado vulneró los derechos al debido proceso en sus elementos seguridad jurídica, aplicación objetiva de la ley, legalidad, motivación y fundamentación, al anular una resolución ejecutoriada e inmutable contra la que se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios, conforme a los arts. 126 del CPP y 16.1 y 2 de la LOJ; esta decisión se adoptó sin otorgar oportunidad de réplica o defensa, situando a los recurrentes en estado de indefensión, en ejercicio arbitrario de competencia.

I.2.4. Participación del Ministerio Público

Paola Amparo Gómez Carrasco, Fiscal de Materia, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que el Auto de Vista cuestionado fue emitido por la Vocal demandada al detectar un error de tipo incurrido por los miembros del tribunal que conoció el recurso de apelación incidental, lo que motivó la renovación del acto procesal; en tal virtud, conforme a la normativa citada en la resolución “…emite dicho acto el cual más al contrario que señalan y fundamentan que habrían sufrido agravios, subsana los errores a los cuales se habría suscitado dicho fallo…” (sic).

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 129 de 20 de julio de 2023, cursante de fs. 2607 vta. a 2611, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 57-bis/2023, sin imponer costas ni multas por considerarlo excusable; con base en los siguientes fundamentos: 1) La Sala Constitucional no es competente para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los sujetos involucrados ni sobre la excepción de cosa juzgada, lo que corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales ordinarios; 2) Al examinar las atribuciones conferidas por la Ley del Órgano Judicial y la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, respecto al ejercicio individual de funciones, se constató que la autoridad demandada actuó de forma unilateral, mientras que el Auto de Vista 150/2022 fue emitido colegiadamente por dos vocales. La ausencia de uno de los miembros no justifica la vulneración del carácter colegial requerido, pues esta es una exigencia institucional independiente de las personas que integran el tribunal; 3) No se cumplieron las formalidades de fundamentación y motivación como exigencia sustancial en la emisión de fallos. Los errores de tipo o de prohibición -instituciones jurídicas penales destinadas a calificar conductas y determinar sanciones-, no pueden invocarse para rectificar vicios procesales; y, 4) Si bien los arts. 168 y 169 del CPP permiten la renovación de actos procesales, esta debe realizarse observando estrictamente las formalidades legales establecidas, requisito que no se cumplió en el caso concreto.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 2615 a 2617).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por escrito de 6 de octubre de 2021, el Ministerio Público informó el inicio de investigaciones contra Arnaldo Añez Dorado -accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas; ante ello, Erika María Arce Cuellar, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de Capital del departamento de Beni, emitió providencia de 8 del señalado mes y año, el cual tuvo por presente dicho informe (fs. 67 y 68). II.2. Mediante memorial de 10 de diciembre de 2021, Edward Lima Lobo Dorado interpuso incidente de nulidad impugnando la totalidad de los actos investigativos y procesales del caso identificado con el CUD 801102012101893, por la existencia de vicios absolutos y la vulneración del derecho al debido proceso y del principio non bis in ídem, solicitando se declare la nulidad de todas las actuaciones y/o el archivo definitivo del caso, debido a que fuera la tercera ocasión en que se lo procesa por los mismos hechos. En atención a dicho incidente, el Juez de la causa corrió traslado a los demás sujetos procesales para que emitan su contestación (fs. 102 a 108). II.3. Consta Acta de Audiencia y Auto Interlocutorio de 4 de julio de 2022, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni, mediante el cual ordenó la nulidad de todas las actuaciones procedimentales relacionadas con Edward y María Elena, ambos Lima Lobo Dorado, fundado en que ambos ya habían sido investigados previamente por los mismos hechos; en el curso de la referida audiencia, el Ministerio Público y el abogado defensor de la familia Lima Lobo interpusieron recurso de apelación incidental (fs. 2023 a 2027 vta.). Dicho recurso fue remitido al Tribunal de alzada mediante Oficio 158/2022 de 8 de igual mes y año (fs. 2028). II.4. Se tiene Acta de Audiencia y Auto Interlocutorio de 14 de septiembre de 2022, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni, que fue dictado en cumplimiento del Auto de Vista 109/2022 de 11 de agosto, que anuló el Auto Interlocutorio de 4 de julio del mismo año, y declaró procedente el incidente de nulidad promovido por Edward Lima Lobo Dorado; en consecuencia, ordenó la nulidad de todas las actuaciones vinculadas a él y a María Elena Lima Lobo Dorado dentro del proceso penal identificado con CUD 801102012101893; asimismo, anuló todas las actuaciones con relación al accionante y Edwin Douglas Lima Lobo Dorado, Anita Vaca Oyola, Ana Karen y Paula Andrea, ambas Lima Lobo Vaca, Teddy Raúl y Jorge Alberto, ambos Datzer Rodríguez, José Ignacio Lima Lobo Paredes y Luzmila Alvis Mejía, por haberse demostrado que se constituyen en imputados en una segunda investigación por un hecho sobre el cual se alegan nuevas circunstancias; por otro lado, finalizada la audiencia, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación (fs. 2128 a 2137). II.5. Consta Acta de Audiencia virtual de consideración del recurso de apelación incidental y Auto de Vista 150/2022 de 30 de septiembre, pronunciado por Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal; y, Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica -demandada-, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que confirmó íntegramente el Auto Interlocutorio de 14 de septiembre de 2022 (fs. 1389 a 1400). II.6. A través de Nota CITE 627/2023 de 16 de mayo, la Vocal demandada solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni, la remisión del cuaderno de control jurisdiccional correspondiente al proceso penal registrado bajo CUD 801102012101893; asimismo, acompañó a dicha nota providencia de la misma fecha, que ordenó a Secretaría se oficie la citada solicitud “…en aras de realizar una verificación de las resoluciones emitidas por la suscrita vocal…” (sic) debido a que la citada Vocal intervino en el mencionado proceso penal (fs. 2533 y 2534). Por su parte, mediante Oficio 191/2023 de la misma fecha, el referido juzgado dio cumplimiento a lo solicitado, procediendo a remitir los actuados correspondientes (fs. 2535). II.7. Mediante Auto de Vista 57-Bis/2023 de 17 de mayo, la Vocal demandada dejó sin efecto el Auto de Vista 150/2022, ordenando: i) La renovación del acto procesal, previo cumplimiento de las formalidades legales correspondientes; ii) La convocatoria a una nueva audiencia para la consideración del mencionado recurso, de conformidad con el rol de audiencias de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, iii) El señalamiento de dicha audiencia por parte de la Secretaría, garantizando la notificación de todos los sujetos procesales conforme a derecho (fs. 2536 a 2537 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus vertientes a la seguridad jurídica, “…A LA APLICACIÓN OBJETIVA DE LA LEY RESPECTO A LA COSA JUZGADA” (sic), a la motivación, fundamentación y congruencia; a su derecho a la defensa, y del principio de legalidad; toda vez que, la autoridad demandada, mediante Auto de Vista 57-Bis/2023, anuló el Auto de Vista 150/2022, que confirmó la aprobación del incidente de nulidad que dejó sin efecto todas las actuaciones relacionadas con su persona y otros; sin embargo: a) La resolución se emitió sin sustento en los arts. 396.1, 2, 3 y 4, y 398 del CPP, al actuarse de oficio sin existir resolución apelada pendiente; asimismo, no se consideró que el art. 17.I de la LOJ limita la revisión de oficio a los supuestos legalmente previstos y que los arts. 51.1 y 58.1 de la LOJ establecen que los recursos de apelación deben resolverse conforme a ley, constituyendo un límite expreso a la competencia de los Tribunales de alzada; b) Se desnaturalizó el instituto de revisión de oficio del art. 168 CPP -destinado a subsanar vicios, renovar actos o rectificar errores-, al confundirlo con el régimen de defectos absolutos del art. 169 CPP; c) Se ignoró que el Auto de Vista 150/2022 se encontraba ejecutoriado, por lo que no se consideró lo establecido en el art. 126 CPP, máxime cuando desde su pronunciamiento transcurrieron doscientos veintinueve días; d) No se tomó en cuenta la inadmisibilidad procesal de que un tribunal revise sus propias resoluciones, facultad que corresponde exclusivamente a un Tribunal superior; e) Anuló una resolución en la que participó y pretendió dictar un nuevo Auto de Vista sin la intervención del otro Vocal; f) Se omitió lo dispuesto en el art. 16.I y II de la LOJ sobre preclusión y vencimiento de plazos, siendo improcedente la retrotracción de etapas sin reclamo oportuno que demuestre vulneración del derecho de defensa; g) Se invocó la prohibición de representación con mandato para imputados en procesos penales, alegando indebidamente la inasistencia de los imputados, cuando en la audiencia -se infiere de 14 de septiembre de 2022-, el Tribunal de alzada reconoció expresamente la legitimidad de su defensa técnica; h) Se excedió lo normado al invocar el error de tipo como argumento para reponer la actuación, siendo inaplicable al procedimiento irregular seguido; e, i) Los fundamentos del Auto de Vista 57-Bis/2023 son incongruentes y no conducen a la nulidad declarada. Ante ello, la Vocal demandada señaló que: 1) El accionante no objetó su competencia durante la audiencia -se infiere de la 14 de septiembre de 2022-, configurando un reconocimiento tácito; 2) El Auto de Vista cuestionado solo renovó el acto jurisdiccional ante la inasistencia de los imputados, aplicando los arts. 167.I, 168 y 169.2 del CPP y tomando en cuenta que los órganos jurisdiccionales deben controlar de oficio la actividad procesal defectuosa; 3) El art. 168 del CPP debe interpretarse sistemáticamente con el art. 167 de la misma norma procesal para evitar decisiones fundadas en actuaciones viciadas; y, 4) Los principios de seguridad jurídica y aplicación objetiva de la ley no son derechos subjetivos tutelables vía amparo constitucional.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Por su parte, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) determina lo siguiente: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados a serlo”. En esa misma línea, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre desarrolló subreglas para determinar su improcedencia por subsidiariedad en caso de que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se desprende que el acto lesivo surge del proceso penal seguido contra el accionante y otras personas, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas; en dicho proceso, registrado bajo el CUD 801102012101893, se informó el inicio de la investigación el 8 de octubre de 2021 ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1). Durante la tramitación del proceso penal, Edward Lima Lobo Dorado interpuso incidente de nulidad el 10 de diciembre de 2021, alegando la existencia de vicios absolutos y en la presunta vulneración del derecho al debido proceso y del principio non bis in ídem, alegando que esta es la tercera ocasión en que se le iniciaba un proceso por los mismos hechos y solicitando, en consecuencia, se declare la nulidad de todas las actuaciones y/o el archivo definitivo del caso. Al respecto, el incidentista señaló una primera causa que concluyó con una resolución de rechazo -la cual, se infiere, data de 5 de abril de 2019 (fs. 259 a 264 vta.)- dictada a favor de Juana Elena Dorado Ventura de Lima Lobo, Adhemar Lima Lobo Rivarola, María Elena y Carmen Iris, ambas Lima Lobo Dorado, por la presunta comisión del mismo delito; en dicho escrito, el accionante indicó que tal proceso se encuentra ejecutoriado y comparte el mismo hecho generador, ya que deviene y se relaciona con un proceso penal por tráfico de sustancias controladas seguido en la República Federativa de Brasil contra Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo y Carlos Añez Dorado; de igual manera, el incidentista hizo referencia a un segundo proceso penal que finalizó con la Sentencia 27/2021 de 9 de agosto -fs. 351 a 355-, la cual lo declaró absuelto por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. En atención a dicho planteamiento, el Juez de la causa corrió traslado del mismo a los demás sujetos procesales para que emitan su contestación (Conclusión II.2). Posteriormente, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni, por Auto Interlocutorio de 4 de julio de 2022, ordenó la nulidad de todas las actuaciones procedimentales relacionadas exclusivamente con Edward y María Elena, ambos Lima Lobo Dorado, fundamentando su decisión en el hecho de que ya habían sido investigados previamente por los mismos hechos; en el curso de la referida audiencia, tanto el Ministerio Público como el abogado defensor de la familia Lima Lobo interpusieron recurso de apelación incidental. Dicho recurso fue posteriormente remitido al Tribunal de alzada mediante Oficio 158/2022 de 8 del mismo mes y año (Conclusión II.3). Los referidos recursos fueron resueltos mediante Auto de Vista 109/2022 de 11 de agosto, revocando el Auto Interlocutorio impugnado y ordenado la emisión de una nueva resolución.

Ante ello, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Beni, emitió un nuevo Auto Interlocutorio el 14 de septiembre de 2022, por el cual declaró procedente el incidente de nulidad promovido por Edward Lima Lobo Dorado y, en consecuencia, ordenó la nulidad de todas las actuaciones vinculadas a él y a María Elena Lima Lobo Dorado dentro del proceso penal identificado con CUD 801102012101893; además, anuló las actuaciones relacionadas con el accionante y los demás imputados; una vez finalizada la audiencia, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.4). Seguidamente, Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal; y, Asunta Montenegro Melgar, Vocal de la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica -ahora demandada-, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitieron el Auto de Vista 150/2022 de 30 de septiembre, a través del cual resolvieron el citado recurso de apelación incidental, confirmando íntegramente la Resolución impugnada (Conclusión II.5). Posteriormente, mediante Nota CITE 627/2023 de 16 de mayo, la Vocal demandada solicitó al Juez de la causa la remisión del cuaderno de control jurisdiccional correspondiente al proceso penal registrado bajo CUD 801102012101893; a dicha nota acompañó providencia de la misma fecha, mediante la cual ordenó a la Secretaría cursar la solicitud referida, argumentando “…en aras de realizar una verificación de las resoluciones emitidas por la suscrita vocal…” (sic), en virtud de haber intervenido en el mencionado proceso penal. Por su parte, a través de Oficio 191/2023 de la misma data, el referido Juzgado dio cumplimiento a lo solicitado y procedió a remitir los actuados correspondientes (Conclusión II.6). Una vez recibidos los antecedentes procesales, la autoridad demandada dictó el Auto de Vista 57-Bis/2023 de 17 de mayo, mediante el cual dejó sin efecto el Auto de Vista 150/2022; esta decisión se fundamentó en la falta de notificación legal a los imputados y en su inasistencia virtual a la audiencia convocada para conocer el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 14 de septiembre de 2022. En consecuencia, la autoridad demandada ordenó: i) La renovación del acto procesal, previo cumplimiento de las formalidades legales correspondientes; ii) La convocatoria a una nueva audiencia para el conocimiento del mencionado recurso; y, iii) El señalamiento de dicha audiencia por parte de la Secretaria, garantizando la notificación de todos los sujetos procesales conforme a derecho (Conclusión II.7).

Identificado el acto judicial denunciado como lesivo, corresponde verificar previamente si la presente acción de amparo constitucional cumple con los presupuestos procesales que habilitan la apertura excepcional de la jurisdicción constitucional. Al respecto, según lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la tutela constitucional resulta improcedente cuando las autoridades judiciales no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre una determinada cuestión, debido a que la parte no utilizó el medio de defensa previsto por el ordenamiento jurídico o, habiéndolo utilizado, no agotó su tramitación; ello, salvo que concurra un perjuicio irremediable e irreparable que justifique la apertura inmediata de la jurisdicción constitucional. Dicha exigencia -con particular connotación en el caso concreto- no constituye un simple requisito de procedibilidad, sino una manifestación del juez natural, que estructura el ejercicio de la función jurisdiccional; puesto que, en efecto, es el juez competente el que, de acuerdo con las normas jurídicas previamente establecidas, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial.

Consecuentemente, el juez natural se concibe -entre otros- como el deber de respetar el diseño competencial previsto por el ordenamiento jurídico, de forma que toda denuncia de irregularidades procesales sea inicialmente conocida y resuelta por el órgano jurisdiccional al cual la ley atribuye expresamente esa potestad. Precisamente, en el caso concreto, el accionante sostiene que la Vocal demandada habría emitido el Auto de Vista 57-Bis/2023 sin la intervención del otro Vocal que integró originalmente la Sala Penal, circunstancia que, a su criterio, vulneraría su derecho al juez natural y al debido proceso, por lo que si se consideraba que se incumplió el art. 169 inc. 1) del CPP que dispone que no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a la intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria, configurando en su caso un supuesto de defecto procesal absoluto cuya reparación debe ser promovida mediante el incidente de actividad procesal defectuosa, el cual debe ser interpuesto a los dos vocales que en el caso concreto se constituyen en juez natural y tienen competencia para decidir lo que en derecho corresponda.

Bajo esa comprensión, se tiene que, si la controversia planteada por el impetrante de tutela discurre, precisamente, en la denuncia de un supuesto defecto absoluto relacionado con la integración del órgano jurisdiccional que emitió el Auto de Vista 57-Bis/2023; es decir, una eventual irregularidad concerniente a la intervención obligatoria de quienes -entiende- legalmente debían conformar el tribunal entonces debe plantear el recurso ordinario que prevé el ordenamiento jurídico. En consecuencia, antes de acudir a la justicia constitucional, correspondía activar el incidente de actividad procesal defectuosa previsto por el art. 169 inc. 1) del CPP, permitiendo así que el juez natural definido por la legislación ordinaria verifique, efectivamente, si la resolución fue pronunciada con una integración irregular del tribunal colegiado y, en su caso, dispusiera las medidas correctivas correspondientes. Sólo una vez agotada esa vía, y siempre que persista una lesión constitucional, podría habilitarse el control tutelar a través de la acción de amparo constitucional; puesto que, de lo contrario, este Tribunal tendría que conocer directamente todas las denuncias relativas a la integración irregular de un órgano jurisdiccional colegiado, sustituyendo la competencia del tribunal ordinario expresamente instituido para conocer defectos absolutos, desnaturalizando tanto el principio de subsidiariedad como la garantía del juez natural en la medida en que no se habría otorgado al otro vocal la oportunidad de pronunciarse y, finalmente, determinando la inaplicabilidad implícita del supra citado artículo.

Por consiguiente, al existir un medio procesal específico, útil e idóneo expresamente previsto por el ordenamiento jurídico para denunciar el defecto absoluto invocado, consistente en el incidente de actividad procesal defectuosa previsto por el art. 169 inc. 1) del CPP, corresponde denegar la tutela solicitada por incumplimiento del principio de subsidiariedad, sin ingresar al examen de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 129 de 20 de julio de 2023, cursante de fs. 2607 vta. a 2611, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada y que la parte accionante tiene, en su caso, expedita la vía legal correspondiente.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0720_2026-S2.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 90cd4c02d664d1581b79e31281aabbccb2225ba333f5ef8d556218a0d6c0bfab

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →