B.IA.LEGAL

SCP 0720/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 27 de diciembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
27 de diciembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
65087-2024-131-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y “coherencia”; y, a la propiedad; toda vez que, dentro del proceso extraordinario de interdicto de recuperar la posesión, planteado en su contra: i) Respecto al Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, i.a) La Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, contradice lo probado con la motivación y fundamentación, al señalar que la parte demandante demostró la posesión del bien inmueble ubicado en la Av. Los Rosales 3036 de la Urbanización Alto Calacoto hasta el 10 de enero de 2020, en forma pacífica y continua, aspecto corroborado con documento privado de trabajo de 22 de marzo de 1997, factura de servicio de agua potable de 5 de julio de 2016 y certificado de vivencia de 24 de enero de 2020; sin embargo, en el punto 6 señala que de la inspección judicial, se evidenció que el inmueble cuenta con una puerta de ingreso con salida a la Av. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 71/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 93 a 94 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada respecto de la Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del mencionado departamento; y, el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, emitida por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme los fundamentos del presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de inmediatez
  2. III.2. De la excepción al principio de subsidiariedad y su aplicación a personas de la tercera edad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0720/2024-S1 Sucre, 27 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 65087-2024-131-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 71/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 93 a 94 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Plácida Juana Huanca Ante y Manuel Mamani Mamani contra Carmen Del Río Quisbert Caba e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 30 de noviembre de 2022 y 18 de enero de 2023, cursantes de fs. 42 a 52; y, de fs. 70 a 76 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Son personas adultas mayores. Dentro del proceso extraordinario de interdicto de recuperar la posesión, seguido en su contra, por Nora Beatriz Duran Tapia y Germán Hugo Weisser Delgado, los demandantes alegaron que el bien inmueble ubicado en la Av. Los Rosales 3036 de la Urbanización Alto Calacoto les pertenece, habiéndose emitido la Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, la cual apelaron el 17 de noviembre de 2020, obteniendo como resultado el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, que confirmó la referida Sentencia. Bajo el marco señalado precedentemente, denuncian que: a) Respecto al Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, a.1) La Sentencia 095/2020, contradice lo probado con la motivación y fundamentación, al señalar que la parte demandante demostró la posesión del bien inmueble ubicado en la Av. Los Rosales 3036 de la Urbanización Alto Calacoto hasta el 10 de enero de 2020, en forma pacífica y continua, aspecto corroborado con documento privado de trabajo de 22 de marzo de 1997, factura de servicio de agua potable de 5 de julio de 2016 y certificado de vivencia de 24 de enero de 2020; sin embargo, en el punto 6 señala que de la inspección judicial, se evidenció que el inmueble cuenta con una puerta de ingreso con salida a la Av. Los Rosales, y con un muro perimetral que lo separaba de del inmueble de abajo, que fue derrumbado en dos sectores y que según lo manifestado por la parte demandada fue el lugar por el cual ingresan de un predio al otro; además que se evidenció que el predio se constituye en un depósito de materiales de ladrillo y madera y que los demandados realizaron la construcción de un cuarto y trataron de impermeabilizar parte del terreno; aun así se emite la Resolución estableciendo como probado el interdicto planteado; a.2) Con la emisión y ejecución del Mandamiento de desapoderamiento de 7 de julio de 2022, librado en su contra, referido al bien inmueble objeto del interdicto, se vulneró sus derechos constitucionales a la posesión pacífica y a la propiedad privada; b) Respecto a los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, que confirma la Sentencia 095/2020, limitó su derecho propietario, calificando su apelación como simples conjeturas y que carecen de legitimación activa al pretender la nulidad de obrados por supuestos agravios de terceros, mas no así por agravios en su contra, al haber planteado la problemática de un supuesto agravio que habría sufrido su vecino Ramón Tola Flores, dado que el mismo sería propietario del bien que tiene la numeración A1-1; con lo que, se desconoció los documentos que presentaron en la referida apelación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y “coherencia”; y, a la propiedad; sin realizar cita normativa alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo que se deje sin efecto la Sentencia 095/2020 de 26 de octubre; el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo; y, el mandamiento de desapoderamiento de 7 de julio de 2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia virtual de la presente acción de defensa, se celebró el 22 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 89 a 92 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte peticionante de tutela, por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y ampliándolo añadió lo siguiente: 1) “…conforme al Auto de Vista, considerando segundo, responde a los argumentos descritos en el considerando 2. 1 núm. 3 y 4, en estos apartados plantea que nosotros en la problemática supuesta, el agravio, se habría sufrido un vecino Ramón Tola Flores, dado que el mismo sería propietario del bien, que tiene la numeración A1-1, en este sentido, los argumentos del recurso no encuentra lógica procesal, dado que los recurrentes basan su postura, únicamente en supuestos, ya que los mismos no cuentan con la legitimación procesal para recorrer en la determinación, por cuanto no les afectó de forma directa a sus derechos o dicho de otra forma, los recurrentes pretenden la nulidad de obrados por supuesto agravios a terceros” (sic); 2) “…de acuerdo a las pruebas aportadas y que cursan en el expediente (…), se determina que la numeración 3036, donde nuestros defendidos tienen, supuestamente, tienen ahí, su domicilio, pero sí se va a cotejar las pruebas que están también en el expediente, esa numeración corresponde al vecino, conforme, incluso, las fotografías de Google Maps, que logramos adjuntar también, donde indica claramente, donde se encuentra la numeración 3036, pero la base de todo esto fue de que, la parte que impetró la demanda de interposición, recuperación de la posesión, dice que ese bien pertenece a mis defendidos (…) aquí habido un error en la ubicación del bien, que ellos han demandado, por eso la Sala plantea y dice, que ellos no tienen la personería suficiente para poder proteger derechos de un tercero, de una persona tercera, en este caso, Ramón Tola, es lo que dice la Sala, pero las pruebas dicen otra cosa” (sic); 3) “…los impetrantes señalan que tiene como documento base, un documento privado, firmado en el año 95, que ha firmado supuestamente mis defendidos, pero si hacemos también la relación conforme a lo que cursa en el expediente como prueba, ese bien, la señora no lo tenía en posesión en ese momento, ese bien que ahora supuestamente ha sido, está dentro de ese argumento que se ha planteado para recuperar esa posesión, se ha podido inscribir en registros públicos el año 2003 y ha sido comprado, bueno, la señora ha comprado de un tercero, no lo compraron, ni siquiera lo vendieron, ósea nadie puede vender algo que no tiene en su poder”(sic); 4) “…el Juzgado de la Zona Sur, establece primero, una contradicción interesante, a la inspección judicial habla en los considerandos, de que no se ha evidenciado servicios básicos, pero después en su fundamentación, dice, que sí consideró servicios básicos (…) esa misma fundamentación y mala observación se traslada a lo que ha sido, la Resolución de Sala Civil Segunda 147/2021, (…) se ha vulnerado el debido proceso (…) cuando la fundamentación es debida y es confusa, como la parte va a poder defenderse conforme a derecho, de manera adecuada, por una parte, por otro lado, se ha también, se ha vulnerado básicamente el derecho a la propiedad privada (…) de lo relatado, los impetrantes, los que interpusieron la (…) recuperación de la posesión, plantearon un documento base, un documento privado, mismo que no está registrado en registros públicos y no ha cumplido el principio de publicidad” (sic); 5) “…ellos dicen tener y probar su posesión pacífica con un contrato de trabajo de un albañil, de 1996 o 97, si más no recuerdo, extraño verdad, siendo que el bien, como hace un momento acabamos de redactar, la Sra. Juana Ante Huanca, ha tomado posesión y compra, debidamente registrado el año 2003, también ellos aducen que esa venta ha sido de una sucesión hereditaria, pero en esos años, obviamente la Sra. Juana Ante, tenía una sucesión de su padre, pero esos terrenos, esos bienes han sido en otra parte, en otra latitud y no donde los que impetraron la (…) demanda de recuperar la posesión” (sic); 6) “…ellos señalan también (…) hicieron instalar servicios básicos, cosa que, el primer Juzgado conoce y desconoce ahí entra en una contradicción, luego señala un número de ubicación de la propiedad del 1A que pertenece a la Sra. Juana Huanca Ante, mutándola directamente al 3032, que supuestamente era el bien, conforme su documento privado, pero también como hemos proporcionado el documento privado no señala latitud, no señala la dirección, no señala folio real, no señala exactamente dónde se encuentra el bien, es un documento que raramente dice, compre esto y ya, no determina exactamente la ubicación, de donde, ni siquiera los límites de dónde es esto” (sic); y, 7) “…lamentablemente, eso ha sido traducido en la resolución que ha presentado la Sala Civil Segunda en fecha 9 de marzo, por eso nosotros impetramos esta acción, para que se restituyan esos derechos vulnerados, que son primero, el debido proceso y la debida fundamentación que debió haber hecho la Sala y también el Tribunal, con en el primer Juzgado y también que se restituye el derecho a la propiedad privada” (sic). Ante la pregunta efectuadas por Alfredo Jaimes Terrazas, Vocal Presidente de la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, referida a la fecha en que fue notificado el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, la parte solicitante de tutela inicialmente señaló que fue el “7 de marzo” y posteriormente señaló que no ubicaba en el expediente.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Fanny Coaquira Rodríguez, (actual Vocal Presidenta) de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 22 de marzo de 2023; señaló que, Carmen Del Río Quisbert Caba, a la fecha ya no desempeña funciones jurisdiccionales, quien conjuntamente Isaías Jorge Vargas Chambi, emitieron el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo; motivo por el cual, mal podría informar aspectos que no fueron de su conocimiento. Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 22 de marzo de 2023, solicitó se deniegue la tutela solicitada, señalando lo siguiente: i) Los accionantes interponen el recurso de amparo constitucional respecto del Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo; es decir, de un fallo emitido hace más de dos años; lo cual, involucra el incumplimiento del principio de inmediatez; ii) Si bien no se cuenta con la fecha exacta de notificación con el citado pronunciamiento de segunda instancia; empero, la demanda constitucional se está activando superando el plazo de los seis meses; por ello, existe caducidad de derechos; y, iii) De otro lado, el citado Auto de Vista es totalmente congruente con los aspectos recurridos, exponiéndose de forma razonable sus fundamentos y motivaciones por las cuales se confirma la sentencia de primer grado.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Nora Beatriz Duran Tapia y Germán Hugo Weisser Delgado, a través de su abogado, en audiencia de la presente acción tutelar señalaron lo siguiente: a) “El Auto de Vista, que está haciendo impugnado actualmente, me refiero al S-137/2021, ha sido notificado a las partes el 16 de marzo de 2021, nótese que por demás, se está vulnerando lo que dice el Art. 55 del adjetivo constitucional, ya que el mismo prevé un plazo de 6 meses computables a partir de la comisión del acto u omisión vulneratorios de derechos constitucionales” (sic); b) El recurso se plantea inicialmente contra Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, resultando incongruente dirigir la acción tutelar contra el Juez de primera instancia y se señale como acto vulneratorio el Auto de Vista; c) También se está atacando un “Auto de desapoderamiento” (sic) aspecto incongruente; puesto que, el mismo es un autorreferente a lo que va a ser la ejecución de una sentencia ejecutoriada y ratificada por la segunda instancia; d) En relación al Auto de Vista, refieren que la lesión es el derecho a la propiedad privada, aspecto totalmente incongruente, si entendemos la naturaleza del proceso extraordinario, interdicto de recuperar la posesión; e) La posesión y la propiedad, son instituciones del derecho civil bastante diferentes; por lo que, la parte impetrante de tutela malentendió a momento de plantear un agravio que no tendría que ser relevante dentro de la presente acción; f) Se malentendió la competencia de los tribunales de garantía, asumiendo tutela sobre los derechos constitucionales, en relación a que se está pretendiendo que se valore prueba; se está pretendiendo, que la Sala constitucional valore y pondere prueba, en relación a números de casa, a propiedades, lo cual es incongruente; y, g) Cuando la parte peticionante de tutela, en ese entonces demandada, interpuso su recurso de apelación en contra de la Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, pretendieron cambiar el número de puerta del domicilio.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 71/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 93 a 94 vta., declaró la “improcedencia” la acción de amparo constitucional; bajo los siguientes fundamentos: 1) Esta acción tutelar fue admitida porque quienes postulan son personas de la tercera edad; 2) Los argumentos del solicitante de tutela, la identificación del debate, son extremadamente deficientes y la alegación de los abogados es impresentable; 3) La acción tutelar “no cumple con el principio de inmediatez, la resolución debatida es un Auto de Vista, emitida por la Sala Civil Segunda, que postulado como fue, ha sido notificado al accionante en marzo del año 2021, hace dos años atrás” (sic); y, 4) La pretensión es descabellada; ya que, una acción de amparo constitucional tiene una vocación que, es cuestionar la última decisión de la autoridad judicial o administrativa, porque la teoría de las auto restricciones de nuestro sistema, genera reglas que impiden a la jurisdicción constitucional invadir la jurisdicción ordinaria; sin embargo, se pidió la nulidad del Auto de Vista y la Sentencia.

I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 30 de julio de 2024, cursante a fs. 98, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 17 de diciembre del citado año, cursante a fs. 134.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones: II.1. Cursa fotocopia simple de Cédula de identidad de Plácida Juana Huanca Ante, con “Nº 2238670” (sic) -ahora accionante-, donde se registra como fecha de su nacimiento el 5 de octubre de 1957 (fs. 2); de otra parte, se advierte fotocopia simple de Cédula de identidad de Manuel Mamani Mamani, con “Nº 451035-1M” (sic) -ahora impetrante de tutela-, donde se registra como fecha de su nacimiento el 21 de septiembre de 1957 (fs. 3); vale decir, que ambos cuentan con más de 65 años de edad al momento de la interposición de la presente acción tutelar. II.2. Mediante Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, emitida por Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso extraordinario interdicto de recuperar la posesión interpuesta por Germán Hugo Weisser Delgado y Nora Beatriz Duran Tapia contra Manuel Mamani Mamani y Plácida Juana Huanca Ante -ahora peticionante de tutela-, se declaró probada la demanda, disponiendo que los demandados procedan a restituir el bien inmueble a favor de los demandantes en el plazo de diez días de ejecutoriada dicha resolución, bajo alternativa de emitirse mandamiento de desapoderamiento (fs. 111 a 114 vta.); en consecuencia se emitió el respectivo Mandamiento de desapoderamiento librado el 7 de julio de 2022; por el que, se ordena al Oficial de Diligencias del referido Juzgado, para que proceda al desapoderamiento hasta desocupar y entregar el bien inmueble ubicado en la Urbanización de Los Rosales 3036 de la avenida Los Rosales de Alto Calacoto, debiendo entregarse el mismo a favor de Germán Hugo Weisser Delgado y Nora Beatriz Duran Tapia (fs. 119). II.3. Consta Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso interdicto de recuperar la posesión, seguido por Nora Beatriz Duran Tapia y Germán Hugo Weisser Delgado; por el que, se confirmó la Sentencia 095/2020 de 26 de octubre (fs. 115 a 117); notificada a los ahora solicitantes de tutela el 17 de marzo de 2021 (fs. 118).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y “coherencia”; y, a la propiedad; toda vez que, dentro del proceso extraordinario de interdicto de recuperar la posesión, planteado en su contra: i) Respecto al Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, i.a) La Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, contradice lo probado con la motivación y fundamentación, al señalar que la parte demandante demostró la posesión del bien inmueble ubicado en la Av. Los Rosales 3036 de la Urbanización Alto Calacoto hasta el 10 de enero de 2020, en forma pacífica y continua, aspecto corroborado con documento privado de trabajo de 22 de marzo de 1997, factura de servicio de agua potable de 5 de julio de 2016 y certificado de vivencia de 24 de enero de 2020; sin embargo, en el punto 6 señala que de la inspección judicial, se evidenció que el inmueble cuenta con una puerta de ingreso con salida a la Av. Los Rosales, y con un muro perimetral que lo separaba del inmueble de abajo, que fue derrumbado en dos sectores y que según lo manifestado por la parte demandada fue el lugar por el cual ingresan de un predio al otro; además que se evidenció que el predio se constituye en un depósito de materiales de ladrillo y madera y que los demandados realizaron la construcción de un cuarto y trataron de impermeabilizar parte del terreno; aun así se emite la Resolución estableciendo como probado el interdicto planteado; i.b) Con la emisión y ejecución del Mandamiento de desapoderamiento de 7 de julio de 2022, librado en su contra, referido al bien inmueble objeto del interdicto, se vulneró sus derechos constitucionales a la posesión pacífica y a la propiedad privada; ii) Respecto a los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, que confirma la Sentencia 095/2020, limitó su derecho propietario, calificando su apelación como simples conjeturas y que carecen de legitimación activa al pretender la nulidad de obrados por supuestos agravios de terceros, mas no así por agravios en su contra, al haber planteado la problemática de un supuesto agravio que habría sufrido su vecino Ramón Tola Flores, dado que el mismo sería propietario del bien que tiene la numeración A1-1; con lo que se desconoció los documentos que presentaron en la referida apelación. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: a) Sobre el principio de inmediatez; b) De la excepción al principio de subsidiariedad y su aplicación a personas de la tercera edad; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el principio de inmediatez

El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:

ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN).

I.La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho.

II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace (el resaltado es nuestro). El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:

…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos.

Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo.

De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, señaló respecto al doble efecto de este principio, que:

El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.

…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2 de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.

III.2. De la excepción al principio de subsidiariedad y su aplicación a personas de la tercera edad

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0200/2021-S1 de 23 de junio; 1196/2023-S1 de 26 de octubre; y, 1290/2023-S1 de 18 de diciembre -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: El art. 67.I de la CPE, establece que las personas adultas mayores o de la tercera edad, gozan de una protección reforzada, además de los derechos reconocidos en la Ley Fundamental; entre ellos a una vejez digna, con calidad y calidez humana; por su parte, el art. 68 de la Norma Suprema, refiere que:

I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.

Al respecto, la SCP 1069/2013 de 16 de julio, explicó que existen demandas de acción de amparo constitucional en las que los medios de impugnación no impedirán la consumación de la vulneración de los derechos fundamentales; por lo que, ameritaba la prescindencia de dichos medios de impugnación, y al efecto identificó aquellos casos en los que se aplicaba la excepción a la subsidiariedad siendo ellos los casos de personas de la tercera edad, entre otros grupos vulnerables, así como ante medidas de hecho, al efecto, se cita la parte pertinente de la referida Sentencia:

…es importante destacar que vía jurisprudencial, de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad (las negrillas son añadidas). En ese marco, cuando una persona de la tercera edad plantea una acción de amparo constitucional, dada la protección reforzada que gozan por pertenecer a grupos denominados vulnerables; una vez que, cuando se vulneran derechos fundamentales vinculadas a un inminente daño irreparable, es previsible la aplicación de una excepción al principio de subsidiariedad, así lo señaló la SCP 1631/2012 de 1 de octubre , la cual señaló que la jurisprudencia constitucional planteó excepciones a la subsidiariedad para las personas que requieren una protección inmediata y en este último aspecto, recogiendo lo que la doctrina, instrumentos internacionales y jurisprudencia constitucional establecieron, concluyó que esas personas son aquellas que pertenecen a grupos vulnerables e identificó a los adultos mayores como parte de dichos grupos y a ese efecto, basándose en normativa internacional, resaltó como principios a favor de los citados, el vivir con dignidad, acceder a una vida íntegra, de calidad, sin discriminación, con seguridad, apoyo jurídico; por otro lado, a recibir un trato digno y que las instituciones velen por ello. Asimismo, tomando en cuenta que también se aplica la excepción a la subsidiariedad según los derechos denunciados como vulnerados en la acción de amparo, la jurisprudencia constitucional que identifico sobre el derecho a la seguridad jurídica, el cual, se halla dentro de aquellos derechos que no requieren del agotamiento de la vía administrativa u ordinaria; es decir, que le es aplicable la excepción a la subsidiariedad, así lo estableció la SCP 0681/2019-1 En su FJ III.2 estableció: “Constituyendo la subsidiaridad una de las características esenciales de la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones en consideración a la vulneración de derechos fundamentales vinculada a un inminente daño irreparable, como son las medidas de hecho, así como de las personas que requieren de una protección inmediata, abstrayéndose de las exigencias procesales, por formar parte de lo que la doctrina, instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional ha denominado grupos vulnerables y que comprende a los niños, niñas, discapacitados, minorías étnicas o raciales y personas adultas de la tercera edad. Respecto a las personas adultas o mayores de la tercera edad, la Asamblea General de las Naciones Unidas entre los principios establecen: en sus incisos: 1) “El derecho a tener acceso a la alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados…”; 6) “…Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible;” y, 17) “Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales”.

Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, están recogidos en instrumentos internacionales, concretamente: en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 2, 22, y 25 de 10 de diciembre de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, arts. 2, 7, 10, y 17, en el que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener “acceso a los servicios sociales y jurídicos, que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado especial”, así como “a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental”. La protección especial a la que tienen derecho las personas de la “Tercera Edad, no sólo tiene que ver con el carácter universal de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; sino también con los derechos esenciales que hacen a su dignidad humana, vinculada a sus derechos de desarrollo de su personalidad en situaciones de evidente vulnerabilidad y lesividad psicológica que pudiera detonar de los órganos del Poder del Estado en cualesquiera de sus prestaciones públicas, o bien de particulares; situaciones en las que debe concretarse el derecho de “especial estima y consideración protectora, por la conversión sensible de casi la totalidad de sus derechos fundamentales y universales, debido a su dilatada vida y experiencia dedicada con abnegación al servicio de la sociedad. Es así que, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó como Principios a favor de las personas mayores o de la tercera edad, entre otros: “Vivir con dignidad” acceso a una vida íntegra, de calidad sin discriminación de ningún tipo y respeto a la integridad psíquica y física y “Seguridad y apoyo jurídico”, protección contra toda forma de discriminación, derecho a un trato digno, apropiado y que las instituciones velen por ello y actúen cuando fuese necesario”.

S2 de 12 de agosto ; puesto que, advirtió que el mismo se halla vinculado con los derechos a la vida, salud y dignidad; por lo que, no puede ser supeditado al agotamiento de los medios de impugnación, pues requieren de una rápida protección, efectivizándose así los valores y fines del Estado.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y “coherencia”; y, a la propiedad; toda vez que, dentro del proceso extraordinario de interdicto de recuperar la posesión, planteado en su contra: 1) Respecto al Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, 1.a) La Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, contradice lo probado con la motivación y fundamentación, al señalar que la parte demandante demostró la posesión del bien inmueble ubicado en la Av. Los Rosales 3036 de la Urbanización Alto Calacoto hasta el 10 de enero de 2020, en forma pacífica y continua, aspecto corroborado con documento privado de trabajo de 22 de marzo de 1997, factura de servicio de agua potable de 5 de julio de 2016 y certificado de vivencia de 24 de enero de 2020; sin embargo, en el punto 6 señala que de la inspección judicial, se evidenció que el inmueble cuenta con una puerta de ingreso con salida a la Av. Los Rosales, y con un muro perimetral que lo separaba del inmueble de abajo, que fue derrumbado en dos sectores y que según lo manifestado por la parte demandada fue el lugar por el cual ingresan de un predio al otro; además que se evidenció que el predio se constituye en un depósito de materiales de ladrillo y madera y que los demandados realizaron la construcción de un cuarto y trataron de impermeabilizar parte del terreno; aun así se emite la Resolución estableciendo como probado el interdicto planteado; 1.b) Con la emisión y ejecución del Mandamiento de desapoderamiento de 7 de julio de 2022, librado en su contra, referido al bien inmueble objeto del interdicto, se vulneró sus derechos constitucionales a la posesión pacífica y a la propiedad privada; 2) Respecto a los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, que confirma la Sentencia 095/2020, limitó su derecho propietario, calificando su apelación como simples conjeturas y que carecen de legitimación activa al pretender la nulidad de obrados por supuestos agravios de terceros, mas no así por agravios en su contra, al haber planteado la problemática de un supuesto agravio que habría sufrido su vecino Ramón Tola Flores, dado que el mismo sería propietario del bien que tiene la numeración A1-1; con lo que se desconoció los documentos que presentaron en la referida apelación.

Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que: Plácida Juana Huanca Ante y Manuel Mamani Mamani son personas adultas mayores (Conclusión II.1); mediante Sentencia 095/2020 de 26 de octubre emitida por el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso extraordinario interdicto de recuperar la posesión interpuesta por Germán Hugo Weisser Delgado y Nora Beatriz Duran Tapia contra Manuel Mamani Mamani y Plácida Juana Huanca Ante, se declaró probada dicha demanda, disponiendo que los demandados procedan a restituir el bien inmueble a favor de los demandantes en el plazo de diez días de ejecutoriada dicha resolución, habiéndose emitido el respectivo mandamiento de desapoderamiento librado el 7 de julio de 2022 (Conclusión II.2); la Sentencia 095/2020 fue apelada por los ahora impetrantes de tutela, obteniendo como respuesta el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el que se confirmó dicha Resolución; notificado a los ahora peticionantes de tutela el 17 de marzo de 2021 (Conclusión II.3). Efectuada la contextualización de antecedentes, y bajo el alcance del acto lesivo denunciado supra; siendo que, el reclamo formulado por la solicitante de tutela, en lo medular, se encuentra enfocado en la Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, emitida por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, corresponde realizar un análisis jurídico, para establecer si evidentemente existe dicha vulneración a los derechos invocados por la parte accionante. Con esos antecedentes es que en primera instancia, se debe considerar que para esta acción tutelar rige el principio de subsidiariedad como criterio de admisibilidad; sin embargo, conforme lo desarrollado por el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que tal principio se abstrae, cuando se requiera precautelar derechos de personas de la tercera edad, en razón de la protección reforzada que requieren al ser parte de un grupo vulnerable; entonces, siendo los ahora impetrantes de tutela personas de sesenta y cinco años de edad, corresponde abstraer el principio de subsidiariedad exigido e ingresar al análisis de las problemáticas planteadas.

Con relación al Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz

La parte peticionante de tutela refiere que dicha autoridad: i.a) Con la emisión de la Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, contradice lo probado con la motivación y fundamentación, al señalar que la parte demandante demostró la posesión del bien inmueble ubicado en la Av. Los Rosales 3036 de la Urbanización Alto Calacoto hasta el 10 de enero de 2020, en forma pacífica y continua, aspecto corroborado con documento privado de trabajo de 22 de marzo de 1997, factura de servicio de agua potable de 5 de julio de 2016 y certificado de vivencia de 24 de enero de 2020; sin embargo, en el punto 6 señala que de la inspección judicial, se evidenció que el inmueble cuenta con una puerta de ingreso con salida a la Av. Los Rosales, y con un muro perimetral que lo separaba de del inmueble de abajo, que fue derrumbado en dos sectores y que según lo manifestado por la parte demandada fue el lugar por el cual ingresan de un predio al otro; además que se evidenció que el predio se constituye en un depósito de materiales de ladrillo y madera y que los demandados realizaron la construcción de un cuarto y trataron de impermeabilizar parte del terreno; aun así se emite la Resolución estableciendo como probado el interdicto planteado; i.b) Con la emisión y ejecución del Mandamiento de desapoderamiento de 7 de julio de 2022, librado en su contra, referido al bien inmueble objeto del interdicto, vulneró sus derechos constitucionales a la posesión pacífica y a la propiedad privada.

Ahora bien, conforme se tiene del Auto de admisión de 19 de enero de 2023, cursante a fs. 77 y vta., del expediente de la presente acción tutelar, la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz señaló:

VISTOS: Se ADMITE la Acción de Amparo Constitucional presentada por Plácida Juana Huanca Ante y Manuel Mamani Mamani contra Carmen del Río Quisbert Caba e Isaías Jorge Vargas Chambi, en su condición de Vocales de la Sala Civil Segunda (o actuales autoridades), conforme lo previsto en el art, 129 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo); a cuyo efecto, deberá correrse en TRASLADO a las autoridades accionadas, sea mediante copia de ley entregada en forma personal, por cédula o por cualquier medio de mensajería instantánea para que brinden a esta Sala Constitucional su respectivo Informe.

De donde se advierte que la acción tutelar no fue abierta contra Omar Kucharsky Montesinos, Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, extremo que tampoco fue impugnado por la parte solicitante de tutela; por lo que, esta instancia constitucional se ve impedida de ingresar al fondo de la presente problemática; puesto que, de hacerlo se vulneraría el derecho a la defensa de la referida autoridad, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

Con relación a los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz

La parte accionante señala que el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, que confirma la Sentencia 095/2020, limitó su derecho propietario, calificando su apelación como simples conjeturas y que carecen de legitimación activa al pretender la nulidad de obrados por supuestos agravios de terceros, mas no así por agravios en su contra, al haber planteado la problemática de un supuesto agravio que habría sufrido su vecino Ramón Tola Flores, dado que el mismo sería propietario del bien que tiene la numeración A1-1; con lo que se desconoció los documentos que presentaron en la referida apelación.

El Auto de Vista de S-147/2021 de 9 de marzo, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso interdicto de recuperar la posesión, seguido por Nora Beatriz Duran Tapia y Germán Hugo Weisser Delgado; por el que se confirmó la Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, fue notificado a los ahora impetrantes de tutela el 17 de marzo de 2021 (Conclusión II.3); por lo que, el cómputo del plazo de presentación de la acción de amparo constitucional se realizará desde dicha fecha. Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que:

… la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa

Aplicando dicho razonamiento, y computando los seis meses en los cuales debe interponerse la presente acción de defensa, se tiene que el plazo fenecía el 17 de septiembre de 2021, tiempo en que los peticionantes de tutela tenían la jurisdicción constitucional aperturada para hacer valer sus derechos y reclamar su tutela; empero, se tiene que la presente acción de defensa fue interpuesta el 30 de noviembre de 2022, resultando por ende extemporánea, decayendo en el incumplimiento de la inmediatez, cuyo plazo es de seis meses a partir del acto lesivo que se cuestiona, extremo que mantiene inalterable el incumplimiento del principio de inmediatez descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.

Si bien en el presente caso se trata de personas de la tercera edad; asimismo, existe la posibilidad de flexibilizar excepcionalmente el principio de inmediatez cuando la interposición de la acción tutelar se haya excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente y de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta; sin embargo, efectuado el cómputo, en el presente caso transcurrió un año, ocho meses, una semana y seis días desde la notificación a los ahora solicitantes de tutela con el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo; por lo que, esta instancia constitucional no puede salvar la desidia o negligencia de los accionantes, con la interposición de la presente acción de amparo constitucional; puesto que, dejaron pasar el término para interponer la presente acción de defensa, incurriendo en el vencimiento del plazo de la inmediatez para su interposición; por ende, corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la cuestión planteada.

Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 71/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 93 a 94 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada respecto de la Sentencia 095/2020 de 26 de octubre, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Primero de la Zona Sur de la Capital del mencionado departamento; y, el Auto de Vista S-147/2021 de 9 de marzo, emitida por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme los fundamentos del presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

2 En su FJ III.1 estableció: “La excepción a la subsidiariedad también se aplica en los supuestos en los que se alegue vulneración del derecho a la seguridad social. Así, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, sostuvo que este derecho se encuentra vinculado con otros, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad; por lo que, no puede estar supeditado al agotamiento de los medios de impugnación, ya que estos no se constituyen en mecanismos idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que merecen una rápida protección; además en este tipo de casos, debe prevalecer el derecho sustantivo a las formalidades, para hacer valer los valores y fines del Estado“.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0720_2024-S1.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3da6e5083e5bb81fdf0f65645662c04561aadc59287ec9a5ce9a04b541ffdb2d

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