Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de julio de 2023
Deniega la tutela
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la valoración de la prueba y a la libertad; toda vez que, habiendo comunicado al Juez ahora demandado su imposibilidad de realizar el depósito del monto que adeudaría por concepto de asistencia familiar, pues la cuenta aperturada para tal efecto, se encontraba inactiva, requiriendo que la entonces demandante proceda a re aperturarla o abrir otra; pese a ello, y sin pronunciarse al respecto, a solicitud de parte, la autoridad judicial demandada dispuso se libre el correspondiente mandamiento de apremio en su contra, sin previamente haber dirimido su solicitud. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) Sobre la persecución ilegal o indebida; b) De la asistencia familiar como deber constitucional cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por el Estado; c) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/22 de 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 22 vta. a 28 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos expuestos en la Resolución que se revisa y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados dentro la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0719/2023-S1 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46638-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/22 de 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 22 vta. a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Humberto Fernández Condarco contra Calixto Rodríguez Zurita, Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 10 a 11 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro de la demanda de asistencia familiar que le sigue Evelin Rojas Gutiérrez -ahora tercera interviniente-, se le impuso una asistencia familiar de Bs2 500.-(dos mil quinientos bolivianos), pero como su persona se encontraba detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Palmasola, a raíz de dos procesos investigativos, uno de ellos interpuesto por la madre de su hijo; en ese sentido, es que a la fecha de la liquidación de la asistencia familiar, la deuda por este concepto ascendía a Bs72 500.- (setenta y dos mil quinientos bolivianos). En ese contexto, una vez se apersonó a las oficinas del Banco Fassil a efectos de cumplir su obligación, se le informó que la cuenta aperturada para realizar el pago de la asistencia familiar se encontraba inactiva por falta de movimientos, lo que le imposibilitó realizar el depósito correspondiente; por esa razón, mediante memorial de 18 de febrero del 2022, comunicó dicho extremo al Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, quien emitió el decreto de 21 del citado mes y año disponiendo que se ponga a conocimiento de la parte demandante. Sin embargo de lo mencionado, tomó conocimiento que el 23 de febrero del mencionado año, la autoridad ahora demandada había dispuesto: “…por secretaria líbrese el respectivo mandamiento de apremio” en su contra, en razón a una solicitud de la entonces demandante, sin antes haber dirimido su solicitud de “18 de febrero”, pese a que había comunicado la imposibilidad de realizar el depósito por las razones anteriormente señaladas y en lugar de que se dirima dichos alegatos; y, en todo caso, ordenar se habilite nuevamente la indicada cuenta, o se cree otra cuenta, se dispuso su apremio, lo que sin lugar a dudas quebranta sus derechos que reclama, constituyendo "...una persecución ilegal y arbitraria ya que a tiempo puse a conocimiento de su autoridad los extremos antes mencionados para sean escuchados analizados y respondidos de manera motiva..."(sic); generando con ello, un indebido procesamiento.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, a la valoración de la prueba y a la libertad, citando al efecto los arts. 109, 110 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
El peticionante de tutela solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga que se deje sin efecto el mandamiento de apremio emitido el 24 de febrero de 2022.
La audiencia pública para considerar la presente acción de libertad, tuvo lugar el 26 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 19 a 22 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El solicitante de tutela a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia de consideración de esta acción de libertad, reiteró el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliándolo añadió lo siguiente: a) La emisión del mandamiento de apremio, constituye una persecución indebida en contra de su persona, que lesiona su derecho a la libertad, pues refiere que quiso realizar el depósito respectivo, pero la cuenta a la que se tenía que depositar la asistencia familiar, se encontraba inactiva, habiendo puesto a conocimiento de la autoridad demandada dicho extremo; y, b) La autoridad ahora demandada debía ordenar se sanee la mencionada cuenta y que sea activada la misma, para poder hacer efectivo el pago.
A las interrogantes realizadas por el Juez de garantías, el accionante señaló que no retornó a la entidad bancaria, pues estaba esperando que se solucione el inconveniente pero que si se intentó hacer el depósito en Secretaria de despacho, pero le comunicaron que este tipo de depósitos solo eran permitidos en capitales de departamento; por otro lado, refirió que aparentemente la cuenta a la que tenía que depositar solo fue aperturada para los montos de asistencia familiar; también refirió que, cuando una cuenta se encuentra inactiva, no se puede hacer ningún tipo de depósito, hasta que la titular la habilite nuevamente.
Calixto Rodríguez Zurita, Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se hizo presente a la audiencia programada, ni presentó informe alguno pese a su legal citación cursante a fs. 15.
Evelin Rojas Gutiérrez, través de su abogada, en el desarrollo de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar sostuvo lo siguiente: 1) La cuenta siempre estuvo activa, "...incluso mi cliente me envía del mismo 18 que tenía movimiento, que tenía un depósito el hecho que una cuenta este sin movimiento, no es que no se puede depositar, lo que no se puede es retirar hasta no actualizarla, incluso señor Juez hasta el 17 de febrero ya estaba con movimiento la cuenta, y la asistencia que hemos presentado es del 2019, han pasado 2 años y tres meses, ha tenido la oportunidad la parte demandante, de hacer los depósitos como corresponde el número de cuenta (...le puedo aseguro que no ha intentado hacer un Depósito [sic]); y, 2) En los casos de abrir cuentas para asistencia familiar, las mismas no pueden ser cerradas.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 03/22 de 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 22 vta. a 28 vta., denegó la tutela solicitada; determinación efectuada sobre la base de los siguientes fundamentos: i) La abogada de la ahora tercera interviniente, refirió que la cuenta estaría activa desde el “18 de febrero” y que el impetrante de tutela podía depositar normalmente la asistencia familiar, y en caso de que la cuenta hubiese estado inactiva, solamente hubiera existido problema para retirar dinero y no así para depositar el monto adeudado por el ahora peticionante de tutela; ii) De acuerdo al Boucher mostrado por la abogada de la tercera interviniente, se advirtió que la cuenta pactada entre partes, para el pago de asistencia familiar, se encontraba activa desde el “18 de febrero”, pudiendo el solicitante de tutela apersonarse al banco a objeto de realizar el depósito correspondiente; iii) Era obligación del accionante mantener la referida cuenta bancaria activa, pues ahí debería hacer sus depósitos mensuales; iv) Según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en el Reglamento de Modificaciones, para que una cuenta corriente o caja de ahorro se clausure, debe estar inactiva por más de cinco años; en el presente caso, solo estaba inactiva y no clausurada; y, v) Con relación a que el impetrante de tutela no se apersonó más por la entidad bancaria, por miedo latente a que se ejecute el mandamiento de apremio emitido en su contra, se debe considerar que cualquier otra persona podía realizar el depósito respectivo; motivos por los cuales, corresponde denegar la tutela impetrada.
No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal constitucional Plurinacional, se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
nombre de Evelin Rojas Gutiérrez, -ahora tercera interviniente- en cuyos datos refiriere que la misma se encuentra sin movimiento y con saldo cero (fs.4).
II.2. Se tiene Extracto de Cuenta de Ahorro de 18 de febrero de 2022, a nombre de Evelin Rojas Gutiérrez, donde se advierte un depósito de Bs10.-(diez bolivianos), señalando que la cuenta se encuentra activa (fs.17).
Jaime Humberto Fernández Condarco -ahora peticionante de tutela-, puso a conocimiento de Calixto Rodríguez Zurita, Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, que habiendo acudido a diferentes sucursales del Banco Fassil, para realizar el depósito que debía por concepto de asistencia familiar, le comunicaron que la cuenta se encontraba sin movimiento por tres meses; en ese sentido, no pudo realizar el respectivo depósito, solicitando que se conmine a la demandante a que reaperture la cuenta o cree otra (fs. 3 y vta.). II.4. Consta Decreto de 21 de febrero de 2022; mediante el cual, la autoridad ahora demandada, dispuso que el memorial anteriormente señalado sea puesto a conocimiento de la parte demandante (fs. 3 vta.).
II.5. Mediante Memorial presentado el 21 de febrero de 2022, Evelin Rojas Gutierrez -ahora tercera interviniente-, solicitó en mérito a que Jaime Humberto Fernández Condarco -ahora solicitante de tutela-, no había cancelado la deuda por concepto de asistencia familiar, se libre el mandamiento de apremio por el monto total de liquidación, que ascendía a Bs72 500.- (setenta y dos mil quinientos bolivianos [fs. 6 y vta.]). II.6. A través de Providencia de 23 de febrero de 2022, la autoridad ahora demandada sostuvo que ante la falta de observación del monto de asistencia familiar que adeudaba el accionante, se dispuso sea librado el mandamiento de apremio correspondiente contra el obligado (fs. 7). II.7. Cursa Memorial de 25 de febrero de 2022; por el cual, el ahora impetrante de tutela recurrió en reposición contra la determinación de 23 del mismo mes y año, pues su persona había intentado hacer efectivo el depósito de lo adeudado, pero como la cuenta registrada a nombre de la demandante se encontraba inactiva fue imposible realizar el pago correspondiente, solicitando se deje sin efecto el merituado mandamiento de apremio en su contra (fs. 9 y vta.).
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la valoración de la prueba y a la libertad; toda vez que, habiendo comunicado al Juez ahora demandado su imposibilidad de realizar el depósito del monto que adeudaría por concepto de asistencia familiar, pues la cuenta aperturada para tal efecto, se encontraba inactiva, requiriendo que la entonces demandante proceda a re aperturarla o abrir otra; pese a ello, y sin pronunciarse al respecto, a solicitud de parte, la autoridad judicial demandada dispuso se libre el correspondiente mandamiento de apremio en su contra, sin previamente haber dirimido su solicitud. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) Sobre la persecución ilegal o indebida; b) De la asistencia familiar como deber constitucional cuyo cumplimiento se encuentra garantizado por el Estado; c) De la protección reforzada en caso de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el interés superior del niño; y, d) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0019/2022-S1 de 6 de abril, 1420/2022-S1 de 1 de diciembre, 0629/2023-S1 de 13 de junio, entre otras; mismas que formularon el siguiente entendimiento:
La persecución indebida fue definida por el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, como la acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella.
Bajo esa misma línea jurisprudencial, la SC 0036/2007-R de 31 de enero, precisó los presupuestos respecto a la persecución indebida, señalando que los mismos son: 1) La búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente; y, 2) La emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley.
Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, citando la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, en relación a los dos supuestos señalados precisó que:
…la persecución ilegal comprendería dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente.
En el primer supuesto, nos encontramos, propiamente, ante al hábeas corpus preventivo, explicado precedentemente; en tanto que el segundo, hábeas corpus restringido, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza inminente de privación de libertad; sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones ilegales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.). En esa línea jurisprudencial el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1204/2012 de 6 de septiembre señaló:
De lo anotado se concluye que la persecución ilegal o indebida como presupuesto de activación de la acción de libertad, comprende a su vez, dos supuestos, el primero referido al hostigamiento sin motivo legal ni orden de privación de libertad física y/o de locomoción emitida por autoridad competente; y el segundo relativo a las órdenes de restricción de libertad al margen de los casos previstos por ley y sin cumplir con los requisitos y formalidades legales exigidas. En el primer caso, como señaló la jurisprudencia, estamos frente a lo que la doctrina señala como, hábeas corpus restringido; y tanto que la segunda forma está relacionada con el hábeas corpus preventivo. En resumen, el hábeas corpus restringido está destinado a la protección de la libertad física y/o libertad de locomoción, cuando éstas sufren molestias, obstáculos, incomodidades, interrupciones o perturbaciones sin que medie fundamento legal. El hábeas corpus preventivo procura impedir una lesión al derecho a la libertad y puede ser utilizado en aquellos casos en los que pese a que no se concretó la privación a dicho derecho, empero, existe la amenaza que ello ocurra incumpliendo las condiciones de validez establecidas al efecto; es decir, mediante una orden librada al margen de los casos previstos por la Constitución Política del Estado y la ley, sin la presencia de los requisitos materiales y formales establecidos al efecto.... En ese orden, la SCP 0788/2018-S1 de 28 de noviembre, citando entre otras la SCP 0304/2017-S2 de 3 de abril, y la SCP 0467/2018-S2 de 27 de agosto, respecto a la persecución ilegal o indebida precisaron que la misma:
…es comprendida como un acto de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue y hostiga a una persona no existiendo motivo legal alguno, hecho que conforme a lo mencionado ut supra, ocurre en el presente caso (…) En ese orden, cuando existe una persecución indebida, en mérito a los alcances de la acción de libertad preventiva, en el marco de lo dispuesto por el art. 125 de la CPE, procede este mecanismo constitucional cuando la detención indebida aún no se produjo; a efectos de que la jurisdicción constitucional determine el cese de la persecución ilegal y, restituya los derechos lesionados; por lo que corresponde conceder la tutela al respecto. Por consiguiente, conforme a la jurisprudencia glosada en forma precedente, la persecución ilegal comprende dos supuestos: i) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley; y; ii) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente. En el primer supuesto, nos encontramos propiamente ante una acción de libertad preventiva, explicado precedentemente; en tanto que el segundo, 3 El FJ III. 3 señala: “…Ahora bien, por un lado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente Fallo, se estableció que una de las circunstancias de activación de la acción de libertad son los actos u omisiones que impliquen persecución indebida y por otro; en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, entre otros aspectos se dejó establecido que bajo el primer cauce configurativo de este presupuesto de activación de la acción de libertad, la persecución ilegal o indebida debe ser entendida como toda acción ilegal cometida por un funcionario público o un particular, conducta que implica una manifiesta y evidente persecución, acoso, búsqueda u hostigamiento, sin que exista una justa causa fundada en derecho, destinada a suprimir, restringir, perturbar o limitar el derecho a la libertad física, la vida o algún otro derecho estrictamente vinculado a éstos dos últimos; afectaciones que por su naturaleza, inequívocamente deben ser tuteladas a través de la acción de libertad; en tal sentido, la persecución ilegal o indebida implica la existencia de: “1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley”. En el caso de autos, no concurren ninguno de éstos elementos, ya que si bien la accionante alega persecución indebida por la emisión injustificada de una orden de aprehensión en su contra, emitida por la autoridad demandada; sin embargo, ésta fue dejada sin efecto por la misma autoridad en forma inmediata; por tanto, al haber quedado sin efecto dicha orden no se puede alegar persecución indebida ni ilegal”. 4 “…De lo cual se colige que el mecanismo idóneo para la tutela de la libertad cuando esta se ve amenazada indebidamente es la acción de libertad preventiva”.
se constituye en una acción de libertad restringida, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza inminente de privación de libertad; sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones ilegales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.)
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la SCP 0187/2023-S1 de 10 de abril; en la cual, se esgrimió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I el deber de los cónyuges de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (las negrillas nos pertenecen). En correspondencia con esta norma, el art. 108 de la CPE prescribe, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de “9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos” (las negrillas son nuestras); deber cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado, de acuerdo al art. 9.4 de la Norma Suprema. En sintonía con la citada Ley Fundamental, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en su art. 109 establece el contenido de la asistencia familiar, expresando:
I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.
adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores. IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas.
V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido en este Código (las negrillas fueron añadidas). Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, expresó las características distintivas de la obligación de la asistencia familiar, resaltando su carácter especial que la diferencia de las obligaciones civiles; el carácter personalísimo del acreedor, la intransmisibilidad a titulo universal, oneroso o gratuito; en contrapartida, expresa también que este derecho se extingue con la muerte de su titular. En síntesis, uno de los deberes que surgen del vínculo familiar es la asistencia familiar que no solo se limita a la carga económica, sino abarca una responsabilidad social destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente, a la formación integral de los hijos que se encuentran en necesidad de apoyo económico y moral. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1011/2013 de 27 de junio en el Fundamento Jurídico III.3, señala:
De las normas referidas se tiene que el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos: a) Los conyugues o convivientes tienen el deber de asistencia en términos de responsabilidad igualitaria; b) La asistencia mínima vital implica los deberes de alimentar y educar a los hijos; c) En virtud del Estado Social de Derecho se entiende que la asistencia sólo es exigible en situaciones de “minoridad” o discapacidad; y, d) El deber de asistencia implica insoslayablemente una asistencia integral que implica una formación espiritual y humana completa destinada a que los padres ejerzan su rol de formación y que sean coadyuvantes en garantizar conjuntamente con el Estado con el derecho fundamental a la educación.
5El FJ III.1 de la SC 0177/2006-R de 17 de febrero, expresa “La obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales que la diferencian de las demás obligaciones civiles. La disposición del citado artículo señala algunos, que por implicación comprende otros de relevancia, y configuran la naturaleza jurídica de ella. En primer término, corresponde señalar que se trata de una obligación personalísima respecto del acreedor, lo que constituye su característica distintiva. Sólo el beneficiario puede demandarla, de ahí que es intransferible, no le es dado transmitirla o cederla a título oneroso o gratuito a otra persona. Igualmente no puede transmitirse a los herederos, porque constituye uno de los derechos que se extingue con la muerte, según el art. 1003 del Código civil (CC) y 26.5 del CF, salvo los derechos de los herederos a las pensiones devengadas y a los gastos funerarios.
También es una obligación personalísima para el obligado (art. 26.5 del CF) menos lo relativo a las pensiones devengadas, que deben oblarse por sus herederos, porque no se trata de hacer nacer una obligación, sino de ejecutar una ya existente y no extinguida, cuya transmisión se hace conforme al derecho común.
Por ser un derecho personalísimo, todas las acciones que se relacionan con él tienen el carácter de exclusivamente personales, de lo cual resulta que los acreedores no pueden ejercerlas en lugar de los interesados”. 6El FJ III.3 de la SC 1011/2013 de 27 de junio, sostiene: “Del vínculo familiar nacen relaciones de distinta índole, por ello incorporan derechos y deberes de unos hacia otros, adquiere especial relevancia el deber de asistencia, pues éste lejos de ser una mera carga económica implica la responsabilidad social de una persona al formar parte de un núcleo familiar de contribuir en el bienestar de los miembros de la familia en la medida de sus posibilidades y el rol específico que juega dentro de la sociedad, así los padres tienen el deber fundamentalísimo de contribuir en el bienestar integral de los hijos en la medida que éstos se encuentren en una situación de necesidad de apoyo moral y económico…”.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2021-S1 de 21 de julio, 0703/2022-S1 de 21 de julio, 1142/2023-S1 de 5 de octubre, entre otras; mismas que formularon el siguiente entendimiento: Al respecto, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; en ese marco el art. 60 de la CPE siguiendo los lineamientos del numeral 2 de la citada normativa internacional establece que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Ahora bien, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto analizó que:
…En esa perspectiva, los arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos…. Posteriormente este Tribunal, en la SCP 0125/2017 de 9 de marzo, reiterada entre otros por la SCP 0172/2018-S1 de 3 de agosto, señaló que:
7 Al respecto el FJ III.2 señala: “En torno a la naturaleza jurídica del proceso penal juvenil, convergen posiciones encontradas; algunos autores se muestran de acuerdo en señalar que se trata de un auténtico proceso de naturaleza penal, materialmente sancionador-educativo, tanto en procedimiento como en las medidas aplicables al menor. No obstante dicha apreciación, es importante destacar que en efecto, penal es la causa que da origen al procedimiento, la que emergió de la comisión de delitos tipificados por el Código Penal, cometidos por ciudadanos mayores de doce y menores de dieciséis años de edad, y penal, es también su consecuencia, porque se materializa en la imposición coactiva de medidas privativas o restrictivas de derechos fundamentales; sin embargo, dicho proceso, al mismo tiempo es especial, habida cuenta que el sujeto, objeto de su procesamiento, es un adolescente que goza de específica protección de la Constitución y de las normas vigentes nacionales como internacionales; y especiales son las medidas penales que pudieran aplicarse, dado que persiguen la finalidad educativa y resocializadora…”. 8 El FJ III.2 señala: “concluye que por este principio, entendido como el conjunto de acciones tendientes a resguardar y por ende a garantizar por parte del Estado el desarrollo integral y el acceso a una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a la niñez y adolescencia alcanzar el máximo bienestar posible, es obligación de todos los administradores de justicia, quienes tienen el deber de sustanciar una causa en la que se encuentren …Introduciendo así el principio del interés superior del niño, como una directriz de cumplimiento obligatorio, y con poder coercitivo para todos los Estados partes, al considerarse una norma de Derecho Internacional de aplicación general, puesto que implica un cambio de mentalidad respecto al tratamiento de esta población, ya que de la doctrina de situación irregular en la que se encontraban los mismos, ahora en el marco de la doctrina de la protección integral, que conceptualiza al niño como un sujeto de derechos, sin discriminación alguna”. Ahora bien, para entender qué significa el interés superior del niño, es necesario su abordaje conceptual, es así, que para Baeza, es «el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar», asimismo, para Gatica y Chaimovic «debe ser entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña», por otra Zermatten señala que «el interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran en convergencia». En este entendido, este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño (las negrillas son nuestras).
Al respecto, también ese pertinente señalar lo establecido por el Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) de 17 de julio de 2014 -Ley 548- establece la necesidad de que dicho precepto legal debe interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; al efecto, en su art. 12 inc. a) entiende dicho principio como: “…toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas”.
En ese sentido, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación a la temática del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente señala:
A partir de ello, se instituye en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos la doctrina de la protección integral, que considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual implica el respeto desde su forma de ser, la visualización de su necesidades tanto físicas como emocionales, que les permitan lograr un desarrollo integral en condiciones de igualdad y sin discriminación, lo que involucra que el Estado, la familia y la sociedad deban brindarles las condiciones para ello de manera obligatoria y prioritaria en el marco del interés superior del niño, que fue logrado a través de un largo proceso de reconocimiento material de esta población, ya que durante mucho tiempo se encontraban en una situación irregular de desconocimiento de sus derechos, pues eran objetos y no podían ejercer sus derechos; empero, ahora en la medida que se les dé prioridad en todos los ámbitos de prevención, protección y atención dependerá también el desarrollo de una sociedad armónica”. Justamente por ello, todas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas, entonces debemos despojarnos de la mentalidad patriarcal que llevamos y maximizar nuestro esfuerzo para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en la condiciones y oportunidades para su tránsito a las otras etapas de la vida. Es así que Bolivia al ser suscribiente de la Convención sobre los Derechos de Niño ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también reconoce el principio del interés superior del niño en el art. 60 de la CPE cuando señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, de ahí que este principio se transversaliza en todos los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia.
De acuerdo a dicho marco legal y jurisprudencial señalado en forma precedente, se llega a concluir que de manera general las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relativos a menores de edad, tienen la obligación de hacerlo velando por el interés superior de dichos menores, así como de forma particular, las autoridades jurisdiccionales también deben proceder de esa manera, ya que ese compromiso emana de normas internacionales, lo que genera responsabilidad internacional en caso de incumplirlas, así como de la Constitución Política del Estado que por el principio de primacía constitucional corresponde ser acatada en cada decisión que se asuma, en este caso en lo que respecta a los menores de edad y su protección reforzada en respeto del interés superior de los mismos, y, finalmente, siguiendo esos mandamientos legales, dicha protección también está contemplada en la normativa especial, como se tuvo a bien citar el Código Niño, Niña y Adolescente; toda esa normativa debe primar y más aún ante normativa que genera duda al respecto o no contemple dicho principio. Consiguientemente, es evidente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrán en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad.
El solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la valoración de la prueba y a la libertad; toda vez que, habiendo comunicado al Juez ahora demandado su imposibilidad de realizar el depósito del monto que adeudaría por concepto de asistencia familiar, pues la cuenta aperturada para tal efecto, se encontraba inactiva, requiriendo que la entonces demandante proceda a re aperturarla o abrir otra; pese a ello, y sin pronunciarse al respecto, a solicitud de parte, la autoridad judicial demandada dispuso se libre el correspondiente mandamiento de apremio en su contra, sin previamente haber dirimido su solicitud.
De los antecedentes que informan al legajo constitucional; se tiene que, cursa extracto de cuenta de ahorro de 18 de febrero de 2022 a nombre de Evelin Rojas Gutiérrez -ahora tercera interviniente-, cuyos datos refirieren que la cuenta se encuentra sin movimiento y con saldo cero (Conclusión II.1); de la misma fecha del extracto descrito supra, cursa un otro extracto de cuenta de ahorro a nombre de Evelin Rojas Gutiérrez, donde se advierte un depósito de Bs10.- y se señala que la cuenta se encuentra activa (Conclusión II.2); también en la misma fecha -18 de febrero de 2022- el ahora accionante presentó un memorial dirigido al Juez ahora demandado, haciéndole conocer la imposibilidad de realizar los depósitos por concepto de asistencia familiar reclamados, debido a que la cuenta de la demandante se encontraba inactiva (sin movimiento por tres meses); por lo que, solicitó que la ahora tercera interviniente proceda a reactivar la misma, o de lo contrario aperture una nueva para que pueda realizar sus depósitos (Conclusión II.3); en atención a dicho memorial, la autoridad judicial demandada emitió el decreto de 21 del referido mes y año, disponiendo que la solicitud del señalado memorial sea puesto en conocimiento de la parte demandante (Conclusión II.4). El 21 de febrero de 2022, Evelin Rojas Gutiérrez presentó ante el Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, un memorial pidiendo se libre mandamiento de apremio en contra del ahora impetrante de tutela, por no haber pagado su deuda por concepto de asistencia familiar pese a haber sido notificado con el Auto que aprueba la liquidación, memorial que mereció la providencia de 23 del indicado mes y año, que al no haber sido observado el monto de asistencia familiar reclamado, dispuso se libre mandamiento de apremio en contra del ahora peticionante de tutela (Conclusiones II.5 y II.6); Finalmente, se tiene que el solicitante de tutela presenta el memorial de 25 del referido mes y año planteando recurso de reposición contra la providencia de 23 del señalado mes y año (Conclusión II.7). De las Conclusiones supra citadas y en contraste con la problemática formulada, se entiende que el acto esencialmente denunciado en la presente acción tutelar, es precisamente la expedición del mandamiento de apremio; no obstante, a que el prenombrado solicitó a la autoridad ahora demandada, “…conmine a Evelín Rojas Gutiérrez, a que aperture nueva cuenta o la reapertura de dicha cuenta o en su defecto se cree un usuario en el sistema “Salomón Pro” a efectos de hacer efectivo dicho pago” (sic); de la cual, alega que pese a haber emitido el Decreto de 21 de febrero de 2022 disponiendo poner en conocimiento de la parte contraria dicha petición, el Juez demandado no se habría pronunciado previamente al respecto, emitiendo en su lugar mandamiento de apremio de manera arbitraria el 23 del mencionado mes y año, con el cual le habría privado de forma ilegal su libertad sin razón aparente; al respecto, conforme se pudo advertir de los antecedentes procesales aparejados a esta acción tutelar y consignadas en las Conclusiones del presente fallo constitucional, los actos presuntamente ilegales denunciados por el accionante, se generaron dentro de un proceso de asistencia familiar en el que se dispuso que el ahora impetrante de tutela pague una asistencia familiar de Bs2 500.-(dos mil quinientos bolivianos); y, que luego del trámite posterior, ante su incumplimiento se expidió el mandamiento de aprehensión a efectos de exigir la observancia de la obligación; por lo que, la determinación asumida por la autoridad judicial demandada, se encuentra en el marco constitucional y legal, como se señaló en el art. 60 de la CPE que establecen que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente; asimismo, el art. 64 de la misma Norma Suprema determina que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos. Ahora bien, cabe precisar que respecto al extremo denunciado por el peticionante de tutela, referido a que éste, a efectos de cumplir con el pago de la asistencia familiar fijada, mediante memorial puso en conocimiento del Juez la imposibilidad de hacer efectivo el depósito por encontrarse inactiva la cuenta bancaria de la demandante, y pidió que se la conmine a que cree otra cuenta o reaperture la ya existente, pretendiendo hacer entender que la resolución y respuesta a dicha solicitud, así como el pronunciamiento previo respecto del decreto de 21 de febrero de 2022, condicionaba que el mandamiento de aprehensión sea expedido y ejecutado; al respecto, es preciso referirnos al art. 415.VII del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- que establece la obligación de la autoridad judicial en relación al cumplimiento de la asistencia familiar, al prever que:
El cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial (el resaltado es nuestro). Consecuentemente, la aplicación de este precepto no es de meramente enunciativo, por el contrario, se constituye en un imperativo que la autoridad judicial debe observar estrictamente para garantizar su cumplimiento; por lo tanto, el hecho que el Juez demandado no se haya pronunciado expresamente respecto del decreto de 21 de febrero de 2022, de ninguna manera interrumpe el cumplimiento de la obligación familiar de parte de obligado, máxime, que el ahora solicitante de tutela nunca cuestionó el monto a pagar por concepto de asistencia familiar conforme a procedimiento, y que además, interpuso un recurso de reposición contra el decreto que dispuso la emisión del mandamiento de apremio. Con dichas precisiones, y considerando que la asistencia familiar se constituye en una obligación para garantizar lo indispensable en favor de los menores beneficiarios, a objeto de posibilitarles el acceso a la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; razón por la cual, los arts. 127.I y 415.VII del CFPF10, establecen que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial; por lo que, conforme lo referimos previamente, su incumplimiento por parte del obligado, es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente sentencia constitucional, y que hasta el momento de la ejecución del mandamiento de apremio, debe pagar la asistencia familiar en dinero; consiguientemente, el ahora accionante, al tener conocimiento del proceso de asistencia familiar e incumplir con el pago correspondiente, enmarca su accionar a lo dispuesto por los mencionados arts. 127.I y 415.VII del CFPF; razón por la cual, la privación de su libertad, es atribuible a su propia desidia y no puede ser considerado ilegal. A tal efecto, conforme se tiene desarrollado en el art. 60 de la CPE y el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente; asimismo el art. 64 de la Norma Suprema determina que los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos, además el marco legal definido y la obligación que tienen el padre y la madre; por cuanto, la asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; lo que refrenda la no interrupción de la obligación de su suministro oportuno por el interés social que representa.
Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia a la SCP 1204/2012 de 6 de septiembre, indicó que la persecución ilegal o indebida como presupuesto de activación de la acción de libertad, comprende, dos supuestos, el primero referido al hostigamiento sin motivo legal ni orden de privación de libertad física y/o de locomoción emitida por autoridad competente; y el segundo relativo a las órdenes de restricción de libertad al margen de los casos previstos por ley y sin cumplir con los requisitos y formalidades legales exigidas; de lo anotado se tiene que la persecución ilegal o indebida es comprendida como un acto de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue y hostiga a una persona, no existiendo motivo legal alguno. En el caso de autos, la parte impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad, realizó una relación respecto de su pretensión denunciando que el mandamiento de apremio expedido por la autoridad judicial demandada fue ilegal; por cuanto, antes de emitirlo, no se habría pronunciado respecto al decreto de 21 de febrero de 2022; sin embargo, dichas aseveraciones no pueden ser consideradas bajo ninguna circunstancia como una persecución ilegal; toda vez que, conforme lo referimos previamente, independientemente del pronunciamiento o no sobre el mencionado decreto, el cumplimiento de la asistencia familiar no puede ser diferido por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial, de lo que se infiere que la autoridad judicial demandada solo dio cumplimento a lo dispuesto en las normas contenidas en los arts. 60 y 64 de la CPE, 127.I y 414.VII del CFPF; por lo que, al no haberse acreditado el cumplimiento de los presupuestos para considerar una persecución ilegal o indebida, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/22 de 26 de febrero de 2022, cursante de fs. 22 vta. a 28 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos expuestos en la Resolución que se revisa y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados dentro la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 Criterio seguido en las SSCC 0419/2000-R, 0261/2001-R y 0535/2001-R, entre otras.
2 “III.1.2. El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente. Este hábeas corpus está recogido en los arts. 18 de la CPE y 89 de la LTC, cuando se refieren a los casos de arbitraria, indebida o ilegal persecución, que ha sido entendida por la jurisprudencia de este Tribunal como “la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos exigidos por ella” (Así, SSCC 419/2000-R, 261/2001-R y 535/2001-R, entre otras)”.
involucrados la vulneración de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, se deberá reforzar su protección frente a otros derechos”.
9 El art. 9 del CNNA señala: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.
10 ARTÍCULO 127. (APREMIO CORPORAL E HIPOTECA LEGAL). I. La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial. II. Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado. III. El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3) meses. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo. IV.
Si transcurridos tres (3) meses persistiera el incumplimiento de la oferta de pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes de la o del deudor, que se mandará inscribir de oficio. ARTÍCULO 415. (EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR). I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días. II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los perjuicios de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. IV. El apremio no excederá el tiempo de seis (6) meses en su ejecución, que se ejecutará por un periodo de seis (6) meses, cumplido los cuales se podrá solicitar la libertad. V. Si la asistencia fijada fuere porcentual, los aumentos de sueldos, salarios y rentas determinarán el reajuste automático de las pensiones de asistencia familiar, de manera que subsista en forma constante el porcentaje fijado. VI. La petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, se sustanciará conforme al procedimiento de resolución inmediata, sin que se interrumpa la percepción de la asistencia ya fijada. En caso de cese o disminución regirá desde la fecha de la correspondiente resolución, y en caso de aumento, la nueva suma fijada correrá desde la citación con la petición. VII. El cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0719_2023-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4e5b21fb67a52928b02c3f2a84a6a77433e599989fc1be2cd5ba198f608b0b9d
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