B.IA.LEGAL

SCP 0718/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 30 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55908-2023-112-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición; puesto que, luego de sufrir una serie de agresiones y atropellos por parte de la Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco, quien procedió a la remoción de su cargo, y posteriormente a ser retirada de las funciones que ejercía; el 17 de octubre de 2022, presentó ante el Ejecutivo Regional ahora accionado una denuncia de acoso laboral, violencia psicológica y malos tratos contra la referida Secretaria Regional Jurídica, ante la falta de respuesta a esa denuncia, reiteró la misma el 4 de noviembre de 2022, y posteriormente el 3 de mayo de 2023, al no obtener una contestación pronta, oportuna y formal conforme dispone el art. 24 de la CPE, se vio obligada a reiterar su petición, a pesar que se pidió que exista un pronunciamiento dentro del plazo de setenta y dos horas, a efectos de que pueda interponer algún recurso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre el derecho de petición; b) Principio de inmediatez; c) En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 98 a 99 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Yacuiba del Departamento de Tarija; y, en consecuencia,

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho de petición respecto a las Notas presentadas el 4 de noviembre de 2022; y, 3 de mayo de 2023, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º DENEGAR con relación del derecho de petición relacionado a la Nota presentada el 17 de octubre de 2022 y a la disposición de costas asumida por el Juez de garantías con base a lo señalado en Otras Consideraciones de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el derecho de petición
  2. III.2. Principio de inmediatez
  3. III.3. En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0718/2025-S1 Sucre, 30 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55908-2023-112-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución de 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 98 a 99 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristina Pamela Gallardo Suruguay contra José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 25 a 33 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de abril de 2022, fue designada como Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa, dependiente de la Secretaría Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; y a partir de “septiembre” de ese año, Nataly Adriana Martínez Sánchez, ocupó el cargo de Secretaria Regional Jurídica, quien inició nuevas funciones con una actitud hostil, traducidos en mal trato, agresiones verbales y atropello contra su persona, impartiendo instrucciones que implicaban transgresión del ordenamiento legal administrativo, procediendo a la remoción de su cargo a través del Memorando 112/2020 de 1 de septiembre, al ser reasignada a cumplir la función de Asesora Legal de Gestión Administrativa - Profesional I en esa misma entidad, implicando una “disminución” de jerarquía y nivel salarial. Ante las explicaciones requeridas se le indicó que el cambio respondía a una decisión e instrucción del Ejecutivo Regional ahora accionado, explicación que fue aceptada sin ningún reclamo dada su necesidad de continuar trabajando; sin embargo, y a pesar de ese cambio, la prepotencia, arbitrariedad y agresiones de parte de la Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, no cesaron dando lugar a una situación insoportable, por las agresiones y atropellos contra su persona alcanzando las características de acoso laboral, violencia psicológica y discriminación, hasta que el 13 de octubre de 2022, fue cesada en las funciones que desempeñaba como Asesora Legal a través del Memorando 70/2020 de 12 del citado mes y año, y complementando dicha determinación, la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.) emitió la “Comunicación Interna RR.HH. 687/2022”, mediante la cual se le instruyó que realice todo el trámite relacionado a la desvinculación laboral, en el que se acentuaron y agravaron los malos tratos de la Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, contra su persona buscando retardar el trámite de desvinculación perjudicándole en el tiempo que dicho trámite lleve; ya que, por disposición del Decreto Supremo (DS) 28669 de 1 de mayo de 2006, al tratarse de un despido intempestivo se le debía elaborar el finiquito y cancelar todo lo pendiente de pago en un plazo de quince días, hecho que no ocurrió y recién cobró parcialmente en diciembre de 2022 y un saldo durante “esta gestión”, lo que ocasionó un perjuicio económico enorme. Ante esa situación, el 17 de octubre de 2022, se vio obligada a presentar dos documentos dirigidos al Ejecutivo Regional ahora accionado, relacionados a un informe en el que se señalaba el cumplimiento del trámite instruido por RR.HH. del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, para la desvinculación laboral, mencionando las actitudes de la Secretaria Regional Jurídica de ese Gobierno Autónomo Regional sin contaminar dicho documento con denuncias, y el otro, denunciando acoso laboral, violencia psicológica y malos tratos por parte de dicha Secretaria Jurídica Regional, haciendo conocer de manera resumida las arbitrariedades y abusos cometidos por esa funcionaria, constituida en una denuncia formal que requería acciones inmediatas y una respuesta formal, pronta y oportuna como denunciante al tener un interés legítimo, aspecto que no sucedió y ante el silencio o inacción del Ejecutivo Regional ahora accionado, el 4 de noviembre de 2022, presentó en la “VUT” del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, una nueva nota de reiteración y petición de información referida a la denuncia presentada el 17 de octubre de ese año, de la cual no tuvo respuesta alguna con la que fuese notificada, desconociéndose su derecho al debido proceso; puesto que, necesita conocer formalmente dicha respuesta para poder recurrir a la vía competente; por lo que, el 3 de mayo de 2023, se vio obligada a reiterar su petición; empero, no fue notificada con ninguna resolución o comunicación; sin embargo, tras ser derivada a la “VUT” de Asesoría General de Despacho, la Asesora Legal le indicó que la información debía ser recabada de la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, negándole su derecho de petición; y habiéndose generado un alto estrés que la llevó a que sea sometida a una cirugía de emergencia, se vio impedida de realizar el seguimiento fluido de su denuncia y no obstante del tiempo transcurrido; es decir, de casi cinco meses hasta el 30 de abril de 2023, no fue notificada con ninguna resolución por lo menos de inicio de un proceso administrativo disciplinario, debiendo presumirse que su derecho de petición fue denegado o se omitió instruir acciones correspondientes; y en consecuencia, dejarse en impunidad los hechos denunciados respecto a una servidora pública de jerárquica administrativa del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición; citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, otorgue una respuesta formal a su petición planteada en la Nota de 4 de noviembre de 2022, reiterada el 3 de mayo de 2023, dentro del plazo de setenta y dos horas de la notificación con la resolución de la presente acción de amparo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 97 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y aplicación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de la amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: a) Con relación al informe presentado por el Ejecutivo Regional ahora accionado, recién el “día de ayer” le notificaron con “…un auto y una resolución inicial y final…” (sic) de un proceso administrativo de la denuncia contra Nataly Adriana Martínez Sánchez, Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; cuando presentó en dos oportunidades el memorial y se apersonó a la “Gobernación” a en busca de respuesta; empero no obtuvo las misma; además, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, no existe la notificación por cédula teniendo que ser “presencial”, notificación que también fue fruto de la interposición de la acción de amparo constitucional; y, b) A efectos de plantear un recurso de revocatoria, es que solicitaba una respuesta pronta y oportuna y que se la deje acceder a un proceso administrativo en el que pueda defenderse.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, a través de sus representantes legales por informe presentado el 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 92 a 96 vta., así como en audiencia, manifestó que: 1) La accionante el 17 de octubre de 2022, presentó una denuncia contra Nataly Adriana Martínez Sánchez, Secretaria Regional Jurídica del referido Gobierno Autónomo Regional, por la supuesta comisión de acoso laboral, violencia psicológica y malos tratos; se procedió a iniciar “Proceso Administrativo Interno No 39/2022 de fecha 04 de noviembre…” (sic); siendo notificada la sumariada, el 7 de ese mes de 2022, y en consideración a que la denunciante -accionante- no estableció ningún domicilio, se la notificó en el tablero del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; 2) El 18 del citado mes y año, Nataly Adriana Martínez Sánchez, presentó pruebas de descargo, y el 22 de ese mes y año, se emitió la Resolución Final 39/2022 de 22 de noviembre, notificándose a la sumariada; empero, no a la accionante en su debido momento al no tenerse el domicilio exacto de acuerdo al Informe 05/2023 de 16 de mayo, emitido por la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; 3) El 3 de mayo de 2023, la accionante, solicitó informe de la denuncia interpuesta sobre acoso laboral, violencia psicológica y malos tratos, y de manera extraoficial obtuvo la información que la misma se encontraría trabajando en el Gobierno Autónomo Municipal de Carapari del departamento de Tarija, ante lo cual la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco se trasladó a ese lugar, no habiendo sido encontrada, al estar con baja médica; 4) El 16 de mayo de 2023, la nombrada Autoridad Sumariante junto con Sissy Gallardo Humacata, Notaria de Gobierno del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, se trasladaron al domicilio particular ubicado en Campo Grande a efectos de hacer conocer a la accionante la Resolución de Inicio y Resolución Final, y siendo que el esposo no quiso recibir la documentación, les indicó que la accionante al día siguiente se apersonaría por el referido Gobierno Autónomo Regional; por lo que, se procedió a realizar la notificación de manera cedularía en presencia de la Notaria de Gobierno de ese Gobierno Autónomo Regional, cumpliendo de tal manera con la notificación y todo el procedimiento; y, 5) Todas las actuaciones fueron realizadas y cumplidas de acuerdo a la notificación cedularía, las que fueron inicialmente expuestas en el tablero de ese Gobierno Autónomo Regional y luego en su domicilio; por lo que, existió la predisposición de cumplir con lo solicitado; además, que las actuaciones fueron realizadas dentro de los plazos que prevé la Constitución Política del Estado, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, y los Decretos Supremos (DD.SS.) 23318-A de 3 de noviembre de 1992; y, 26237 de 29 de junio de 2001; no siendo evidente que hubo mala fe por parte de la autoridad competente que supuestamente quiso negar el derecho de petición de la accionante.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial Primero de Yacuiba del Departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 98 a 99 vta., concedió la tutela solicitada, con costas, ordenando que el Ejecutivo Regional ahora accionado, en el plazo de tres días computables desde la notificación con la presente Resolución, responda o dé respuesta a la denuncia, oficios y peticiones presentadas el 17 de octubre, 4 de noviembre de 2022 y 3 de mayo de 2023; bajo los siguientes fundamentos: i)

El Ejecutivo Regional hoy accionado no dio respuesta en el marco del derecho de petición respecto a las solicitudes de la accionante en tres oportunidades, conforme la prueba presentada, siendo la última Nota de 3 de mayo de 2023, en la que solicitó información sobre la denuncia de acoso laboral presentada el 4 de noviembre de 2022; ii) El referido Ejecutivo Regional de manera fundamentada debió dar una respuesta formal y en un tiempo oportuno, y en caso de no ser competente indicar quién lo sería, situación que no sucedió al no existir prueba de ello; iii) Si bien se presentaron en audiencia notificaciones notariales, así como un informe, éstos refieren a un proceso administrativo que no estaba dirigido a la accionante y menos por el Ejecutivo Regional ahora accionado; además, que fue de 12 de mayo de 2023; y, iv) Al parecer se armó un proceso administrativo disciplinario supuestamente legal; sin embargo, no es evidente que la accionante hubiese sido notificada con resolución alguna emitida por el Ejecutivo Regional hoy accionado, que pudiera implicar la denegatoria de esta acción de defensa; en ese sentido al no otorgar referido Ejecutivo Regional respuesta a las solicitudes presentadas por la accionante, se vulneró su derecho de petición.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Nota presentada el 17 de octubre de 2022, ante José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco -ahora accionado-, por el que Cristina Pamela Gallardo Suruguay -ahora accionante- denunció acoso laboral, violencia psicológica y malos tratos por parte de Nataly Adriana Martínez Sánchez, Secretaria Regional Jurídica de ese Gobierno Autónomo Regional (fs. 5 a 7). II.2. Por Nota presentada el 4 de noviembre de 2022, ante el Ejecutivo Regional hoy accionado, la accionante puso en conocimiento, la “…injustificada e ilegal negativa a extender certificado de no adeudo de parte de la Secretaria Regional Jurídica…”, señalando que habiendo presentado denuncia contra a esa autoridad, el 17 de octubre de 2022, se negó a entregarle el Certificado de no adeudo; haciendo igualmente mención de que en la referida fecha, habría remitido a esa autoridad -Ejecutivo Regional- la Nota con referencia “ʽDENUNCIA ACOSO LABORAL, VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y MALOS TRATOS DE LA SECRETARIA REGIONAL JURÍDICAʹʺ (sic), denunciando la actitud de la referida Secretaria Regional Jurídica, manifestando que “hasta la fecha” no conoce y si por lo menos se requirió algún informe sobre la denuncia presentada o si se instruyó una investigación o abrió proceso administrativo (fs. 8 a 12). II.3. Consta Nota presentada el 3 de mayo de 2023, ante el Ejecutivo Regional hoy accionado, por el que la accionante, reiteró la denuncia y pidió información referida a la denuncia interpuesta el 4 de noviembre de 2022, contra Nataly Adriana Martínez Sánchez, Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, señalando en su petitorio que ante el silencio administrativo, ya debió concluirse el correspondiente proceso administrativo contra la autoridad denunciada; por lo que, ejerciendo su legítimo interés como denunciante y víctima, en el marco del art. 24 de la CPE, pidió que se le haga conocer los resultados del trámite, respondiendo a su denuncia presentada de la referida fecha (fs. 13 a 15). II.4. Cursa Informe G.A.R.G.CH.- A.G.D. 268/2023 de 17 de mayo, emitido por la Asesora General de Despacho del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, mediante el cual puso en conocimiento de la Secretaria Regional Jurídica del referido Gobierno Autónomo Regional, que habiéndose agotado todas la vías de notificación a la accionante, se procedió a realizar la notificación en el tablero -de ese Gobierno Autónomo Regional- el 12 de mayo de 2023, adjuntado a la notificación, un ejemplar del Cite OF. EXT./G.A.R.G.CH./E.R./DESP. 551/2023 de 12 de mayo, y en original el Informe 04/2023 de la misma fecha (fs. 49, 50, 51, 52 a 54). II.5. Por Resolución Administrativa (RA) 39/2022 de 19 de octubre, la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, resolvió inicio de proceso administrativo interno contra Nataly Adriana Martínez Sánchez, Secretaria Regional Jurídica del referido Gobierno Autónomo Regional dentro de la denuncia interpuesta por la accionante por acoso laboral, violencia psicológica y malos tratos (fs. 65 a 71). II.6. Mediante Resolución Final 39/2022 de 22 de noviembre, la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, declaró sin responsabilidad administrativa a Nataly Adriana Martínez Sánchez, Secretaria Regional Jurídica del referido Gobierno Autónomo Regional, por no haber sido expresada la existencia de contravención del ordenamiento jurídico legal vigente “…al no haberse valorado quienes son las partes que participan del proceso de contratación directa según el reglamento de contratación” (sic [fs. 73 a 77 vta.). II.7. Consta Acta Notarial de Notificación, efectuada por Sissy Carolina Gallardo Humacata, Notaria de Gobierno del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de Yacuiba del departamento de Tarija, que acredita que el 16 de mayo de 2023, procedió a notificar con la RA 39/2022 de 19 de octubre más la Resolución Final 39/2022 de 22 de noviembre, a la accionante, en su domicilio ubicado en la comunidad Campo Grande sobre la ruta antigua a Santa Cruz, siendo atendida por una persona que manifestó ser su esposo, quien no quiso recibir la documentación y luego de realizar una llamada telefónica manifestó que ella se apersonaría a notificarse al día siguiente; sin embargo, se procedió con la notificación dejándole los documentos pegados en el pilar del portón de ingreso al domicilio, en presencia de un testigo que firmó y registró sus datos (fs. 64).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición; puesto que, luego de sufrir una serie de agresiones y atropellos por parte de la Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco, quien procedió a la remoción de su cargo, y posteriormente a ser retirada de las funciones que ejercía; el 17 de octubre de 2022, presentó ante el Ejecutivo Regional ahora accionado una denuncia de acoso laboral, violencia psicológica y malos tratos contra la referida Secretaria Regional Jurídica, ante la falta de respuesta a esa denuncia, reiteró la misma el 4 de noviembre de 2022, y posteriormente el 3 de mayo de 2023, al no obtener una contestación pronta, oportuna y formal conforme dispone el art. 24 de la CPE, se vio obligada a reiterar su petición, a pesar que se pidió que exista un pronunciamiento dentro del plazo de setenta y dos horas, a efectos de que pueda interponer algún recurso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre el derecho de petición; b) Principio de inmediatez; c) En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el derecho de petición

La SCP 1058/2023-S1 de 8 de septiembre, señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0730/2019-S2 de 28 de agosto, asumió el siguiente entendimiento: El art. 24 de la CPE, establece que: ʽToda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionarioʹ. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), consagra el derecho de petición en su art. XXIV, señalando que: ʽToda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resoluciónʹ. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del tiempo, fueron generando entendimientos respecto al derecho de petición a efectos de su tutela, abordando temáticas que constituyen precedentes constitucionales; sobre la base de los cuales, debe realizarse el análisis de cada caso concreto, al tiempo de verificar la lesión o no, del derecho de petición. En ese sentido, se abordarán las siguientes temáticas relativas al derecho de petición: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; y, 5) Plazo para emitir respuesta. (...) Contenido esencial

La SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, establece que el núcleo esencial del derecho de petición, constituye el derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna en la que se resuelva la petición en sí misma; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional, fue desarrollando características que debe contener la respuesta: i) Pronta y oportuna; dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable como lo determina la jurisprudencia constitucional; ii) Formal; que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; de donde se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, debe atenderla, tramitándola y resolviendo de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos

(...) Requisitos de procedencia

La SC 0310/2004-R de 10 de marzo, (...) estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición:

…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable; y, d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, (...), exigió únicamente los siguientes requisitos: ʽ…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de peticiónʹ; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: …dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: a) La existencia de una petición oral o escrita; y, b) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: 1) Ausencia de respuesta formal; 2) Falta de respuesta material; 3) Inexistencia de argumentación-motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, 4) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. Debe tomarse en cuenta, que en ausencia de cualquiera de los componentes que forman parte de una respuesta, se estaría lesionando no solo el derecho de petición, sino también, los principios y valores constitucionales -de celeridad, servicio a la sociedad y respeto a los derechos, en aplicación del art. 178.I de la CPE-; y, de la administración pública -de sometimiento a la ley, debido proceso, eficacia, economía, simplicidad, celeridad y responsabilidad; previstos en los arts. 232 de la CPE y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA)-, que rigen el actuar de los servidores públicos.

(...)

Plazo para emitir respuesta La jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos: a) En el término establecido por ley; y, b) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Principio de inmediatez

La SCP 0284/2025-S1 de 16 de abril, mencionando a la SCP 0213/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “El principio de inmediatez, conforme a las normas contenidas en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, establece que la acción debe ser interpuesta dentro del plazo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión administrativa o judicial; plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados. Respecto al principio de inmediatez, este Tribunal se pronunció a través de numerosas sentencias constitucionales, denegando la tutela solicitada por la parte accionante, cuando advirtió la interposición de la acción tutelar en un plazo que excedía los seis meses previstos por las disposiciones citadas. En esa línea, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, (...), reiteró que el principio de inmediatez tiene un doble efecto: ʽ…el primero, positivo referido a que a través de esta vía la jurisdicción constitucional deberá brindar una protección inmediata y oportuna al o a los derecho (s) fundamental (es) restringido (s) o suprimido (s) de manera ilegal o indebida; y, el segundo, negativo, referido a que el titular del derecho fundamental vulnerado, deberá presentar el recurso máximo dentro de los seis meses de conocido el supuesto acto ilegal o la última actuación, siempre que la parte accionante hubiese utilizado todos los medios y recursos idóneos, en principio ante la misma autoridad que incurrió en la lesión al derecho o garantía fundamental y luego, ante las superiores a ésta, hasta agotar todas las instancias, siempre que fueran competentes para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida (SSCC 1157/2003-R, 1013/2003-R, 1007/2003-R, reiteradas, entre otras, por la SC 0554/2010-R de 12 de julio)ʼ. En cuanto al fundamento del principio de inmediatez, la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, (...), estableció que: …por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo.

Conforme a la jurisprudencia descrita, se concluye que el principio de inmediatez encuentra su fundamento en la naturaleza misma de esta garantía constitucional, que es la protección inmediata y oportuna de los derechos fundamentales restringidos o suprimidos. Ahora bien, no obstante lo anotado, el Tribunal Constitucional desarrolló supuestos en los cuales a la luz del principio de favorabilidad o pro actione, entre otros, debía flexibilizarse el plazo de caducidad. En ese contexto, la SC 0762/2003-R de 6 de junio, señaló que si bien el Tribunal Constitucional estableció un plazo de seis meses para la activación de este recurso; no es menos cierto que, la subregla fijada por este Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se exceda en algunos días, y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza, que el Órgano encargado del control de constitucionalidad, no puede ni debe permitir se consume. Este criterio, fue seguido, entre otras, por las SSCC 0200/2006-R de 21 de febrero y 0169/2007-R de 21 de marzo. Además, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, flexibilizó el plazo de caducidad para supuestos de vulneraciones del derecho de jubilación, que persiste en el tiempo; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0309/2012 de 18 de junio y 1938/2012 de 12 de octubre, entre otras, establecieron flexibilizar el plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional, en casos de violaciones continuas y permanentes a derechos. Por otra parte, la SCP 0975/2012 de 22 de agosto, señaló que el término de seis meses establecido por el art. 129.II de la CPE, representa un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la presente acción tutelar; pero, que en atención al valor justicia, al derecho de acceso a la justicia, al principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles y a la interpretación pro hómine del texto constitucional, dicho plazo no puede ser automáticamente aplicable, sino, debe ser lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso concreto. En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.

III.3. En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar

La SCP 0657/2024-S1 de 18 de octubre, establece que: “El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0497/2022-S1 de 4 de julio; 1143/2022-S1 de 10 de octubre; y, 1103/2023-S1 de 15 de septiembre, que formularon el siguiente razonamiento:

El instituto de las costas procesales, como una forma de condena producto de la sustanciación de acciones de defensa, mereció el tratamiento correspondiente tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se definió principalmente la forma en cómo deben ser impuestas. No obstante a ello, incumbe previamente remitirnos a las disposiciones normativas del Código Procesal Constitucional (CPCo) -Ley 254-, el cual prevé de forma específica la condena a costas procesales en tres acciones constitucionales de control normativo; como ser, en el Recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales (art. 138.1); Recurso contra resoluciones del órgano legislativo (art. 142.2); y, Recurso directo de nulidad (art. 148.1): (...) Se advertirá entonces, que el Código Procesal Constitucional no regula de forma específica la condena a costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; vacío que necesariamente fue llenado por jurisprudencia desarrollada tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme se tiene de la siguiente sistematización: Inicialmente el Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre de 2000, dictada dentro de un Habeas Corpus -ahora acción de libertad-en su ʽConsiderado Segundoʼ, señaló lo siguiente: Que si bien del contenido de la Ley Nº 1836 se infiere que el recurrente en el Recurso de Hábeas Corpus está eximido del pago de costas, de ello también se entiende que cuando el Recurso es declarado PROCEDENTE, el recurrido debe pagar costas las derivadas de su acción, interpretación que implica un cambio de la jurisprudencia emitida por este Tribunal mediante Autos Constitucionales 07/00-CCP y 08/00-CDP. Posteriormente, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional-, el Auto Constitucional 0025/2003-ECA de 7 de mayo, (...), refirió que la fijación de la condena a costas procesales al recurrente -ahora accionante- obedecerá a la presencia de presupuestos específicamente identificados; es decir, ante la existencia de un grave perjuicio causado a la parte recurrida -ahora demandada-, la temeridad en la demandada -ahora acción de defensa- presentada, o la falta absoluta de contenido constitucional en el recurso -ahora acción-; es en ese sentido que señaló lo siguiente:

Si bien el art. 102-III LTC expresa que la resolución denegatoria del amparo demandado, impondrá y fijará costas y multa contra el recurrente, no es menos evidente que tal fijación debe obedecer a la certidumbre de la existencia de un gran perjuicio causado a la parte recurrida, a la temeridad en la interposición de la demanda de amparo, o a la falta absoluta de contenido constitucional en la misma, lo que ha motivado que el Tribunal Constitucional determine en diversos casos que la improcedencia del amparo no da lugar en forma inexorable y forzosa al señalamiento de costas y multa, por ser excusable la actuación recurrente. En esa misma línea, dentro una acción de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SPC 0630/2013-L de 15 de julio, como base a los fundamentos de la SC 1937/2010-R de 25 de octubre, refirió (...), que la condena a costas procesales puede materializarse en toda acción de defensa, como ser la de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; empero, solo con relación al accionante perdidoso y en la medida que se establezca la temeridad en la acción de defensa presentada, orientada a trasgredir intereses legítimos de la parte contraria; y en caso de no evidenciarse la misma, no procede la referida condena a costas procesales, independientemente de que sea denegada o no la tutela solicitada. En ese mérito, señaló lo siguiente: De lo manifestado se colige, que si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación realizada a lo dispuesto en el art. 198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita (art. 115.II de la CPE); además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que, si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional. Fundamentos que fueron reiterados y aplicados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0521/2018-S3 de 1 de octubre; 0432/2019-S3 de 13 de agosto; y, 0513/2020-S2 de 6 de octubre. Por su parte, la SCP 1048/2019-S2 de 3 de diciembre, dictada dentro de una acción popular, (...), con base en los fundamentos de la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, se refirió a la temeridad como elemento para condenar al accionante a costas procesales, ante la presencia de acciones de defensa con triple identidad; señalando lo siguiente: Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas de que existió un pronunciamiento previo al respecto; por lo que, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: A raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable). Por otro lado, la SCP 0341/2019-S3 de 24 de julio, con base en los fundamentos del Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre, dictada dentro de una acción de libertad, realizó una precisión referente a quienes pueden ser objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa; es así que (...), señaló lo siguiente: De lo que se colige que la condenación de costas a la parte perdidosa en los procesos constitucionales es perfectamente aplicable, con la aclaración de que solo se impondrán las mismas a la parte accionante, cuando se evidencie que actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria; y no así ante la simple denegatoria de tutela; toda vez que, la imposición de costas procesales al peticionante de tutela, no puede constituirse en un mecanismo disuasivo por el cual se impida a las personas acceder a la justicia en resguardo de sus derechos. Situación totalmente distinta ocurre en el caso de las autoridades o personas demandadas, que sí pueden ser condenadas al pago de las mismas ante la concesión de tutela, puesto que se entiende que sus acciones u omisiones, fueron las que dieron lugar a que el impetrante de tutela tenga que acudir a un abogado para que le patrocine en la presentación y defensa de una acción tutelar, erogando gastos económicos que deberán ser repuestos por los demandados perdidosos. Sobre esto último, la SCP 0100/2013 de 17 enero, dictada dentro de una acción de amparo constitucional, con base en los fundamentos del AC 0051/2004-CDP de 1 de diciembre, (...), que el Estado, sus instituciones centrales, descentralizadas, autonómicas y organismos del nivel central y autonómico, pueden ser objeto de condena a costas procesales en los procesos judiciales o administrativos, cuando sus autoridades lesionen derechos o garantáis de las personas, salvando la acción de repetición subsecuente. En ese marco, señaló lo siguiente: Ahora bien, es menester aclarar que las entidades públicas del nivel central, autonómico o descentralizado, no están exentas del pago de costas con cargo a repetición de los servidores públicos y por ende no se les aplica las normas contenidas en los arts. 39 de la LACG y 52 del DS 23215 cuando aquéllas devengan de la constatación de la lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales impuestas dentro de procesos constitucionales en el ámbito interno del Estado dentro del marco de aplicación e interpretación de la norma constitucional contenida en el art. 113 de la CPE, que prescribe: I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna; II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño. Como corolario de la sistematización desarrollada, se tiene que son objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa: 1) La o el accionante, cuando se deniega la tutela solicitada y se manifieste la existencia de un grave perjuicio causado a la o el demandado con la acción de defensa presentada, temeridad en la misma, o la falta absoluta de contenido en la pretensión constitucional; y, 2) La autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular, cuando se otorgue la tutela solicitada y se constate que por sus acciones u omisiones se lesionaron derechos y garantías, con lo que se dio lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidores y servidores públicos. Ahora bien, estimando que la condena a costas procesales no puede configurarse un instrumento legal de sanción irracional para todos aquellos que llegan a ser demandados con las acciones de defensa establecidas en la Constitución Política del Estado (acción de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular); incumbe efectuar una modulación a los fundamentos de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0341/2019-S3 de 24 de julio y 0100/2013 de 17 enero, que de cierta forma atendieron los fundamentos del Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre, en el siguiente sentido: ʽLa autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular podrá ser objeto de condena a costas procesales, cuando se conceda la tutela solicitada y se constate que por sus acciones u omisiones se lesionaron derechos y garantías, con lo que dio lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos, siempre que se manifieste la existencia de temeridad y dolo en su proceder; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidoras y servidores públicosʹ. En tal sentido, a partir de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la modulación efectuada debe ser observada.

En suma, la jurisprudencia establece que la condena a costas procesales -instrumento legal de sanción racional-, se extiende a la sustanciación de acciones de defesa, como la acción de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular: 1) Con relación al accionante perdidoso, solo cuando se deniegue la tutela solicitada y se manifieste la existencia de un grave perjuicio causado a la o el demandado con la acción constitucional de control tutelar, temeridad en la misma, o la falta absoluta de contenido en la pretensión constitucional; y 2) Con relación a la autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular demandada, solo cuando conceda la tutela solicitada y se constate que por su proceder (acciones u omisiones) se lesionaron derechos y garantías, que dieron lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos, y siempre que se manifieste la existencia de temeridad y dolo en su proceder; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidoras y servidores públicos” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de su derecho de petición; puesto que, luego de sufrir una serie de agresiones y atropellos por parte de la Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional de Gran Chaco, quien procedió a la remoción de su cargo, y posteriormente a ser retirada de las funciones que ejercía; el 17 de octubre de 2022, presentó ante el Ejecutivo Regional ahora accionado una denuncia de acoso laboral, violencia psicológica y malos tratos contra la referida Secretaria Regional Jurídica, ante la falta de respuesta a esa denuncia, reiteró la misma el 4 de noviembre de 2022, y posteriormente el 3 de mayo de 2023, al no obtener una contestación pronta, oportuna y formal conforme dispone el art. 24 de la CPE, se vio obligada a reiterar su petición, a pesar que se pidió que exista un pronunciamiento dentro del plazo de setenta y dos horas, a efectos de que pueda interponer algún recurso. Delimitado de esa manera el problema jurídico denunciado por la accionante, de los antecedentes descritos en la presente causa se tiene que la accionante luego de que le agradecieron por sus servicios, a través del Memorando 70/2022 de 12 de octubre (fs. 17), mediante Nota presentada el 17 de ese mes y año, ante el Ejecutivo Regional hoy accionado, denunció acoso laboral, violencia psicológica y malos tratos contra Nataly Adriana Martínez Sánchez, Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. Posteriormente, a través de la Nota presentada el 4 de noviembre de 2022, ante el Ejecutivo Regional hoy accionado, la accionante puso en conocimiento, la “…injustificada e ilegal negativa a extender certificado de no adeudo de parte de la Secretaria Regional Jurídica…”, señalando que habiendo presentado denuncia contra a esa autoridad, el 17 de octubre de 2022, se negó a entregarle el Certificado de no adeudo; haciendo igualmente mención que en la referida fecha, habría remitido a esa autoridad -Ejecutivo Regional- la Nota con referencia “ʽDENUNCIA ACOSO LABORAL, VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y MALOS TRATOS DE LA SECRETARIA REGIONAL JURÍDICAʹʺ (sic), denunciando la actitud de la referida Secretaria Regional Jurídica, manifestando que “hasta la fecha” no conoce y si por lo menos se requirió algún informe sobre la denuncia presentada o si se instruyó una investigación o abrió proceso administrativo; y habiendo transcurrido más de dieciocho días de la recepción de esa solicitud, no fue atendida ya sea de manera positiva o negativamente; por lo que, pidió que en el plazo de setenta y dos horas de recibida esa Nota, la Secretaria Regional Jurídica le entregue debidamente firmado el Certificado de no Adeudo de Documentación a objeto de proseguir con el trámite de la cancelación de sus duodécimas de aguinaldo, su bono de té y los días trabajados hasta el 13 de octubre de 2022, fecha de notificación con su retiro forzoso, dispuesto mediante Memorando 70/2022.

Asimismo, por Nota presentada el 3 de mayo de 2023, ante el Ejecutivo Regional hoy accionado, la accionante reiteró la denuncia y peticionó información referida a la denuncia interpuesta el 4 de noviembre de 2022, contra la Nataly Adriana Martínez Sánchez, Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo del Gran Chaco del departamento de Tarija, señalando en su petitorio que ante el silencio administrativo, ya se debió concluir el correspondiente proceso administrativo contra la autoridad denunciada -Secretaria Regional Jurídica-; por lo que, ejerciendo su legítimo interés como denunciante y víctima, en el marco del art. 24 de la CPE, pidió que se le haga conocer el resultado del trámite, respondiendo a su denuncia interpuesta el 4 de noviembre de 2022; y en caso que aún no se hubiese concluido el proceso administrativo, se ponga en su conocimiento el estado del trámite “…a la fecha y de no haber activado ninguna acción…” (sic), se le comunique las razones por las que no se procesó su denuncia y de ser el caso, por qué no se le hizo conocer dicha situación oportunamente. En la presente causa, el problema jurídico se encuentra circunscrito a la ausencia de una respuesta pronta, oportuna y motivada de las solicitudes efectuadas por la accionante en las Notas de 17 de octubre y 4 de noviembre de 2022; y, 3 de mayo de 2023; en ese sentido, corresponde de manera inicial señalar que bajo el principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional, no se puede ingresar al análisis de la Nota de 17 de octubre de 2022, por cuanto esta acción de protección de derechos debe ser activada dentro del plazo de seis meses, y en el caso, con relación a esa Nota, transcurrió más de ese tiempo, encontrándose esa solicitud fuera del plazo señalado al haber sido presentada ésta acción de amparo constitucional el 10 de mayo de 2023; razonamiento que fue expresado y desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y que es aplicable al respecto. En cuanto a la Nota presentada el 4 de noviembre de 2022, a través de la cual la accionante puso en conocimiento del Ejecutivo Regional ahora accionado, la vulneración de su derecho de petición, señalando que el 17 de octubre de 2022, habría remitido a esa autoridad la Nota con referencia “ʽDENUNCIA ACOSO LABORAL, VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y MALOS TRATOS DE LA SECRETARIA REGIONAL JURÍDICAʹ” (sic), contra la Secretaria Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, señalando que hasta el momento no se le hizo conocer al respecto, quedando impunes las denuncias realizadas; así como, a través de la Nota presentada el 3 de mayo de 2023, la accionante reiteró la denuncia y petición de información sobre la solicitud presentada el 4 de noviembre de 2022; respecto a las cuales, si bien en obrados cursan notificaciones realizadas en tablero de las Oficinas del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija, esas fueron efectuadas el 12 de mayo de 2023, así como el 16 de ese mes y año, se pretendió notificar a través de constancia notarial por la Notaría de Gobierno del referido Gobierno Autónomo Regional, las “Resolución Administrativa N° 39/2022” y la “Resolución Final N° 39/2022”, siendo pegadas en el domicilio de la accionante ubicado en la Comunidad Campo Grande sobre la ruta antigua a Santa Cruz; sin embargo, dichos actos fueron realizados de manera posterior de haberse interpuesto la presente acción de defensa y admitido la misma; es decir, el 12 de mayo de 2023; en ese sentido la vulneración del derecho de petición persiste; puesto que, las Notas presentadas por la accionante; además, de no merecer una respuesta formal que satisfaga las pretensiones de la accionante, sea de manera negativa o positiva, no recibió una respuesta pronta y oportuna; ya que, cualquier respuesta debe ser comunicada a la accionante de manera formal; aspectos que no concurrieron en la presente causa; es decir, no existió una respuesta material y en un tiempo razonable, constatándose con ello la vulneración del derecho de petición, debiendo al respecto concederse la tutela solicitada.

Otras consideraciones La Resolución de 17 de mayo de 2023, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, al momento de conceder la tutela solicitada, dispuso que sea con costas; aspecto que si bien no fue solicitado por la accionante en la demanda de acción de amparo constitucional; en cuanto a dicha disposición de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional manifestar que la imposición de costas procesales no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso en concreto en la que exista una parte perdidosa, sino que las costas deberán ser impuestas solamente cuando se advierta que se actuó dolosamente y con temeridad y vulnerando intereses legítimos de la parte contraria, aspectos que deben ser demostrados a efectos de que pueda viabilizarse esa petición; situación que al no concurrir en el caso de análisis, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 98 a 99 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Primero de Yacuiba del Departamento de Tarija; y, en consecuencia,

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho de petición respecto a las Notas presentadas el 4 de noviembre de 2022; y, 3 de mayo de 2023, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º DENEGAR con relación del derecho de petición relacionado a la Nota presentada el 17 de octubre de 2022 y a la disposición de costas asumida por el Juez de garantías con base a lo señalado en Otras Consideraciones de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0718_2025-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1cb85ccd8a5f8c908a33d72047f37aeb2ddc4b0b786ec59f05f5a0d2f9c457b3

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