Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de agosto de 2023
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerados sus derechos a la libertad y a la seguridad personal; porque, pese a habérsele concedido el beneficio de libertad condicional, el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, obstaculizaría su libertad, requiriendo un visto bueno del Juzgado, no obstante existir una resolución fundamentada al efecto. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 221/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dictados por el Juez de garantías, siempre que el accionante no se encuentre privado de su libertad por otra causa ajena a ésta o su situación jurídica haya sido modificada por el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0718/2023-S4 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 49075-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 221/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eddy Beder Enríquez García en representación sin mandato de Macedonio Vila Sano contra Jhonny Alarcón Ticona, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz.
Por memorial presentado el 2 de julio de 2022, cursante de fs. 4 a 6; el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
El 27 de junio de 2022, se llevó adelante la audiencia de libertad condicional en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, la misma que fue admitida, en previsión de los arts. 174 y 175 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001–, en concordancia con el art. 433 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–; toda vez que, cumplió con los requisitos establecidos en las diferentes etapas del sistema progresivo, y a la fecha se encuentra en el cuarto periodo de libertad condicional. El Juzgado evacuó los informes respectivos concediendo el total de pena cumplida de ocho años, cuatro meses y diecisiete días, que de conformidad con el art. 174 de la LEPS, constituye los dos terceras partes de la condena, vale decir de once años, por el delito de abuso sexual y corrupción de niña, niño y adolescente con agravante. En función de ello, la autoridad jurisdiccional dictó la Resolución 123/2022 de 27 de junio, que manda y ordena al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz –ahora demandado– que lo ponga en inmediata libertad, decisión que fue notificada el 28 de igual mes y año. Lamentablemente, los responsables, a la fecha han obstaculizado la salida perjudicando la libertad personal, requiriendo un visto bueno del juzgado, pese a la existencia de la resolución fundamentada y motivada. Adicionalmente señaló que su vida corre peligro, por cuanto habría recibido amenazas de muerte por los otros internos del citado Centro Penitenciario, motivo por el que recurre a la vía constitucional.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó lesionado sus derechos a la libertad y la seguridad personal; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga su libertad en el día, debiendo emitirse el mandamiento correspondiente.
Celebrada la audiencia pública el 4 de julio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 9 y vta., presente el accionante asistido por su abogado defensor, y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, en audiencia se ratificó in extenso del contenido de su demanda de acción tutelar, y ampliándola, manifestó que, no sólo corre peligro su vida, sino que desde la notificación con la acción de libertad, no goza del beneficio de alimentación, reiterando en lo demás, los fundamentos de la demanda principal.
Jhonny Alarcón Ticona, Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, no se presentó a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni remitió informe escrito alguno, pese a su citación conforme cursa a fs. 8.
El Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 221/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 10 a 11 vta., concedió la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia constitucional estableció que la efectivización de la libertad de un detenido mediante el mandamiento de libertad debe ser efectuada inmediatamente, y los funcionarios encargados de los recintos penitenciarios deben verificar si existen otros mandamientos en contra del privado de libertad, así como determinar la autenticidad de la orden que compele al imputado a ser liberado; y, b) Revisados los antecedentes de la acción, se acredita una vulneración al derecho a la libertad por cuanto no existe justificación objetiva por parte de la autoridad policial para impedir la ejecución del mandamiento de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Libertad Condicional de 27 de junio de 2022, emitido por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, dentro del caso signado con el NUREJ 20353529, a favor de Macedonio Vila Sano –hoy accionante–, quien obtuvo dicho beneficio por Resolución 123/2022 de 27 de junio (fs. 3).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerados sus derechos a la libertad y a la seguridad personal; porque, pese a habérsele concedido el beneficio de libertad condicional, el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, obstaculizaría su libertad, requiriendo un visto bueno del Juzgado, no obstante existir una resolución fundamentada al efecto. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0678/2020-S3 de 28 de octubre, mencionando a la SC 0803/2011 de 30 de mayo, estableció que: «El art. 23.VI de la CPE, señala que los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley.
Por su parte, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), en su art. 58, señala que el Director del establecimiento penitenciario, será responsable del manejo del recinto a su cargo, quien entre sus funciones establecidas en el art. 59.9 y 18 de la indicada Ley, señala que debe mantener actualizado el registro penitenciario; y otras establecidas por Reglamento. En ese sentido el Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002, en su art. 2.8, establece lo siguiente: Mantener información completa y segura sobre las personas privadas de libertad, incluyendo su identidad, las razones de su privación de libertad y la autoridad responsable, el día y hora de su admisión y puesta en libertad (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad).
En cuanto al mandamiento de libertad el art. 39 de la LEPS, señala que: “cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esa disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las disposiciones penales que correspondan”.
En ese orden cabe indicar que el Tribunal a partir de la SC 0100/2010-R de 10 de mayo, reiteró el entendimiento asumido en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, con relación al art. 39 de la LEPS, estableciendo que; “…ha determinado que, cuando ese precepto ‘[...] señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…’, comprobación y consulta que deberá ser realizada inmediatamente, una vez recibido el mandamiento de libertad”.
Entendimiento complementado por las SSCC 0192/2004-R y 1696/2004-R, entre otras. Conforme al marco legal desarrollado, se tiene que el deber jurídico de ejecutar el mandamiento de libertad recae exclusivamente en el Director de la penitenciaría, que dentro de sus funciones y deberes está precisamente el mantener información completa y segura sobre las personas privadas de libertad» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
En relación a, la acción de libertad traslativa, la SCP 0990/2022-S4 de 8 de agosto, citando a la SCP 0908/2015-S3 de 17 de septiembre, estableció que: “‘El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos’ (SCP 0011/2014 de 3 de enero)”.
El accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad y a la seguridad personal; toda vez que, la autoridad demandada, pese a haber recibido el Mandamiento de Libertad Condicional que le fue otorgado por cumplir con los requisitos para la libertad condicional, no dio curso al mismo; y, su integridad se encuentra en peligro debido a la amenaza de los otros internos, además de no recibir alimentación desde la presentación del mandamiento aludido. Ahora bien, de la revisión del único antecedente adjunto, consistente en el Mandamiento de Libertad Condicional de 27 de junio de 2022 (Conclusión II.1), se tiene por acreditada la emisión de la orden de libertad en favor de Macedonio Vila Sano –hoy accionante–, por la autoridad jurisdiccional a su cargo –Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz–; y no obstante que el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro de La Paz, no asistió a la audiencia de acción tutelar, ni remitió un informe que dé cuenta del motivo por el cual no cumplió con la orden judicial, éste no es un óbice para el pronunciamiento, ante la verificación en la emisión del antecedente referido. Al respecto, cabe mencionar que el mandamiento de libertad hubiere sido emitido el 27 de junio de 2022, conforme consta en el propio documento y en atención a la audiencia de la misma fecha en que se tomó la determinación, y hasta el momento de la presentación de la presente acción de libertad –2 de julio del mismo año– aquel no fue efectivizado, lo que consecuentemente implica la vulneración del derecho a la libertad del solicitante de tutela, al no ser liberado en forma oportuna, como indica la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico II.1 del presente fallo constitucional; cual correctamente concluyó el Juez de garantías, quien en el acto señalado verificó la documentación pertinente.
Conforme con ello, la ejecución de los mandamientos de libertad expedidos por autoridad judicial competente deben ser inmediata por la autoridad policial o administrativa encargada del recinto carcelario, salvo las cuestiones excepcionales ya señaladas, las cuales no fueron comprobadas en el presente caso; de acuerdo con ello, cualquier demora en la atención de aquella orden formal constituye una vulneración al derecho a la libertad del –en este caso– condenado, cuya responsabilidad recae en el funcionario que no atendió con celeridad lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional a cargo de la causa, en virtud de lo cual incumbe conceder la tutela impetrada en la modalidad de pronto despacho, de acuerdo a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En cuanto a los otros elementos a los que hizo referencia como la seguridad personal o que carecería de alimentación en el referido Centro Penitenciario, estas son menciones que realizó de manera superficial tanto en su demanda como en la audiencia instruida, sin ahondar sobre ellos ni presentar un elemento que los acredite. Por ello, no corresponde pronunciamiento alguno sobre los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 221/2022 de 4 de julio, cursante de fs. 10 a 11 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dictados por el Juez de garantías, siempre que el accionante no se encuentre privado de su libertad por otra causa ajena a ésta o su situación jurídica haya sido modificada por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0718_2023-S4.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): bf1a5789f0b6545826bb2a3a7ad000d6a0949883e6f2f69c2512dcd3a3331f54
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