B.IA.LEGAL

SCP 0717/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
59351-2023-119-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación, aplicación objetiva de la ley, a la igualdad entre las partes y a la contradicción; toda vez que, dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido en su contra, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 56, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a)

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-90 de 3 de agosto de 2023, cursante de fs. 44 vta. a 46 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad y el proceso ejecutivo. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0717/2025-S3 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 59351-2023-119-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución S-90 de 3 de agosto de 2023, cursante de fs. 44 vta. a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Scarlett Rodríguez Dorado contra David Rosales Rivero y Edil Robles Lijeron, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de julio de 2023, cursante de fs. 16 a 25, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso monitorio ejecutivo, seguido en su contra por Sergio Gustavo Santiestevan Dorado, en representación de Susana Suarez Castedo, la Jueza de primera instancia mediante la Sentencia Definitiva de 22 de abril de 2022, declaró probada en parte dicha demanda e improbadas las excepciones de falta de personería, falta de fuerza ejecutiva e inhabilidad de título, y probada la excepción de prescripción bienal de intereses, disponiendo en consecuencia que su persona realice el pago a favor de la nombrada, por la suma de $us17 000.- (diecisiete mil dólares estadounidenses), al tercer día de su legal notificación, más los intereses que correspondan o en su defecto al pago, se procederá al embargo y remate de los bienes para hacer cumplir la obligación. Dicha resolución fue apelada de su parte, identificando los siguientes agravios: el primero referente a la falta de personería en el representante de la ejecutante, ya que el Testimonio 14/2021 de 12 de enero era insuficiente, toda vez que no determinó que acciones o procesos el apoderado tendría que iniciar en su contra; la falta de fuerza ejecutiva del documento presentado en la demanda; además, de la inhabilidad del título, respecto a los cheques que fueron endosados a favor de la impetrante de tutela, lo que no es evidente, y; la prescripción bienal de intereses; lo que revelada la falta fundamentación y motivación de la sentencia apelada. Ante lo cual, los Vocales demandados, emitieron el Auto de Vista 56 de 13 de enero de 2023, por el cual conculcaron su derecho al debido proceso en sus vertientes de congruencia interna y externa, fundamentación y motivación; puesto que, pretendieron justificar y hacer valer el Testimonio de Poder 14/2020 de 12 de enero; sin embargo, de forma contradictoria establecieron que el poder debe ser especial y no general para el caso concreto, aspecto que no se presentó en su caso, ya que el referido Testimonio es un poder general, que no tiene consignado el proceso judicial para el cual se viene habilitando el mismo. Con relación a la excepción de falta de fuerza ejecutiva, la misma fue opuesta en el entendido que no existe relación entre los contratos firmados y los cheques que señalaban estos, existiendo una contradicción en la obligación al no tener un mismo titular; en consecuencia, los “contratos de fs. 5 y 7” (sic) tienen como objeto la obligación por la entrega de cheques, y de la revisión de los mismos que “cursan a fs. 6 y 8” (sic), se advierte que no coincide el acreedor ya que en los contratos figura Susana Suarez Castedo y en los cheques consta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada de Vínculo Laboral Tesobol Ltda., es decir, una obligación de dudosa existencia, aspecto que se invocó a través del Auto Supremo 796/2015-L de 14 de septiembre, objeto de debate que no fue desarrollado por el Auto de Vista cuestionado, lo que ocasiona una incongruencia omisiva. Además no respondieron a los agravios expuestos, ya que los mismos establecían que existía inhabilidad de título ejecutivo por la no ostentación de la titularidad del derecho sustancial -dinero- de la ejecutante Susana Suarez Castedo, más al contario, dicho Auto señaló que el cheque era de la cuenta de la nombrada, ello sin prueba alguna, faltando a la verdad apartándose el pronunciamiento de lo expresado en la apelación; asimismo, los Vocales demandados de manera oficiosa, sin pedido de parte o apelación, revocaron la Sentencia y en lugar de mantener que se declare probada la prescripción bienal, procedieron a declarar improbada la misma, constituyéndose en una vulneración al principio de la reformatio in peius.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación, aplicación objetiva de la ley, a la igualdad entre las partes y a la contradicción, citando al efecto los arts. 115.II, 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 56, anulando todas las actuaciones emanadas del mismo; y, b) Se ordene a las autoridades demandadas emitan nuevo fallo que ingrese al análisis adecuado, fundamentado y congruente de la apelación presentada, tomando en cuenta los derechos y garantías constitucionales invocados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 3 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 44, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante en audiencia virtual, a través de su representante legal, ratificó el contenido de su acción tutelar, y ampliándolo, señaló que: 1) El proceso monitorio ejecutivo fue iniciado por el cobro de una obligación a través de un contrato de préstamo de dinero entre Susana Suarez Castedo y su persona; sin embargo, no se tiene clara la obligación por cuanto se adjuntó un cheque a la acción ejecutiva, situación que fue objeto de inhabilidad de título ejecutivo, porque no se entiende si se está cobrando el cheque o el contrato, no se comprende si el ejecutante es Susana Suarez Castedo o la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada de Vínculo Laboral Tesobol Ltda., de la cual salió el dinero, es por ello que se reclamó en primera instancia que se aclare tal extremo, así como a través del recurso de apelación; empero, no se tiene una respuesta clara y concreta sobre esa observación; y, 2) Se suscribieron los contratos de préstamo y constitución de garantía de 30 de junio y 10 de agosto, ambos de 2015; empero, existe un cheque que no fue girado a favor de su persona, el cual es de la aludida Cooperativa, ya que en la firma de cheque no cursa Susana Suarez Castedo, teniendo un título ejecutivo como ser el contrato de préstamo y un título ejecutivo respecto al cheque; empero, la nombrada pretende cobrar el cheque de la referida Cooperativa sobre el cual no tiene ninguna acreditación.

I.2.2. Informe de los demandados

Arminda Méndez Terrazas, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 3 de agosto de 202, cursante a fs. 41 y vta., manifestó lo siguiente: i) El Auto de Vista cuestionado a través de la presente acción de amparo constitucional fue emitido por los ex Vocales que conformaban la citada Sala, al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva de 22 de abril de 2022; y, ii) Se remite a lo dispuesto por el “Auto de Vista N° 07/2023 de fecha 09 de enero de 2023” (sic); y al ser manifiestamente improcedente la acción tutelar, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Susana Suarez Castedo, a través de su representante legal, en el desarrollo de la audiencia virtual, señaló que: a) Respecto a la extensión del mandato, en el poder conferido otorgado a favor de Sergio Gustavo Santiestevan Dorado, refiere que le faculta asumir todas las acciones legales contra la accionante, ya que el art. 42.I del Código Procesal Civil (CPC), refiere “El poder conferido para uno o más pleitos determinados, cualesquiera fueren sus facultades, compradera las de interponer y tramitar los recursos ordinarios y extraordinarios, así como las diversas instancias y etapas de aquello…”; por lo que, el poder otorgado, es más que suficiente para la acción que se tomó; máxime, si se toma en cuenta que la audiencia complementaria, su persona ratificó dicho mandato para las acciones legales que se realizaron; b) El contrato de préstamo de dinero suscrito, fue respaldado con el cheque girado a nombre de la accionante, cobrándose el contrato en sí, ya que el cheque fue cobrado por la accionante, quien se benefició del monto de dinero, si bien, es cierto que giró el cheque a nombre de la mencionada Cooperativa, fue debido a que su persona trabaja en esa entidad; y, c) La accionante suscribió el contrato, ya que consta su firma en el mismo, debe el monto de dinero y aceptó la existencia de la deuda, puesto que el cheque fue la modalidad en la que su persona entregó el efectivo a la accionante, con la garantía hipotecaria de un vehículo conforme consta en la Cláusula Séptima de dicho contrato; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la Resolución S-90 de 3 de agosto de 2023, cursante de fs. 44 vta. a 46, denegó la tutela solicitada; determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos: 1) Analizado el contexto de la demanda tutelar, la respuesta emitida por la tercera interesada y los antecedentes del proceso ejecutivo, se tiene que esta acción de defensa se constituye en subsidiaria, puesto que existe una serie de documentos que analizar y valorar, en si elementos probatorios, análisis jurídico de la legalidad ordinaria, que se debe efectuar por una autoridad competente; toda vez que, la instancia constitucional tutela derechos fundamentales debidamente establecidos y no derechos de expectativa; y, 2) El art. 386 del CPC, para el caso concreto, establece que se debe acudir a la vía ordinaria a los efectos que una autoridad competente tenga que hacer las valoraciones probatorias y analizar si se hizo un análisis correcto; por lo que, el legislador estableció sabiamente la posibilidad que tienen las personas en conflicto dentro de procesos ejecutivos de poder ser ordinarizados, ello en el marco de la finalidad a la que quiere llegar con la presente acción tutelar; puesto que, busca se realice la interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba, elemento que no corresponde a esta instancia constitucional en el marco de la doctrina de las auto restricciones. A través de memorial presentado el 3 de agosto de 2023, en vía de enmienda, complementación y aclaración, la accionante solicitó se explique lo siguiente: i) En que parte de la acción de amparo constitucional o en la fundamentación oral se peticionó la interpretación de legalidad ordinaria y valoración de la prueba; y, ii) Indicaron que los extremos denunciados en la acción de amparo constitucional, deben ventilarse en un proceso ordinario civil y en merito a ello no analizaron el contenido de su acción tutelar, invocando el art. 386 del CPC; empero, el mismo refiere que solamente en el proceso ordinario puede analizarse temas de fondo y no así temas de carácter procesal. Mediante el Auto 67 de 8 de agosto de 2023, cursante a fs. 48 y vta., los Vocales de la Sala Constitucional Primera, declararon no ha lugar la solicitud de enmienda, complementación y aclaración; toda vez que, la Resolución fue clara, precisa y concreta, sin vacíos ni oscuridad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 56 de 13 de enero de 2023, emitido por Mirian Rosell Terrazas y Freddy Larrea Melgar, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora autoridades demandadas-, dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido por Sergio Gustavo Santiestevan Dorado en representación de Susana Suarez Castedo -ahora tercera interesada- contra Scarlett Rodríguez Dorado -ahora accionante-, resolviendo revocar parcialmente la Sentencia Definitiva de 22 de abril de 2022, y por consiguiente, declarar improbadas las excepciones de falta de personería en la representante de la ejecutante, falta de fuerza ejecutiva, excepción de inhabilidad de título ejecutivo de prescripción bienal de intereses, planteada por la accionante, disponiendo que la Jueza a quo, al momento de realizar la liquidación correspondiente al monto adeudado entre el capital e intereses, sea conforme a lo estipulado en el art. 409 del Código Civil (CC) (fs. 3 a 7 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación, aplicación objetiva de la ley, a la igualdad entre las partes y a la contradicción; toda vez que, dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido en su contra, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 56, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a)

Pretendieron justificar y hacer valer el Testimonio de Poder 14/2020, el cual es general; sin embargo, de forma contradictoria establecieron que el poder debe ser especial; b) Con relación a la excepción de falta de fuerza ejecutiva, la misma fue opuesta en el entendido que no existe relación entre los contratos firmados y los cheques que señalaban estos, existiendo una contradicción en la obligación al no tener un mismo titular; en consecuencia, los contratos de fs. 5 y 7 tienen como objeto la obligación por la entrega de cheques, y de la revisión de los mismos que cursan de fs. 6 y 8, se advierte que no coincide el acreedor ya que en los contratos figura Susana Suarez Castedo y en los cheques consta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada de Vínculo Laboral Tesobol Ltda., es decir, una obligación de dudosa existencia, aspecto que se invocó a través del Auto Supremo 796/2015-L de 14 de septiembre, objeto de debate que no fue desarrollado por el Auto de Vista cuestionado, lo que ocasiona una incongruencia omisiva; c) No respondieron a los agravios expuestos, ya que los mismos establecían que existía inhabilidad de título ejecutivo por la no ostentación de la titularidad del derecho sustancial -dinero- de la ejecutante Susana Suarez Castedo; empero, señalaron que el cheque era de la cuenta de la nombrada, ello sin prueba alguna, faltando a la verdad apartándose el pronunciamiento de lo expresado en la apelación; y, d) De manera oficiosa, sin pedido de parte o apelación, revocaron la Sentencia y en lugar de mantener que se declare probada la prescripción bienal, procedieron a declarar improbada la misma, constituyéndose en una vulneración al principio de la reformatio in peius.; por tal motivo solicita que se le conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se determine dejar sin efecto el Auto de Vista 56, anulando todas las actuaciones emanadas del mismo; y, se ordene a las autoridades demandadas emitan nuevo fallo que ingrese al análisis adecuado, fundamentado y congruente de la apelación presentada, tomando en cuenta los derechos y garantías constitucionales invocados. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad y el proceso ejecutivo. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0367/2012 de 22 de junio, al analizar un proceso ejecutivo y coactivo civil, estableció una distinción precisa de los hechos que pueden ser reclamados directamente a través de la acción de amparo constitucional y los que deben ser conocidos a través de un proceso ordinario previo, distinguiendo cuando se configura una improcedencia por subsidiariedad y cuando no, en ese sentido la aludida Sentencia señaló que:

III.2.1. Primer supuesto de hecho: Cuando el amparo ingresa a la compulsa del acto lesivo en el proceso ejecutivo y acción coactiva civil debido a que en el proceso ordinario posterior no podrá ser analizada, revisada y corregida

La primera situación es cuando dentro del proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- los actos lesivos denunciados se refieren a la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales constitutivas del debido proceso, caso en el cual, evidenciándose su quebrantamiento, se otorga la tutela, debido a que dentro del proceso ordinario posterior no podrán ser analizadas, revisadas ni corregidas, existiendo únicamente la justicia constitucional para su tutela. Esto debido a que como entendió la SC 1023/2010-R de 23 de agosto, la ordinarización posterior del proceso ejecutivo o coactivo civil, “…encuentra su excepción cuando, atentos a la circunstancias de cada caso, la ordinarización del proceso ejecutivo no representa un mecanismo idóneo y efectivo para dilucidar los hechos vulneratorios de derechos fundamentales, es así que, cuando se aleguen y lleguen a constatarse vulneraciones al debido proceso que, posteriormente, en un proceso ordinario no podrán restituirse, se podrá analizar la problemática directamente mediante la tutela que brinda esta acción tutelar sin necesidad de recurrir a la aplicación del art. 28 de la LAPCAF”. Al respecto están las siguientes líneas jurisprudenciales, como ejemplos: 1) Derecho a la defensa La línea jurisprudencial, respecto a la obligación de iniciar el proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- no sólo contra el deudor, sino también contra el garante hipotecario, está fundada a partir de la SC 0136/2003-R de 6 de febrero (Fundamento Jurídico III.1.2.), la que fue complementada con el entendimiento asumido en la SC 0331/2003-R de 18 de marzo (Fundamento Jurídico III.2.), en sentido que el proceso de ejecución en cuestión debe iniciarse no sólo contra los deudores sino también contra el garante hipotecario o los herederos de éste último. Dicha línea jurisprudencial no puede ser aplicada a los casos en los cuales el garante hipotecario o los herederos de éste último, pese a no haberse omitido iniciar el proceso en su contra o porque no se les citó con la demanda coactiva o ejecutiva, tuvieron conocimiento y por lo mismo asumieron defensa, conforme lo entendieron las SSCC 0509/2006-R y 0783/2006-R, entre otras. En ese orden, la SC 1505/2010-R 11 de octubre de 2010, entendió que si bien la SC 0136/2003-R, estableció que debía notificarse al garante hipotecario con la demanda coactiva civil se debía considerar la SC 0299/2010-R de 7 de junio, que determinó que: “…se debe tener en cuenta que: Si existe constancia de que el garante hipotecario durante el proceso tomó conocimiento extraoficial de la demanda o acción del acreedor contra el deudor, o si en ejecución de sentencia es notificado con los actos preparatorios al remate, no existe indefensión, y por ende no corresponde la nulidad de obrados, por cuanto tuvo los medios para reclamar cualquier supuesta ilegalidad que lesione sus derechos fundamentales, agotados los mismos, recién corresponderá acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Por consiguiente, se puede evidenciar efectivamente que al haber presentado los accionantes el incidente de nulidad de obrados hasta el momento de que sean notificados con la demanda, el mismo que fue resuelto por Auto de 25 de mayo de 2005, rechazando dicha solicitud, el Juez de la causa dispuso que estando apersonados los impetrantes y con el fin de que tomen causa, se dispone su notificación con la sentencia pronunciada, así como con el avalúo del inmueble en proceso de subasta”. En este sentido, también existe profusa jurisprudencia constitucional, que señala que así no se cumplan las formalidades legales exigidas por las normas procesales civiles, si el coactivado o ejecutado, ha asumido defensa -situación que se verifica con cualesquier actuación dentro del proceso, incluso con un simple apersonamiento, la notificación es válida y de ningún modo puede prosperar el incidente de nulidad de notificación. Así lo ha establecido la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre (Fundamento Jurídico III.2.), jurisprudencia reiterada en las SSCC 0612/2007-R y 0648/2010-R (Fundamento Jurídico III.4.1.), entre otras. Esta línea jurisprudencial se encuentra en vigor por su compatibilidad con el nuevo orden constitucional, que prevé el derecho a la defensa en los arts. 115.II de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Otro caso, en la SC 1023/2010-R de 23 de agosto, en el que dentro de un proceso ejecutivo, los vocales demandados no imprimieron el trámite correspondiente al incidente de nulidad de obrados planteado por los herederos de la ejecutada, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 149 al 155 del CPC, y por el contrario dispusieron la ejecutoria de la sentencia apelada, el Tribunal Constitucional, en principio señaló que era: “…necesario dejar establecido que los hechos alegados no serán susceptibles de revisión en un proceso ordinario posterior, puesto que se tratan de lesiones al debido proceso, inherentes a la naturaleza de este proceso judicial; en consecuencia, no es aplicable el entendimiento expuesto en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la improcedencia por subsidiariedad, correspondiendo su análisis en el fondo, como se explica en el siguiente acápite”. Y, posteriormente, resolviendo el fondo, refirió que “…los miembros del Tribunal de alzada, codemandados, en vez de imprimirle el trámite correspondiente al incidente de nulidad de obrados planteado por los herederos de la ejecutada, de acuerdo a lo dispuesto en los art. 149 al 155 del CPC, se constata que no emitieron pronunciamiento alguno sobre el mismo; a pesar de que, corrido en traslado a la parte contraria y una vez respondido, concernía dictar la resolución correspondiente; actuando en contrario, vulneraron los derechos de los incidentistas, ahora accionantes, al debido proceso, al derecho a la igualdad jurídica y a la defensa, consagrados en los arts. 115 y 119 de la CPE”. 2) Derecho a una resolución judicial motivada La línea jurisprudencial en protección del derecho a una resolución judicial motivada, de mayor relevancia cuando el Juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; máxime, cuando se trata de resolver recursos sobre excepciones, que tienen carácter definitivo (SC 0577/2004 de 15 de abril) (Fundamento Jurídico III.3.), entendió que cuando en un proceso ejecutivo o coactivo civil una de las partes interpone recurso de apelación contra una Resolución, en apelación que resuelve las excepciones opuestas o contra la sentencia de primera instancia, el juez o tribunal ad quem debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos que fueron apelados, conforme lo exige el art. 236 del CPC. En ese sentido se pronunció la SC 0954/2004-R, reiterada en las SSCC 0415/2010-R, 1291/2011-R y 1582/2011-R, entre otras. En otro caso, en la SC 1528/2010-R 11 de octubre, el Tribunal Constitucional concedió la tutela en parte respecto al debido proceso en su elemento constitutivo el derecho a una resolución judicial motivada en un proceso ejecutivo, señalando que la fundamentación implica la identificación de la norma aplicable al caso concreto y su correspondiente adecuación, por cuanto evidenció que: “El accionante, a través de su memorial de amparo constitucional, alega la falta de cita legal expresa que sustente la Resolución de 30 de junio de 2007 y el Auto Complementario de 3 de agosto del mismo año, a través de las cuales se rechazaron la excepción bienal de prescripción planteada por el accionante en segunda instancia, argumentándose que en procesos ejecutivos, solamente puede oponerse la excepción de prescripción en el plazo de cinco días después de la citación con la demanda y el Auto Intimatorio. La Resolución de 30 de junio de 2007, está estructurada en tres partes considerativas, de las cuales, la primera realiza la relación fáctica relacionada con la problemática concreta; el segundo considerando, analiza el régimen de la prescripción, sustentando el razonamiento en las siguientes normas concretas: i) En el art. 336 inc. 9) del CPC y el art. 1497 del CC, disposición adjetiva que regulan la excepción de prescripción en procesos de conocimiento; ii) En el art. 507 inc. 6) del CPC, que faculta la interposición de excepciones de prescripción en el plazo de cinco días después de la citación con la demanda y auto intimatorio; e, iii) En los arts. 509, 511 y 336 del CPC. Ahora bien, como ya se tiene dicho, uno de los requisitos de la motivación como elemento del debido proceso, precisamente es la descripción de manera expresa de los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto; en ese contexto, se tiene que la problemática en dicho caso, versa sobre la oposición de la excepción de prescripción en segunda instancia y en la sustanciación de procesos ejecutivos, entonces, de acuerdo a las citas legales señaladas, se establece lo siguiente: 1) el art. 336 inc. 9) del CPC, no es aplicable al caso concreto porque disciplina procesos ordinarios; 2) el art. 507 inc. 6) del CPC constituye una disposición cuyo supuesto de hecho faculta la presentación de la excepción de prescripción en primera instancia dentro de juicios ejecutivos, razón por la cual, esta cita legal no cumple con el requisito de motivación señalado, toda vez que el supuesto de hecho, no está directamente vinculado a la problemática concreta; es decir, a la interposición de la excepción de prescripción en segunda instancia y en proceso de ejecución; y, 3) los arts. 509, 511 y 336 del CPC, tampoco son supuestos de hecho normativos aplicables a la problemática concreta, puesto que disciplinan situaciones fácticas aplicables a la facultad de interponer excepciones en primera instancia; en consecuencia, del contenido de la Resolución de 30 de junio de 2007, se establece que esta decisión no cita la normativa cuyos supuestos de hecho se adapten al caso concreto. Por su parte, el auto complementario de 3 de agosto de 2007, cursante de fs. 142 y vta., a pesar de establecer en su parte dispositiva ‘no haber nada que complementar y aclarar’; sin embargo, en la parte considerativa cita las mismas disposiciones legales señaladas supra; por tanto, se establece que esta providencia tampoco cumple con el requisito de motivación desarrollado líneas arriba. Lo expuesto precedentemente, evidencia que las autoridades demandadas vulneraron el derecho de la Compañía que representa el accionante al debido proceso en su elemento motivación, razón por la cual, en cuanto a la denuncia de su vulneración, la tutela debe ser concedida”. 3) Derecho a recurrir ante un juez o tribunal superior La SC 0391/2010-R de 22 de mayo, en un caso en el que los Vocales demandados declararon inadmisible el recurso de apelación presentado por el accionante, -en ejecución de sentencia del proceso ejecutivo-, contra el Auto que rechazó el incidente de nulidad de obrados, con el argumento de haber sido planteado extemporáneamente fuera de los tres días previstos en los arts. 188 y 216 del CPC, el entonces Tribunal Constitucional entendió que: “…conforme al entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0090/2010-R, la apelación presentada por el accionante -que fue admitida en el efecto devolutivo- es considerada una apelación directa y tiene el plazo de diez días para su presentación, ya que en el caso analizado, el Auto apelado tiene el carácter de definitivo, porque el mismo define el derecho del ahora accionante, además de encontrarse el proceso en ejecución de sentencia”. En la SC 1053/2011-R de 1 de julio, en un asunto en el que el accionante denunció que dentro de un proceso coactivo civil, el juez demandado rechazó su recurso de apelación con el argumento de que fue interpuesto fuera de término, el Tribunal Constitucional, ingresando a la compulsa del acto lesivo, evidenció que en efecto el recurso de apelación se presentó extemporáneamente previsto en el art. 220.1 del CPC, por lo que denegó la tutela solicitada.

III.2.2. Segundo supuesto de hecho: Cuando el amparo no ingresa a la compulsa del acto lesivo en el proceso ejecutivo y acción coactiva civil

La segunda situación es cuando dentro del proceso de ejecución -ejecutivo o acción coactiva civil- los actos lesivos denunciados a través de la acción de amparo constitucional pueden ser analizados, revisados y corregidos en proceso ordinario posterior, precisamente por no incidir en la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales constitutivas del debido proceso y referirse a aspectos que requieren amplio debate en el proceso. Así tenemos las siguientes líneas jurisprudenciales, como ejemplos: 1) Excepción de falta de fuerza coactiva o ejecutiva Existe uniforme jurisprudencia respecto a denegar la tutela por subsidiariedad cuando el accionante a través del amparo denuncia que dentro del proceso ejecutivo o coactivo, el documento de crédito o base de la ejecución que lo originó tuvo vicios de nulidad por cualesquier circunstancia y por lo mismo carece de fuerza coactiva o ejecutiva, en el entendido que este extremo puede ser corregido en vía ordinaria posterior prevista por el art. 490 CPC, modificado por el art. 28 de la LAPCAF. En este sentido se pueden consultar las SSCC 0966/2006-R, 1062/2003-R, 1522/2011-R y SC 0504/2010-R de 5 julio, (caso en el cual se activó paralelamente la vía ordinaria y la acción de amparo). 2) Excepción perentoria de prescripción liberatoria La SC 0258/2010-R de 31 de mayo, en un caso en el que se pretendió a través de la acción de amparo se revise la resolución que declaró improbada la excepción perentoria de prescripción liberatoria, el Tribunal Constitucional Transitorio consideró que ello era una situación que únicamente podía ser cuestionada y controvertida a través del proceso ordinario conforme lo establece el art. 490.I del CPC y no así mediante la jurisdicción constitucional cuya función específica se traduce en la tutela de derechos fundamentales. 3) Excepción de prescripción de la acción y del derecho La SC 1023/2010-R de 23 de agosto, en similar sentido que el anterior, no ingresó a analizar el fondo de la denuncia respecto a la excepción de prescripción de la acción y del derecho, derivando su análisis al proceso ordinario posterior. Razonamiento asumido en la SCP 0281/2025-S3 de 24 de abril, entre otras.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del presente caso, la accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de congruencia, fundamentación y motivación, aplicación objetiva de la ley, a la igualdad entre las partes y a la contradicción; toda vez que, dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido en su contra, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 56, incurriendo en las siguientes ilegalidades: 1) Pretendieron justificar y hacer valer el Testimonio de Poder 14/2020, el cual es general; sin embargo, de forma contradictoria establecieron que el poder debe ser especial; 2) Con relación a la excepción de falta de fuerza ejecutiva, la misma fue opuesta en el entendido que no existe relación entre los contratos firmados y los cheques que señalaban estos, existiendo una contradicción en la obligación al no tener un mismo titular; en consecuencia, los contratos de fs. 5 y 7 tienen como objeto la obligación por la entrega de cheques, y de la revisión de los mismos que cursan de fs. 6 y 8, se advierte que no coincide el acreedor ya que en los contratos figura Susana Suarez Castedo y en los cheques consta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada de Vínculo Laboral Tesobol Ltda.; es decir, una obligación de dudosa existencia, aspecto que se invocó a través del Auto Supremo 796/2015-L, objeto de debate que no fue desarrollado por el Auto de Vista cuestionado, lo que ocasiona una incongruencia omisiva; 3) No respondieron a los agravios expuestos, ya que los mismos establecían que existía inhabilidad de título ejecutivo por la no ostentación de la titularidad del derecho sustancial -dinero- de la ejecutante Susana Suarez Castedo; empero, señalaron que el cheque era de la cuenta de la nombrada, ello sin prueba alguna, faltando a la verdad apartándose el pronunciamiento de lo expresado en la apelación; y, 4) De manera oficiosa, sin pedido de parte o apelación, revocaron la Sentencia y en lugar de mantener que se declare probada la prescripción bienal, procedieron a declarar improbada la misma, constituyéndose en una vulneración al principio de la reformatio in peius. Ahora bien, conforme la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se establece que opera el principio de subsidiariedad en los procesos civiles de naturaleza ejecutiva cuando el problema jurídico planteado esté vinculado a la excepción de falta de fuerza coactiva o ejecutiva; a la excepción de prescripción liberatoria y a la excepción de prescripción de la acción y del derecho; toda vez que, estos cuestionamientos deben ser dilucidados a través de un proceso ordinario posterior. En ese sentido, se advierte que las denuncias efectuadas por la accionante se centran en cuestionar la validez -inhabilidad-del documento base de la ejecución dentro del proceso ejecutivo del cual emerge la presente acción de amparo constitucional, así como su fuerza ejecutiva, sin tener en cuenta, que estos son extremos que no corresponden analizar, revisar ni corregir a la justicia constitucional; toda vez que, deberán dilucidarse en un proceso ordinario de conocimiento posterior, donde existirá amplio debate al respecto y se producirán las pruebas pertinentes; toda vez que, la ordinarización tiene por finalidad fundamental, la revisión y consiguiente modificación si fuere el caso de la sentencia dictada en el proceso monitorio ejecutivo, puesto que, al ser una de sus características la brevedad de su tramitación, no se puede por su propia naturaleza, permitir como en un juicio ordinario o de conocimiento, demostrar de manera amplia la certeza de la pretensión o de la excepción. Esto en procura que, ordinarizando el proceso, se resuelva sobre la pretensión de modificarse la decisión asumida en el proceso monitorio ejecutivo, y declarar en su caso, la obligación o no de pago, ello de acuerdo con la exigibilidad que devenga de la fuerza ejecutiva del documento base de la demanda monitoria. Por lo previamente detallado, corresponde aplicar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1, y en consecuencia corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la citada Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución S-90 de 3 de agosto de 2023, cursante de fs. 44 vta. a 46 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática identificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0717_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7efb0f543ff258996065796e304c563f2362d0c3e5a941ab98a845673a295aa3

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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