Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, y a la garantía de presunción de inocencia; toda vez que, el Vocal accionado no valoró objetivamente y bajo las reglas de la sana critica el informe psicológico que estableció que su persona no es un peligro para la sociedad, señalando que ello no desvirtuaría el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, cuya concurrencia habría sido determinada desde la perspectiva de los hechos suscitados, criterio que lesiona su presunción de inocencia, por cuanto se pretende que dicho riesgo procesal sea desvirtuado a partir de una resolución absolutoria, debiéndose considerar al respecto el entendimiento jurisprudencial plasmado en la SCP 0345/2019-S3 que en un caso análogo estableció que tal razonamiento lesiona el debido proceso.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 86 a 89 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro; y en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al debido proceso en su elemento de motivación relacionada al tema de la valoración de la prueba, todo ello a su vez vinculado al derecho a la libertad del accionante, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 76/2022 de 1 de abril, y ordenando que el Vocal accionado emita una nueva resolución en el que motivadamente se refiera a la concurrencia o no del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, en función a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante hubiera variado; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al elemento de fundamentación del debido proceso y a la garantía de la presunción de inocencia.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0717/2023-S3 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 47521-2022-96-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 03/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 86 a 89 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Quispe Bustamante en representación sin mandato de Iván Soliz Calle contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 4 de mayo de 2022, cursante de fs. 54 a 57, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de sustancias controladas, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 598/2021 de 13 de septiembre, determinó su detención preventiva, la cual fue confirmada por el Auto de Vista 246/2021 de 20 de septiembre.
Posteriormente, solicitó la cesación de dicha medida extrema, emitiéndose en consecuencia el Auto Interlocutorio 177/2022 de 10 de marzo, por el que la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro mantuvo su detención preventiva, sosteniendo la concurrencia de los riesgos procesales insertos en el art. 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en su componente ocupación; y el numeral 7 de dicho artículo en lo referente al peligro para la sociedad.
Apelada tal determinación, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado- emitió el Auto de Vista 76/2022 de 1 de abril, mediante el cual, si bien tuvo por acreditado el elemento ocupacional; no obstante, mantuvo vigente el riesgo procesal establecido en el numeral 7 del art. 234 del CPP, sin valorar bajo la sana crítica y con objetividad la pericia psicológica realizada sobre su persona que estaba destinadada precisamente a acreditar que no es un peligro para la sociedad, pues si se considera que dicho riesgo procesal fue establecido desde la perspectiva de los hechos “…desvirtuar el hecho sería atentar el principio de inocencia que es una garantía constitucional” (sic).
El impetrante de tutela considera lesionados su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE), infiriéndose asimismo, la lesión al debido proceso en su vertiente de motivación y valoración razonable de la prueba, último que posteriormente fue incluido en audiencia juntamente con el elemento de fundamentación y la garantía de presunción de inocencia.
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 76/2022, debiendo emitirse en su lugar una nueva resolución valorando correctamente el dictamen pericial presentado como nuevo elemento de convicción, disponiendo en definitiva su libertad.
Celebrada la audiencia pública el 5 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 69 vta., presente tanto el accionante como su abogada, ausente el Vocal accionado; se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante ratificó y reiteró los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia manifestó que: a) La autoridad accionada no valoró el informe pericial presentado, realizando una incipiente fundamentación respecto al valor que le fue otorgado; b) El Auto de Vista 76/2022 ahora cuestionado señaló que el riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP fue establecido en el Auto Interlocutorio 598/2021 en sentido de que el accionante sería un peligro para la sociedad a partir de que se hubiera suscitado el presunto tráfico de sustancias controladas; sin embargo, debe considerarse que desvirtuar dicho riesgo desde esa perspectiva “…es ir a una sentencia absolutoria…” (sic). Esta forma de valorar la prueba y no considerarla como lo establece la ley es vulnerar el debido proceso, tal cual lo refiere la SCP 0345/2019-S3 -de 24 de julio- que en un caso similar, también planteada por su abogada, declararon procedente -se entiende la acción tutelar- en todas sus partes; c) Al razonar que lo que se debe desvirtuar son los hechos se está vulnerando flagrantemente los derechos a la libertad y debido proceso, pues conforme lo refiere la señalada jurisprudencia las pruebas deben ser valoradas de la forma más favorable para el imputado a partir del principio pro homine, pues de lo contrario, es decir de establecer que se tienen que desvirtuar los hechos es afectar la garantía de la presunción de inocencia; y, d) El Dictamen pericial presentado, luego de varias sesiones, en los siete aspectos considerados concluyó que el accionante no es un peligro para la sociedad, existiendo un riesgo bajo, al cual solicitamos se integre los certificados del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) que acreditan que el ahora accionante anteriormente no incurrió en un delito similar y que no tiene antecedentes policiales, aspectos que no obstante fueron considerados para calificar la personalidad del imputado, sin embargo, la autoridad accionada exige que dicho riesgo procesal debe ser desvirtuado desde la perspectiva de los hechos.
Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe cursante a fs. 66, manifestó: 1) En la audiencia de apelación solamente se analizó el numeral 7 del art. 234 del CPP, a cuyo efecto se presentó informe psicológico que no desvirtuó las razones de la detención preventiva, misma que se estableció en función a la naturaleza del hecho punible; 2) El mencionado Dictamen Pericial fue debidamente valorado, mismo que conlleva a la insuficiencia a efectos de desvirtuar el señalado riesgo de fuga; 3) El Juez de garantías no tiene facultad para valorar las pruebas, por cuanto se constituiría como una tercera instancia, lo que no es posible en la pedagogía constitucional; y, 4) Vía control de logicidad, el Tribunal de apelación consideró que la prueba presentada resultó insuficiente a los fines de desvirtuar el riesgo de fuga. Con base a lo cual solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 03/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 86 a 89 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Se considera que el recurso de apelación fue absuelto de manera clara, congruente y conforme a los lineamientos de la norma legal, exponiendo los motivos de hecho y de derecho en los que se sustenta la decisión, así como el valor otorgado a cada uno de los elementos presentados en su momento; ii) A tiempo de emitirse el Auto de Vista 76/2022, la autoridad accionada no se apartó de los marcos legales de razonabilidad, ni omitió de manera arbitraria la consideración de los elementos de juicio remitidos a su conocimiento, existiendo una decisión basa en hechos concretos; iii) La valoración de la prueba es una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios, empero si en esa valoración se incurrió en un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad o si de manera arbitraria se omitió la valoración de la prueba con la lógica consecuencia de la vulneración de derechos y garantías constitucionales, si se puede ingresar a considerar tal labor, extremos que en el presente caso no acontecieron, por el contrario el informe psicológico en las instancias correspondientes fue valorado de forma independiente y conforme a derecho y procedimiento; iv) El Juez de garantías asumió la convicción de que el Auto de Vista 76/2022 no contiene ningún elemento de arbitrariedad, habiendo asumido una decisión fundada en la competencia que ejerce como Tribunal de apelación; y, v) Se advierte que los fundamentos expuestos tanto en el memorial de interposición como en la audiencia de la presente acción tutelar están vinculados a la valoración de la prueba, sin embargo ello es atribución de las propias autoridades jurisdiccionales que conocen el proceso, por lo que el Juez de garantías no puede ingresar y considerar la valoración efectuada por la autoridad ahora accionada, no habiéndose advertido la vulneración a los derechos al debido proceso, a la libertad y menos aún a la fundamentación y motivación.
Vía enmienda, complementación y aclaración, la parte accionante solicitó se aclare si la SCP 0345/2019-S3 es o no vinculante en el caso, considerando que en la oportunidad en un caso análogo se determinó la vulneración del derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, jurisprudencia que además establece que los juzgadores deben aplicar las normas más favorables a las personas y que estas deben ser interpretadas en el sentido que más beneficien.
Frente a lo cual, el Juez de garantías refirió que toda la documental adjunta al presente caso fue considerada, más aún cuando la citada Sentencia Constitucional establece que el informe emanado por un psicólogo no es una prueba plena para poder desvirtuar este tipo de riesgos procesales, debiendo considerar por otra parte la aplicación del principio de razonabilidad en función al cual se consideró que en el caso las pruebas fueron valoradas en su momento primero por el Juez a quo y luego en el Auto de Vista emitido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa memorial de 12 de septiembre de 2021 de inicio de investigaciones e imputación formal presentada ante el Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Oruro, mediante el cual el Fiscal de Materia asignado al caso comunicó la intervención policial preventiva a partir de la cual se dio inicio a la investigación de Iván Soliz Calle -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas con la agravante de volúmenes mayores y asociación delictuosa y confabulación, solicitando la imposición de la detención preventiva (fs. 2 a 12 vta.).
II.2. Por Auto Interlocutorio 598/2021 de 13 de septiembre, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, declaró procedente y fundada la aplicación de la detención preventiva -entre otros- del ahora accionante (fs. 25 a 34 vta.), mismo que en alzada fue confirmado en parte a través del Auto de Vista 246/2021 de 20 de septiembre (fs. 35 a 43 vta.).
II.3. Mediante Auto Interlocutorio 177/2022 de 10 de marzo, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el hoy accionante, y otra (fs. 44 a 47 vta.), determinación que confirmada por Auto de Vista 76/2022 de 1 de abril, emitido por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado- (fs. 52 a 53 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, y a la garantía de presunción de inocencia; toda vez que, el Vocal accionado no valoró objetivamente y bajo las reglas de la sana critica el informe psicológico que estableció que su persona no es un peligro para la sociedad, señalando que ello no desvirtuaría el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, cuya concurrencia habría sido determinada desde la perspectiva de los hechos suscitados, criterio que lesiona su presunción de inocencia, por cuanto se pretende que dicho riesgo procesal sea desvirtuado a partir de una resolución absolutoria, debiéndose considerar al respecto el entendimiento jurisprudencial plasmado en la SCP 0345/2019-S3 que en un caso análogo estableció que tal razonamiento lesiona el debido proceso.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto a la exigencia de cumplimiento de estos parámetros del debido proceso, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, sostuvo que: «“El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer a detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”» (las negrillas nos corresponden).
En la misma línea del entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico precedente, la SCP 0598/2019-S1 de 22 de julio, reiterando los intelectos que sobre este particular se desarrollaron en la SCP 1250/2015-S3 de 9 de diciembre, y estableciendo a su vez una precisión de distinción de la fundamentación y motivación como elementos individuales, pero al mismo tiempo interdependientes del debido proceso, estableció: [«El derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el art. 115.II de la CPE, el cual dispone: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, a su vez, el art. 117.I de la misma Norma Suprema, señala: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.
Es así que, el debido proceso en cuanto a su núcleo esencial y los elementos constitutivos del mismo, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, entre otras, a través de la SC 0112/2010-R de 10 de mayo, que señaló: “La reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que el debido proceso, consagrado como garantía constitucional por el art. 16 de la CPEabrg ahora por el art.
115.II de la CPE, y como derecho humano en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), consiste en el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar y precisando que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras”.
En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia».
En ese contexto, los citados entendimientos reiterados ampliamente por la jurisprudencia constitucional resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales, administrativas o por el Ministerio Público, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, es decir que tanto la fundamentación como la motivación se constituyen en elementos esenciales de toda resolución pues son estructurantes del debido proceso como garantía jurisdiccional, más aún cuando se trata de conocer y resolver solicitudes que involucran la resolución de la situación jurídica de un privado de libertad] (las negrillas son nuestras).
La problemática objeto de análisis, centra su examen en la denuncia de la insuficiente motivación, fundamentación y valoración irrazonable de la prueba efectuada a partir de la emisión del Auto de Vista 76/2022 de 1 de abril, por cuanto el Vocal accionado no habría valorado objetivamente y bajo las reglas de la sana critica el informe psicológico que estableció que el accionante no es un peligro para la sociedad, señalando que ello no desvirtuaría el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, cuya concurrencia habría sido determinada desde la perspectiva de los hechos suscitados, criterio que lesiona su presunción de inocencia, al pretenderse que dicho riesgo procesal sea desvirtuado a partir de una resolución absolutoria, debiéndose considerar al respecto el entendimiento jurisprudencial plasmado en la SCP 0345/2019-S3 que en un caso análogo estableció que tal razonamiento lesiona el debido proceso.
Puntualizada la temática a abordar, es relevante a fin de contextualizar el caso, referir que el fallo ahora cuestionado emerge dentro del proceso penal seguido contra el hoy accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas con la agravante de volúmenes mayores, asociación delictuosa y confabulación, en cuya audiencia de medidas cautelares se estableció su detención preventiva, que fue confirmada en alzada; posteriormente, y ante el rechazo de la solicitud de cesación de dicha medida extrema en primera instancia, el Vocal hoy accionado declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto al respecto, confirmando así, el rechazo a la solicitud de cesación dispuesta, último actuado en el cual se centra la denuncia de insuficiente motivación, fundamentación y valoración irrazonable de la prueba (Conclusiones II.1 a II.3).
Bajo ese contexto de orden fáctico, y considerando que lo que cuestiona es la insuficiente motivación, fundamentación y valoración irrazonable de la prueba, corresponde en ese mérito conocer el criterio bajo el cual la autoridad ahora accionada decidió confirmar la determinación del Juez a quo y en ese sentido mantener la detención preventiva del accionante, ello no sin antes puntualizar que conforme se tiene de la formulación realizada por la parte accionante, el análisis a efectuar únicamente se circunscribirá respecto al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP.
En ese sentido, y del Auto de Vista 76/2022 en lo que concierne el señalado riesgo procesal, el Vocal accionado manifestó:
“Con relación al art. 234 Núm. 7 del Código de Procedimiento Penal, este tribunal de apelación, reitera y bajo el principio de juicio predecible, viene manteniendo la interpretación y los alcances en que debe consistir este peligro de fuga y las ratificados y reiteramos señalando en sentido que, conforme a la jurisprudencia Constitucional se da en dos vertientes: La primera vertiente, vinculado a la personalidad del imputado o de los imputados, respecto al grado de peligrosidad, tomando en cuenta reitero, la personalidad de los imputados, si tiene o no antecedentes penales delictivos, es en ese contexto que se presenta la peligrosidad del imputado; la segunda vertiente va vinculado a la naturaleza del hecho punible, en este caso en concreto, se entiende que, al haberse presentado el certificado negativo de antecedentes penales, con ello quedaría desvirtuado aquella argumentación legal, porque los imputados al haber presentado el certificado negativo de antecedentes penales, desde esa perspectiva ya no concurriría ese peligro de fuga. Sin embargo; con relación a la naturaleza del hecho punible; en el caso analizado, se ha invocado las pruebas cursantes de fs. 109 a 140, o sea el informe pericial, en realidad de ambos imputados (…) Con relación al acusado Iván Soliz Calle, en el mismo sentido, los siete puntos periciales, al que se discutió, al que se analizó, al que se le observo, en sentido que, solamente hay una transcripción en el auto impugnado y que no habría una valoración. Al respecto, señalamos de que no está vinculado a la naturaleza del hecho punible, del porque y las razones del porque se presentó ese peligro de fuga, en otros términos, aquella situación de que esté vinculado a la naturaleza del hecho punible, es lo que debió desvirtuarse; la prueba pericial así en conjunto, no se refiere a ese contexto por ese motivo con razón decía la fiscalía, de que estaría alejado esos puntos periciales con relación al auto de detención preventiva, por ese motivo en los de la materia, no hay posibilidad de dar por desvirtuado ese riesgo de fuga a los fines del art. 239 Núm. 1 del Código de Procedimiento Penal, reitero en el auto impugnado de fs. 147 a 150, donde incluso, la jueza inferior razono y se pronunció sobre cada uno de los puntos periciales que hubiesen sido objeto de análisis, empero, considera este tribunal de apelación, vía control de logicidad ninguna de ella está vinculado a la naturaleza del hecho punible, eso también las resolvemos, en sentido que, este tribunal de apelación, viene aplicando bajo el principio del juicio predecible, en sentido que a los fines del art. 239 Núm. 1 del Código de Procedimiento Penal, debemos estar vinculados a esa interpretación Constitucional que se hubo realizado, vinculado a la naturaleza del hecho punible y dicho sea de paso, el contexto de la prueba pericial así explicada, en sentido que, el riesgo sería bajo o que Iván Soliz Calle, no sería peligro posterior o no hay el riesgo elevado entre otras, pues no se vinculada a la naturaleza del hecho punible en el caso analizado; en suma, no hay posibilidad de desvirtuarse ese riesgo de fuga, en lo demás, consideramos haber respondido a la apelación interpuesta” (sic).
Glosada como se encuentra la resolución cuestionada, y considerando que el argumento principal en cuanto a la insuficiente motivación, fundamentación concierne a la valoración irrazonable que se habría realizado sobre el Dictamen Pericial referido a la valoración psicológica del accionante, cabe señalar que la autoridad accionada al igual que el Juez a quo, sostuvo la insuficiencia de este dictamen, a partir de que el mismo, en el marco del art. 239.1 del CPP, no acreditó que en el caso ya no concurrían los motivos que fundaron la determinación del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, considerando al respecto el criterio primigenio que habría dado pie al establecimiento de dicho riesgo procesal.
En ese marco, el Vocal accionado, asumiendo el criterio de la autoridad inferior, señaló que el Dictamen Psicológico en su conjunto no estaba destinado a desvirtuar el criterio bajo el cual se determinó la vigencia del señalado riesgo procesal de fuga, mismo que estaba circunscrito en la naturaleza del hecho punible, aspecto que del análisis a los siete puntos del informe pericial realizado por el Juez a quo no logró advertirse su vinculación, concluyendo que dicho riesgo procesal no podría ser desvirtuado a partir del informe pericial emitido.
Ahora, si bien lo referido por el Vocal accionado en efecto es evidente, pues la Resolución que impuso la detención preventiva del accionante estableció como criterio de consideración para la vigencia del citado riesgo procesal la naturaleza del hecho punible, considerando que se trata del delito de tráfico de sustancias controladas cuyo consumo afecta la salud física y psicológica de las personas incluso de grupos vulnerables; sin embargo, no es menos cierto que conforme lo establece la línea jurisprudencial glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el Tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, debe precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, aspecto que no solo se refiere cuando se determina la detención preventiva sino también cuando se rechaza una solicitud de cesación a la detención preventiva, en ese sentido, la autoridad accionada a fin de sustentar su decisión al margen de solo basarse en el criterio de determinación del riesgo procesal dispuesto en la resolución primigenia, y limitarse a referir que el informe psicológico no desvirtuó la naturaleza del hecho punible, debió brindar mayor explicación del motivo por el cual se cree que, pese a este informe pericial, en el caso particular del accionante, aun concurre dicho riesgo procesal de fuga, más aún si en función a la consideración de los certificados negativos de los antecedentes penales que se hubieran presentado respecto al accionante se aseguró que desde esa perspectiva el peligro de fuga ya no concurriría.
En ese marco de razonamiento, la parte accionante también reclama que el criterio establecido para determinar la vigencia de este riesgo procesal sustentada en la naturaleza del hecho o los hechos suscitados, lesionaría su presunción de inocencia pues bajo esa consideración lo que se pretendería es que dicho riesgo se desvirtué solo con la emisión en el caso de una sentencia absolutoria, trayendo a colación la SCP 0345/2019-S3 a partir de la que se estableció que para determinar la concurrencia de dicho riesgo procesal se requiere demostrar que el imputado habría sido encontrado culpable de un delito anteriormente.
Al respecto es importante referir que tal temática ya fue abordada en un caso similar en el que considerando los criterios de la SCP 0015/2020-S2 de 11 de marzo, la cual precisamente se refería al entendimiento establecido en la SCP 0056/2014 de 3 de enero, misma que igualmente es considerada en la SCP 0345/2019-S3 a la que se refiere el accionante, la SCP 1331/2022-S3 de 28 de septiembre, estableció que:
[…la subsistencia de este riesgo procesal de peligro efectivo para la sociedad inserto en el art. 234.7 del CPP, no se encuentra limitada a la presentación del certificado de antecedentes penales o policiales como afirma el peticionante de tutela, tampoco la naturaleza del delito no puede implícitamente inducir a concluir que el encausado, se constituye en un peligro efectivo para la sociedad, pues al respecto este Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0015/2020-S2, la cual fue precisamente invocada por el prenombrado en esta acción tutelar, sostuvo que: «La SCP 0185/2019-S3, recondujo la SCP 0070/2014-S1 de 20 de noviembre, al entendimiento establecido en la SCP 0056/2014 de 3 de enero, sobre la concurrencia del peligro procesal que dispone el art. 234.10 del CPP, señalando que: “…la SCP 0070/2014-S1 de 20 de noviembre, modulando dicho razonamiento indicó: ‘En cuanto a lo previsto en la SCP 0056/2014, que refiere que para activar el numeral 10 del art. 234 del CPP, se debe tomar en cuenta la peligrosidad del imputado con relación a que tuviera sentencia condenatoria ejecutoriada anterior, este entendimiento no es limitativo, dado que su aplicación estará sujeta a los escenarios o contextos en los que se desarrolle el ilícito, en consideración a que el art. 234 del CPP, señala que por peligro de fuga se entiende toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia, para decidir acerca de su concurrencia…”
(…)
Cabe acotar, que en ciertos casos conocidos por este Tribunal, se advirtió que las autoridades judiciales en materia penal, establecieron de manera errónea, la existencia de este peligro procesal de fuga, bajo el argumento que el imputado debía permanecer con detención preventiva por su peligrosidad, al haber cometido un delito de relevancia social; asimismo, que existía dicho peligro procesal, en casos en los que el imputado podría amedrentar a la víctima o denunciante, por lo que de igual manera merecería esa medida cautelar; cuando estos argumentos, como bien sabemos, no llegan a ser correctos para establecer el mismo, ya que la relevancia del delito cometido -aún sea socialmente reprochable por toda la comunidad- no puede ser parámetro para establecer una detención preventiva; y, porque la actitud que demuestre el imputado para influir negativamente en los partícipes del delito (víctima o denunciante), no constituye el peligro procesal de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, sino que el mismo se constituiría en un peligro procesal de obstaculización, establecido en el art. 235 del Código citado, razón por la que no debe confundirse ambos peligros procesales y menos señalar que se configurarían bajo las mismas circunstancias…”.
Reconducida la línea jurisprudencial al entendimiento establecido en la SCP 0056/2014, para el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, corresponde tener presente que el fallo constitucional citado, indicó que: “El concepto ‘efectivo’ que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente”; consecuentemente, se entiende que el análisis de la concurrencia o no del riesgo procesal en análisis, debe partir de circunstancias objetivas que muestren la presencia de este riesgo en cada caso, y será el juez contralor de garantías constitucionales en esta etapa del proceso penal, quien en el marco del principio de proporcionalidad entre el mencionado riesgo y la medida cautelar a adoptarse, establezca a la luz del principio de razonabilidad, cual es la necesaria para el cumplimiento de su finalidad, medida que siempre debe mantener su cualidad de temporalidad e instrumental al proceso, a efectos de no vulnerar el estado de presunción de inocencia.
En ese contexto, en audiencia tanto la víctima como el Ministerio Público pueden presentar prueba para solicitar sobre esa base, una medida cautelar de carácter personal incluida la detención preventiva; por su parte, el imputado en el marco del derecho a la defensa amplia e irrestricta, enseñará toda prueba que desvirtué este riesgo procesal, mismos que deben necesariamente ser valorados por el juez de instrucción a efectos de disponer lo que en derecho corresponda; es decir, cada caso concreto, lleva consigo circunstancias propias respecto a la presencia o no de los peligros procesales, siendo potestad legal de dicha autoridad la valoración del asunto y la concurrencia o no del inserto en el art. 234.10 del CPP y la medida cautelar personal a adoptarse; todo ello, orientado en los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad.
De lo expuesto, se tiene que evidentemente la facultad jurisdiccional de los administradores de justicia no puede ser limitada a parámetros que no siempre se ajustan a supuestos preestablecidos, más al contrario cada caso contiene sus propias circunstancias procesales que deben ser valoradas por el juez contralor de garantías, así en el análisis de la concurrencia del riesgo procesal previsto en el numeral 10 del art. 234 del Código Adjetivo Penal, debe observarse toda prueba presentada por las partes de manera integral y no limitarse a una, sin soslayar los principios que rigen en el instituto de las medidas cautelares de carácter personal, a efectos de que la determinación asumida garantice el debido proceso”»] (las negrillas nos corresponden).
En ese marco del entendimiento jurisprudencial, como bien concluyó la SCP 1331/2022-S3, la subsistencia o no de este riesgo procesal no puede solamente estar sustentada en función a la existencia o no de antecedentes penales, ni tampoco únicamente considerar la naturaleza del delito, como ocurrió en el presente caso, en el que el Vocal accionado limitó su razonamiento, únicamente a que este riesgo persistiría porque el dictamen pericial no desvirtuó la naturaleza del hecho punible, sin brindar mayores fundamentos fácticos a fin de tener claramente establecido el motivo de la persistencia de este riesgo procesal.
Bajo el razonamiento expuesto, y teniendo en cuenta la diferenciación establecida vía jurisprudencia acerca de los elementos de fundamentación y motivación del debido proceso como se desprende y desglosa en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, es necesario remarcar que no obstante de que en el presente caso se sustentara la insuficiente fundamentación y la valoración irrazonable de la prueba, del análisis efectuado se aprecia que el elemento vulnerado más precisamente recae en la motivación del Auto de Vista cuestionado, ello relacionado a la consideración del elemento probatorio observado en su valoración concerniente a la emisión del Dictamen Pericial, mismo que fue considerado insuficiente para desvirtuar dicho riesgo procesal sin justificar debidamente el sentido de tal razonamiento al margen de vincularlo a la naturaleza de hecho punible, lo cual como se vio no resulta suficiente para determinar la vigencia de este riesgo, en ese marco, corresponde precisar que la concesión de tutela a efectuarse en la oportunidad se refiere únicamente a la insuficiente motivación advertida a tiempo de la emisión del Auto de Vista 76/2022, relacionada a la valoración del informe pericial al que la parte accionante hace referencia, debiendo al efecto la autoridad accionada emitir una nueva resolución que en relación al accionante determine de forma expresa por qué dicho elemento adjunto concerniente al informe pericial no resulta suficiente para desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, más allá de considerar solamente la naturaleza del hecho punible, salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante ya estuviese definida.
En cuanto al elemento de fundamentación del debido proceso, la parte accionante no brindó la carga argumentativa suficiente a fin de que su reclamo sea considerado, impidiendo de este modo emitir un pronunciamiento al respecto.
En relación a la presunción de inocencia, cabe señalar que lo denunciado por la parte impetrante de tutela se encuentra íntimamente ligado al tema de interpretación de la norma, respecto a lo cual la parte accionante tampoco efectuó la suficiente carga argumentativa a fin de que lo referido sea considerado por esta instancia desde esa perspectiva, debiéndose remarcar que conforme a la línea jurisprudencial de las autorrestricciones para la justicia constitucional tal labor de interpretación corresponde única y exclusivamente a la jurisdicción ordinaria; por lo que, al respecto no corresponde emitir criterio alguno.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2022 de 5 de mayo, cursante de fs. 86 a 89 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca en suplencia legal del Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro; y en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al debido proceso en su elemento de motivación relacionada al tema de la valoración de la prueba, todo ello a su vez vinculado al derecho a la libertad del accionante, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 76/2022 de 1 de abril, y ordenando que el Vocal accionado emita una nueva resolución en el que motivadamente se refiera a la concurrencia o no del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, en función a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante hubiera variado; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto al elemento de fundamentación del debido proceso y a la garantía de la presunción de inocencia.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0717_2023-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 130f4ecec75a3ed6a7701968ce47f219665f3822b0acf1d40bf48190dc352682
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