Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de julio de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de derecho a recurrir, a la doble instancia, a la defensa, a la igualdad de las partes y el “derecho a la concesión del tiempo y los medios para la defensa”; debido a que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, la autoridad jurisdiccional demandada, sin tener facultades para ello, dispuso el rechazo del recurso de apelación que planteó contra la Resolución 014/22-F, que a su vez rechazó el incidente de nulidad que interpuso contra la citación con la demanda de asistencia familiar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 22 de marzo, cursante de fs. 60 a 62 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0717/2023-S1 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46636-2022-44-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2022 de 22 de marzo, cursante de fs. 60 a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalía Layme Calderón contra Rufino Edmundo López Pacohuanca, Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia de Instrucción Penal “Distrito 7” de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de marzo de 2022, cursante de fs. 11 a 13 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
Sostuvo una relación de pareja con Alcides Aduviri Poma, sin embargo, se separó de dicha persona debido a los celos y violencia intrafamiliar, en ese contexto, dicha persona inició en su contra una demanda de asistencia familiar en favor de sus dos hijos menores de edad; no obstante, de manera dolosa señaló que su domicilio se encontraba en calle Retamas s/n zona Villa Cooperativa, lugar donde jamás vivió, siendo citada con la demanda en ese falso domicilio; dándose cuenta de su error, su ex pareja presentó certificaciones del Servicio de Registro Cívico (SERECI) y del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) que señalaban que su domicilio está ubicado en la calle Antonio Gonzales Bravo N° 1025, zona Villa Ingenio de la de El Alto, que es el lugar donde vive y debió ser citada, empero el Oficial de Diligencias no pudo encontrar su domicilio y emitió representación en ese sentido; en consecuencia, de acuerdo al art. 308.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, correspondía la citación por Edicto.
En ese sentido, la abogada de la parte demandante, de manera coherente solicitó la citación por Edicto; sin embargo, de manera unilateral, ilícita e ilegal la autoridad judicial dispuso mediante decreto la citación personal en el domicilio real señalado inicialmente en la demanda, inmueble en el que nunca vivió y no conoce, con tal disposición fue colocada en un estado de indefensión puesto que fue privada de conocer la demanda y responder conforme a derecho; motivo por el cual, presentó incidente de nulidad contra la citación irregular, incidente que fue resuelto por la Resolución 014/22-F de 8 de marzo de 2022, rechazando el incidente en base a un notable esfuerzo teórico y abstracto para ocultar el decreto de “fs. 31 vta.”; por consiguiente, de conformidad al art. 364.I del CFPF, dentro de plazo, presentó recurso de apelación; no obstante, el Juez de la causa sin siquiera instruir la notificación a la parte contraria, dictó la Resolución 019/22-F disponiendo rechazar el recurso de apelación, atribuyéndose funciones que no le competen, puesto que el art. 81 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, que determina la competencia de los Juzgados Públicos Mixtos, no otorga facultades para resolver las apelaciones de los litigantes, impidiendo de esta manera que una autoridad superior conozca su recurso, privándole de su derecho a recurrir previsto en el art. 30 num. 14 de la LOJ. Asimismo, la autoridad judicial rápidamente dictó un Auto disponiendo librarse en su contra mandamiento de apremio con facultad de allanamiento de domicilio, estando en consecuencia perseguida ilegalmente.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de derecho a recurrir, a la doble instancia, a la defensa, a la igualdad de las partes y el derecho a la concesión del tiempo y los medios para la defensa, citando al efecto los arts. 180.II, de la Constitución Política del Estado (CPE), y 8 num. 2 inc. h) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica.
Solicita se conceda la tutela, y, en consecuencia: a) Se disponga la reposición de su derecho a recurrir mediante la apelación y que la misma sea considerada por el Tribunal Superior; y, b) Se deje sin efecto el mandamiento de apremio.
Celebrada la audiencia pública el 22 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 59 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Rufino Edmundo López Pacohuanca, Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia de Instrucción Penal “Distrito 7” de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que: 1) La citación se cumplió en el domicilio señalado por el demandante, la Oficial de Diligencias adjuntó croquis y fotografías del domicilio en cumplimiento al art. 307 num. 2 y 23 del CFPF; 2) En el Informe elaborado por la Oficial de Diligencias, se indica que de manera posterior a la citación por cédula, en el mes de septiembre de 2021, la demandada -ahora accionante-, compareció personalmente a Secretaria del Juzgado y solicitó fotocopias simples del expediente, solicitud que le fue negada porque no presentó su cédula de identidad; 3) La accionante, una vez que presentó su cédula de identidad, fue notificada con la liquidación de la asistencia familiar y se le extendió de fotocopias simples, en ese sentido la citación cumplió su finalidad pues la demandada tomo conocimiento real de la demanda y se notificó voluntariamente con la liquidación de pensiones el 16 de febrero de 2022; 4) Al no haberse contestado a la demanda se designó defensor de oficio quien ejerció defensa de la demandada y asistió a la audiencia oral donde se emitió la Sentencia que fijó la asistencia familiar, fue entonces que la demandada compareció de forma escrita y con patrocinio particular; 5) El incidente de nulidad de notificación fue interpuesto encontrándose la causa en ejecución de sentencia, luego de notificarse la liquidación de pensiones devengadas. El incidente de nulidad fue rechazado por Auto Interlocutorio 014/22-F en aplicación de los principios que rigen las nulidades procesales, principalmente por tres motivos: 5.i) Porque fue formulado fuera del plazo establecido en el art. 256 inc. b) del CFPF que señala “Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación” y de acuerdo a la diligencia que cursa a fs. “58” la demandada fue notificada con la liquidación de asistencia familiar el 16 de febrero de 2022, no obstante el incidente se presentó el 21 de ese mes y año cuando su derecho había prelucido el 18 de igual mes y año; 5.ii) La demandada -hoy accionante- no demostró con ningún medio idóneo que el domicilio donde fue practicada su citación por cédula, no era el de ella o era falso, dado que la Oficial de Diligencias, previo a realizar la notificación comprobó que el domicilio ubicado en calle Retamas s/n zona Villa Cooperativa constituía su domicilio real y que a ese lugar solamente retornaba en las noches, también comprobó que el domicilio de calle Antonio Gonzales Bravo señalado en las certificaciones de SERECI y SEGIP, no pudo ser encontrado, por tal motivo, la accionante no cumplió la carga probatoria y no podía plantear el incidente de nulidad; y, 5.iii) La citación por Edicto, de acuerdo al art. 308.I del CFPF, procede solamente cuando se ignora el domicilio y paradero de la parte demandada, en el caso que nos ocupa, si bien no pudo encontrarse el domicilio señalado en las certificaciones de SERECI y SEGIP; sin embargo, no se ignoraba su paradero y domicilio actual, puesto que el mismo fue señalado en la demanda, lugar donde en un inicio no fue buscada, no obstante en ejercicio de la facultad de dirección y debido proceso en su componente de defensa, a fin que la demandada asuma conocimiento real de la demanda se dispuso la citación en ese domicilio inicialmente señalado, lugar donde se pudo constatar que efectivamente tenía su domicilio real y donde se practicó la citación por cédula; 6) El recurso de apelación fue interpuesto de forma errónea, dicho recurso de acuerdo a los arts. 371 y 372 del CFPF procede contra Sentencias y Autos Definitivos, en el caso concreto al tratarse de un incidente, conforme al art. 368 del CFPF, correspondía interponer el recurso de reposición y no el de apelación, motivo por el cual a través de la Resolución 019/22-F se rechazó in límine el recurso de apelación interpuesto por la ahora accionante; 7) Si la accionante consideraba la apelación fue negada de forma indebida correspondía que plantee el recurso de compulsa contra la Resolución 019/22-F en el plazo de tres días conforme establece del art. 366 del CFPF, no obstante, no fue interpuesto ningún recurso o medio de impugnación, acudiendo directamente a esta acción de libertad; 8) Debido a que la accionante, en el plazo de tres días desde su notificación, no presentó observación a la liquidación de asistencia familiar presentada por el demandante, se aprobó la misma y se conminó a pagar el importe al tercer día, ante el incumplimiento, por Auto de 17 de marzo de 2022 se dispuso librarse mandamiento de apremio contra la accionante; y, 9) En cumplimiento al art. 60 de la CPE que prioriza el interés superior del niño, niña y adolescente, en este caso el derecho a la asistencia familiar, ante la situación de vulnerabilidad del beneficiario, contra las resoluciones emitidas no fue deducido recurso alguno y a la fecha de la audiencia de garantías, no fue librado ningún mandamiento de apremio en contra de la accionante.
El Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 22 de marzo, cursante de fs. 60 a 62 vta., denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) La accionante cuestiona que la autoridad ahora demandada no concedió el recurso de apelación, que interpuso ante el rechazo de su incidente de nulidad de citación; en ese sentido, se tiene que el art. 366 del CFPF señala las clases de recursos a través de los cuales pueden impugnarse las resoluciones judiciales, siendo estos: reposición, apelación, casación y compulsa, utilizando de manera supletoria el art. 279 del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-, en lo referente al recurso de compulsa; ii) El recurso de compulsa procede ante la negativa indebida del recurso de apelación o de casación, o por concesión errónea del recurso de apelación en un efecto que no correspondía; recurso que de acuerdo al art. 280 del CPC, debe interponerse en el plazo de tres días, recibido el recurso, en el plazo de dos días deben proveerse los recaudos para la remisión al superior jerárquico, bajo pena de declararse la caducidad del recurso, el incumplimiento de esa obligación dará lugar a responsabilidad disciplinaria de la autoridad judicial sin perjuicio de acudir ante el superior jerárquico y que este ordene la remisión de antecedentes para la resolución del recurso, resolución que debe emitirse en el plazo de tres días, ya sea declarando la legalidad o ilegalidad de la compulsa, si se declara legal la compulsa, todo lo obrado por el inferior a partir de la interposición del recurso, será nulo de pleno derecho; iii) En relación a la naturaleza de la acción de libertad, se tiene que la SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, hizo referencia a la subsidiariedad excepcional, indicando que la acción de libertad, no es el único medio para reparar de forma exclusiva todas las lesiones al derecho a la libertad que se denuncien, en consecuencia en los supuestos que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados previamente por los impetrantes de tutela, circunstancia en la que, de manera excepcional, la acción de libertad operará de manera subsidiaria, jurisprudencia reiterada, entre otras, por la SCP 0154/2014-S1 de 5 de diciembre; y, iv) En el caso concreto, al no haberse agotado los mecanismos legales procesales ordinarios que podían restituir el derecho supuestamente vulnerado, siendo que la accionante, ante la negativa de la concesión del recurso de apelación debía interponer el recurso de compulsa, al no haber actuado de esta manera, no se cumplió la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada, máxime si de los antecedentes del caso se advierte que no se emitió mandamiento de apremio en contra de la accionante, por lo que no se puede argumentar que existiría una restricción o vulneración a su derecho a la libertad que esté vinculado con el acto denunciado como lesivo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 20 de abril de 2021, sobre demanda de asistencia familiar interpuesta por Alcides Aduviri Poma, en contra de Rosalía Layme Calderón -ahora accionante-, en favor de sus dos hijos menores de edad, de entonces 3 y 6 años de edad, estando el padre al cuidado de los hijos debido a que la madre abandonó el hogar para formar familia con otra pareja; en cuyo otrosí primero, se fijó como domicilio real de la demandada, la calle Retamas s/n zona Villa Cooperativa de El Alto (fs. 18 a 19 vta.). II.2. Constan Certificación SERECI-LPZ-CERT-N° 12764-1928/2021 de 10 de mayo, emitida por el Servicio de Registro Cívico (SERECI) de La Paz; y, Certificación de 11 de mayo de 2021 emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) que señalan como domicilio de Rosalía Layme Calderón, la calle Antonio Gonzales Bravo N° 1025 zona Villa Ingenio de El Alto (fs. 20 y 21). II.3. Por representación de 2 de junio de 2021, la Oficial de Diligencias del Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Cuarto “Distrito 7” de El Alto, señala que después de una búsqueda exhaustiva no pudo ser hallado el domicilio ubicado en calle Antonio Gonzales Bravo N° 1025 zona Villa Ingenio de El Alto por lo que no se pudo proceder a la citación a la demandada (fs. 22).
II.4. Mediante memorial de 7 de junio de 2021, Alcides Aduviri Poma solicitó que se cite por edicto a la ahora accionante con la demanda de asistencia familiar (fs. 23). Por decreto de 8 de ese mes y año, el Juez de la causa dispuso que previamente se cite personalmente a la demandada en el domicilio real fijado en el memorial de demanda (fs. 23 vta.). II.5. Cursa citación a la ahora accionante con la demanda de asistencia familiar, realizada el 24 de agosto de 2021 por Cédula fijada en el domicilio de calle Retamas s/n zona Villa Cooperativa de El Alto, citación que señala que un vecino del lugar afirmo que Rosalía Layme Calderón vivía en ese lugar y solamente llegaba en las noches (fs. 26). II.6. Cursa Sentencia 087/2021-F de 14 de septiembre, que declaró probada en parte la demanda de asistencia familiar y fijó el monto mensual de Bs700,00 (setecientos bolivianos) en favor de los dos hijos de la hoy accionante, a pagarse desde la citación con la demanda, y el 50% (cincuenta por ciento) de los gastos extraordinarios relacionados a salud que no sean cubiertos por el sistema de salud público (fs. 27 a 29 vta.). II.7. Por memorial de 10 de febrero de 2022, Alcides Aduviri Poma presentó liquidación de asistencia familiar, por cinco meses devengados, por el monto de Bs3 500,00 [tres mil quinientos bolivianos (fs. 34)]. Liquidación que fue notificada de manera personal a la demandada el 16 de febrero de 2022 (fs. 36). II.8. Cursa memorial presentado el 21 de febrero de 2022, por el cual, Rosalía Layme Calderón, interpuso incidente de nulidad de obrados señalando que desconoce el domicilio donde fue practicada la diligencia de citación con la demanda de asistencia familiar, y al haberse señalado un domicilio falso se le privó de su derecho a la defensa (fs. 37 a 38 vta.). II.9. Consta Informe de 25 de febrero de 2022 labrado por la Oficial de Diligencias del Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal “Distrito 7” de El Alto, señala que no pudo encontrar el domicilio cuya ubicación se señaló en calle Antonio Gonzales Bravo 1025 zona Villa Ingenio de El Alto, que realizó la notificación en el domicilio de calle Retamas s/n zona Villa Cooperativa porque constituida en el lugar un vecino le indicó que ahí vivía Rosalía Layme Calderón con su pareja; además señala que en el mes de septiembre de 2021 la ahora accionante se apersonó a Secretaría del Juzgado y solicitó fotocopias simples del expediente de su proceso de asistencia familiar, no obstante las mismas no le fueron entregadas porque en ese momento no portaba su cédula de identidad, no obstante, constataron su identidad cuando la misma volvió a apersonarse esta vez el 16 de febrero de 2022 cuando fue notificada con el memorial de liquidación de asistencia familiar (fs. 40 y vta.).
II.10. Por Resolución 014/22-F de 8 de marzo de 2022, se rechazó el incidente de nulidad de citación planteado por Rosalía Layme Calderón, bajo el argumento de haberse incumplido el plazo previsto en el art. 256 inc. b) del CFPF, por no haber planteado el incidente de manera oportuna, en el momento en que fue a recabar fotocopias simples del expediente, por incumplimiento de la carga probatoria; y, señalando que la citación cumplió su finalidad, puesto que de otro modo, no se explica la comparecencia de la demandada en Secretaría del Juzgado, concluye indicando que cualquier formalidad no puede prevalecer ante el derecho de asistencia familiar de niños menores de edad en situación de vulnerabilidad requiriéndose su cumplimiento oportuno, no pudiendo postergarse por procedimiento o recurso alguno (fs. 41 a 45). II.11. A través de Auto de 10 de marzo de 2022, el Juez de la causa, aprobó la liquidación de asistencia familiar devengada, e intimó a Rosalía Layme Calderón al pago de los Bs3 500,00 adeudos en el plazo de tres días desde su notificación, bajo advertencia de disponerse su apremio corporal y embargo y subasta de sus bienes (fs. 46). II.12. Mediante memorial presentado el 11 de marzo de 2022, la hoy accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 014/22-F señalando que su domicilio se encuentra en la calle Antonio Gonzales Bravo N° 1025 zona Villa Ingenio de El Alto y al no haber sido habida la numeración, correspondía su citación por Edicto (fs. 47 a 49). II.13. Cursa Resolución 019/22-F de 14 de marzo de 2022, que rechazó el recurso de apelación de 11 de marzo de 2022, refiriendo que dicho fue interpuesto de manera errónea, ya que al tratarse de un Auto Interlocutorio -la Resolución 014/22-F-, que resolvió una cuestión accesoria que no corto el procedimiento ni puso fin al mismo, correspondía la interposición del recurso de reposición previsto en el art. 368 del CFPF, y no el recurso de apelación, que de acuerdo a los arts. 371 y 372.I del CFPF procede contra Sentencias y Autos Definitivos (fs. 50 a 51). Resolución que fue notificada de manera electrónica a la accionante, en la misma fecha de su emisión (fs. 52).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de derecho a recurrir, a la doble instancia, a la defensa, a la igualdad de las partes y el “derecho a la concesión del tiempo y los medios para la defensa”; debido a que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, la autoridad jurisdiccional demandada, sin tener facultades para ello, dispuso el rechazo del recurso de apelación que planteó contra la Resolución 014/22-F, que a su vez rechazó el incidente de nulidad que interpuso contra la citación con la demanda de asistencia familiar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; y, b) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0018/2020-S1 de 20 de marzo, reiterada por la 0097/2021-S1 de 27 de mayo, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: El art. 125 de la CPE refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”.
1El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.
Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido La proceso.
Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPEabrg al recurso de hábeas corpus.
De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:
I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumidos en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.
La accionante considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de derecho a recurrir, a la doble instancia, a la defensa, a la igualdad de las partes y el “derecho a la concesión del tiempo y los medios para la defensa”; en razón a que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, la autoridad demandada, sin tener facultades para ello, dispuso el rechazo del recurso de apelación que planteó contra la Resolución 014/22-F, que a su vez rechazó el incidente de nulidad que interpuso contra la citación con la demanda de asistencia familiar. Ahora bien, de la revisión de antecedentes de esta acción de defensa, se tiene que, Alcides Aduviri Poma, por memorial presentado el 20 de abril de 2021, instauró demanda de asistencia familiar en contra de Rosalía Layme Calderón -ahora accionante-, en favor de sus dos hijos menores de edad, de entonces 3 y 6 años de edad, estando el demandante al cuidado de los hijos debido a que la madre supuestamente habría abandonó el hogar, en dicho memorial, se fijó como domicilio real de la demandada, la calle Retamas s/n zona Villa Cooperativa de la ciudad de El Alto (Conclusión II.1.); admitida la demanda, a efecto de la correcta citación, la autoridad judicial a cargo del proceso y ahora demandada, ordenó a SEGIP y SERECI informen el domicilio de la demandada -ahora accionante-; las referidas instituciones, mediante Certificación SERECI-LPZ-CERT-N° 12764-1928/2021, y Certificación de 11 de mayo de 2021, señalaron que la hoy accionante, tenía domicilio en la calle Antonio Gonzales Bravo N° 1025 zona Villa Ingenio de El Alto (Conclusión II.2.). Una vez que la Oficial de Diligencias del Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal del “Distrito 7” de El Alto, se constituyó en la calle antes citada, no pudo encontrar el domicilio señalado, entonces, en ese sentido emitió la representación de 2 de junio de 2021, señalando que no pudo realizar la citación a Rosalía Layme Calderón con la demanda de asistencia familiar (Conclusión II.3.); motivo por el cual, mediante memorial de 7 de junio de 2021, Alcides Aduviri Poma solicitó que se cite a la demandada por edicto; no obstante, por decreto de 8 de ese mes y año, el Juez de la causa dispuso que previamente se cite personalmente a la demandada en el domicilio real fijado en el memorial de demanda (Conclusión II.4.), cumpliendo la orden de la autoridad judicial, el 24 de agosto de 2021, la Oficial de Diligencias del Juzgado, pudo encontrar el domicilio de la ahora accionante ubicado en calle Retamas s/n zona Villa Cooperativa de El Alto, y procedió a la citación por cédula con la demanda de asistencia familiar, señalando en la misma que un vecino colindante afirmo que Rosalía Layme Calderón vivía en ese lugar y solamente llegaba en las noches (Conclusión II.5.). El 14 de septiembre de 2021, se emitió la Sentencia 087/2021-F, que declaró probada en parte la demanda interpuesta por Alcides Aduviri Poma y fijó como asistencia familiar el monto mensual de Bs700,00 (setecientos bolivianos) en favor de los dos hijos de la hoy accionante, a pagarse desde la citación con la demanda, y el 50% (cincuenta por ciento) de los gastos extraordinarios relacionados a salud que no sean cubiertos por el sistema de salud público (Conclusión II.6.). De acuerdo al Informe de 25 de febrero de 2022 labrado por la Oficial de Diligencias del Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal del “Distrito 7” de El Alto, la ahora accionante, en el mes de septiembre de 2021, en pleno conocimiento de la demanda de asistencia familiar instaurada en su contra, se apersonó a dicho Juzgado y solicitó fotocopias simples, no obstante, las mismas no le fueron otorgadas porque en ese momento no contaba con su cédula de identidad (Conclusión II.9.); no obstante, de manera posterior, específicamente el 16 de febrero de 2022, la accionante volvió a apersonarse al referido Juzgado, siendo esta vez citada con la liquidación de asistencia familiar que presentó Alcides Aduviri Poma el 10 de similar mes y año (Conclusión II.7.). El 21 de febrero de 2022, Rosalía Layme Calderón, interpuso incidente de nulidad de obrados, denunciando la vulneración de su derecho a la defensa, alegando que desconoce el domicilio donde fue practicada la diligencia de citación con la demanda de asistencia familiar (Conclusión II.8.). En mérito a ello, se emitió la Resolución 014/22-F de 8 de marzo, que rechazó el incidente de nulidad de citación, bajo los siguientes argumentos: 1) Haberse incumplido el plazo previsto en el art. 256 inc. b) del CFPF, puesto que la ahora accionante, al haber sido notificada de manera personal con la liquidación de asistencia familiar el 16 de febrero de 2022, debió interponer el incidente de nulidad en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación, es decir hasta el 18 de ese mes y año; no obstante, presentó el incidente el 21 de dicho mes y año, fuera del plazo previsto en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; 2) Por incumplimiento de la carga probatoria; 3) Debido a que la citación cumplió su finalidad, puesto que de otro modo, no se explica la comparecencia de la demandada en Secretaría del Juzgado; y, 4) Cualquier formalidad no puede prevalecer ante el derecho de asistencia familiar de niños menores de edad en situación de vulnerabilidad requieren su cumplimiento oportuno, no pudiendo postergarse por procedimiento o recurso alguno (Conclusión II.10.). En consecuencia, y habiéndose emitido en su contra conminatoria de pago de asistencia familiar, bajo advertencia de disponerse su apremio corporal (Conclusión II.10.); la ahora accionante, el 11 de marzo de 2022, interpuso recurso de apelación contra la Resolución 014/22-F señalando que su domicilio se encuentra en la calle Antonio Gonzales Bravo N° 1025 zona Villa Ingenio de El Alto y al no haber sido habida la numeración, correspondía su citación por Edicto (Conclusión II.12.). Finalmente, mediante Resolución 019/22-F de 14 de marzo, se rechazó el referido recurso de apelación, señalando que fue interpuesto de manera errónea, ya que la Resolución 014/22-F, al tratarse de un Auto Interlocutorio, que resolvió una cuestión accesoria que no corto el procedimiento ni puso fin al mismo, correspondía que contra la misma se interponga del recurso de reposición previsto en el art. 368 del CFPF, y no el recurso de apelación, que de acuerdo a los arts. 371 y 372.I del CFPF procede solamente contra Sentencias y Autos Definitivos, no así contra Autos Interlocutorios (Conclusión II.13.). En ese contexto, la accionante, a través de la presente acción de libertad denuncia la lesión de sus derechos constitucionales, en especial su derecho a la libertad, señalando que el Juez demandado, de manera indebida, sin tener facultades para ello, rechazó el recurso de apelación que presentó contra la Resolución 014/22-F. Sin embargo, al respecto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad excepcionalmente se rige por el principio de subsidiariedad, en los casos que existan “…mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido”, los cuales deben ser utilizados previamente por el o los afectados; entonces “la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”. En ese sentido, en el caso en análisis se advierte que, ante el reclamo de la accionante, de haberse rechazado su recurso de apelación de manera indebida, en el marco del art. 366 del CFPF, correspondía que la accionante presente el recurso de compulsa, que precisamente procede ante el rechazo del recurso de apelación o si el mismo es concedido en un efecto que no corresponde; si bien el Código de las Familias y del Proceso Familiar, no regula el trámite del recurso de casación, de manera supletoria se aplica el procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil, específicamente el trámite descrito en los arts. 279 y sgts. del CPC, que establecen que el recurso de casación debe interponerse en el plazo de tres días contados a partir de la fecha de notificación con la resolución correspondiente; no obstante, en el caso específico, se advierte que la accionante, habiendo sido notificada con la Resolución 019/22-F el 14 de marzo de 2022, debió presentar el recurso de compulsa hasta el 17 de ese mes y año, cumpliendo el referido plazo de tres días; sin embargo, dejó transcurrir ese término, pretendiendo subsanar su omisión con la presente acción de defensa, que fue presentada el 21 de dicho mes y año; en ese marco, la accionante, no consideró que esta acción tutelar, no fue prevista para subsanar omisiones procesales, incumplimiento o indebida aplicación normativa; asimismo, a través de esta acción de defensa tampoco pueden asumirse competencias que le corresponden a la jurisdicción ordinaria, tal es así que por medio de esta acción, no puede establecerse de manera directa si fue correcto o incorrecto el rechazo al recurso de apelación -que presentó la accionante contra la Resolución 019/22-F-, por supuestamente haber sido interpuesto de manera errónea o equivocada. Por consiguiente, siendo que la accionante, existiendo normas expresas que prevén mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de los derechos fundamentales que reclama, esta no agotó los mismos de manera previa a acudir a esta acción tutelar, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 22 de marzo, cursante de fs. 60 a 62 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0717_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): dd18ef6667cb98c3fad2e406b815b8b9d94095e51369a1e7d69cf9f815b86bab
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