B.IA.LEGAL

SCP 0716/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 26 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
26 de julio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
48179-2022-97-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la maternidad segura, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la salud y a la familia; toda vez que, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha a través del Jefe de RR.HH. de ese ente edil emitió el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22 de 9 de marzo de 2022, a través del cual le cambiaron las funciones de Jefa de Unidad de Fiscalización a Técnico Inspector Tributario de dicha entidad municipal, sin tomar en cuenta que se encontraba en estado de gestación de 16.5 semanas; por lo que, al amparo del art. 2 del DS 012, gozaba de la garantía de inamovilidad laboral, no pudiendo ser afectada en su nivel salarial ni ubicada en otro puesto laboral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 070/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 42 a 45, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, dejando sin efecto el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22 de 9 de marzo, debiendo el Jefe de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, restituir a la impetrante de tutela al cargo y nivel salarial que fungía antes de ser removida hasta que el niño o niña cumpla el año de edad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Inamovilidad laboral de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad
  2. III.2. Clasificación de los servidores públicos
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0716/2023-S2 Sucre, 26 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 48179-2022-97-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 070/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 42 a 45, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Clariza Pegguy Espejo Esquivel contra Benito Rafael Marca Condori, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante a fs. 1 y 18 a 32, la accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de octubre de 2018, fue designada mediante Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/002/18 como Jefa de Unidad de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha del departamento de La Paz, cargo que desempeño con total responsabilidad; sin embargo, el Director de Recaudaciones de dicho ente edil, advirtiendo su estado de gestación, empezó a ejercer actitudes hostiles y atentatorias a su salud tanto física como psicológica; entre ellas, la asignación de tareas arbitrarias que implicaban afectación a su situación de embarazo, como la instrucción de ser parte de operativos que involucraban recorridos extenuantes dispuestos a partir de la Orden de Servicio GAMV/SMAF/DATM/ 02/2022 de 7 de marzo; asignación de trabajos que no le correspondería en el marco de sus funciones propias, siendo la única finalidad de cansarla y provocar su renuncia.

En tal circunstancia, el Jefe de la Unidad de RR.HH. de esa institución municipal, emitió el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22 de 9 de marzo de 2022; por el cual, la removieron de funciones; es decir, la cambiaron a Técnico Inspector Tributario de dicho Gobierno Autónomo Municipal; documento que se generó con base en un simple escrito de petición de rotación; por lo que, presentó diferentes notas a fin que el Jefe de dicha Unidad reconsidere su determinación; primera, acompañó los descargos ante las observaciones efectuadas respecto a su desempeño laboral; y, la segunda, informando sobre su estado de gestación de 16.5 semanas, además de solicitar su inmovilidad laboral que por derecho le corresponde; y, tercera, detalló la jurisprudencia constitucional que brinda protección de los derechos a una madre gestante; sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, ninguna obtuvo respuesta; pues, le indicaron de forma verbal que serán atendidas en su momento, sin considerar que de acuerdo al Certificado Médico de 16 de marzo de 2022, emitido por Miriam Ortega Segovia, médico cirujano de Centro Integral de Medicina Familiar (CIMFA) de Viacha de la Caja Nacional de Salud (CNS) recomendó que su persona no debía someterse a esfuerzos físicos ni emocionales, ni realizar viajes. Conforme su carnet de control prenatal, su estado de gestación comenzó en noviembre de 2021; por tal razón, le asiste la garantía de inamovilidad laboral; lo que implica que, no puede ser afectado en su nivel salarial ni ubicación de puesto de trabajo; sin embargo, al haber sido objeto de cambio de funciones, se transgredió su derecho a la inamovilidad laboral, contraviniendo flagrantemente el Decreto Supremo (DS) 012 de 19 de febrero de 2009, afectando de manera directa la vida y salud del nuevo ser.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la maternidad segura, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la salud y a la familia; citando al efecto los arts. 45.V, 48.VI y 62 de la Constitución Política del Estado (CPE); 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 12.2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 7 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22, suscrito por el Jefe de la Unidad de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha -demandado-, debiendo restituirla como Jefa de Unidad de Fiscalización con el nivel salarial que corresponde a dicho cargo; b) Como se generó una reducción su nivel salarial de marzo de 2022, sea restituido el mismo; y, c) Exhortar al nombrado y por ende a los demás funcionarios de dicha institución cesen cualquier acto de discriminación y violencia psicológica y laboral que vienen ejerciendo sobre su persona, las cuales implícitamente afectan su salud y el desarrollo de su bebe.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 35 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y ampliándolos manifestó que: 1) El 7 de marzo de 2022, le instruyeron a través de la Orden de Servicio GAMV/SMAF/DATM/02/2022, realizar trabajos de campo de forma intempestiva; ante ello, presentó nota solicitando consideración debido a su estado de gestación; sin embargo, el Director de Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, solicitó la rotación de personal considerando que existía falta de compromiso de su parte, sin tomar en cuenta su estado embarazo; 2) El acto lesivo constituye el memorándum por el cual la designaron en el cargo de Técnico Inspector Tributario, cuando ejercía el de Jefa de la Unidad de Fiscalización del citado ente edil; por lo que, presentó diversas notas adjuntando pruebas de descargo sobre las presuntas observaciones, pidiendo se tome en cuenta su inamovilidad laboral y reiteró respuestas a sus solicitudes que “hasta la fecha” no fueron respondidas; 3) El cambio de funciones repercutió directamente en el pago que percibía; ya que, como Jefa de dicha Unidad ganaba Bs5 570.- (cinco mil quinientos setenta bolivianos), en tanto que el salario como Técnico Inspector Tributario es de Bs3 000.- (tres mil bolivianos), función ligada a un trabajo de campo que no era lo más adecuado en el estado de gestación que se encuentra, constituyendo hechos que lesionaron sus derechos a la inamovilidad laboral y a la vida consagrados y protegidos por convenios internacionales; así como, el DS 012, que de forma taxativa señala que la madre, padre y progenitores sea cual fuera su estado civil, gozaran de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo.

I.2.2. Informe del demandado

Benito Rafael Marca Condori, Jefe de la Unidad de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, en audiencia de garantías manifestó que: i) La impetrante de tutela hizo alusión a sus derechos laborales; sin embargo, de acuerdo al memorándum y la condición del referido Gobierno Autónomo Municipal, ella sería una funcionaria pública; por lo que, corresponde su tratamiento a través de la superintendencia civil para estar agotada la vía y no acudir directamente a la presente acción de defensa; ii) El art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece la improcedencia de la acción tutelar por actos consentidos; pues, la impetrante de tutela, mediante nota de 7 de abril de 2022, solicitó su incorporación al subsidio prenatal; toda vez que, cumplía con todos los requisitos como la certificación prenatal de la CNS, certificado médico y cédula de identidad e indicó que sería Técnico Inspector Tributario, aceptando dicha condición laboral; hecho que se configura como un acto consentido libremente expresado, correspondiendo declarar la improcedencia de este mecanismo constitucional; iii) El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha se rige por la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, por la cual ingresaron al ámbito de la Ley General de Trabajo; así, el art. 1 párrafo segundo señala: “…se exceptúa a los servidores públicos y a las servidoras publicas electos de libre nombramiento así como quienes en la estructura de cargos del Gobierno Autónomo Municipal ocupan cargos de dirección, secretarias generales y ejecutivas, jefatura, asesor y profesionales” (sic); de igual forma, el Reglamento Interno de Personal indica que entre el cuarto y octavo nivel comprende al personal de planta; sin embargo, en ese ente municipal los asesores y directores corresponden a personal de libre nombramiento y de confianza, la accionante ocupaba el cargo de Jefa de Unidad de Fiscalización hasta el 9 de marzo de 2022; es decir, un cargo de libre nombramiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), que tiene la facultad de disponer la remoción de personal con un simple agradecimiento de funciones; y, iv) Lo que debería debatirse son los derechos del ser en gestación y los beneficios de asistencia, no así la situación de la impetrante de tutela que es funcionaria de libre nombramiento; ya que, nunca fue desvinculada de su fuente laboral; si bien, existió agradecimiento de sus servicios en lo que corresponde al cargo de confianza; sin embargo, precautelando la vida del menor se la reasignó a una nueva función como Técnico Inspector Tributario, habiendo aceptado dicho cargo al presentar la nota para su incorporación al beneficio prenatal y el seguro correspondiente.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Napoleón Félix Yahuasi Mamani, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha no presentó escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia virtual de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 34.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 070/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 42 a 45, concedió la tutela solicitada, por haberse evidenciado que con la emisión del Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22, se afectó los derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral que asiste a la impetrante de tutela, disponiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha proceda a su restitución al cargo de Jefa de Unidad de Fiscalización u otro de similar naturaleza y con la misma percepción salarial; y, denegó la tutela en relación a los derecho a la vida y la salud; además, sin lugar a la restitución de salarios; toda vez que, entre marzo de 2022 y la “presente fecha” -si bien se presentaron notas el 9 y 16 de igual mes y año, - no se advirtió el transcurrido de un tiempo exagerado que hubiese afectado el derecho al salario; con base en los siguientes fundamentos; a) El hecho de que la impetrante de tutela haya generado la suscripción o incorporado como beneficiaria del subsidio prenatal o de manera posterior el cobro de salario al cargo de Técnico Inspector Tributario; por sí mismo, no generó que se hubiese consentido la determinación adoptada en el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22; b) Respecto a que la peticionante de tutela no anunció con anterioridad el estado de gestación en el que se encontraba, y que su solicitud de 9 de marzo de 2022, fue de manera posterior a la notificación con el referido Memorándum, no es necesario el anuncio previo del estado de gestación al empleador, aspecto que fue modulado por el Tribunal Constitucional Plurinacional y ello no puede ser considerado como un presupuesto de admisibilidad para gozar de un derecho fundamental reconocido por la Norma Suprema; c) En el marco del Estatuto del Funcionario Público, la accionante, como servidora pública de libre nombramiento y de confianza de la MAE no cuenta con las facultades para cuestionar o impugnar las determinaciones vinculadas a su retiro, remoción o a la incorporación de la cual pueda ser objeto; d) No obstante lo anterior, la situación de embarazo coloca a la impetrante de tutela en una situación diferente, la cual fue plenamente verificada como un certificado médico; lo que, cambia su condición de servidora pública de libre nombramiento a la garantía de derecho que se encuentra reconocido por el art. 48.VI de la CPE; y, e) La inamovilidad laboral importa precisamente, no poder ser removido de su puesto de trabajo ni desmejorado en cuanto a su nivel salarial hasta que la hija o hijo nacido cumpla el año de edad; en consecuencia, cuando la entidad demandada emitió el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22, de cambio de funciones y dispuso que la accionante pase a ser Técnico Inspector Tributario, implicó una reducción en el salario de Bs5 570.- que percibía la prenombrada como Jefa de Unidad de Fiscalización a Bs3 000.-; lo que, implicó la restricción del derecho a la inamovilidad laboral que le asiste; concluyendo que el citado Memorándum se traduce en un acto de carácter indebido; puesto que, el mismo día en que la aludida hizo conocer su condición de embarazo y reiterado días después, se entendió que la entidad demandada si tuvo conocimiento de la situación que venía atravesando, contando con el tiempo prudente para analizar y readecuar la decisión; al no haber efectuado dicha labor, pese a las solicitudes de la impetrante de tutela, se afectó y restringió los derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral. En la vía de complementación, la solicitante de tutela a través de su abogado pidió exhortar al Jefe de la Unidad de RR.HH. y funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, el cese de actos hostiles y en el marco del art. 15.3 -no refirió norma alguna-, prevenir eliminar y sancionar la violencia de genero. En sustanciación y resolución, la referida Sala Constitucional, como consecuencia de la tutela otorgada, en el marco de los arts. 13 y 14 de la CPE, exhortó a la MAE y al Jefe de la Unidad RR.HH. del referido ente municipal, evitar la realización de actos que impliquen hostigamiento y acoso laboral contra la impetrante de tutela.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/002/18 de 1 de octubre de 2018, Silvio Rojas Condori, Jefe de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha designó a Clariza Pegguy Espejo Esquivel -impetrante tutela- como Jefa de Unidad de Fiscalización del dicho ente edil (fs. 2). II.2. Mediante Orden de Servicio GAMV/SMAF/DATM/ 02/2022 de 7 de marzo, Raúl Héctor Alanoca Mamani, Director de Administración Tributaria Municipal de dicho ente municipal, instruyó a la solicitante de tutela y otros, a realizar “…el operativo previo a FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS…” (sic), identificadas en el sector de “Seque Churo”, previniendo a tomar los recaudos correspondientes, considerando que se trata de un trabajo de campo (fs. 3). II.3. A través de la Nota CITE: GAMV/SMAF/DATM/JUFCC/005/2022 de 7 de marzo, la accionante informó al mencionado Director su estado de gestación delicado y que por recomendaciones médicas no podía realizar esfuerzos ni caminatas largas, pidiendo autorización para no formar parte del supra señalado operativo (fs. 4). II.4. Por Nota GAMV/SMAF/DATM//033/2022 de 8 de marzo, el citado Director, solicitó al Jefe de RR.HH. del referido ente municipal, la rotación de personal: “Considerando la falta de compromiso de la Jefatura de la Unidad de Fiscalización y su estado de salud, y que los operativos y procesos de fiscalización deben continuar, solicitó se realice la rotación del cargo. Nombrando como Jefa de la Unidad de Fiscalización a la Licenciada Patricia Chipana que tiene gran conocimiento y trayectoria tributaria, y ubicando la Licenciada Clariza Esquivel en el puesto de Técnico Fiscalizador” (sic [fs. 5]). II.5. Mediante Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22 de 9 de marzo de 2022, el aludido Jefe de RR.HH. del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha -demandado-, comunicó a la peticionante de tutela el cambio de funciones al cargo de Técnico Inspector Tributario (fs. 6). II.6. A través de la Nota CITE: GAMV/SMAF/DATM/006/2022 de 9 de marzo, la impetrante de tutela solicitó a la mencionada autoridad, inamovilidad laboral e informó su estado de gestación de 16.5 semanas, amparando su petitorio en el art. 2 del DS 012 (fs. 9).

II.7. Por memorial presentado el de 16 de marzo de 2022, ante el aludido Jefe de RR.HH., la accionante reiteró reconsiderar el cambio de funciones contenida en el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/ 006/22, impetrando que el mismo sea dejado sin efecto y restituida a sus funciones de Jefe Unidad de Fiscalización (fs. 10 a 11). II.8. Mediante Certificado Médico de 16 de marzo de 2022, Miriam Ortega Segovia, médico cirujano de la CNS, acreditó que: “…ESPEJO ESQUIVEL CLARIZA PEGGUY de 39 años de edad con C.I. 6087149 LP.

Cursa con los siguientes diagnósticos en base a atención Médica prenatal de fecha 07 de marzo de 2022 en el CIMFA DE VIACHA CAJA NACIONAL DE SALUD:

1.- EMBARAZO DE 16.3 SEMANAS DE GESTACIÓN X FUM” (sic [fs. 17]). II.9. Constan boletas de pago de salarios, documentando que la impetrante de tutela percibía en calidad de Jefe de Unidad de Fiscalización del citado Gobierno Autónomo Municipal, el haber básico de Bs5 570.-; y, en función de Técnico Inspector Tributario del citado ente municipal el de Bs3 000.- (fs. 12 a 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la maternidad segura, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la salud y a la familia; toda vez que, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha a través del Jefe de RR.HH. de ese ente edil emitió el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22 de 9 de marzo de 2022, a través del cual le cambiaron las funciones de Jefa de Unidad de Fiscalización a Técnico Inspector Tributario de dicha entidad municipal, sin tomar en cuenta que se encontraba en estado de gestación de 16.5 semanas; por lo que, al amparo del art. 2 del DS 012, gozaba de la garantía de inamovilidad laboral, no pudiendo ser afectada en su nivel salarial ni ubicada en otro puesto laboral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela

III.1. Inamovilidad laboral de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad

Al respecto, la SCP 0634/2020-S2 de 9 de noviembre, asumiendo el entendimiento de la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, sostuvo que: [En el nuevo orden constitucional, el Estado «…reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral» (art. 62 de la CPE); además, protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones (art. 64.II de la CPE). Asimismo, la Constitución Política del Estado, con el fin de otorgar protección al trabajador o trabajadora, incorporó los principios del Derecho Laboral, así el art. 48.II de la CPE, estableció que: «Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador». La SCP 1508/2012 de 24 de septiembre, refirió que: «En ese orden el art. 4 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, ratificó la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral y en especial: i) El principio protector en base a las reglas del in dubio pro operario y de la condición más beneficiosa; ii) Principio de la continuidad de la relación laboral; iii) Principio intervencionista; iv) Principio de la primacía de la realidad; y, v) Principio de no discriminación, sin ser excluyentes de los ya establecidos anteriormente o que pudieran surgir con posterioridad». La SCP 0076/2012 de 12 de abril, estableció que: «En función a los referidos mandatos constitucionales, a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, en sus arts. 1 y 2, se desarrolló que la madre y el padre progenitores que presten funciones en el sector público o privado, no pueden ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad; normativa que se sustenta además en valores y otros derechos fundamentales, como el derecho a una fuente laboral estable y en el deber que tiene el Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, en la atención de los servicios públicos y privados». El Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto de la inamovilidad laboral de los progenitores, hasta que las hijas o los hijos cumplan un año de edad, a través de la SCP 0272/2012 de 4 de junio, determinó que: «La protección de los progenitores se encuentra prevista en el art. 48.VI de la CPE, que garantiza su inamovilidad laboral, conforme al siguiente texto: “Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (…). En ese sentido, la jurisprudencia constitucional plurinacional se ha pronunciado a través de la SCP 0086/2012 de 16 de abril, señalando: “…el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: ‘a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y, c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija’ (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle. Precisamente, con dicha finalidad y tomando en cuenta los aspectos antes referidos, además del deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados-, es que a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, se estableció que: ‘I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral’.

En ese orden de ideas, resulta incuestionable que se faculta a la madre en estado de gestación y lactancia, como al progenitor varón, -cuando la hija o hijo fueran menores al año de edad-, el acudir directamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en resguardo de su derecho a la inamovilidad, en el caso que se hubiera incumplido la previsión constitucional de resguardo a su estabilidad laboral. Inclusive, admitiéndose el interponer acciones de defensa de este derecho ante esta jurisdicción y conforme a los términos descritos en el artículo de referencia”. En los casos en que la trabajadora o el trabajador, sujetos a protección laboral por su estado de embarazo o de progenitor, respectivamente, que hubiesen incurrido en una causal de despido justificado y/o falta disciplinaria en su fuente de trabajo, que amerite sanción de destitución previo proceso, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la sanción de despido impuesta a la mujer embarazada trabajadora o al progenitor trabajador, debe ser diferida, hasta el año del nacimiento del hijo o de la hija, en protección fundamentalmente, a los derechos de éstos últimos. Así, la referida Sentencia, se pronunció en los siguientes términos: “En remisión al art. 48.VI de la CPE, citado en el Fundamento Jurídico que precede, queda claro que la mujer en estado de gestación o lactancia, no puede ser removida de su puesto de trabajo hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; previsión constitucional que versa sobre la protección de la maternidad por parte del Estado, que es extensible al progenitor varón a efectos de precautelar el derecho a la vida, la salud y a la seguridad social, tanto de la madre como del recién nacido desde el momento de su concepción. Así, debe entenderse por el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, cuando en aquellos casos en los que ambos -madre y progenitor- hubieran sido sometidos a proceso administrativo, disciplinario y/o determinado su destitución -por incurrir en contravención al ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria- dicha sanción deberá postergarse en tanto su hijo o hija cumpla un año de edad (Con similar intelecto, la SC 1330/2010-R de 20 de septiembre). De lo que se concluye que, la inamovilidad laboral de la que gozan la mujer embarazada y en estado de lactancia, como el progenitor varón, implica que cualquier sanción a imponérsele, la destitución u otra que afecte sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales o los del nuevo ser, debe posponerse a efectos de garantizar y precautelar los derechos de carácter primario (salud, vida, seguridad social) que pudieran ser vulnerados de forma irreparable e irremediable”. Del mismo modo, la SC 0434/2010-R de 28 de junio, cuyo contenido ilustra: La Ley 975 de 2 de marzo de 1988, referida a la inamovilidad funcionaria, en su art. primero señala que: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”, (…).

(…) recientemente (…) ha sido extendida hacia el padre del menor hasta que su hija o hijo cumpla un año, medida progresiva que como no podía ser de otra manera amplía el campo de protección al futuro capital humano del Estado Plurinacional, que fue positivado con la promulgación del DS 0012 de 19 de febrero, que en su art. 2 señala: “(INAMOVILIDAD LABORAL). La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”. Entonces, la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger» (así también la SCP 1903/2012 de 12 de octubre)] (el resaltado nos pertenece).

III.2. Clasificación de los servidores públicos

Al respecto, la SCP 0509/2015-S1 de 22 de mayo, estableció que: “… el art. 13 del DS 26115 determina: ‘Los procedimientos para la clasificación y valoración de puestos en las entidades de la Administración Pública, serán determinados en su Reglamento Específico, en el marco de las directrices emitidas por el Servicio Nacional de Administración de Personal. I. Clasificación La clasificación de puestos es el ordenamiento de éstos en categorías, considerando su jerarquía dentro de la estructura organizacional de la entidad. Los puestos se clasificarán en las siguientes categorías: a) Superior, comprende puestos que se encuentran en la cúspide de una entidad y son responsables de su conducción. Esta categoría está conformada por el primer y segundo nivel de puestos de la entidad. En esta categoría se encuentran los funcionarios electos y designados, señalados en el Estatuto del Funcionario Público. b) Ejecutivo, comprende puestos cabeza de áreas y unidades organizacionales dependientes de puestos superiores. Esta categoría está conformada por el tercer y cuarto nivel de puestos de la entidad.

En el tercer nivel se encuentran los funcionarios de libre nombramiento. El cuarto nivel corresponde al máximo nivel de la carrera administrativa establecida en la Ley del Estatuto del Funcionario Público y su reglamento. c) Operativo, comprende puestos que desarrollan funciones especializadas, dependiendo de puestos superiores o ejecutivos. Está conformada desde el quinto al octavo nivel de puestos de la entidad. En esta categoría se encuentran los funcionarios de carrera administrativa y comprende los niveles de profesional, técnico-administrativo, auxiliar y de servicios, en forma descendente. Los funcionarios de libre nombramiento ocuparán solamente puestos con funciones administrativas de confianza y asesoramiento especializado y técnico, a los puestos de la categoría superior de una entidad. El Ministerio de Hacienda anualmente determinará las directrices para su contratación conforme a las disposiciones emitidas por el Servicio Nacional de Administración de Personal. En ningún caso el número de asesores por área excederá a la mitad de las unidades bajo directa dependencia de ésta, a excepción de los que estén señalados por disposición legal expresa, homologada por el Ministerio de Hacienda. En cada categoría, los puestos se agruparán en niveles (clases) constituidos por puestos de naturaleza similar diferenciados por el grado de complejidad de las actividades asignadas. El procedimiento de clasificación de puestos deberá servir como herramienta para el saneamiento de la estructura de puestos de cada entidad, creando, siempre que sea posible el menor número de niveles de puestos’. De la normativa anotada precedentemente, se establece que los servidores públicos se diferencian en servidores de carrera administrativa que son los que ingresaron y continúan en la administración pública, mediante un proceso de reclutamiento y selección, conforme a los requerimientos de la carrera administrativa; y los elegidos por voto universal o de libre designación, los servidores por votación son aquellos que realizan ciertas funciones de dirección y alta gestión institucional por un determinado tiempo; los servidores de libre designación, son aquellos que son nombrados por quien fue elegido de manera democrática y cuya naturaleza es la flexibilidad, debido al nivel ejecutivo estratégico en el cual fueron designados para la realización y cumplimiento de los fines y funciones del Estado en sus diferentes niveles.

En ese sentido, los servidores públicos que son libremente designados que ocupan cargos de nivel ejecutivo u operativo estratégico en la institución, que realizan funciones de dirección y coordinación con las autoridades elegidas por voto popular, no resulta aplicable la inamovilidad laboral, por tratarse de servidores que en función a libre potestad de la autoridad electa podrá ser removida de su cargo en cualquier momento justamente por la actividad institucional y para el cumplimiento de los fines del Estado en sus distintos niveles; pero no significa la negación de parte del Estado con relación a la asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. Sobre el particular, la SCP 0076/2012 de 12 de abril señaló: ‘…el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados (art. 60 de la CPE)”’ (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

Expuesto el marco jurisprudencial para el examen del presente caso, de la relación de los antecedentes y conclusiones arribadas en esta acción de amparo constitucional se tiene que, mediante Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/002/18 de 1 de octubre de 2018; Clariza Pegguy Espejo Esquivel -impetrante de tutela- fue designada como Jefe de Unidad de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha (Conclusión II.1); posteriormente, a través de la Orden de Servicio GAMV/SMAF/DATM/ 02/2022 de 7 de marzo, el Director de Administración Tributaria del citado ente municipal, instruyó a la solicitante de tutela y otros, a realizar “…el operativo previo a FISCALIZACION DE EMPRESAS…” (sic), identificadas en el sector de “Seque Churo”, previniendo a tomar los recaudos correspondientes, considerando que se trata de un trabajo de campo (Conclusión II.2); en virtud a ello, mediante Nota CITE: GAMV/SMAF/DATM/JUFCC/005/2022 de la mencionada fecha, la accionante solicitó al aludido Director considerar su situación de salud, dando a conocer que se encontraba en estado de gestación delicado y por recomendaciones médicas no podía realizar esfuerzos ni caminatas largas, pidiendo autorización para no formar parte de dicho operativo (Conclusión II.3); no obstante, dicha autoridad administrativa, por Nota GAMV/SMAF/DATM//033/2022 de 8 de marzo, solicitó a Benito Rafael Marca Condori, Jefe de RR.HH. del citado Gobierno Autónomo Municipal, rotación de personal “Considerando la falta de compromiso de la Jefatura de la Unidad de Fiscalización y su estado de salud, y que los operativos y procesos de fiscalización deben continuar, solicitó se realice la rotación del cargo. Nombrando como Jefa de la Unidad de Fiscalización a la Licenciada Patricia Chipana que tiene gran conocimiento y trayectoria tributaria, y ubicando la Licenciada Clariza Esquivel en el puesto de Técnico Fiscalizador” (sic [Conclusión II.4]). Como consecuencia de dicha solicitud, mediante Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22 de 9 de marzo de 2022, el demandado comunicó a la impetrante de tutela el cambio de funciones, designándola en el cargo de Técnico Inspector Tributario (Conclusión II.5); provocando que la prenombrada a través de la Nota CITE: GAMV/SMAF/DATM/006/2022 de igual fecha, solicite al nombrado su inamovilidad laboral, informando su estado de gestación de 16.5 semanas, amparando su petitorio en el art. 2 del DS 012 (Conclusión II.6); finalmente, a través del memorial de 15 de marzo de 2022, la accionante reiteró se reconsidere el cambio de funciones contenida en el señalado Memorándum, y que el mismo sea dejado sin efecto, restituyéndola a sus funciones de Jefe de Unidad de Fiscalización (Conclusión II.7).

Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, se tiene que por Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/002/18, la accionante fue designada en el cargo de Jefa de Unidad de Fiscalización del referido Gobierno Autónomo Municipal; no obstante, se encontraría bajo dependencia de la Dirección de Administración Tributaria Municipal; acorde a la Orden de Servicio GAMV/SMAF/DATM/02/2022, y según la clasificación contenida en el art. 13.I inc. c) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP) aprobado mediante DS 26115 de 16 de marzo de 2001, constituye en una servidora operativa que realiza funciones bajo dependencia de un cargo ejecutivo; entendiendo de dicha referencia que como funcionaria provisoria no goza del derecho a la estabilidad laboral; por ello, es susceptible de ser removida de forma discrecional en un cargo. Precisado lo anterior, a través de este mecanismo de defensa, la impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la maternidad segura, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la salud y a la familia; puesto que, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha a través del Jefe de RR.HH. emitió el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22, a través del cual dispuso el cambio de funciones de Jefe de Unidad de Fiscalización a Técnico Inspector Tributario, sin tomar en cuenta que se encontraba en estado de gestación de 16.5 semanas; por lo que, al amparo del art. 2 del DS 012 gozaba de inamovilidad laboral, no pudiendo ser afectada en su nivel salarial, ni cambiada a otro puesto laboral. En la especie, conforme los antecedentes esgrimidos en la presente causa, la impetrante de tutela acreditó haber fungido el cargo de Jefa de Unidad de Fiscalización del citado ente municipal conforme se tiene del Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/002/18 (Conclusión II.1); posteriormente, fue removida de dichas funciones al cargo de Técnico Inspector Tributario (Conclusión II.5); teniéndose que en virtud a la transición referida, ciertamente se afectó el nivel salarial de la prenombrada (Conclusión II.9); en tal circunstancia, conforme se tiene manifestado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el art. 48.VI de la CPE garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación y de los progenitores: “…independientemente de que /se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción (…) no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo” (énfasis y subrayado añadidos [SCP 0198/2013]); precedente jurisprudencial que se ajusta al caso en cuestión; pues, a tiempo de emitirse el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22, de cambio de funciones, evidentemente la accionante se encontraba con un embarazo de 16.3 semanas de gestación (Conclusión II.8); al respecto, si bien la autoridad demandada señaló que la nombrada no extendió certificado alguno respecto a dicha situación; cabe aclarar que sobre tal condición de embarazo, no se requiere el previo aviso a la o el empleador, al no ser un requisito ni condición exigible para la protección de inamovilidad y demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado; en ese sentido, dados los antecedentes esgrimidos supra, con el fin de precautelar y garantizar los derechos de la madre gestante, corresponde dejar sin efecto el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22, emitido por el demandado debiendo este mantener el cargo y nivel salarial de la solicitante de tutela hasta que el niño o niña cumpla el año de edad; siendo la finalidad garantizar el ejercicio de otros derechos como la vida, la dignidad humana, la igualdad, la alimentación, la vivienda y la educación, entre otros, que pudieran ser vulnerados de forma irreparable e irremediable. Finalmente, la accionante en su petitorio y vía complementación, solicitó exhortar al Jefe de RR.HH. y funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, el cese de cualquier acto de discriminación y violencia psicológica y laboral que ejercen en su contra, afectando implícitamente su salud; en relación a ello, cabe precisar que las mujeres y los hombres tienen iguales derechos, oportunidades y capacidades para participar en todo ámbito, en particular en el laboral; bajo ese marco, el preámbulo de la Constitución Política del Estado prescribe que, el Estado Plurinacional de Bolivia se constituye en un Estado basado en la igualdad entre todos, con principios de dignidad, complementariedad y solidaridad, entre otros; de igual manera, el art. 8 de la Norma Suprema asume y promueve como principios ético morales de unidad, la igualdad, inclusión e igualdad de oportunidades, máximas que determinan los fines esenciales del Estado, dentro de los que acentúan la construcción de una sociedad justa y sin discriminación que garantice el bienestar, desarrollo, seguridad, protección e igualdad y dignidad de las personas, fomentando el respeto mutuo; en consonancia con lo señalado, el art. 14.II de la CPE, estatuye: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (negrilla añadida); preceptos que en el marco de la convivencia pacífica deben ser observados en todo ámbito de la sociedad, para “vivir bien”; en tal sentido, de los antecedentes glosados a la presente acción de defensa, cursa Nota CITE: GAMV/SMAF/DATM//033/2022, advirtiendo en su tenor que, la autoridad demandada solicitó al Director de Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha la rotación de personal, alegando falta de compromiso de la Jefe de Unidad de Fiscalización debido a su estado de salud; al respecto, este Tribunal denota en dicha actuación un alto contenido discriminatorio, si bien las mujeres durante el embarazo ciertamente requieren un cuidado significativo que no exija un esfuerzo considerable, aquello no implica que una funcionaria en estado de gestación no pueda cumplir una actividad laboral; pues, el empleador debe acomodar la limitación conocida de un trabajador relacionada con el embarazo, el parto o condiciones médicas, en ausencia de dificultades excesivas; por lo que, se exhorta a la autoridad demandada evitar actos que conlleven actos de discriminación, violencia psicológica y laboral contra la impetrante de tutela, y de ocurrir aquello, se encuentra facultada de asumir las acciones que correspondan por ley. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 070/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 42 a 45, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela impetrada, dejando sin efecto el Memorándum GAMV/SMAF/DAD/JRH/CF/006/22 de 9 de marzo, debiendo el Jefe de Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, restituir a la impetrante de tutela al cargo y nivel salarial que fungía antes de ser removida hasta que el niño o niña cumpla el año de edad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0716_2023-S2.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3887b90ca3b75739a8ba6817136e68da7b5a59afd5943d549b9d6f9c5eacb95d

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