Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de julio de 2025
Concede la tutela
El impetrante de tutela denunció la vulneración del derecho a la igualdad de partes, al debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba, motivación y congruencia, a la defensa, a la libre locomoción; y, los principios de legalidad, verdad material, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; en razón a que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a instancia de parte, por la presunta violación de infante, niña, niño o adolescente, este solicitó la cesación de la detención preventiva, ya que el único motivo para aplicar dicha medida cautelar era el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP; esta petición fue presentada en dos oportunidades; motivo por el cual, ante el rechazo de la primera, su defensa, subsanando las observaciones realizadas, presentó el Informe Psicológico DDRP-BENI-INF/PSI 225/02 de 1 de octubre de 2022, para enervar el precitado riesgo. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 028/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 141 a 146 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispositivos de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0715/2025-S3 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55714-2023-112-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 028/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 141 a 146 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cleiton Urresti Pinto contra Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni.
Por memorial presentado el 30 de marzo de 2023, cursantes de fs. 31 a 39, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público a instancia de parte, por la presunta comisión del delito de violación, sostiene que presentó un informe psicológico DDRP-BENI-INF/PSI 225/02 de 1 de octubre de 2022, a fin de desvirtuar el peligro procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), además de que no constituía un peligro para la víctima, su familia y la sociedad, y que no concurría el trastorno de peligrosidad, o una supuesta reincidencia, solicitando la cesación de la detención preventiva; empero, en audiencia de 12 del mismo mes y año el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento del Beni, cuestionó dicha pericia por no demostrarse la idoneidad del psicólogo, y que dicha pericia o se solicitó con requerimiento fiscal u orden judicial; por lo que, mediante Resolución de 12 de octubre, se ratificó la detención preventiva.
Por ello, se subsanaron tales observaciones, conforme a lo establecido por los arts. 204 y 205 del CPP. El 15 de noviembre de 2022, el referido Tribunal de Sentencia concedió la cesación a la detención preventiva solicitada; sin embargo, al finalizar la audiencia, el Ministerio Público apeló oralmente. La Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento dictó el Auto de Vista 68/2023 de 27 de marzo, revocando la decisión y disponiendo que se mantenga su detención preventiva. Dicha resolución excedió el marco de lo establecido por el art. 398 del Adjetivo Penal, al pronunciarse sobre aspectos que no fueron impugnados. Asimismo, la Vocal consideró una apelación escrita de la víctima que fue presentada fuera de audiencia, lo cual vulnera la igualdad de partes y el contenido del art. 404 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que exige la interposición oral del recurso de apelación. Esta acción rompe la igualdad procesal de las partes al incumplir lo determinado por el art. 398 del CPP, que establece que la competencia de los tribunales de alzada se circunscribe exclusivamente a los aspectos cuestionados en la resolución; por ende, al existir otros fundamentos extraños a la resolución de primera instancia, se vulnera el derecho a la defensa, ya que se admiten y valoran argumentos que no fueron expuestos ante el tribunal a quo. La indicada resolución ahora confutada resulta ser incongruente, basándose en la resolución primigenia, lo que atenta contra su derecho a la defensa al incumplir los arts. 204 y 205 del CPP. Esto constituye una falta de valoración de la prueba, especialmente cuando dicha autoridad afirma en la parte final que no cuenta con documentación, por lo que debió suspender la audiencia y solicitar que el tribunal a quo remita todas las piezas procesales para realizar la valoración correcta, pero no lo hizo. En todo caso, la obligación de remitir las actuaciones correspondientes a una apelación recae en el tribunal a quo y no en su persona. En cuanto a la observación de la pericia psicológica, que fue presentado por un funcionario del régimen penitenciario, mismo que tuviera alguna relación con su persona, se tiene que nadie realizó tales observaciones, por lo que tal argumento nace de la autoridad demandada, nuevamente incumpliendo lo determinado en el art. 398 del CPP, siendo tal presunción totalmente ilegal Denuncia además que la Vocal demandada también omitió hacer referencia a las certificaciones de buen comportamiento, al Registro judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y a la acreditación de domicilio, presentados de su parte, ignorando los principios de verdad material y seguridad jurídica del art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). De igual forma, la motivación del Auto de Vista 68/2023 introduce hechos ajenos al recurso y se limita a enunciar la supuesta vulnerabilidad de la víctima, contrariando los parámetros de razonabilidad y coherencia fijados por la SCP 1094/2016-S3 de 10 de octubre y SCP 2221/2012 de 8 de noviembre; este déficit de fundamentación, unido a la valoración fragmentaria de la prueba, configuraría violaciones al debido proceso, a la igualdad procesal y a la tutela judicial efectiva, reconocidos en la Ley Fundamental; por lo tanto, se hace uso de este recurso de defensa extraordinario a fin de garantizar la igualdad de partes, la verdad material y la seguridad jurídica.
Denunció la lesión de su derecho a la igualdad de partes, al debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba, motivación y congruencia; al derecho de defensa, al derecho a la libre locomoción; y a los principios de legalidad, verdad material, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115 y 117 de la CPE; el art. 8.2., inc. h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
El accionante solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 68/2023 de 27 de marzo, emitido por la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y, b) Disponga la emisión de un nuevo auto de vista conforme a los parámetros que determinen el fallo constitucional.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 135 a 140 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, expuso que: 1) No estaba obligado a presentar prueba alguna, pues no apeló la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Guayaramerín, sino que se limitó a defenderla; asimismo, dicha resolución se dictó con base en la prueba introducida, conforme al art. 239.1 del CPP. Añadió que los documentos producidos en la audiencia de cesación de 15 de noviembre de 2022, debieron estar disponibles para la Sala Penal en la audiencia virtual de 27 de marzo de 2023; sin embargo, la Vocal accionada instaló la diligencia sin verificar tales antecedentes, omitió valorarlos y dictó una resolución que vulneró el debido proceso y el acceso a la justicia; 2) La competencia del Tribunal de Alzada se encuentra delimitada por lo establecido por el art. 398 del CPP y por la jurisprudencia consolidada entre ella, el Auto Supremo 176/2015-RRC de 12 de marzo, la cual impone el deber de fundamentación; y, 3) Requirió la verificación de las actas de audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que se rechazó la cesación y la resolución quedó ejecutoriada, así como del Auto de Vista 68/2023, pues en dichos documentos se consolidó la vulneración denunciada.
Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia virtual de garantías, -no cursa notificación de la audiencia reprogramada en el expediente-.
Estela Vaca Alpire, a través de su abogada, en el desarrollo de la audiencia de garantías, señaló que: i) Lamenta la ausencia del informe de la Vocal demandada y calificó de contradictoria la argumentación del ahora accionante, quien sostuvo que no se habría valorado la prueba presentada contra la Resolución 16/2022 - Auto 113/2022, a pesar de que la defensa adjuntó como prueba principal la resolución primigenia; ii) La resolución primigenia identificó el peligro efectivo para la víctima, el cual se encuentra previsto en el art. 234.7 del CPP, y se realizó bajo un enfoque interseccional, por el que se consideró la doble vulnerabilidad de la niña -mujer y menor de once años-, su desventaja física y el entorno inseguro donde ocurrió la agresión denunciada; iii) La autoridad demandada valoró íntegramente tanto la resolución primigenia como la SCP “12/2021-S de febrero del 2021” (sic); calificando de falsa la denuncia por defectuosa valoración de la prueba y sostuvo que la resolución por la que se concedió la cesación a la detención preventiva resulta arbitraria y contraria al art. 60 de la CPE; iv) El informe psicológico invocado por la defensa carece de credibilidad, al no haber sido elaborado por perito certificado del IDIF, de modo que el referido informe no desvirtúa el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, ni cumple con lo determinado en el art. 239.1 del mismo cuerpo normativo; v) Aun antes de la Ley 1443, la SCP 0012/2021-S3 de 19 de febrero de 2021 ya establecía lineamientos de protección para menores víctimas de violación, por lo que resulta improcedente invocar retroactividad; y, vi) Sostiene que no se vulneró el derecho al debido proceso del sindicado, ahora accionante, y que dentro de la resolución confutada se valoró adecuadamente toda la prueba ofrecida por la víctima; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela puesto que la víctima es una niña de once años de edad.
La representante del Ministerio Público, en audiencia de garantías, expresó de forma oral que: a) Ante la interposición de la presente acción tutelar, es necesario identificar el contexto de la causa penal, la cual involucra a una menor de edad víctima del delito de violación infante, niña, niño o adolescente; b) El accionante denunció la vulneración del debido proceso en su vertiente de defectuosa valoración de la prueba; sin embargo, no tomó en cuenta la jurisprudencia sentada por la SCP 0805/2020-S4, que exige aportar elementos probatorios suficientes; asimismo, no individualizó las fojas de las documentales que pretende hacer valer a efectos de que las autoridades puedan considerar la vulneración de sus derechos, limitándose a mencionar que se remita el cuaderno de control jurisdiccional; c) La resolución impugnada, a consideración del Ministerio Público, no vulneró derecho alguno, pues el impetrante de tutela aludió de forma genérica a la supuesta lesión al derecho al debido proceso, sin explicar cómo se produjo tal vulneración ni qué perjuicio ocasionó; d) El principio pacta sunt servanda de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la solución amistosa “NZ vs Bolivia”, de 7 de noviembre de 2014 -párrs. 16 y 25-, compromete al Estado Plurinacional de Bolivia a capacitar a jueces y operadores de justicia con enfoque de género para evitar valoraciones probatorias sustentadas en estereotipos o perjuicios discriminatorios y que sean contrarios al orden constitucional vigente; por lo que, conforme a lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, solicitó que se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 028/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 141 a 146 vta., concedió la tutela y dispuso dejar sin efecto el Auto de Vista 68/2023; ordenando que la autoridad demandada o la Sala Penal de turno emita una nueva resolución conforme a los parámetros establecidos en este fallo; sin imposición de costas por ser excusable; dicha determinación se adoptó sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Con relación a la audiencia de cesación a la detención preventiva del 15 de noviembre de 2022, el actual juez a quo solo puede ser revisado por el Tribunal de Alzada, en este caso por los Vocales de la Sala Penal; el juez concluyó que se desvirtuó el riesgo de fuga determinado en el art. 234.7 del CPP, respecto del peligro efectivo para la sociedad, la víctima o el denunciante; el Ministerio Público presentó el recurso de apelación conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP; la apelación por parte de la víctima fue el 17 de noviembre de 2022; al respecto, no resulta cierto ni evidente que la víctima tenga que fundamentar su recurso de apelación en audiencia, siendo que la normativa penal procesal (art. 251 CPP) faculta a las partes a hacer uso del recurso de apelación, sea oral o escrito, dentro del plazo de 72 horas, por lo que no existe agravio alguno sobre este punto; 2) Respecto a la valoración de la prueba, se tiene que la Vocal demandada se refirió a la idoneidad del perito, lo que, de acuerdo con el art. 204 del CPP, tiene un momento procesal específico para tal cuestionamiento, cuando sus facultades solo le permiten pronunciarse sobre el acto de la cesación a la detención preventiva del 15 de noviembre de 2022; aparte de ello, se advierte que los argumentos de la Vocal son subjetivos, ya que menciona que la referida pericia hubiese sido presentada por un funcionario de régimen penitenciario, el cual tiene una relación con el acusado (ahora accionante), expresión que carece de coherencia y razonabilidad alguna; y, 3) Respecto a la fundamentación y motivación en cuanto al riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP, se tomaron en cuenta argumentos totalmente fuera de los considerados dentro de los recursos de apelación interpuestos por las partes, como se advirtió en líneas precedentes, lo que hace que dicha resolución sea incongruente y no otorga la razonabilidad suficiente del porqué la circunstancia alegada permite concluir que el acusado no enervó el riesgo procesal objeto de la cesación de la detención preventiva. Por ello, de la revisión del auto de vista cuestionado, se puede verificar de forma clara y precisa que este carece de una correcta valoración de la prueba, fundamentación y motivación en su decisión; por consiguiente, se concluye que la autoridad demandada no actuó de forma correcta, correspondiendo conceder la tutela impetrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Auto Interlocutorio 16/2022 de 15 de noviembre, a través del cual, el Tribunal de Sentencia Penal Priemro de Guayaramerín del departamento de Beni, declaró PROCEDENTE la solicitud de cesación de la detención preventiva, impetrada por Cleiton Urresti Pinto -ahora accionante-; determinando la aplicación de la detención domiciliaria, con vigilancia policial esporádica en el domicilio señalado; obligación de presentarse cada viernes de la semana ante el precitado Tribunal de Sentencia para suscribir el libro correspondiente; prohibición de salir del departamento; de concurrir a los lugares donde acude la víctima y testigos; prohibición de comunicarse con la víctima; Prohibición de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes; imposición de una fianza económica de Bs12 000.- (doce mil bolivianos). Tal determinación se dio sobre los siguientes fundamentos: i) La presunción de inocencia, se encuentra vinculada al debido proceso, y esta se conserva a durante todo el trámite del proceso, y en este caso en particular, el riesgo procesal atribuido al procesado es el ser un peligro para la víctima (art. 234.7 del CPP), sin embargo, tal riesgo procesal no poder ser tomado como una sentencia condenatoria anticipada; por lo que las medidas cautelares tienen características de excepcionalidad, instrumentalidad, proporcionalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, lo que implican que no tienen un carácter definitivo; extremo establecido por la jurisprudencia constitucional (SCP 0135/2013) y la CADH; ii) El acusado ha presentado documentación idónea, con relación al art. 234.7 del CPP, consistente en la pericia psicológica DDRP-BENI-INF/PSI 225/02, cuyo contenido y conclusión descartó riesgos hacia la víctima, desvirtuando el indicado riesgo procesal y que las observaciones realizadas por la Resolución 139/2022 de 11 de octubre, en cuanto a la legalidad de su obtención, a la fecha fueron subsanados; además que a la fecha (noviembre de 2022) han transcurrido más de seis meses desde que se impuso tal medida y no es posible mantener ese presupuesto latente en el tiempo; iii) Finalmente, con relación al memorial presentado por la representante de la víctima, se descartó la aplicación retroactiva de la Ley 1443 conforme al art. 123 de la CPE, y se reiteró que la libertad es la regla y su restricción, la excepción, en observancia del art. 115.II de la CPE (fs. 18 a 21). II.2. En la audiencia de consideración: los puntos de agravio del Ministerio Público; a) En audiencia de apelación incidental, sostuvo que la resolución de cesación de la detención preventiva dictada en favor del accionante, adolecía de defectuosa valoración de la prueba, al no haberse aplicado correctamente los principios de la sana crítica exigidos por el art. 173 del CPP, transcribiéndose parcialmente el contenido del informe pericial sin explicar de manera razonada el valor probatorio de dicho elemento de prueba; b) Se estableció que el Ministerio Público alegó falta de motivación suficiente por parte del tribunal a quo, al no haberse identificado de forma clara y razonada los fundamentos que sustenten la decisión adoptada, omitiendo pronunciamiento expreso respecto a los elementos técnicos esenciales del dictamen pericial; c) Se constató que el apelante fiscal citó la jurisprudencia internacional contenida en la sentencia CIDH, caso Duque vs. Colombia, así como el precedente constitucional contenido en la SCP 393/2014-S2, enfatizando que en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes debe aplicarse un enfoque de protección reforzada y de perspectiva de género, conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos; y, d) Se observó que el representante del Ministerio Público también invocó la vulneración de los principios constitucionales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, solicitando, en consecuencia, la revocatoria de la resolución impugnada y el restablecimiento de la detención preventiva del imputado, al considerar que el informe pericial presentado no cumplía con los requisitos mínimos para acreditar la inexistencia de riesgo procesal conforme al art. 234 núm. 7 del CPP (fs. 119 a 129). II.3. Estela Vaca Alpire, representante de la víctima menor de edad, por memorial presentado el 17 de noviembre de 2022, interpuso recurso de apelación incidental, en contra de la Resolución 16/2022 de 15 de noviembre, por el cual solicitó que se revoque la resolución apelada y el Auto de Vista 113/22 de la misma fecha, y se mantenga incólume la Resolución de aplicación de Medidas Cautelares de 13 de abril; solicitud que se basa en los siguientes argumentos: 1) Dentro de dicha resolución solamente se valoró la pericia psicológica presentada por el acusado, para determinar la no concurrencia del peligro procesal establecido en el art. 234.7 del CPP y el tiempo transcurrido de seis meses, desde que se determinó el inicio de tal medida cautelar;
cuando en el caso debió tomarse en cuenta que la víctima es una niña menor de edad, por lo que tal determinación debió tomar en cuenta su vulnerabilidad, en el que nada tiene que ver la conducta del acusado, por lo que dicha resolución resulta ser completamente parcializada; dejándose a la víctima en completa indefensión; 2) Es obligación del Estado ofrecer a las víctimas de los delitos de violación de infante una doble protección (protección reforzada) y aplicar el enfoque interseccional, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad y violencia que pueda sufrir la mujer en su condición de menor de edad, conforme a la jurisprudencia constitucional que establecieron que no corresponde la cesación a la detención preventiva en este tipo de delitos; así también se encuentra establecido en el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1443 (fs. 106 a 109 vta.) II.4. Auto de Vista 68/2023 de 27 de marzo, emitido por Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni -ahora demandada-, que declaró con lugar la apelación interpuesta, revocó íntegramente la determinación apelada y ordenó mantener al imputado en detención preventiva con carácter inmediato; sobre la base de los siguientes fundamento: i) Mediante auto de medidas cautelares de 13 de abril de 2022, se dispuso la detención preventiva del imputado, con base en el riesgo procesal previsto en el art. 234 núm. 7 del CPP, esa decisión valoró la condición de vulnerabilidad de la víctima, menor de edad, quien se encontraba en desventaja física respecto al imputado, así como el entorno inseguro en el que vivía y los limitados recursos económicos de su familia; se evidenció, además, que el imputado conocía el domicilio de la víctima, lo frecuentaba regularmente y, aprovechando que la menor estaba bajo el cuidado de su abuela paterna, ejerció reiterados actos de acoso y violencia sexual; ii) En audiencia de cesación a la detención preventiva (se supone que se trataría de la primera solicitud), el Tribunal de origen valoró un informe psicológico presentado por la defensa; sin embargo, aquel documento no cumplía con los requisitos previstos por los arts. 204 y 205 del CPP, dado que en esa oportunidad no se acreditó la idoneidad del perito, ni su conocimiento especializado. Tampoco se estableció si fue designado por el Ministerio Público o por el propio Tribunal; iii) Se volvió a solicitar la cesación de la detención preventiva, la cual fue considerada por los jueces de primera instancia, que establecieron otorgarla, ya que, respecto a la legalidad del informe psicológico, ya se subsanaron las observaciones realizadas por el Ministerio Público, y que pasaron más de seis meses y que no era posible mantener tal presupuesto latente, habiendo dicho informe enervado el riesgo procesal; iv) Realizando una valoración íntegra de todos los antecedentes, se tiene que el motivo para haber impuesto la medida de la detención preventiva era la condición de vulnerabilidad, edad de la menor, la desventaja física, la falta de recursos económicos y el conocimiento que tenía el encausado con relación a donde vive la víctima, mismos que no fueron fundamentados por los jueces de primera instancia, pues no existe la relación entre el peligro efectivo para la víctima y la determinación que ordenó la cesación a la detención preventiva, expresando otros motivos hubiesen sido enervados y no así los expresados en la audiencia de medidas cautelares; v) Respecto al informe pericial psicológico presentado por el acusado, se tiene que es un deber acreditar la experiencia y experticia del mismo como su idoneidad, sin embargo, en cuanto a la idoneidad del perito, Lic. José Eduardo Hidalgo Rocha, se tiene que este realizó el merituado informe en su calidad de Administrativo II Psicólogo Dirección Departamental del Régimen Penitenciario Beni, que por la función que desempeña, de alguna u otra manera tenía una directa relación con el hoy acusado, extremo que también debía ser observado por el Tribunal de primera instancia; vi) La SCP 0394/2018-S2 establece como obligación para las autoridades jurisdiccionales y fiscales considerar que en los casos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes y mujeres en general, al analizar la aplicación de medidas cautelares, en las que deberán tener en cuenta la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado, así como las características del delito (fs. 22 a 27 vta.).
El impetrante de tutela denunció la vulneración del derecho a la igualdad de partes, al debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba, motivación y congruencia, a la defensa, a la libre locomoción; y, los principios de legalidad, verdad material, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica; en razón a que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, a instancia de parte, por la presunta violación de infante, niña, niño o adolescente, este solicitó la cesación de la detención preventiva, ya que el único motivo para aplicar dicha medida cautelar era el riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP; esta petición fue presentada en dos oportunidades; motivo por el cual, ante el rechazo de la primera, su defensa, subsanando las observaciones realizadas, presentó el Informe Psicológico DDRP-BENI-INF/PSI 225/02 de 1 de octubre de 2022, para enervar el precitado riesgo. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín, a través del Auto Interlocutorio 113/2022, al considerar que dicho informe enervó el riesgo procesal y en mérito a que ya pasó el lapso de los seis meses desde que se determinó imponerle la medida cautelar, concedió la cesación de la detención preventiva; sin embargo, ante la apelación interpuesta por el Ministerio Público, la Vocal demandada, mediante el Auto de Vista 68/2023, revocó íntegramente el fallo impugnado y dispuso mantener la detención preventiva del encausado; el único argumento para revocar lo resuelto por el juzgado de primera instancia fue que la pericia psicológica exhibida fue realizada por un funcionario del régimen penitenciario, el cual, de alguna manera, tiene relación con el acusado (ahora impetrante de tutela), lo que en su criterio afecta la idoneidad del perito y, por ende, el contenido del estudio; tal extremo no fue observado ni cuestionado por ninguna de las partes intervinientes en el proceso, dentro de los recursos de apelación presentados, ni fue analizado por el juzgador de primera instancia, incumpliendo la autoridad judicial demandada lo dispuesto por los arts. 204 y 205 del CPP, basando lo decidido en una simple presunción subjetiva de su parte; el Auto confutado resulta ser incongruente, conteniendo una fundamentación subjetiva y arbitraria, además de una mala valoración de la prueba aportada por su defensa; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 68/2023 de 27 de marzo, emitido por la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; y, b) Se disponga la emisión de un nuevo Auto de Vista conforme a los parámetros que determine el fallo constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales son componentes del debido proceso y se constituyen en un deber constitucional, en la medida que no es posible controvertir una decisión judicial, si en ésta no se dan a conocer las razones de su determinación.
Dentro de las garantías propias del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, se encuentran también las de ejercer el derecho a la defensa y las de recurrir las sentencias judiciales. Ahora bien, para poder impugnar un fallo judicial, es necesario conocer cuáles fueron las razones que condujeron al juez a dictar la sentencia que se controvierte, mismas que deben referirse a los hechos, las pruebas y a los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión. Si esas razones no son públicas, la persona no podrá esgrimir contra la resolución más que argumentos generales, que repetirían lo que él ya habría señalado en el transcurso del proceso. Precisamente, entre los fines del deber de motivar las sentencias, se encuentra el de facilitarle al imputado la posibilidad de impugnar una resolución judicial.
Respecto a la medida cautelar de detención preventiva, la resolución que pronuncie el juez, debe fundamentar la existencia de los requisitos formales, así el art. 236 del CPP exige que la resolución debe estar debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación.
En ese ámbito, respecto a la motivación de la resolución que disponga la detención preventiva, la Corte IDH, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, estableció específicamente que toda decisión por medio de la cual se restrinja el derecho a la libertad personal mediante la aplicación de la prisión preventiva, deberá contener una motivación suficiente que permita evaluar si tal detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional, y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-.
Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, como las que rechazan el pedido de su imposición y las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en que se basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando lo siguiente:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes (las negrillas nos corresponden). Por otra parte, el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que éstos sustenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación que revisa una determinación que impuso una medida cautelar, que la revocó, la modificó, la sustituyó u ordenó la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia.
Al respecto la SC 0782/2005-R de 13 de julio reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, señaló que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; empero, ello no implica que se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de apelación no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el accionante y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo señalar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamentan el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a consideración del tribunal de apelación, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir fundadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican se mantenga la detención preventiva, no es posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El tribunal de apelación, no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales u otras normas que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.
Como se indicó, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia. En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como “el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras.
De la revisión de antecedentes, resulta que el Tribunal de Sentencia Penal Primera de Guayaramerín del departamento de Beni declaró PROCEDENTE la solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuesta por Cleiton Urresti Pinto -ahora accionante-, disponiendo la aplicación de la detención domiciliaria, con vigilancia policial esporádica en el domicilio señalado, entre otras medidas y prohibiciones (conclusión II.1).
El representante del Ministerio Público presentó su recurso de apelación contra el auto interlocutorio, cuestionando la defectuosa valoración probatoria y la falta de motivación en la resolución. Enfatizó que, en delitos contra menores, debía aplicarse un enfoque de protección reforzada y perspectiva de género, conforme a estándares interamericanos de derechos humanos; por consiguiente, solicitó la revocatoria del fallo y el restablecimiento de la detención preventiva del imputado (Conclusión II.2); por su parte, la víctima sostuvo que el pronunciamiento solo valoró la pericia psicológica presentada por el acusado, obviando que se trataba de una niña menor de edad; aquella determinación, entonces, debió considerar su vulnerabilidad. Nada tenía que ver la conducta del inculpado; la resolución, por ende, resultó completamente parcializada, dejándola en total indefensión (Conclusión II.3). El Auto de Vista 68/2023, de 27 de marzo, emitido por la vocal demandada, revocó la resolución impugnada y ordenó mantener al imputado en detención preventiva. El fallo de alzada retomó los fundamentos del pronunciamiento de medidas cautelares de 13 de abril de 2022, destacando la situación de vulnerabilidad de la víctima, su edad, desventaja física y entorno precario; asimismo, concluyó que el informe psicológico presentado por la defensa carecía de validez; dicho documento no cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 204 y 205 del CPP, ni acreditó la idoneidad del perito, quien, además, mantuvo un vínculo institucional con el régimen penitenciario donde se encontraba el imputado. El Tribunal de alzada observó que la decisión de cesación se basó en argumentos que no desvirtuaban los elementos que motivaron inicialmente la detención preventiva, omitiendo valorar debidamente el estándar de protección reforzada previsto por la SCP 0394/2018-S2, lo que derivó en la revocatoria de la resolución apelada.
Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1, se tuvo que los tribunales de alzada debían circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; ello, sin embargo, no implicó que estuvieran eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la decisión por la cual decidieron imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación; quedaron igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal preveía, realizando una revisión integral del fallo apelado, sin limitarse simplemente a invocar presunciones legales.
Analizando el contenido del Auto de Vista 68/2023, de 27 de marzo, se tuvo que los argumentos estuvieron dentro del punto II de dicho documento, bajo el título de “Fundamentos de la Resolución”, se describieron los motivos por los cuales fue impuesta la medida cautelar de detención preventiva contra el accionante; la autoridad demandada concluyó que dichos elementos no fueron revisados por el tribunal de primera instancia; estos tuvieron relación con la condición de vulnerabilidad, la edad de la menor, su desventaja física, la carencia de recursos económicos y el conocimiento que el encausado poseía respecto al domicilio de la víctima; ello implicó que no existía relación entre el peligro efectivo para la víctima y la resolución inicial que ordenó la cesación a la detención preventiva.
Posteriormente, dentro del mismo punto, la vocal demandada se refirió al informe pericial psicológico presentado por el acusado; sostuvo que era un deber acreditar la experiencia y experticia del perito, así como su idoneidad; en cuanto a la idoneidad del perito, Lic. José Eduardo Hidalgo Rocha, la autoridad ahora demandada afirmó que el profesional elaboró dicho informe en su condición de Administrativo II Psicólogo de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de Beni; por la función que desempeñaba, claramente trabajaba dentro del indicado régimen penitenciario y, por ello, mantenía una relación directa con el acusado; extremo que también debió ser observado por el tribunal de primera instancia.
De lo previamente detallado, se concluyó que la vocal demandada, al analizar el auto interlocutorio apelado, se remitió a considerar los motivos y fundamentos por los cuales se aplicó la medida tutelar de detención preventiva contra el accionante. Estos se basaron en el estado de vulnerabilidad de la víctima y el riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP; sin embargo, en el contenido de los fundamentos de la resolución no existió una mención directa al contenido de los recursos de apelación presentados por los apelantes (tanto la víctima como el representante del Ministerio Público); se advirtió, por ende, una incongruencia externa al no analizar los agravios expuestos, aunque lo determinado se basó, en parte, en el estado de vulnerabilidad y edad de la víctima, y que tales extremos no fueron enervados por el denunciado.
El segundo argumento utilizado en el auto de vista confutado resultó ser una presunción que careció de fundamentación y motivación, ya que concluyó que el perito que realizó el informe carecía de idoneidad por el simple hecho de pertenecer al régimen penitenciario, lo que implicaba una relación directa con el acusado. No indicó si tal relación de supuesta cercanía era de amistad o de otra naturaleza, ni explicó en qué elementos objetivos o pruebas se basó para llegar a tal conclusión.
Por ello, se concluyó que la vocal demandada basó su determinación de mantener la medida cautelar de detención preventiva en una mera suposición que ni siquiera se asentó en una presunta actitud del acusado en cuanto a un riesgo procesal determinado (fuga o peligro de obstaculización), sino en una supuesta falta de idoneidad del perito que realizó el informe pericial presentado para su análisis, dicho extremo se encontró prohibido por la jurisprudencia constitucional citada en el FJ III.2 de la presente sentencia constitucional, lo que evidentemente vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación del accionante.
En cuanto a la valoración probatoria, se advirtió que, en el auto de vista, aparte de cuestionar la idoneidad del psicólogo que realizó el informe, no existió análisis alguno de su contenido, lo que implicó la omisión de valoración de la prueba presentada por el impetrante de tutela.
Tales omisiones e incongruencias obligaron a este tribunal a conceder la tutela impetrada, la autoridad demandada debía emitir una nueva resolución en la que tomara en cuenta el contenido del informe psicológico, así como los argumentos presentados por los apelantes, referidos al estado de vulnerabilidad de la víctima, su edad y otros elementos expuestos al aplicarse en primera instancia la medida cautelar de detención preventiva, así como la necesaria aplicación de la perspectiva de género, para finalmente, al contrastar todos estos elementos, llegar a la conclusión si las pruebas presentadas por el impetrante de tutela efectivamente enervaban o no el riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP, y no basar su determinación en meras suposiciones sin base fáctica ni normativa. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 028/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 141 a 146 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispositivos de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C N° 170, párr. 93.
2 El FJ III.3, señala: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art.
398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos
presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0715_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3e1087d5072bb1be5a10f639d824b2e37d9d01379131f89d71330cbaee0f92e4
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