B.IA.LEGAL

SCP 0714/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 26 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
26 de julio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
48115-2022-97-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia que desde el 2 de diciembre de 2020 a la fecha, presentó seis solicitudes al Gerente General de la EPTAM, para que por la sección correspondiente le extienda el certificado de solvencia, requerido para trámites de devolución de aportes por jubilación; sin embargo, hasta la fecha no ha tenido respuesta material; además que dicha autoridad, sin motivar de manera expresa se incapacitó a responder las mencionadas peticiones, lesionando los derechos a la petición, a una vejez digna y al debido proceso en su elemento de legalidad, efectuando observaciones que fueron subsanadas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 94/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 311 a 313 vta., dictada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la inmediatez y del plazo máximo para la presentación de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Alcances y ámbito de protección del derecho de petición
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0714/2023-S2 Sucre, 26 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 48115-2022-97-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 94/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 311 a 313 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julio César Villarroel Camacho contra David Carvallo Soria, Gerente General de la Empresa Pública de Transporte Aéreo Militar (EPTAM).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 21 de marzo y 14 de abril de 2022, cursantes de fs. 82 a 94; y, 97 y vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A partir del 2 de diciembre de 2020, presentó al Gerente General de la EPTAM, seis solicitudes para la emisión del certificado de solvencia a fin de cumplir con uno de los requisitos para el pago de cesantía de su jubilación; sin embargo, hasta la fecha no tuvo respuesta material, vulnerando de esta manera los principios de legalidad y proporcionalidad; además que dicha autoridad, sin motivar de manera expresa se “incapacitó” a responder las mencionadas peticiones, lesionando los derechos al debido proceso en su elemento de legalidad y a la petición. Refirió como antecedentes que, habiendo solicitado certificado de solvencia, la autoridad demandada no quiso atender su petición emitiendo providencias que no eran claras, precisas, completas ni congruentes con lo peticionado; puesto que, la nota de 26 de octubre de 2021, generó la providencia de 16 de noviembre de igual año, en sentido que previamente cumpla con el documento INF. G.A.A. STRIA GRAL 17/2021 de 3 de noviembre, referente al informe del Ministerio de Defensa sobre la contratación del servicio de OVH de los trenes de aterrizaje de la aeronave AVRO 146 RJ70 con matrícula CP-3106, y la Resolución Final de Proceso Administrativo Interno 14/2021 de 7 de abril; documentación que respaldó la modificación al contrato de adquisición de la aeronave FAB-108 que dispuso que la misma no llegue a Bolivia firmado en 2017 y documentación de la movilidad Toyota con placa 1873-ETG, relacionada a la ampliación de plazo y la póliza de seguro establecido en el comodato suscrito en 2014, siendo que feneció el 2015, correspondiendo devolver dicho motorizado (que según informe no estaría asignado a la EPTAM), decreto que fue cumplido reiterando su petición el 16 de diciembre de 2021, adjuntando lo requerido, siendo respondido por la providencia incongruente de 28 de igual mes y año, en la que no indicó el valor positivo o negativo que le hubiere asignado a la documental adjuntada; lo que se tradujo, en el “silencio de las prueba”. Por ello, encontrándose en total estado de indefensión, reiteró su pedido del certificado de solvencia acompañando copias legalizadas de la citada Resolución Final de Proceso Administrativo Interno; respondiéndole al respecto que, nuevamente cumpla con el INF. G.A.A. STRIA GRAL 17/2021, sobre los trenes de aterrizaje de la mencionada aeronave, lo que es incongruente al exigirle lo que acompañó a su pedido, vulnerando así su derecho a la petición, al darle una respuesta lacónica. Asimismo, por decreto de 13 de enero de 2022, se le exigió documentación de la precitada camioneta Toyota, siendo así que la misma se encuentra en Sucre al haber sido allí entregada el 19 de enero de 2016; por lo cual, por memorial de 17 de febrero de 2022, alegó que la autoridad ahora demandada no se pronunció respecto a la estadía de la aeronave AVRO 146 RJ70, la copia legalizada del proceso administrativo y su ejecutoria, así como sobre la aeronave FAB-108; sin tener presente que, fue de su conocimiento que por acta de la primera reunión ordinaria AS.JUR.GGTAM 02/2018 de 10 de abril, se dispuso debía quedarse en Inglaterra; habiendo adjuntando a ese efecto, copia simple que enervaba la observación en relación a dicha aeronave; empero, este escrito también mereció una respuesta insuficiente e incongruente; puesto que, de forma abusiva y arbitraria, se indicó que por los decretos de 16 de noviembre y 28 de diciembre de 2021 y de 13 de enero de 2022, se dio respuesta a sus solicitudes; sin embargo, los mismos lesionaron sus derechos fundamentales, al no existir norma que impida la extensión del certificado de solvencia, y que lo dejó en total estado de indefensión porque le prohíbe alcanzar la devolución de sus aportes de jubilación, sin tener presente que el art. 3 de la Ley de Seguridad Social Militar -Decreto Ley (DL) 11901 de 21 de octubre de 1974-, lo protege a través del sistema integral de prestaciones y el art. 4 del mismo cuerpo legal señala que el seguro militar se administra mediante dos sistemas de prestaciones: básicas y complementarias, encontrándose dentro de esta última el régimen de cesantía y de capital asegurado; referido al primero el art. 14 de la indicada Ley, así como la doctrina y la jurisprudencia al establecer que la cesantía es un beneficio social y laboral reconocido por el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), que en su parágrafo tercero señala que: “Los derechos y beneficios reconocidos en favor de los trabajadores y la trabajadoras no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos”, para luego en su parágrafo IV determinar: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles”; por lo que, es un derecho que no puede ser condicionado a tener procesos administrativos pendientes, porque ello restringiría los beneficios reconocidos por la Ley Suprema y la Ley de Seguridad Social Militar, sentido en el cual, sin el certificado de solvencia emitido por la EPTAM, no ha podido realizar el trámite de cesantía.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la petición, a una vejez digna y al debido proceso en su elemento de legalidad, citando al efecto los arts. 24 y 115.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar la extensión del certificado de solvencia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 302 a 310, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; añadiendo que: a) La SCP 0327/2020-S1 de 13 de agosto, que adjuntó se refirió a un caso análogo al suyo, por la restricción de su derecho que sufrió un militar, a quien no le extendían el certificado de solvencia, solicitando sea considerado, para emitir la resolución al presente caso; b) Es militar y trabajó en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) treinta y cinco años de servicio activo, llegando al grado de General de Brigada Aérea, pasando por su larga trayectoria a la Letra “D” servicio pasivo en espera de su jubilación; empero, para acceder al pago de su cesantía uno de los requisitos exigidos es el certificado de solvencia. En este sentido, lo solicitó mediante memoriales de 2 de diciembre de 2020; 6 de octubre y 15 de diciembre de 2021; y, 7 de enero, y 17 y 23 de febrero de 2022, este último pidiendo el cumplimiento de plazos conforme a procedimiento y el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado por Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, obteniendo una respuesta burocrática de la autoridad militar demandada, vulnerando el debido proceso en su elemento de legalidad, por cuanto, en las respuestas a sus solicitudes, exigió cumplir con las observaciones efectuadas en los informes de tener procesos pendientes sobre la adquisición de una aeronave, así como al conjunto de trenes de otra; y, como tercer punto, la restitución de un vehículo Toyota según contrato de comodato; es decir, que sin ningún sustento legal, ni amparado en ninguna norma, a su simple criterio negó lo peticionado; y, c) Las restricciones deben estar establecidas en la ley, debiendo escogerse la que restrinja menos al derecho protegido, como lo establece la citada SCP 0327/2020-S1, que todo condicionamiento o requisito para el ejercicio del derecho a la jubilación debe ser proporcional y encontrarse en una norma, que en este caso sería la de Ley Pensiones; es decir, que no se puede agregar o determinar requisitos o condiciones para iniciar el trámite de jubilación, como es el certificado de solvencia, que en el presente caso, el demandado por capricho sin que una ley lo disponga se negó a la emisión del mismo, aludiendo procesos pendientes, sin considerar el referido entendimiento jurisprudencial que señala que cualquier deuda pendiente debe ser reclamada en la vía legal respectiva. Por consiguiente, refirió que con esa negativa se restringió su derecho a pedir su jubilación que es un derecho irrenunciable y se le está impidiendo que tenga una vejez digna con calidad humana, lesionándole su derecho a la petición; reiterando por lo expuesto, se conceda la tutela pedida y se ordene al demandado emita el certificado de solvencia.

I.2.2. Informe del demandado

David Carvallo Soria, Gerente General de la EPTAM mediante escrito presentado el 26 de abril de 2022, cursante de fs. 174 a 175 y a través de su abogado en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, en virtud a los siguientes argumentos: 1) El accionante no puso en conocimiento de la Sala Constitucional que en las gestiones 2014 a 2015, fue Director General del Transporte Aéreo Militar (TAM) y en 2017 a 2018, fungió como Gerente General de la EPTAM; por lo cual, conoce que la entidad se rige por los Sistemas de Administración previstos en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, el DS 0181 de 28 de junio de 2009 y demás leyes conexas como es la Ley de Procedimiento Administrativo, además de aclarar que la EPTAM no emite certificaciones específicas relativas a cargos de cuenta, sino de una solvencia en general; 2) Que por la normativa citada, todo funcionario que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuentas de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable, especificando la documentación sustentadora y las condiciones de su archivo; por ello, a través de la certificación OBS. 001/2021 de 2 de marzo y las respuestas de las providencias a los memoriales de la parte accionante, se puso en su conocimiento las observaciones de manera clara y precisa, a objeto de que este actor se apersone por las oficinas de la empresa pública a efectuar y producir descargos o por lo menos viabilizar las soluciones respectivas; situación que hasta el presente, no se produjo quedando demostrado que no se lesionó el derecho a la petición como argumentó el prenombrado; 3) Tampoco se lesionó el derecho al debido proceso, porque la EPTAM, emitió el certificado OBS. 001/2021 con observaciones conforme a lo establecido por el art. 27 inc.

c) de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG), además que habiendo sido el accionante un exfuncionario público y la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del TAM como de la EPTAM, conoce el contenido del art. 232 de la CPE, estando sujeto a realizar los descargos y responder por los actos administrativos, más aún cuando estuvo a cargo de la adquisición de una aeronave que se encuentra arqueada en Inglaterra, por lo que, cualquier decisión que adopten como empresa, puede conllevar a responsabilidad futura por la función pública; 4) Como lo mencionó el demandante de tutela, la adquisición de los trenes Averholt, también están sujetos a auditoria especial por el Ministerio de Defensa, situación que no se resolvió como sostuvo, ya que si bien se emitió una resolución de prescripción respecto a una responsabilidad administrativa, todavía se está sustentando la responsabilidad civil y penal; y, 5) Sobre el vehículo Toyota con placa 1873-ETG que se encontraría en Sucre, fue otorgado por la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) al anterior TAM el 2014 a 2015, cuando el accionante se encontraba bajo su administración, quien no se encargó de generar el documento de ampliación de contrato a comodato, situación por la que a partir de esa fecha, la entidad se encuentra con falencias en la documentación, siendo ese aspecto punto de observación, para la no emisión de una certificación de solvencia de manera limpia.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 94/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 311 a 313 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos: i) El accionante presentó sus solicitudes desde el 2 de diciembre de 2020 hasta febrero de 2022, para que el demandado le extienda un certificado de solvencia, escritos que tuvieron una respuesta; sin embargo, no fueron de su agrado; es decir, que el derecho de petición se tiene por cumplido cuando se otorga una contestación sea positiva o negativa; y en este caso, la autoridad demandada reiteradamente hizo conocer al prenombrado que a pesar de contar con la Resolución Final de Proceso Administrativo Interno 14/2021 que en apariencia declara la prescripción de un cargo, tiene otros pendientes como son la adquisición de una aeronave que se encuentra varada en Inglaterra, la existencia de un sumario en su contra por unos trenes Averholt, por un conjunto de aeronaves, etc., y por la restitución del vehículo Toyota con placa 1873-ETG que estaba en su dominio producto de un contrato de comodato -préstamo de uso-; lo que se constituyó una respuesta motivada; no existiendo por ello, razones para conceder la tutela pedida; y, ii) El conflicto no tiene que ver solo con el derecho de petición, puesto que el accionante consideraba que merecía un certificado de solvencia, porque a su criterio no tenía ninguna cuenta pendiente con la institución; empero, de acuerdo a los antecedentes arrimados se demostró que si las hay, por consiguiente dichos aspectos no pueden ser dilucidadas a través de esta acción de amparo constitucional vía derecho de petición, correspondiendo definir su situación jurídica por cuerda separada, al encontrarse su situación al interior de la competencia de autoridad administrativa. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el abogado de la parte accionante, solicitó en audiencia que la Sala Constitucional se pronuncie sobre los siguientes puntos: a) Cuál el valor positivo o negativo que le dio a la SCP 0327/2020-S1, invocada respecto a la vulneración al derecho al debido proceso en su elemento legalidad, al no existir norma que impida la extensión del certificado de solvencia; y, b) De la misma manera con relación a que hubieren sido respondidas las solicitudes que efectuó, pidió aclaren el valor otorgado a las pruebas presentadas que evidencian que no existen procesos pendientes en su contra, ya que la aeronave FAB-108 está en Inglaterra por decisión del Directorio de la EPTAM, se exhibió la Resolución Final de Proceso Administrativo Interno 14/2021 del Ministerio de Defensa que determinó la prescripción de un proceso iniciado en su contra; y, el vehículo Toyota con placa 1873-ETG lo entregó bajo acta a la Regional de Sucre a cargo de la EPTAM. La Sala Constitucional en respuesta a lo peticionado, manifestó que: 1) La SCP 0237/2020-S1 no es análoga al caso presente, puesto que, el entonces accionante contaba a su favor con un Informe del propio Ejército que certificaba no tenía ninguna carga alguna en su contra; lo que no sucede en este caso, que la EPTAM ha sostenido reiteradamente que tiene cargos por resolver en la institución, lo que descartó el uso análogo del citado entendimiento jurisprudencial; y, 2) Valoraron la prueba; sin embargo, la misma no puede ser tramitada en una acción tutelar donde se denunció la lesión del derecho de petición; puesto que, lo que pidió es que el Tribunal advierta si el demandado cumplió con la contestación a su solicitud, ya que respecto a la responsabilidad civil, penal o ejecutiva no es debate de la Sala Constitucional, sino de otra instancia; y en autos, se verificó que se contestaron sus peticiones por parte del demandado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Julio César Villarroel Camacho -hoy accionante-, solicitó al Gerente General de la EPTAM -ahora demandado-, que por la sección correspondiente se le extienda certificado de solvencia requerido para trámites de devolución de aportes por jubilación, a través de las siguientes notas:

i) Presentada el 2 de diciembre de 2020 (fs. 2), que tuvo respuesta la Nota CITE: OBS. 001/2021 de 2 de marzo, por la que le comunicaron que tenía procesos pendientes (fs. 3).

ii) Interpuesta el 25 de marzo de 2021 (fs. 4); siendo contestada el 6 de abril de igual año, mediante nota DGAA Dir. Finn. Secc. Tsra. 124/2021, por el cual el Director de Asuntos Administrativos le hizo conocer que su trámite de solvencia presentaba observaciones (fs. 10).

iii) De 26 de octubre de 2021 (fs. 33 a 35), que fue respondida por la ahora autoridad demandada el 16 de noviembre del mismo año (fs. 39).

iv) De 16 de diciembre de 2021 (fs. 45 a 46 vta.), que mereció la contestación de 28 de diciembre de ese año (fs. 47).

v) De 7 de enero de 2022 (fs. 50 y vta.), respondida el 13 de igual mes y año (fs. 51).

vi) De 17 de febrero de 2022 (fs. 74 y vta.).

vii) Memorial de 23 de febrero de 2022, solicitando cumplimiento de procedimiento (fs. 75 y vta.), que merecieron estas dos últimas solicitudes la contestación de 23 de febrero del citado año (fs. 76).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia que desde el 2 de diciembre de 2020 a la fecha, presentó seis solicitudes al Gerente General de la EPTAM, para que por la sección correspondiente le extienda el certificado de solvencia, requerido para trámites de devolución de aportes por jubilación; sin embargo, hasta la fecha no ha tenido respuesta material; además que dicha autoridad, sin motivar de manera expresa se incapacitó a responder las mencionadas peticiones, lesionando los derechos a la petición, a una vejez digna y al debido proceso en su elemento de legalidad, efectuando observaciones que fueron subsanadas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la inmediatez y del plazo máximo para la presentación de la acción de amparo constitucional

Respecto a este principio que rige la acción de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0271/2021-S2 de 30 de junio señaló que: “La inmediatez constituye uno de los principios configuradores de la acción de amparo constitucional, que deviene en la regla de derecho del plazo máximo para su presentación; en cuyo marco, su inobservancia se traduce igualmente, en un supuesto de improcedencia de la misma, estando sustentado: ‘…Conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, (…) en que la jurisdicción constitucional no puede esperar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto de sus derechos cuando sufren menoscabo. Así, en la SC 0770/2003-R de 6 de junio, en un razonamiento relativo al plazo de los seis meses, indicó: «...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección»’ [SCP 0569/2010-R de 12 de julio]. Razón por la que, incluso en vigencia de la anterior Constitución Política del Estado, en la que no se encontraba regulado, fue instituido y reconocido vía jurisprudencia constitucional emitida por el antes Tribunal Constitucional. Ahora bien, en el nuevo modelo constitucional, el art. 129.II de la CPE, prevé que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa judicial’. Por su parte, el art. 55 del CPCo alude a la inmediatez al instituir: ‘(PLAZO PARA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN) I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o conocido el hecho…’”. Por su parte, la SCP 0702/2021-S2 de 25 de octubre, estableció que: “El principio de inmediatez se encuentra dispuesto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo, estableciendo que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en un plazo máximo de seis meses de conocido el acto lesivo o a partir de la comisión de la vulneración reclamada; asimismo, la jurisprudencia constitucional en la SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, sostuvo que: ‘…al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aún cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución…”’. Como se advierte, el principio de inmediatez es inherente a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, que la hace viable en su interposición con el cumplimiento del mismo; toda vez que, el plazo de su presentación se halla establecido en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo).

III.2. Alcances y ámbito de protección del derecho de petición

Con relación a este derecho fundamental reconocido y consagrado no solo por el orden constitucional interno, sino también por instrumentos internacionales, la jurisdicción constitucional se ha pronunciado, señalando que toda petición debe tener una respuesta sea positiva o negativa, además de pronta y oportuna. Así la SCP 0852/2018-S2 de 20 de diciembre, remitiéndose al desarrollo de los entendimientos jurisprudenciales, concluyó que: “Con relación al contenido y alcances del derecho de petición, el art. 24 de la CPE, disciplina que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’ precepto constitucional que guarda relación con el art. XXIV de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que al respecto señala: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución’; de lo cual se establece la obligación que tiene toda autoridad pública o particular para otorgar una respuesta concreta, clara y oportuna a las solicitudes de un ciudadano se extiende al ámbito administrativo, encontrándose las mismas compelidos a responder los requerimientos efectuados en forma oportuna y motivada, ya sea en forma positiva o negativa. Bajo ese marco normativo, la SC 0218/2001-R de 20 de marzo de 2001 refirió que: ‘El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones contenido en el art. 7-h) constitucional se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición’, razón por la que es considerado como un derecho fundamental: ‘...cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, contestando en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición’ (SC 0275/2003-R de 11 de marzo).

Posteriormente, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, emitida en base al marco constitucional imperante en mérito a la vigencia de la Constitución Política del Estado que fue promulgada el 7 de febrero de 2009, moduló los requisitos exigidos en la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, para que el solicitante demuestre la lesión al derecho de petición, señalando que: ‘…a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario (…).

En ese entendido, cuando la petición es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los principios contemplados en el art. 232 de la CPE, entre otros, el principio de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.

Lo señalado también se fundamenta en la naturaleza informal del derecho de petición y en el hecho que el mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo, la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable.

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición’.

Finalmente, la SCP 1831/2012 de 12 de octubre, concluyó que, el derecho de petición: ‘…se encuentra en directa relación con el derecho de acceso a la información, de donde podemos concluir que la negativa a la solicitud oral o escrita -sea requiriendo copias, informes, certificaciones u otros análogos, constituye un límite del libre acceso a la información. Consiguientemente y considerando que el derecho de petición constituye un derecho civil que reviste la dignidad humana, no es permisible en un Estado de Derecho, la autoridad o particular a quien se dirige una solicitud de diversa índole, rehúse conocer o recibir la presentación de una petición, o no la atienda de manera clara y congruente, debiendo incluso poner a conocimiento del peticionante el resultado positivo o negativo de su solicitud, elementos que hacen a la real configuración del derecho objeto de análisis’.

Jurisprudencia desarrollada de la cual se establece que toda solicitud o petición efectuada en forma oral o escrita, ante una autoridad pública o particular amerita una respuesta fundamentada sea positiva o negativa emitida dentro de un plazo razonable u oportuno” (las negrillas son nuestras).

Como se advierte de la jurisprudencia constitucional glosada, la petición se constituye en un derecho fundamental, cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna debidamente fundamentada y motivada, resolviendo en lo posible la petición en sí misma; es decir, el asunto objeto de la petición; que al ser lesionado, es restablecido por la justicia constitucional, cuando se cumplen con los presupuestos exigidos por la doctrina constitucional precedente.

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes procesales, se constata que el demandante de tutela, interpuso la presente acción de amparo constitucional, alegando que el Gerente General de la EPTAM, vulneró sus derechos a la petición, a una vejez digna y al debido proceso en su elemento de legalidad; toda vez que, es militar y trabajó en la FAB treinta y cinco años de servicio activo, llegando al grado de General de Brigada Aérea, pasando por su larga trayectoria a la Letra “D” servicio pasivo en espera de su jubilación; empero, para acceder al pago de su cesantía uno de los requisitos exigidos es el certificado de solvencia. En este sentido, lo solicitó mediante memoriales de 2 de diciembre de 2020; 6 de octubre y 15 de diciembre de 2021; y, 7 de enero, y 17 y 23 de febrero de 2022; este último, pidiendo el cumplimiento de plazos conforme a procedimiento y al Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, obteniendo una respuesta burocrática de la autoridad militar demandada, vulnerando el debido proceso en su elemento de legalidad; por cuanto, las respuestas a sus solicitudes de extensión del certificado de solvencia, exigían cumplir con las observaciones efectuadas en los informes de tener procesos pendientes sobre la adquisición de la aeronave FAB-108, así como al conjunto de trenes Averholt y, como tercer punto, la restitución de un vehículo Toyota con placa 1873-ETG según contrato de comodato; es decir, que sin ningún sustento legal, ni amparado en ninguna norma, a su simple criterio negó lo peticionado, sin tener presente que las restricciones deben estar establecidas en la ley, debiendo escoger la que restrinja menos al derecho protegido, como lo establece la SCP 0327/2020-S1, que todo condicionamiento o requisito para el ejercicio del derecho a la jubilación debe ser proporcional y encontrarse en una ley, que en este caso sería la Ley de Pensiones; es decir, que no se puede agregar o determinar requisitos o condiciones para iniciar el trámite de jubilación, como es el certificado de solvencia, como es su caso que el demandado por capricho sin que una ley lo disponga, le negó la emisión de dicho certificado.

Es así, que conforme a los datos cursantes en obrados como lo expuesto en la audiencia pública de consideración de esta acción tutelar, es evidente que el accionante desde el 2 de diciembre de 2020, presentó seis solicitudes ante la autoridad militar demandada, para que por la sección correspondiente se le extienda el certificado de solvencia, que requiere para el pago de cesantía de su jubilación, como militar que prestó treinta y cinco años de servicios en dicha entidad; siendo la última petición, la formulada el 17 de febrero de 2022; sin embargo, referente a las notas de 2 de diciembre de 2020 y de 25 de marzo de 2021, no se efectuará ningún análisis; en consideración al principio de inmediatez que rige a esta acción de defensa, cuya lesión invocada por el demandante de tutela en sentido que le hubieran causado a su derecho alegado, la formuló fuera del término de los seis meses establecidos al efecto; empero, respecto a las demás impugnadas, se advierte que todas ellas merecieron contestación, si bien de manera negativa; empero, se cumplió con hacerle conocer al imperante de tutela la imposibilidad de dar curso a su pedido, explicándole la existencia de cargos pendientes en contra de su persona, en los que habría incurrido en el ejercicio de sus funciones como Gerente General del TAM como de la EPTAM, señalándole las observaciones efectuadas en los informes de tener procesos pendientes sobre la adquisición de una aeronave, así como al conjunto de trenes Averholt y como tercer punto, la restitución de un vehículo Toyota con placa 1873-ETG según contrato de comodato; lo que desvirtúa que no hubiere tenido respuesta a sus petitorios. Lo expuesto y los fundamentos precedentes, determinan que se no se abra el ámbito de protección de esta acción tutelar, al haberse constatado que el demandado no lesionó el derecho de petición invocado por el accionante, que como se refirió precedentemente, dio respuesta a las peticiones formuladas, sin vulnerar los derechos al debido proceso en su elemento de legalidad ni a una vejez digna; por la que, corresponde denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 94/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 311 a 313 vta., dictada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquesela y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0714_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 91e5b399d8dd79591a8b21d075afa9512b0e0a8e1d4ddc54f79423ddadff737e

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