B.IA.LEGAL

SCP 0713/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de diciembre de 2024

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de diciembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49549-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes por intermedio de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la libre locomoción, a la integridad y seguridad personal, a la dignidad, a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia -invocados estos dos últimos también como garantías-, así como al principio de seguridad jurídica; toda vez que: i) Sin razón jurídica alguna, de forma ilegal y abusiva se dispuso su aprehensión directa con la participación de funcionarios policiales de inteligencia y militares “infiltrados” -ahora coaccionados-; y, encontrándose en la FELCC, se les mantuvo incomunicados sin orden judicial e incluso fueron expuestos como trofeo político; y, aún de que presentaban lesiones producto de las agresiones de las que fueron víctimas por los grupos de choque, pese al pedido insistente de que sean remitidos al IDIF no fueron conducidos para la valoración médica correspondiente; ii) Existen actos investigativos nulos de pleno derecho, tales como actas de recepción de indicios materiales, de acción directa -Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa y de Requisa Personal-; conforme a ello, el cuaderno de investigación contiene elementos falsos; iii) De esta manipulación son partícipes los Fiscales de Materia coaccionados; iv) La Resolución de Imputación Formal O.A.M.C. 74/2022 incumple el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° ANULAR obrados hasta el señalamiento de la audiencia de consideración y resolución de esa acción de libertad, conforme a los fundamentos jurídicos-procesales y constitucionales expuestos ut supra; 2° Disponer que de forma inmediata, Germán Barrios Mamani, Liz Roció Avilés Condori y Marco Antonio Vargas Yupanqui, Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, subsanen el defecto procesal generado, debiendo a este efecto realizar un nuevo señalamiento de audiencia, y en el alcance de la anulación dispuesta como se tiene explicado precedentemente, y dada su eficacia y trascendencia procesal, resolver la problemática planteada, en sus diferentes dimensiones de cuestionamiento, conforme corresponda, pero con base en la documental que otorgue certeza de la forma de resolución; y en efecto subsecuente de ello remitir ante este Tribunal, el legajo constitucional completo -como correspondía-; y, 3° Llamar severamente la atención a los antes identificados Jueces integrantes del Tribunal de garantías, por la negligencia omisiva en la que incurrieron en la tramitación de esta acción de defensa; así como por la inobservancia de la normativa procesal-constitucional; y, de igual forma a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada-, en razón a lo expuesto ut supra.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Anulación de obrados por imposibilidad material de resolución sobre el fondo del asunto constitucional tutelar promovido
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.4. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0713/2024-S2 Sucre, 4 de diciembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49549-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 40/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 116 a 120, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza, Asesor Jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en representación sin mandato de Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Ricky Blas Freese Rodríguez contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del mismo departamento; Carlos Renán Cortez Callisaya, Ingrid Rocío Feraudi Guerra y Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscales de Materia; Jhannet Palma Mayta y Sergio Didi Quisbert Laura, Investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC); Luis Alberto Calle Loza y Wascar Choque Tapia, Funcionarios Policiales dependientes de Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana; y, Luis Alfredo Lero Condori, Álvaro Barcaya Mamani, Hugo Herrera Mercado, Oscar Sánchez Céspedes, identificados como Militares “INFILTRADOS”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 1 y 56 a 85, los accionantes a través de su representante sin mandato, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedentes refieren que, aproximadamente a las 12:00 “del día” -21 de julio de 2022-, el sector médico se encontraba marchando de manera pacífica cuando un “grupo de choque” del partido de gobierno se apostó en la Plaza Bolivia y procedieron a arrojar palos, tomates con clavos, huevos e incluso utilizaron cachorros de dinamitas para dispersar a los marchistas. Luego de concluida la marcha, sus personas se estaban retirando a sus hogares, momento en el que funcionarios de la Policía Boliviana los detuvieron en la Plaza Avaroa, siendo trasladados a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra Crimen (FELCC) sin informárseles sobre qué delito habrían cometido.

Así, sin razón jurídica alguna ni cometer hecho ilícito, de forma ilegal y abusiva se dispuso su aprehensión directa; y, encontrándose en la FELCC, sus familiares así como sus abogados se apersonaron para comunicarse con ellos; sin embargo, no se les permitió sino recién hasta horas de la noche; es decir, que fueron incomunicados sin orden judicial e incluso expuestos como trofeo político por medio de las páginas del Ministerio de Gobierno, esto mientras estaban, privados de libertad y sin que exista autorización para su exposición o mínimamente el inicio de una investigación; de esta manera, esa publicación viola su derecho a la presunción de inocencia y el derecho que todo ciudadano tiene a no ser expuesto, a que se utilice su imagen y violente su dignidad; lo cual será el inicio de un proceso penal con base en la injerencia política, persecución injusta y desproporcional en su contra. Y, aún cuando, presentaban lesiones producto de las agresiones de las que fueron víctimas por los grupos de choque del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), transcurrieron más de ocho horas de su “arresto”, y pese al pedido insistente de que sean remitidos al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) no fueron conducidos para su valoración médica.

De la revisión del video de “arresto” se puede evidenciar que, no fueron detenidos por portar armas, explosivos o municiones, mucho menos petardos; por el contrario, fueron “arrestados” con la participación de policías de inteligencia y militares encubiertos, habiendo denunciado públicamente la presencia de militares “infiltrados” en la medida de presión y que se tratarían de miembros de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) que dieron nombres falsos al momento de ser capturados y fueron quienes “sembraron” pruebas, y posteriormente revelaron sus verdaderas identidades como Luis Alfredo Lero Condori, Álvaro Barcaya Mamani, Hugo Herrera Mercado, Oscar Sánchez Céspedes -hoy coaccionados-.

Refieren que, existen actos investigativos nulos de pleno derecho, tales como: el acta de recepción de indicios materiales -de 21 de julio de 2022- suscrita por Wascar Choque Tapia, funcionario policial; y, Jhannet Palma Mayta, investigadora de la FELCC -ahora coaccionados-, en la que no se individualizó la colección de indicios, quién recepcionó, ni qué portaba cada uno, y contiene firmas y números de cédulas de identidad falsas; el acta de acción directa -Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa, de igual data- no fue llenada, ya que adjuntó tres hojas de relación de los hechos, nominal y objetos secuestrados, que fue suscrito por los nombrados y por Luis Alberto Calle Loza, funcionario policial -hoy coaccionado-; y, el Acta de Requisa Personal; conforme a ello, el cuaderno de investigación en cuanto a las declaraciones, Actas de Colección de Indicios, requisas, el informe de acción directa y la misma imputación formal tienen datos falsos; puesto que, cuando ingresaron todos a la FELCC, los cuatro infiltrados entraron con un nombre pero fueron investigados y dejados en libertad con otros datos; así, efectivos de Inteligencia Policial del Ministerio del Gobierno, vestidos de civil, hicieron operativos en la marcha de los médicos y arrestaron a unas ocho personas, pero extrañamente cuatro de ellas (los infiltrados) se sometieron sin cuestionar y fueron liberados; y, al menos durante cuatro meses militares “infiltrados”, se hicieron pasar por “activistas” y se infiltraron en las organizaciones civiles críticas al gobierno.

De esta manipulación es participe también el Ministerio Público, toda vez que; “...no es posible que siendo el mismo fiscal está firmando un documento con unos nombres y está firmando con otros nombres...” (sic), de esta manera participaron los Fiscales de Materia coaccionados, así: Carlos Renán Cortez Callisaya, en la elaboración de documentos procesales falsos e imputarles por la presunta comisión del delito de tenencia y porte o portación ilícita, sin que portaran armas de fuego, municiones, explosivos ni materiales relacionados, motivando un proceso penal criminalizando el derecho constitucional a la protesta; Ingrid Rocío Feraudi Guerra, en audiencia de medidas cautelares -personales- dio lectura a la imputación formal sin presentar un solo elemento objetivo; y, Omar Alcides Mejillones Copana, es ahora el Fiscal asignado a la causa penal.

Enfatizan que, la Resolución de Imputación Formal O.A.M.C 74/2022 de 22 de julio, incumple el art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- al no contar con una relación de hechos acorde a las investigaciones, tampoco identifica modo, tiempo, lugar, y mucho menos la existencia de flagrancia, omitiendo realizar la individualización de autoría y participación criminal; toda vez que, en su contenido hizo referencia a la conducta criminal genérica y no señaló cuál fue el elemento material que podría ser considerado “explosivo” y de ninguna manera cumple con el principio de tipicidad, puesto que no podría adecuarse tal conducta al tipo penal previsto en el art. 141 quinter inc. b) del Código Penal (CP); además de emplear documentación falsa como el acta de recepción de indicios materiales y las requisas personales en acción directa, a más de solicitar su detención preventiva fundamentado el riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP, modificado por la Ley 1173- al considerar que, podrían influenciar sobre testigos o participes, refiriéndose a “arrestados fantasmas”.

Continúan señalando que, se les impuso arbitrariamente la detención preventiva a consecuencia de su indefensión absoluta; por cuanto, en audiencia de medidas cautelares personales, Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora coaccionado-, no permitió la presentación con carácter previo de los incidentes del nulidad de la aprehensión y de la imputación formal, disponiendo que los mismos serían tramitados por separado recién el 28 de julio -de 2022-; así también a inicio de dicho acto procesal se les informó que serían dos abogados los que intervendrían en la defensa de sus personas como imputados, pese a ello, no admitió la participación de la abogada copatrocinante, quien fundamentaría acerca de los riesgos procesales y la presentación de elementos probatorios para desvirtuar las afirmaciones contenidas en la imputación formal; y, no permitió la participación y el ejercicio pleno de la defensa como tampoco que produzca prueba; y, aún cuando, el Ministerio Público no generó ningún elemento probatorio y mucho menos hizo mención a la existencia de elementos que objetivamente demuestren la probabilidades de autoría, convalidando y avalando documentos falsos, emitió Resolución 206/2022 de 22 de julio, que arbitraria, irracional, infundada e incongruentemente no resolvió la falta de flagrancia ni respondió a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la solicitud de medidas cautelares -personales-; por lo que, de conformidad con el art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173, en la misma audiencia interpusieron el recurso de apelación -incidental-.

Ante ello, Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada-, dispuso rechazar la apelación incidental formulada, convalidando las actuaciones del Juez coaccionado, señalado que, entre tanto se investigue sobre sí los petardos son o no explosivos o que el vinagre no sería un material para fabricar explosivos, deben permanecer privados de libertad, sin fecha límite, lo cual es un abuso llevado al extremo, que criminaliza el derecho a la protesta y permite la militarización de las organizaciones ciudadanas y de los organismos vivos de derechos humanos; además de sostener que, el Ministerio Público tomó una decisión acertada al definir que los petardos son explosivos y que existió un rango de proporcionalidad entre la detención -preventiva- y el delito -presuntamente- cometido; y, sin escuchar sus argumentos ni responderlos, omitiendo corregir los defectos procesales, para de manera infundada, incongruente y arbitraria validar la decisión de tenerlos privados de libertad; toda vez que, no resolvió la individualización de la participación -criminal-, tampoco respondió sobre la prueba nula ni la violación de derechos humanos, la inexistencia de flagrancia, la ilogicidad de la imputación formal y la tipicidad, como tampoco respecto al peligro de obstaculización -art. 235.2 del CPP- que identifica a personas inexistentes en quienes podrían influir ni la inexistencia de certificaciones del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), señalados en la imputación formal que no fueron acompañadas al cuaderno de investigación ni en audiencia.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela por intermedio de su representante sin mandato, alegan la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y seguridad personal, a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia -invocados estos dos últimos también como garantías-, así como al principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 109.I, 115, 256.I y 410.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 5, 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); I, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 4, 5, 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 6.1, 7, 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 3, 4 y 5 de la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Pará”; 6.1 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); 1 y 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 14 y 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 1 y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y, 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En audiencia invocaron la conculcación de sus derechos a la libre locomoción y a la dignidad.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se ordene: a) A la Vocal accionada dicte nuevo Auto de Vista, en el que ordene su libertad inmediata, ante la violación de los derechos humanos, la existencia de prueba ilícita, la atipicidad; y, se disponga la reposición de obrados hasta el vicio más antiguo; b) El cese de todas las acciones ilegales y de persecución indebida; c) La remisión de antecedentes al Ministerio Público en contra de los militares infiltrados en organizaciones sociales; y, responsabilidad disciplinaria de los coaccionados; y, d) La reparación de daños y perjuicios.

Y, en audiencia impetraron se disponga la indemnización correspondiente.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 102 a 115; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Actuaciones previas

Con la palabra el abogado del Comando Departamental de La Paz de la Policía, señaló que, se procedió a la citación de Wascar Choque Tapia y Luis Alberto Calle Loza, funcionarios policiales coaccionados en dicho Comando, pero de acuerdo a la estructura organizacional de la Policía Boliviana, estos dependen de la Dirección Nacional de Inteligencia, por lo que, se les estaría dejando en indefensión, debiendo ser citados legalmente en el “domicilio procesal”

“…ubicado en la calle hermanos Manchego, este domicilio está de la Avenida Arce esquina Belisario Salinas...” (sic).

Ante lo cual, el Juez que presidió el Tribunal de garantías, sostuvo tenerse presente lo expuesto y aclaró que se cumplieron las diligencias de acuerdo a los datos proporcionados por la parte accionante, en tal virtud si existiera alguna omisión o error es de su estricta responsabilidad; sin perjuicio de ello, habiendo señalado tener conocimiento de la dirección de los referidos funcionarios policiales, en la vía de colaboración -se entiende el citado Comando- tenía la obligación de hacer conocer a los mismos la citación con esta acción de defensa.

En uso de la palabra el abogado de la parte peticionante de tutela solicitó se envié el link de la audiencia a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, a objeto de que los funcionarios policiales puedan conectarse; lo que fue aceptado.

Posteriormente, el abogado de los impetrantes de tutela invocando el art. “11” del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó la excusa del Juez -lo cual será objeto de análisis infra- que presidió el Tribunal de garantías, refiriendo que dicha autoridad judicial tendría animadversión y enemistad manifiesta en su contra.

Emergente de lo cual, el indicado Juez indicó que no se presentó prueba alguna y que no se encuentra impedido ni dentro ninguna causal, rechazando la “recusación” formulada, y, a efecto de la resolución de esta cuestión procesal planteada concedió la palabra a los demás integrantes del colegiado, quienes luego de deliberar resolvieron rechazar in limine la misma.

I.2.2. Ratificación y ampliación de la acción

Los peticionantes de tutela a través su abogado, ratificaron in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar, y ampliando en audiencia invocaron la lesión a los derechos a la libre locomoción y a la dignidad; así como impetraron se disponga la indemnización correspondiente. En uso de la palabra los accionantes señalaron: Mauricio Alejandro Bruzonne Herrera, enfatizando el marco de protección de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Norma Suprema refirió que, estan siendo tratados como terroristas y como la peor calaña de la sociedad, y, “…cuando supuestamente nos agarraron en un flagrancia defendiéndonos de agresiones del otro o si se podría decir cuando este enfrentamiento ha sido causado justamente por el oficial entonces por qué del otro bando no hay personas y nosotros tenemos agresiones, yo estaba con contusiones en la cabeza. Uno de mis compañeros tenía el labio abierto. hemos solicitado, es el para este estudio justamente para comprobar que nosotros hemos sido atacados…” (sic). Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, señaló que, desde el momento de la detención temen por su integridad física y vida. Ricky Blas Freese Rodríguez, manifestó que, fueron perseguidos por personal de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana y están siendo juzgados sin ninguna legalidad, lo que vulnera sus derechos, siendo llevados a un lugar peligroso, teniendo miedo por sus familias.

I.2.3. Informe de la parte accionada

Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito cursante de fs. 100 a 101, sostuvo que: 1) Llama la atención que dentro de esta acción tutelar no se señale por cuál de las causales -presupuestos- establecidos en la Constitución Política del Estado o el Código Procesal Constitucional se interpone la misma, inobservándose los elementos esenciales para considerar su procedencia lo cual amerita la denegatoria de tutela solicitada, más aún cuando al no estar correctamente planteada la pretensión, tampoco se encuentra un petitorio congruente con el fundamento fáctico y jurídico en su contenido; es decir, que no se tiene una pretensión correctamente esbozada, puesto que, sus elementos configuradores no se encuentran identificados y fundamentados de forma adecuada; 2) Los accionantes se encuentran procesados dentro de un proceso penal en el cual teniendo la calidad de imputados, están privados de libertad conforme la determinación asumida por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora coaccionado-, quien conforme las previsiones contenidas en los arts. 233, 234 y 235, del CPP, dispuso la aplicación de la detención preventiva y dicha decisión se encuentra vigente; 3) Como consecuencia del recurso de apelación incidental de medida cautelar -personal- interpuesto por los procesados -ahora impetrantes de tutela-, se desarrolló la audiencia destinada a considerar los agravios que les hubiera ocasionado la Resolución impugnada 206/2022, en cuyo acto procesal se escucharon argumentos que sustancialmente cuestionaron la imputación formal; y, si bien se establecieron criterios vinculados a la probabilidad de autoría, en la mayor parte de la argumentación la parte recurrente ingresó a considerar y cuestionar la actividad desarrollada por la autoridad fiscal conforme las facultades del art. 302 del CPP, incidiendo en su intervención respecto a que la misma no hubiere establecido el nexo causal entre los hechos acaecidos y la participación de los imputados, y que la autoridad jurisdiccional no los hubiera observado; 4) En cuanto al contenido de la Resolución apelada, refirieron únicamente criterios que no pueden ser considerados como expresión de agravios; toda vez que, no se indicó cuál el perjuicio directo ocasionado ni la vinculación con la vulneración a derechos fundamentales o garantías constitucionales, realizando de manera genérica la relación de varios argumentos, inobservando los alcances del art. 398 del citado Código; 5) No se puede interpretar el criterio que asumió en instancia de alzada como vulneratorio de derechos y garantías -constitucionales- cuando los agravios no fueron fundamentados en audiencia de recurso de apelación incidental; 6) Si bien, la exigencia de obligación de fundamentación de las resoluciones judiciales y el derecho a la impugnación constituyen vertientes del debido proceso, el emitir criterios respecto a agravios señalados y no fundamentados, implica la vulneración del principio de tercero imparcial que les corresponde a las autoridades jurisdiccionales a momento de emitir sus resoluciones; 7) En cuanto a la exposición de agravios, respecto a los riesgos procesales, igualmente esta fue bastante escueta incumpliendo con la carga argumentativa que les correspondía en la vía recursiva, no pudiendo como autoridad de alzada ingresar a considerar agravios, cuando estos no están determinados; y, 8) Evidentemente la acción de libertad está desprovista de formalismos; sin embargo, esto no implica que la parte accionante no mencione de forma precisa la causa por la cual acude en busca de tutela constitucional, por cuanto la misma se constituye en extraordinaria y no otra instancia de impugnación, por el contrario, en esta acción de defensa se realizó la enumeración genérica de argumentos y una gran cita de jurisprudencia, que no hacen referencia al problema jurídico del presente caso ni individualizan de qué manera estaría vulnerando sus derechos. Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 99 y vta., sostuvo que: i) El 22 de julio de 2022, se fijó audiencia de consideración de medidas cautelares personales con relación a los ahora accionantes, instalada la misma, la defensa técnica de los nombrados manifestó que interpondría incidente de actividad procesal defectuosa emergente de las actuaciones de la Policía Boliviana y del Ministerio Público vinculadas a la privación de libertad, por lo que, previa consulta a sus abogados, conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP -modificado por el art. 12 de la Ley 1173- y la SCP 0015/2021-S3 de 23 de febrero, dispuso el señalamiento de audiencia para la consideración de “dichos incidentes”; en respuesta a tal señalamiento, los imputados no se opusieron ni plantearon recurso alguno, menos el recurso de reposición que, conforme establece el art. 401 del citado Código, correspondería, dando por bien hecho lo dispuesto; ii) La audiencia de consideración de incidentes, fue llevada a cabo de manera normal, estando a la fecha -se comprende de presentación del informe- la apelación incidental interpuesta por los nombrados en trámite; iii) Con relación al tiempo de intervención de los abogados de la defensa técnica en la audiencia de consideración de medidas cautelares -personales-, se debe considerar conforme el art. 5 (PODER MODERADOR Y DISCIPLINARIO) inmerso en el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario que, podría haber modulado el tiempo de su intervención; sin embargo, a efectos de poder tomar una decisión adecuada, se le otorgó la palabra, sin limitación ni restricción alguna, por lo que, lo referido en esta acción tutelar es falso; iv) Los impetrantes de tutela refirieron que, la Resolución -206/2022- que dispuso su detención preventiva es irracional, infundada e incongruente, pero cabe poner a conocimiento del Tribunal de garantías que, esa determinación judicial se encuentra en apelación ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, que la única autoridad que puede analizar las observaciones que se indican de acuerdo a ley, es el Tribunal de alzada; v) No se entiende el argumento de los accionantes, al señalar que habría dispuesto la libertad de los arrestados, cuando dicha decisión, en cumplimiento de lo establecido por el Código de Procedimiento Penal, corresponde a la autoridad fiscal, quien determinó tal situación, habiéndose remitido a su conocimiento a los tres aprehendidos, hoy peticionantes de tutela, de los cuales se dispuso, conforme a procedimiento; y, vi) Se puede evidenciar que, no existe vulneración alguna a la defensa ni a la libertad personal de los imputados -ahora accionantes- o un indebido procesamiento, puesto que, narran hechos irracionales, traduciéndose esta acción de defensa en un acto temerario y malicioso. Carlos Renán Cortez Callisaya, Fiscal de Materia, por informe escrito cursante a fs. 96 y vta., refirió que: a) Ingresó al turno diurno en la FELCC el 21 de julio de 2022 a horas 16:00; b) Se le hizo conocer el informe policial de acción directa emitido por Wascar Choque Tapia y Luis Alberto Calle Loza -hoy coaccionados- por el que condujeron en calidad de aprehendidos a los ahora accionantes y a otras cinco personas en calidad de arrestadas; c) En el informe -de Intervención- policial -Preventiva- de acción directa consta la hora de la intervención policial 14:30, a partir de la cual corrieron los plazos tanto del arresto como de la aprehensión; d) El hecho fue calificado, tanto en el informe policial como en las Directrices emitidas como tenencia y porte o portación ilícita, previsto y sancionado en el art. 141 quinter del CP; e) Los tres aprehendidos -hoy accionantes- prestaron sus declaraciones informativas, en presencia de sus abogados defensores; f) A horas 10:00 del mismo día, dentro de las ocho horas como establece el art. 225 del CPP, se hizo la entrega del Requerimiento fiscal al investigador asignado al caso, para que cese el arresto de las cinco personas, cuyos nombres son innecesarios mencionar; g) Por mandato normativo, la persona aprehendida debe ser puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional en el término de veinticuatro horas, en este sentido, el 22 de igual mes y año, luego de concluido su turno, el caso fue derivado a Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia -ahora coaccionado-, en cuya suplencia asumió Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Fiscal de Materia -coaccionada-; h) Se tiene conocimiento que, en el transcurso de ese día la indicada Fiscal de Materia, presentó Resolución de Imputación Formal O.A.M.C. 74/2022 en contra de los ahora accionantes, siendo la causa penal sorteada y radicada en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, cuyo titular dispuso la detención preventiva de los nombrados en el Centro Penitenciario de San Pedro, por el plazo de tres meses; i) Existiendo una instancia jurisdiccional que valoró los elementos de convicción presentados en la imputación formal y encontrándose abierta la etapa preparatoria del proceso penal, es inviable la procedencia de esta acción de defensa porque los imputados tienen abierta la jurisdicción ordinaria antes que de la constitucional, citando al efecto a la SCP 0365/2022-S3 de 28 de abril, relacionada con el “principio” de subsidiariedad -excepcional-; y, j) Solicitó se deniegue la tutela impetrada. Ingrid Rocio Feraudi Guerra, Fiscal de Materia, mediante informe escrito cursante a fs. 97 y vta., señaló que: 1) De la revisión a los argumentos expuestos por los impetrantes de tutela, se establece que no se adecúan a ninguno de los presupuestos exigidos por el art. 47 del CPCo, en razón a que, se limitaron a referir de forma genérica que fueron aprehendidos de forma abusiva, cuando de los antecedentes se establece que fueron conducidos a dependencias policiales en dicha calidad de aprehendidos, conforme se desprende del informe de intervención policial preventiva de acción directa, siendo atendido el proceso penal de forma inicial en turno por Carlos Renán Cortez Callisaya, Fiscal de Materia -coaccionado-; y, luego de haberse realizado las diligencias investigativas pasó a conocimiento de Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia -coaccionado-, pero al encontrarse su autoridad en suplencia legal, le remitieron la causa penal, en la que luego de realizar la valoración objetiva de antecedentes emitió Resolución de O.A.M.C. 74/2022 contra los ahora accionantes, por la presunta comisión del delito de tenencia y porte o portación ilícita, que fue presentada dentro el plazo estipulado por ley, ante lo cual, la autoridad judicial coaccionada señaló audiencia de medidas cautelares personales disponiendo la detención preventiva de los nombrados, en cuyo acto procesal a través de su defensa técnica “hace conocer” incidente de actividad procesal defectuosa y aprehensión ilegal, -audiencia- que fue llevada a cabo de forma posterior al acto procesal de medidas cautelares personales, en la cual el Juez de la causa -coaccionado- declaró infundados esos incidentes; 2) La actuación fiscal y policial dentro de un proceso investigativo criminal, se sujeta al control jurisdiccional conforme al art. 279 del CPP, siendo el juez, la autoridad idónea ante quien se debe reclamar las infracciones a los derechos al debido proceso y a la libertad, por lo que, los peticionantes de tutela al acudir directamente a la jurisdicción constitucional sin observar el “principio” de subsidiariedad -excepcional-, desconocieron el rol, atribuciones y finalidad que el legislador dio al juez ordinario, que se desempeña como “...juez constitucional en el control de la investigación...” (sic), cuya atribución se encuentra en el art. 54.1 del citado Código; existiendo innumerables fallos constitucionales al respecto, tal como la SC 1485/2011-R de 10 de octubre, que debe asumirse por ser obligatoria y vinculante; y, 3) Corresponde denegarse la tutela solicitada por la inobservancia del “principio” de subsidiariedad -excepcional-, disponiendo se acuda al Juez de la causa, más aún cuando conforme se ha referido precedentemente los incidentes ya fueron considerados y declarados infundados y confirmados en alzada. Omar Alcides Mejillones Copana, Fiscal de Materia, por informe oral presentado en audiencia, sostuvo que: i) No se acreditaron ninguno de los presupuestos establecidos en los arts. 125 de la CPE y 47 del CPCo; ii) Se debe considerar la verdad material y el principio de legalidad relacionado con el art. 221 del CPP; iii) No existe ningún tipo de procesamiento ilegal o indebido, puesto que, el proceso penal inició con una acción directa con aprehendidos, poniéndoseles en conocimiento de la autoridad judicial para la aplicación de medidas cautelares personales, velando los derechos y garantías -constitucionales- de los ahora accionantes; iv) Se dispuso la detención preventiva ante la concurrencia del art. 233 del citado Código; determinación que fue apelada “...y un auto de vista respecto a uno de los reclamó a través de que todo el procedimiento que está pidiendo los presupuestos que establece el procedimiento penal, es decir respecto a las actas que han señalado que tuvieran datos falsos, este extremo ha sido reclamado recientemente exactamente el 8 de julio del año 2022 en audiencia de incidentes de actividad procesal donde se ha apelado las declaraciones de los imputados y también la imputación formal en ese contexto bajo un principio de flexibilidad, primeramente tendríamos que esperar que la sala resuelva...” (sic); v) La imputación formal cumple con todos los “protocolos”; vi) No se generó ninguna vulneración a la libertad de los imputados -hoy accionantes-; y, vii) Solicitó se deniegue la tutela impetrada. Jhannet Palma Mayta Investigadora de la FELCC, por informe oral, manifestó que, “…yo me remito a lo que está en mi informe…” (sic); aclarando que (…) en ningún momento hizo colección de indicios materiales (…) esos objetos fueron entregados por el teniente…” (sic).

Sergio Didi Quisbert Laura, Investigador de la FELCC, mediante informe oral señaló que: se remitirá a los informes presentados por el Ministerio Público y a todos los que elaboró juntamente con el personal de escena del crimen.

Luis Alberto Calle Loza, funcionario policial dependiente de Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, a través de informe oral refirió ratificarse en la acción directa, en la que adjuntó un muestrario fotográfico y donde se hizo el cotejo tanto de los aprehendidos -hoy impetrantes de tutela- y de los arrestados. Wascar Choque Tapia, funcionario policial, dependiente de Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, por informe oral señaló remitirse a los informes presentados “por los demás” y al informe de intevención acción directa. Luis Alfredo Lero Condori, Alvaro Barcaya Mamani, Hugo Herrera Mercado, Oscar Sánchez Céspedes, todos identificados como Militares “INFILTRADOS”, no se hicieron presentes a audiencia ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 87.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 40/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 116 a 120, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) Esta pendiente de resolución la apelación incidental formulada contra la Resolución 213/2022 de 28 de julio, cuyos fundamentos son los mismos a los se presentaron en esta acción de defensa, relacionados con actividad procesal defectuosa respecto “…al acta de indicios materiales, sobre las firmas falsas estampadas en los documentos de investigación, la inexistencia de cadena de custodia, la falta de individualización de los partícipes del hecho, vicios formales de la acción directa, valoración del elemento Toscana-Tosi, funcionarios infiltrados de las fuerzas armadas, es decir se aplica el principio de subsidiaridad” (sic); b) Tampoco se ha conocido el pronunciamiento de fondo de la apelación incidental formulado en la audiencia de medidas cautelares -personales-, siendo una impugnación que ataca fundamentalmente a los requisitos de la imputación formal, en sentido igual a los hechos que sustentan la presente acción tutelar; c) Estos aspectos ya fueron regulados a través de la SCP 0239/2019-S3 -de 1 de julio- relacionada con la imposibilidad de activar dos jurisdicciones de forma simultánea para resolver un mismo reclamo; y, d) En conclusión, conforme a los antecedentes y la línea jurisprudencial anteriormente invocada, se establece “…que la acción de libertad anteriormente era denominada habeas corpus, no procede en la aplicación de la presente acción” (sic).

En vía de complementación y enmienda la parte accionante, señaló que, cómo se podría considerar que se vayan a dictar dos resoluciones simultáneas, que podrían ser contradictorias, cuando el Tribunal de garantías tiene la obligación de tutelar, resguardar y generar el restablecimiento de los derechos humanos elementales; y, en este caso se está librando la responsabilidad de emitir pronunciamiento de fondo.

Ante lo cual, el Tribunal de garantías sostuvo que: 1) “…claramente se ha expuesto en la resolución con relación a dos elementos que, en antecedentes, ni la parte accionante ni la parte accionada ha puesto en conocimiento de los miembros de este tribunal, las resoluciones que hubieran resuelto inicialmente el recurso de apelación en contra de las medidas cautelares…” (sic); y, “…tampoco se cuenta de manera objetiva la resolución que hubiese sido resuelta por el Tribunal de Alzada respecto a la resolución 213/2022, que precisamente ha considerado los incidentes presentados y formulados por los ahora accionantes” (sic); y, 2) Siendo claros los fundamentos expuestos, lo que se pretende es buscar pronunciamiento en el fondo.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 12 de septiembre de 2024 cursante a fs. 132, y conminatoria de 4 de noviembre de 2024, cursante a fs. 167 se procedió a la suspensión del cómputo de plazo por solicitud de documentación complementaria; y, ante la imposibilidad de ello, se reanudó el mismo, por decreto constitucional de 2 de diciembre del citado año, a cuyo efecto la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo procesal establecido por el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio contra Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza, Mauricio Alejandro Bruzzone Herrera y Ricky Blas Freese Rodríguez -hoy accionantes-, por la presunta comisión del delito tenencia y porte o portación ilícita, el 22 de julio de 2022, Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Fiscal de Materia -hoy coaccionada-, emitió Resolución de Imputación Formal O.A.M.C. 74/2022 y requirió la aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistentes en la detención preventiva (fs. 43 a 55).

II.2. A través de Resolución 206/2022 de 22 de julio, Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -hoy coaccionado-, en lo central, determinó la detención preventiva de los ahora impetrantes de tutela en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el plazo de tres meses; determinación contra la cual la defensa técnica de los nombrados de conformidad con el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 interpuso recurso de apelación incidental (fs. 137 a 144).

II.3. Por Resolución 213/2022 de 28 de julio, el Juez coaccionado:

“…DISPONE Y DETERMINA DECLARAR INFUNDADO EL INCIDENTE DE ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA MEDIANTE EL CUAL HA SOLICITADO LA NULIDAD DE LA IMPUTACIÒN FORMAL, LAS DECLARACIONES, LA ACCIÓN DIRECTA, EL ACTA DE RECEPCIÓN DE INDICIOS MATERIALES DENTRO DEL PRESENTE CASO, disponiéndose la prosecución de la presente investigación conforme corresponde a procedimiento” (sic); ante la cual, el abogado de los ahora peticionantes de tutela, conforme a los arts. 403 y 404 del CPP, modificado por el art. 16 de la Ley 1173, formuló recurso de apelación incidental (fs. 145 a 151).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes por intermedio de su representante sin mandato denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la libre locomoción, a la integridad y seguridad personal, a la dignidad, a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia -invocados estos dos últimos también como garantías-, así como al principio de seguridad jurídica; toda vez que: i) Sin razón jurídica alguna, de forma ilegal y abusiva se dispuso su aprehensión directa con la participación de funcionarios policiales de inteligencia y militares “infiltrados” -ahora coaccionados-; y, encontrándose en la FELCC, se les mantuvo incomunicados sin orden judicial e incluso fueron expuestos como trofeo político; y, aún de que presentaban lesiones producto de las agresiones de las que fueron víctimas por los grupos de choque, pese al pedido insistente de que sean remitidos al IDIF no fueron conducidos para la valoración médica correspondiente; ii) Existen actos investigativos nulos de pleno derecho, tales como actas de recepción de indicios materiales, de acción directa -Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa y de Requisa Personal-; conforme a ello, el cuaderno de investigación contiene elementos falsos; iii) De esta manipulación son partícipes los Fiscales de Materia coaccionados; iv) La Resolución de Imputación Formal O.A.M.C. 74/2022 incumple el art. 302 del CPP, al no contar con una relación de hechos acorde a las investigaciones, tampoco identifica modo, tiempo, lugar, y mucho menos la existencia de flagrancia, omitiendo realizar la individualización de autoría y participación criminal y de ninguna manera observa el principio de tipicidad, además de emplear documentación falsa; y, solicitar su detención preventiva fundamentado indebidamente el riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP; v) El Juez accionado les impuso arbitrariamente la detención preventiva a consecuencia de su indefensión absoluta; por cuanto, en audiencia no permitió la presentación con carácter previo de los incidentes del nulidad de la aprehensión y de la imputación formal, disponiendo que los mismos serían tramitados por separado; tampoco admitió la participación de la abogada copatrocinante ni permitió se produzca prueba; y, aún de que, el Ministerio Público no generó ningún elemento probatorio y mucho menos hizo mención a la existencia de elementos que objetivamente demuestren su probabilidad de autoría, convalidando y avalando documentos falsos, emitió la Resolución 206/2022 que arbitraria, irracional, infundada e incongruentemente omitió resolvió la falta de flagrancia y responder a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida extrema impuesta; y, vi) La Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- determinó rechazar la apelación incidental que interpuso contra la antes señalada Resolución, convalidando indebidamente las actuaciones reclamadas, indicando que, entre tanto se investigue sobre sí los petardos son o no explosivos o que el vinagre no sería un material para fabricar explosivos, deben permanecer privados de libertad, sin fecha límite, lo cual criminaliza el derecho a la protesta y permite la militarización de las organizaciones ciudadanas y de los organismos vivos de derechos humanos; además de sostener que, existió un rango de proporcionalidad entre la detención preventiva y el delito -presuntamente- cometido; omitiendo escuchar sus argumentos y responderlos, al no resolver la individualización de la participación criminal, la prueba nula, la violación de derechos humanos, la inexistencia de flagrancia, la ilogicidad de la imputación formal y la tipicidad ni respecto al peligro de obstaculización e inexistencia de certificaciones del SEGIP señaladas en la imputación formal que no fueron acompañadas al cuaderno de investigación ni en audiencia.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Anulación de obrados por imposibilidad material de resolución sobre el fondo del asunto constitucional tutelar promovido

Sobre el particular, como premisa inicial se debe recordar que, la acción de libertad tiene como principio medular concatenado a los bienes jurídicos que se encuentran dentro del ámbito de su protección constitucional tutelar, al informalismo, respecto al cual, cabe precisar conforme se tiene establecido en la SCP 0835/2021-S3 de 3 de noviembre, que cita a su vez a la SCP 1654/2013 de 4 de octubre, que: [...«Tomando en cuenta que el art. 125 de la CPE, instituye el informalismo como principio rector de la acción de libertad, la presentación de esta acción puede ser incoada en forma verbal o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre sin necesidad de mandato o poder notarial de representación y sin ninguna formalidad procesal, quedando liberadas las exigencias de fundamentación jurídica y causalidad en cuanto a los derechos considerados vulnerados; de la misma forma, el juez o tribunal de garantías deberá suplir las omisiones de derecho en las que pudiera incurrir el accionante. Entendimiento que fue asumido en la SCP 0170/2012 de 14 de mayo.

Del mismo modo, el fallo señalado precedentemente, indica que: “Otra de las manifestaciones del informalismo (…) '…la autoridad competente podrá ordenar a quien tenga en su poder la remisión de actuados concernientes al hecho demandado', otorgando la facultad al tribunal de garantías de pedir todo elemento probatorio, independientemente del presentado por el accionante o por la autoridad o persona demandada con la finalidad de encontrar la verdad material de los hechos denunciados...”] (las negrillas nos corresponden). A partir de este lineamiento jurisprudencial que refuerza la aplicación del principio de informalismo dentro de la tramitación de esta acción de defensa, cabe la posibilidad-imperatividad inicial de que los jueces o tribunales de garantías así como las Salas Constitucionales, que tengan conocimiento de este tipo de acciones de defensa, recaben los antecedentes y/o actuados procesales, jurisdiccionales o de otra índole que sean necesarios y/o que hubiesen sido requeridos por el activante de la acción, para resolver con solvencia de constatación fáctica las problemáticas que les fueren formuladas, en procura de alcanzar la verdad material.

En esta lógica de efectivización del principio de informalismo, la permisibilidad de obtener elementos pertinentes vinculados al problema jurídico-constitucional que fuere promovido -e independientemente de la obligación de la remisión de la documental que fue de conocimiento de la autoridad de garantías- y/o cualesquier elemento probatorio requerido para su resolución, es extensivo en su efecto de facultad también a la fase de revisión por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional, que puede obtener su remisión con expresa solicitud de documentación complementaria, respecto a lo cual por su concordancia se debe traer a colación la regulación normativa del art. 5 del CPCo, que textualmente establece: “ARTÍCULO 5. (DEBER DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN). Los órganos e instituciones públicas, las personas naturales o personas jurídicas públicas o privadas, prestarán al Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo que éste determine la: 1. C ooperación o colaboración que se requiera con carácter preferente, urgente e inexcusable. 2. R emisión de cualquier documento necesario para la resolución del proceso constitucional”. Bajo este contexto, es pertinente razonar que, si bien en ejercicio efectivo del principio de informalismo de la acción de libertad este Tribunal tiene la facultad de requerir documental pertinente para la adecuada resolución de la problemática constitucional tutelar formulada, ante situaciones en las que, aún de que esta dinámica procesal asumida en la tramitación de la causa en fase de revisión en procura de contar con los suficientes y necesarios elementos fácticos, procesales, jurisdiccionales o de otra naturaleza, no se hubiese sido generado resultados positivos pese a la reiteración expresa, se sucede una coyuntural circunstancia de barrera del ejercicio del control de constitucionalidad tutelar requerido, que deviene en la imposibilidad material de resolución del fondo del asunto promovido, ante la falta de documental inherente y necesaria, que no pudo ser superada aún de la prevalencia del principio de informalismo que rige a esta acción de defensa y a la facultad en revisión de requerir la misma. Al respecto, es pertinente denotar que, el razonamiento precedente responde a su vez a que, a más de la certeza requerida sobre los actuados procesales y por ende la eficacia e idoneidad de lo resuelto en esta sede constitucional, la anulación de obrados, si bien no es inherente a las partes procesales-, no es menos evidente que responde también a la previsibilidad del debido proceso constitucional tanto de la parte accionante como accionada, en función -se reitera- de la certeza de la actuación procesal cuestionada y la verificación de lesión o no de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. Análisis del caso concreto

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos, garantías y principio invocados en esta acción de tutela, habida cuenta a que: a) Sin razón jurídica alguna, de forma ilegal y abusiva se dispuso su aprehensión directa con la participación de funcionarios policiales de inteligencia y militares “infiltrados” -ahora coaccionados-; y, encontrándose en la FELCC, se les mantuvo incomunicados sin orden judicial e incluso fueron expuestos como trofeo político; y, aún de que presentaban lesiones producto de las agresiones de las que fueron víctimas por los grupos de choque, pese al pedido insistente de que sean remitidos al IDIF no fueron conducidos para la valoración médica correspondiente; b) Existen actos investigativos nulos de pleno derecho, tales como actas de recepción de indicios materiales, de acción directa -Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa y de Requisa Personal-; conforme a ello, el cuaderno de investigación contiene elementos falsos; c) De esta manipulación son partícipes los Fiscales de Materia coaccionados, así: Carlos Renán Cortez Callisaya, al elaborar documentos procesales falsos e imputarles por la presunta comisión del delito de tenencia y porte o portación ilícita, sin que portaran armas de fuego, municiones, explosivos ni materiales relacionados, motivando un proceso penal criminalizando el derecho constitucional a la protesta; Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Fiscal de Materia, en audiencia de medidas cautelares personales dio lectura a la imputación formal sin presentar un solo elemento objetivo; y, Omar Alcides Mejillones Copana, es ahora el Fiscal asignado a la causa penal; d) La Resolución de Imputación Formal O.A.M.C. 74/2022 de 22 de julio, incumple el art. 302 del CPP, al no contar con una relación de hechos acorde a las investigaciones, tampoco identifica modo, tiempo, lugar, y mucho menos la existencia de flagrancia, omitiendo realizar la individualización de autoría y participación criminal y de ninguna manera observa el principio de tipicidad, además de emplear documentación falsa; y, solicitar su detención preventiva fundamentado indebidamente el riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP-; e) El Juez coaccionado les impuso arbitrariamente la detención preventiva a consecuencia de su indefensión absoluta, por cuanto, en audiencia no permitió la presentación con carácter previo de los incidentes del nulidad de la aprehensión y de la imputación formal, disponiendo que los mismos serían tramitados por separado; tampoco admitió la participación de la abogada copatrocinante ni permitió se produzca prueba; y, aún cuando, el Ministerio Público no generó ningún elemento probatorio y mucho menos hizo mención a la existencia de elementos que objetivamente demuestren su probabilidad de autoría, convalidando y avalando documentos falsos, emitió la Resolución 206/2022 de 22 de julio, que arbitraria, irracional, infundada e incongruentemente omitió resolver la falta de flagrancia y responder a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida extrema impuesta; y, f) La Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- determinó rechazar la apelación incidental que interpuso contra la antes mencionada Resolución, convalidando indebidamente las actuaciones reclamadas, señalado que, entre tanto se investigue sobre sí los petardos son o no explosivos o que el vinagre no sería un material para fabricar explosivos, deben permanecer privados de libertad, sin fecha límite, lo cual criminaliza el derecho a la protesta y permite la militarización de las organizaciones ciudadanas y de los organismos vivos de derechos humanos; además de sostener que, el Ministerio Público tomó una decisión acertada al definir que los petardos son explosivos y que existió un rango de proporcionalidad entre la detención preventiva y el delito -presuntamente- cometido; omitiendo escuchar sus argumentos y responderlos, al no resolver la individualización de la participación criminal, la prueba nula, la violación de derechos humanos, la inexistencia de flagrancia, la ilogicidad de la imputación formal y la tipicidad ni respecto al peligro de obstaculización e inexistencia de certificaciones del SEGIP señaladas en la imputación formal que no fueron acompañadas al cuaderno de investigación ni en audiencia. En el marco de esta necesaria contextualización y reiteración de la presunta lesividad que motiva la activación de esta acción tutelar, se advierte que, la misma involucra a una secuencia de presuntas actuaciones y/u omisiones ilegales e indebidas en las que las autoridades judiciales y fiscales, así como funcionarios policiales y militares accionados hubiesen incurrido en la instauración y prosecución del proceso penal seguido contra los ahora impetrantes de tutela. A partir de ello, considerado que uno de los componentes de reclamación converge en la presunta actuación indebida en la que hubiese incidido la Vocal accionada a tiempo de desestimar el recurso de apelación incidental que interpusieron los imputados -ahora accionados- contra la determinación de su detención preventiva asumida en instancia inferior, resalta a los fines del examen a este alegado acto lesivo la necesidad de conocer su contenido a efectos de efectuar el contraste requerido para la verificación de la viabilidad o no de tal denuncia constitucional; no obstante, este Tribunal se vió en la imposibilidad de ello ante la inexistencia dentro del expediente constitucional remitido del actuado jurisdiccional objeto de reclamación en esta acción de defensa; es decir, el Auto de Vista que hubiese sido emitido por la indicada autoridad judicial de alzada, dado que, pese a que, como emergencia de que la parte accionante en los Otrosíes Tercero y Cuarto de su demanda tutelar, impetró expresamente “Solicito se OFICIE a las autoridades demandadas remitan todos los antecedentes de su accionar, y tales documentos SE TENGAN PRESENTES EN CALIDAD DE PRUEBA...” (sic); y, “Solicito en calidad de Prueba se le remita el cuaderno de control jurisdiccional con las actas de las audiencias ya desarrolladas hasta al presente...” (sic), y que el Tribunal de garantías a tiempo de señalar audiencia de consideración de esta acción de defensa dispuso: “Al otrosí 3.- Sin perjuicio de lo ya dispuesto las autoridades accionadas deberán de remitir todos los antecedentes respecto a la acción de libertad...” (sic); y, “Al otrosí 4.-Por la autoridad accionada remita el cuaderno de control jurisdiccional” (sic); inicialmente no se constata que tal orden hubiese sido verificada en su cumplimiento en la consecución del proceso constitucional tutelar y menos aún que los integrantes del Tribunal de garantías hubiesen asumido una conducta dinámica -que además le resultaba imperativa- de recabar los antecedentes y/o actuados procesales y jurisdiccionales faltantes y necesarios para resolver con consistencia fáctica las problemáticas que le fueron formuladas. Lo cual devino en que, en los antecedentes importantes y necesarios para emitir la resolución respectiva sobre la totalidad de los presuntos actos lesivos denunciados que fueron remitidos, se cuente únicamente, en lo pertinente, con la Resolución de Imputación Formal O.A.M.C. 74/2022, emitida por Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Fiscal de Materia -hoy coaccionada-, requiriendo aplicación de medidas cautelares de carácter personal consistentes en la detención preventiva de los ahora accionantes, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público de oficio en su contra por la presunta comisión del delito de tenencia y porte o portación ilícita (Conclusión II.1) y acta de recepción de indicios materiales (fs. 2 y 3); Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa (fs. 4 y 5); Acta de Requisa Personal y Colección de Indicios Materiales (fs. 11, 17 y 18). Es entonces que, en ese contexto de advertida insuficiencia de documental necesaria para afrontar en fase de revisión la resolución del caso sub judice, que dentro del despliegue y trámite procesal en instancia constitucional, este Tribuna Constitucional Plurinacional a través de decreto constitucional de 12 de septiembre de 2024, a fin de contar con los elementos procesales y jurisdiccionales inherentes a las problemáticas antes delineadas, solicitó por una parte, a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, acta de audiencia de apelación incidental y Auto de Vista que hubiese sido emitido ante la apelación incidental formulada contra la Resolución que dispuso la detención preventiva de los imputados -ahora accionantes-; y, por otra, al Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del indicado departamento, acta de audiencia y resolución que hubiese sido dictada en la dilución de la situación jurídica de los nombrados en la que se dispuso su detención preventiva y, Auto de Vista, emitido en instancia de apelación incidental de la misma; así como también acta de audiencia y resolución que habría sido emitida como consecuencia de la interposición de incidente de actividad procesal defectuosa y aprehensión ilegal por la defensa de los mencionados; así como, de haber sido impugnada la misma remita el Auto de Vista que hubiese sido dictado al efecto (fs. 132). Ante ello, notificadas con dichas solicitudes las indicadas autoridades judiciales (fs. 159 y 162), únicamente el antes referido Juez de Instrucción Penal, a través de su personal de apoyo judicial, remitió antecedentes procesales, relacionados centralmente con actuados generados en esa instancia procesal, tal como la Resolución 206/2022, por la que, se determinó la detención preventiva de los ahora impetrantes de tutela en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el plazo de tres meses; determinación contra la cual la defensa técnica de los nombrados de conformidad con el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.2); y, Resolución 213/2022 de 28 de julio, que: “…DISPONE Y DETERMINA DECLARAR INFUNDADO EL INCIDENTE DE ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA MEDIANTE EL CUAL HA SOLICITADO LA NULIDAD DE LA IMPUTACIÒN FORMAL, LAS DECLARACIONES, LA ACCIÓN DIRECTA, EL ACTA DE RECEPCIÓN DE INDICIOS MATERIALES DENTRO DEL PRESENTE CASO, disponiéndose la prosecución de la presente investigación conforme corresponde a procedimiento” (sic); ante la cual, el abogado de los mencionados, conforme a los arts. 403 y 404 del CPP, modificado por el art. 16 de la Ley 1173, impugnó la misma (Conclusión II.3). Sin embargo, de dicha remisión parcial a lo solicitado, y subsistiendo la situación de carencia del Auto de Vista que hubiese sido emitido por la Vocal accionada- que se reitera es parte esencial del cuestionamiento constitucional-, es que, por decreto constitucional de 4 de noviembre de 2024, se emitió conminatoria ante el silencio de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento (fs. 167), emergente de lo cual, la Secretaria de dicha Sala hizo llegar Resolución -Auto de Vista- 759/2022 de 7 de noviembre, dictada por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la citada Sala Penal, de cuyo contenido se advierte habría sido emitida ante la apelación incidental interpuesta por Rodolfo Augusto Rodríguez Oropeza -ahora impetrante de tutela- contra la Resolución 281/2022 de 6 de octubre, que rechazó su solicitud de cesación de detención preventiva (fs.176 a 179); vale decir, que corresponde a un actuado jurisdiccional distinto y posterior al que motiva esta acción de defensa. En este sentido, el despliegue procesal desarrollado por esta Relatoría evidencia el esfuerzo y actividad diligente de contar con la documentación necesaria para emitir una resolución con certeza procesal e idoneidad en la forma de resolución, que no pudo ser concretado y que no puede derivar en una circunstancia que mantenga de forma indefinida y en suspenso la resolución del presente caso, ante la falta de eficacia de dichos requerimientos, que no es inherente a este Tribunal Constitucional Plurinacional. Conforme a ello, es importante considerar los entendimientos jurisprudenciales glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que partiendo del afianzamiento de aplicación del principio de informalismo que caracteriza a esta acción de defensa, destaca en su efectividad pragmática la posibilidad-imperatividad inicial de que los jueces o tribunales de garantías, así como las Salas Constitucionales, que tengan conocimiento de este tipo de acciones de defensa, recaben los antecedentes y/o actuados procesales, jurisdiccionales o de otra índole que sean necesarios y/o que hubiesen sido requeridos por el activante de la acción tutelar, para resolver con solvencia de constatación fáctica las problemáticas que les fueren planteadas, en procura de alcanzar la verdad material; y, en esa lógica consecuencial tal permisibilidad es extensiva en su efecto de facultad también en fase de revisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional, que puede obtenerlos con expresa solicitud de documentación complementaria; no obstante, “...si bien en ejercicio efectivo del principio de informalismo de la acción de libertad este Tribunal tiene la facultad de requerir documental pertinente para la adecuada resolución del asunto constitucional tutelar formulado, ante situaciones en las que, aún de que esta dinámica procesal asumida en la tramitación de la causa en fase de revisión en procura de contar con los suficientes y necesarios elementos fácticos, procesales, jurisdiccionales o de otra naturaleza, no se hubiese sido generado resultados positivos pese a la reiteración expresa, se sucede una coyuntural circunstancia de barrera del ejercicio del control de constitucionalidad tutelar requerido, que deviene en la imposibilidad material de resolución del fondo del asunto promovido, ante la falta de documental inherente y necesaria, que no pudo ser superada aún de la prevalencia del principio de informalismo que rige a esta acción de defensa y a la facultad en revisión de requerir la misma” . Bajo esta lógica y lineamientos jurisprudenciales desarrollados, en el caso de análisis se puede afirmar que, este Tribunal Constitucional Plurinacional en fase de revisión, constatada la insuficiencia de elementos de índole procesal-jurisdiccional ordinario penales necesarios para ejercer en su composición integral el requerido control de constitucionalidad tutelar, en la dimensión del reclamo constitucional expuesto en sus distintos componentes y autoridades accionadas, y ante la negligencia del Tribunal de garantías que omitió verificar la efectivización de la orden inicialmente dispuesta de remisión de los antecedentes inherentes al caso y/u obtener los mismos, pese a que, advirtió de tal carencia; es que asumiendo una secuencia procesal diligente y proactiva tendiente a garantizar la prevalencia del principio de informalismo de esta acción de defensa requirió su remisión a las diferentes instancias judiciales que conocen o conocieron el proceso penal -del que deviene esta acción de defensa-; sin embargo, como se tiene constatado precedentemente no se pudo obtener un resultado positivo; es decir, la remisión y el consecuente conocimiento del contenido del fallo de alzada objeto de cuestionamiento constitucional, lo cual impele a derivar en la conclusión de la imposibilidad material de la resolución de la problemática planteada, conllevando en su efecto procesal esta circunstancia de barrera fáctica limitante del ejercicio jurisdiccional constitucional en que, garantizando el acceso a la justicia constitucional de los accionantes en fase de revisión, y la certeza de la actuación procesal cuestionada, se anule obrados de la presente acción de libertad hasta la audiencia de su consideración y resolución, a efectos de que en dicho actuado procesal el Tribunal de garantías verifique el efectivo cumplimiento de la orden contenida en el Auto 39/2022 -de 2 de agosto- de señalamiento de audiencia y/o en su caso exija la remisión del Auto de Vista cuestionado -extrañado en su constancia en el expediente constitucional-, en virtud a que, el defecto procesal generado por el Tribunal de garantías debe ser retrotraído para su subsanación hasta ese momento procesal; siendo de su entera responsabilidad el obtener de forma inmediata el indicado actuado procesal extrañado y corrigiendo dicha omisión lesiva del debido proceso constitucional, renueve el despliegue y trámite procesal de esta acción de defensa, sustanciando nuevamente la causa tutelar con base en la reparación de la omisión en la que incurrió, y resolviendo conforme corresponda en derecho, garantizando además -dada la consecuencia de la anulación dispuesta-, el cumplimiento de las citaciones y notificaciones respectivas a los sujetos procesales; y, la nueva remisión en revisión, pero con la documentación y antecedentes necesarios para su resolución, así como los generados en su tramitación. En esa misma línea de análisis, y en el contexto de reclamación integral realizado por la parte impetrante de tutela, corresponde a su vez dejar establecido que, en cuanto a los demás elementos de reclamo que son parte de la problemática motivo de la interposición de esta acción de defensa, a saber: las presuntas irregularidades que se hubiesen cometido en su aprehensión e incidencias de ello; en la imputación formal; y otros cuestionamientos inherentes a su vez a la decisión de su detención preventiva asumida por el Juez accionado, que tampoco es posible abordar las mismas -en el alcance analítico y resolutorio que les pudiese corresponder-, dado que tal posibilidad encuentra limitación de efectiva dinámica procesal-constitucional, en razón a que, por una parte, no es viable fraccionar el contenido motivacional de esta acción tutelar, por otra -y principal- porque en igual exigencia a la establecida precedentemente, no se cuenta con las actuaciones procesales necesarias que se hubiesen suscitado y/o resuelto en sede ordinaria, y que den certeza de las actuaciones, omisiones para el pronunciamiento que corresponda ante la lesividad alegada por los prenombrados, incluso aún cuando sea aplicando causales de procedencia que también deben ser verificadas; en consecuencia, corresponde que el Tribunal de garantías obtenga la totalidad de actuados inherentes a las mismas, específicamente a la reclamación vinculada a la aprehensión “directa” y sus incidencias, respecto a lo cual, dentro de esta acción tutelar se puso de manifiesto por las partes procesales la interposición del incidente respectivo, que además habría sido objeto de apelación incidental y que incluso contaría con una fallo emitido en alzada; actuados procesales que de manera ineludible deben ser verificados en su activación, contenido y forma de resolución, por la instancia inicial del proceso constitucional tutelar, a fin de determinar su viabilidad o no, así como para establecer la imperatividad del cumplimiento de las condiciones procesales, que le pudiesen ser exigibles para su procedencia y conocimiento en el fondo -entre otras-como la subsidiariedad excepcional y/o la legitimación pasiva por ejemplo; todo ello siempre en la certeza del despliegue procesal y efectos fácticos ahora cuestionados, a objeto de su resolución conforme corresponda; lo que confirma a su vez la necesidad de la anulación de obrados dispuesta en el presente fallo constitucional conforme se tiene explicado precedentemente. En concomitancia a la decisión procesal jurisdiccional constitucional asumida, corresponde llamar severamente la atención a los integrantes del Tribunal de garantías, por la omisión en la que incurrieron, generando dilación en la resolución en fase de revisión de la presente causa tutelar e inobservancia de la previsión contenida en el art. 29.4 inc. e) del CPCo. En esta misma secuencia de observación procesal, también corresponde llamar severamente la atención a la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -accionada-, dado que, por una parte, si bien, como correspondía, remitió el informe respectivo de forma escrita, omitió la obligación de enviar los antecedentes que tuviese en su poder y que eran objeto del reclamo constitucional, que en el caso concernían al Auto de Vista que resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por los imputados -ahora accionantes- contra la Resolución 206/2022 de 22 de julio, que dispuso su detención preventiva; y, por otra, pese al requerimiento y conminatoria de remisión de tal actuado jurisdiccional por este Tribunal, de igual manera omitió cumplir dicha orden y a contrario se remitió documental distinta a la requerida, soslayando con esta conducta omisiva el art. 5 del CPCo, apercibiéndose a la referida autoridad judicial cumplir con el deber de cooperación y colaboración en futuros procesos constitucionales.

III.4. Otras consideraciones

En igual sintonía de verificación a actuaciones desarrolladas por el Tribunal de garantías dentro de esta acción de defensa, de la revisión al acta de audiencia de garantías se advierte que, el abogado y representante sin mandato de los accionantes solicitó al Juez que presidió la misma se excuse, ante lo cual la autoridad judicial aludida sostuvo que, no se presentó prueba alguna y que no se encontraba impedido ni dentro de ninguna causal, rechazando la “recusación” formulada; para seguidamente ser rechazada in limine por los demás integrantes del colegiado, bajo argumentos relacionados esencialmente con la contrastación de los institutos de excusa y recusación, para sostener que, si la parte accionante se encontraba agraviada en el primer momento debió haber interpuesto la recusación con los fundamentos de la excusa solicitada; y, que no se acompañó ningún elemento probatorio al respecto. Sobre el particular, se debe recordar a los integrantes del Tribunal de garantías que, bajo la regulación normativa del art. 7.IV de la Ley de Creación de las Salas Constitucionales -Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018-, que establece: “Las y los vocales de las Salas Constitucionales no podrán ser recusados y están sujetos únicamente a las causales de excusa establecidas en el Artículo 20 de la Ley Nº 254 de 5 de julio de 2012,’Código Procesal Constitucional”; no es posible admitir dentro del proceso constitucional tutelar la activación del instituto procesal de la recusación, siendo la única permitida y de exclusiva tuición de la autoridad judicial constitucional la figura de la excusa, la cual no puede ser generada, en una especie de aparente recusación, por los sujetos procesales; sin que ello signifique que ante la posibilidad de alerta por una de las partes procesales sobre una posible causal de excusa, la autoridad involucrada no pueda considerar ello, pero siempre dentro del procedimiento y alcances establecidos para dicho instituto jurídico por la norma procesal.

En este sentido, la tramitación que se realizó respecto a la excusa requerida por la parte impetrante de tutela, no resultó adecuada ni conforme a procedimiento y menos aún los argumentos que respaldaron la declaratoria de rechazo in limine. Por lo que, de igual manera corresponde llamar la atención a los integrantes del Tribunal de garantías, a fin de que en futuras actuaciones dentro de esta jurisdicción constitucional observen y apliquen por su especialidad las normas procesales de la materia. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al tramitar la presente acción de libertad en inobservancia del correcto procedimiento exigido para acciones constitucionales tutelares, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° ANULAR obrados hasta el señalamiento de la audiencia de consideración y resolución de esa acción de libertad, conforme a los fundamentos jurídicos-procesales y constitucionales expuestos ut supra; 2° Disponer que de forma inmediata, Germán Barrios Mamani, Liz Roció Avilés Condori y Marco Antonio Vargas Yupanqui, Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, subsanen el defecto procesal generado, debiendo a este efecto realizar un nuevo señalamiento de audiencia, y en el alcance de la anulación dispuesta como se tiene explicado precedentemente, y dada su eficacia y trascendencia procesal, resolver la problemática planteada, en sus diferentes dimensiones de cuestionamiento, conforme corresponda, pero con base en la documental que otorgue certeza de la forma de resolución; y en efecto subsecuente de ello remitir ante este Tribunal, el legajo constitucional completo -como correspondía-; y, 3° Llamar severamente la atención a los antes identificados Jueces integrantes del Tribunal de garantías, por la negligencia omisiva en la que incurrieron en la tramitación de esta acción de defensa; así como por la inobservancia de la normativa procesal-constitucional; y, de igual forma a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada-, en razón a lo expuesto ut supra.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0713_2024-S2.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0d277e4a8ae53dd03219eb0f05ed40741c5cbf8212de129259a4d8c3efbcf7c0

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →