B.IA.LEGAL

SCP 0713/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 3 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
3 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
46600-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en su componente seguridad jurídica y debida diligencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Vocal ahora demandada, en franco incumplimiento y desobediencia de la Resolución 015/2022 emitida por el Juez de garantías -dentro la acción de libertad interpuesta contra la resolución que revocó su cesación de la detención preventiva y amplió el plazo de su detención preventiva-, emitió el Auto 184/2022 disponiendo solo dejar sin efecto la Resolución 39/2022 y ordenar que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz emita nueva Resolución dentro de las veinticuatro horas, sin identificar el inicio del cómputo de la ampliación de la detención preventiva, conforme lo ordenado por el referido Juez de garantías; y, habiendo solicitado enmienda de la Resolución 184/2022, a efectos de que corrija dichas omisiones; hasta la presentación de la acción de libertad -22 de marzo de 2022-, no fue resuelta por la Vocal demandada, quien ya había devuelto el expediente al juzgado de la causa. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a este efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe sentencia constitucional en una primera acción tutelar, del cual emerge la que se interpone; y, 2) Análi…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe sentencia constitucional en una primera acción tutelar, del cual emerge la que se interpone
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0713/2023-S1 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46600-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Valentín Pari Alanoca contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de feminicidio, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 96/2021 de 2 de septiembre, determinó su detención preventiva por el término de tres meses hasta el 2 de diciembre del citado año, asimismo mediante Resolución 355/2021 fue ampliada hasta el 3 de enero de 2022; posteriormente el 11 del citado mes y año, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva y de su situación jurídica procesal, en la cual el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención preventiva por el plazo de veintitrés días; ante ello, mediante Resolución 39/2022 de 11 de enero, el Juez de control jurisdiccional le otorgó la cesación a la detención preventiva sustituyéndola por la detención domiciliaria, y rechazó la ampliación del plazo de la detención preventiva; por lo que, el Ministerio Público, interpuso recurso de apelación incidental y mediante Resolución 113/2022 de 16 de febrero, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -ahora demandada-, revocó la Resolución apelada, además dispuso ampliar el plazo de su detención preventiva por un mes, sin embargo, "En su Auto no identifica si el tiempo que guarde detención preventiva desde la emisión de la Res. 39/22 del 11 de enero de 2022 al 16 de Febrero del 2022 ante la emisión de la Res. 113/2022, cuenta como plazo de detención preventiva o si el plazo de ampliación del plazo de la detención preventiva por un mes más dispuesta por su Autoridad, debe ser considerado recién desde la emisión de la Res. 113/2022 del 16 de Febrero de 2022 al 16 de Marzo de 2022" (sic). Antes esta vulneración por parte de la Vocal demandada, interpuso una acción de libertad en contra de la indicada Vocal, en la cual el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías- emitió la Resolución 015/2022 de 4 de marzo, por el que concedió la tutela; por lo que, dispuso se emita nueva Resolución; sin embargo, la Vocal demandada al emitir la nueva Resolución 184/2022 de 14 del mencionado mes, nuevamente incurrió en actos lesivos, omisivos de forma indebida en su contra como privado de libertad, en franco incumplimiento y desobediencia de la Resolución 015/2022, pues dicha Vocal demandada, solo dispuso dejar sin efecto la Resolución 39/2022 y ordenar que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del mencionado departamento emita nueva Resolución dentro de las veinticuatro horas, sin identificar el inicio del cómputo del mes de la ampliación de la detención preventiva. Ante dicha omisión, solicitó enmienda de la Resolución 184/2022, poniéndole en conocimiento la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, la cual establece que a la resolución de apelación de medidas cautelares, no le está permitido anular obrados cuando verifique que el Juez de Instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo de manera insuficiente, y en cumplimiento de los principios constitucionales, deberá resolver directamente el caso; sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad, la solicitud de enmienda presentada el 17 de marzo de 2022, no fue resuelta por la Vocal demandada, porque devolvió el expediente el 18 del referido mes y año al juzgado de la causa y el memorial de enmienda se quedó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la vulneración de su derecho al debido proceso en su componente seguridad jurídica y debida diligencia, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 125 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE), art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la Vocal demandada responda en el día la enmienda solicitada el 17 de marzo de 2022 en contra de la Resolución 184/2022 de 14 de marzo y se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para su procesamiento disciplinario.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública, se realizó el 23 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 36 a 37 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó íntegramente los argumentos expuestos en la acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 23 de marzo de 2022, cursante a fs. 35, refiere que: 1) Del memorial de acción de libertad, ya se tiene un Tribunal de garantías, que recae en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de La Paz; por lo que, el solicitante de tutela podría acudir a esa instancia para el cumplimiento de la solicitud de complementación y enmienda, y no generar así disposiciones o resoluciones contradictorias, así también debe agotar la subsidiariedad en las instancias correspondientes; 2) Se debe tomar en cuenta, que por informe absuelto por la Auxiliar de la Sala, se tiene que el legajo de apelación fue devuelto al Juzgado de origen el 18 de marzo de 2022, como se adjunta de la copia del libro de altas y bajas de esa instancia, además por providencia de 21 del citado mes y año emitida por la Secretaría de Cámara de la Sala Penal Segunda, se solicitó al juzgado de la causa, la devolución del legajo de apelación para que se pueda resolver la solicitud de complementación y enmienda, misma que está en trámite; y, 3) Tomando en cuenta que la acción de libertad es sumarísima, pide que se deniegue la tutela solicitada; toda vez que, no se ha vulnerado ningún derecho o garantía establecida en la CPE.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 17/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 38 a 41, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante alega que la autoridad ahora demandada no se pronunció sobre la solicitud de enmienda y adjunta como prueba el sticker de presentación de memorial y data del 17 de marzo de 2022, a horas 12:51, entonces corresponde establecer quienes son encargados de la devolución del expediente a los juzgados, de la recepción de memoriales, del cargado del libro diario, revisión de sistemas y que esta atribución es exclusiva en cuanto a su función de apoyo jurisdiccional a los Secretarios y auxiliares de los juzgados, de las Salas Penales y esa atribución se encuentra claramente establecida, en los arts. 91 al 102 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, inclusive las modificaciones de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- al Código de Procedimiento Penal (CPP), establecen las facultades que tienen los Secretarios Abogados, en relación al art. 56 núm. 3) del CPP, de emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia; b) Del informe realizado por José Miguel Velásquez Nogales, Auxiliar de la Sala Penal Segunda, hace referencia que este funcionario habría realizado la revisión del sistema para establecer si había la presentación de algún memorial, y que habiéndose notificado con la Resolución al impetrante de tutela, el 18 de marzo de 2022, se devolvió el legajo de apelación, hace conocer que el mismo podía evidenciar que a pesar del plazo de veinticuatro horas que tenían las partes procesales, no se consignaban la presentación de ningún memorial; razón por la cual, procede a la devolución del expediente en referida fecha, por ese extremo no sería evidente, porque el peticionante de tutela presentó memorial de enmienda el 17 del mencionado mes y año; c) El Secretario abogado de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de acuerdo al informe que emite la Vocal ahora demandada, refiere que recién el 21 de marzo de 2022, la Secretaria de Cámara emite, un decreto por el cual solicitó devolución de legajo de apelación al juzgado de la causa, para resolver la solicitud de complementación y enmienda, en tal sentido ese extremo tampoco es comprensible porque existen plazos que se deben cumplir para el pronunciamiento de decreto de trámites, en este caso devoluciones de legajos es de veinticuatro horas, y al parecer da a entender que si no hubiera sido la interposición de la acción de libertad, los funcionarios subalternos de la citada Sala Penal, no solicitaron la devolución de obrados; d) Entonces al haber asumido conocimiento de dicha petición, realizada por el detenido preventivo, tanto el Secretario, como el Auxiliar de la Sala Penal, deberían asumir sus previsiones, para garantizar el conocimiento de la citada solicitud con el legajo respectivo a la Vocal demandada; por lo que, no existe directamente una vulneración que haya generado la Vocal ahora demandada, sino que esta se generó por la actitud y la omisión que tienen los funcionarios subalternos de la señalada Sala Penal que evidentemente han causado perjuicio en la presente causa para resolver la situación jurídica del ahora solicitante de tutela y a pesar de que en este caso no están siendo demandados en esta acción tutelar; e) Del informe, emitido es evidente que existe otra acción de libertad interpuesta por el accionante y la cual ya tiene una Resolución que concede la tutela, en cuanto al cumplimiento o incumplimiento de esa determinación se debe tomar en cuenta que existe lineamiento jurisprudencial que establece que no se puede solicitar el cumplimiento de una acción de libertad mediante la interposición de otra, según lo establecido por la SCP 1376/2013 de 16 de agosto, si bien la autoridad demandada alega este lineamiento en cuanto al Principio de Subsidiariedad, lo que está solicitando la parte ahora impetrante de tutela es el pronunciamiento en relación a la solicitud de enmienda que habría interpuesto el 17 de marzo del 2022; f) En cuanto al fondo de la determinación que ha asumido el Juez de garantías que concede tutela, le corresponderá el conocimiento al propio Tribunal o Juez de garantías, en este caso al Juzgado Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en tal sentido no corresponde considerar la excepción al principio de subsidiariedad, porque se está estableciendo que en el caso no se cumple con la legitimación pasiva para establecer como causal de vulneración de derechos en este caso la libertad del ahora peticionante de tutela, que sea atribuible a la Vocal ahora demandada; y, g) Si es evidente que la misma en caso de evidenciar algún perjuicio, alguna falta en contra sus funcionarios debe asumir las medidas disciplinarias correspondientes, porque inclusive en caso de no hacerlo, implica sea pasible de sanciones disciplinarias que establecidas en la LOJ.

II. CONCLUSIONES

II.1. Por Auto Interlocutorio 39/2022 de 11 de enero, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer

Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva y conforme al art. 239.1 y de conformidad a los arts. 233.3 y 239.9 todos del CPP, decidió modificar la situación jurídica de Valentín Pari Alanoca -ahora solicitante de tutela-aplicando medidas cautelares de carácter personal de acuerdo al art. 231 Bis del CPP, estableciendo la detención domiciliaria extrema con dos custodios y que dicho domicilio debe ser diferente al cual habitan las víctimas, denunciantes y terceros familiares, además de imponerle una fianza económica de Bs40 000.- (cuarenta mil bolivianos) y otras disposiciones; asimismo el imputado -ahora accionante-, Ministerio Público y la víctima, interponen apelación incidental de conformidad al art. 251 del CPP; por lo que, la autoridad jurisdiccional les concede la apelación solicitada (fs. 2 a 5 vta.).

II.2. Mediante Auto de Vista 113/2022 de 16 de febrero, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora

demandada-, admitió el recurso de apelación, declarando procedente la apelación incidental planteada por el Ministerio Público, e improcedente las cuestiones planteadas por el impetrante de tutela y en el fondo confirma la Resolución 39/2022 emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del citado departamento (fs. 6 a 9 vta.).

II.3. Por la acción de libertad interpuesta por Valentín Pari Alanoca en contra de Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, -ahora demandada-, llevada a cabo en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mencionado departamento, mediante Resolución 015/2022 de 4 de marzo, la cual concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 113/2019 de 16 de febrero, emitido por la Vocal demandada (fs. 12 a 15 vta.).

II.4. Cursa Auto de Vista 184/2022 de 14 de marzo, emitido por la Vocal ahora demandada, en cumplimiento de la Resolución de

acción de libertad, determinando la admisibilidad de la apelación, declarando procedente la apelación incidental planteada por el Ministerio Público, e improcedente la apelación formulada por el peticionante de tutela; toda vez que, manifestó su retiro; por lo que, deja sin efecto la Resolución 39/2022 emitido por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, debiendo emitir nueva Resolución en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación (fs. 17 a 19 vta.).

II.5. Por memorial presentado en ventanilla de plataforma del Tribunal

Departamental de Justicia de La Paz, por el solicitante de tutela el 17 de marzo de 2022 a horas 12:51, en el cual solicitó enmienda del Auto de Vista 184/2022 de 14 de marzo (fs. 20 a 21 vta.); cursa copia de remisión al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del indicado departamento, de la apelación incidental y su recepción de 17 del señalado mes y año (fs. 22).

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en su componente seguridad jurídica y debida diligencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Vocal ahora demandada, en franco incumplimiento y desobediencia de la Resolución 015/2022 emitida por el Juez de garantías -dentro la acción de libertad interpuesta contra la resolución que revocó su cesación de la detención preventiva y amplió el plazo de su detención preventiva-, emitió el Auto 184/2022 disponiendo solo dejar sin efecto la Resolución 39/2022 y ordenar que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz emita nueva Resolución dentro de las veinticuatro horas, sin identificar el inicio del cómputo de la ampliación de la detención preventiva, conforme lo ordenado por el referido Juez de garantías; y, habiendo solicitado enmienda de la Resolución 184/2022, a efectos de que corrija dichas omisiones; hasta la presentación de la acción de libertad -22 de marzo de 2022-, no fue resuelta por la Vocal demandada, quien ya había devuelto el expediente al juzgado de la causa. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a este efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe sentencia constitucional en una primera acción tutelar, del cual emerge la que se interpone; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe sentencia constitucional en una primera acción tutelar, del cual emerge la que se interpone

Al respecto el Tribunal Constitucional en las SSCC 085/99-R de 24 de agosto y 0362/2000-R de 17 de abril, señalaron que en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en los recursos de hábeas corpus, ahora acción de libertad, así como en los de acción de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso o acción tutelar, sino la aplicación de las previsiones contenidas en el art. 179 bis del Código Penal (CP), que sanciona con dos a seis años de reclusión y multa de cien a trescientos días al funcionario o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones; en ese mismo sentido también se deduce en la SC 0457/2000-R de 9 de mayo1.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0125/2014-S3 de 5 de noviembre, siguiendo la línea jurisprudencial descrita en el párrafo precedente, estableció que:

“…por ser inherentes a la ejecución de una Resolución emitida dentro de otra acción de libertad, corresponden ser denunciados y resueltos ante la Jueza de garantías que conoció dicha acción, y en su defecto ante este Tribunal, pero dentro del cumplimiento de la primera acción, en el marco de lo establecido por los arts. 16 y 40 del CPCo, y no así a través de la interposición de otra acción de libertad, lo contrario implicaría admitir la procedencia de una acción de libertad, frente al supuesto incumplimiento de lo resuelto en otra y el alcance de sus efectos, lo cual contradice la uniforme y reiterada jurisprudencia constitucional que se pronunció proscribiendo tal circunstancia…” (las negrillas son nuestras). Posteriormente, la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, respecto a la imposibilidad de interponer una acción tutelar emergente de otra acción constitucional sistematizó la línea jurisprudencial existente en dos subreglas: i) No se puede peticionar a través de otro amparo el cumplimiento de una Resolución de amparo u otra acción de defensa (incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional); y, ii) No se puede, a través de otro amparo, impugnar o cuestionar decisiones de autoridades o personas particulares emergentes de resoluciones de defensa (incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional). En relación a las subreglas descritas en el párrafo precedente la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, estableció lo siguiente:

“i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, ii) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-señala…” (…) “…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…”.

(…)

Siguiendo el entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional, la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, también señaló que sobre el supuesto incumplimiento a resoluciones pronunciadas en acciones tutelares: “Este Tribunal en su amplia jurisprudencia estableció que ante la eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o incumplimiento de una Sentencia Constitucional, el accionante debe acudir ante el Juez o Tribunal que conoció la acción tutelar, por ser ésa autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias determinaciones” de la misma manera, la citada Sentencia identifica que la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: “Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala que por ello, ha adecuado su conducta al ilícito de desobedecimiento a la resoluciones en procesos de recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, por lo que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y del juez en lo penal; cabe señalar que por regla general: '…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…', entendimiento que se puede encontrar en la SC 1198/2006-R de 28 de noviembre'” (El resaltado es nuestro). 3 “…En esa línea de razonamiento, la SC 1387/2001 de 19 de diciembre sostuvo "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836".

Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, sostuvo que toda decisión asumida (por una autoridad o persona particular) en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional (emitida por el Tribunal de garantías o Tribunal Constitucional) es inimpugnable a través de otra acción de defensa. Señaló: “Por lo anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: "contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno", norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: "Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno". Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas” (las negrillas son nuestras).

Con el mismo criterio la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determinó, “…en cuanto concierne al procedimiento de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material…” (el resaltado es nuestro).

En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que señala: «La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente»; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: «I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…”. En efecto, de lo previsto en el art. 40.II del CPCo, se concluye que el juez o tribunal de garantías tiene competencia a denuncia de parte accionante, demandada y también de manera excepcional, los terceros interesados, cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad, [SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero]- de remitir al renuente de las sentencias constitucionales al Ministerio Público, para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, conforme lo establecido en el art. 179 bis del Código Penal (CP) modificado por la Disposición Final Cuarta del CPCo, desobediencia que puede ser total, parcial o de presentarse un cumplimiento distorsionado de la sentencia constitucional, caso en el cual se daría el supuesto de obediencia distorsionada del fallo constitucional. Asimismo, la previsión contenida en el art. 16 del CPCo, posibilita a las partes -accionante, demandada y terceros interesados, en el supuesto señalado anteriormente- a exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional en la fase de ejecución de la misma, a través de una solicitud de cumplimiento ante el juez o tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción primariamente; o en su caso, una denuncia de incumplimiento, total, parcial, distorsionada o tardía de la sentencia constitucional plurinacional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la denominación de queja por incumplimiento, caso en el cual puede hacer materializar sus sentencias directamente, cuando los jueces y tribunales de garantías no pudieron hacerlas cumplir, o sus medidas a ese efecto fueron insuficientes o ineficaces, supuesto en el cual puede tomar una decisión complementaria de oficio o a pedido de parte, que haga cesar la violación del derecho protegido. En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla. De ahí, que la línea jurisprudencial citada precedentemente tiene la finalidad esencial de resguardar y proteger la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales, siendo un derecho fundamental que emerge a su vez del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional; así como de resguardar la inmutabilidad e irrevisabilidad de la cosa juzgada constitucional, que se presenta cuando existe identidad de objeto, sujeto y causa; es decir, identidad entre el problema jurídico resuelto en un primer amparo con el problema jurídico del segundo amparo; cosa juzgada que se encuentra prescrita en los art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional «…no cabe recurso ordinario ulterior alguno» y 16 del CPCo; pues se desnaturalizaría ese mandato, si se pretendería reabrir el debate en la justicia constitucional sobre el mismo problema jurídico constitucional ya resuelto, quedando afectado el principio de seguridad jurídica…” (las negrillas son nuestras). Conforme la jurisprudencia citada en forma precedente se establece que, las resoluciones de la justicia constitucional son inimpugnables a través de otra acción de defensa porque adquieren la calidad de cosa juzgada constitucional.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en su componente seguridad jurídica y debida diligencia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Vocal ahora demandada, en franco incumplimiento y desobediencia de la Resolución 015/2022 emitida por el Juez de garantías -dentro la acción de libertad interpuesta contra la resolución que revocó su cesación de la detención preventiva y amplió el plazo de su detención preventiva-, emitió el Auto 184/2022 disponiendo solo dejar sin efecto la Resolución 39/2022 y ordenar que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz emita nueva Resolución dentro de las veinticuatro horas, sin identificar el inicio del cómputo de la ampliación de la detención preventiva, conforme lo ordenado por el referido Juez de garantías; y, habiendo solicitado enmienda de la Resolución 184/2022, a efectos de que corrija dichas omisiones; hasta la presentación de la acción de libertad -22 de marzo de 2022-, no fue resuelta por la Vocal demandada, quien ya había devuelto el expediente al juzgado de la causa. Identificada la problemática traída en revisión a fines de su compulsa Constitucional, corresponde remitirnos a las Conclusiones del presente fallo constitucional; y en ese orden se tiene que dentro el proceso penal en contra del ahora impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de feminicidio por Auto Interlocutorio 39/2022 de 11 de enero, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, modificó su situación jurídica aplicando medidas cautelares de carácter personal como la detención domiciliaria extrema con dos custodios -entre otros-, determinación contra la cual, las partes interpusieron apelación incidental, que fue resuelta por Auto de Vista 113/2022 de 16 de febrero, emitido por la Vocal ahora demandada, quien admitió y declaró procedente la apelación incidental planteada por el Ministerio Público, e improcedente la apelación planteada por el ahora peticionante de tutela y en el fondo confirmó la Resolución 39/2022; ante ello activo una acción de libertad en contra de la referida Vocal, misma que emitió la Resolución 015/2022 de 4 de marzo pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, que concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 113/2019 y ordenó se emita una nueva Resolución; en cuyo cumplimiento la Vocal demandada, emitió el Auto de Vista 184/2022 de 14 de marzo, determinando la admisibilidad de la apelación, declarando procedente la apelación incidental planteada por el Ministerio Público, e improcedente la apelación que formuló, y dejando sin efecto la Resolución 39/2022 emitido por el Juez de la causa y que el mismo debía emitir nueva Resolución en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación. Ante ello, por memorial presentado en ventanilla de plataforma del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, el 17 de marzo de 2022 solicitó enmienda del Auto de Vista 184/2022; mismo que no fue resuelto hasta la presentación de esta acción de libertad (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5). Bajo ese contexto en la presente acción de defensa y teniendo en cuenta que la problemática denunciada por el solicitante de tutela, tiene que ver con el Auto de Vista 184/2022 de 14 de marzo, emitido por la Vocal ahora demandada en cumplimiento de la Resolución constitucional 015/2020 dispuesta por el Juez de garantías y sobre la cual alega que fue emitida incumpliendo lo dispuesto por la referida Resolución constitucional, en cuanto la misma debía establecer el inicio del cómputo de su detención preventiva y que habiendo reclamado dicha omisión a través de una solicitud de enmienda, dicha autoridad demandada no resolvió tal solicitud; son aspectos sobre los que esta instancia constitucional advierte que lo denunciado deviene de una Resolución emitida por un Juez de garantías, pronunciada dentro de otra acción de libertad interpuesta con anterioridad por el ahora accionante en contra de la misma autoridad ahora demandada; en ese marco, de la revisión del sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se colige que dicha acción se encuentra consignada bajo el expediente 46258-2022-93-AL y que el mismo se encuentra en etapa de revisión en este Tribunal; a tal efecto, los actos alegados por la parte impetrante de tutela respecto a que, la demandada Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habría incumplido dicho fallo Constitucional; son actuaciones que emergen dentro el cumplimiento de la mencionada primera acción de libertad; al respecto, la jurisprudencia expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia, señala que es improcedente a través de otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares, emergentes del cumplimiento de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-; por lo que, al ser tanto la actuación, así como la Resolución emitida por la autoridad demandada, producto del cumplimiento de la Resolución 015/2022 emitida por el Juez de garantías, correspondía que estos extremos, debían ser denunciados y resueltos por dicha autoridad de garantías, quien conoció la anterior acción de libertad, o en su defecto ante este Tribunal, pero dentro del cumplimiento de la primera acción, en el marco de lo establecido por los arts. 16 y 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo), y no así a través de la interposición de otra acción de libertad, lo contrario implicaría admitir la procedencia de dicha acción, frente al supuesto incumplimiento de lo resuelto en otra y el alcance de sus efectos, lo cual contradice la uniforme y reiterada jurisprudencia constitucional que se pronunció proscribiendo tal circunstancia; en consecuencia bajo dichos argumentos corresponde denegar la tutela impetrada con la aclaración de no haberse ingresado al análisis del fondo de la problemática. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 38 a 41, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Considerando II señala: “4. Que, conforme lo establece el art. 104 de la Ley del Tribunal Constitucional, todos los funcionarios públicos y personas particulares que recibieran una orden judicial dictada en recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional y no la cumplieren o no la hicieren cumplir serán sometidos a proceso penal; coligiendo de ello que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los recursos constitucionales nombrados, representa una obligación legal cuya inobservancia está tipificada como delito por el art. 179 bis del Código Penal, y por tanto sujeta a sanción penal. 5. Que, por otro lado, es improcedente el Recurso de Hábeas Corpus contra la sentencia pronunciada dentro de un Recurso de Amparo Constitucional; peor aún, cuando se pretende eludir su cumplimiento. La autoridad recurrida, al disponer se libre el mandamiento de apremio en contra del recurrente, en cumplimiento de la resolución dictada dentro del Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por Hilda Consuelo Montalvo Menacho contra la Dra. Yolanda Rosales de Avalos, Jueza Sexta de Partido de Familia, no ha incurrido en actos ilegales, por lo que no existe persecución ilegal”.

2 El FJ III.1 señala: “…Del mismo modo, la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: “Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0713_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.

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