Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de agosto de 2023
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho a la libertad; debido a que, el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, teniendo conocimiento inicial de su aprehensión e imputación, declinó competencia por territorio sin resolver su situación jurídica, habiendo transcurrido cuatro días desde su aprehensión, estando privado de su libertad, sin que la autoridad judicial referida ni ninguna otra, resuelva dicha situación. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 35 a 36 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente con relación a Sergio Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, bajo la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, exhortando a dicha autoridad jurisdiccional, a que en lo futuro, ante las peticiones en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, actúen con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0712/2023-S4 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47543-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 35 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Andrey Gonzales Casas contra Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay; y, Sergio Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo ambos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 6 de mayo de 2022, cursante de fs. 14 a 15, el accionante; manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 2 de mayo de 2022, fue detenido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en el puente de la población de Mapiri, siendo trasladado el 3 de igual mes y año, a la población de Guanay y puesto a disposición del Ministerio Público, prestando su declaración informativa y siendo notificado con la imputación formal y el Auto Definitivo 137/2022 de la misma fecha; mediante el que, el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, declino competencia por territorio ante el Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del nombrado departamento; empero, transcurrieron cuatro días y ninguna de las autoridades judiciales señaladas llevaron a cabo su audiencia de medidas cautelares, cuando lo que correspondía era que el primero de los referidos desarrolle dicho verificativo y posteriormente decline competencia.
El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 115, 116 119 y “223” de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de mayo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 33 a 34 vta., presente el solicitante de tutela acompañado de su defensa técnica, ausente las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por medio de su abogado, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de libertad; y, ampliándolos, señaló que, inicialmente fue llevado a la localidad de Guanay; empero, después de brindar su declaración informativa fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz, donde ha permanecido hasta la audiencia de esta acción tutelar.
Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, por informe escrito de 6 de mayo de 2022, cursante a fs. 29; manifestó que, la causa penal de referencia fue remitida ante su despacho a las 10:30 de la fecha precitada; por lo que, al devenir la declinatoria de incompetencia del 3 de igual mes y año, se señaló la respectiva audiencia cautelar en el día a las 20:00; es decir, habilitando horas inhábiles para resolver la situación jurídica del justiciable, precautelando el debido proceso y las garantías constitucionales que le asisten al mismo, al recién tener conocimiento de la causa; por lo que, debe denegarse la tutela impetrada en su contra. Sergio Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 6 de mayo de 2022, cursante a fs. 32 y vta.; indicó que, tuvo conocimiento del proceso aludido y su respectiva imputación formal, el 3 del mes y año mencionados, a las 13:18;
empero, al haberse suscitados los hechos en otra jurisdicción, en apego a lo previsto por el art. 49 del Código de Procedimiento Penal (CPP), mediante Auto Definitivo 137/2022, se declaró incompetente en razón de territorio; es así, que a las 16:00, del mismo día, remitió los antecedentes procesales vía Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ante el Juzgado competente; por lo que, habiendo obrando conforme a norma, no corresponde que sea demandado en esta acción de defensa.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 29/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 35 a 36 vta., concedió en parte la tutela solicitada; únicamente, con relación al Juez de Instrucción Penal Octavo del nombrado departamento, disponiendo que en el día el Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del referido departamento, resuelva la situación jurídica del impetrante de tutela, sea bajo las responsabilidades correspondientes; fundamentando que: a) Ante el conocimiento de la causa, el primero de las autoridades judiciales indicadas, debía llevar a cabo la audiencia cautelar en cumplimiento al plazo ordenado por el art. 226 del CPP; y, una vez resuelta la situación jurídica del solicitante de tutela, recién remitir obrados ante el Juez competente; y, b) En la documentación aparejada, se constató el decreto de 6 de mayo de 2022, en el que se acreditó que la causa penal de origen fue recibida en el Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento indicado; por lo que, no existe responsabilidad alguna respecto al Juez de ese despacho judicial.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Jesús Andrey Gonzales Casas –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, María Lilian Villalta Maldonado, Fiscal de Materia, remitió aprehendido, solicitó aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes; e, imputo formalmente al sindicado (fs. 21 a 24 vta.). II.2. Por Auto Definitivo 137/2022 de 3 de mayo, Sergio Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz –ahora codemandado–, en conocimiento de la imputación descrita previamente, determinó declararse incompetente en razón de territorio, ordenando que a través de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se remita el proceso al Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del nombrado departamento, para que se ejerza el control jurisdiccional correspondiente; cuyo oficio de cumplimiento de la misma fecha, cuenta con cargo de recepción de auxiliatura de la referida Presidencia, de la fecha precitada, a las 16:00 (fs. 30 y vta.; y, 31).
El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho a la libertad; debido a que, el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, teniendo conocimiento inicial de su aprehensión e imputación, declinó competencia por territorio sin resolver su situación jurídica, habiendo transcurrido cuatro días desde su aprehensión, estando privado de su libertad, sin que la autoridad judicial referida ni ninguna otra, resuelva dicha situación. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La doctrina y la jurisprudencia, han determinado una clasificación de los tipos de acción de libertad según su finalidad, entre éstas, la de pronto despacho y la innovativa; mismas que fueron desarrolladas, entre otras, en la SCP 0685/2018-S4 de 25 de octubre; concluyendo que: “El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos (SCP 0011/2014 de 3 de enero). La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
Al respecto, la SCP 1324/2013 de 14 de agosto, reiterando entendimientos anteriores; instituyó que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido de manera reiterada que todo juez cautelar que se considere incompetente en razon del territorio, con carácter previo a declinar competencia y remitir antecedentes al juez considerado competente, debe resolver la situación jurídica del imputado. Así, la SC 0431/2002-R de 15 de abril, pronunciada dentro de un recurso de hábeas corpus, en la que se cuestionaba la detención preventiva dispuesta por un juez aparentemente incompetente, sostuvo, sobre la base del art. 49 in fine del CPP, que ‘Los actos del juez incompetente por razón del territorio mantendrán validez, sin perjuicio de las modificaciones que pueda realizar el juez competente’. En el mismo sentido, debe mencionarse a la SC 0181/2004-R de 6 de febrero, en la que se señaló que: ‘…de acuerdo con lo previsto por el art. 49 CPP, parte in fine, le corresponde resolver al juez, en caso de ser incompetente, la situación de la persona aprehendida luego de haber sido informado del inicio de una investigación, o sea que en conocimiento de una aprehensión puede optar por una medida cautelar, no obstante de la incompetencia que podría tener por razón de territorio, para después declinar y remitir la causa a juez competente, manteniéndose la validez de sus actos…’” (las negrillas fueron añadidas). Tales entendimientos, encuentran sustento en los principios procesales de celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez, previstos para la jurisdicción ordinaria por la Norma Suprema (art. 180.I), vinculado al tratamiento primordial e inmediato de la restricción del derecho a la libertad.
Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Jesús Andrey Gonzales Casas –hoy solicitante de tutela–, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, María Lilian Villalta Maldonado, Fiscal de Materia, mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2022, remitió aprehendido, solicitó aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes; e, imputo formalmente al sindicado (Conclusión II.1); luego, por Auto Definitivo 137/2022, Sergio Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz –ahora codemandado–, en conocimiento de la imputación descrita previamente, determinó declararse incompetente en razón de territorio, ordenando que a través de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se remita el proceso al Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del nombrado departamento, para que se ejerza el control jurisdiccional correspondiente; cuyo oficio de cumplimiento de la misma fecha, cuenta con cargo de recepción de auxiliatura de la referida Presidencia, de la fecha precitada, a las 16:00 (Conclusión II.2). En tales antecedentes, el accionante, denunció la lesión de su derecho a la libertad; debido a que, el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, al haber tenido conocimiento inicial de su aprehensión e imputación, declinó competencia por territorio sin resolver su situación jurídica, habiendo transcurrido cuatro días desde su aprehensión, estando privado de su libertad, sin que la autoridad judicial referida ni ninguna otra, resuelva dicha situación. Ahora bien, en contra parte, Sergio Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz; refirió que, al no tener competencia por territorio, solo le correspondía remitir obrados vía Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia ante el Juez competente, lo cual hubiese efectivizado mediante Oficio entregado en auxiliatura de dicha Presidencia, en el día (Antecedentes I.2.2.; y, Conclusión II.2); en ese entendido, debemos remitirnos a la jurisprudencia y normativa desglosada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que estableció que todo Juez cautelar que se considere incompetente en razón de territorio, luego de tener conocimiento de una aprehensión, con carácter previo a declinar competencia y remitir antecedentes al Juez considerado competente, debe resolver la situación jurídica del imputado, manteniéndose la validez de sus actos; en virtud de lo cual, al haber el Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, conocido el 3 de mayo de 2022, la aprehensión e imputación formal de Jesús Andrey Gonzales Casas, debía resolver inmediatamente la situación jurídica del sindicado; por lo que, al omitir aquello y haberse limitado a declinar competencia y remitir obrados por la instancia administrativa, lo cual devino en una dilación de cuatro días sin resolverse la situación jurídica del ahora impetrante de tutela; se evidencia, la lesión del derecho a la libertad del justiciable; correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada con relación al mismo, bajo la modalidad innovativa (Fundamento Jurídico III.1), al haber otra autoridad distinta a éste, subsanado tal dilación por decreto de 6 de mayo de 2022; mediante el que, se determinó la habilitación de horas inhábiles para resolver en el día la situación jurídica del solicitante de tutela (Antecedentes I.2.3.). Finalmente, en cuanto a Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, de la verificación de obrados efectuada por el Tribunal de garantías de esta acción tutelar (Antecedentes I.2.3.); se evidenció que, el mismo, tuvo recién conocimiento de la causa penal en cuestión el 6 de mayo de 2022, procediendo inmediatamente a señalar audiencia en el día para resolver la situación jurídica del accionante; por lo que, no se advierte lesión alguna por parte de dicha autoridad judicial, correspondiendo por consiguiente, denegar la tutela impetrada en su contra.
Se aclara que la concesión otorgada en la presente acción tutelar únicamente contiene un fin exhortativo a fin de que la autoridad demandada a futuro no incurrirá en los mismos errores procesales de declinar competencia sin previamente resolver la situación jurídica de personas aprehendidas. Correspondiendo el pronunciamiento de fondo de la situación jurídica del accionante a la autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la causa. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 35 a 36 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, únicamente con relación a Sergio Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo del departamento de La Paz, bajo la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, exhortando a dicha autoridad jurisdiccional, a que en lo futuro, ante las peticiones en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, actúen con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0712_2023-S4.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5b7ca51296eafc48c07cff3b840ba24350f96d4b5644524d1a5e222770235d70
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