Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de julio de 2025
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la honra, honor, propia imagen y dignidad al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la inamovilidad laboral con remuneración y salario justo, al debido proceso, a la defensa y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, al sufrir diversos actos de acoso laboral por parte de los demandados, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, denunciando tales actos y solicitando que estos cesen; en consecuencia, se emitió la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021, en la cual ordenó el cese de acoso laboral y obligó a que los demandados procedan con la restitución de sus derechos vulnerados; decisión que fue impugnada, emitiéndose la RA 490-21 de 23 de noviembre, dictada por el mismo Jefe Departamental de Trabajo; por la cual se confirmó la referida Conminatoria, y siendo nuevamente impugnada dicha determinación en la vía jerárquica, esta fue resuelta por la RM 434/22 de 20 de abril de 2022, por parte de la Ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social, misma que confirmó la citada Resolucion Administrativa y por ende la mencionada Conminatoria; no obstante de ello, y pese a la existencia de la mencionada RM que dispuso el cumplimiento de la referida Conminatoria, los demandados, sin argumento alguno se resisten a materializar lo dispuesto, manteniendo los actos de acoso laboral en su contra; motivo por el cual acude a la justicia constitucional en resguardo de sus derechos. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solic…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 68/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 774 a 779, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte, la tutela peticionada, solamente en relación a los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral disponiendo el cumplimiento de la RM 434/22 de 20 de abril de 2022; y, en constancia de la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021 de 1 de octubre; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la honra, al honor, propia imagen y dignidad, a la seguridad social, a la inamovilidad laboral con remuneración y salario justo, al debido proceso y a la defensa, así como también respecto a la seguridad jurídica y en relación a la imposición de costos y costas, daños y perjuicios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0711/2025-S3 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55611-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 68/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 774 a 779, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Reyna Leiva Apaza contra Lider Justiniano Flores, Inspector, Autoridad Máxima y Gran Canciller; Luis Adolfo Torrez Sanjinés, Consejero y Canciller, ambos de la Asociación Privada de Fieles; Carlos Urcino Aquino Rubín de Celis, Rector; Susan Mabel Vargas Salazar; Representante Legal, Rectora a.i. y Vicerrectora Académica y de Investigación, todos Miembros del Consejo Directivo; Ernesto Murillo Estrada, Vicerrector de Pastoral y Oratorio Universitario; Leila Tapia Suárez, Asesora Legal; Irene Blanco Rojas, exresponsable de Talento Humano, exdirectora de Recursos Humanos y actual Directora Administrativa; Jaqueline Brenda Quiroga Rojas, exsecretaria de Canciller, extécnico de Recursos Humanos y actual Directora de Recursos Humanos; y, Gerardo Ledezma Montalvo exconsejero Universitario y actual Director de Bienestar Universitario, todos ellos de la Sociedad Salesiana y la Universidad Salesiana de Bolivia (USB).
Por memoriales presentados el 27 de octubre y 14 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 28 a 44 y 47 a 53 vta., la accionante expresó que:
Estando desempeñando funciones por más de veinte años en la Sociedad Salesiana - USB, lamentablemente a partir del mes de abril de 2021, cuando su persona asumió como Consejera y Canciller de la indicada institución, Luis Adolfo Torrez Sanjinés -codemandado- procedió a acosarla y hostigarla de manera constante y progresiva, a través de diferentes llamadas de atención verbales y escritas, en virtud a que esta observó los siguientes aspectos: a) Generar una figura a efecto que Susan Mabel Vargas Salazar sea posesionada como Rectora de la USB, sin que esta cuente con los requisitos que son exigidos por el art. 21.I del Reglamento General de Universidades Privadas -a través de informes: CITE USB/UOJ/INF/025/2021; y, USB/UOJ/INF/026/2021-; b) Al fallecimiento del Sacerdote Juan Pablo Zabala, ex inspector y Rector de la citada casa superior de estudios, observó el que se realizaran actos para el cobro de los beneficios sociales en favor de los padres Salesianos, además de exigir a sus familiares la entrega de los montos que consignaban en la cuenta de ahorros personal del mencionado Sacerdote -mediante informe con CITE: USB/UOJ/INF/028/2021-; y, c) Proceder a la inclusión en planillas de la USB del Canciller ordenándole a realizar un contrato laboral a plazo fijo por el lapso de nueves meses, situación que no procedía; toda vez que el referido cargo al ser Directivo se constituía en una tarea propia y permanente y para ese caso correspondía un contrato indefinido – a través de nota CITE: USB/UOJ/C-INT/035/2021-. Ante dichos informes emitidos de su parte, los demandados ejecutaron una serie de maltratos verbales, tratando de menoscabar su imagen y de manera intempestiva la relegaron de sus funciones, al extremo incluso de obligarla al uso de su vacación, donde a su vez le manifestaron que no la querían ver en dicha institución, vulnerando de esta manera el principio de igualdad; dado que, se la discriminó de sobre manera, sin darle la oportunidad de concluir sus casos pendientes y efectuar las gestiones que se encontraban a su cargo; motivo por el cual, la notificaron con el Memorándum R-0426 CITE: USB/VAF/MEM/003/21 28 de mayo, mediante el cual procedieron a la reasignación de funciones, contratando, en consecuencia, a otra funcionaria, para que la misma continúe las funciones que desempeñaba en la Dirección de Bienestar Universitario. Posteriormente, los demandados, el 20 de julio del señalado año, llevándola con engaños donde varios miembros del Consejo Directivo, procedieron a llamarle la atención nuevamente, y de manera absolutamente grosera, insinuaron que debería agradecer por tener un trabajo y de esa manera le prohibieron que hable o comunique lo acontecido con cualquier otro Salesiano y menos aún denuncie los actos arbitrarios que se cometieron en su contra; merced a lo referido, el 31 de agosto de referido año, recibió el Memorándum R-0426 CITE USB/VAF/MEM/018/21, emitido por instrucción del Canciller ahora demandado, a través del cual la reasignaron del cargo de Responsable de la Unidad de Orientación Jurídica al de Secretaria de la Carrera de Contaduría Pública. Ante lo acontecido, el 1 de septiembre del citado año, procedió a realizar la representación de los Memorándums R-0426 CITE: USB/VAF/MEM/003/21 de 28 de mayo; y, R-0426 CITE USB/VAF/MEM/018/21 de 31 de agosto; empero, estos fueron ratificados en cuanto a la determinación asumida, mediante la emisión de la Nota CITE: AL/252/2021 de 2 de septiembre, suscrita por la Asesora Legal -codemandada-, donde a su vez los demandados continuaron realizando en su contra maltratos verbales y menoscabando su imagen, además de pretender que cumpla nuevas funciones que no conocía. Tales actos tuvieron como efecto que se someta a un tratamiento Psicológico, que por su gravedad en cuanto a su afectación, evolucionó a un problema de índole psiquiátrico, mismo que estaba siendo tratado en la Caja Petrolera de Salud (CPS), el cual no pudo continuar debido a problemas referidos al recojo de su boleta de pago; puesto que al haber sido cambiada de cargo, existió una modificación en la boleta y planilla la cual requiere el citado ente rector de salud para continuar otorgando dicha cobertura. Por tal motivo, el 10 de septiembre del citado año, presentó denuncia por acoso y violencia laboral, ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, instancia que, el 1 de octubre de similar año, emitió la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021, en la cual ordenó el cese de acoso laboral, y obligó a que los demandados procedan a reponer sus derechos vulnerados, más concretamente la restitución al cargo de Responsable de la Unidad de Orientación Jurídica; sin embargo, estos en lugar de acatar lo ordenado por la instancia ministerial, procedieron a impugnar la mencionada Conminatoria, la cual sustanciada obtuvo la emisión de la Resolución Administrativa 490-21 de 23 de noviembre, por la que se la confirmó, la cual siendo nuevamente impugnada en la vía jerárquica, obtuvo la dictación de la Resolución Ministerial (RM) 434/22 de 20 de abril de 2022, pronunciada por la Ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social, misma que confirmó la Conminatoria y la citada Resolución Administrativa. No obstante de ello y pese a la existencia de mencionada Resolución Ministerial la cual dispuso el cumplimiento de la referida Conminatoria que determinó el cese de acoso laboral en su contra; los demandados, continuaron cometiendo actos que menoscabaron sus derechos y garantías constitucionales; pues estos, aparte de no responder sus solicitudes, procedieron a destruir la oficina en la cual desempeñaba funciones y la trasladaron a un aula, manteniéndola aislada del resto de sus compañeros de trabajo, donde aparte de no encomendarle función alguna, le quitaron las labores de docente, que paralelamente venía fungiendo sin ninguna justificación, disminuyendo de esta manera sus ingresos económicos, continuando de esa manera el acoso, hostigamiento y la violencia laboral ejercida por parte de los demandados de manera directa y por intermedio de terceros de forma indirecta, no pudiendo incluso hacer uso de su derecho a la salud; dado que, por el cambio de cargo, tenía problemas con la planilla y la boleta de pago respectiva, y siendo estos documentos requisitos esenciales para acceder a su seguro de salud, dicha situación le era contraria no solo a ella, sino también a sus dos hijos menores de edad, los cuales no podían acceder al mencionado servicio. En ese contexto, advirtiendo que los problemas citados anteriormente, le generaron un enorme perjuicio, y teniendo en cuenta el incumplimiento de la RM 434/22, por parte de los demandados, con respecto al cese de acoso laboral, acudió a la justicia constitucional en resguardo de sus derechos y garantías fundamentales presuntamente lesionados.
Denunció la lesión de sus derechos a la honra, honor, propia imagen y dignidad, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la inamovilidad laboral con remuneración y salario justo, al debido proceso, a la defensa y del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 21.2, 22, 46, 48 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) Pacto de San José y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda tutela y en consecuencia, se disponga: 1) El inmediato cumplimiento de la RM 434/22, la cual dispuso el cese del acoso laboral en su contra; 2) Se dejen sin efecto los Memorándums R-0426 CITE: USB/VAF/MEM/003/21 у R-0426 CITE: USB/VAF/MEM/018/21; 3) Se proceda con la restitución a su área de trabajo, como Responsable de la Unidad de Orientación Jurídica de la mencionada casa superior de estudios; 4) Se restituyan los días de vacación, que le obligaron a tomar; 5) Se eliminen de su file personal todas las llamadas de atención que se realizaron en su contra, desde el 1 de abril de 2021 hasta la fecha de presentación de este mecanismo de defensa; 6) Se la restituya en sus labores como docente de la citada Universidad, debiendo, en consecuencia, proceder con el pago respectivo de la gestiones 2021 y 2022, por dicha función; 7) Se impongan costas y costos más la reparación de daños y perjuicios; y, 8) Se remitan antecedentes al Ministerio Público.
Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 766 a 773, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia, se ratificó íntegramente en los términos de su acción tutelar, y ampliándola señaló que: i) La Conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, JDTLP/RJS 037/2021, que dispuso que los demandados cesaran el acoso laboral en su contra, fue confirmada a su vez por la Resolución Administrativa 490/21 y la RM 434/2022; sin embargo, no fue cumplida hasta el momento de interposición de esta acción tutelar; ii) Tomando en cuenta que la mencionada Conminatoria refiere al cese de acoso laboral que, a su vez se encuentra relacionado con un tema de violencia laboral, se tiene presente que en la citada causa, no es aplicable la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, debido a que la norma citada precedentemente refiere a procesos por incumplimiento de reincorporación laboral, hecho que no fue puesto en consideración en el caso de autos; ya que la presente acción de defensa fue promovida ante el hostigamiento, humillación y degradación laboral realizada en forma reiterativa y sistemática por parte de los demandados ejecutada aproximadamente desde hace tres años atrás; iii) Afirma además que, en razón a sus méritos laborales profesionales, fue ascendiendo paulatinamente, primero como Secretaria de Ventanilla Única, para posteriormente ocupar el cargo de Asistente Legal del Consultorio Jurídico y culminar como Responsable de Orientación Jurídica con un nivel salarial correspondiente al perfil de asesora legal, donde a su vez ejerció la cátedra universitaria como docente de la asignatura de criminología en la señalada Universidad, lapso de tiempo en el que no tuvo problemas en su desempeño laboral con ninguno de sus compañeros y menos con sus superiores; iv) Tras el ingreso de Luis Adolfo Torrez Sanjinés -demandado- se generó un ambiente de trabajo hostil de maltrato y persecución laboral en su contra, el cual se originó por su condición de mujer indígena, hecho que no puede ser aceptado, motivo por el que presentó denuncias de acoso y violencia laboral ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; toda vez que se menoscabó su imagen y dignidad a través de maltratos verbales y aislamiento social, actos que fueron exteriorizados en diversas llamadas de atención escritas y verbales injustificadas, ridiculizando su profesión y que tuvieron como efecto una afectación psicológica y económica; v) Mediante la vía administrativa, reclamó los hechos acontecidos precedentemente, y habiéndose confirmado la existencia de un acoso laboral por parte de los demandados, a través de la emisión de la RM 434/22, reclama el cumplimiento de la precitada Resolución a través de la presente acción de amparo constitucional; vi) Respecto a la restitución como docente universitaria, los demandados manifestaron que aquello no podía darse en virtud que para dicho cometido, debía someterse a un procedimiento de selección, el cual no es exigido a ningún docente de la citada casa superior de estudios, aspecto que evidencia un trato discriminatorio en su contra; y, vii) Se la sometió a un aislamiento social, respecto de sus compañeros de trabajo, hostigándola a que no pueda mantener comunicación con ninguno de ellos, asimismo, le coartaron el uso de internet, ya que procedieron a bloquear varios sitios y dominios, donde a su vez destruyeron su oficina y la trasladaron a un aula, para desarrollar sus labores, impidiéndole finalmente que pueda ser respaldada y defendida por su representación sindical; puesto que la misma, fue desmantelada justamente a efectos de desprotegerla.
Lider Justiniano Flores, Inspector, Autoridad Máxima y Gran Canciller; Luis Adolfo Torrez Sanjinés, Consejero y Canciller, ambos de la Asociación Privada de Fieles; Carlos Urcino Aquino Rubín de Celis, Rector; Susan Mabel Vargas Salazar; Representante Legal, Rectora a.i. y Vicerrectora Académica y de Investigación, todos Miembros del Consejo Directivo; Ernesto Murillo Estrada, Vicerrector de Pastoral y Oratorio Universitario; Leila Tapia Suárez, Asesora Legal; Irene Blanco Rojas, exresponsable de Talento Humano, exdirectora de Recursos Humanos y actual Directora Administrativa; Jaqueline Brenda Quiroga Rojas, exsecretaria de Canciller, extécnico de Recursos Humanos y actual Directora de Recursos Humanos; y, Gerardo Ledezma Montalvo, exconsejero Universitario y actual Director de Bienestar Universitario, todos ellos de la Sociedad Salesiana y la USB, por informe escrito, presentado el 19 de enero de 2023, cursante de fs. 588 a 595, y en el desarrollo de la audiencia de garantías, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: a) Los Decreto Supremo (DS) 28699 y 0495 fueron abrogados por la Ley 1468 -Ley de restitución de derechos laborales-, la cual estableció un nuevo procedimiento para el cumplimiento de las Resoluciones Ministeriales, circunstancia por la cual, supone que en estos casos, lo que correspondía era acudir ante un Juez de Trabajo y Seguridad Social, a fin que dicha autoridad active las medidas coactivas permitidas para el acatamiento de las órdenes emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional; circunstancia por la que, debe entenderse que por aplicación de la nueva normativa sobre el tema, la interposición de la acción de amparo constitucional, por restitución de derechos laborales, solamente se encuentra habilitada para grupos vulnerables que no requieren agotar el principio de subsidiariedad, aspecto diferente al reclamado por la impetrante de tutela; b) La Conminatoria de cese de acoso laboral 037/2021, fue notificada a la citada casa superior de estudios el 12 de octubre de 2021, fecha desde la cual la accionante debió haber activado el presente mecanismo de defensa; pese a ello, ésta no realizó ninguna acción para remediar dicho aspecto y recién el 14 de octubre de 2022, presentó una acción de defensa; es decir, después de un año y dos días aproximadamente, lapso de tiempo superior al de seis meses -plazo para interponer la acción de amparo constitucional-, motivo por el cual en esta causa operó el principio de inmediatez; c) Lo que pretende la peticionante de tutela en la presente acción tutelar es el cumplimiento inmediato de la RM 434/22, hecho sumamente incongruente, pues la prenombrada a través de este mecanismo de defensa lo que procura es que las autoridades de la justicia constitucional actúen como meros ejecutores de una resolución administrativa; motivo por el cual, sobre este punto se generó una improcedencia; toda vez que, no existe un nexo causal coherente entre el hecho, derecho y petitorio; d) La Conminatoria 37/2021 y la RM 434/2022, establecen el cese del supuesto acoso laboral realizado por Luis Adolfo Torrez Sanjinés y Ernesto Murillo Estrada; sin embargo corresponde mencionar sobre el último, que el mismo ya no ocupa el cargo de Vicerector de Pastoral y Oratoria debido a que el prenombrado dejó de ser parte de la USB; por tal motivo, con respecto a este punto existe una incoherencia absoluta entre la pretensión que supone el cumplimiento de la referida Resolución Ministerial con relación a las personas demandadas que no fueron parte de la denuncia inicial de acoso; circunstancia por la cual, en mérito a lo señalado existe una improcedencia reglada sobre el tema de falta de legitimación pasiva; e) En el presente caso, debe tenerse en cuenta que en ningún momento existió de acoso laboral contra la accionante; dado que, lo que aconteció fue la manifestación del “ius Variandi”; es decir, el derecho de variación que le asiste al empleador, el cual le faculta a cambiar las condiciones de trabajo de sus dependientes y cuyo ejercicio le faculta a modificar las modalidades de prestación de las tareas del trabajador; es decir, es una prerrogativa excepcional que le asiste al prenombrado, para modificar ciertos aspectos del contrato dentro de ciertos límites, lo cual no limita al trabajador a oponerse, más si esta situación no le resulta ser perjudicial; asimismo, se constata que a la demandante de tutela no se le afectó el derecho a la estabilidad laboral falsamente manifiesta; dado que, en mérito a la asignación de nuevas funciones ante la supresión de su puesto de trabajo, esta no fue desvinculada de la referida entidad educativa, ya que la misma ha venido con regularidad percibiendo sus salarios y continuó afiliada a los entes gestores de seguridad social sin afectación alguna; y, f) Este tipo de controversias no se encuentran dentro de las atribuciones ni competencias de la Jefatura Departamental de Trabajo, puesto que todo conflicto laboral sin duda conlleva una cuestión de hecho y de derecho que deben ser de conocimiento en este caso de la judicatura laboral ordinaria; en ese contexto, existen amplios elementos que debieron ser considerados a efectos de identificar un supuesto acoso laboral; por tal motivo, siendo insuficientes los citados hechos para acreditar una controversia sobre la inexistencia de la citada figura en la presente causa se habrían generado hechos controvertidos, los cuales no pueden ser considerados por la justicia constitucional.
Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante su representante en audiencia de garantías, refirió que: La Conminatoria 037/2021, que ha dispuesto el cese del acoso laboral en favor de la accionante, tiene como antecedentes la emisión por parte de los demandados de los Memorándums R-426 CITE USD-BAF 003/21 y R-0426 CITE USD-BAF 018/21, a través de los cuales se determinó el cambio de funciones en la citada Universidad de la prenombrada, además de los informes psicológicos que demostraron los extremos denunciados por la ahora impetrante de tutela. Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo a través de sus representantes y abogados, en audiencia de garantías manifestó lo siguiente: 1) El art. 5 de la CPE, reconoció como derecho fundamental el referido a no sufrir ningún tipo de violencia, donde a su vez precisó la obligación por parte del Estado de establecer medidas necesarias para prevenir y erradicar, así como para sancionar todo acto de violencia ejercido especialmente en contra de mujeres; 2) Por otra parte, se tiene presente que el citado texto constitucional en su art. 49 prohibió la materialización de toda forma de acoso laboral, dicho aspecto desembocó en el surgimiento de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, la cual en su art. 7, precisó los diferentes tipos de violencia existente entre los cuales se encuentra la psicológica al igual que la laboral, las cuales por sus características causan grandes afectaciones sobre todo a mujeres, aquello en virtud a que, es sobre estas que se ejerce por lo general una presión desmedida; 3) La jurisprudencia constitucional señaló que las mujeres que se encuentran en situación de violencia merecen una protección reforzada, esto debido a que las mencionadas forman parte de un grupo vulnerable; merced a ello, se tiene presente que la indicada protección deviene de lo establecido por el art. 410 de la CPE, el cual dispone que forman parte del bloque de constitucionalidad los convenios y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, dentro del cual forma parte la Convención Interamericana de Derechos para Prevenir y Sancionar la Violencia Hacia la Mujer; 4) El art. 25 de la CADH, señaló que la violencia puede ser catalogada como un acto de discriminación muy grave que tiende a evitar el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres; en ese cometido, solicitó se tome en cuenta en la presente causa el Protocolo de Juzgamiento de Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional; 5) Asimismo, corresponde señalar que la Convención Interamericana llamó a los Estados a que apliquen la perspectiva de género en todo tipo de resoluciones, esto a fin de lograr que la vigencia de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones, aspecto que no puede ser desconocido en ningún proceso administrativo o judicial; y, 6) Finalmente concierne señalar que la solicitante de tutela merced a los problemas acontecidos, viene sufriendo afectaciones que repercuten en su salud mental; circunstancia que, se encuentra registrada y evidenciada en el informe emitido por la CPS, ente gestor al cual la prenombrada se encuentra afiliada. Félix Nina Carrillo, Ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), en audiencia de garantías, señaló lo siguiente: De acuerdo a los antecedentes señalados, se concluyó que la impetrante de tutela sufrió por parte de la entidad demandada una lesión a sus derechos y garantías fundamentales, ya que el mecanismo utilizado en su contra, por lo general es materializado por varios empleadores en desmedro de sus trabajadores; circunstancia por la cual en la presente causa, corresponde que se le otorgue la tutela solicitada por la prenombrada a efectos de que cese el acoso laboral en su contra.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 68/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 774 a 779, denegó la tutela solicitada. Decisión que fue asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La impetrante de tutela actualmente continúa prestando funciones en la USB, donde goza de seguridad jurídica y social, aquello en virtud a que la prenombrada acudió a las autoridades pertinentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, las cuales en atención a su reclamo emitieron disposiciones a su favor, con respecto a su denuncia presentada, agotando de esta manera la instancia administrativa correspondiente; ii) En mérito a la línea jurisprudencial aplicable al caso, incumbe señalar, que ante el incumplimiento de una Resolución, sea esta judicial, fiscal y/o administrativa la cual tenga carácter de ejecutabilidad; corresponde que, la persona agraviada a efecto de pedir el acatamiento de la misma, acuda ante la autoridad que emitió la mencionada Resolución, para que esta ejecute la misma, pues son esas autoridades las que están facultadas para hacer cumplir sus propios fallos, salvo que existan otros medios legales, los cuales en la presente problemática no concurren; y, iii) La jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre el tema, señaló que no corresponde que, a través de la vía del amparo constitucional, se pretenda hacer cumplir resoluciones administrativas y/o judiciales; toda vez que, que para ello las partes tienen potestad de acudir a las autoridades que emitieron un determinado fallo, para que estas en el marco de sus competencias ejecuten el mismo y solo después de haber agotado esa vía y ante la persistencia en cuanto a su incumplimiento, recién se podrá plantear este recurso extraordinario; lo cual significa que, coincidiendo con el principio de subsidiariedad, el cual rige a la acción de amparo constitucional, es necesario que en estos casos, previamente a acudir a la justicia constitucional, la accionante acuda a la autoridad o instancia que pronunció la determinación que pretende se haga cumplir. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el tercero interesado -Defensor del Pueblo- a través de sus representantes y abogados, pidió se aclare el siguiente aspecto: Porqué la Sala Constitucional, habiendo ingresado a analizar al fondo del planteamiento del problema en virtud a la existencia de un daño irreparable causado a la accionante; posteriormente, establece un presunto criterio de subsidiariedad aplicable al caso concreto. En sustanciación de lo manifestado, la citada Sala constitucional señaló que tomando en cuenta que la SC 0152/2012 de 14 de mayo, estableció que la acción de amparo constitucional no tiene como objeto hacer cumplir resoluciones judiciales, fiscales o administrativas, lo peticionado por el prenombrado, no requiere de mayor aclaración y fundamentación al respecto. Por otra parte, en la misma vía, ante la solicitud efectuada por la accionante, a través de memorial presentado el 5 de abril del citado año, cursante a fs. 782 y vta., la cual impetró que se explique y complemente; a) Cuáles serían los fundamentos para que el Tribunal de garantías deniegue la tutela solicitada, aduciendo contradictoriamente el incumplimiento del principio de subsidiariedad; b) Cuál sería el fundamento por el cual el citado Tribunal de garantías, se apartó y desconoció lo establecido en la SCP 0232/2018-S3 de 20 de abril, con respecto a la consideración que el acoso laboral, el cual constituye una conducta reñida con la Norma Suprema que lesiona el derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas; c) Cuáles serían las razones por las cuales el mencionado Tribunal, habiendo evidenciado la existencia de acoso laboral con afectación de su salud, no aplicó lo previsto en relación al estándar más alto de protección; d) Cuáles deberían ser las acciones concretas que debe realizar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ante el incumplimiento de la Conminatoria de cese de acoso laboral JDTLP/RJEC/037/2021; y, e) Se complemente, sobre lo establecido con respecto a la otorgación de un plazo prudente a efectos que la citada Cartera de Estado haga cumplir la mencionada Conminatoria. Ante lo peticionado por la impetrante de tutela, la citada Sala constitucional determinó declarar no ha lugar la misma, alegando que los fundamentos y argumentos expresados en la indicada Resolución son lo suficientemente claros precisos y concretos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Memorándum R-0426 V.0 CITE: USB/VAF/MEM/003/21 de 28 de mayo, la Vicerrectora Administrativa y de Finanzas de la USB, determinó proceder con la reasignación de funciones de la accionante, debiendo la prenombrada a partir del 1 de junio del señalado año, pasar a apoyar a la Dirección de Bienestar Universitario, aquello en virtud a la actualización de funciones del personal de la mencionada Universidad, manteniendo al efecto su nivel salarial que venía percibiendo (fs. 207). II.2. A través de Memorándum R-0426 V.0 CITE USB/VAF/MEM/018/21 de 30 de agosto, la referida Vicerrectora Administrativa, dispuso la reasignación del puesto laboral de la impetrante de tutela de Responsable de la Unidad de Orientación Jurídica al de Secretaria de la Carrera de Contaduría Pública, manteniendo el nivel básico salarial que percibía; determinación que si bien la prenombrada aceptó, ésta alegó que la misma no podría ser considerada una convalidación de actos (fs. 208). II.3. Ante lo acontecido precedentemente, la solicitante de tutela a través de memorial de 10 de septiembre del señalado año, puso en conocimiento de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, una denuncia por acoso y violencia laboral ejercitada en su contra por parte de autoridades de la USB, donde impetró la designación de un Inspector del Trabajo a efectos que este realice las acciones correspondientes (fs. 204 a 205 vta.). II.4. A través de Informe Psicológico de 30 de septiembre del señalado año, emitido por Alejandra Carvajal Torrez Psicóloga del Policonsultorio “20 de octubre” de la CPS, se estableció que la accionante presenta indicadores de ansiedad y depresión, así como también sentimientos de frustración, impotencia, insomnio, angustia, labilidad emocional e inapetencia como consecuencia de un posible maltrato psicológico laboral; y en mérito a ello, se recomendó que la prenombrada asista a controles terapéuticos a efectos que se pueda monitorear su estado ansioso depresivo (fs. 236). II.5. En atención al Informe expedido por la Inspectora del Trabajo con relación a la denuncia presentada por la accionante, el Jefe Departamental de Trabajo La Paz, llegó a concluir que de la documental aparejada, se ha llegado a verificar la denuncia de acoso laboral, al existir suficientes elementos que corroboraron tales extremos, motivo por el cual se emitió la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021 de 1 de octubre, mediante la cual la citada autoridad dispuso conminar a Luis Adolfo Torrez Sanjinés -Canciller-; y, Ernesto Murillo Estrada -Vicerrector de Pastoral- ambos de la USB al cese inmediato del acoso laboral ejercido en contra de la prenombrada; aquello en virtud, a la existencia de suficientes elementos que corroboran la veracidad de la indicada denuncia (fs. 185 a 187). II.6. Ante la determinación pronunciada por el Jefe Departamental de Trabajo La Paz, Luis Adolfo Torrez Sanjinés y Ernesto Murillo Estrada, a través de memorial de 25 de octubre del referido año, interpusieron recurso de revocatoria en el que solicitaron se proceda con la nulidad y posteriormente con la revocatoria de la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021, alegando que dicha decisión fue emitida vulnerando el derecho al debido proceso y el principio de inocencia, respectivamente (fs. 156 a 160 vta.). II.7. Se tiene Resolución Administrativa (RA) 490/21 de 23 de noviembre, dictada por el señalado Jefe Departamental de Trabajo La Paz, a través de la cual, la mencionada autoridad dispuso, confirmar la supra citada Conminatoria, manifestando que los argumentos expuestos por la parte recurrente carecen de sustento objetivo, toda vez que se estableció que la estabilidad laboral de la demandante de tutela fue lesionada mediante acciones cometidas en desmedro de la misma, las cuales corroboran la existencia de acoso laboral en su contra (fs. 146 a 147 vta.). II.8. Por intermedio de memorial de 21 de diciembre del citado año, Luis Adolfo Torrez Sanjinés y Ernesto Murillo Estrada, plantearon recurso jerárquico en contra de la RA 490/21, en el que impetraron se disponga la nulidad y en consecuencia la revocatoria de la indicada Resolucion Administrativa, alegando que dicho procedimiento, fue realizado en franca lesión de derechos y garantías fundamentales (fs. 137 a 142 vta.). II.9. En sustanciación del recurso jerárquico presentado por los prenombrados, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión social, llegó a concluir que los recurrentes reiteraron los mismos argumentos expuestos en el recurso de revocatoria, motivo por el cual se emitió la RM 434/22 de 20 de abril de 2024, mediante la cual la indicada autoridad dispuso confirmar en su totalidad la RA 490/21, y, en consecuencia, también se determinó confirmar totalmente la Conminatoria de Cese de Acoso Laboral JDTLP/RJEC/ 037/2021, ambas emitidas por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, por la que se estableció el cese inmediato del acoso laboral ejercitado por Luis Adolfo Torrez Sanjinés Canciller de la USB y Ernesto Murillo Estrada Vicerector de Pastoral de la USB contra la peticionante de tutela (fs. 66 a 69). II.10. A través de RM 165/23 de 30 de enero, pronunciada por la Ministra de la mencionada Cartera de Estado, se resolvió disponer medidas de protección en favor de la impetrante de tutela consistentes en: 1) El otorgamiento de tolerancia por parte de USB respecto a horarios de ingreso y salida; y, 2) La remisión de antecedentes al Ministerio Público al incumplimiento de la Conminatoria JDTLP/RJEC/037/2021, que determinó el cese del acoso laboral por parte de los demandados (fs. 761 a 764).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la honra, honor, propia imagen y dignidad al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la inamovilidad laboral con remuneración y salario justo, al debido proceso, a la defensa y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, al sufrir diversos actos de acoso laboral por parte de los demandados, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, denunciando tales actos y solicitando que estos cesen; en consecuencia, se emitió la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021, en la cual ordenó el cese de acoso laboral y obligó a que los demandados procedan con la restitución de sus derechos vulnerados; decisión que fue impugnada, emitiéndose la RA 490-21 de 23 de noviembre, dictada por el mismo Jefe Departamental de Trabajo; por la cual se confirmó la referida Conminatoria, y siendo nuevamente impugnada dicha determinación en la vía jerárquica, esta fue resuelta por la RM 434/22 de 20 de abril de 2022, por parte de la Ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social, misma que confirmó la citada Resolucion Administrativa y por ende la mencionada Conminatoria; no obstante de ello, y pese a la existencia de la mencionada RM que dispuso el cumplimiento de la referida Conminatoria, los demandados, sin argumento alguno se resisten a materializar lo dispuesto, manteniendo los actos de acoso laboral en su contra; motivo por el cual acude a la justicia constitucional en resguardo de sus derechos. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada:
La Constitución Política del Estado, consagra derechos fundamentales del trabajador, entre ellos, en el acápite del derecho al trabajo y al empleo, el art. 46.I., señala que: “Toda persona tiene derecho: (…)
2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”.
En ese mismo sentido, el art. 48.II de la Norma Suprema, establece: “Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad;
de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.
La estabilidad laboral sin la menor duda, es el estandarte de los derechos sociales, pues se constituye en una garantía del trabajo, en cuya virtud el obrero no puede ser despedido sin una causa legítima y sin el desarrollo imparcial de un proceso, donde tenga el pleno ejercicio de su derecho a la defensa; estableciéndose así que, la disolución del vínculo laboral no dependa únicamente del empleador, pudiendo desvincularse de la relación laboral de manera excepcional ante la concurrencia de las causas que efectivamente hagan imposible su continuación, previo desarrollo de los procesos establecidos al efecto y en resguardo de los derechos y garantías reconocidos a favor del procesado.
Desde la concepción doctrinal, la estabilidad laboral puede ser comprendida desde sus dos acepciones; la primera, absoluta, referida a la conservación del empleo durante el periodo para el que fue contratado o toda la vida laboral, hasta que adquiera el derecho a la jubilación o pensión, no pudiendo ser despedido hasta ese momento, salvo que existan causas legítimas que medien en la desvinculación laboral. Segunda, relativa, a que, no obstante de haberse adquirido el derecho a la estabilidad laboral; empero, el obrero se encuentra sujeto a la voluntad del empleador, de ahí que, ante la materialización de la desvinculación laboral, tiene derecho a la indemnización, cuya finalidad es cubrir o justificar la pérdida de su fuente de trabajo. Entonces, cualquier determinación de despido o desvinculación sin previo proceso, claramente implica vulneración de los derechos del trabajador, tornándolo en un acto en arbitrario, discrecional y unilateral.
Ahora bien, la doctrina laboral ha desarrollado el “ius variandi” (el derecho de variación que le asiste al empleador de cambiar las condiciones de trabajo), cuyo ejercicio faculta al empleador variar las modalidades de prestación de las tareas del trabajador; es decir, es una prerrogativa excepcional que le asiste al empleador, para alterar ciertos aspectos del contrato dentro de ciertos límites, lo cual no limita al trabajador a oponerse cuando la misma resulte ser perjudicial, arbitraria y discriminatoria. En este sentido, la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, en la SC 1579/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…conviene en que conforme al principio ius variandi, el empleador tiene la facultad de cambiar el lugar de trabajo del empleado; es decir, puede trasladarlo a otro asiento laboral; sin embargo, esa facultad no es absoluta ni mucho menos se puede utilizar de forma caprichosa y bajo ningún concepto, mucho menos como forma de sanción o como un mecanismo de amedrentamiento…”. Por otro lado, es menester recurrir a la jurisprudencia comparada; así, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-797 de 3 de agosto de 2005, precisó que el ius variandi: “es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo”.
Según se acaba de decir, el ejercicio del “ius variandi” no es una prerrogativa discrecional, absoluta ni caprichosa del empleador; es decir, si bien tiene la potestad de instrucción y decisión respecto a ciertos cambios relativos a la modalidad de trabajo, horario, lugar, cantidad o tiempo de trabajo, la misma no debe exceder los marcos de razonabilidad, en el entendido que, la modificación del curso de la relación laboral o las condiciones de trabajo, pueden ser lesivas a los derechos fundamentales del trabajador, si la decisión se adopta en forma arbitraria sin previo consenso ni justificación del por qué se dan los cambios o cuál la necesidad de implementarlos. Así, para ampliar este entendimiento, es menester acudir nuevamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, que en la Sentencia T-483 del 27 de octubre de 1993, estableció: “El jus variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas…, así como por los principios mínimos fundamentales… Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de manera adecuada y coherente'. En esa línea, la misma Corte, en la Sentencia T-543/09 de 6 de agosto de 2009, retomando los razonamientos de la Sentencia T-483 de 27 de octubre de 1993, señaló: 'frente al ejercicio del ius variandi, en cada caso particular el empleador tiene la carga de observar el conjunto de estos condicionamientos, y en especial de los derechos fundamentales del empleado y tomar una decisión que los consulte de forma adecuada y coherente, teniendo siempre presente que dicha potestad no lo reviste 'de atribuciones omnímodas que toman al trabajador como simple pieza integrante de la totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la administración de justicia distributiva a cargo del patrono'”.
(…)
Entonces, el ejercicio del “ius variandi” también debe ser desplegado en el marco del principio de razonabilidad; es decir, si bien el empleador tiene la atribución de variar las condiciones de prestación de trabajo, ello debe efectuarse en el estricto marco de las disposiciones constitucionales inherentes a los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, lo cual supone el respecto y la observancia de los valores, los principios y, particularmente la vigencia de los derechos laborales, en la medida que las decisiones del empleador no repercutan de manera negativa en el ejercicio de sus derechos -no precisamente laborales o sociales, sino también los conexos con ellos-del trabajador; consiguientemente, en lo concerniente al cambio del lugar y modo de prestación o trabajo, la misma será considerada arbitraria e irrazonable, cuando: sin previo consentimiento, el empleador de manera unilateral y omnímoda decida el desplazamiento del trabajador o cambio del modo de prestación, para el que fue contratado, siendo así que, la nueva asignación o nuevo destino signifique mayores gastos para su subsistencia y disminución en sus ingresos; asimismo, implique un cambio en el modo de vida del trabajador, de manera que, con la nueva forma de prestación o su desplazamiento tenga que trasladarse grandes distancias erogando mayores gastos para ello o, cuando la variación implique mayor esfuerzo a menor compensación, lo cual puede traducirse en mayor costo de transporte debido a que el trabajador para asistir a su nuevo destino tenga que recorrer considerables distancias; asimismo, el desplazamiento o el cambio de asignación signifique la disminución en las horas de descanso, distracción, o implique disgregación familiar para el trabajador. Frente a estas situaciones, el ejercicio del ius variandi será considerado ilegal, arbitrario, caprichoso y lesivo a los derechos del trabajador o de la trabajadora (las negrillas son agregadas). El precedente jurisprudencial fue extractado de la SCP 1025/2013 de 27 de junio.
Heinz Leymann doctor en psicología europeo y pionero en la materia, determinó, una lista de cuarenta y cinco acciones que definió como aquellas conductas que podían considerarse acoso laboral; comportamiento que pueden diferenciarse en cinco tipos de actividades de acoso: para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse de forma adecuada con los demás -incluido el acosador-; para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos sociales; actividades dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación personal o laboral; actividades dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional; actividades que afectan a la salud física o psíquica de la víctima. Siguiendo tal razonamiento, según los estudios de Leymann, los comportamientos que pueden constituir acoso laboral incluyen, entre otros, los siguientes: ataques verbales, insultos, ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación profesional, amenazas constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos rumores, acoso sexual, no tener en cuenta problemas físicos o de salud del trabajador y hasta agresiones físicas. Las víctimas, a su vez, suelen sufrir, entre otros síntomas, los siguientes: trastornos de sueño, dolores, síntomas psicosomáticos del estrés, pérdida de memoria, crisis nerviosa, síndrome de fatiga crónica, depresión y afectación de las relaciones familiares.
Conductas que fueron complementadas posteriormente por autores como Gonzáles de Rivera, Van Dick, Wagner, Zapf, Knorz y Kulla, de forma que una lista similar fue empleada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de la materia en España, para elaborar la Nota Técnica de Prevención NTP 476. Destaca que el Parlamento Europeo adoptó en 2001 una resolución sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, en tanto que el Consejo de la Unión Europea expidió la Directiva 2000/78/CE, encaminada a diseñar un marco general para alcanzar la igualdad de trato en el empleo, texto en el cual se propone una definición de acoso laboral. Cabe resaltar que respecto a las consecuencias del acoso laboral la francesa Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y Zabala (autores destacados en el estudio del acoso moral y del “mobbing”), señalaron que el desenlace habitual de la situación de acoso laboral suele significar la salida de la víctima de la organización de manera voluntaria o forzosa. Otras consecuencias pueden ser el traslado e inclusive -en muchos casos-, el mobbing persiste incluso después de la salida de la víctima de la empresa, con informes negativos o calumniosos a futuros empleadores, eliminando así la empleabilidad externa de la víctima.
En Latinoamérica, no obstante a que queda un camino largo por recorrer respecto al tema, existen ya normas que buscan evitar y sancionar las formas de acoso laboral: en Colombia, la Ley 1010 del 2006; en Brasil la Ley 2120 de la Administración Municipal de Ubatuba del 2001, la Ley Complementaria 212.561 de Río Grande do Sul del 2006; y, la Ley contra el asedio moral, formulada en el Estado de Sao Paulo el 2007.
Ahora bien, para el contexto boliviano “…el acoso laboral es una realidad social cotidiana que pasó inadvertida. Hasta hace muy pocas décadas era una conducta ignorada (…) situación que se debe a la escasa conciencia que se tenía y se tiene todavía del carácter anómalo de tales prácticas y sus consecuencias…” . Sin embargo, la Asamblea Constituyente no ha sido indiferente a dicha realidad, de forma que los bolivianos y bolivianas se encuentran protegidos del acoso laboral a través del art. 49.III de la CPE que establece: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La Ley determinará las sanciones correspondientes”.
El art. 21.I.4 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- señala que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe adoptar medidas de protección contra toda forma de acoso sexual o acoso laboral y adoptar procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción. Ahora bien, a partir de las consecuencias del acoso laboral o su finalidad general, que es la renuncia o abandono del cargo por parte de la víctima; se tiene que, respecto a la estabilidad laboral -que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido-, es posible establecer que el acoso laboral se constituye en un factor determinante que busca la desvinculación laboral; por lo que, las actividades de acoso se manifiestan como una amenaza cierta, grave y evidente a la estabilidad laboral de las personas.
En tal sentido, el acoso laboral (según su tipo y gravedad) puede constituir un atentado contra la integridad psicológica y moral de las personas a quienes se somete al acoso laboral, y consecuentemente, configurar una transgresión a la Norma Suprema; no sólo respecto al art. 49.III de la CPE; sino que también -como se refirió precedentemente en relación a la dignidad como valor y derecho que acompaña a los bolivianos y bolivianas. Resulta igualmente evidente que someter al trabajador o trabajadora a maltratos deliberados de sus superiores o compañeros, puede conllevar perjuicios psíquicos y en algunos casos incluso físicos al agredido (especialmente respecto a manifestaciones de estrés laboral, cefaleas y otros) que en muchos casos obligan a la persona a renunciar. Bajo tal razonamiento, se debe considerar que el art. 49.III de la CPE al prohibir el acoso laboral, se vincula inexorablemente (en cuanto a los bienes jurídicos protegidos por el constituyente) con el art. 46.I.1 de la CPE, por el cual se reconoce el derecho de toda persona: “Al trabajo digno (…) sin discriminación (…) que le asegure para sí y su familia una existencia digna”, de forma que la protección de ese trabajo digno implícitamente exige la prohibición de toda forma de acoso laboral, en cumplimiento de parte de los fines y funciones esenciales del Estado, como lo son: Constituir una sociedad justa y armoniosa, fomentar el respeto mutuo, reafirmar y consolidar la unidad del país (art. 9 de la CPE).
Por otra parte, el art. 8.II de la CPE, dejó establecido que la dignidad es uno de los valores en el cual se sustenta el Estado; por ende, tiene por fin y función esencial garantizar, el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. A partir de lo indicado, la exigencia del respeto de la dignidad igualmente alcanza al trabajador ante los efectos nocivos que produce el acoso laboral sobre su integridad moral y psicológica, e incluso sobre el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano.
A partir de lo indicado, se debe considerar que el acoso laboral, constituye una conducta reñida con la Norma Suprema que lesiona el derecho fundamental a gozar de un trabajo en condiciones dignas, la garantía y derecho a la dignidad; y, se constituye en una amenaza para la estabilidad laboral; además de que (dependiendo de su tipo y gravedad) en algunos casos puede llegar incluso a afectar el derecho a la salud (física y psicológica) de la persona por lo que, una vez determinada su existencia en la vía administrativa o judicial, corresponde a la vía constitucional brindar tutela contra los actos que pretendan perpetuar el acoso laboral (las negrillas corresponden al texto original). El precedente jurisprudencial fue extractado de la SCP 0232/2018-S3 de 20 de abril.
De los hechos que motivan la presente acción tutelar y la compulsa de antecedentes cursantes en el legajo procesal, se tiené: los Memorándums R-0426 V.0 CITE: USB/VAF/MEM/003/21 de 28 de mayo y R-0426 V.0 CITE USB/VAF/MEM/018/21 de 30 de agosto, a través de los cuales la Vicerrectora Administrativa y de Finanzas de la USB determinaron que la accionante: a) Pase a apoyar a la Dirección de Bienestar Universitario, en virtud a la actualización de funciones del personal de la citada Universidad; y, b) Se la reasigne como Secretaria de la Carrera de Contaduría Pública de la referida casa superior de estudios (Conclusiones II. 1 y 2); circunstancia por la cual, la mencionada a través de memorial de 10 de septiembre del señalado año, puso en conocimiento de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz una denuncia por acoso y violencia laboral ejercitada en su contra por parte de autoridades de la USB (Conclusión II.3).
Asimismo, consta Informe psicológico de 30 de septiembre del indicado año, emitido por Alejandra Carvajal Torrez, Psicóloga de la CPS; por el cual, se estableció que la accionante presenta indicadores de ansiedad y depresión, así como también sentimientos de frustración, impotencia, insomnio, angustia, labilidad emocional e inapetencia como consecuencia de un posible maltrato psicológico laboral, aspecto por el que se recomendó que la prenombrada asista a controles terapéuticos a efectos que se pueda monitorear su estado ansioso depresivo (Conclusión II.4). Por otra parte, en atención al Informe expedido por la Inspectora del Trabajo con relación a la denuncia presentada por la accionante, el Jefe Departamental de Trabajo La Paz, emitió la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021 de 1 de octubre, mediante la cual dispuso conminar a Luis Adolfo Torrez Sanjinés; y, Ernesto Murillo Estrada -Canciller y Vicerrector de Pastoral- ambos de la USB al cese inmediato del acoso laboral ejercido contra la prenombrada (Conclusión II.5); situación por la que, los mencionados, ante dicha determinación por medio de memorial de 25 de octubre del referido año, interpusieron recurso de revocatoria en el que solicitaron se proceda con la nulidad y posteriormente con la revocatoria de la citada Conminatoria (Conclusión II.6). No obstante de ello, y ante la emisión de la RA 490/21 de 23 de noviembre, por parte del señalado Jefe Departamental de Trabajo, misma que dispuso confirmar la supra citada Conminatoria (Conclusión II.7), nuevamente Luis Adolfo Torrez Sanjinés y Ernesto Murillo Estrada plantearon esta vez contra dicha determinación recurso jerárquico (Conclusión II.8); el cual siendo sustanciado y a su vez resuelto por la Ministra de Trabajo, Empelo y Previsión social, mereció la dictación de la RM 434/22 de 20 de abril de 2023, mediante la cual la indicada autoridad dispuso confirmar en su totalidad la (RA) 490/21, y en consecuencia determinó confirmar totalmente la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021 (Conclusión II.9).
Empero, a través de la RM 165/23 de 30 de enero de 2023, pronunciada por la Ministra de la mencionada Cartera de Estado, se resolvió disponer medidas de protección en favor de la impetrante de tutela, consistentes en: 1) El otorgamiento de tolerancia por parte de la USB respecto a horarios de ingreso y salida; y, 2) La remisión de antecedentes al Ministerio Público ante el incumplimiento de la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021, que determinó el cese del acoso laboral por parte de los demandado (Conclusión II.10). Bajo ese contexto, se advierte que dentro del presente caso la accionante denunció la lesión de sus derechos a la honra, honor, propia imagen y dignidad al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la inamovilidad laboral con remuneración y salario justo, al debido proceso, a la defensa y del principio de seguridad jurídica, en razón a que a partir de una serie de actos realizados en su contra que sufrió de forma progresiva por parte de la entidad empleadora en este caso de la USB, que a través de sus representantes, los cuales procedieron a asignarla a un cargo de menor jerarquía al que ocupaba, aquello mediante la emisión de los Memorándums R-0426 V.0 CITE: USB/VAF/MEM/003/21 de 28 de mayo y R-0426 V.0 CITE USB/VAF/MEM/018/21 de 30 de agosto -del cargo de Responsable de la Unidad de Orientación Jurídica, al de Secretaria de la carrera de Contaduría Pública-. Ante ello, denunciando dichos aspectos, obtuvo por parte de la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz la emisión de la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021, mediante la cual se dispuso el cese del acoso laboral ejercido contra la prenombrada, la cual siendo confirmada a través del pronunciamiento de la RA 490/21 y la RM 165/23, refiere que la misma no habría sido cumplida. En ese contexto, en virtud de lo señalado por la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, en la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021, la cual determinó la existencia de la arbitrariedad denunciada respecto al cambio de puesto laboral de la impetrante de tutela; dado que, dicha determinación refirió que la reasignación de funciones, en este caso de la prenombrada, se constituyó una decisión unilateral “…bajo el argumento que la Unidad de Orientación desaparecería, cuando en los hechos se habría contratado a otra persona para que desempeñe las mismas funciones…” (sic); además que debe tenerse presente que la misma denotó una afectación directa a sus derechos al trabajo y la estabilidad laboral de la mencionada; motivo por el cual dispuso conminar a Luis Adolfo Torrez Sanjinés; y, Ernesto Murillo Estrada, Canciller y Vicerrector de Pastoral, respectivamente, ambos de la USB, al cese inmediato del acoso laboral ejercido en su contra. Los demandados, dentro de su informe presentado, sostuvieron que la pretensión de la accionante es lograr el cumplimiento de la RM 434/22, que aparte de pretender que la jurisdicción constitucional se convierta en una mera ejecutora de una resolución administrativa, advierte que a partir de la puesta en vigencia de la Ley 1468, se estableció un nuevo procedimiento para la efectivización de las Resoluciones Ministeriales, circunstancia por la cual, supone que en estos casos, lo que correspondía era acudir ante un Juez de Trabajo y Seguridad Social, a fin que dicha autoridad active las medidas coactivas permitidas para hacer efectivas las ordenes emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y no acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional; circunstancia por la que, debe entenderse que por aplicación de la nueva normativa sobre el tema, la interposición de la acción de amparo constitucional, por restitución de derechos laborales, solamente se encuentra habilitada para grupos vulnerables que no requieren agotar el principio de subsidiariedad. Al respecto, corresponde aclarar que los demandados confunden el trámite de una conminatoria de reincorporación laboral (que efectivamente su base normativa es la Ley 1468), con la conminatoria emergente de una denuncia de acoso laboral, por lo que el cumplimiento de esta última tiene un marco jurídico distinto al de la conminatoria de reincorporación laboral, ya que esta necesariamente debe ser cumplido con carácter inmediato, ello en aplicación del art. 4.5 de la Resolución Ministerial 196/21, que es una norma específica referente al Acoso Laboral y Acoso Sexual a mujeres dentro del ámbito laboral; por lo que no resulta aplicable a este caso el criterio de aplicación de la Ley 1468; y, por lo tanto, tampoco el argumento que en este caso no se ha cumplido con el requisito de la subsidiariedad, por lo que bajo tal marco jurídico, los argumentos expuestos por los demandados carecen de sustento jurídico constitucional.
En ese marco, de lo expuesto precedentemente, se tiene que, los ahora demandados, debieron cumplir lo determinado en la indicada Conminatoria emitida a favor de la accionante, aquello en virtud a lo establecido en el art. 4.5 de la RM 196/21 de 8 de marzo -Procedimiento para la Atención de Denuncias sobre Acoso Laboral y Acoso Sexual a Mujeres en el Ámbito Laboral-, el cual dispone que una vez emitida la Conminatoria de inmediato cese de acoso laboral, por parte del Jefe Departamental o Regional de Trabajo, esta adquiere carácter obligatorio cumplimiento por el trabajador o servidor público denunciado; sin embargo, en la presente causa, dicha orden permaneció inobservada hasta la interposición del actual mecanismo de defensa. En mérito a lo previamente detallado, en los casos en los que la denuncia se trate sobre acoso laboral contra mujeres, y la autoridad administrativa constate tales extremos, corresponde que la Conminatoria emitida sea acatada de manera inmediata, para lo cual, la parte impetrante de tutela puede acudir directamente a la vía constitucional denunciando la falta de acatamiento establecida, esto a efectos que se protejan provisionalmente sus derechos y en suma se evite cualquier daño irreparable o irremediable que se le pudiera causar; aquello tomando en cuenta que, la protección en este caso del derecho a la estabilidad laboral, no solo se limita a los casos donde exista una desvinculación laboral; sino que, también alcanza a casos donde se genera algún despido indirecto; más aún, si en el transcurso del proceso, la parte demandada ejerció su derecho a la defensa agotando los medios y mecanismos de impugnación previstos en la normativa; donde alegó que en el caso cambio de puesto laboral efectuado con la accionante se dio merced a la aplicación del ius variandi, el cual en mérito a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debe ser aplicada en torno al principio de razonabilidad; es decir que, el mismo debe efectuarse en el marco de las disposiciones constitucionales inherentes a los derechos reconocidos a favor de las trabajadoras y los trabajadores.
En tal sentido, al no estar debidamente justificado el incumplimiento de la referida Conminatoria de cese de acoso laboral, se tiene que efectivamente los demandados lesionaron los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral de la demandante de tutela. Tal conclusión se arriba debido a que el referido incumplimiento a lo dispuesto en la citada Conminatoria, de la cual su acatamiento tenía carácter obligatorio, se agrava más aún, si esta fue ratificada a través de la RA 490/21, emitida por el Jefe Departamental de Trabajo La Paz y posteriormente mediante la RM 434/22, pronunciada por la Ministra de Trabajo, empleo y Previsión Social; existiendo incluso medidas de protección ordenadas por RM 165/23, circunstancia por la cual en la presente causa venida en revisión, corresponde en consecuencia conceder la tutela impetrada en relación a los citados derechos al trabajo y la estabilidad laboral. Asimismo, en referencia a la transgresión de los derechos a la honra, honor, propia imagen y dignidad, a la seguridad social, a la inamovilidad laboral con remuneración y salario justo, al debido proceso y a la defensa, corresponde señalar que la solicitante de tutela al no haber argumentado de qué manera los demandados hubiesen lesionado dichos derechos, este Tribunal se ve impedido de emitir criterio al respecto; por otra parte, en relación al principio de seguridad jurídica alegado también como vulnerado, se aclara que la justicia constitucional no tutela el mismo de manera directa, sino se encuentran vinculado con algún derecho.
Respecto a la reparación de daños y perjuicios a la que alude la accionante, corresponde precisar que, por la naturaleza sumaria de las acciones de defensa no se verá en esta vía, correspondiendo en todo caso que la misma sea tramitada en la justicia ordinaria; toda vez que para su consideración requiere la realización de una fase probatoria amplia de garantías procesales, debiendo dicho aspecto ser dilucidado con mayor desarrollo en la jurisdicción respectiva; no correspondiendo a su vez, el establecimiento de costas y costos.
Finalmente, en cuanto a la remisión de antecedentes al Ministerio Público solicitado por la peticionante de tutela, por las circunstancias propias del caso concreto, dicha situación no amerita ser analizada; sin embargo, si la prenombrada entiende oportuno aquello; será quien, acompañando el acervo probatorio suficiente, se encargue de activar las acciones penales que considere pertinentes. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 68/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 774 a 779, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en parte, la tutela peticionada, solamente en relación a los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral disponiendo el cumplimiento de la RM 434/22 de 20 de abril de 2022; y, en constancia de la Conminatoria JDTLP/RJEC/ 037/2021 de 1 de octubre; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la honra, al honor, propia imagen y dignidad, a la seguridad social, a la inamovilidad laboral con remuneración y salario justo, al debido proceso y a la defensa, así como también respecto a la seguridad jurídica y en relación a la imposición de costos y costas, daños y perjuicios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 Rolando Villena Villegas, -Defensor del Pueblo-. Presentación de la Cartilla Informativa: El Acoso Laboral Vulnera los Derechos Humanos. Editorial ABBASE (2014). La Paz- Bolivia.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0711_2025-S3.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): e7924141ef8c1148f68f3d77c1aa278a27f10089355eb0f154259a9ecb12e326
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