B.IA.LEGAL

SCP 0711/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de diciembre de 2024

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de diciembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49188-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante mediante su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la libertad física, a la vida, a la presunción de inocencia, a la igualdad, “…violación del derecho del menor…” (sic); y, a los principios de interés superior de la niña, niño y adolescente, “la no aplicación del principio de sana crítica”, al “indubio pro reo” , a la seguridad jurídica y de favorabilidad, en razón a que, la Vocal accionada erradamente, emitió fallo en alzada -Auto de Vista 417/2022-, confirmando el rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva, sosteniendo que, no se habría notificado a la víctima con la Resolución de Sobreseimiento RES-02-/2022 dictada a su favor y que no se estaría tramitando su ratificación o no de la misma, presumiendo de esta manera su culpabilidad y desconociendo que no es responsabilidad suya que tales comunicaciones procesales no se realicen por la circunstancia de bloqueos existentes, a más de que, no es posible que dicha determinación fiscal no enerve los riesgos procesales previstos en el art. 235. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° ANULAR obrados hasta la remisión de esta acción defensa ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a los fundamentos jurídicos-procesales y constitucionales expuestos precedentemente; 2° Disponer que de forma inmediata, Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, subsane el defecto procesal generado, debiendo a este efecto remitir ante este órgano especializado de control de constitucionalidad, el legajo constitucional completo -como correspondía- en concreto con el identificado Auto de Vista 417/2022 de 10 de junio, objeto de cuestionamiento constitucional; y, 3° Llamar severamente la atención a la referida Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, por la negligencia omisiva en la que incurrió en la tramitación -en revisión- de esta acción de defensa; así como a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada-, en razón a lo expresado supra.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Anulación de obrados por imposibilidad material de resolución sobre el fondo del asunto constitucional tutelar promovido
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0711/2024-S2 Sucre, 4 de diciembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49188-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 029/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Chumacero Tórrez en representación sin mandato de Juan Carlos Ramos Quenallata contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de junio de 2022, cursante de fs. 1; y, 8 a 11 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de junio de 2022, el Ministerio Público emitió Resolución de Sobreseimiento RES 02/2022 a su favor -se entiende dentro del proceso penal seguido a denuncia de Francisco Pablo Rogelio Canedo Sánchez De Lozada, Paulino Reas Huallpa y Rogelio Mamani Quispe -hoy terceros intervinientes-, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples-, ante ello, solicitó la cesación de su detención preventiva conforme el art. 239.I -del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-modificado a su vez por la -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-.

Refiere que, -se entiende dentro del despliegue procesal de dicha solicitud de cesación- Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- dictó su Resolución -se comprende Auto de Vista 417/2022 de 10 de junio- carente de una debida fundamentación como componente del debido proceso, a la presunción de inocencia a la igualdad y “...la no aplicación del principio de sana critica...” (sic); y, la “...violación del derecho del menor...” (sic), de sus hijos de dos y cinco años de edad, sin tomar en cuenta el interés superior de la niñez; puesto que, su persona provee lo necesario en cuanto a su alimentación, salud, vivienda, educación y otros; en razón a que, la referida autoridad sostuvo que, no se habría notificado con la señalada Resolución de Sobreseimiento a las partes procesales y que no se estaría tramitando la confirmación o no de la misma.

De esta manera, la autoridad judicial accionada presume su culpabilidad, cuando no es su responsabilidad de que las notificaciones con dicha Resolución fiscal no se realicen por el bloqueo de las Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto -del departamento de La Paz-, “...además si las partes afectadas con la referida resolución pretenden impugnar, siendo que el original cursa en obrados dentro del control jurisdiccional, pero en forma sistemática por no usar otro término exigen que se los notifiquen en su domicilio real y que por esa razón me deniegan la cesación a la detención preventiva” (sic).

Afirma que, no es posible que la Resolución de Sobreseimiento RES-02/2022, no anule los riesgos procesales del art. 235.1 y 2 del CPP, puesto que la representación fiscal concluyó su investigación con respecto a su persona, haciendo énfasis en que no tiene grado de culpabilidad.

Señala que, el Auto de Vista cuestionado “lleno” de subjetividades, las cuales están prohibidas al fundarse en meras suposiciones, además de realizar una interpretación no contextualizada de la ley, sin dar aplicación del principio in dubio pro reo que denunció en la audiencia de apelación incidental, violando la supremacía de la Constitución Política del Estado “...y en particular a peticiones de las supuestas víctimas...” (sic), no aplicó el principio de proporcionalidad respecto a su detención preventiva, como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, para que la efectivización de un derecho fundamental no pueda ser limitada, más a allá de lo que sea imprescindible para la protección de otros derechos o bienes jurídicos constitucionales, teniéndose en este sentido el art. 221 del CPP.

Efectuó la cita de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0276/2018-S2 de 25 de junio, 0021/2019-S3 de 1 de marzo, 0137/2019-S2 de 17 de abril y 0103/2019-S4 de 10 de abril.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, por intermedio de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la libertad física, a la vida, a la presunción de inocencia, a la igualdad, “…violación del derecho del menor…” (sic); y, a los principios de interés superior de la niña, niño y adolescente, “…la no aplicación del principio de sana crítica…” (sic), al “indubio pro reo” y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 13.I, 22, 23 “24” y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

En audiencia invocó la vulneración del principio de favorabilidad.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se restablezcan las formalidades de ley, ordenando a la Vocal accionada restituir los derechos vulnerados, dictando un nuevo Auto de Vista, con los fundamentos del fallo constitucional que se emita. En audiencia impetró se dicté un nuevo Auto de Vista “...y que se dé una medida sustitutiva para la detención preventiva tomando en cuenta la existencia de una resolución de sobreseimiento...” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 20 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través su abogado, ratificó in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar, y ampliando en audiencia, señaló que: a) El Juez de la causa rechazó la cesación de su detención preventiva refiriendo que no se le habría brindado nuevos elementos “de juicio”, y específicamente no se habría notificado a los sujetos procesales con la Resolución de Sobreseimiento RES-02/2022 -dictada a su favor-; b) En instancia de alzada, manifestó de manera precisa, como agravio que, la autoridad judicial inferior -en grado- en momento alguno explicó en qué instrumentos legales o jurídicos se basó para rechazar la modificación de la medida extrema; también hizo referencia al control de convencionalidad y a la contingencia sanitaria global del Coronavirus (COVID-19); c) La Vocal accionada con fundamentos errados sostuvo que, la Resolución apelada cumplió con el art. 124 del CPP, pero no advirtió que, tenía falta de objetividad, así como análisis de los elementos probatorios y no solamente indiciarios que el Ministerio Público presentó en la referida Resolución de Sobreseimiento; d) El Ministerio Público pronunció sobreseimiento -a su favor-, y si la parte contraria considera que es una determinación irregular tiene los recursos ordinarios para impugnarla; e) La autoridad judicial accionada no aplicó la sana crítica ni el principio de favorabilidad; f) “...no comprendemos como estas circunstancias en delitos de orden patrimonial con sobreseimiento una autoridad dicta ‘que se mantenga en detención preventiva’ este beneficio lo venimos luchando desde primero de junio que se dictó la resolución...” (sic); g) Se debe considerar la finalidad de las medidas cautelares personales; y, h) Solicitó “...y que se dé una medida sustitutiva para la detención preventiva tomando en cuenta la existencia de una resolución sobreseimiento...” (sic). En uso del derecho a la réplica, en lo central expuso argumentos tendientes a desestimar lo manifestado por los terceros interesados.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 13 y vta., sostuvo que: 1) Efectivamente dictó el Auto de Vista 417/2022; 2) El Tribunal de alzada se debe regir por el principio de limitación de competencia previsto en el art. 398 del CPP; así también se basa en el legajo de apelación incidental y los elementos de prueba presentados por la parte apelante; 3) El referido Auto de Vista está debidamente fundamentado y motivado, con aspectos de hecho y derecho, efectuando un análisis lógico jurídico, aplicando las reglas de la sana crítica y la normativa, conforme a los arts. 123 y 173 de adjetivo penal, no adecuándose a derecho lo manifestado dentro de esta acción de defensa; 4) Se debe considerar el art. 324 del CPP, conforme al cual, la parte procesada -hoy accionante- no demostró que la Resolución de Sobreseimiento -RES 02/2022- fue legalmente notificada a las víctimas a objeto de proceder al trámite previsto en el precitado precepto procesal penal; 5) Con relación a la imposibilidad de cumplimiento de la comunicación procesal al existir bloqueos, debe tenerse en cuenta que estas se están efectuando de forma telemática, no siendo un óbice su realización; 6) La jurisdicción constitucional no es un tribunal ordinario o de otra instancia, para revisar sus decisiones; es decir que, la revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración del derecho, no es su labor propia, por ello, para analizar el Auto de Vista cuestionado, el impetrante de tutela debió hacer una sucinta y precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa -cuestionada-; sin embargo, dicho requisito está ausente en esta acción tutelar; 7) Las medidas cautelares se caracterizan por su temporalidad y variabilidad, de tal manera que, no causan estado, pudiendo modificarse conforme a las circunstancias individuales que se presenten en cada caso en concreto; 8) No se estableció de manera cierta y concreta cómo habría vulnerado los derechos y garantías -constitucionales- invocados; y, 9) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Participación de los terceros intervinientes

Francisco Pablo Rogelio Canedo Sánchez De Lozada, Rogelio Mamani Quispe y Paulino Reas Huallpa, a través de su abogado en audiencia, manifestaron que: i) El supuesto agravio debe vincularse con los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ii) No se puede realizar el control sobre los principios aplicados; iii) El Auto de Vista 417/2022 es congruente, motivado y fundamentado, puesto que, la Resolución de Sobreseimiento RES 02/2022 no es el elemento para enervar el art. 235.1 y 2 del CPP; iv) Para solicitar la cesación de la detención preventiva con base en un nuevo elemento como la citada Resolución de Sobreseimiento, previamente se debe cumplir con su notificación a efectos de no dejar en “indefensión” a las víctimas, siendo un aspecto precautelado tanto por el Juez inferior -en grado- como por la Vocal accionada, relacionado con los derechos a la igualdad de las partes y a recurrir; v) No se presentó materialmente ningún elemento que demuestre, a través del informe del investigador asignado al caso y del Ministerio Público, que no se pudo notificar con la señalada Resolución de Sobreseimiento por una situación de conmoción en la ciudad de El Alto -del departamento de La Paz-; vi) El fallo cuestionado valoró específicamente la aplicación de la normativa penal; vii) Respecto a que no se hubiera considerado el control de convencionalidad sobre el principio de interés superior de los hijos del accionante, “en cuanto a que la situación de los menores seria únicamente a vinculación de padre”, no se presentó ningún proceso que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia hubiese iniciado por pérdida de autoridad paterna por inexistencia de la proximidad del referido detenido preventivamente; y, ello responde a que su madre está al cuidado de los mismos; viii) El impetrante de tutela no señaló qué elementos del debido proceso hubiesen sido lesionados; y, ix) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 029/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 21 a 23, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la Vocal accionada emita nuevo Auto de Vista, en el cual debe plasmar de forma motivada y fundamentada las razones por las que no se habría cumplido el art. 239.1 del CPP; ello, con base en los siguientes fundamentos: a) Del análisis de la problemática concreta, revisados los actuados procesales vinculados a esta acción de defensa y remitidos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se arriban a las siguientes conclusiones de orden legal: 1) El Auto de Vista 417/2022 -cuestionado- señala entre sus consideraciones, aspectos referidos a los agravios presentados por la parte apelante -hoy accionante- respecto a los riesgos procesales contenidos en el art. 235. 1 y 2 del CPP, indicando que no se cuenta con los fundamentos suficientes para ingresar al fondo de la resolución con relación a estos riesgos procesales, no existiendo una crítica razonable ni suficiente por el recurrente, “...lo que es no se evidencia ningún agravio relación a este primer punto” (sic); 2) Asimismo refiere, que existe fundamentación fáctica y jurídica del Juez inferior -en grado-, al indicar que la Resolución de Sobreseimiento RES-02/2022 no fue notificada dentro del plazo de veinticuatro horas a las partes procesales de acuerdo a lo previsto en el art. 324 del citado Código; es decir, no se cumplió a cabalidad con el trámite exigible al Ministerio Público, siendo que observando el principio de legalidad, la resolución que niega a la cesación de detención preventiva tendría la suficiente logicidad jurídica en cumplimiento de los arts. 124 y 173 del adjetivo penal; y, 3) De igual forma, el Auto de Vista cuestionado con relación a la aplicabilidad del principio indubio pro reo, señaló que, no se fundamentó una duda razonable sobre el cumplimiento del indicado art. 324 de CPP; b) Al respecto, el Auto de Vista 417/2022, hizo referencia a la SCP 1156/2017-S2 de 15 noviembre, respecto a situaciones, como en el presente caso, cuando el detenido preventivo es favorecido con una resolución de sobreseimiento, la cual no es debidamente notificada la víctima para su impugnación en el plazo de ley, pronunciándose el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la potestad del juez de instrucción penal de disponer la libertad, estableciendo que tal resolución de sobreseimiento causará sus efectos plenos en cuanto tenga la ratificación de la Fiscalía Departamental, en cuyo caso el referido juez una vez conocida la misma -resolución jerárquica-, procederá a emitir la libertad del procesado de forma inmediata, ya que esta ratificación equivale a una forma de absolución; c) El hoy accionante solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, por lo que, se debió hacer una valoración bajo la sana crítica de la Resolución de Sobreseimiento RES-02-/2022 emitida a su favor, que estableció la inexistencia de mayores elementos sobre la participación del nombrado, en el delito de estafa con la agravación de víctimas múltiples; d) La Vocal accionada no explicó de qué manera la notificación extrañada y el derecho a la impugnación, que seguramente harán uso las víctimas, imposibilita la verificación de la causal prevista en el art. 239.1 del CPP; es decir, por qué no se valoraron los fundamentos o argumentos de la citada Resolución de Sobreseimiento, siendo que en la misma el Fiscal de Materia concluyó que, la investigación preparatoria no habría aportado, ni acumulado otros medios de prueba para determinar con certeza el grado de participación del justiciable como autor o cómplice, o instigador en el delito imputado; en razón a lo cual, el fallo de alzada debió contar con motivación objetiva y no basarse en meras suposiciones; e) La autoridad judicial accionada no consideró ni argumentó sobre los fundamentos del sobreseimiento, en el que el representante del Ministerio Público, explicó que su actividad investigativa habría concluido, no contando con mayores indicios que se transformen en un medio de prueba sobre los cuales se pueda presentar una acusación formal, lo que estaría desvirtuando en cierta forma y modificando los supuestos legales previstos en el precipitado art. 239.1 del adjetivo penal y, también estaría incidiendo sobre el art. 235.1 y 2 del mismo Código; en este sentido, debió motivar y fundamentar su decisión sobre estos aspectos, máxime cuando la misma SCP 1156/2017-S2 citada en el Auto de Vista reclamado, confirma la resolución emitida por el Tribunal de garantías donde se concede la tutela, siendo que el juez de instrucción penal puede modificar o determinar la cesación de la detención preventiva cuando las causas que la originaron ya no existen; al igual que el presente caso donde el Ministerio Público desvirtuó cualquier factor que permite asumir que el hoy accionante participó o tiene calidad de cómplice en el hecho ilícito imputado; y, f) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional se debería haber valorado de forma fundamentada y motivada estos aspectos, ya que la causal invocada para la cesación de detención preventiva exige su valoración, atendiéndose también a los principios de proporcionalidad y necesidad de mantener la medida extrema del impetrante de tutela, no siendo óbice para ingresar en este análisis, que la referida Resolución de Sobreseimiento no fue todavía notificada a la víctima ni ratificada por la Fiscalía Departamental, “…porque no se está solicitando la libertad inmediata del accionante”.

Por memorial cursante a fs. 28 y vta., los terceros intervinientes solicitaron: i) Enmienda; toda vez que, en la Resolución constitucional dictada se indicó que la Resolución de Sobreseimiento RES-02/2022 debe ser valorada correctamente para otorgar una situación jurídica diferente a la detención preventiva; sin embargo, no se puede realizar dicha delineación porque la parte accionante no fundamentó en ese extremo; por lo que, se está generando una adhesión ultra petita (incongruencia aditiva externa), cuando la jurisdicción constitucional no se constituye en una instancia casacional; y, ii) Explique por qué no estableció que el fallo constitucional invocado por la Vocal accionada “A SU ENTENDER” no es aplicable, cuando no es menos cierto que, existen diferentes pronunciamientos constitucionales que se refirieron al sobreseimiento para enervar el art. 233.1 del CPP y no así para los peligros de obstaculización, “...PORQUE NO HA APLICADO LINEA JURISPRUDENCIAL QUE MODULAN SOBRE EL USO DEL SOBRESIMIENTO PARA UNA CESACION Y LA NECESIDAD DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE VICTIMA” (sic).

Ante lo cual, la Jueza de garantías a través de Auto de 20 de junio de 2022, cursante a fs. 29, sostuvo que, la Resolución constitucional emitida, fue fundamentada sobre el derecho al debido proceso en su vertiente de la debida motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, para el caso en concreto, en las resoluciones emitidas en apelación -incidental-respecto a medidas cautelares -personales-, en las que se debe observar la sana crítica en la valoración de los elementos presentados, donde la aplicación de línea jurisprudencial corresponde sea invocada para su pretensión por la parte impetrante de tutela y también por la autoridad accionada, en caso de existir fundamento vinculante de observancia obligatoria.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 30 de agosto de 2024 cursante a fs. 36, y conminatoria de 4 de noviembre del mismo año, cursante a fs. 59 se procedió a la suspensión del cómputo de plazo por solicitud de documentación complementaria; y ante la imposibilidad de ello, se reanudó el mismo, por decreto constitucional de 2 de diciembre del citado año, a cuyo efecto la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo procesal establecido por el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Francisco Pablo Rogelio Canedo Sánchez De Lozada, Paulino Reas Huallpa y Rogelio Mamani Quispe -hoy terceros intervinientes- contra Juan Carlos Ramos Quenallata -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, a través de Resolución 263/2022 de 6 de junio, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, determinó rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva del referido imputado -impetrante de tutela- (fs. 51 a 53).

II.2. Se tiene decreto de 9 de junio de 2022, por el que, en lo pertinente,

“...se señala AUDIENCIA DE APELACION CAUTELAR PARA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 A HORAS 08:45...” (sic [fs. 2]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante mediante su representante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la libertad física, a la vida, a la presunción de inocencia, a la igualdad, “…violación del derecho del menor…” (sic); y, a los principios de interés superior de la niña, niño y adolescente, “la no aplicación del principio de sana crítica”, al “indubio pro reo” , a la seguridad jurídica y de favorabilidad, en razón a que, la Vocal accionada erradamente, emitió fallo en alzada -Auto de Vista 417/2022-, confirmando el rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva, sosteniendo que, no se habría notificado a la víctima con la Resolución de Sobreseimiento RES-02-/2022 dictada a su favor y que no se estaría tramitando su ratificación o no de la misma, presumiendo de esta manera su culpabilidad y desconociendo que no es responsabilidad suya que tales comunicaciones procesales no se realicen por la circunstancia de bloqueos existentes, a más de que, no es posible que dicha determinación fiscal no enerve los riesgos procesales previstos en el art. 235. 1 y 2 del CPP, al margen de ello, tampoco tomó en cuenta el interés superior de sus dos hijos menores de edad, a quienes su persona provee de sus necesidades básicas; y, por el contrario la decisión judicial cuestionada contiene subjetividades y realizó una interpretación no contextualizada de la ley, sin dar aplicación al principio in dubio pro reo que denunció en la audiencia de apelación incidental ni aplicó el principio de proporcionalidad respecto a la detención preventiva y su finalidad, deviniendo en falta de objetividad, ausencia de sana crítica y análisis adecuado de los elementos probatorios.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Anulación de obrados por imposibilidad material de resolución sobre el fondo del asunto constitucional tutelar promovido

Al respecto, como premisa inicial se debe recordar que, la acción de libertad tiene como principio medular concatenado a los bienes jurídicos que se encuentran dentro del ámbito de su protección constitucional tutelar, al informalismo, respecto al cual, cabe precisar conforme se tiene establecido en la SCP 0835/2021-S3 de 3 de noviembre, que cita a su vez a la SCP 1654/2013 de 4 de octubre, que: [«Tomando en cuenta que el art. 125 de la CPE, instituye el informalismo como principio rector de la acción de libertad, la presentación de esta acción puede ser incoada en forma verbal o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre sin necesidad de mandato o poder notarial de representación y sin ninguna formalidad procesal, quedando liberadas las exigencias de fundamentación jurídica y causalidad en cuanto a los derechos considerados vulnerados; de la misma forma, el juez o tribunal de garantías deberá suplir las omisiones de derecho en las que pudiera incurrir el accionante. Entendimiento que fue asumido en la SCP 0170/2012 de 14 de mayo.

Del mismo modo, el fallo señalado precedentemente, indica que: “Otra de las manifestaciones del informalismo (…) '…la autoridad competente podrá ordenar a quien tenga en su poder la remisión de actuados concernientes al hecho demandado', otorgando la facultad al tribunal de garantías de pedir todo elemento probatorio, independientemente del presentado por el accionante o por la autoridad o persona demandada con la finalidad de encontrar la verdad material de los hechos denunciados...”»] (las negrillas nos corresponden). A partir de este lineamiento jurisprudencial que refuerza la aplicación del principio de informalismo dentro de la tramitación de esta acción de defensa, cabe la posibilidad-imperatividad inicial de que los jueces o tribunales de garantías así como las Salas Constitucionales, que tengan conocimiento de este tipo de acciones de defensa, recaben los antecedentes y/o actuados procesales, jurisdiccionales o de otra índole que sean necesarios y/o que hubiesen sido requeridos por el activante de la acción tutelar, para resolver con solvencia de constatación fáctica las problemáticas que les fueren formuladas, en procura de alcanzar la verdad material. En esta lógica de efectivización del principio de informalismo, la permisibilidad de obtener elementos pertinentes vinculados al problema jurídico-constitucional que fuere promovido -e independientemente de la obligación de la remisión de la documental que fue de conocimiento de la autoridad de garantías- y/o cualesquier elemento probatorio requerido para su resolución, es extensivo en su efecto de facultad también a la fase de revisión por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional, que puede obtener su remisión con expresa solicitud de documentación complementaria, respecto a lo cual por su concordancia se debe traer a colación la regulación normativa del art. 5 del CPCo, que textualmente establece: “ARTÍCULO 5. (DEBER DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN). Los órganos e instituciones públicas, las personas naturales o personas jurídicas públicas o privadas, prestarán al Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo que éste determine la: 1. Cooperación o colaboración que se requiera con carácter preferente, urgente e inexcusable. 2. Remisión de cualquier documento necesario para la resolución del proceso constitucional”. Bajo este contexto, es pertinente razonar que, si bien en ejercicio efectivo del principio de informalismo de la acción de libertad este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la facultad de requerir documental pertinente para la adecuada resolución del asunto constitucional tutelar formulado, ante situaciones en las que, aún de que esta dinámica procesal asumida en la tramitación de la causa en fase de revisión en procura de contar con los suficientes y necesarios elementos fácticos, procesales, jurisdiccionales o de otra naturaleza, no hubiese generado resultados positivos pese a la reiteración expresa, se sucede una coyuntural circunstancia de barrera del ejercicio del control de constitucionalidad tutelar requerido, que deviene en la imposibilidad material de resolución del fondo del asunto promovido, ante la falta de documental inherente y necesaria, que no pudo ser superada aún de la prevalencia del principio de informalismo que rige a esta acción de defensa y a la facultad en revisión de requerir la misma. Es pertinente denotar que, el razonamiento precedente responde a su vez a que, a más de la certeza requerida sobre los actuados procesales y por ende la eficacia e idoneidad de lo resuelto en esta sede constitucional, la anulación de obrados -si bien no es inherente a las partes procesales-, no es menos evidente que responde también a la previsibilidad del debido proceso constitucional tanto de la parte accionante como accionada, en función -se reitera- de la certeza de la actuación procesal cuestionada y la verificación de lesión o no de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos y principios invocados en esta acción de defensa; toda vez que, la autoridad judicial accionada erradamente, emitió fallo en alzada -Auto de Vista 417/2022 de 10 de junio-, confirmando el rechazo a su solicitud de cesación de la detención preventiva, sosteniendo que, no se habría notificado a la víctima con la Resolución de Sobreseimiento RES-02/2022 de 10 de junio, dictada a su favor y que no se estaría tramitando la ratificación o no de la misma, presumiendo de esta manera su culpabilidad y desconociendo que no es responsabilidad suya que tales comunicaciones procesales no se realicen por la circunstancia de bloqueos existentes, a más de que, no es posible que dicha determinación fiscal no enerve los riesgos procesales previstos en el art. 235. 1 y 2 del CPP, al margen de ello, tampoco tomó en cuenta el interés superior de sus dos hijos menores de edad, a quienes su persona provee de sus necesidades básicas; y, por el contrario la decisión judicial cuestionada contiene subjetividades y realizó una interpretación no contextualizada de la ley, sin dar aplicación al principio in dubio pro reo que denunció en la audiencia de apelación incidental ni aplicó el principio de proporcionalidad respecto a la detención preventiva y su finalidad, deviniendo en falta de objetividad, ausencia de sana crítica y análisis adecuado de los elementos probatorios. Bajo esta delimitación procesal se advierte que la motivación constitucional que respalda esta acción tutelar se encuentra vinculada a una presunta actuación y/u omisión errada o indebida en la que la Vocal accionada hubiese incurrido a momento de emitir el fallo de alzada -Auto de Vista 417/2022-, ahora confutado. Al respecto, partiendo que es el referido actuado procesal el ahora cuestionado y la necesidad de conocer su contenido a efectos de realizar el contraste requerido para la verificación del reclamo constitucional y la lesividad cuestionada; ello se vio imposibilitado ante la inexistencia dentro del expediente constitucional remitido del actuado jurisdiccional objeto de reclamación en esta acción de defensa; puesto que, aún de que la Jueza de garantías tuvo acceso a los antecedentes del proceso penal, remitidos por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 22) y sustentar la Resolución constitucional venida en revisión efectuando la verificación del indicado Auto de Vista 417/2022, pero que sin embargo, incumplió su obligación de la remisión de ese actuado procesal que era esencial y necesario para la resolución del presente caso, sin que tampoco esa omisión de remisión hubiese podido eventualmente ser suplida con una relación del contenido del Auto de Vista confutado, pues la Jueza de garantías se limitó a efectuar un punteo aislado sobre el mismo, impidiendo que este Tribunal Constitucional Plurinacional adquiera certeza sobre su contenido, derivando ello en que en los antecedentes requeridos para resolución, se cuente únicamente, -se reitera en lo pertinente para la resolución de la presunta lesividad denunciada-, con el decreto de 9 de junio de 2022, por el que en instancia de impugnación dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Francisco Pablo Rogelio Canedo Sánchez De Lozada, Paulino Reas Huallpa y Rogelio Mamani Quispe -hoy terceros intervinientes- contra Juan Carlos Ramos Quenallata -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, en lo central, “...se señala AUDIENCIA DE APELACION CAUTELAR PARA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 A HORAS 08:45...” (sic [Conclusión II.2]). Es en ese contexto de carencia de documental necesaria para resolver, dentro del despliegue y trámite procesal en instancia constitucional a través de decreto constitucional de 30 de agosto de 2024, a fin de contar con los elementos procesales y jurisdiccionales inherentes a la problemática antes delineada, se solicitó a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; remita acta de audiencia de apelación incidental y Auto de Vista 417/2022, dictado dentro de la identificada causa penal; y, al Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del mismo departamento, acta de audiencia y Resolución que hubiese sido dictada en la dilución de la situación jurídica del procesado -hoy accionante- vía cesación de la detención preventiva; y, de igual manera el fallo emitido en instancia de apelación incidental de la misma (fs. 36). No obstante, notificadas con dicha solicitud las indicadas autoridades jurisdiccionales (fs. 41 y 45), únicamente el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, remitió antecedentes procesales, relacionados esencialmente con actuados generados en esa instancia procesal, tal como la Resolución 263/2022 de 6 de junio, por la que, dicha autoridad judicial determinó rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva del hoy impetrante de tutela (Conclusión II.1); empero, no se remitió el Auto de Vista objeto de la activación de este mecanismo de defensa, circunstancia ante la cual, mediante decreto constitucional de 4 de noviembre de 2024, se emitió conminatoria ante el silencio de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento (fs. 59), cuya Vocal integrante -ahora accionada- emitió el fallo cuestionado, que tampoco pese a la comunicación procesal constitucional respectiva (fs. 64), fue remitido en conocimiento de este Tribunal Constitucional Plurinacional. Despliegue procesal efectuado por esta Relatoría que evidencia el esfuerzo de contar con la documentación necesaria para emitir una resolución con certeza procesal e idoneidad en la forma de resolución, que no pudo ser concretado y que no puede derivar en una circunstancia que mantenga de forma indefinida la resolución del presente caso, ante la falta de eficacia de dichos requerimientos, que no es inherente a este Tribunal Constitucional Plurinacional. En este sentido, es necesario traer a colación los entendimientos jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que partiendo del afianzamiento de aplicación del principio de informalismo que caracteriza a esta acción de defensa, enfatiza en su efectividad pragmática la posibilidad-imperatividad inicial de que los jueces o tribunales de garantías, así como las Salas Constitucionales, que tengan conocimiento de este tipo de acciones de defensa, recaben los antecedentes y/o actuados procesales, jurisdiccionales o de otra índole que sean necesarios para resolver con solvencia de constatación fáctica las problemáticas que les fueren formuladas, en procura de alcanzar la verdad material; y, en esa lógica consecuencial tal permisibilidad es extensiva en su efecto de facultad también en fase de revisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional, que puede obtenerlos con expresa solicitud de documentación complementaria; no obstante, “...si bien en ejercicio efectivo del principio de informalismo de la acción de libertad este Tribunal tiene la facultad de requerir documental pertinente para la adecuada resolución del asunto constitucional tutelar formulado, ante situaciones es la que, aún de que esta dinámica procesal asumida en la tramitación de la causa en fase de revisión en procura de contar con los suficientes y necesarios elementos fácticos, procesales, jurisdiccionales o de otra naturaleza, no se hubiese generado resultados positivos pese a la reiteración expresa, se sucede una coyuntural circunstancia de barrera del ejercicio del control de constitucionalidad tutelar requerido, que deviene en la imposibilidad material de resolución del fondo del asunto promovido, ante la falta de documental inherente y necesaria, que no pudo ser superada aún de la prevalencia del principio de informalismo que rige a esta acción de defensa y la facultad en revisión de requerir la misma”. En este orden de ideas y de lineamientos jurisprudenciales desarrollados, en el asunto sub judice se puede afirmar que, este Tribunal en fase de revisión, advirtiendo la carencia del elemento procesal-jurisdiccional ordinario necesario para ejercer el requerido control de constitucionalidad tutelar y ante la negligencia de la Jueza de garantías que omitió la respectiva remisión del mismo, aún de que expresamente manifestó haber tenido acceso a este; es que ejerciendo una secuencia procesal tendiente a garantizar la prevalencia del principio de informalismo de esta acción de defensa requirió su remisión a las diferentes instancias judiciales que conocen o conocieron la causa penal -de la que emerge esta acción tutelar-; empero, como se tiene evidenciado supra no se pudo obtener un resultado positivo, vale decir, la remisión y el consecuente conocimiento del contenido del fallo de alzada observado, lo cual deviene en la conclusión de la imposibilidad material de la resolución de la problemática planteada, conllevando en su efecto procesal esta circunstancia de barrera fáctica inhibitoria en que, garantizando el acceso a la justicia constitucional del accionante en fase de revisión del proceso constitucional tutelar interpuesto, y la certeza de la actuación procesal cuestionada, se anule obrados de la presente acción de libertad hasta la remisión de la misma ante este Tribunal, arrimando -como correspondía- el identificado Auto de Vista 417/2022 -objeto de cuestionamiento constitucional-, en razón a que, el defecto procesal generado por la Jueza de garantías debe ser retrotraído para su subsanación hasta ese momento procesal, considerando que, conforme se tiene del contenido de la Resolución constitucional que emitió, sostiene haber tenido conocimiento y acceso a dicho fallo de alzada, resolviendo de acuerdo a ello; siendo de su entera responsabilidad el obtener de forma inmediata el actuado procesal extrañado -y al que oportunamente tuvo acceso y por ende pudo y debió ser remitido, en una copia, conforme era su obligación-, y corrigiendo dicha omisión lesiva del debido proceso constitucional, la citada Jueza de garantías renueve el despliegue y trámite procesal de esta acción de defensa, remitiendo nuevamente en revisión la misma, pero con la documentación y antecedentes que fueron la base de su resolución y que le fueron puesto en conocimiento de forma oportuna por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En coherencia a la determinación jurisdiccional constitucional asumida, corresponde llamar severamente la atención a la Jueza de garantías, por la omisión en la que incurrió, generando dilación en la resolución en fase de revisión de la presente causa tutelar e inobservando la previsión contenida en el art. 29.4 inc. e) del CPCo. Lo propio respecto de la autoridad accionada, quien pese habérsele solicitado y conminado la remisión de documentos que eran objeto de reclamo constitucional, hizo caso omiso al requerimiento efectuado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, soslayando el cumplimiento del art. 5 del citado compilado normativo, apercibiéndose a la misma cumplir con el deber de cooperación y colaboración en futuros procesos constitucionales. En consecuencia, la Jueza de garantías, al tramitar la presente acción de libertad en inobservancia -desde la remisión a este Tribunal- del correcto procedimiento -en revisión- exigido para acciones constitucionales tutelares, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° ANULAR obrados hasta la remisión de esta acción defensa ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a los fundamentos jurídicos-procesales y constitucionales expuestos precedentemente; 2° Disponer que de forma inmediata, Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, subsane el defecto procesal generado, debiendo a este efecto remitir ante este órgano especializado de control de constitucionalidad, el legajo constitucional completo -como correspondía- en concreto con el identificado Auto de Vista 417/2022 de 10 de junio, objeto de cuestionamiento constitucional; y, 3° Llamar severamente la atención a la referida Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, por la negligencia omisiva en la que incurrió en la tramitación -en revisión- de esta acción de defensa; así como a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada-, en razón a lo expresado supra. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0711_2024-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): f912ae39f1246a0a6bb1d1be517367da13a7c6f48db8c313838562330aac5fbc

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →