Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 27 de diciembre de 2024
Concede la tutela
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes, fundamentación, motivación, defensa; y, a la educación; además de los principios de seguridad jurídica, legalidad y taxatividad; toda vez que, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra por la presunta comisión de faltas gravísimas previstas por el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, se dispuso su baja definitiva, incurriendo los ahora demandados en los siguientes agravios; a) El Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejercito como emisor de las Resoluciones 250/2022, 272/2022: a.1) Lesionaron el principio de tipicidad y su derecho a la defensa, puesto que se le denunció por supuestamente estar teniendo relaciones sexuales con una dama cadete en el baño y debe considerarse que el tipo disciplinario señala textualmente como falta: “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del instituto de formación militar” es decir, es un tipo disyuntivo, ya que abarca tanto el “relaciones sexuales” como “relaciones íntimas” pero de forma totalmente discrecional, se estableció que su persona tuvo relaciones íntimas -más no sexuales- con otra cadete, sin que en ningún momento del proceso, se le informara que se le estaba investigando por esas relaciones íntimas no sexuales, y menos se explicó en qué consiste dicho término, impidiéndole asumir una adecuada defensa; a.2) La resolución 250/22, Al referirse a la falta de tener relaciones íntimas dentro el Instituto de Formación Militar, agrupa las sanciones establecidas en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 233/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 410 a 412, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución del Consejo Superior Académico del Ejercito 004/2022, debiendo emitirse una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada en el plazo de dos días desde su legal notificación con el presente fallo constitucional y de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0711/2024-S1 Sucre, 27 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 52076-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 233/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 410 a 412, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alexander Miguel Mamani Villca contra Isaac Pérez Lizarazu, Presidente; Mario Walter Mercado Achá, Vicepresidente; Juan José Medrano Villegas, Vocal 1 Relator; Álvaro Alarcón Antezana, Vocal 2; Gerson René Brito Pérez, Vocal 3; Gabriel Ignacio Beltrán Irrazabal, Vocal 4; Herlan Javier Quea Pérez, Vocal 5; Boris Calliconde Castro, Vocal 6; Sergio Orlando Rosales Saravia, Secretario de Actas; Jacqueline Rocha Flores, Asesora Académica; Javier Bonifacio Zeballos, Asesor Jurídico, miembros del Consejo Superior Académico del Ejercito del Departamento VI; y, Gregory Olmos Rejas, Presidente; Miguel Rolando Flores Crespo, Vicepresidente; Eddy Martin Crespo Velásquez, Vocal; Adalberto Raúl Quiroz Cardona, Vocal; Juan José Vargas Gutiérrez, Vocal; Alex Johnny Carvajal Huchani, Vocal; Alejandro Rivera, Vocal; Teddy Windsor Morales Gonzáles, Vocal; Mario Gil Gutiérrez Vega, Vocal; Marco Antonio Blanco Tarquino, Secretario; miembros del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar; todos del Colegio Militar Cnl. Gualberto Villarroel.
Mediante memoriales presentados el 20 de julio y 16 de agosto de 2022, cursantes de fs. 333 a 356 vta. y 369 a 370 vta., el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Antecedentes Dentro del proceso disciplinario seguido en su contra por la presunta comisión de faltas gravísimas previstas por el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, se tiene que el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar emitió la Resolución 221/21 de 25 de mayo, por la que dispuso su separación o baja, con pérdida del año académico sin derecho a reincorporación; tal disposición fue recurrida, emitiéndose la Resolución 237/21 de la misma instancia que dispuso su improcedencia, confirmando la disposición inicial. Posteriormente ambas determinaciones fueron apeladas, emitiéndose la Resolución del Consejo Superior Académico del Ejercito 012/2021, por la que se ratificó nuevamente las disposiciones asumidas; contra tal determinación, planteó una acción de amparo constitucional por el que se le concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la señalada Resolución 012/2021 y ordenando la emisión de una nueva resolución. En consecuencia, se emitió la Resolución del Consejo Superior del Ejército 21/2021 que dispuso dejar sin efecto la Resolución 237/2021 de 31 de mayo y ordenar la emisión de una nueva resolución; posteriormente el 30 de marzo de 2022, se le notificó con la Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar 250/2022, por la que se dispuso nuevamente su baja del instituto de formación militar con pérdida del año académico y sin derecho a reincorporación; por lo que el 31 de marzo de 2022, interpuso recurso de reconsideración, y el 6 de abril de ese año, se le notificó con la Resolución 272/2022 del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar, mismo que dispuso la improcedencia de su recurso de reconsideración o imputación, confirmándose la mencionada resolución 250/2022. El 8 de abril de 2022, interpuso Recurso de Apelación contra las resoluciones 250/2022 y 272/2022 emitiéndose la Resolución del Consejo Superior Académico y Disciplinario del Ejercito 004/2022 de 11 de mayo, misma que nuevamente dispuso ratificar ambas resoluciones impugnadas y por ende su baja del instituto de formación militar sin derecho a reincorporación. Por lo descrito, se tiene que tanto las Resoluciones 250/2022, 272/2022 emitidas por el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar como la Resolución 004/2022 de 11 de mayo, emitida por el Consejo Superior Académico y Disciplinario del Ejército, incurrieron en los siguientes agravios: a) Las resoluciones de ambas instancias, lesionaron el principio de tipicidad y su derecho a la defensa, puesto que se le denunció por supuestamente estar teniendo relaciones sexuales con una dama cadete en el baño y debe considerarse que el tipo disciplinario señala textualmente como falta: “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del instituto de formación militar” es decir, es un tipo disyuntivo, ya que abarca tanto el “relaciones sexuales” como “relaciones íntimas” pero de forma totalmente discrecional, se estableció que su persona tuvo relaciones íntimas -más no sexuales- con otra cadete, sin que en ningún momento del proceso, se le informara que se le estaba investigando por esas relaciones íntimas no sexuales, y menos se explicó en qué consiste dicho término, impidiéndole asumir una adecuada defensa. b) Se le inició proceso disciplinario a través de memorándum 06/21 de 5 de mayo; que, como el art. 80 del Reglamento de Régimen Disciplinario RA-01-62, únicamente le otorga veinticuatro horas para presentar pruebas para su defensa; y que, para asumir defensa le otorga a su comandante de sección o compañía, es decir a un cadete de tercer o cuarto año; mismo que, de ninguna manera equivale a un abogado; por ello, debe observarse la manifestación de los miembros del CSADE ahora demandados, que al emitir la Resolución 004/2022, indicaron que no realizó su reclamo en su oportunidad, constituyéndose tal afirmación en lesiva, puesto que él no cuenta con conocimientos jurídicos y el plazo otorgado para asumir defensa es de veinticuatro horas, tiempo en el que no pudo comunicarse con un abogado y menos pudo presentar pruebas, encontrándose lesionado plenamente su derecho a la defensa. c) La resolución 250/22, Al referirse a la falta de tener relaciones íntimas dentro el Instituto de Formación Militar, agrupa las sanciones establecidas en el art. 65 del "RA-01-62", siendo este accionar arbitrario debido a que, si ya se encuentra tipificada una falta, no se puede acumular las faltas y subsumir a otros tipos disciplinarios, vulnerando de esta forma la tipicidad y taxatividad. Además, que en ninguna parte del citado “RA-01-62” se establece que conductas o actos debe realizar un cadete para incurrir en tener relaciones íntimas dentro del instituto de formación militar, siendo tal falta ambigua. d) Tanto el CAD como el CSADE, determinaron que cometió las faltas correspondientes a: “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres” y “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”; sin embargo, la resolución en ningún momento explica como determinaron que cometió aquellas faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, solo por tener amistad con una cadete y más aún cuando los informes le acusaban de ser encontrados teniendo relaciones sexuales y no de la alegada amistad íntima, por lo que dichas faltas de igual manera no cumplen con el principio de tipicidad, y carecen de adecuada fundamentación y motivación. e) Además se indicó que incurrió en “reincidencia en la comisión de faltas del grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII -Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres y Letra “A” Grupo VII -Numeral 13) encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del instituto de formación militar” sin embargo, en ningún momento ninguna de las resoluciones fundamentó donde se encontraría la reincidencia.
f) Las determinaciones aplican una sanción irrazonable y desproporcional, pues conforme a los informes emitidos dentro del proceso, en ningún momento se le vio realizando actos contra la moral y las buenas costumbres o con el uniforme dentro del instituto; es decir, no se justifica la sanción impuesta.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes, fundamentación, motivación, defensa; y, a la educación; además de los principios de seguridad jurídica, legalidad y taxatividad, citando al respecto los arts. 13.I, 17, 77, 82, 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 26.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH).
Solicita se conceda la tutela y en su mérito se disponiendo: 1) La nulidad y se deje sin efecto la Resolución del Consejo Superior Académico del Ejercito 004/2022, la misma que dispone su baja del Colegio Militar del Ejército "Cnl. Gualberto Villarroel" con pérdida de año académico y sin derecho a reincorporación; y, 2) Se disponga su inmediata reincorporación al tercer año militar en aplicación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que deben tomarse en cuenta en la aplicación de la sanción, a efectos de rendir sus exámenes para culminar el mismo y proseguir con su profesionalización.
Celebrada la audiencia pública el 5 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 401 a 409, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó el tenor integró del memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliándolo manifestó que: i) Se emitió la Resolución 265/2021, concediendo la tutela al accionante por la Sala Constitucional Primera de La Paz, misma que anuló la determinación que se dio de baja; asimismo, los demandados dispusieron que el Consejo Académico del Colegio Militar emita una nueva Resolución considerando la reincidencia y las prueba, por lo que anularon la Resolución 237/2021, ante ello, el citado Consejo Académico del Colegio Militar emitió la Resolución 250/2022, donde se determinó su baja nuevamente; ii) Dentro de la tramitación del proceso disciplinario como defensa técnica, tuvo a su compañero de curso, por lo que no pudo tener una buena defensa, ya que no se entiende los motivos por el que se le sancionó, solamente mencionan que estaba sin “quepí”, pero no se fundamenta lo señalado; iii) Si el reglamento se cumpliría, se aplicarían los principios de legalidad y taxatividad; ya que nunca se trató o desarrolló el tema de la “intimidad” como algo diferente a las relaciones sexuales; en cambio, lo que hicieron fue forzar el tema de la reincidencia, ya que en la gestión 2020, sostuvo una relación con la cadete Ticona, la cual se dio fin ese mismo año, siendo sancionado sin uso de vacaciones; iv) El Tribunal del Colegio Militar no valoró sus declaraciones ni de la cadete Ticona, pero si determinó aplicar sanciones severas considerando que las sanciones fueron modificadas en los reglamentos pero a los cuales no les permitieron tener acceso, aclarando que nuevamente que no se determinó que es tener una relación íntima, y en ningún momento tuvieron relaciones sexuales; yendo al extremo de que la cadete solicitó que se le realice un examen ginecológico para determinar las mismas; v) La sanción a aplicarse debe ser proporcional a los hechos; además, se debe considerar todas las pruebas, por lo que no se cumplió el principio de taxatividad y legalidad ya que el reglamento sancionatorio no establece que es íntimo y si puede tratarse como falta una amistad íntima, aspecto que vulnera su derecho a la defensa y el debido proceso; y, vi) Se presentó una Sentencia Constitucional de Colombia, donde en un caso análogo dos cadetes del colegio militar mantuvieron relaciones sexuales dentro de su dormitorio en dicho colegio, y según su reglamento específico si se los dio de baja, pero aplicaron el principio de proporcionalidad y razonabilidad, porque la sanción debe cumplir su objetivo, empero en este proceso sancionatorio nunca demostraron las relaciones sexuales, por lo que el Tribunal de alzada solamente ratificó lo establecido por el Tribunal del Colegio Militar sin analizar todas las pruebas, además de considerar los motivos que establecieron la reincidencia; sin embargo, lo que solicita se anule la Resolución 04/2022 que dispone su baja.
Isaac Pérez Lizarazu, Mario Walter Mercado Achá, Juan José Medrano Villegas, Álvaro Alarcón Antezana, Gerson René Brito Pérez, Gabriel Ignacio Beltrán Irrazabal, Herlan Javier Quea Pérez, Boris Calliconde Castro, Sergio Orlando Rosales Saravia, Jaqueline Marlene Rocha Flores y Javier Bonifacio Zeballos; todos miembros del Consejo Superior Académico y Disciplinario del Ejército (CSADE) del Departamento VI - Educación del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel”, a través de sus representantes por informe escrito presentado el 5 de octubre de 2022, cursante de fs. 575 a 590; en audiencia de garantías manifestaron que: a) Lo indicado por la parte accionante es incorrecto, ya que según el memorándum CAD 06/2021 de 5 de mayo, la sección de Recursos Humanos le notificó al cadete que se le inicio un proceso disciplinario por las faltas tipificadas en el art. 66 letra B grupo VII numeral 34) y en su parte textual establece tener relaciones sexuales o intimas dentro del Colegio Militar; b) Es cierto que existe una anterior demanda de amparo constitucional llevada a cabo por el accionante el cual trata de confundir, porque ambos tribunales especificaron y fundamentaron la falta cometida por el accionante, sin embargo al indicar que no existe testigos, pero se está hablando de un contacto íntimo entre la cadete Leslye Ticona Quispe y el accionante y que en su informe ellos mismos relatan lo sucedido, donde indican que fueron sorprendidos por los soldados, y de las declaraciones de los citados soldados los hechos fueron puestos a conocimiento del Capitán de servicio, por lo que se demuestra que había testigos; c) En relación a la reincidencia el CAD del Colegio Militar emitió la Resolución 195, por el cual fue notificado y tiene la calidad de cosa juzgada dentro de un proceso administrativo interno anteriormente y mediante la Resolución 04/2022 comete la misma falta, por el cual el Consejo Académico del Ejercito rechaza la apelación y conforma la baja del accionante; d) Conforme al art. 80 del Reglamento en relación al procedimiento ya que dispone que se debe elevar los informes más el informe de denuncia al Jefe de División de Recursos Humanos (RR.HH.) y el cual es puesto en conocimiento del denunciado, dentro de ese aspecto el accionante tenía toda la libertad de acudir a un abogado en ningún momento se le prohibió tal hecho ya que no solicito hacer una llamada para convocar a su defensa técnica; e) El Colegio Militar se funda sobre dos pilares la disciplina y la jerarquía, por lo que debe entenderse que debe tener respeto por el uniforme y que al momento de que se los encontró estaba sin su “quepí”, ya que el mismo tiene un significado ya que contiene la escarapela y es un símbolo patrio por lo que su conducta infringió todos los principios y valores militares; f) El accionante fue sorprendido de uniforme sin su quepí en el baño de hombres del “comedor A” y a oscuras con la puerta cerrada junto a su camarada Leslye Ticona Quispe; y, al ser sorprendidos por el “Dragoneante Mollo” y el “Soldado Velasco” les ofreció dinero, para que no den parte a su superior, aspecto que se encuentra reñido contra el decoro, la ética y el honor militar; y, g) Con relación a la reincidencia el accionante fue sancionado disciplinariamente por Resolución del Consejo Académico 195/2020 por transgredir el Reglamento de Régimen Interno RA01/62 en su numeral 8) sobre faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, por lo tanto se le sancionó con reincidencia en la Resolución 250/2022, ya que existen coincidencias en los sujetos, ya que en el primer caso el accionante y la cadete Leslye Ticona fueron encontrados de uniformes solos y muy pegados en un curso vacío en el horario de actividades, en el segundo caso se encontraba en el baño de hombres del comedor de cadetes con la puerta cerrada a oscuras en un horario en el que el comedor estaba cerrado, más aun el acciónate estaba arrestado, por lo que burlo la guardia, ya que no podía circular sin autorización de sus superiores a un lugar no autorizado y aseverar que no tuvo intimidad, cuando ambos señalan que han estado teniendo intimidad, ya que con la cadete Leslye Ticona, el accionante tenía una relación sentimental, por todos estos aspectos solicita que se deniegue la tutela y se mantenga firme y subsistente la Resolución 04/2022.
La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 233/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 410 a 412, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante identificó el acto vulneratorio el cual es la Resolución 004/2022 emitido por el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejército -ahora demandado-, que dispone la baja del ahora accionante, sin embargo, la pretensión está mal planteada, porque la citada Resolución 004/2022 no dispone la baja, ya que la misma ratifica la Resolución 272/2022 que es muy distinto a disponer la baja, concordante con la Resolución 250/2022 emitido por el Consejo Superior Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejército que si dispone la baja del accionante; 2) Se mencionó en antecedentes que la acción de amparo constitucional deviene de un anterior pronunciamiento de la propia Sala, conforme a la Resolución 265/2021, la cual dejó sin efecto una anterior Resolución 012/2021 de baja definitiva del ahora accionante y producto de dicha decisión, se emitió una nueva Resolución que retrotrae actos y los anula, disponiendo a su turno que sea el propio Colegio Militar el que emita una nueva decisión observando todos los argumentos que había emitido la Sala Constitucional; 3) Entonces, producto de esta Resolución, la autoridad en ese momento accionado fue el -CADCME-, por el cual emitió la Resolución 21/2021 donde resuelven anular un acto que la Sala Constitucional ya había dispuesto, decisiones administrativas que como consecuencia da la emisión de una nueva de Resolución 250/2022 de parte de CADCME que finalmente dispone la baja del accionante del Colegio Militar, siendo impugnada y resuelta por la Resolución 272/2022 que establece la improcedencia del recurso y luego dicha decisión es apelada ante el CSADE y el mismo emite la Resolución 004/2022 que resuelve la apelación y ratifica la Resolución 272/2022 y con esta también la Resolución 250/2022 que dispone la baja del ahora demandante; 4) Sin embargo, este hecho deja ver la improcedencia de la acción hoy planteada, porque el Tribunal Constitucional y el Derecho Procesal Constitucional enseño que es imposible tramitarse una acción donde la teoría procesal denominó “Amparo sobre Amparo”, es decir, cuando producto de un primer amparo constitucional, las resultas pretendan ser impugnadas por un nuevo amparo, en este caso, el accionante, la autoridad accionada no toma en consideración que esta propia Sala le exigió para la emisión de una nueva resolución, si su resolución fue anulatoria igual nuestros criterios deberían de haber uniformado las nuevas decisiones del aparente nuevo procedimiento; 5) Esta Sala, considera que es el mismo acto, porque da como nacimiento al sancionatorio que sigue siendo el mismo, es más, no se han anulado los actos preparatorios de sancionatorio disciplinario, entonces sigue siendo el mismo procedimiento sancionatorio y desde luego -ad portas-, no hay posibilidad de que la Sala Constitucional ingrese a un debate ya resuelto, cuando se entiende procesalmente que una autoridad si no ha observado los criterios decisorios del Tribunal de Garantías, el recurso no es un nuevo amparo, porque se entiende que la primera decisión no ha sido cumplida, entonces el recurso idóneo es la queja por incumplimiento, por lo cual, el tribunal de garantías es el encargado de hacer cumplir sus decisiones, correrá en traslado, informe y decisión sobre sobre el fondo y si se advierte el incumplimiento, nulidad del acto; 6) La presente acción de amparo constitucional rompe el principio de economía procesal, que está íntimamente vinculada con la innecesaria activación de una nueva vía de amparo para dejar sin efecto una Resolución que nace de los criterios rectores emitidos por un Tribunal de Garantías ya anulatorios, además, ya establecidos como línea para la decisión de fondo; y, 7) El informe emitido por el Consejo Superior Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejército es impresentable, si este fuera un amparo de fondo distinto al que al que fue conocido, seguro que la tutela estaría más que evidente y se le sugiere a la autoridades accionadas traten con mayor cuidado cuestiones disciplinarias y sancionatorias, no porque el Tribunal vaya de encubrir la negligencia, el desorden y desconocer los pilares de la formación militar de ninguna manera, probablemente el accionante presente conductas indisciplinadas o negligentes y merezca ser apartado del instituto de formación militar, pero la decisión debe guardar los mínimos contenidos de un debido proceso y si es difícil observar el Sistema Constitucional, no lo es el Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 8 Garantías Judiciales, numeral 2, establece las Garantías Mínimas Procesales que son tanto como hablar de Constitución; sin embargo, la Sala Constitucional no puede ir en contra de sus actos y advertido el hecho, les impide ingresar al fondo; por lo que, consideran que los criterios son lo suficientemente contundentes para denegar la tutela por improcedencia.
Mediante decreto constitucional de 26 de septiembre de 2024, cursante a fs. 680 y 681, se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 17 de diciembre de 2024; cursante a fs. 698; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejercito 250/22 de 18 de marzo, emitida por Gregory Olmos Rejas Presidente del Colegio Militar del Ejercito Cnl Gualberto Villarroel del departamento de La Paz y miembros de la misma institución, por el cual disponen la baja del ahora accionante con pérdida del año académico, sin derecho a reincorporación (sic [fs. 191 a 242]).
peticionante de tutela formuló recurso de reconsideración o impugnación contra la Resolución 250/2022 emitida por el CAD del Colegio Militar del Ejército, solicitando su revocación y la reconsideración de la sanción impuesta en su contra (fs. 243 a 253 vta.); y, mediante Resolución 272/2022 de 4 de abril, el CAD del Colegio Militar del Ejército, declaró la improcedencia del recurso de reconsideración o impugnación, manteniendo firme y subsistente la baja del solicitante de tutela, con pérdida del año académico y sin derecho a reincorporación, recordándole que tiene el plazo de 48 horas para presentar su recurso de apelación (fs. 255 a 269). II.3. Mediante memorial presentado el 8 de abril de 2022, el peticionante de tutela formuló recurso de apelación en contra de las Resoluciones del CADCME 250/22 y 272/22, solicitando su revocación y la reconsideración de la sanción impuesta en su contra; manifestando para ello, los siguientes agravios: i) El Reglamento de Régimen Disciplinario RA-01-62, establece un procedimiento arbitrario, vulnerando el derecho a la defensa ya que el cadete infractor debe afrontar el procedimiento solo, sin embargo, nunca se le instruyó sobre sus derechos y en cambió se le enseña únicamente sobre la subordinación; ii) El hecho generador atribuido y por el cual se le investigó, se encontraba referido a “mantener relaciones sexuales dentro del instituto” razón por la cual, su defensa se concentró en establecer que no tuvo las mismas, sin embargo, se le sancionó por mantener relaciones “intimas” sin embargo, nunca se le anunció que se le investigaba sobre ello; iii) Sobre las faltas contra la moral y las buenas costumbres, ninguno de los cadetes que fueron testigos le vieron cometiendo estos actos, considerando que su declaración señala que le vieron en diferentes lugares solo; iv) las sanciones deben ser proporcionales y la RA-01-62, desglosa conducta como no pedir permiso, desconocer la jerarquía, falta de moral militar, entre otros, cuya sanción alcanza los ejercicios de fortalecimiento físico o pérdida de puntos en disciplina más no así la expulsión del instituto; v) No se realizó una adecuada de tipificación de las conductas atribuidas para determinar su sanción además, que si bien se habla de una reincidencia, se debe considerar que los actos no son semejantes con los ahora atribuidos; vi) En ninguna parte del RA-01-62 se explica que es incurrir en relaciones íntimas, siendo la falta ambigua y no determina claramente que se debe hacer para incurrir en esta sanción; vii) No se determina que se puede considerar como acto indecoroso, para determinar la falta disciplinaria referente a “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del instituto de formación militar”; y, viii) No se cumplió con el principio de proporcionalidad y razonabilidad a momento de establecer las sanciones en su contra (fs. 270 a 283 vta). II.4. A través de la Resolución del Consejo Superior Académico y Disciplinario del Ejercito 004/2022 de 11 de mayo, por el cual se dispuso ratificar la Resolución 272/22, concordante con la Resolución 250/22, emitidas por el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar de Ejercito que dispuso su baja del instituto de formación militar con pérdida del año académico y sin derecho a reincorporación del ahora accionante. Determinación asumida en consideración a los siguientes argumentos:
“CONSIDERANDO Que el derecho a la defensa técnica en el presente proceso sumarial ha sido cumplido en vista de que el ahora apelante ha tenido el asesoramiento de un profesional abogado en el mismo, prueba de ello son las Apelaciones e incluso un Amparo Constitucional planteado y que le fue favorable para su presente caso. Derecho a la Defensa: Este derecho, como componente de la garantía del debido proceso previsto también la norma contenida en el Art. 115. II. de la CPE. Otorgada a toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, siendo aplicable en cualquier fase del procedimiento. Su finalidad radica en asegurar al procesado, la efectiva consecución de los principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes a la generación de situaciones de indefensión prohibidas por la ley fundamental. Que los principios de taxatividad que hace referencia el apelante fue cumplido por el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar dando cumplimiento a la Resolución N° 265/2021 de la Sala Constitucional primera de la Ciudad de la Paz, dejando sin efecto la Resolución N° 221/2021, emitiendo la Resolución 250/2022 cumpliendo con los principios de congruencia, taxatividad y transparencia en el presente proceso. CONSIDERANDO. Que, la Resolución CAD. N° 250/22 a fojas 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 establecen de manera clara y objetiva los resultados probatorios que demuestran y verifican la certeza y la veracidad de los hechos establecidos como verdaderos y que se encuentran probados en la fundamentación jurídica, hechos probados y fundamentos legales que guardan relación de congruencia con las faltas disciplinarias gravísimas por las que fue notificado el recurrente, mediante Memorándum de Notificación Secc. RR. HH. CAD. N° 06/21 de fecha 05-MAY-21, las mismas que de manera taxativa se encuentran tipificadas en el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, hechos probados que en ningún caso han sido desvirtuados por el recurrente, Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca, limitándose a adecuar y subsumir algunas de sus conductas relacionadas al hecho principal en faltas disciplinarias leves graves que no han sido consideradas en el proceso disciplinario interno, en merito a que las misas constituyen únicamente agravantes de las faltas gravísimas por las que fue investigado, las mismas que constituyen facultad y potestad sancionadora del Consejo Académico Disciplinario del Ejército, conforme establece el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62-Art. 50-Faltas Gravísimas - Letra "A" - Faltas gravísimas del grupo VII y Letra "B" faltas disciplinarias del Grupo VIII en ambos casos Numeral 2 - El Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejército, es la única instancia competente para conocer y sancionar faltas disciplinarias de los Grupos VII y VIII, dentro un proceso disciplinario interno; para lo que, el Superior que observo la falta, deberá cumplir el procedimiento descrito en el presente reglamento", faltas disciplinarias gravísimas por las que fue legalmente notificado para la apertura del proceso disciplinario interno mediante memorándum de notificación Secc. RR. HH. CAD. N° 06/21 de fecha 05-MAY-21, identificación de las presuntas faltas disciplinarias que se efectúa de acuerdo con los informes de la denuncia, las pruebas documentales y de los testigos por el presidente del CAD. y que en el momento de su notificación no han sido cuestionadas u observadas por el recurrente Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca y que a la fecha del proceso disciplinario interno constituyen etapas precluidas y que no han sido objeto de la acción de amparo constitucional.
Por el contrario, el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62 es claro al establecer los procedimientos para la imposición de sanciones en el Art. 80 -Procedimientos para las faltas disciplinarias gravísimas "La imposición de sanciones por faltas gravísimas estarán sujetas a un proceso disciplinario interno ante el CAD.", Literal "C" - Numeral 2 - Identificación de la presunta falta o faltas gravísimas que se le atribuyen haber cometido. De la misma manera, del análisis y valoración de la calificación de las conductas supuestamente realizadas por el Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca y la subsunción de las mismas a las faltas disciplinarias leves y graves que cita, se establece que de acuerdo con el Art. 79 del mismo reglamento -Procedimiento para la imposición de sanciones leves y graves "constituye potestad sancionadora del superior jerárquico que observo la falta disciplinaria" y en el presente caso, de acuerdo con los hechos descritos en la denuncia efectuada por un Dragoneante y un Soldado es el Presidente del Consejo Académico Disciplinario quien tiene la competencia y la facultad de disponer el inicio del proceso disciplinario interno de acuerdo con los antecedentes y evidencias recabadas por la Sección RR. HH. junto al G-2, por lo que el recurrente no solo no tiene la facultad ni potestad sancionadora que constituye atribución de todo superior jerárquico para subsumir conductas e identificar las presuntas faltas disciplinarias leves y graves cometidas, sino que contra toda norma de conducta ética y moral hace referencia a ciertos hechos admitidos por el recurrente Ex Cadete Alexander Mamani Villca que si bien constituyen faltas disciplinarias leves y graves, en ningún caso hace referencia a los hechos objetivamente demostrados como verdaderos y que fueron probados en la fundamentación jurídica, los mismos que se subsumen en las faltas gravísimas por las que fue notificado, limitándose a señalar que las faltas gravísimas de faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres y de encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del instituto de formación militar son ambiguas y que las mismas se encuentran expresamente tipificadas en el Art. 64 faltas leves y Art. 65 faltas graves, aseveraciones que no cuentan con fundamento jurídico doctrinario alguno. Que, de las faltas disciplinarias leves y graves que en criterio del recurrente Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca presuntamente habría transgredido, de acuerdo con la denuncia y las faltas gravísimas por las que fue denunciado e investigado dentro el proceso disciplinario interno, hace referencia: Art. 64 - Letra "A" - Grupo 1 - Numeral 22 "No pedir permiso para pasar o retirarse", Letra "B" - Grupo II - Numeral 4 "Desconocer la jerarquía", Numeral 5 "Descuidado con el uniforme", Letra "C" - Numeral 20 "No llevar correctamente el uniforme", Art. 65 - Letra "B" - Grupo V - Numeral 7 "Falta de moral militar", Numeral 15 "Mantener conversaciones con el sexo opuesto en áreas aisladas, restringidas o horas indebidas", Numeral 26 "Recibir visitas en horas o lugares indebidos", Letra "C"-Grupo VI - Numeral 1 "Abandonar actividades programadas sin autorización", Numeral 16 "Faltas a clases instrucción deportes o actividades programadas", Numeral 41 "Transitar o permanecer sin autorización en áreas indebidas, prohibidas o restringidas", ninguna de las citadas faltas disciplinarias tiene relación alguna con la gravedad de los hechos denunciados investigados y probados que se encuentran subsumidos de manera particular y objetiva en la resolución del CAD. N° 250/22, los mismos que no han merecido cuestionamiento en la Impugnación por el recurrente Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca. Sin embargo, se debe considerar que las faltas disciplinarias leves y graves, son sancionadas por trasgresiones a conductas individuales, de manera inmediata por la vía ejecutiva de acuerdo con la potestad sancionadora y las responsabilidad que tiene todo superior, en el presente caso se ha considerado y tipificado de acuerdo con la denuncia el hecho principal por la presunta comisión de faltas gravísimas del Grupo VII y VIII, independientemente del hecho principal que no se encuentra sujeto a cuestionamiento, las faltas leves y graves que cita, si bien se encuentran en los antecedentes y la relación de hechos, como el de "No llevar correctamente el uniforme", "Recibir visitas en horas o lugares indebidos", "Abandonar actividades programadas sin autorización" y "Transitar o permanecer sin autorización en áreas indebidas, prohibidas o restringidas", faltas leves y graves que no han sido consideradas por la gravedad de las faltas disciplinarias que han sido probadas y sancionadas por la resolución CAD. N° 250/22 y en merito a que únicamente constituirían agravantes; antecedentes del caso que demuestran que ante el conocimiento de haberse observado la presunta comisión de faltas gravísimas del Grupo VII u VIII todo superior tiene la obligación de elevar el informe denuncia a RR. HH. por no tener potestad sancionadora para su investigación y la apertura del proceso disciplinario interno, dispuesto por parte del Presidente del CAD., conforme establece el Art. 79 y Art. 80 del Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01- 62, constituyendo agravantes las faltas disciplinarias leves y graves en caso de probarse la comisión de faltas gravísimos del Grupo VII y/o VIII a los efectos de imponer la sanción disciplinaria que corresponda de acuerdo con la gravedad de la falta disciplinaria cometida, previsión establecida por el Art. 50-Literales "A" - Grupo VII - Sanciones y Literal "B" Grupo VIII sanciones; además se debe tener presente que las faltas disciplinarias gravísimas por las que se inició el proceso disciplinario interno contra el Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Mamani Villca, le fueron notificadas mediante Memorándum Secc. RR. HH. CAD. N° 06/21 constituyen etapas precluidas y que no constituyen parte de la acción de Amparo Constitucional y fundamentalmente no guardan relación alguna con los resultados probatorios que demuestran y verifican la certeza y la veracidad de los hechos establecidos como verdaderos, que han sido probados en la fundamentación jurídica en estrecha relación de congruencia con las faltas disciplinarias gravísimas por las que fue notificado el recurrente y que fueron sancionados por la Resolución CAD. N° 250/22 y ratificada por la Resolución N° 272/22. CONSIDERANDO. Que, el sistema educativo militar es de régimen de internado, considera la formación integral de las Damas y Caballeros Cadetes en las áreas de formación académico militar, entrenamiento físico militar y deportes y ético moral disciplina, esta última área de formación militar busca formar la personalidad militar de las Damas y Caballeros Cadetes, en principios y valores militares éticos y morales propios de la naturaleza de la función y el deber militar, quienes llevan como unidad de enseñanza el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, además en cada gestión académica reciben la actualización y el reforzamiento permanente a través de talleres y semanarios por lo que las Damas y Caballeros Cadetes no solo están obligados a su cumplimiento sino que a su vez son responsables de exigir a sus subordinados su acatamiento consciente; Reglamento del Régimen Disciplinario que clasifica la tipificación de las faltas en leves, graves y gravísimas a las acciones u omisiones que contravienen las normas de conducta que se encuentran determinadas por los principios y valores militares, ya sean por acción u omisión en grado de autoría, complicidad o encubrimiento, es decir que las faltas disciplinarias se encuentran clasificadas de acuerdo con la gravedad de la falta, la identificación de las conductas negativas que contravienen a principios y valores, a las normas de buena conducta y las acciones y conductas contrarias a la naturaleza de la formación militar que se sustenta en el respeto a la jerarquía y a la disciplina, mandato constitucional que establece que se encuentra sujeta a las leyes, reglamentos militares y disposiciones superiores, busca el acatamiento consciente, cuyos bienes jurídicos protegidos son el cumplimiento del deber militar, el respeto a la jerarquía y la disciplina, bienes jurídicos que a su vez se sustentan en el bien jurídico de la soberanía nacional, el honor nacional y la seguridad nacional, en consecuencia la falta gravísima del Grupo VIII - Numeral 27 "Reincidencia en la comisión de faltas del Grupo VII en relación a la falta gravísima del Grupo VII -Numeral 34) "Tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar" falta disciplinaria que de manera taxativa considera como verbos rectores de la misma falta el tener relaciones sexuales dentro del instituto de formación militar, así como el tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar por lo que de acuerdo con la Resolución CAD N° 250/22 el Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca ha sido absuelto de la comisión de la falta disciplinaria gravísima de tener relaciones sexuales dentro del Instituto de Formación Militar, por no existir suficientes elementos de juicio o prueba plena que permitan afirmar que el mismo se encontraba teniendo relaciones sexuales dentro del Instituto de Formación Militar, habiendo sido sancionado por haberse probado la comisión de la falta disciplinaria gravísima de tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar, conforme a los fundamentos establecidos en la Resolución CAD. N° 250/22 existiendo congruencia entre los hechos investigados y probados y la taxatividad de la falta disciplinaria, en consecuencia, la falta disciplinaria de tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar se encuentra tipificada de manera taxativa en el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, no existiendo duda alguna para su aplicación. Que, en relación a la falta disciplinaria gravísima Grupo VIII - Numeral 27) "Reincidencia en la comisión de faltas del Grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra moral y las buenas costumbres y Letra "A" -Grupo VII Numeral 13) "Encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar", la tipificación taxativa de la presente falta disciplinaria gravísima se configura en toda aquellas conductas que afectan a la moral y a las buenas costumbres las mismas que constituyen normas de conducta éticas y morales, que son propias de todo ser humano y de manera rigurosa de todo militar, las normas de conducta de los hombres y mujeres que forman parte de las FF.AA. se sustentan en los principios morales y éticos que rigen su comportamiento de acuerdo con la CPE., las leyes, reglamentos y disposiciones militares, estas deben generar una actitud moral permanente, un modo de ser o un estilo de vida que refleje en su accionar cotidiano la practica consciente y voluntaria de la moral y la ética militar por convicción y no por obligación lo que implica la práctica permanente de buenos hábitos, de comportamiento adecuado a las buenas costumbres que hacen al comportamiento ético y moral del militar lo que le permitirá exteriorizar el amor a la patria la lealtad el honor el valor y la disciplina; por lo que se encuentran tipificadas como faltas gravísimas del Grupo VII cuya reincidencia en la misma conducta constituye falta gravísima del Grupo VIII, falta disciplinaria gravísima que tiene relación directa y congruencia los hechos probados, como se establece en los fundamentos facticos y jurídicos de la Resolución CAD. N° 250/22, en relación a las faltas gravísimas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, al hecho por el recurrente Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca se pone de acuerdo por celular con su camarada DCdte 3er. AM. Leslye Ticona Quispe, para verse a solas y a escondidas, supuestamente para conversar o discutir sobre su relación sentimental en el baño de hombres del comedor de DD, y CC. CC. a obscuras, con la puerta cerrada en un horario prohibido al ingreso de DD. y CC. CC., burlando la vigilancia de la guardia, permaneciendo un largo periodo de tiempo, conductas que en se encuentran tipificadas como faltas gravísimas en el reglamento del régimen disciplinario, el mismo que se sustenta en los principios ético morales de la disciplina, cuya formación de la personalidad militar se basa en los principios y valores militares, hechos denunciados por dos soldados que son inadmisibles en la conducta que debe tener todo militar y en particular las Damas y Caballeros Cadetes, en merito a que son absolutamente contrarios a los principios y valores militares y que no solo exigen el respeto a la jerarquía y disciplina, como el respeto al uniforme sino también que contravienen a las normas de buena conducta de la sociedad civil y más aún a las normas de conducta que debe tener todo militar y que hacen a la función, a la responsabilidad y al deber militar, en el primer caso la moral y las buenas costumbres, constituyen el conjunto de normas valores y principios militares, que rigen el modelo de conducta y de comportamiento de todo militar y en particular de las DD. y CC. CC. y en el segundo caso del decoro militar, constituye el comportamiento relacionado íntimamente con el honor, la honestidad y la honra que debe guardar en todo momento el militar, como en el presente caso las DD. y CC. CC. y que obligan el respeto al uniforme militar que ostenta los símbolos patrios y representan el alto honor de servicio incondicional a la Patria, el ejercicio de la autoridad militar y el más estricto celo contra actos o conductas de negación de la moral y el decoro militar que es la fiel expresión de la ética militar representado en el acatamiento consciente de la disciplina y que se ven demostrados en el hecho de que el Cadete Alexander Mamani Villca fue sorprendido de uniforme multicam y sin quepí en el baño de hombres del comedor "A" a obscuras y con la puerta cerrada junto a su camarada DCdte. Leslye Ticona Quispe, el mismo que al ser sorprendido por el Dgte. Mollo y Sldo. Velasco, les ofreció dinero para que no den parte porque no quería tener problemas y se retiren del lugar para retirarse ambos de manera inmediata, hecho que se encuentra reñido contra el decoro, la ética y el honor militar. CONSIDERANDO. Que, de acuerdo con la Resolución CAD. N° 250/22 a fojas (43) el Ex Cdte. 3er. AM. ALEXANDER MIGUEL MAMANI VILLCA fue sancionado disciplinariamente mediante Resolución del CAD. N° 195/20, por haber transgredido el Reglamento del Régimen Disciplinario, RA-01-62- Capítulo V-tipificación de las faltas Art. 66 Faltas Gravísimas -Letra "A" Grupo VII Numeral 8) "Cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres" al haberse probado que en fecha 221105-JUL-20, una vez concluido el descanso de los Cadetes de Segundo Año Militar, la Tte. Com. Yanka Barrón Capiona, encontró al Cdte. 2do. AM. Alexander Miguel Mamani Villca sentado en la mesa de un pupitre con las piernas abiertas mirando hacia a la puerta y a la DCdte. 2do. AM. Leslye Ticona Quispe de pie entre las piernas del Cadete frente a él aproximadamente a 30 centímetros de su pecho, SANCIÓN DISCIPLINARIA QUE SE ENCUENTRA FIRME Y EJECUTORIADA, resolución en la que fue advertido que la reincidencia en este tipo de inconductas dará lugar a su baja de este Instituto de Formación Militar Que, mediante memorándum Secc. RR. HH. CAD. N° 06/21 el recurrente Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca, ha sido notificado por la presunta comisión de la falta disciplinaria gravísima Grupo VIII Numeral 27) "Reincidencia en la comisión de faltas del Grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra moral y las buenas costumbres"; conforme a los fundamentos facticos y jurídicos de la Resolución CAD. N° 250/22, se ha probado que el recurrente Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Marmani Villca junto a su camarada la DCdte.
3er. AM. Leslye Ticona Quispe, se pusieron de acuerdo para ingresar a un lugar aislado y restringido como es el baño de hombres del comedor de DD. y CC. CC., a obscuras en un horario prohibido, burlando la vigilancia de la guardia, permaneciendo un largo periodo de tiempo supuestamente conversando o discutiendo por temas sentimentales, por lo que ha sido demostrada la transgresión disciplinaria a la falta gravísima establecida en el Grupo VIII -Numeral 27) "Reincidencia en la comisión de faltas del Grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII- Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra moral y las buenas costumbres", falta disciplinaria gravísima de reincidencia de una falta del Grupo VII que se encuentra expresamente tipificada en el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62-Art. 66 Letra "В" - Grupo VIII- Numeral 27, disposición concordante con el Art. 62 del mismo reglamento, que establece que "las reincidencias de las faltas disciplinarias gravísimas de los Grupos VII y VIII serán consideradas durante toda la permanencia en el Colegio Militar del Ejército" y Art. 104° "(...) El Régimen Disciplinario busca evitar malos hábitos, cuya reincidencia puede dar lugar a adquirir vicios, premiando aquellos actos que generen buenos hábitos y sancionando los actos que generen malos hábitos”. Finalmente, de los fundamentos citados se establece que existe coincidencia en la falta disciplinaria por la que fue sancionado (Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra moral y las buenas costumbres") mediante Resolución CAD. N° 195/20 y la sanción impuesta en grado de reincidencia mediante Resolución CAD. 250/22, así como existe coincidencia en los sujetos (el recurrente Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca se encontraba junto a la Ex DCdte. 3er. AM. Leslye Ticona Quispe), en el primer caso en horario de actividades se encontraban de uniforme solos y muy pegados en un curso vacío y en el segundo caso se encontraban en el baño de hombres del comedor de Cadetes, con la puerta cerrada a obscuras, en un horario en el que los comedores se encontraban cerrados. Que, el régimen disciplinario del Colegio Militar del Ejército al establecer como modelo de enseñanza y aprendizaje el área de formación ético moral disciplina, basado en principios, valores militares internaliza virtudes, sentido del deber generando hábitos de respeto a la CPE., a las Leyes, Reglamentos Militares, a la jerarquía, disciplina y a los principios doctrinarios que sustentan las FF.AA., promoviendo la disciplina consciente cuyo incumplimiento es sancionado severamente con la finalidad de preservar el orden, el respeto a la jerarquía la subordinación, la disciplina y fundamentalmente el cumplimiento de la Constitución, las Leyes Reglamentos y disposiciones militares, régimen disciplinario que clasifica a las faltas leves, graves y gravísimas cuya reincidencia es sancionada con mayor severidad, en el caso de las faltas leves y graves se tipifica como reincidencia en el siguiente grupo en el caso de reincidencia de las faltas gravísimas del Grupo VII, se encuentran tipificadas como faltas gravísimas del Grupo VIII, reincidencia que se considera para aquellas faltas cometidas durante toda la permanencia que dure el proceso de formación de las DD. y CC. CC. como establece el Art. 62 del Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62. Por lo que/ para que la Dama o Caballero Cadete sea notificado por la presunta comisión de la falta gravísima del Grupo VIII Numeral 27 "Reincidencia en la comisión de una falta del Grupo VII", únicamente la Dama o Caballero Cadete debe contar con una sanción ejecutoriada de la misma falta del Grupo VII por la que presuntamente sea investigado. CONSIDERANDO.
Que, el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62- Art. 50 Faltas Gravísimas Letra "B" Faltas disciplinarias del Grupo VIII Numeral 3 Sanciones Inciso a) Separación o baja del Colegio Militar del Ejército - Numeral 1) "Constituye la máxima sanción disciplinaria, que se impone a las Damas y Caballeros Cadetes del Colegio Militar del Ejército, se aplica previo proceso disciplinario interno, pudiendo disponerse la Separación o baja con o sin derecho a reincorporación, de acuerdo con los antecedentes académicos, disciplinarios, de entrenamiento físico y deportes e instrucción militar", Numeral 2) "Existen faltas gravísimas que por su naturaleza y gravedad, se imponen sin derecho de reincorporación, de acuerdo con la sana crítica del Consejo Académico Disciplinario" y Numeral 4) "Se dispondrá sin derecho a reincorporación, cuando la Dama y Caballero Cadete, sea reincorporado, cuente con graves antecedentes negativos en cualquiera de las áreas de formación académica militar o por el tipo de falta gravísima, se determine sin derecho a reincorporación, de acuerdo con la sana crítica del Consejo Académico Disciplinario"; la sanción impuesta al Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca mediante Res. CAD. N° 250/22, que dispone su baja con pérdida del año académico y sin derecho a reincorporación, se sustenta en la potestad que tiene el Consejo Académico Disciplinario de disponer baja sin derecho a reincorporación, primero por la gravedad de las faltas cometidas del Grupo VIII Numeral 27) "Reincidencia en la comisión de faltas del Grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII - Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra moral y las buenas costumbres", Grupo VIII- Numeral 34) "Tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar" y Grupo VII - Numeral 13) "Encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro el Instituto de Formación Militar"; segundo, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Consejo Académico Disciplinario al haber cometido dos faltas gravísimas del Grupo VIII una de ellas en grado de reincidencia y una falta gravísimas del Grupo VII; tercero, porque su conducta ha generado la baja sin derecho a reincorporación de la testigo, cómplice y participe del hecho DCdte. 3er. AM. Leslye Ticona Quispe, resguardando los bienes jurídicos protegidos como los principios ético morales que resguardan la disciplina, el cumplimiento del deber y el honor militar, establecidos en el Art. 245 de la CPE, Art. 1, Inciso "F" y Art. 18 de la LOFA. LM-1405 y el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62. CONSIDERANDO. Que, el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Institutos de Formación Militar RA-01-62-Art. 2 establece como finalidad A.- Internalizar la disciplina, la obediencia consciente, la subordinación pilares fundamentales de la organización de las FF.AA. del Estado, establecidos en la Constitución Política del Estado; así como, los principios, valores y misión de las Fuerzas Armadas, fruto de la historia y la naturaleza militar. B. Establecer un modelo de enseñanza, aprendizaje de la ética, moral, costumbres y conducta militar basado en valores a través de la profundización de las virtudes de la responsabilidad social, sentido del deber, pericia, identidad, capacidad, corporatividad, vocación de servicio, trabajo en equipo y espíritu de cuerpo generando hábitos e internalizando costumbres y conductas sanas y propositivas en el personal de las Damas y Caballeros Cadetes del Colegio Militar del Ejército. C. Formar profesionales virtuosos de servicio incondicional a la Patria. D. Promover pleno respeto a la jerarquía, disciplina y principios doctrinarios que sustentan a las FF.AA. E.-Promover la disciplina consciente. F. Asegurar la correcta interpretación, aplicación y administración del proceso disciplinario vigente en el Colegio Militar del Ejército.
Que, el Art. 4 establece la formación de la personalidad militar - Literal "C" 1.-El reglamento del régimen disciplinario del Colegio Militar del Ejército, busca precautelar la vigencia sostenida de la disciplina, el orden y el sometimiento consciente a las leyes, reglamentos, órdenes y disposiciones superiores. 2.- La disciplina militar, no puede confundirse con la justicia penal que está sujeta a una jurisdicción judicial, a tribunales y jueces que buscan castigar los delitos, la disciplina militar, reprime las faltas disciplinarias cometidas en flagrancia que contravienen los principios y valores militares que afectan la subordinación y constancia. Que, el Art. 5 Literal "B" la disciplina militar constituye el acatamiento consciente de las normas de conducta, principios y valores que las Damas y Caballeros Cadetes que deben observar estrictamente, durante el proceso de formación militar integral, dentro los Institutos de formación militar del Ejército y fuera de ellos. La aplicación de sanciones disciplinarias en el Colegio Militar del Ejército, se sustenta en la tipificación, clasificación de las faltas y determinación objetiva e inmediata de la falta cometida en flagrancia, la misma que vulnera los principios y valores militares, su revisión se sujeta a la comprobación de la falta, valorando en primera y segunda instancia la verdad de los hechos ante todo como base del honor militar. Literal "C" -Numeral 2 Para la aplicación de la disciplina militar, el Superior y el Subalterno, deben conocer que tienen derechos con restricciones que imponen la naturaleza de la profesión militar, establecidas por la Constitución Política del Estado Art. 245, la Ley Orgánica de las FF.AA. (LOFA.) Art. 1 Inciso f, Art. 105, Art. 112 y Art 119 la disciplina militar exige de todos y cada uno de los miembros de las FF.AA. algunas restricciones en sus derechos, reglamentos, órdenes y disposiciones superiores, concordante con la Ley 070-Art. 62-Parágrafo 1. La Universidad Militar es de carácter castrense está al servicio del pueblo, es parte del sistema educativo plurinacional, formar profesionales para garantizar la seguridad, defensa de la soberanía y el desarrollo integral del Estado. Literal "D" La disciplina militar se inculca, a través de la enseñanza teórica y la práctica permanente del cumplimiento de leyes, reglamentos, directivas, resoluciones, órdenes, disposiciones superiores y el ejemplo, que deberán ser exigidos a las Damas y Caballeros Cadetes del Colegio Militar del Ejército como base y sustento de la subordinación y constancia. Literal "F" El objetivo del régimen disciplinario, es la formación adecuada de la personalidad militar, inculcando principios y valores militares a las Damas y Caballeros Cadetes del Colegio Militar del Ejército, creando la práctica de virtudes, valores y hábitos de comportamiento consciente, con el objeto de contar con Oficiales íntegros y disciplinados, mediante la aplicación de medidas preventivas, como el reforzamiento del conocimiento de la normativa, así como el ejemplo sobre la conducta a seguir y la reflexión para evitar la repetición de faltas disciplinarias, para finalmente aplicar las medidas correctivas como la sanción disciplinaria ejerciendo supervisión y control de las mismas, que puede considerar hasta la separación o baja del Colegio Militar del Ejército en cualquier momento y Literal "G" Normar y reglamentar el comportamiento de la disciplina de las Damas y Caballeros Cadetes del Colegio Militar del Ejército. Lograr la predisposición mental y el estado de adiestramiento que permita cumplir de / manera obediente y consciente las órdenes superiores, alcanzando una adecuada conducta uniforme en toda circunstancia. Las FF.AA. para el cumplimiento de su misión constitucional, las leyes, reglamentos y disposiciones militares, exigen a sus miembros incluidos las Damas y Caballeros Cadetes, una disciplina rigurosa, cabal y consciente, que se traduce en el cumplimiento del deber.
Que, el Art. 30 Constituyen faltas, las transgresiones que cometan las Damas y Caballeros Cadetes del Colegio Militar del Ejército, contra la disciplina militar, establecidas o tipificadas en el presente reglamento, sean cometidas por acción u omisión de sus deberes, obligaciones y disposiciones militares; no considera delitos. Que, el Art. 40 Las sanciones tienen por finalidad mantener el orden, el respeto a la jerarquía, la subordinación, la disciplina y el funcionamiento interno de la Unidad, para alcanzar la eficacia del servicio y el cumplimiento a las leyes, reglamentos y órdenes superiores. Su objetivo será modificar la actitud y la conducta de las Damas y Caballeros Cadetes del Colegio Militar del Ejército, debiendo ser impuestas de manera objetiva e inmediata. Que, el Art. 41 La aplicación de las sanciones disciplinarias se sustentan en la relación directa que debe existir entre la conducta infringida y la falta expresamente tipificada en el presente reglamento; crea una reacción positiva que persuade a enmendar el comportamiento disfuncional de las Damas y Caballeros Cadetes del Colegio Militar del Ejército, que contravienen a las leyes, reglamentos y órdenes militares, permitiendo el buen funcionamiento de la organización militar. Que, el Art. 45 Las faltas que se aplican en el Colegio Militar del Ejército constituyen las acciones u omisiones que contravienen al deber militar, la disciplina, los principios y valores militares, se consideran faltas aquellas que por su naturaleza y gravedad se encuentran tipificadas en el presente reglamento, el mismo que, no considera delitos. CONSIDERANDO. Que, el Recurso de Apelación interpuesto por el recurrente Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca, contra la Resolución. N° 272/22 de acuerdo con los fundamentos expuestos en la presente Resolución, se establece que el recurrente en su petitorio solicita dejar sin efecto las Resoluciones del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar N° 250/2022 y N° 272/22, solicitando en consecuencia se CONSIDERE LA BAJA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN MILITAR "CON DERECHO A REINCORPORACION" con lo que concluye su apelación.” (sic [fs. 285 a 303]).
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes, fundamentación, motivación, defensa; y, a la educación; además de los principios de seguridad jurídica, legalidad y taxatividad; toda vez que, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra por la presunta comisión de faltas gravísimas previstas por el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, se dispuso su baja definitiva, incurriendo los ahora demandados en los siguientes agravios; a) El Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejercito como emisor de las Resoluciones 250/2022, 272/2022: a.1) Lesionaron el principio de tipicidad y su derecho a la defensa, puesto que se le denunció por supuestamente estar teniendo relaciones sexuales con una dama cadete en el baño y debe considerarse que el tipo disciplinario señala textualmente como falta: “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del instituto de formación militar” es decir, es un tipo disyuntivo, ya que abarca tanto el “relaciones sexuales” como “relaciones íntimas” pero de forma totalmente discrecional, se estableció que su persona tuvo relaciones íntimas -más no sexuales- con otra cadete, sin que en ningún momento del proceso, se le informara que se le estaba investigando por esas relaciones íntimas no sexuales, y menos se explicó en qué consiste dicho término, impidiéndole asumir una adecuada defensa; a.2) La resolución 250/22, Al referirse a la falta de tener relaciones íntimas dentro el Instituto de Formación Militar, agrupa las sanciones establecidas en el art. 65 del "RA-01-62", siendo este accionar arbitrario debido a que, si ya se encuentra tipificada una falta, no se puede acumular las faltas y subsumir a otros tipos disciplinarios, vulnerando de esta forma la tipicidad y taxatividad. Además, que en ninguna parte del citado “RA-01-62” se establece que conductas o actos debe realizar un cadete para incurrir en tener relaciones íntimas dentro del instituto de formación militar, siendo tal falta ambigua; a.3) Se determinó que cometió las faltas correspondientes a: “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres” y “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”; sin embargo, la resolución en ningún momento explica como determinaron que cometió aquellas faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, solo por tener amistad con una cadete y más aún cuando los informes le acusaban de ser encontrados teniendo relaciones sexuales y no de la alegada amistad íntima, por lo que dichas faltas de igual manera no cumplen con el principio de tipicidad, y carecen de adecuada fundamentación y motivación; a.4) Se indicó que incurrió en “reincidencia en la comisión de faltas del grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII -Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres y Letra “A” Grupo VII -Numeral 13) encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del instituto de formación militar” sin embargo, en ningún momento se fundamentó donde se encontraría la reincidencia; a.5) Aplican una sanción irrazonable y desproporcional, pues conforme a los informes emitidos dentro del proceso, en ningún momento se le vio realizando actos contra la moral y las buenas costumbres o con el uniforme dentro del instituto; es decir, no se justifica la sanción impuesta; b) El Consejo Superior Académico y Disciplinario del Ejercito como emisor de la Resolución 004/2022, incurrió en los siguientes agravios: b.1) Lesionó el principio de tipicidad y su derecho a la defensa, puesto que se le denunció por supuestamente estar teniendo relaciones sexuales con una dama cadete en el baño y debe considerarse que el tipo disciplinario señala textualmente como falta: “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del instituto de formación militar” es decir, es un tipo disyuntivo, ya que abarca tanto el “relaciones sexuales” como “relaciones íntimas” pero de forma totalmente discrecional, se estableció que su persona tuvo relaciones íntimas -más no sexuales- con otra cadete, sin que en ningún momento del proceso, se le informara que se le estaba investigando por esas relaciones íntimas no sexuales, y menos se explicó en qué consiste dicho término, impidiéndole asumir una adecuada defensa; b.2) Se le inició proceso disciplinario a través de memorándum RR.HH. 06/21 de 5 de mayo; que, como el art. 80 del Reglamento de Régimen Disciplinario RA-01-62, únicamente le otorga veinticuatro horas para presentar pruebas para su defensa; y que, para asumir defensa le otorgan a su comandante de sección o compañía, es decir un cadete de tercer o cuarto año, mismo, que de ninguna manera equivale a un abogado; por ello, debe observarse la manifestación de los miembros del CSADE ahora demandados, donde indicaron que no realizó su reclamo en su oportunidad, constituyéndose tal afirmación en lesiva, puesto que él no cuenta con conocimientos jurídicos y el plazo otorgado para asumir defensa es de veinticuatro horas, tiempo en el que no pudo comunicarse con un abogado y menos pudo presentar pruebas, encontrándose lesionado plenamente su derecho a la defensa; b.3) Determinaron que cometió las faltas correspondientes a: “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres” y “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”; sin embargo, la resolución en ningún momento explica como determinaron que cometió aquellas faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, solo por tener amistad con una cadete y más aún cuando los informes le acusaban de ser encontrados teniendo relaciones sexuales y no de la alegada amistad íntima, por lo que dichas faltas de igual manera no cumplen con el principio de tipicidad, y carecen de adecuada fundamentación y motivación; b.4) Se indicó que incurrió en “reincidencia en la comisión de faltas del grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII -Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres y Letra “A” Grupo VII -Numeral 13) encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del instituto de formación militar” sin embargo, en ningún momento se fundamentó donde se encontraría la reincidencia; y, b.5) Aplican una sanción irrazonable y desproporcional, pues conforme a los informes emitidos dentro del proceso, en ningún momento se le vio realizando actos contra la moral y las buenas costumbres o con el uniforme dentro del instituto; es decir, no se justifica la sanción impuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) De la garantía del debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y taxatividad; 3) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, 4) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0077/2020-S1 de 17 de julio; 0364/2020-S1 de 20 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic. [El resaltado nos corresponde]). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 1 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…). 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic. [Las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic). En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
Al respecto la SCP 0206/2018-S2 de 22 de mayo, que fue reiterada entre otras por la SCP 0314/2019-S1 de 28 de mayo precisa:
El art. 115.II de la CPE, indica que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son incorporadas). En ese sentido, el art. 116.II de la referida Norma Suprema, establece: “Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible” (las negrillas son introducidas).
De la lectura de las normas constitucionales, puede advertirse que la potestad sancionadora del Estado, que tiene manifestaciones en diferentes ámbitos -penales, disciplinarias, administrativo, etc.-, se encuentra limitada por la propia Constitución Política del Estado. El ejercicio del ius puniendi -facultad sancionadora del Estado- en materia penal y administrativa sancionadora, se diferencia por la autoridad que impone la sanción; el cual, no tiene un carácter ilimitado ni absoluto, sino, se caracteriza por ser una potestad reglada, lo que implica la sujeción al principio de legalidad -recuérdese el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege (ningún delito, ninguna pena sin ley previa)-; vale decir, que el delito y la pena deben estar determinados por una ley previa, escrita y cierta, como elemento de la garantía del debido proceso.
Ahora bien, este elemento que configura la garantía del debido proceso, tiene su expresión en sus vertientes tanto procesal, como sustantiva: i) La primera, destinada a garantizar que nadie pueda ser sancionado; sino, con base en un proceso desarrollado según los presupuestos procesales mínimos, que respeten las garantías fijadas por la Constitución Política del Estado y las Leyes; y, ii) La segunda, que prohíbe que una conducta sea calificada como falta o delito, sin estar descrita taxativamente en la Ley o norma general; asimismo, resulta pertinente enfatizar que en materia administrativa sancionadora, alcanzan validez las sanciones administrativas previstas a través de reglamentos fijados en el marco del principio de legalidad y con los requisitos esenciales exigidos para su aplicación además, requiere para su cumplimiento, la observancia de subprincipios insoslayables en el 3 La SC 0498/2011-R de 25 de abril, en el FJ III.1, respecto a las características similares del derecho penal general y del administrativo sancionador, expresa: “`…La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal´. (García de Enterría, E. y Fernández, T. R., Curso de derecho administrativo, II, Civitas, Madrid, 1999, página 159)” [las negrillas son nuestras]. 4 Con relación a ley previa, escrita y cierta, se desarrolló una amplia explicación en la SC 0034/2006 de 10 de mayo. 5 La SC 62/2002 de 31 de julio -citada por la SCP 0060/2015 de 16 de julio-, expresó respecto a las vertientes del principio de legalidad: “Que, el principio de legalidad en su vertiente procesal (garantía jurisdiccional), tiende a garantizar que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de un proceso desarrollado conforme a las reglas establecidas en el procedimiento en cuestión, en el que se respeten las garantías establecidas por ley. (…) Que, el principio de legalidad en su vertiente penal (sustantiva), prohíbe que una conducta, por reprochable que parezca y por mucho que lesione un derecho, pueda conceptuarse como falta o delito, si la ley no la describe de manera taxativa como tal” (…) [las negrillas son incorporadas]. 6 La SC 0035/2005 de 15 de junio -citada por la SCP 0394/2014 de 25 de febrero-, respecto a la remisión reglamentaria en materia administrativa sancionadora expresó: “`En el seno de la potestad sancionadora general, a diferencia de los delitos, las sanciones administrativas admiten su regulación mediante una norma reglamentaria, pero con la condición que ésta ha de estar necesariamente basada en una ley, que ha de determinar el alcance y contenido de la norma reglamentaria, los elementos esenciales de la conducta antijurídica, y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer. No cabe una remisión al reglamento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley´ (Federico A. Castillo Blanco, Función Pública y Poder Disciplinario del Estado. Civitas, Madrid, 1992, p.244.)” [las negrillas son incorporadas].
ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, como son los de tipicidad y taxatividad.
El principio de tipicidad conlleva la descripción de las conductas pasibles de sanción, que se encuentran establecidas por ley como una norma general -tomando en cuenta que la ley en sentido estricto, puede remitir esta función a la norma reglamentaria en materia administrativa sancionadora-; y, la adecuación de una conducta a los presupuestos que la ley describe como falta o delito; de lo contrario, en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, no se podría sancionar una conducta que no esté descrita como falta o delito.
El principio de taxatividad se traduce en la necesidad de fijar con claridad y precisión la conducta descrita por la norma general, en estricta observancia del principio de seguridad jurídica; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Vélez Loor vs. Panamá, a través de la Sentencia de 23 de noviembre de 2010 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 183, indicó:
“…en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva.”
De lo precedentemente desarrollado, se puede concluir que en el ámbito administrativo disciplinario, no puede estar sustraída la observancia de los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad, como elementos de la garantía del debido proceso, que limita la potestad sancionadora del Estado, tanto en el derecho administrativo sancionador como en el penal; en ese contexto y sobre la base de los hechos descritos con precisión, claridad, concisión y coherencia por el denunciante, es preciso sentar establecido que la función disciplinaria se encuentra compuesta por la facultad de los jueces o autoridades sumariantes, de proceder a la calificación de los hechos respecto a alguna o algunas faltas disciplinarias previstas; puesto que, es la autoridad disciplinaria, quien tiene la atribución exclusiva de efectuar la calificación formal u oficial de los hechos descritos por el denunciante, de manera reflexiva y objetiva; de modo que la calificación provisional, tentativa o transitoria del denunciante, no vincula a la autoridad disciplinaria para la calificación de los hechos a algún tipo disciplinario, habida cuenta de la amplia facultad investigativa con la que se encuentra revestida.
Atinente al tema desarrollado, es preciso también mencionar la observancia del principio de responsabilidad funcionaria, previsto en el art. 232 de la CPE, que rige para todo servidor público, traducido en la responsabilidad civil, penal y disciplinaria (las negrillas nos pertenecen).
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0333/2020-S1 de 14 de agosto, 0365/2020-S1 de 20 de agosto; y, 0378/2020-S1 de 24 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución.
9 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 10 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
Consecuentemente, es posible concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
11 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes, fundamentación, motivación, defensa; y, a la educación; además de los principios de seguridad jurídica, legalidad y taxatividad; toda vez que, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra por la presunta comisión de faltas gravísimas previstas por el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, se dispuso su baja definitiva, incurriendo los ahora demandados en los siguientes agravios; a) El Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejercito como emisor de las Resoluciones 250/2022, 272/2022: a.1) Lesionaron el principio de tipicidad y su derecho a la defensa, puesto que se le denunció por supuestamente estar teniendo relaciones sexuales con una dama cadete en el baño y debe considerarse que el tipo disciplinario señala textualmente como falta: “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del instituto de formación militar” es decir, es un tipo disyuntivo, ya que abarca tanto el “relaciones sexuales” como “relaciones íntimas” pero de forma totalmente discrecional, se estableció que su persona tuvo relaciones íntimas -más no sexuales- con otra cadete, sin que en ningún momento del proceso, se le informara que se le estaba investigando por esas relaciones íntimas no sexuales, y menos se explicó en qué consiste dicho término, impidiéndole asumir una adecuada defensa; a.2) La resolución 250/22, Al referirse a la falta de tener relaciones íntimas dentro el Instituto de Formación Militar, agrupa las sanciones establecidas en el art. 65 del "RA-01-62", siendo este accionar arbitrario debido a que, si ya se encuentra tipificada una falta, no se puede acumular las faltas y subsumir a otros tipos disciplinarios, vulnerando de esta forma la tipicidad y taxatividad. Además, que en ninguna parte del citado “RA-01-62” se establece que conductas o actos debe realizar un cadete para incurrir en tener relaciones íntimas dentro del instituto de formación militar, siendo tal falta ambigua; a.3) Se determinó que cometió las faltas correspondientes a: “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres” y “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”; sin embargo, la resolución en ningún momento explica como determinaron que cometió aquellas faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, solo por tener amistad con una cadete y más aún cuando los informes le acusaban de ser encontrados teniendo relaciones sexuales y no de la alegada amistad íntima, por lo que dichas faltas de igual manera no cumplen con el principio de tipicidad, y carecen de adecuada fundamentación y motivación; a.4) Se indicó que incurrió en “reincidencia en la comisión de faltas del grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII -Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres y Letra “A” Grupo VII – Numeral 13) encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del instituto de formación militar” sin embargo, en ningún momento se fundamentó donde se encontraría la reincidencia; a.5) Aplican una sanción irrazonable y desproporcional, pues conforme a los informes emitidos dentro del proceso, en ningún momento se le vio realizando actos contra la moral y las buenas costumbres o con el uniforme dentro del instituto; es decir, no se justifica la sanción impuesta; b) El Consejo Superior Académico y Disciplinario del Ejercito como emisor de la Resolución 004/2022, incurrió en los siguientes agravios b.1) Lesionó el principio de tipicidad y su derecho a la defensa, puesto que se le denunció por supuestamente estar teniendo relaciones sexuales con una dama cadete en el baño y debe considerarse que el tipo disciplinario señala textualmente como falta: “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del instituto de formación militar” es decir, es un tipo disyuntivo, ya que abarca tanto el “relaciones sexuales” como “relaciones íntimas” pero de forma totalmente discrecional, se estableció que su persona tuvo relaciones íntimas -más no sexuales- con otra cadete, sin que en ningún momento del proceso, se le informara que se le estaba investigando por esas relaciones íntimas no sexuales, y menos se explicó en qué consiste dicho término, impidiéndole asumir una adecuada defensa; b.2) Se le inició proceso disciplinario a través de memorándum RR.HH. 06/21 de 5 de mayo, que, como el art. 80 del Reglamento de Régimen Disciplinario RA-01-62, únicamente le otorga veinticuatro horas para presentar pruebas para su defensa; y que, para asumir defensa le otorgan a su comandante de sección o compañía, es decir un cadete de tercer o cuarto año, mismo, que de ninguna manera equivale a un abogado; por ello, debe observarse la manifestación de los miembros del CSADE ahora demandados, donde indicaron que no realizó su reclamo en su oportunidad, constituyéndose tal afirmación en lesiva, puesto que él no cuenta con conocimientos jurídicos y el plazo otorgado para asumir defensa es de veinticuatro horas, tiempo en el que no pudo comunicarse con un abogado y menos pudo presentar pruebas, encontrándose lesionado plenamente su derecho a la defensa; b.3) Determinaron que cometió las faltas correspondientes a: “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres” y “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”; sin embargo, la resolución en ningún momento explica como determinaron que cometió aquellas faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, solo por tener amistad con una cadete y más aún cuando los informes le acusaban de ser encontrados teniendo relaciones sexuales y no de la alegada amistad íntima, por lo que dichas faltas de igual manera no cumplen con el principio de tipicidad, y carecen de adecuada fundamentación y motivación; b.4) Se indicó que incurrió en “reincidencia en la comisión de faltas del grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII - Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres y Letra “A” Grupo VII -Numeral 13) encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del instituto de formación militar” sin embargo, en ningún momento se fundamentó donde se encontraría la reincidencia; y, b.5) Aplican una sanción irrazonable y desproporcional, pues conforme a los informes emitidos dentro del proceso, en ningún momento se le vio realizando actos contra la moral y las buenas costumbres o con el uniforme dentro del instituto; es decir, no se justifica la sanción impuesta De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que, a través de Resolución del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejercito 250/22 de 18 de marzo, se dispuso la baja del ahora accionante con pérdida del año académico, sin derecho a reincorporación (Conclusión II.1) Entonces, contra tal determinación el mismo formuló recurso de reconsideración o impugnación, emitiéndose la Resolución 272/2022 de 4 de abril, por el cual se determinó la improcedencia del mismo, manteniendo firme y subsistente las sanciones establecidas al peticionante de tutela (Conclusión II.2). Posteriormente, se tiene que el 8 de abril de 2022 el impetrante de tutela formuló recurso de apelación contra las Resolución 250/22 y 272/22, solicitando su reconsideración y revocación (Conclusión II.3) emitiéndose finalmente la Resolución del Consejo Superior Académico y Disciplinario del Ejercito 004/2022 de 11 de mayo, por el cual se dispuso ratificar las resoluciones apeladas, manteniendo las sanciones aplicadas (Conclusión II.4). Con esos antecedentes, corresponde ingresar a analizar el actuar de los demandados, diferenciando los hechos denunciados respecto al Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar y sobre el Consejo Superior Académico del Ejercito, teniendo que:
Militar
El accionante alega que al emitir las Resoluciones 250/2022, 272/2022: 1.1) Lesionaron el principio de tipicidad y su derecho a la defensa, puesto que se le denunció por supuestamente estar teniendo relaciones sexuales con una dama cadete en el baño y debe considerarse que el tipo disciplinario señala textualmente como falta: “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del instituto de formación militar” es decir, es un tipo disyuntivo, ya que abarca tanto el “relaciones sexuales” como “relaciones íntimas” pero de forma totalmente discrecional, se estableció que su persona tuvo relaciones íntimas -más no sexuales- con otra cadete, sin que en ningún momento del proceso, se le informara que se le estaba investigando por esas relaciones íntimas no sexuales, y menos se explicó en qué consiste dicho término, impidiéndole asumir una adecuada defensa; 1.2) La resolución 250/22, Al referirse a la falta de tener relaciones íntimas dentro el Instituto de Formación Militar, agrupa las sanciones establecidas en el art. 65 del "RA-01-62", siendo este accionar arbitrario debido a que, si ya se encuentra tipificada una falta, no se puede acumular las faltas y subsumir a otros tipos disciplinarios, vulnerando de esta forma la tipicidad y taxatividad. Además, que en ninguna parte del citado “RA-01-62” se establece que conductas o actos debe realizar un cadete para incurrir en tener relaciones íntimas dentro del instituto de formación militar, siendo tal falta ambigua; 1.3) Se determinó que cometió las faltas correspondientes a: “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres” y “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”; sin embargo, la resolución en ningún momento explica como determinaron que cometió aquellas faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, solo por tener amistad con una cadete y más aún cuando los informes le acusaban de ser encontrados teniendo relaciones sexuales y no de la alegada amistad íntima, por lo que dichas faltas de igual manera no cumplen con el principio de tipicidad, y carecen de adecuada fundamentación y motivación; 1.4) Se indicó que incurrió en “reincidencia en la comisión de faltas del grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII – Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres y Letra “A” Grupo VII - Numeral 13) encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del instituto de formación militar” sin embargo, en ningún momento se fundamentó donde se encontraría la reincidencia; 1.5) Aplican una sanción irrazonable y desproporcional, pues conforme a los informes emitidos dentro del proceso, en ningún momento se le vio realizando actos contra la moral y las buenas costumbres o con el uniforme dentro del instituto; es decir, no se justifica la sanción impuesta.
Sobre las presentes problemáticas se debe considerar que se encuentran referidos a la argumentación vertida en las resoluciones 250/2022 y 272/2022 emitidas por el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar de primera instancia; sin embargo, el objeto de esta acción tutelar, busca dejar sin efecto la Resolución 004/2022 emitida por el Consejo Superior y Académico Disciplinario del Ejercito; es decir, si bien el accionante interpone la presente acción contra los miembros del Consejo Académico Disciplinario, su petitorio únicamente busca se deje sin efecto la Resolución del Consejo Superior Académico, recayendo en incongruencia al demandar contra autoridades sobre las cuales no realiza un pedido concreto, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada respecto a Gregory Olmos Rejas, Presidente; Miguel Rolando Flores Crespo, Vicepresidente; Eddy Martin Crespo Velásquez, Vocal; Adalberto Raúl Quiroz Cardona, Vocal; Juan José Vargas Gutiérrez, Vocal; Alex Johnny Carvajal Huchani, Vocal; Alejandro Rivera, Vocal; Teddy Windsor Morales Gonzáles, Vocal; Mario Gil Gutiérrez Vega, Vocal; Marco Antonio Blanco Tarquino, Secretario; miembros del Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar Cnl. Gualberto Villarroel.
Estableciendo que el objeto de la presente acción de amparo constitucional, busca dejar sin efecto la Resolución 004/2022, emitida por este Consejo, que corresponde ingresar a analizar las problemáticas planteadas respecto a la misma, teniendo así que:
a) Respecto a la primera problemática
El accionante alega que se lesionó el principio de tipicidad y su derecho a la defensa, puesto que se le denunció por supuestamente estar teniendo relaciones sexuales con una dama cadete en el baño y debe considerarse que el tipo disciplinario señala textualmente como falta: “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del instituto de formación militar” es decir, es un tipo disyuntivo, ya que abarca tanto el “relaciones sexuales” como “relaciones íntimas” pero de forma totalmente discrecional, se estableció que su persona tuvo relaciones íntimas -más no sexuales- con otra cadete, sin que en ningún momento del proceso, se le informara que se le estaba investigando por esas relaciones íntimas no sexuales, y menos se explicó en qué consiste dicho término, impidiéndole asumir una adecuada defensa.
Sobre el punto, es pertinente establecer como base de análisis de la presente problemática, que el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, entendió que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. De igual manera, el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, entendió que la tipicidad, conlleva la descripción de las conductas con relación a los presupuestos que la norma establece como falta, no pudiendo sancionarse aspectos que no están descritos como tales. Con dicha base jurisprudencial, se observa que, la resolución ahora cuestionada sobre la problemática señaló:
“CONSIDERANDO. Que, el sistema educativo militar es de régimen de internado, considera la formación integral de las Damas y Caballeros Cadetes en las áreas de formación académico militar, entrenamiento físico militar y deportes y ético moral disciplina, esta última área de formación militar busca formar la personalidad militar de las Damas y Caballeros Cadetes, en principios y valores militares éticos y morales propios de la naturaleza de la función y el deber militar, quienes llevan como unidad de enseñanza el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, además en cada gestión académica reciben la actualización y el reforzamiento permanente a través de talleres y semanarios por lo que las Damas y Caballeros Cadetes no solo están obligados a su cumplimiento sino que a su vez son responsables de exigir a sus subordinados su acatamiento consciente; Reglamento del Régimen Disciplinario que clasifica la tipificación de las faltas en leves, graves y gravísimas a las acciones u omisiones que contravienen las normas de conducta que se encuentran determinadas por los principios y valores militares, ya sean por acción u omisión en grado de autoría, complicidad o encubrimiento, es decir que las faltas disciplinarias se encuentran clasificadas de acuerdo con la gravedad de la falta, la identificación de las conductas negativas que contravienen a principios y valores, a las normas de buena conducta y las acciones y conductas contrarias a la naturaleza de la formación militar que se sustenta en el respeto a la jerarquía y a la disciplina, mandato constitucional que establece que se encuentra sujeta a las leyes, reglamentos militares y disposiciones superiores, busca el acatamiento consciente, cuyos bienes jurídicos protegidos son el cumplimiento del deber militar, el respeto a la jerarquía y la disciplina, bienes jurídicos que a su vez se sustentan en el bien jurídico de la soberanía nacional, el honor nacional y la seguridad nacional, en consecuencia la falta gravísima del Grupo VIII - Numeral 27 "Reincidencia en la comisión de faltas del Grupo VII en relación a la falta gravísima del Grupo VII - Numeral 34) "Tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar" falta disciplinaria que de manera taxativa considera como verbos rectores de la misma falta el tener relaciones sexuales dentro del instituto de formación militar, así como el tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar por lo que de acuerdo con la Resolución CAD N° 250/22 el Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca ha sido absuelto de la comisión de la falta disciplinaria gravísima de tener relaciones sexuales dentro del Instituto de Formación Militar, por no existir suficientes elementos de juicio o prueba plena que permitan afirmar que el mismo se encontraba teniendo relaciones sexuales dentro del Instituto de Formación Militar, habiendo sido sancionado por haberse probado la comisión de la falta disciplinaria gravísima de tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar, conforme a los fundamentos establecidos en la Resolución CAD. N° 250/22 existiendo congruencia entre los hechos investigados y probados y la taxatividad de la falta disciplinaria, en consecuencia, la falta disciplinaria de tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar se encuentra tipificada de manera taxativa en el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, no existiendo duda alguna para su aplicación. Partiendo del análisis de tipicidad, se observa que la resolución ahora cuestionada evidentemente establece que el tipo disciplinario, señala como falta el “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del Instituto de Formación Militar” y de dicho tipo, la misma resolución reconoce que el accionante no adecuó su conducta a “tener relaciones sexuales”, pero sí, “tener relaciones íntimas”; sin embargo, como se observa el juicio de tipicidad es inexistente, puesto que la resolución omite en principio explicar o desarrollar el alcance del elemento “intimidad” y su diferencia con el elemento “relación sexual” estableciendo así una base para poder abordar los comportamientos generados por el accionante; es decir, la resolución ahora cuestionada, en primera instancia, debió explicar en qué consiste una relación “intima” y posteriormente subsumir la conducta del accionante al alcance otorgado en la definición a partir de los elementos que figuran en el proceso, ello, para así comprender de forma clara como la conducta se adecuó a este elemento exigido por el tipo disciplinario; sin embargo, la resolución ahora cuestionada en ningún momento, desglosó el alcance de dicho elemento y menos efectuó un análisis de la conducta específica al mismo, demostrando así, un apartamiento al principio de tipicidad exigido para aplicar una sanción disciplinaria. Lo descrito evidencia también una lesión al derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones, puesto que siendo la base normativa el tipo disciplinario "Tener relaciones íntimas dentro del Instituto de Formación Militar" no se desarrolló una adecuada interpretación o desglose de los elementos que lo configuran e ingresando al ámbito de la motivación, se omite realizar un análisis de la conducta específica a este tipo disciplinario, limitándose la resolución ahora cuestionada a explicar que se le atribuye la falta por haber tenido relaciones íntimas, pero sin explicar lo que ellas significan o como la conducta del accionante demostraría este aspecto, evidenciando así, una total falta de fundamentación y motivación que justifique la sanción establecida. Finalmente, respecto a que no se le anunció al accionante que se le estaba investigando por la comisión del elemento “relaciones íntimas” y que por ende se le impidió asumir una adecuada defensa, se debe considerar que el accionante, ya en su memorial por el cual impugnó las resoluciones de Consejo Académico Disciplinario (Conclusión II.3) señaló dicho agravio, es decir, indicó que durante el transcurso del proceso administrativo no se le mencionó en ningún momento que se le atribuía el elemento “mantener relaciones íntimas”; entonces, pese a ser un punto de agravio específico, la resolución ahora cuestionada en ningún momento manifiesta -ni siquiera a través de una relación de hechos o semejante- si en el transcurso del proceso administrativo se hizo conocer al accionante que estaba siendo investigado por la comisión del tipo disciplinario en su elemento “tener relaciones íntimas” y no “relaciones sexuales”; incurriendo en incongruencia citra petita, que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, se entiende como omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de los partes.
Por lo descrito, observando que sobre esta problemática es evidente que se incurrió en falta de fundamentación, motivación congruencia y que se lesionó el principio de tipicidad, que corresponde conceder la tutela solicitada. b) Respecto a la segunda problemática El accionante alega que, se le inició proceso disciplinario a través de memorándum RR.HH. 06/21 de 5 de mayo, que, como el art. 80 del Reglamento de Régimen Disciplinario RA-01-62, únicamente le otorga veinticuatro horas para presentar pruebas para su defensa; y que, para asumir defensa le otorgan a su comandante de sección o compañía, es decir un cadete de tercer o cuarto año, mismo, que de ninguna manera equivale a un abogado; por ello, debe observarse la manifestación de los miembros del CSADE ahora demandados, donde indicaron que no realizó su reclamo en su oportunidad, constituyéndose tal afirmación en lesiva, puesto que él no cuenta con conocimientos jurídicos y el plazo otorgado para asumir defensa es de veinticuatro horas, tiempo en el que no pudo comunicarse con un abogado y menos pudo presentar pruebas, encontrándose lesionado plenamente su derecho a la defensa. Sobre el presente punto, se observa que la resolución ahora cuestionada señaló:
“CONSIDERANDO Que el derecho a la defensa técnica en el presente proceso sumarial ha sido cumplido en vista de que el ahora apelante ha tenido el asesoramiento de un profesional abogado en el mismo, prueba de ello son las Apelaciones e incluso un Amparo Constitucional planteado y que le fue favorable para su presente caso. Derecho a la Defensa: Este derecho, como componente de la garantía del debido proceso previsto también la norma contenida en el Art. 115. II. de la CPE. Otorgada a toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, siendo aplicable en cualquier fase del procedimiento. Su finalidad radica en asegurar al procesado, la efectiva consecución de los principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes a la generación de situaciones de indefensión prohibidas por la ley fundamental. Que los principios de taxatividad que hace referencia el apelante fue cumplido por el Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar dando cumplimiento a la Resolución N° 265/2021 de la Sala Constitucional primera de la Ciudad de la Paz, dejando sin efecto la Resolución N° 221/2021, emitiendo la Resolución N° 250/2022 cumpliendo con los principios de congruencia, taxatividad y transparencia en el presente proceso. CONSIDERANDO. Que, la Resolución CAD. N° 250/22 a fojas 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 establecen de manera clara y objetiva los resultados probatorios que demuestran y verifican la certeza y la veracidad de los hechos establecidos como verdaderos y que se encuentran probados en la fundamentación jurídica, hechos probados y fundamentos legales que guardan relación de congruencia con las faltas disciplinarias gravísimas por las que fue notificado el recurrente, mediante Memorándum de Notificación Secc. RR. HH. CAD. N° 06/21 de fecha 05-MAY-21, las mismas que de manera taxativa se encuentran tipificadas en el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62, hechos probados que en ningún caso han sido desvirtuados por el recurrente, Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca, limitándose a adecuar y subsumir algunas de sus conductas relacionadas al hecho principal en faltas disciplinarias leves graves que no han sido consideradas en el proceso disciplinario interno, en merito a que las misas constituyen únicamente agravantes de las faltas gravísimas por las que fue investigado, las mismas que constituyen facultad y potestad sancionadora del Consejo Académico Disciplinario del Ejército, conforme establece el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62-Art. 50-Faltas Gravísimas - Letra "A" - Faltas gravísimas del grupo VII y Letra "B" faltas disciplinarias del Grupo VIII en ambos casos Numeral 2 - El Consejo Académico Disciplinario del Colegio Militar del Ejército, es la única instancia competente para conocer y sancionar faltas disciplinarias de los Grupos VII y VIII, dentro un proceso disciplinario interno; para lo que, el Superior que observo la falta, deberá cumplir el procedimiento descrito en el presente reglamento", faltas disciplinarias gravísimas por las que fue legalmente notificado para la apertura del proceso disciplinario interno mediante memorándum de notificación Secc. RR. HH. CAD. N° 06/21 de fecha 05-MAY-21, identificación de las presuntas faltas disciplinarias que se efectúa de acuerdo con los informes de la denuncia, las pruebas documentales y de los testigos por el presidente del CAD. y que en el momento de su notificación no han sido cuestionadas u observadas por el recurrente Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca y que a la fecha del proceso disciplinario interno constituyen etapas precluidas y que no han sido objeto de la acción de amparo constitucional.
Teniendo como base de análisis la exigencia congruencia de las resoluciones descrito en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, se observa que los argumentos vertidos por la parte demandada, son evasivos, ello puesto que, se limitan a señalar que el accionante tuvo durante el proceso sumarial el asesoramiento de un abogado, y que prueba de ello, se mostraría con los recursos interpuestos por el mismo; sin embargo, la observación del accionante es puntual, puesto que como agravio presentado en su recurso de apelación (Conclusión II.3) él no se refiere a la vulneración del derecho a la defensa durante el extenso del proceso, sino únicamente al inicio del proceso disciplinario, momento en el cual alega, le dejaron solo para asumir su propia defensa, designándole únicamente a un cadete de tercer o cuarto año que no tiene conocimientos legales. Entonces, es evidente la falta de respuesta sobre este punto, que pretendió ser respondido de forma evasiva al señalar que el accionante si tuvo como defensa un abogado durante el proceso sumarial cuando su observación se refiere específicamente al inicio del proceso, por lo que respecto a la presente problemática corresponde conceder la tutela solicitada.
c) Respecto a la tercera problemática
El accionante alega que en la Resolución 004/2022 determinaron que cometió las faltas correspondientes a: “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres” y “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”; sin embargo, la resolución en ningún momento explica como determinaron que cometió aquellas faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, solo por tener amistad con una cadete y más aún cuando los informes le acusaban de ser encontrados teniendo relaciones sexuales y no de la alegada amistad íntima, por lo que dichas faltas de igual manera no cumplen con el principio de tipicidad, y carecen de adecuada fundamentación y motivación. Bajo los parámetros ya descritos por los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, referentes al deber de fundamentación y motivación de las resoluciones; y, el análisis de tipicidad, es pertinente iniciar el análisis de la problemática remitiéndonos a lo descrito en la resolución ahora cuestionada sobre el punto, teniendo así, que la misma estableció:
“Que, en relación a la falta disciplinaria gravísima Grupo VIII -Numeral 27) "Reincidencia en la comisión de faltas del Grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra moral y las buenas costumbres y Letra "A" - Grupo VII Numeral 13) "Encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar", la tipificación taxativa de la presente falta disciplinaria gravísima se configura en toda aquellas conductas que afectan a la moral y a las buenas costumbres las mismas que constituyen normas de conducta éticas y morales, que son propias de todo ser humano y de manera rigurosa de todo militar, las normas de conducta de los hombres y mujeres que forman parte de las FF.AA. se sustentan en los principios morales y éticos que rigen su comportamiento de acuerdo con la CPE., las leyes, reglamentos y disposiciones militares, estas deben generar una actitud moral permanente, un modo de ser o un estilo de vida que refleje en su accionar cotidiano la practica consciente y voluntaria de la moral y la ética militar por convicción y no por obligación lo que implica la práctica permanente de buenos hábitos, de comportamiento adecuado a las buenas costumbres que hacen al comportamiento ético y moral del militar lo que le permitirá exteriorizar el amor a la patria la lealtad el honor el valor y la disciplina; por lo que se encuentran tipificadas como faltas gravísimas del Grupo VII cuya reincidencia en la misma conducta constituye falta gravísima del Grupo VIII, falta disciplinaria gravísima que tiene relación directa y congruencia los hechos probados, como se establece en los fundamentos facticos y jurídicos de la Resolución CAD. N° 250/22, en relación a las faltas gravísimas reñidas contra la moral y las buenas costumbres, al hecho por el recurrente Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca se pone de acuerdo por celular con su camarada DCdte 3er. AM. Leslie Ticona Quispe, para verse a solas y a escondidas, supuestamente para conversar o discutir sobre su relación sentimental en el baño de hombres del comedor de DD, y CC. CC. a obscuras, con la puerta cerrada en un horario prohibido al ingreso de DD. y CC. CC., burlando la vigilancia de la guardia, permaneciendo un largo periodo de tiempo, conductas que en se encuentran tipificadas como faltas gravísimas en el reglamento del régimen disciplinario, el mismo que se sustenta en los principios ético morales de la disciplina, cuya formación de la personalidad militar se basa en los principios y valores militares, hechos denunciados por dos soldados que son inadmisibles en la conducta que debe tener todo militar y en particular las Damas y Caballeros Cadetes, en merito a que son absolutamente contrarios a los principios y valores militares y que no solo exigen el respeto a la jerarquía y disciplina, como el respeto al uniforme sino también que contravienen a las normas de buena conducta de la sociedad civil y más aún a las normas de conducta que debe tener todo militar y que hacen a la función, a la responsabilidad y al deber militar, en el primer caso la moral y las buenas costumbres, constituyen el conjunto de normas valores y principios militares, que rigen el modelo de conducta y de comportamiento de todo militar y en particular de las DD. y CC. CC. y en el segundo caso del decoro militar, constituye el comportamiento relacionado íntimamente con el honor, la honestidad y la honra que debe guardar en todo momento el militar, como en el presente caso las DD. y CC. CC. y que obligan el respeto al uniforme militar que ostenta los símbolos patrios y representan el alto honor de servicio incondicional a la Patria, el ejercicio de la autoridad militar y el más estricto celo contra actos o conductas de negación de la moral y el decoro militar que es la fiel expresión de la ética militar representado en el acatamiento consciente de la disciplina y que se ven demostrados en el hecho de que el Cadete Alexander Mamani Villca fue sorprendido de uniforme multicam y sin quepí en el baño de hombres del comedor "A" a obscuras y con la puerta cerrada junto a su camarada DCdte. Leslye Ticona Quispe, el mismo que al ser sorprendido por el Dgte. Mollo y Sido. Velasco, les ofreció dinero para que no den parte porque no quería tener problemas y se retiren del lugar para retirarse ambos de manera inmediata, hecho que se encuentra reñido contra el decoro, la ética y el honor militar.
Partiendo nuevamente por el análisis de tipicidad, se observa que las faltas atribuidas son “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres” y “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”; sin embargo, respecto a la primera falta, la resolución incurre nuevamente en error al omitir desglosar los elementos del tipo disciplinario, pues como se observa, el mismo al señalar “cometer faltas” refiere a una pluralidad de faltas que no fueron desglosadas en la resolución ahora cuestionada; pero además, sobre los elementos “reñidos contra la moral” y “reñidos contra las buenas costumbres” tampoco explica cuál es la diferencia entre ambas y cuál de ellas sería en las que incurrió el accionante; y si bien la resolución trata de explicar que al militar, se busca formar con valores de respeto a la patria y disciplina, tal aspecto no se aplica en el análisis de tipicidad, es decir, la resolución debió explicar cuál criterio moral sea afectó con su actuar -explicando porque se constituye ese en un criterio moral-, o que acto específico se apartó de lo que se entiende como buena costumbre, explicando también que es lo que se espera para determinar que existe buena costumbre. Situación semejante respecto al tipo disciplinario que establece “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”, puesto que la resolución se limita a establecer que el mismo al momento del acto, fue encontrado vistiendo un uniforme “multicam”; sin embargo, no explica que se entiende por “acto indecoroso” o cómo el actuar del accionante se subsume a este elemento. Lo descrito, permite evidenciar también, una inadecuada fundamentación y motivación de la resolución, puesto que la resolución ahora cuestionada si bien establece que su base normativa serían los tipos disciplinarios antes mencionados, no ejecuta una adecuada interpretación de los mismos con la finalidad de que se observe su verdadero alcance; incurriendo además en indebida motivación, puesto que no se observa la función lógica jurídica de adecuar los elementos que son parte del proceso disciplinario para describir la conducta del accionante en relación a los tipos disciplinarios investigados.
Por lo descrito, es que respecto a la presente problemática corresponde conceder la tutela solicitada. d) Respecto a la cuarta problemática
El accionante alega que los ahora demandados, le indicaron que Incurrió en “reincidencia en la comisión de faltas del grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII - Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres y Letra “A” Grupo VII - Numeral 13) encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del instituto de formación militar” sin embargo, en ningún momento se fundamentó donde se encontraría la reincidencia Sobre el punto, se observa que la resolución ahora cuestionada señaló:
“CONSIDERANDO. Que, de acuerdo con la Resolución CAD. N° 250/22 a fojas (43) el Ex Cdte. 3er. AM. ALEXANDER MIGUEL MAMANI VILLCA fue sancionado disciplinariamente mediante Resolución del CAD. N° 195/20, por haber transgredido el Reglamento del Régimen Disciplinario, RA-01-62- Capítulo V-tipificación de las faltas Art. 66 Faltas Gravísimas -Letra "A" Grupo VII Numeral 8) "Cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres" al haberse probado que en fecha 221105-JUL-20, una vez concluido el descanso de los Cadetes de Segundo Año Militar, la Tte. Com. Yanka Barrón Capiona, encontró al Cdte. 2do. AM. Alexander Miguel Mamani Villca sentado en la mesa de un pupitre con las piernas abiertas mirando hacia a la puerta y a la DCdte. 2do. AM. Leslye Ticona Quispe de pie entre las piernas del Cadete frente a él aproximadamente a 30 centímetros de su pecho, SANCIÓN DISCIPLINARIA QUE SE ENCUENTRA FIRME Y EJECUTORIADA, resolución en la que fue advertido que la reincidencia en este tipo de inconductas dará lugar a su baja de este Instituto de Formación Militar Que, mediante memorándum Secc. RR. HH. CAD. N° 06/21 el recurrente Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca, ha sido notificado por la presunta comisión de la falta disciplinaria gravísima Grupo VIII Numeral 27) "Reincidencia en la comisión de faltas del Grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra moral y las buenas costumbres"; conforme a los fundamentos facticos y jurídicos de la Resolución CAD. N° 250/22, se ha probado que el recurrente Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca junto a su camarada la DCdte. 3er. AM. Leslye Ticona Quispe, se pusieron de acuerdo para ingresar a un lugar aislado y restringido como es el baño de hombres del comedor de DD. y CC. CC., a obscuras en un horario prohibido, burlando la vigilancia de la guardia, permaneciendo un largo periodo de tiempo supuestamente conversando o discutiendo por temas sentimentales, por lo que ha sido demostrada la transgresión disciplinaria a la falta gravísima establecida en el Grupo VIII - Numeral 27) "Reincidencia en la comisión de faltas del Grupo VII, en relación a la falta disciplinaria del Grupo VII- Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra moral y las buenas costumbres", falta disciplinaria gravísima de reincidencia de una falta del Grupo VII que se encuentra expresamente tipificada en el Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62-Art. 66 Letra "В" - Grupo VIII- Numeral 27, disposición concordante con el Art. 62 del mismo reglamento, que establece que "las reincidencias de las faltas disciplinarias gravísimas de los Grupos VII y VIII serán consideradas durante toda la permanencia en el Colegio Militar del Ejército" y Art. 104° "(...) El Régimen Disciplinario busca evitar malos hábitos, cuya reincidencia puede dar lugar a adquirir vicios, premiando aquellos actos que generen buenos hábitos y sancionando los actos que generen malos hábitos". Finalmente, de los fundamentos citados se establece que existe coincidencia en la falta disciplinaria por la que fue sancionado (Numeral 8) Cometer faltas reñidas contra moral y las buenas costumbres") mediante Resolución CAD. N° 195/20 y la sanción impuesta en grado de reincidencia mediante Resolución CAD. N° 250/22, así como existe coincidencia en los sujetos (el recurrente Ex Cdte. 3er. AM. Alexander Miguel Mamani Villca se encontraba junto a la Ex DCdte. 3er. AM. Leslye Ticona Quispe), en el primer caso en horario de actividades se encontraban de uniforme solos y muy pegados en un curso vacío y en el segundo caso se encontraban en el baño de hombres del comedor de Cadetes, con la puerta cerrada a obscuras, en un horario en el que los comedores se encontraban cerrados. Que, el régimen disciplinario del Colegio Militar del Ejército al establecer como modelo de enseñanza y aprendizaje el área de formación ético moral disciplina, basado en principios, valores militares internaliza virtudes, sentido del deber generando hábitos de respeto a la CPE., a las Leyes, Reglamentos Militares, a la jerarquía, disciplina y a los principios doctrinarios que sustentan las FF.AA., promoviendo la disciplina consciente cuyo incumplimiento es sancionado severamente con la finalidad de preservar el orden, el respeto a la jerarquía la subordinación, la disciplina y fundamentalmente el cumplimiento de la Constitución, las Leyes Reglamentos y disposiciones militares, régimen disciplinario que clasifica a las faltas leves, graves y gravísimos cuya reincidencia es sancionada con mayor severidad, en el caso de las faltas leves y graves se tipifica como reincidencia en el siguiente grupo en el caso de reincidencia de las faltas gravísimas del Grupo VII, se encuentran tipificadas como faltas gravísimas del Grupo VIII, reincidencia que se considera para aquellas faltas cometidas durante toda la permanencia que dure el proceso de formación de las DD. y CC. CC. como establece el Art. 62 del Reglamento del Régimen Disciplinario RA-01-62. Por lo que/ para que la Dama o Caballero Cadete sea notificado por la presunta comisión de la falta gravísima del Grupo VIII Numeral 27 "Reincidencia en la comisión de una falta del Grupo VII", únicamente la Dama o Caballero Cadete debe contar con una sanción ejecutoriada de la misma falta del Grupo VII por la que presuntamente sea investigado.
Como se observa, la resolución ahora cuestionada, explicó que el accionante ya fue sancionado previamente por un hecho semejante; es decir, la misma desarrolla, que se emitió la Resolución CAD 195/20 con carácter de ejecutoriada, que en un caso semejante sancionó al peticionante de tutela por encontrarse, sentado en la mesa de un pupitre, con las piernas abiertas, mirando hacia la puerta y a la misma cadete de pie entre sus piernas frente a él, aproximadamente a 30 centímetros de su pecho; aplicándose la sanción disciplinaria al tipo correspondiente a “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres”. Sin embargo, si bien existe una resolución ejecutoriada por una falta también sindicada actualmente, no es posible determinar su reincidencia sin que previamente se aclare la comisión de los hechos denunciados actualmente; es decir, en el acápite previo, se observó que sobre esta falta “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres”, no existe una adecuada fundamentación y motivación; y, que además se incumplió con el principio de tipicidad al momento de subsumir la conducta del impetrante de tutela, entonces, es deber de la autoridad ahora demandada, emitir un nuevo fallo en el que en un adecuado desglose de elementos determine si este segundo hecho se constituye o no en dicha falta; así, solo ante ello, se podrá determinar la existencia de reincidencia, ello, comprendiendo la dependencia de este elemento “reincidencia” al adecuado establecimiento del tipo disciplinario. Por lo descrito, es que respecto a la presente problemática corresponde conceder la tutela solicitada. e) Respecto a la quinta problemática
El accionante alega que le aplicaron una sanción irrazonable y desproporcional, pues conforme a los informes emitidos dentro del proceso, en ningún momento se le vio realizando actos contra la moral y las buenas costumbres o con el uniforme dentro del instituto; es decir, no se justifica la sanción impuesta. Respecto a la presente problemática y bajo los parámetros ya desarrollados de fundamentación y motivación descritos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se observa que la resolución ahora cuestionada, en ningún momento justifica porque aplica la sanción correspondiente a la baja del ahora accionante con pérdida del año académico y sin derecho a la reincorporación, más aún cuando es evidente -como se resolvió en los incisos previos- que omitió establecer como su conducta se subsume a los tipos disciplinarios, limitándose a establecer en cambio, que incurrió en la falta correspondiente a “tener relaciones sexuales o íntimas dentro del instituto de formación militar” pero sin explicar que entiende por “íntimo” y como la conducta del accionante se reflejaría en este elemento, además, de las faltas referentes a “cometer faltas reñidas contra la moral y las buenas costumbres” y “encontrándose de uniforme realizar actos indecorosos dentro del Instituto de Formación Militar”; sin determinar que entiende como afectación a la moral y las buenas costumbres, y menos explicar cómo se comprende y cómo se hubiera reflejado el “acto indecoroso” que se alega habría generado el accionante mientras portaba el uniforme; es decir, para que una sanción sea razonable y proporcional, debe tomar en cuenta en principio lo que se busca proteger y a partir de ello, evaluando el actuar considerado lesivo, se podrá determinar qué sanción es suficiente para reestablecer el daño generado por esta lesividad generada; aspecto que no fue desarrollado en ninguna parte de la resolución ahora cuestionada, un adecuado juicio de tipicidad y adecuada fundamentación y motivación. Por lo descrito, es evidente la falta de fundamentación y motivación de la resolución puesto que no establece que parámetro normativo consideró para aplicar la sanción correspondiente a la baja del accionante sin derecho a reincorporación; y además, en una inadecuada motivación omite explicar a partir de los elementos que componen el proceso, que conductas justificarían la aplicación de esa sanción más no así otras; correspondiendo por ende conceder la tutela, respecto a la presente problemática. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 233/2022 de 5 de octubre, cursante de fs. 410 a 412, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución del Consejo Superior Académico del Ejercito 004/2022, debiendo emitirse una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada en el plazo de dos días desde su legal notificación con el presente fallo constitucional y de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
7 Respecto a la tipicidad en los ámbitos tanto del derecho penal como del administrativo sancionador, la jurisprudencia expresó en la SCP 0770/20212 de 13 de agosto -citada por la SC 0060/2015 de 16 de julio-, que: “…por otra parte se encuentra el principio de tipicidad que desarrolla el principio fundamental 'nullum crimen, nulla poena sine lege', se aplica como la obligación de que los jueces y tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable; (…) En consecuencia, el Estado no puede castigar una conducta que no está descrita ni penada por la ley, cimentándose una doble garantía: Por una parte, todas las personas conocen el ámbito de lo permitido y prohibido y, por la otra, el delincuente no puede ser castigado más que por las acciones legalmente descritas y sólo con la pena correspondiente”.
8 La SCP 1462/2013 de 21 de agosto, expresó respecto a la amplia facultad investigativa de la autoridad sumariante; puesto que, la potestad sancionadora implica: “…la consolidación de una amplia recolección probatoria destinada a la búsqueda de medios destinados a desvirtuar o sustentar objetivamente los actos u omisiones atribuidos al procesado”.
correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0711_2024-S1.pdf · páginas 1 a 46.
Huella digital del PDF (SHA-256): 94955cf56c27846b564832aeef8ab345021ede6f050675de569db2ab8e6b871a
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