Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento a obtener una resolución motivada, alegando que dentro de un proceso ejecutivo se adjudicó el bien inmueble de la litis, habiendo pedido mandamiento de desapoderamiento que le fue negado por el Juez de la causa indicándole que era propietario solo del 50%. Así, habiendo adquirido en calidad de compra venta el otro 50%, solicitó el 23 de mayo de 2019, ordenar la desocupación y entrega del inmueble, emitiéndose el Auto de 24 de ese mes y año; y, en forma posterior, Auto de 4 de octubre de igual año, otorgando a los ocupantes el plazo de diez días a ese fin bajo alternativa de librar desapoderamiento. Empero, de forma oficiosa el Juez del proceso por Auto Interlocutorio 156-20 de 9 de enero de 2020, habría repuesto de forma ilegal y arbitraria el Auto de 24 de mayo de 2019, dejando sin efecto la conminatoria a la desocupación y entrega de su inmueble; por lo que, formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue rechazado, emitiendo los Vocales demandados, el Auto de Vista 373/2021 de 15 de octubre, confirmando la decisión cuestionada incurriendo en motivación arbitraria. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74 de 30 de mayo de 2022, cursante de fs. 712 a 713, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0709/2023-S2 Sucre, 25 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 48023-2022-97-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 74 de 30 de mayo de 2022, cursante de fs. 712 a 713 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Raúl Aguilar Cuéllar contra Marisol Ortiz Hurtado, Óscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales y Freddy Pérez Chavarría, y Exvocal, todos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 16 y 23 de mayo de 2022, cursantes de fs. 660 a 665; y, 686, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso ejecutivo instaurado por María Isabel Chávez Medina contra Rosmery Vaca de Ribeiro y Manuelito Ribeiro Antunez, que radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que se encuentra en etapa de ejecución de Sentencia; el 3 de noviembre de 2016, se adjudicó el 50% del inmueble registrado con Matrícula Computarizada 7.01.1.05.0000887 de propiedad de los demandados en la causa ejecutiva, constando el fallo de adjudicación respectivo de 9 del mes y año anotados. Resaltó que, el 17 de mayo de 2017, solicitó al Juez del proceso el desapoderamiento del inmueble lo que fue negado al considerar la autoridad judicial que era propietario del 50%, no así del 100%; habiendo presentado el 23 de mayo de 2019, memorial adjuntando la Escritura Pública 1493/2018 de 27 de noviembre de 2018, inherente a la transferencia del 50% en lo proindiviso del bien inmueble, venta efectuada por “ERGOVIAL LTDA.”, en su favor, pidiendo se disponga la desocupación y entrega del inmueble al haber demostrado su derecho propietario en el cien por ciento. Al respecto, la autoridad judicial emitió Auto de 24 de mayo de 2019, ordenando que la Oficial de Diligencias emita informe sobre los ocupantes del inmueble de la causa; habiendo dictado en forma posterior Auto de 4 de octubre de ese año, otorgando a los ocupantes el plazo de diez días a fin que desocupen el 100% del inmueble bajo alternativa de librarse mandamiento de desapoderamiento. No obstante lo antes mencionado, por Auto Interlocutorio 156-20 de 9 de enero de 2020, la autoridad judicial habría repuesto de forma ilegal y arbitraria el Auto de 24 de mayo de 2019, dejando sin efecto la conminatoria a la desocupación y entrega de su inmueble; decisión que habría asumido de oficio sin que ninguno de los sujetos procesales se lo hubiera pedido, anulando además obrados sin respetar los principios que rigen las nulidades procesales conllevando aquello un estado de inseguridad jurídica; por lo que, en dicha data, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación exponiendo como agravios que el fallo impugnado resultaba ultra petita; que lesionó las nulidades procesales; la cosa juzgada; que jamás se resolvió el memorial de excepciones presentado por María Miranda Loaiza y Mario Cano Flores; que se atentó contra los actos consentidos; y, que se transgredió su derecho de propiedad sobre el 100% del inmueble. El 3 de septiembre de 2020, el Juez de la causa declaró no ha lugar su recurso de reposición concediendo la apelación interpuesta de forma alternativa; emitiendo los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Auto de Vista 373/2021 de 15 de octubre, confirmando la decisión sujeta a alzada, atentando contra su derecho al debido proceso en su vertiente a un fallo motivado al contener arbitrariedad, por cuanto, pese a que se reconoció y admitió que sería titular del 100% del inmueble objeto de la litis consideraron que no podría ingresar en posesión de la totalidad del terreno al ser adjudicatario en el proceso ejecutivo solo del 50%, refiriendo que el haber adquirido ese 50% restante en virtud a un contrato de venta trae consigo una serie de problemáticas y aspectos ajenos al proceso de ejecución; cuestionando de qué serviría reconocerse la titularidad de su propiedad si le impiden ingresar en posesión. Por otra parte, se obvió que el Auto de 24 de mayo de 2019, se encontraba ejecutoriado puesto que ninguna de las partes procesales lo recurrió, en virtud a lo que, en forma posterior al informe que emitió la Oficial de Diligencias, se pronunció el Auto de 4 de octubre de igual año, ordenando la desocupación y entrega del inmueble bajo alternativa de librarse mandamiento de desapoderamiento, sin que aquello hubiera sido cuestionado. Por último, destacó que los Vocales demandados no observaron que el Juez de la causa no podía anular el proceso sin respetar las nulidades procesales, entendiendo el Tribunal de alzada que la autoridad judicial tendría “…poder absoluto…”, sin respetar el art. 105 y ss. del Código Civil (CC), vulnerando los principios de especificidad, trascendencia y convalidación, indicando que aquellos regirían únicamente para las partes y no “al juez”; criterio arbitrario y carente de respaldo normativo. En virtud a lo expuesto, manifestó que al confirmar el Auto Interlocutorio 156-20, los Vocales demandados no proporcionaron razón jurídicamente válida para mantener la decisión que repuso parcialmente el Auto de 24 de mayo de 2019, valiéndose de una serie de artificios procesales a objeto de negarle el derecho de posesión sobre el 100% del inmueble de su propiedad; incurriendo en un fallo arbitrario atribuyéndole al Juez “poderes omnímodos” para anular el proceso en cualquier momento “…aun yendo contra actos consentidos de las partes” (sic).
Señaló como lesionado su derecho al debido proceso en su elemento a obtener una resolución motivada, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar se deje sin efecto el Auto de Vista 373/2021 de 15 de octubre, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo se emita un nuevo fallo respetando su derecho al debido proceso en su vertiente a una decisión motivada.
La audiencia pública fijada para el 26 de mayo de 2022, fue suspendida por falta de notificación a la parte demandada y a los terceros interesados (fs. 688); realizándose finalmente dicho acto procesal el 30 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 707 a 712, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, destacando que emergente de un proceso ejecutivo, el 3 de noviembre de 2016, se adjudicó el 50% del bien rematado, efectuando el pago respectivo emitiéndose la Resolución aprobatoria de la adjudicación a la fecha plenamente ejecutoriada. En forma posterior, presentó el 23 de mayo de 2019, la Escritura Pública 1493/2018, relativa a la transferencia a título oneroso del 50% restante del inmueble en cuestión; teniendo por lógica que sumados al 50% que se adjudicó, sería titular indiscutido del total. En ese orden, requirió al Juez natural expedir el mandamiento de desapoderamiento respectivo; empero, en forma previa la autoridad judicial ordenó por Auto de 24 de ese mes y año, que el Oficial de Diligencias, elabore un informe sobre los ocupantes del mismo, decisión que nadie cuestionó e impugnó, disponiéndose después el 4 de octubre de ese año, la desocupación y entrega de la totalidad del inmueble a su persona como legítimo titular, lo que tampoco fue observado; sin embargo, el 9 de enero de 2020, el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, repuso el Auto de 24 igual mes y año, anulando obrados “…hasta fojas 466…”, indicando que debía activar su derecho a la posesión del inmueble en otro tipo de proceso. Contra esa determinación formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, dando lugar a que se emita el Auto de Vista 373/2021, objeto de la presente acción de defensa, por transgresión del derecho al debido proceso en su elemento motivación, al constar arbitrariedad en el mismo, debiendo en todo caso prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, obviando además que el Juez no podía de forma alguna reponer en etapa de ejecución de Sentencia, un Auto a la fecha con autoridad de cosa juzgada formal; no pudiendo dirigirlo a iniciar otro proceso “….prácticamente (…) desde cero, negando la prevalencia de este derecho sustancial sobre consideraciones eminentemente formales…” (sic).
Marisol Ortiz Hurtado y Óscar Jesús Menacho Angeleri Vocales y Freddy Pérez Chavarría, Exvocal, todos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no comparecieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron informe escrito alguno, pese a su legal citación cursantes de fs. 691 a 693.
María Miranda Loaiza y Mario Cano Flores, citados en calidad de terceros interesados, presentaron memorial el 30 de mayo de 2022, cursante de fs. 704 a 706, indicando lo siguiente: a) Refutan los argumentos de la demanda tutelar presentada al referirse hechos inverosímiles en lesión de su derecho a la vivienda; b) Conforme al principio de verdad material regulado en el art. 1.16 del Código Procesal Civil (CPC), habrían acreditado que son poseedores de buena fe desde hace más de diez años del inmueble situado en la zona Sur, barrio El Triunfo “UV.173”, manzana 32, lote sin número con una extensión superficial de 361.82 m², viviendo actualmente en el mismo en quieta y pacífica posesión; y, c) La SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, efectuó una interpretación sobre la tutela provisional en los casos que exista posibilidad de anulación del fallo o auto de vista que atenten contra el derecho a la vivienda entre tanto se resuelva el conflicto entre partes referente a la propiedad que pretende dejar en total “DEFENSIÓN”; constando en el asunto de examen, precisamente, un conflicto de personas ajenas “…QUE (SERÍAN) AJENOS A ELLOS, conflicto en el cual esta (rían) inmersOS, como propietaria del bien inmueble en cuestión motivo de la litis” (sic). En audiencia, el abogado de los terceros interesados precitados refirió que sus defendidos fueron notificados por primera vez con la acción de defensa el 27 de mayo de 2022, “…dicen que los van a sacar de su vivienda que ellos tienen posesión libre pacífica desde hace más de 10 años, entonces ellos tienen los servicios básicos, ellos han adquirido para entrar en posesión, posesión de la señora Dora Flores, (…) tomaron posesión e hicieron construcción donde ellos viven y radican con toda su familia…” (sic). En ese marco, requirió desestimar la pretensión, siendo terceras partes no teniendo interés en el derecho propietario, tampoco en continuar en el proceso. María Isabel Chávez Medina, Rosmery Vaca Flores de Ribeiro, Manelito Ribeiro Antunez y Honorata Vásquez Vallejos, no concurrieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron memorial escrito alguno, pese a su legal notificación cursante de cursantes de fs. 694 a 697; y, 700 a 701.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la Resolución 74 de 30 de mayo de 2022, cursante de fs. 712 a 713, denegó la tutela, sin costas por ser excusable; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) En forma anterior, el impetrante de tutela formuló una acción de amparo constitucional que “…fue declarada improcedente…” (sic); en la tramitación de la misma la Sala Constitucional que la conoció efectuó algunas observaciones a objeto que estas sean subsanadas; empero, fue el propio accionante quien no cumplió aquello; por lo que, la desidia o retardo no puede ser atribuible a la Administración de Justicia, siendo el mencionado quien consintió lo decidido siendo una responsabilidad “…totalmente propia (…), no existiendo ninguna razón que justifique la no respuesta a las observaciones hechas por el Tribunal…” (sic); 2) El demandante de tutela debió subsanar las observaciones que le fueron efectuadas en su anterior acción de defensa, o presentar una nueva dentro de plazo, no así un día después; en ese marco, tratándose de un plazo establecido en seis meses no existe justificativo alguno para la interposición aunque sea un día posterior, teniendo el tiempo considerable a ese fin, más al tratarse de un fallo de 15 de octubre de 2021, que le fue notificado ulteriormente; y, 3) En virtud a lo expuesto, se concluyó que el demandante de tutela inobservó el plazo de caducidad regulado en los arts. 129.II de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ejecutivo seguido por María Isabel Chávez Medina contra Rosmery Vaca Flores de Ribeiro y Manelito Ribeiro Antunez, que radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; consta acta de adjudicación de remate de 3 de noviembre de 2016, del 50% del inmueble ubicado en la zona Sur Este, “V N° - 173”, “Mza. N° 32”, Urbanización “EL TRIUNFO”, con una superficie de 1140 m², inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), con la Matrícula Computarizada 7.01.1.05.0000887 de propiedad de los demandados en la causa ejecutiva, en favor del impetrante de tutela (fs. 383 y vta.). Por su parte, a través de Auto de 9 de igual mes y año, el Juez mencionado, aprobó la subasta y remate efectuado el 3 del mes y año señalados, disponiendo otorgar a favor de José Raúl Aguilar Cuellar -hoy impetrante de tutela-, la escritura de transferencia respectiva, elaborando para ello la minuta y testimonio correspondiente ejecutoriando dicho fallo (fs. 391). II.2. El 23 de mayo de 2019, el solicitante de tutela indicando que adjuntó documentos en original que acreditarían su dominio sobre el 100% del inmueble adjudicado, requirió que al amparo del art. 427.II del CPC, se conmine a la parte ejecutada, ocupante y poseedores a materializar la entrega pacífica del inmueble adjudicado al décimo día de notificados; y, en caso de negativa se libre mandamiento de desapoderamiento con ayuda de la fuerza pública, al respecto el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Quinto, emitió el Auto de 24 de igual mes y año, estableciendo: “Con carácter previo, la Srta. Oficial de Diligencias informe sobre los ocupantes del bien inmueble ad-judicado, conforme a procedimiento…” (sic [fs. 464 y vta.]). Por Informe de 26 de junio de 2019, la Oficial de Diligencias del Juzgado del proceso, indicó que en el inmueble: “…viven (6) personas 3 personas adultas las cuales son María Miranda Loayza, Mario cano flores y Honorata Básquez Vallejos y 3 menores de edad (…) 14 años (…) 11 años (…) de 1 año y dos meses…” (sic [fs. 470]). II.3. Mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2019, el demandante de tutela reiteró su solicitud de conminatoria a los ocupantes a la entrega del inmueble adjudicado en su favor (fs. 471). En ese orden, consta que por Auto de 4 de octubre del año referido, la autoridad judicial de la causa, en suplencia legal, conminó a Rosmery Vaca Flores de Ribeiro, ocupantes y/o poseedores, María Miranda Loaiza, Mario Cano Flores y Honorata Vásquez Vallejos, que en el plazo de diez días desocupen y entreguen el inmueble al adjudicatario, hoy peticionante de tutela, de forma voluntaria y pacífica bajo prevención de librar mandamiento de desapoderamiento con auxilio de la fuerza pública y allanamiento de morada en caso de ser necesario (fs. 472). II.4. Mediante Auto Interlocutorio 156-20 de 9 de enero de 2020, el Juez del proceso, en virtud del principio de saneamiento regulado en el art. 1.8 del CPC, repuso parcialmente el Auto de 24 de mayo de 2019, respecto a la orden de conminar a los ocupantes a la entrega del inmueble; debiendo señalarse en su lugar: “…Estese a lo dispuesto mediante decreto de fecha 19 de mayo de 2017 saliente a fojas 437 vuelta y en cuanto a las cancelaciones de los gravámenes estese al auto de fecha 25 de abril de 2017 (…) 3. En consecuencia, se anula obrados hasta fojas 466 inclusive” (sic); reservándose el derecho del adjudicatario para acudir a la vía correspondiente para demandar la entrega de la totalidad del inmueble de su propiedad (fs. 589 y vta.). II.5. Contra el Auto Interlocutorio 156-20, el impetrante de tutela planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación el 28 de agosto de 2020 (fs. 598 a 600 vta.). Reposición que fue declarada no ha lugar mediante Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2020, concediendo la alzada en el efecto devolutivo (fs. 601). En forma posterior, se dictó Auto de Vista 31 de 27 de enero de 2021; por el que, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, anuló obrados “…hasta fojas 102 del cuadernillo de apelación (…) inclusive, debiendo la autoridad judicial subsanar lo observado conforme a procedimiento” (sic [fs. 612 a 613 vta.]). II.6. Por Auto de 30 de junio de 2021, el Juez de la causa declaró no ha lugar al recurso de reposición descrito en la conclusión precedente, concediendo nuevamente la alzada al Tribunal superior en el efecto devolutivo (fs. 625 y vta.). Habiendo presentado el impetrante de tutela memorial pidiendo se considere lo allí señalado, el 10 de septiembre de ese año (fs. 634 a 635). II.7. A través de Auto de Vista 373/2021 de 15 de octubre, la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmó el Auto Interlocutorio 156-2020, condenando en costas y costos a la parte apelante (fs. 639 a 641 vta.). Fallo notificado al impetrante de tutela el 15 de noviembre del año indicado (fs. 644). II.8. El 8 de abril de 2022, el hoy accionante formuló una anterior acción de amparo constitucional contra Marisol Ortiz Hurtado, Óscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales y Freddy Pérez Chavarría, y Exvocal, todos de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, con iguales argumentos a los expuestos en la presente demanda tutelar planteada por su parte el 16 de mayo de igual año, solicitando dejar sin efecto el Auto de Vista de 15 de octubre de 2021, emitido por las autoridades judiciales precitadas, por la supuesta transgresión del derecho al debido proceso en su elemento a obtener un fallo motivado (fs. 669 a 674). II.9. Por Auto 92 de 14 de abril de 2022, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, observó la demanda tutelar descrita en la Conclusión precedente; indicando que, no se señalaba un correo electrónico o un medio de comunicación instantánea inobservando el art. 33.1 del CPCo; y, no se determinó con precisión el domicilio de todos los terceros interesados; concediendo en ese orden, el plazo de tres días al impetrante de tutela a fin de: “…subsanar las observaciones bajo prevención de tenerse la acción como no presentada” (sic [las negrillas y el subrayado son nuestros]). Dicha decisión fue notificada al hoy demandante de tutela el 18 del mes y año antes nombrados (fs. 675 a 676). II.10. Mediante Auto 08 de 26 de abril de 2022, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró la acción de defensa descrita anteriormente “…POR NO PRESENTADA…” (las negrillas y el subrayado nos corresponden), de conformidad al art. 30.I.1 del CPCo, considerando que habiendo sido notificado el demandante de tutela el 18 de ese mes y año, con las observaciones detalladas en el Auto 92, teniendo hasta el 21 del mes y año referidos para subsanarlas, no presentó memorial alguno al efecto (fs. 678 a 679 vta.). Fallo notificado al peticionante de tutela el 28 del indicado mes y año (fs. 682 y 683).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento a obtener una resolución motivada, alegando que dentro de un proceso ejecutivo se adjudicó el bien inmueble de la litis, habiendo pedido mandamiento de desapoderamiento que le fue negado por el Juez de la causa indicándole que era propietario solo del 50%. Así, habiendo adquirido en calidad de compra venta el otro 50%, solicitó el 23 de mayo de 2019, ordenar la desocupación y entrega del inmueble, emitiéndose el Auto de 24 de ese mes y año; y, en forma posterior, Auto de 4 de octubre de igual año, otorgando a los ocupantes el plazo de diez días a ese fin bajo alternativa de librar desapoderamiento. Empero, de forma oficiosa el Juez del proceso por Auto Interlocutorio 156-20 de 9 de enero de 2020, habría repuesto de forma ilegal y arbitraria el Auto de 24 de mayo de 2019, dejando sin efecto la conminatoria a la desocupación y entrega de su inmueble; por lo que, formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue rechazado, emitiendo los Vocales demandados, el Auto de Vista 373/2021 de 15 de octubre, confirmando la decisión cuestionada incurriendo en motivación arbitraria. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La inmediatez constituye uno de los principios configuradores de la acción de amparo constitucional; en cuyo marco, su inobservancia se traduce igualmente, en un supuesto de improcedencia de la misma, estando sustentado: “Conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, (…) en que la jurisdicción constitucional no puede esperar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto de sus derechos cuando sufren menoscabo. Así, en la SC 0770/2003-R de 6 de junio, en un razonamiento relativo al plazo de los seis meses, indicó: ‘...resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección’” (las negrillas son nuestras [SCP 0569/2010-R de 12 de julio]). Razón por la que, incluso en vigencia de la anterior Constitución Política del Estado, en la que no se encontraba regulado, fue instituido y reconocido vía jurisprudencia constitucional emitida por el antes Tribunal Constitucional. Ahora bien, en el nuevo modelo constitucional, el art. 129.II de la CPE, prevé que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa judicial” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Por su parte, el art. 55 del CPCo, alude a la inmediatez al instituir: “(PLAZO PARA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN) I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o conocido el hecho”.
Al respecto, cabe destacar lo desarrollado en una problemática en la que se interpuso una acción de amparo constitucional con anterioridad que fue declarada como no presentada al no haberse subsanado las observaciones dentro del plazo regulado a dicho efecto, que fue resuelta en la SCP 0642/2015-S3 de 25 de junio, exponiendo que: “La jurisprudencia constitucional referida a la suspensión de los plazos y a la reanudación, señaló que en la vía constitucional el plazo de inmediatez se suspende en tanto dura la tramitación de la acción constitucional; así, la SC 0685/2006-R de 17 de julio, que a su vez citó a las SSCC 1353/2003-R de 16 de septiembre y 1015/2004-R de 2 de julio, entre otras, refirió que: ‘...la interposición de un recurso constitucional que pretenda la protección de los derechos considerados lesionados interrumpe el plazo de los seis meses para interponer el amparo constitucional’. De forma más clara y ejemplificadora, sobre la suspensión del plazo de los seis meses que refiere la inmediatez cuando se presenta recursos constitucionales, la SC 0783/2012 de 13 de agosto, de manera pedagógica refirió que: ‘...dentro de una causa hipotética, si el último acto lesivo de derechos sucede el 3 de enero de 2010, el (la) interesado (a) tendrá seis meses para interponer su acción, es decir, hasta el 3 de julio de 2010; y, si el (la) interesado (a) presenta su acción el 3 de junio de 2010, es decir a los cinco meses, esta presentación interrumpe el plazo de inmediatez a los cinco meses. Continuando con el ejemplo, en el supuesto de que esta acción de defensa fuere observada y se hubiere dispuesto su rechazo, la notificación con esa resolución de rechazo reactiva el cómputo del plazo de inmediatez, es decir, el mes que quedaba pendiente y en este lapso, el (la) interesado (a) podrá interponer nuevamente su demanda, subsanando los aspectos observados. Esta apreciación respecto al cómputo de interrupción y reinicio del plazo de inmediatez en los casos en que no se ingresa a resolver el fondo de la causa presentada, sino que es rechazada por un incumplimiento en la forma; ha sido plasmado en la jurisprudencia constitucional a través de varios fallos, cuando refiere: «Ahora bien, es menester señalar que ese plazo se suspende con la interposición de un recurso de amparo constitucional cuya resolución no ingresó al fondo, reiniciándose desde la notificación con la resolución o sentencia constitucional emitida, correspondiendo la continuación del cómputo del plazo teniendo en cuenta el transcurrido entre el momento de su inicio y la interposición del recurso, lo que implica que el recurrente podrá ejercer nuevamente la acción tutelar dentro del plazo que quede…» (SC 0059/2007-R que a su vez cita al AC 174/2006-RCA)’, en el caso concreto, como se mencionó ut supra, el accionante presentó un primer amparo constitucional el mismo día que vencía el plazo de los seis meses establecido tanto en la jurisprudencia (Fundamento Jurídico III.1.) como en el mismo Código Procesal Constitucional, el cual como se señaló supra fue declarado por no presentado. Como bien refiere la SC 0685/2006-R, el plazo de los seis meses quedaba suspendido durante la tramitación de ese amparo constitucional; por ende, el cómputo se reanudó desde el momento en que tuvo conocimiento del rechazo de la primera acción de amparo constitucional…” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Conforme a la jurisprudencia constitucional precitada, se entiende que el plazo de caducidad de seis meses previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55.II del CPCo, queda suspendido durante la tramitación de una acción de amparo constitucional, reanudándose el mismo con la notificación del fallo que no ingresó al fondo de la misma, declarando su improcedencia; debiendo tomarse en cuenta que dicha suspensión también se produce cuando la acción de defensa es declarada como no presentada en virtud a la ausencia de subsanación por la parte accionante de lo dispuesto por la Sala Constitucional o tribunal o juez de garantías que conoce la primera garantía constitucional. Reanudándose a partir de la notificación con el fallo respectivo emitido de improcedencia o declaratoria de no presentado; compeliendo que a partir de dicho momento se continúe el cómputo del plazo, pudiendo la parte accionante interponer una nueva acción tutelar dentro del plazo que reste.
La contextualización de línea jurisprudencial realizada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, se refirió tanto a la motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia en tanto elementos de la garantía del debido proceso, como a la valoración de la prueba en sede constitucional; expresando en cuanto al primer elemento lo siguiente: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala: …a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus 3 El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente’. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, 6 El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7 El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto 8 El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9 El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (negrillas y subrayado añadidos). Cabe resaltar que conforme a lo expuesto en la SCP 1537/2012 de 24 de septiembre: “…la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal necesaria atinente al caso concreto y citando las normas sustantivas y adjetivas que sustentan la parte dispositiva, lo que hará contundente y sólido el fallo; asumiendo de esta manera la garantía del debido proceso, que exige plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento a obtener una resolución motivada, aduciendo que emergente de una causa ejecutiva se adjudicó el bien inmueble de la litis; en cuyo orden, solicitó mandamiento de desapoderamiento lo que le fue negado por el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz expresándole que era propietario solo del 50%. En ese marco, habiendo adquirido en calidad de compra venta el otro 50%, obteniendo toda la titularidad, requirió el 23 de mayo de 2019, ordenar la desocupación y entrega del inmueble, emitiéndose el Auto de 24 del mismo mes y año; y, ulteriormente, Auto de 4 de octubre de ese año, confiriendo a los ocupantes el plazo de diez días a ese objeto bajo alternativa de librar desapoderamiento. Sin embargo, oficiosamente el Juez del proceso por Auto Interlocutorio 156-20 de 9 de enero de 2020, habría repuesto de manera ilegal y arbitraria el Auto de 24 de mayo de similar año, dejando sin efecto la conminatoria a la desocupación y entrega de su inmueble; en cuyo contexto, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue rechazado, dictando los Vocales demandados, el Auto de Vista 373/2021 de 15 de octubre, confirmando la decisión impugnada incurriendo en motivación arbitraria. Al respecto, corresponde señalar inicialmente que contrariamente a lo determinado por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, como sustento de la denegatoria de tutela que determinó; el demandante de tutela sí cumplió el plazo de caducidad de seis meses en la interposición de su acción de defensa. En ese orden, si bien se advierte que el 8 de abril de 2022, planteó una anterior acción de amparo constitucional contra los actuales y Exvocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ahora demandados, con los mismos argumentos a los expuestos en la presente demanda tutelar formulada por su parte el 16 de mayo de igual año (fs. 665), solicitando dejar sin efecto el Auto de Vista 373/2021 (Conclusión II.8); que fue declarada como no presentada a través de Auto 08 de 26 de abril de 2022, pronunciado por la Sala Constitucional antes mencionada (Conclusión II.10), por no haberse subsanado de forma oportuna las observaciones efectuadas por Auto 92 de 14 de ese mes y año (Conclusión II.9); resulta aplicable lo determinado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.1.1 del presente fallo constitucional, sobre la suspensión del plazo de caducidad de seis meses durante la tramitación de una anterior acción tutelar. Así, se tiene que notificado el acto ilegal (Auto de Vista 373/2021) al demandante de tutela el 15 de noviembre de 2021 (Conclusión II.7); el precitado interpuso una primera acción de defensa el 8 de abril de 2022; es decir, cuando le restaban un mes y siete días para el vencimiento del plazo de caducidad, suspendiéndose el plazo referido durante la tramitación de dicha garantía constitucional; es decir, desde la data prenombrada hasta la notificación con el Auto 08, que la declaró como no presentada, cuya diligencia fue efectuada el 28 de igual mes y año (Conclusión II.10). A partir de dicha fecha, transcurrieron hasta el 16 de mayo del año indicado, que formuló la presente acción de defensa, dieciocho días; encontrándose, por ende, dentro del plazo de caducidad de seis meses para su interposición, entendiendo que le quedaban, se reitera, un mes y siete días de plazo al efecto por la suspensión producida. En virtud a lo expuesto, y en aplicación de la jurisprudencia detallada en el Fundamento Jurídico III.1.1, encontrándose la acción de amparo constitucional de examen, dentro de plazo, corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada, no existiendo óbice alguno al efecto. Realizadas dichas precisiones, compele referir que, en la causa ejecutiva instaurada por María Isabel Chávez Medina contra Rosmery Vaca Flores de Ribeiro y Manelito Ribeiro Antunez, que radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; el 3 de noviembre de 2016, el impetrante de tutela se adjudicó vía remate el 50% del inmueble situado en la zona Sur Este, “V N° - 173”, “Mza. N° 32”, Urbanización “EL TRIUNFO”, con una superficie de 1140 m², inscrito en la oficina de DD.RR., con Matrícula Computarizada 7.01.1.05.0000887 de propiedad de los demandados en el proceso ejecutivo; constando al respecto, Auto de 9 de igual mes y año, emitido por el Juez de la causa, aprobando la subasta y remate efectuado por el 50% del inmueble, determinando conferir al accionante la escritura de transferencia pertinente, elaborando para ello la minuta y testimonio correspondiente ejecutoriando dicho fallo (Conclusión II.1). En forma posterior, el 23 de mayo de 2019, el solicitante de tutela requirió a la autoridad judicial conminar a la parte ejecutada, ocupante y poseedores efectivizar la entrega pacífica del inmueble adjudicado al décimo día de notificado; invocando ser a dicha data el propietario del 100% del bien inmueble, entendiendo que el restante 50% fue adquirido por compra venta. Sobre el particular, el Juez Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Quinto, dictó el Auto de 24 del mes y año precitados, indicando: “Con carácter previo, la Srta. Oficial de Diligencias informe sobre los ocupantes del bien inmueble ad-judicado, conforme a procedimiento. Al otrosí 1°.- En ejecución de sentencia y al encontrarse ejecutoriado el auto de fecha 25 de abril de 2017 y 21 de febrero de 2017, se ordena a DD.RR. la cancelación de los asientos B-3, B-4, B-5, B6, B-7, B-8 (…) de la matrícula N° 7.01.1.05.0000887, conforme al art. 427, inc. I del C.P.C” (sic). En ese orden, mediante Informe de 26 de junio de 2019, la Oficial de Diligencias del Juzgado del proceso, consignó que en el inmueble: “…viven (6) personas 3 personas adultas las cuales son María Miranda Loayza, Mario cano flores y Honorata Básquez Vallejos y 3 menores de edad (…) 14 años (…) 11 años (…) de 1 año y dos meses…” (sic [Conclusión II.2). El 12 de agosto de 2019, el accionante requirió nuevamente la conminatoria a los ocupantes para la entrega del inmueble adjudicado a su favor; determinando el Juez del proceso por Auto de 4 de octubre de ese año, conminar a Rosmery Vaca Flores de Ribeiro, ocupantes y/o poseedores, María Miranda Loaiza, Mario Cano Flores y Honorata Vásquez Vallejos, que en el plazo de diez días desocupen y entreguen el inmueble al impetrante de tutela de manera voluntaria y pacífica bajo prevención de librar mandamiento de desapoderamiento con auxilio de la fuerza pública y allanamiento de morada en caso de ser necesario (Conclusión II.3). No obstante, en forma posterior, ante el memorial presentado el 6 de enero de 2020, por Ana Dora Flores Pérez representada por Freddy Saavedra Ramos, pidiendo no librar mandamiento de desapoderamiento, alegando haber tenido conocimiento extrajudicial de la existencia de la acción ejecutiva dándose citada tácitamente con el Auto de 4 de octubre de 2019, formulando incidente de oposición al desapoderamiento bajo alternativa de apelación, refiriendo que ella tenía la quieta y pacífica posesión del inmueble desde 2009, apareciendo en forma posterior José Raúl Cuéllar Aguilar, aludiendo ser el propietario sobre lo que no tendría certeza no habiendo concluido el proceso de usucapión decenal en trámite, no habiendo sido citada en la causa ejecutiva para asumir defensa (fs. 582 a 588); mediante Auto Interlocutorio 156-20, en consideración al apersonamiento precitado, el Juez del proceso, invocando ser viable verificar si en el fallo pronunciado “…a fojas 465 vuelta y fojas 473…” (sic), sería factible reponer por algún error cometido en el trámite de ejecución del proceso conforme a lo dispuesto en el art. 253 del CPC, advirtió que el fallo de adjudicación de 9 de noviembre de 2016, fue dictado solo respecto al 50% del inmueble, “…debiéndose tramitar la ejecución en (ese) juzgado bajo dicho parámetro…” (sic); por lo que, en aplicación del principio de saneamiento instituido en el art. 1.8 del Código Adjetivo Civil, repuso parcialmente el Auto de 24 de mayo de 2019, en lo inherente a la orden de conminar a los ocupantes a la entrega del inmueble; debiendo consignarse en su lugar: “…Estese a lo dispuesto mediante decreto de fecha 19 de mayo de 2017 saliente a fojas 437 vuelta y en cuanto a las cancelaciones de los gravámenes estese al auto de fecha 25 de abril de 2017 (…) 3. En consecuencia, se anula obrados hasta fojas 466 inclusive” (sic [negrillas y subrayado agregados]); reservándose el derecho del adjudicatario para acudir a la vía correspondiente para demandar la entrega de la totalidad del inmueble de su propiedad (Conclusión II.4). Proveído de 19 de mayo de 2017, que fue emitido respecto al pedido contenido en el memorial de 16 de ese mes y año, en cuanto a la conminatoria precitada, señalando: “El impetrante este a los datos del proceso, toda vez que el inmueble ha sido rematado solo en el 50%” (sic [fs. 436 vta. -negrillas y subrayado adicionados-]). Contra el mencionado Auto Interlocutorio 156-20, el impetrante de tutela formuló recurso de reposición bajo alternativa de apelación, bajo los siguientes términos: i) Es propietario del 100% del inmueble de la litis, 50% por adjudicación; y, 50% por compra venta conforme a documentación cursante en el proceso; empero, el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz repuso el Auto de 24 de mayo de 2019, sin que ninguno de los sujetos procesales hubiera pedido aquello, actuando de forma ultra petita arbitrariamente, anulando incluso obrados sin la existencia de pedido de nulidad alguno existiendo oficiosidad; ii) Se transgredieron todos los principios que rigen las nulidades procesales; iii) Se atentó contra la cosa juzgada, no siendo posible modificar o alterarla; habiendo actuado el Juez del proceso como “…abogado de parte puesto que anuló sin que nadie lo pida una serie de resoluciones ejecutoriadas…” (sic); iv) No se resolvió el memorial de excepciones formulado por María Miranda Loaiza y Mario Cano Flores, que fue “…firmado en blanco…”; ayudando así el juzgador “…a los ocupantes de (su) inmueble anulando sin que se lo pidieran” (sic); v) Se transgredió el principio de actos consentidos, anulando obrados consentidos por las partes procesales. Resaltando sobre el memorial presentado por Freddy Saavedra Ramos en representación de Ana Dora Flores Pérez, que en el mismo se pidió la conciliación, conllevando aquello el sometimiento de la causa y asumir su validez, no habiendo planteado en momento alguno incidente o recurso de reposición alguno; y, vi) No se tuteló su derecho propietario por cuanto el Juez refirió que solo adquirió el 50% del inmueble por adjudicación, obviando que se consolidó el dominio del 100% por la compra venta que efectuó respecto al otro 50%; no pudiendo “salvar” a los ocupantes derivándole a un proceso ordinario que durará años. Reposición que fue declarada no ha lugar a través de Auto de 3 de septiembre de 2020, concediendo la alzada en el efecto devolutivo (Conclusión II.5); y, ante una declaratoria de nulidad de obrados, se falló de igual forma por Auto de 30 de junio de 2021; presentando el accionante memorial de 10 de septiembre de igual año, reiterando los agravios contenidos en su recurso de reposición bajo alternativa de apelación (Conclusión II.6). Finalmente, se tiene Auto de Vista 373/2021, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fallo considerado por el demandante de tutela como el acto ilegal identificado en su demanda tutelar, al haber confirmado en virtud a lo previsto en el art. 218.II.2 del CPC, el Auto Interlocutorio 156-20, condenando en costas y costos a la parte apelante (Conclusión II.7). El Auto de Vista mencionado, contiene en su Considerando I, una descripción de los antecedentes del proceso ejecutivo; en el Considerando II, se detallan los agravios expuestos en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; resolviéndolos en el Considerando III, bajo los siguientes términos: a) En cuanto a que el fallo recurrido sería ultra petita, aquello no resultaba evidente por cuanto lo decidido era una actuación más bien de oficio, sobre algo distinto a lo impetrado por escrito presentado por Ana Dora Flores Pérez representada por Freddy Saavedra Ramos “…de Fs. 582-588…”, siendo extra petita; b) No obstante que las autoridades judiciales están llamadas a cumplir con los principios de convalidación, trascendencia, legalidad y especificidad que rigen las nulidades procesales; en el caso no se trataría de un planteamiento de nulidad realizado por las partes o eventuales terceros, “…sino que la autoridad judicial ha dispuesto anular obrados esto en sentido de que es una facultad del juzgado de encaminar o encausar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente, debiendo para tal efecto tomarse las medidas necesarias y efectivas en pro de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales, bajo la consigna de la justicia material, la tutela judicial y el debido proceso...” (sic); conforme a lo previsto en los arts. 1.4 y 8; y, 24.3, ambos del Codigo Adjetivo Civil, referentes al deber de saneamiento que faculta al juez “adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales y encausar adecuadamente la tramitación de la causa” (sic); subsanaciones que muchas veces son realizadas por la declaración de nulidad de ciertos actos en pro de evitar nulidades más extendidas. En ese orden, se resaltó que, el impetrante de tutela se adjudicó dentro de la causa ejecutiva el 50% del inmueble del proceso; por lo que, en ejecución de la Sentencia dictada debía efectuarse sobre dicho porcentaje, conforme al art. 397.I del CPC, que prevé su inobservancia sin alterar ni modificar su contenido; debiendo circunscribirse, en consecuencia, específicamente a dicho 50% del inmueble subastado, rematado y adjudicado, debiendo recaer el desapoderamiento solo en dicho porcentaje. La compra del restante 50% en otro negocio jurídico particular efectuado con una tercera persona fuera del proceso no implica que automáticamente tenga que expedirse inmediatamente el desapoderamiento mencionado sobre el total del inmueble, teniendo la compra referida otras incidencias que no puede repercutir en la ejecución de la Sentencia ejecutiva, teniendo el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz la obligación de hacer cumplir el fallo únicamente en cuanto al 50% mencionado, “…debiendo el otro 50% adquirido mediante compra a Ergovial Ltda., adquirirlos por la vía legal correspondiente, para que su vendedor le haga entrega del bien, pues, el hecho que haya adquirido el restante 50% del bien de Ergovial Ltda., el presente proceso no puede constituirse en una vía para adquirir el otro 50%, ni puede conocerse otras cuestiones o responsabilidades adquiridas mediante la compra de Ergovial Ltda., de ese otro 50%, esto teniendo en cuenta las situaciones alegadas de posesión por terceras personas, esto precisamente como consecuencia de no haber adquirido y recibido la posesión por parte de su vendedor Ergovial Ltda., y hacer la compra de un bien en posesión de terceras personas” (sic [las negrillas son nuestras]); c) En lo inherente a que se habría atentado contra la cosa juzgada; la jurisprudencia constitucional prevé que es posible suscitar la nulidad de actuaciones aún en fase de ejecución de sentencia de forma excepcional cuando exista la certeza de la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, aspecto contenido en la SCP 0832/2016-S3 de 9 de agosto, reiterando el entendimiento asumido en la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, siendo viable dejar sin efecto la cosa juzgada; “…pero en el caso (…) no se está dejando sin efecto una resolución de la calidad de una sentencia, sino que la resolución anulatoria tiene el objeto de adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales y encausar adecuadamente la tramitación de la causa, esto en sentido de que el presente proceso no puede ser vía para adquirir la posesión de un 50% que no ha sido conocido ni tramitado en el presente proceso, máxime, si esa parte se tiene en cuenta que existen otras problemáticas inherentes a la posesión que deben ser planteadas en la vía correspondiente…” (sic [las negrillas y el subrayado nos corresponden]); d) En cuanto a que no se habría resuelto el memorial de excepciones opuesto por María Miranda Loaiza y Mario Cano Flores, no se advierte agravio alguno, por cuanto lo resuelto no tiene ninguna relación con dichas excepciones; en virtud a lo que, no constituía un punto resuelto por el inferior sobre el que debiera existir pronunciamiento, debiendo ser en el mismo proceso en todo caso en el que se impetre sea resuelto; e) En lo relativo a que se habría vulnerado el principio dispositivo constando consentimiento sobre la validez del mismo; la autoridad judicial según lo regulado en los arts. 1.4 y 8; y, 24.3 del CPC, tiene el deber y facultad de poder sanear el proceso a objeto de subsanar defectos procesales debiendo actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley, no siendo cierto, por ende, el agravio señalado; y, f) Respecto a que no se habría tutelado su derecho propietario teniendo consolidado el 100% del bien inmueble, sin que nadie hubiera objetado su derecho propietario; aquello no es evidente, no existiendo de modo alguno desconocimiento del derecho propietario mencionado; empero, “…no puede pretender el mismo adquirir mediante desapoderamiento el 100% del bien inmueble, cuando en el presente proceso solo puede procederse a la ejecución de la alícuota parte del 50%, lo cual de ninguna manera es desconocer derecho propietario, sino simplemente que el proceso ejecutivo no puede alterarse ni modificarse en cuanto a la ejecución” (sic [las negrillas y el subrayado nos pertenecen]). En virtud a lo ampliamente detallado, se tiene que al dictar los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Auto de Vista 373/2021; cumplieron con la carga argumentativa a la que se hallaban constreñidos a objeto de respetar el debido proceso, no habiendo incurrido en arbitrariedad alguna, misma que conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo, según la explicación contenida en la jurisprudencia constitucional. En ese orden, contrariamente a lo afirmado por el impetrante de tutela, el fallo de alzada impugnado expone las razones que sustentaron la decisión de confirmar el Auto Interlocutorio 156-20, sin contener fundamentos y consideraciones retóricas ni una valoración arbitraria, irrazonable u omisiva de la prueba, otorgándose, se reitera, los motivos de la decisión adoptada, resolviendo en ese orden, de forma clara e íntegra cada uno de los puntos de agravio sujetos a apelación, contando el fallo de alzada cuestionado con una estructura de forma y fondo en el marco del debido proceso. Así, el fallo cuestionado cita la normativa en virtud a la que decidió confirmar el Auto Interlocutorio 156-20, refiriendo en ese orden, el art. 1.4 y 8 del CPC, que prevé: “…El proceso civil se sustenta en los principios de: (…) 4. Dirección. Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente, y ordena a las partes, sus apoderados y abogados al cumplimiento de las disposiciones legales. (…) 8. Saneamiento. Faculta a la autoridad judicial para adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa, siempre que no afecten los principios del debido proceso y de la seguridad jurídica, de manera que se concluya la tramitación de la causa con la debida celeridad procesal” (negrillas y subrayado añadidos). Por su parte, el art. 24 del Código Procesal anotado, regula: “La autoridad judicial tiene poder para: (…). 3. Ejercitar las potestades y deberes que le concede este Código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes” (negrillas agregadas). Por último, el art. 397.I del Código Adjetivo Civil, instituye: “I. Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán sólo a instancia de parte interesada, sin alterar ni modificar su contenido, por la autoridad judicial de primera instancia que hubiere conocido el proceso” (negrillas y subrayado adicionados). Concluyendo que la determinación derivó, en lo principal, de la decisión de la autoridad judicial de anular obrados a fin de encaminar o encausar las actuaciones procesales de forma eficaz y eficiente, en pro de velar por el correcto cumplimiento de las resoluciones judiciales, contando el Juez del proceso con la facultad de asumir decisiones dirigidas a subsanar defectos procesales y encausar adecuadamente la tramitación de la causa, siendo innegable que el demandante de tutela se adjudicó en el proceso ejecutivo solo el 50% del inmueble de la litis, sobre cuya base debió darse observancia conforme al art. 397.I del CPC; no pudiendo disponerse un desapoderamiento del 100%, por cuanto aún existiese una adquisición por compra venta del restante 50%, la causa ejecutiva no era la idónea para reclamar dicho porcentaje, más existiendo situaciones alegadas de posesión por terceras personas cuya problemática debía ser dilucidada en la vía correspondiente. Lo que de modo alguno, enfatizó el Auto de Vista 373/2021, se constituía en un desconocimiento del derecho propietario. En ese sentido, el Auto de Vista mencionado, cuestionado en la presente acción de defensa, no incurrió en arbitrariedad alguna, no constando lesión del debido proceso en el elemento motivación invocado en la demanda tutelar; siendo evidente, al contrario que, cumplió con todos los parámetros establecidos sobre el particular en el Fundamento Jurídico III.2, satisfaciendo todos los puntos demandados, expresando las razones de la determinación asumida, citando la normativa aplicable; correspondiendo, por ende, denegar la tutela requerida. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, aunque con otros fundamentos, por cuanto correspondía que ingrese al análisis de fondo de la problemática planteada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74 de 30 de mayo de 2022, cursante de fs. 712 a 713, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2 El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0709_2023-S2.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1d7bae98cba1c3a337a4287c971e81b915449dc46c6fc3dea528bc974ba37ebf
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