Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 3 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de derecho a recurrir, seguridad jurídica y los principios de igualdad, de presunción de inocencia e in dubio pro-reo; por cuanto, dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Alejandra Patricia Mardonez de Tapia, por el delito de Estelionato, se incurrió en las siguientes irregularidades: i) La Jueza presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, i.1) respecto a la emisión de la Sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021; i.1.1) Lo dejó en absoluto estado de indefensión validando erróneas notificaciones con la Sentencia 12/"2020" de 18 de junio de 2021, efectuada en un domicilio real que no le corresponde, pese a que mediante memoriales de 18 y 20 de noviembre de 2020 señaló el mismo en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, Casa 1 de la Zona de Achumani; provocando que se le prive de su derecho a interponer recursos, ejecutoriando el fallo y remitiéndolo ante el Juzgado de Ejecución Penal para que se libre un ilegal mandamiento de captura en su contra; i.1.2) Mediante el ilegal Decreto de 10 de octubre de 2021, declaró la ejecutoria de la Sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021; i.1.3) Emitió el arbitrario e ilegal Decreto de 8 de noviembre de 2021, que dispuso que para que sea atendido su recurso de reposición, deba previamente adjuntar los antecedentes del proceso; i.2) Respecto al ilegal arraigo; i.2.1) Emitió las resolucio…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR EN PARTE la Resolución 54/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 293 a 297, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
CORRESPONDE A LA SCP 0709/2023-S1 (vienen de la pag. 35)
RESPECTO A LA AUTORIDAD DEMANDADA
1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso en su vertiente de derecho a recurrir, así como al principio de igualdad, invocados por el accionante, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo:
1.1 Dejar sin efecto el Decreto de 8 de noviembre de 2021, debiendo la autoridad jurisdiccional, reconducir y atender sea positiva o negativamente, el recurso de reposición de 4 de noviembre de 2021, siempre y cuando no lo hubiere hecho ya.
1.2 Dejar sin efecto el Decreto de 10 de agosto de 2021, debiendo la autoridad jurisdiccional, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el art. 231 bis del CPP, siempre y cuando no lo hubiere hecho ya.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto del derecho a la defensa, inherente a la denuncia de una errónea notificación en un domicilio que no corresponde al accionante de tutela; ello, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
RESPECTO A LA SECRETARIA DEMANDADA
3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto de los derechos a la libertad personal, a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de derecho a recurrir, seguridad jurídica y los principios de igualdad, de presunción de inocencia e in dubio pro-reo la libertad, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0709/2023-S1 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46541-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 54/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 293 a 297, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Marcelo Alanes Flores en representación sin mandato de Edgar Ibán Torrico Vargas contra Jimena Velásquez Albarracín, Jueza presidente, y Frida Mary Mullisaca Flores, Secretaria, ambas del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz.
Mediante memorial de 9 de marzo de 2022, cursante de fs. 271 a 276 vta., el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
En el marco del proceso penal por Estelionato previsto por el art. 337 del Código Penal CP, actualmente con sentencia ejecutoriada, seguido por el Ministerio Público a instancia de Alejandra Patricia Mardonez de Tapia en contra del ahora accionante, este último a través de su representante sin mandato, manifestó haber sufrido las consecuencias de una serie de irregularidades ocurridas durante la tramitación de su proceso, específicamente, durante el trámite de arraigo en su contra y durante el proceso de ejecución de su sentencia.
Desde el momento de la radicación del proceso en el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, se hizo evidente una total animadversión de su Presidente y una manifiesta mala fe de parte de la Secretaria del referido juzgado, en contra del accionante, pues, erróneamente se lo notificó con la acusación fiscal y particular en un domicilio real que no le corresponde, partiendo de ese hecho, la serie de atropellos e irregularidades en su contra.
Respecto del arraigo, el 30 de diciembre de 2018, se desarrolló una audiencia de juicio oral, al cual, el entonces acusado ahora impetrante de tutela no asistió porque desconocía de su realización, toda vez que fue notificado en un domicilio real que no le corresponde, dejándolo en consecuencia, en un total estado de indefensión, pues, en la referida audiencia fue emitida la “Resolución 034/2018” que lo declaró rebelde. Habiendo conocido extraoficialmente de la emisión de dicha resolución, el ahora accionante purgó rebeldía mediante memorial de 5 de abril de 2019, mereciendo Decreto de 8 de abril de mismo año, por el que se repuso obrados hasta Fs. 102, se señaló nuevo día y hora de audiencia para el 30 de igual mes y año, y se levantaron todas las medidas impuestas en su contra mediante la mencionada Resolución 034/2018.
El 10 de noviembre de 2020, se suscitan los mismos hechos vulneratorios de sus derechos, por cuanto, nuevamente se llevó a cabo una nueva audiencia de juicio oral de la cual tampoco participó, porque desconocía de su realización habiendo sido notificado en un domicilio real que no era el suyo, resultando declarado rebelde por segunda vez mediante “Resolución 10/2020”, la cual también nuevamente fue purgada mediante memorial de 20 de noviembre de 2020, mismo que mereció un nuevo Decreto que levantó las medidas de carácter personal y mantuvo las de carácter real, dejando sin efecto las órdenes dispuestas en su contra a efectos de su comparecencia. Siendo que, mediante el mencionado Decreto de 8 de abril de 2019 le fueron levantadas todas las medidas personales impuestas en su contra, entre ellas el arraigo, el accionante solicitó que desde el Juzgado se envié oficio a migraciones a objeto de hacer conocer que fue levantado el arraigo, sin embargo, el oficio solicitado no fue presentado oportunamente y peor aún, una vez presentado, fue objeto de una serie de observaciones, obligándolo a solicitar se subsanen las mismas con la consecuente pérdida de tiempo; la sospechosa demora y los errores incurridos en el mencionado oficio fue aprovechado por la supuesta víctima, quien, fuera de procedimiento y mediante memorial de 3 de agosto de 2021, pidió complementación y solicitó la aplicación de medidas cautelares en contra del ahora accionante de tutela (arraigo entre ellas), siendo negada por la Juez demandada, quien, al mismo tiempo solicitó que se emita un informe al respecto.
Dicha solicitud de informe, se constituye en un primer momento en el cual, la secretaria demandada empezó a jugar un sospechoso rol decisivo en el resultado del proceso, por cuanto, no siendo su responsabilidad ni su atribución, oficiosamente evacuó el informe de 9 de agosto de 2021, completamente confuso, virtud al cual, de oficio y de manera irregular, la autoridad jurisdiccional demandada dispuso su arraigo mediante Decreto de 10 de agosto de 2021, mismo que mediante memorial de 27 de igual mes y año, fue objeto de recurso de reposición, resuelto solamente por la Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de La Paz, disponiendo no ha lugar al referido recurso.
Respecto a la maliciosa Ejecución de Sentencia, desde que fue radicada la causa en el referido Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, se dieron los atropellos en contra del ahora accionante de tutela, pues, principalmente se le negó el derecho a la interposición del recurso de apelación restringida a la sentencia emitida en su contra, bajo los siguientes hechos que se exponen cronológicamente: a) Se le notificó con la acusaciones fiscal y particular, en un domicilio que no le corresponde, por lo cual no pudo presentar y aportar con pruebas que le permitan participar del proceso en igualdad de condiciones; b) Ya en juicio oral, conforme las previsiones del art. 345 del CPP, fue interpuesto el incidente de nulidad de notificación, mismo que ilegalmente fue rechazado por la autoridad jurisdiccional; c) Pese a que mediante los memoriales de 18 y 20 de noviembre de 2020, adjuntando su Cédula de Identidad señaló como su domicilio real en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, Casa 1, de la Zona de Achumani, de la Ciudad de La Paz, el mismo no fue considerado por la administradora de justicia demandada, persistiendo en su errónea notificación y vulneración de sus derechos, ante lo cual, y con la finalidad de que no se lo vuelva a poner en estado de indefensión a causa de nuevas erróneas notificaciones, pidió expresamente que se lo notifique con los actuados procesales en su domicilio procesal, sin encontrar oposición de la parte contraria; d) Pese a lo previamente expuesto, nuevamente se enteró extraoficialmente, que fue emitida en su contra la Sentencia 12/”2020” de 18 junio de 2021, que enunciando los arts. 126 y 430 del Código de Procedimiento Penal CPP, fue ejecutoriada mediante Decreto de 10 de octubre de 2021, Sentencia que le fue notificada una vez más en un domicilio real que no le corresponde, negándosele así, la oportunidad de interponer los recursos que en derecho le correspondían y dejándolo en un absoluto estado de indefensión, frente a lo cual, interpuso recurso de reposición que como viene denunciando, no le fue notificado; pero que sin embargo, nuevamente se enteró extraoficialmente de la emisión de un arbitrario Decreto de 8 de noviembre de 2021, que estableció, “Previamente venga con sus antecedentes”, siendo que los antecedentes se encuentran en dicho Tribunal; e) Realizado el seguimiento correspondiente a la causa, se percató de la maliciosa emisión del Mandamiento de Condena de 8 de noviembre de 2021 y la remisión de los antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal Segundo de La Paz, al cual, también maliciosamente se le proporcionó datos falsos de su domicilio real y procesal; Siendo éste, el segundo momento en el que la secretaria demandada juega un papel determinante en el cauce del proceso, toda vez que, fue quien generó la notificación con la Sentencia 12/”2020”, inicialmente sin número, con fecha corregida y consignando nuevamente un domicilio real que no corresponde al ahora accionante de tutela para la notificación con dicha Sentencia, desobedeciendo además la orden de la Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, que dispuso que las partes sean notificadas en sus domicilios procesales.
El impetrante de tutela, denunció la lesión de los derechos a la libertad personal, a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de derecho a recurrir, seguridad jurídica y los principios de igualdad, de presunción de inocencia e in dubio pro-reo; citando para el efecto los arts. 23, 115.II, 116.I, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (C.P.E.).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga que: 1) Se deje sin efecto el decreto de 10 de agosto de 2021 y se oficie Migración para que se levante el arraigo en su contra; 2) Se repongan obrados hasta el vicio más antiguo, para que se lo notifique con la resolución de sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021, en su domicilio real; 3) Se disponga que el Juzgado de Ejecución Penal Segundo de La Paz devuelva obrados al Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz y, se deje sin efecto los mandamientos de condena y captura emitidos en su contra; 4) Se oficie al Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de La Paz -Tomás Eulogio Condori Mamani-, a objeto de que informe y/o certifique respecto a datos específicos del proceso; y, 5) Se oficie al Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del mismo departamento -Wilge Hugo Mendoza Miranda-, a objeto de que informe y/o certifique respecto a datos específicos del proceso.
Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 286 a 292, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, refirió los siguientes argumentos: i) Fueron dos los agravios los que se cometieron en contra de sus intereses, en primer lugar, manifestó que la Juez demandada fue inducida en error por la secretaria demandada, porque se le impuso medidas cautelares entre ellas, el arraigo, sin llamar a audiencia en franco incumplimiento de las formalidades de Ley; ii) Como consecuencia de las irregularidades cometidas en su contra, desde hace más de siete meses no puede ingresar al país debido a que persiste el referido arraigo; iii) Fue declarado rebelde en dos oportunidades, en ambos casos purgó rebeldía con prueba idónea, dando lugar a que se deje sin efecto las medidas personales impuestas en su contra, por lo que pidió que se oficie a migraciones para que se levante el arraigo en su contra, hecho que no ocurrió debido a una serie de supuestos errores, sobre lo cual se vino la pandemia y las medidas administrativas que trajo consigo, entre ellas el cierre de los tribunales de justicia, pese a que la autoridad jurisdiccional, mediante decreto de 1 julio 2021, determinó dar lugar al levantamiento del arraigo; iv) Ante ello, la parte contraria, mediante memorial de 3 agosto 2021, pide la aplicación de medidas cautelares, misma que fue rechazada por la autoridad jurisdiccional, empero, solicita un informe de la Secretaría codemandada, la que emite el informe de 09 agosto de 2021 con situaciones y totalmente falsas, que han servido para que la Juzgadora disponga arraigo en su contra sin llamar a audiencia de medidas cautelares, que, aunque posteriormente se dispuso el desarraigo mediante oficio con Cite T3S Of. 164/2021 de 2 de julio, el mismo no puede ser levantado en Migración debido a una serie de errores en los que incurrió la secretaria demandada; v) En segundo lugar, el 18 julio 2021 se dictó la sentencia 12/”2020” en su contra declarándolo autor del delito de Estelionato, sentencia que fue emitida sin habérsele dado la oportunidad de presentar prueba de descargo y no fue notificado en el domicilio real, pese a que en varias oportunidades se apersonó e hizo conocer su domicilio real; vi) Es así que, a solicitud de la parte contraria, la Juez presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, dispuso que de conformidad al art. 126 del CPP, la resolución judicial queda ejecutoriada sin necesidad de declaración alguna, resolución que como se dijo anteriormente, le fue notificada al accionante en un domicilio que no le corresponde; vii) Habiendo tomado conocimiento extrajudicialmente del mismo, presentó recurso de reposición que no fue atendido favorablemente, por cuanto la Juzgadora dispuso maliciosamente, que “Previamente venga con sus antecedentes", es decir, que para que su solicitud sea considerada, debiera adjuntar todos los antecedentes, aunque los mismos, deberían estar cursantes en ese despacho; viii) Otro agravio identificado radica en el hecho de haber remitido los antecedentes del proceso ante el Juzgado de Ejecución de Penas, con los datos del domicilio completamente errados, induciendo en el mismo error al Juez de Ejecución Penal, puesto que para efectos de su notificación, continuaba figurando la dirección de su ex abogado patrocinante, pese a que incluso éste, desde el año 2020 había hecho conocer que ya no sería el abogado patrocinante del señor Edgar Torrico, devolviendo al Juzgado la documentación original de la notificación erróneamente realizada; ix) Nuevamente, conoció extraoficialmente que se le había notificado con la sentencia en un domicilio que no le correspondía, y que la misma estaba a punto de ejecutoriarse, por lo que presentó recurso de reposición que como se refirió previamente, mereció el Decreto de la Juzgadora que dispuso que previamente venga con sus antecedentes; x) A la fecha existió un mandamiento de condena en su contra, impregnada de hechos irregulares que ha obligado al accionante a recurrir a la instancia constitucional para hacer prevalecer sus derechos y expresar sus denuncias
Jimena Velásquez Albarracín, Jueza Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, no se hizo presente en la audiencia de garantías de 10 de marzo de 2022 y tampoco presentó informe escrito para su consideración, sin embargo, en audiencia, la secretaria de la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, en su informe de notificaciones y la presencia de las partes en audiencia, mencionó que, al momento de la notificación a la autoridad jurisdiccional demandada, se le manifestó que la misma se encontraba con baja médica, aspecto que fue corroborado mediante informe emitido por la secretaria del tribunal, al que adjuntó una copia de la baja médica de la referida autoridad.
Frida Mary Mullisaca Flores, secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, a través de informe cursante a fs. 282 y vta., expresó lo siguiente: a) Es evidente que el 9 de agosto de 2021 elevó informe explicando todos los actuados realizados referente a los Autos de Rebeldía en contra del ahora accionante de tutela, así como de los oficios realizados a diferentes instituciones, en razón de que el accionante presentó memorial adjuntando copia del oficio de 30 de junio de 2021 y, solicitando actualización y corrección del mismo para su remisión a Migración (error en su nombre y el tipo de delito); Al que la Autoridad Jurisdiccional dio curso, emitiéndose nuevo oficio que le fue entregado a Edgar Iban Torrico Vargas; b) Sin embargo, advirtió que se incurrió en error al entregar el oficio a Migración para el desarraigo, sin que se hubiera emitido la correspondiente orden de Ley, por lo que, elevó su informe en ese sentido; y, c) En cumplimiento del art. 163.3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173- de 3 de mayo de 2019 que establece que, "Se notificarán personalmente: 3.- Las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo", se ha generado notificación con la Sentencia 12/”2020” al señor Edgar Iban Torrico Vargas, en la Urbanización Porvenir Calle 1, Número 5 zona Achumani, en razón a que dicha dirección, figuraba tanto en el acta de declaración informativa del accionante, como en el requerimiento conclusivo de la acusación formal, por lo que, al haber actuado en estricto apego a la norma, pidió que se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, constituido en Tribunal Garantías Constitucionales, mediante Resolución 54/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 293 a 297, denegó la tutela bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante manifestó que: 1.a) Habría quedado en absoluto estado de indefensión al habérsele notificado con actuados procesales en un domicilio que no le corresponde, estando de esta manera en peligro su libertad; 2.b) Que como resultado de los agravios denunciados, mediante Decreto de 10 de agosto de 2021 se dispuso su arraigo, se le negó interponer recurso de apelación restringida contra la sentencia, se le privó de la oportunidad para ofrecer prueba de descargo; 3.c) Está siendo ilegalmente perseguido e indebidamente procesado conforme a los preceptos de los arts. 46 y 47 del Código de Procedimiento Constitucional CPCo; 2) De la revisión de los datos del proceso, se evidencia que en la etapa investigativa, el 30 de Abril de 2016, el accionante prestó su declaración haciendo conocer su domicilio real ubicado en la Urbanización Porvenir, Calle 1, Número 5, Zona Achumani de la ciudad de La Paz; 3) El Ministerio Público presentó Acusación Formal de 26 de febrero de 2017 adjuntando croquis del domicilio real señalado en el punto 2, ubicado como se tuvo el inmueble, el 25 de Septiembre de 2018 se procedió a practicar la notificación mediante cedula, sin que haya ofrecido pruebas de descargo, dando lugar a la prosecución del resto de las etapas del proceso (Auto de Apertura de Juicio de 30 de octubre de 2018 y audiencia de juicio oral para el 30 de noviembre de igual año); 4) El entonces abogado del impetrante de tutela, Henry Panique Fernández, presentó memorial de 20 de octubre de 2020, por el cual, poniendo en conocimiento de la Juzgadora que ya no lo patrocina, hecho que no fue tomado en cuenta por la autoridad jurisdiccional; 5) Por memoriales de 18 y 20 de noviembre de 2020, el accionante hace conocer su nuevo domicilio real ubicado en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, Casa 1 de la Zona de Achumani, purgando asimismo, rebeldía; 6) En audiencia virtual de Apertura de Juicio Oral, público y contradictorio de 18 de Junio de 2021, estando presente el abogado del accionante, presentó incidente sobre Actividad Procesal Defectuosa, misma que fue resuelta mediante resolución 18/2021 rechazando dicho incidente y aplicando multa contra el abogado, concluyéndose con la emisión de la resolución 12/”2020” de 18 de junio de 2021, que declara al acusado, Autor del delito de Estelionato; 7) Mediante diligencia de Notificación con la Sentencia, practicada el 8 de septiembre de 2021, en la Urbanización Porvenir, Calle 1, Número 5, Zona Achumani, se puso en conocimiento del accionante el tenor de la misma, la que a través de otra notificación practicada a la misma hora y fecha, se le notificó también en el domicilio de Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto. Casa 1 de Achumani, es decir, que el accionante fue notificado en el domicilio real ofrecido; 8) Por su parte, la secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, evacuó informe de 9 de Agosto de 2021, el cual, mediante Decreto de la Juzgadora, se dispuso que se oficie a la Dirección General de Migración para disponer el arraigo del accionante, la que fue recurrida en reposición, mereciendo el Decreto de 28 de agosto de 2021, que dispone “no ha lugar” a lo solicitado; 9) Puede constarse que las notificaciones fueron realizadas en los domicilios reales que hizo conocer el accionante, mismo que pese a su legal notificación con la sentencia, no planteó los recursos que le franquea la norma, por lo que, no se evidencia vulneración alguna de los derechos y garantías constitucionales aludidos por el accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:
2016, en el cual figura la dirección del domicilio real del ahora accionante, como: Calle 1 Número 5, Zona Achumani, Urbanización Porvenir de la Ciudad de La Paz Vargas (fs. 5 a 6).
2016, en contra del accionante de tutela, presentada por las Fiscales de Materia Adscritas a la Fiscalía Corporativa de Delitos Patrimoniales de la Ciudad de La Paz, ante el Juez de Instrucción Penal Cautelar Sexto de la Capital del departamento de La Paz, en la que figura la dirección del ahora accionante, Urbanización Porvenir, Calle 1, Número 5, Zona Achumani de la Ciudad de La Paz y, solicitan la detención preventiva de Edgar Ibán Torrico Vargas (fs. 7 a 10 vta.).
II.3. Por memorial de 23 de febrero de 2017, dirigida al Juez de Instrucción Penal Cautelar Sexto de la Capital del departamento de La Paz, la Fiscal de Materia Carla Castillo Cortez, formula acusación formal en contra del accionante, por la cual, además dejan constancia del domicilio del imputado, en la Calle 1, Número 5, de la Zona de Achumani de la Ciudad de La Paz (fs. 68 a 70 vta.).
II.4. Mediante Resolución 54/2018 de 30 de octubre de 2018, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, emite el Auto de Apertura de Juicio en contra de Edgar Ibán Torrico Vargas, ahora accionante, fijando la celebración del juicio oral, público y contradictorio para el 30 de noviembre de 2018, a horas 18:00 (fs. 8).
emanada del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, da cuenta que por inasistencia de las partes procesales y pese a su legal notificación, fue emitida la Resolución 034/2018, por la cual, se declaró a Edgar Ibán Torrico Vargas, rebelde ante el presente proceso penal y, se le imponen medidas personales y reales (fs. 104 a 105).
II.6. A través de memorial de 5 de abril de 2019, el accionante purgó rebeldía impuesta en su contra, argumentando que no participó del referido acto procesal porque cambió de domicilio real, entre otros aspectos (fs. 110 vta.).
II.7. En atención al memorial de purga de rebeldía de 5 de abril de 2019, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz emitió el Decreto de 8 de abril de 2019, reponiendo obrados hasta fs. 102 y señalando nuevo día y hora de audiencia para el 30 de abril de 2019, a horas 8:45 (fs. 111).
contradictorio (Suspendidas y reprogramadas); de 30 de abril de 2019 para el 8 de mayo de igual año (fs. 115); de 8 de mayo para el 14 del mismo mes y año (fs. 118); de 14 de mayo para el 31 de igual mes y año (fs. 120); de 31 de mayo de 2019 para el 18 de julio de mismo año (fs. 121); de 18 de julio de 2019 para el 12 de agosto de citado año (fs. 123); de 12 de agosto de 2019 para el 3 de septiembre de indicado año (fs. 125); de 3 de septiembre de 2019 para el 13 del mismo mes y año (fs. 127); de 13 de septiembre 2019 para el 26 de septiembre de mencionado año (fs. 129); de 26 de septiembre de 2019 para el 8 de octubre de mismo año (fs. 132 vta.); de 8 de octubre de 2019 para el 16 de octubre de citado año (fs. 134 vta.); de 16 de octubre de 2019 para el 31 de octubre de igual año (136); de 31 de octubre de 2019 para el 12 de noviembre de mismo año (fs. 142).
II.9. Mediante nota marginal de 13 de noviembre de 2019, se hace constar que no se pudo realizar la audiencia de juicio oral programada para el 12 de noviembre de indicado año, cumpliendo el comunicado del Consejo de la Magistratura que suspendió actividades a consecuencia de los conflictos sociales que se suscitaron en el País, en mérito al cual, mediante decreto de igual mes y año, se reprogramó dicha audiencia para el 26 de noviembre de mencionado año (fs. 145).
II.10. Constan 2 actas de audiencia de juicio oral, público y contradictorio (Suspendidas y reprogramadas); de 26 de noviembre de 2019 para el 8 de enero de 2020 (fs. 150) y de 8 de enero de 2020 para el 27 del mismo mes y año (151).
II.11. Por oficio con Cite: T3S Of. 491/2020 de 12 de febrero, la Juez demandada solicitó al responsable del REJAP del Consejo de la Magistratura, la cancelación de la rebeldía impuesta en contra del accionante (154).
II.12. A través de Decreto de 7 de octubre de 2020, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, señaló nuevo día y hora de audiencia de juicio oral para el 10 de noviembre de 2020, a horas 09:30 a.m. (fs. 161 vta.).
II.13. Cursa memorial de 19 de octubre de 2020, por el cual, Henry Wilding Panique Fernández, ex abogado patrocinante del accionante informa a la Presidente y Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, que dejó el patrocinio del imputado, retirando su domicilio procesal para evitar futuras notificaciones (162).
de 10 de noviembre de 2020, por el que, nuevamente se declara en rebeldía al acusado ahora accionante, imponiéndole medidas personales y reales, como el arraigo (fs. 165 a 166).
II.15. Consta memorial de 18 de noviembre de 2020, mediante el cual, el accionante solicitó fotocopias simples y legalizadas, reiterando además que su domicilio real es en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, casa 1, Achumani (fs. 168).
II.16. El accionante declarado rebelde en audiencia de juicio oral de 10 de noviembre de 2020, nuevamente purga rebeldía mediante memorial de 20 de noviembre de igual año, arguyendo que no se le notificó en su domicilio real y que desconocía del desarrollo de la referida audiencia, reiterando en su Otrosí 3° como su domicilio real, al inmueble sito en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, Casa 1 de la Zona de Achumani, mereciendo Decreto de 23 del mismo mes y año, por el que se señala audiencia de juicio oral, público y contradictorio para el 7 de enero de 2021, se levantan las medidas personales impuestas en su contra, se deja sin efecto la orden de aprehensión y al Otrosí 3°, “Por señalado el domicilio procesal” (fs. 170 a 171).
II.17. Constan 3 actas de audiencia de juicio oral, público y contradictorio (Suspendidas y reprogramadas); de 7 de enero de 2021 para el 9 de abril del mismo año (fs. 172); de 9 de abril de 2021 para el 12 de mayo de 2021 (fs. 173); Y, de 12 de mayo de 2021 para el 18 de junio de igual año (fs. 177).
18 de junio de 2021, en la cual, se rechazó el incidente de nulidad y la prueba extraordinaria interpuesta por el acusado, en cuyo mérito fue emitida la Sentencia 12/”2020” (fs. 184 a 193).
II.19. Se tiene Sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021, misma que, falla declarando al acusado, autor del delito de Estelionato, condenándole a una pena privativa de libertad de cinco años de reclusión en el penal de San Roque de la Ciudad de La Paz, quedando notificadas las partes previa entrega de copia de Ley (fs. 195 a 196).
de 2021, con la presencia del acusador particular y del acusado asistido de su abogado, estando ausente el representante del Ministerio Público, se dio lectura íntegra a la Sentencia 12/”2020”, quedando impuestas las partes por su pronunciamiento y lectura (fs. 194).
II.21. La secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, mediante informe de 9 de agosto de 2021, en cumplimiento al Decreto de 4 de agosto de 2021, dejó constancia de la situación jurídica del accionante y de los trámites seguidos en instancias de dicho Juzgado, en atención al cual, la Jueza demandada emite el Decreto de 10 de agosto de 2021, por el que dispone que se oficie a la Dirección General de Migración para proceder con el arraigo del acusado, entre otros aspectos (fs. 215 y vta.).
II.22. A través del memorial de 27 de agosto de 2021, el acusado interpone recurso de reposición en contra del Decreto de 10 de agosto de igual año (fs. 216 a 218 vta.).
II.23. El Decreto de 28 de agosto de 2021 del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de La Paz, declara NO HA LUGAR al recurso de reposición interpuesto por el accionante mediante memorial de 27 de agosto de 2021 (fs. 219).
*201545003-65*, por el que consta la notificación realizada mediante cédula con testigo de actuación “Franklin Espinoza Gonzales con C.I. 4280550 LP”, a Edgar Ibán Torrico Vargas, a horas 15:00 de 08 de septiembre de 2021, con la Sentencia de 18 de junio de 2021, en su domicilio real de Urbanización Porvenir, Calle 1, Número 5, Zona Achumani (Con croquis), notificación generada el 3 de septiembre de 2021, impresa a horas 5:33:56, por Frida Mary Mullisaca Vargas, secretaria demandada del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, a través de la Gestora de Procesos 3 de La Paz, (fs. 221).
II.25. Cursa otro formulario de notificación con idénticos datos del formulario descrito en la Conclusión III.23 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es decir, código número *201545003-65* generado el 3 de septiembre de 2021, por el que consta la notificación realizada mediante cédula con testigo de actuación (Franklin Espinoza Gonzales con C.I. 4280550 LP), a Edgar Ibán Torrico Vargas, a la misma hora (15:00) del mismo día (8 de septiembre de 2021), con la Sentencia de 18 de junio de 2021, empero, en otro domicilio real, o sea, en el domicilio real señalado por el accionante, sito en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, Casa 1, de la Ciudad de La Paz (datos manuscritos del domicilio), notificación generada el 03 de septiembre de 2021, impresa a horas 5:33:56, por Frida Mary Mullisaca Vargas, secretaria demandada del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, a través de la Gestora de Procesos 3 de La Paz y suscrita por el mismo funcionario de la gestora de procesos cuyos datos son ilegibles, pero con la misma firma (fs. 262).
II.26. La Jueza Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, emitió el Decreto de 10 de octubre de 2021, por el cual, da por ejecutoriada la Resolución 12/”2020” de 18 de junio de 2021, expresando lo siguiente:
“De los datos del proceso de conformidad al Art. 126 del Código de Procedimiento Penal por la que se establece que las Resoluciones Judiciales quedan ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, sin perjuicio de ello a los efectos procesales la Resolución Nro. 12/2020 de fecha 18 de Junio de 2021 quedan expresamente ejecutoriadas y de conformidad al artículo 430 del código de Procedimiento Penal.
Remítase las piezas pertinentes al Juzgado de Ejecución Penal respectivo sea previo sorteo del sistema IANUS debiendo expedirse al efecto los Mandamientos de Condena y en sujeción al artículo 440 de la Ley 1970 de igual manera remítase las coplas pertinentes al Registro de antecedentes Penales y sea con las formalidades de ley” (sic [fs. 225]).
II.27. Mediante memorial de 4 de noviembre de 2021, el accionante, nuevamente hace uso del recurso de reposición, solicitando que: “…los señores jueces técnicos: DR. WILGE MENDOZA MIRANDA y DR: TOMÁS E. CONDORI MAMANI, REPONGAN EL DECRETO DE 10 DE OCTUBRE DE 2021, debiendo anularse el mismo…” (sic.), mismo que mereció Decreto de 8 de noviembre de 2021, por el que se dispone que: “Previamente venga con sus antecedentes” (sic.), solicitando a la vez, que la resolución de Sentencia 12/2020 le sea notificada en su domicilio procesal, que no se remitan obrados ante el Juzgado de Ejecución Penal, en tanto no se ejecutorie la referida resolución de Sentencia, que no se emitan los mandamientos de condena en su contra y no se remitan copias ante el registro de antecedentes penales (sic [fs. 226 a 228]).
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de derecho a recurrir, seguridad jurídica y los principios de igualdad, de presunción de inocencia e in dubio pro-reo; por cuanto, dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Alejandra Patricia Mardonez de Tapia, por el delito de Estelionato, se incurrió en las siguientes irregularidades: i) La Jueza presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, i.1) respecto a la emisión de la Sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021; i.1.1) Lo dejó en absoluto estado de indefensión validando erróneas notificaciones con la Sentencia 12/"2020" de 18 de junio de 2021, efectuada en un domicilio real que no le corresponde, pese a que mediante memoriales de 18 y 20 de noviembre de 2020 señaló el mismo en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, Casa 1 de la Zona de Achumani; provocando que se le prive de su derecho a interponer recursos, ejecutoriando el fallo y remitiéndolo ante el Juzgado de Ejecución Penal para que se libre un ilegal mandamiento de captura en su contra; i.1.2) Mediante el ilegal Decreto de 10 de octubre de 2021, declaró la ejecutoria de la Sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021; i.1.3) Emitió el arbitrario e ilegal Decreto de 8 de noviembre de 2021, que dispuso que para que sea atendido su recurso de reposición, deba previamente adjuntar los antecedentes del proceso; i.2) Respecto al ilegal arraigo; i.2.1) Emitió las resoluciones 034/2018 y 10/2020, por las cuales se lo declaró rebelde sin considerar que las notificaciones para que participe de las referidas audiencias, nuevamente le fueron notificadas en un domicilio que no le pertenece; i.2.2) De oficio, de manera irregular y sin haber desarrollado audiencia previa, en base al informe de 09 de agosto de 2021 emitido por la Secretaria de su despacho, dispuso el arraigo en contra del imputado mediante Decreto de 10 de agosto de 2021; ii) La secretaria abogada del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; ii.1) Maliciosamente, sin ser su responsabilidad y de oficio, emitió el confuso informe de 9 de agosto de 2021, consignando datos falsos de su domicilio, virtud al cual fue arraigado; ii.2) Desobedeciendo lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, que instruyó que se le practique la notificación con la Sentencia en su domicilio procesal, procedió a notificarlo en un domicilio real que no le corresponde; ii.3) Generó la notificación con la Sentencia 12/”2020”, inicialmente sin número, con fecha corregida y consignando nuevamente un domicilio real que no corresponde.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; b) Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial; c) De la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión; y, d) Análisis del caso concreto.
La jurisprudencia que sique está reflejada entre otras en la SCP 0686/2018-S2 de 23 de octubre.
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero1, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
De manera específica, señaló que el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, donde el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior, invocados en el recurso.
En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben 1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…)
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro). 2 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”.
impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen 3 El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 4 El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física. Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas).
actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.
Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidos por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa.
Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
“1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal.
En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.1) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: ii.2) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.
De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. En similar sentido, las resoluciones de medidas cautelares pronunciadas por la autoridad judicial pueden ser impugnadas a través del recurso apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP.
Judicial
Sobre esta temática, la SCP 1572/2003-R de 4 de noviembre, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional- señaló que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias no tienen legitimación pasiva, porque no ejercen la jurisdicción como los jueces sino que, cumplen sus órdenes e instrucciones, salvo que contradigan o alteren las mismas, que fue reiterada por las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y 1093/2010-R de 22 de agosto y 1521/2014 de 16 de julio.
Ahora bien, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, dentro de una acción de libertad desarrolló el fundamento jurídico respecto a la legitimación pasiva en funcionarios subalternos, reiterando el entendimiento efectuado en las Sentencias Constitucionales 1093/2010-R de 23 de agosto, la que a su vez repitió la SC 0332/2010-R de 17 de junio. 7 El F.J.III.2 señaló que: ”Cabe recordar que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8 En el F.J.III.4, sobre la legitimación pasiva en funcionarios subalternos refirió que: “Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 23 de agosto, reiteró: “…la jurisprudencia de éste Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: “Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció ´…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…). Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo'. Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno” (las negrillas nos corresponden).
Por su parte la SCP 0326/2014 de 21 de febrero, desarrolló el fundamento jurídico sobre la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional en acción de libertad, reiterando el entendimiento desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1121/2012 de 6 de setiembre, 0691/2012 de 2 de agosto y 1093/2010-R, expresando que la referida acción debe dirigirse contra las personas o autoridades que son responsables del acto ilegal y que lesiona sus derechos, posibilitando así que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese en el análisis de la problemática planteada, en este entendido la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial; por lo que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, en consecuencia carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, considerando que su función es acatar órdenes o instrucciones de su superior, excepto cuando no asumen la determinación de la autoridad jurisdiccional y siempre y cuando implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Asimismo, la referida SCP 0326/2014 fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0965/2014 de 23 de mayo, 1521/2014 de 16 de julio y 359/2016-S1 de 17 de abril.
Siguiendo el desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, sobre 9 El F.J. III.4, señaló que: “La acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal y que una vez interpuesta la misma la autoridad judicial ordenará “…la citación, persona o por cédula, a la autoridad o persona denunciada…” (art. 126.I de la CPE), de ahí que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que incurrió en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos tutelados por este mecanismo de defensa. Al respecto, la SCP 1121/2012 de 6 de septiembre, estableció: “En consecuencia se tiene que, el ciudadano que pretenda activar la acción de libertad, tiene el deber de dirigir dicha acción de defensa contra la o las personas o autoridades responsables o ejecutantes del acto considerado ilegal y que lesiona sus derechos, los cuales necesariamente deben encontrarse vinculados o conexos con el derecho a la libertad; a contrario sensu, se neutraliza la acción de libertad impidiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis de la problemática planteada; razón por la cual, se constituye en un requisito fundamental para que el Tribunal de garantías y este Tribunal en revisión, puedan dilucidar aspectos inherentes al hecho objeto de tutela” . Con relación a los funcionarios de apoyo judicial, el art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial, cuyas funciones según los arts. 94, 95, 101 y 105 de la citada disposición legal, son de apoyo judicial, dirigida al buen funcionamiento de los diferentes despachos. Entonces, si el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces que son los encargados de impartir justicia y cuyas decisiones generan efectos o consecuencias jurídicas susceptibles de lesionar un derecho subjetivo o interés legítimo, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, dado que su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. En otros términos, las servidoras y los servidores de apoyo judicial, no cuentan con legitimación pasiva para ser demandados; por cuanto por expresa disposición de los arts. 83, 94, 95, 101 y 105 de la LOJ, su función se limita a acatar órdenes del Juez o Tribunal a cargo del conocimiento de la causa. En ese sentido también se pronunció la SCP 0691/2012 de 2 de agosto, al afirmar: “Debido a que el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales; si el órgano jurisdiccional, conocedor del acto u omisión del funcionario subalterno, no reconduce el procedimiento y lo convalida, asume la responsabilidad, deslindando al funcionario (SC 1093/2010-R de 27 de agosto)”. 10 En el F.J.III.2 señaló que: “…el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes este tema en la acción de libertad realizó un cambio de línea respecto al entendimiento efectuado en las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y en la 1279/2011-R de 26 de septiembre, señalando que:
“…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente,…”
La referida SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0759/2015-S2 de 24 de junio, de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial” (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras [las negrillas nos corresponden]). En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: “ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo” (las negrillas son nuestras). Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas y el subrayado son añadidos). De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”.
0244/2016-S2 de 21 de marzo, 1110/2017-S2 de 23 de octubre, 0798/2018-S3, 0259/2019-S1 de 15 de mayo, entre otras.
Finalmente, asumiendo el cambio de línea jurisprudencial de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada precedentemente, tomando en cuenta el entendimiento expresado en las Sentencias Constitucionales 1572/2003-R y 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció como sub regla que tales funcionarios carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares; tomando en cuenta que no cumplen una función jurisdiccional, estableciendo como excepción a la citada sub regla para ser demandados en dichas acciones tutelares en tres supuestos, los cuales son los siguientes:
“…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva…”.
La referida SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0048/2018-S1 de 23 de marzo, 0638/2019-S1 de 22 de octubre, 0882/2019-S2 de 25 de septiembre, 0055/2020-S3 de 12 de marzo, entre otras.
La SCP 0456/2018-S2 de 27 de agosto, en cuanto a la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión, señaló lo siguiente: Ahora bien, respecto a la declaratoria de rebeldía y sus efectos, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0772/2012 de 13 de agosto, precisó las dos formas de comparecencia del rebelde en el proceso penal de acuerdo al art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo estas: a) La comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión; y, b) La comparecencia del rebelde al proceso penal en ejecución del mandamiento de aprehensión; sobre la primera forma, dejó claro que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado, el mandamiento de aprehensión no tendría ninguna razón de persistir, por lo que debe dejársela sin efecto, así como la declaratoria de rebeldía dispuesta, al haberse cumplido el objetivo del mismo cual era que el imputado comparezca ante la autoridad competente; caso contrario se estaría frente a una persecución ilegal.
Respecto a la segunda forma de comparecencia, es decir, cuando se ejecutó el mandamiento de aprehensión poniendo al imputado a disposición del juez o tribunal, la Sentencia estableció que el proceso debe continuar con su trámite; por lo que, igualmente corresponde dejar sin efecto las órdenes emitidas, por cuanto pese de no haber sido voluntaria la presencia del imputado, el mandamiento de aprehensión no puede seguir subsistiendo ya que al haberse ejecutado este cumplió su objetivo; en tal sentido la causa debe continuar con su tramitación, con la salvedad que el juez o tribunal del proceso que hubiese declarado la rebeldía, una vez que sea conducido ante su despacho el imputado, deberá celebrar la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica.
Con similar razonamiento, la SCP 0811/2012 de 20 de agosto, estableció que el art. 91 del CPP es claro al determinar que cuando el rebelde 11. El FJ III.6, señala: “En la problemática planteada, se tiene de los antecedentes, que dentro del proceso penal seguido contra el hoy accionante, el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, señaló audiencia de consideración de incidentes, excepciones y medidas cautelares para horas 15:30 del 13 de junio de 2012, oportunidad en la cual, ante la inasistencia del imputado a la hora señalada y a solicitud de la parte querellante y Ministerio Público, declaró la rebeldía del encausado ordenando la emisión de mandamiento de aprehensión y arraigo.
Ahora bien, como se dijo, tiene que quedar claro que la resolución de declaratoria de rebeldía tiene como consecuencia la emisión del mandamiento de aprehensión, el arraigo y la publicación de los datos y señales personales del imputado en los medios de comunicación, para su búsqueda y aprehensión, esto con la finalidad de lograr que el declarado rebelde acuda a la citación o llamamiento judicial y la investigación o el proceso penal continúen.
En ese sentido, el art. 91 del CPP, es claro al determinar que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; añadiendo que si el imputado justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza.
En este marco, se tiene claramente identificado que la pretensión del imputado ahora accionante, es anular por la vía constitucional, el auto que lo declara rebelde y por su efecto, el mandamiento de aprehensión dispuesto; en este sentido, si acogemos el petitorio de tutela mencionado, éste Tribunal Constitucional Plurinacional, estaría ingresando al análisis de una situación jurídica y valoración que le corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, específicamente a la autoridad ahora demandada quien bajo la facultad y aplicación del art. 91 del CPP, descrito, puede dejar sin efecto en el día o en un plazo razonable, las medidas que ahora considera lesivas a sus derechos, el hoy accionante.
Bajo este razonamiento, si bien el accionante denuncia que la audiencia señalada para el 13 de junio de 2012 a horas 15:30, se instaló media hora antes de lo previsto, no es menos evidente que el imputado, inmediatamente podía acudir ante la autoridad demandada quien emitió el auto de rebeldía y justificar su incomparecencia o impedimento en los mismos términos que lo hace ahora vía jurisdicción constitucional y de esta forma, otorgar la oportunidad de que el Juez competente se pronuncie a la luz del art. 91 del CPP, o sea, aplicando el camino procedimental trazado por la voluntad del legislador con la finalidad de que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado; en merito a ello, compartimos la posición del Juez demandado quien en su informe de ley, independientemente de indicar que a la fecha no se han expedido el mandamiento de aprehensión al estar sujeto a la publicación de edictos, refiere en su defensa que, si el imputado pretendía anular la resolución de rebeldía, la vía de solución es acudir a su autoridad para así efectivizar los efectos que conlleva el artículo ya citado del Código de Procedimiento Penal. Otra situación seria, si en el caso de que el imputado active el procedimiento que le otorga la ley de apersonarse ante el Juez o Tribunal con la finalidad de justificar su incomparecencia y la autoridad jurisdiccional se pronuncie saliéndose de la norma o contrariamente a los derechos y garantías de imputado, recién se podrá acudir ante esta jurisdicción buscando la tutela efectiva para restablecer los derechos presuntamente lesionados al no existir medio procesal o norma para el efecto; pues si activamos directamente la acción tutelar, no solo desconocemos un procedimiento específico establecido por la ley, sino, invadiendo la jurisdicción ordinaria podríamos dejar -por consecuencia- sin validez una resolución de declaratoria de rebeldía que conforme establece el art. 90 del CPP, tiene como uno de sus efectos, el interrumpir la prescripción; por eso mismo, el imputado tiene una puerta abierta jurídicamente, para intentar revocar o anular la resolución que ahora se denuncia mediante la presente acción de defensa y en consecuencia, dejar sin efecto las medidas provisionales adoptadas, claro está, previa valoración y resolución fundamentada resultado de la sana critica del Juez.
En este sentido -en el caso concreto- queda claro que la comparecencia ante la autoridad jurisdiccional para justificar la inasistencia a su llamado, es un medio sencillo, rápido, oportuno y eficaz para anular la resolución de declaratoria de rebeldía, por ello, la interpretación normativa debe realizarse en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales, en concordancia con los preceptos y principios constitucionales; además, debe efectuarse dicha interpretación, de acuerdo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquella como sucede en el presente caso”
comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; consiguientemente, es ante la autoridad jurisdiccional que dispuso la rebeldía de la o el imputado ante quien corresponde acudir, compareciendo en el proceso, a efecto de que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado.
La misma Sentencia aclaró que diferente es la situación de aquella o aquel imputado que pese a haber activado el procedimiento que le otorga la ley, apersonándose ante la autoridad judicial a objeto de justificar su incomparecencia, dicha autoridad se pronuncia de manera contraria a la norma, vulnerando los derechos y garantías del imputado, supuesto en el cual es posible acudir a la justicia constitucional, a través de la acción de libertad, buscando que se reestablezcan los derechos presuntamente vulnerados, al no existir medio procesal o norma para el efecto. Conforme lo anotado, queda claro que antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto como efecto de la rebeldía, existe la posibilidad que el rebelde pueda presentarse voluntariamente ante la autoridad judicial que declaró su rebeldía, justificando en su caso su ausencia al actuado judicial convocado, siendo este, el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y las otras disposiciones dictadas, aclarando que incluso pese a haberse presentado algún tipo de justificativo con carácter previo a la declaratoria de rebeldía, igualmente el imputado deberá posteriormente presentarse ante el juez o tribunal para solicitar se deje sin efecto la misma y todas las ordenes dispuestas, independientemente que la autoridad judicial no haya considerado valederas las razones de su incomparecencia; pues, solo agotada la presentación voluntaria, recién será viable recurrir a la acción de libertad, solicitando se deje sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión, cuando estas medidas persistan pese de la presentación voluntaria del imputado o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto.
Complementando el razonamiento la SCP 1203/2012 de 6 de septiembre, indicó que, como el mandamiento de aprehensión se origina en una declaratoria en rebeldía contra quien evita o rehúye someterse a un proceso iniciado en su contra, por evadir, no comparecer, incumplir una orden judicial o ausentarse sin justa causa del lugar donde reside, demostrando una actitud indiferente en el proceso; al presentarse el rebelde ante la autoridad que lo convocó o al ser puesto a su disposición deben cesar automáticamente los efectos establecidos por el art. 89 del CPP, no obstante, ante la imposibilidad de cubrir previamente la obligación pecuniaria, el juez debe aceptar su comparecencia y otorgarle un plazo para cumplir las costas de su rebeldía, dejando sin efecto dicho mandamiento. Finalmente, es importante hacer referencia a la SCP 2029/2013 de 13 de noviembre que, a partir del principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE, sostiene que cuando el declarado rebelde en juicio presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso, aunque no se señale expresamente su apersonamiento, será reconducido al art. 91 del CPP.
De las normas constitucionales, procesales y la jurisprudencia constitucional citadas precedentemente, se concluye que el derecho a la libertad no puede estar condicionado al cumplimiento de obligaciones económicas impuestas en la declaratoria de rebeldía, debiendo la autoridad jurisdiccional otorgar un plazo prudente para el efecto. Conforme a ello, la exigencia del cumplimiento de las medidas pecuniarias dispuestas en la declaratoria de rebeldía, como condición para su comparecencia y dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión, se constituye en una medida que restringe el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y amenaza el derecho a la libertad, constituyéndose en una persecución indebida, en la modalidad preventiva de la acción de libertad, explicada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia.
pecuniaria. A este efecto, se debe considerar que, la libertad del imputado se encuentra en peligro a consecuencia de la declaratoria de rebeldía y no puede condicionarse su apersonamiento o comparecencia a un factor estrictamente económico” (las negrillas nos corresponden).
13. El FJ III.3, refiere: “Una vez ejecutado el mandamiento y conducido el imputado a la presencia de la autoridad judicial, o si el rebelde decide comparecer de manera voluntaria ante quien dispuso dicha medida, las consecuencias o los efectos establecidos en el art. 89 incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del CPP, cesan automáticamente, ello significa que el proceso debe retrotraerse al momento en que se dispuso la rebeldía y seguir el curso normal. El art. 91 del CPP, al referirse a la comparecencia del imputado hace alusión a las costas de rebeldía, que al tenor de la citada disposición legal, ellas deben ser cubiertas por el imputado o en su defecto por su fiador; sin embargo, nótese que dicho aspecto no es un condicionante directo para que la autoridad judicial acepte la comparecencia del declarado rebelde; es decir, el imputado puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se haya cubierto esta obligación (costas de rebeldía); lo cual no significa que deba dejarse de lado lo estipulado expresamente en la norma. De presentarse el imputado sin haber cumplido la obligación económica, el juez de la causa no está impedido para aceptar su comparecencia, al contrario, debe aprobarlo y otorgarle un plazo prudente para que cumpla con la obligación pecuniaria. A este efecto, se debe considerar que, la libertad del imputado se encuentra en peligro a consecuencia de la declaratoria de rebeldía y no puede condicionarse su apersonamiento o comparecencia a un factor estrictamente económico” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de derecho a recurrir, seguridad jurídica y los principios de igualdad, de presunción de inocencia e in dubio pro-reo; por cuanto, dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Alejandra Patricia Mardonez de Tapia, por el delito de Estelionato, se incurrió en las siguientes irregularidades: 1) La Jueza presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, 1.a) respecto a la emisión de la Sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021; 1.a.a) Lo dejó en absoluto estado de indefensión validando erróneas notificaciones con la Sentencia 12/"2020" de 18 de junio de 2021, efectuada en un domicilio real que no le corresponde, pese a que mediante memoriales de 18 y 20 de noviembre de 2020 señaló el mismo en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, Casa 1 de la Zona de Achumani; provocando que se le prive de su derecho a interponer recursos, ejecutoriando el fallo y remitiéndolo ante el Juzgado de Ejecución Penal para que se libre un ilegal mandamiento de captura en su contra; 1.a.b) Mediante el ilegal Decreto de 10 de octubre de 2021, declaró la ejecutoria de la Sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021; 1.a.c) Emitió el arbitrario e ilegal Decreto de 8 de noviembre de mismo año, que dispuso que para que sea atendido su recurso de reposición, deba previamente adjuntar los antecedentes del proceso; 1.b) Respecto al ilegal arraigo; 1.b.a) Emitió las resoluciones 034/2018 y 10/2020, por las cuales se lo declaró rebelde sin considerar que las notificaciones para que participe de las referidas audiencias, nuevamente le fueron notificadas en un domicilio que no le pertenece; 1.b.b) De oficio, de manera irregular y sin haber desarrollado audiencia previa, en base al informe de 09 de agosto de 2021 emitido por la Secretaria de su despacho, dispuso el arraigo en contra del imputado mediante Decreto de 10 de agosto de 2021; 2) La secretaria abogada del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; 2.a) Maliciosamente, sin ser su responsabilidad y de oficio, emitió el confuso informe de 9 de agosto de 2021, consignando datos falsos de su domicilio, virtud al cual fue arraigado; 2.b) Desobedeciendo lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, que en audiencia de lectura de Sentencia instruyó que se le practique la notificación con la misma en su domicilio procesal, procedió a notificarlo en un domicilio real que no le corresponde; 2.c) Generó la notificación con la Sentencia 12/”2020”, inicialmente sin número, con fecha corregida y consignando nuevamente un domicilio real que no corresponde.
De los antecedentes descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que, durante la tramitación del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Alejandra Patricia Mardonez de Tapia, en contra del ahora accionante por el delito de Estelionato, la demandada Jueza Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, el 30 de octubre de 2018 emitió la Resolución 54/2018, aperturando Juicio oral, público y contradictorio en contra del ahora accionante de tutela y señalando audiencia de juicio para el 30 de noviembre de igual año (Conclusiones II.4); Instalada la audiencia de juicio oral, el 30 de noviembre de 2018, ésta fue suspendida por inasistencia de las partes procesales, empero, previamente fue emitida la Resolución 034/2018 de igual fecha, que declaró rebelde al acusado, y le impone medidas personales y reales (Conclusiones II.5); Anoticiándose de la emisión de la Resolución 034/2018, el ahora accionante presentó memorial de 5 de abril de 2019, purgando rebeldía bajo el argumento de no haber participado de la referida audiencia porque no fue notificado correctamente, toda vez que había cambiado de domicilio real, misma que fue favorablemente considerada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, el que, mediante Decreto de 8 de abril de 2019, repuso obrados hasta fs. 102 y señaló nuevo día y hora de audiencia de juicio oral para el 30 de abril de 2019 (Conclusiones II.6 y II.7).
Posteriormente, en el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2019 y el 27 de enero de 2020, se señalaron quince audiencias de juicio oral, público y contradictorio que fueron suspendidos a su turno, debido a diferentes factores procesales, tales como: La ausencia de las partes, ausencia del representante del Ministerio Público, falta de notificación a las partes, entre otras (Conclusiones II.8, II.9 y II.10).
Continuando con la tramitación del juicio, se dieron una serie de actuados procesales como la solicitud de cancelación de rebeldía del acusado, que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de La Paz efectuó al REJAP mediante Oficio T3S Of. 491/2020 de 12 de febrero; El Decreto de 7 de octubre de 2020 por el que nuevamente se señaló audiencia de juicio oral para el 10 de noviembre de igual año, el memorial de 19 de octubre de 2020 que presenta el ex abogado patrocinante del accionante, ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, por el que hace conocer que dejó de patrocinarlo y retira su domicilio procesal para futuras notificaciones; La audiencia de Juicio oral de 10 de noviembre de 2020, a la cual, no asistió el acusado pese a que se lo notificó en su domicilio procesal, mereciendo la resolución 10/2020 que nuevamente lo declara rebelde y le impone medidas personales y reales; En ese ínterin, el accionante presenta memorial de 18 de noviembre de 2020, solicitando fotocopias simples y legalizadas y aprovecha para reiterar que su domicilio real es en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, casa 1, Achumani; El 20 de noviembre de 2020, mediante memorial, el accionante purga rebeldía expresando que no fue notificado en su domicilio real para que él pueda participar del mencionado actuado procesal y que desconocía del desarrollo de la audiencia, reiterando una vez más que su domicilio real es en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, casa 1, Achumani; Dando lugar a la emisión del Decreto de 23 de igual mes y año, por el que se le levantan las medidas personales y se deja sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra y se señala nuevo día y hora de audiencia de juicio oral para el 7 de enero de 2021 (Conclusiones II.11, II.12, II.13, II.14, II.15 y II.16).
Nuevamente se llama a juicio oral el 7 de enero, para el 9 de abril y para el 12 de mayo, todos de 2021, suspendidas y reprogramadas a su turno por las razones expuestas previamente (Conclusiones II.17).
Finalmente se desarrolla el juicio oral, público y contradictorio, el 18 de junio de 2021, mismo, que dio lugar a la emisión de la Sentencia 12/"2020" declarando al acusado, autor del delito de Estelionato y condenándolo a una pena privativa de libertad de cinco años de reclusión, a ser cumplida en el penal de San Roque de la Ciudad de La Paz; Sentencia que fue leída en audiencia de 24 de junio de 2021 (Conclusiones II.18, II.19 y II.20).
Respecto del arraigo del ahora accionante, la secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en atención al Decreto de 4 de agosto de 2021, emitió informe de 9 de agosto del mismo año, dando a conocer las actuaciones procesales que se desarrollaron en ese despacho, mismos que determinaron el referido arraigo, en mérito a dicho informe, la Jueza demandada emitió el Decreto de 10 de agosto igual año, disponiendo que se oficie a la Dirección General de Migración para proceder con el arraigo del acusado (Conclusiones II.21); Mediante memorial de 27 de agosto de 2021, el accionante interpone Recurso de Reposición en contra del Decreto de 10 de agosto de 2021, mereciendo Decreto de 28 del mismo mes y año, mediante el cual, la Jueza Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, declara NO HA LUGAR al mencionado recurso de reposición (Conclusiones II.22 y II.23).
El 8 de septiembre de 2021 y mediante cédulas con el mismo testigo de actuación, fue notificado el accionante con la Sentencia 12/"2020" de 18 de junio de 2021, en los domicilios reales de Huantaqui, Condominio Monte Alto, casa 1 de la Ciudad de La Paz, y de Urbanización Porvenir, Calle 1, Número 5, Zona Achumani (Conclusiones II.24 y II.25); Posteriormente, se tiene que La Jueza Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de La Paz emitió el Decreto de 10 de octubre de 2021, por el cual, al amparo de lo establecido por los arts. 126 y 430 del CPP, da por ejecutoriada la “Resolución 12/2020 de 18 de junio de 2021” (Conclusión II.26); Finalmente, mediante memorial de 4 de noviembre de 2021, presentado el 5 de igual mes y año, el accionante interpuso recurso de reposición en contra del Decreto de 10 de octubre de 2021, solicitando que el mismo sea anulado, que la Resolución de 12/2020 le sea notificada en su domicilio procesal, que no se remitan obrados ante el Juzgado de Ejecución Penal, en tanto no se ejecutorie la referida resolución de Sentencia, que no se emitan los mandamientos de condena en su contra y no se remitan copias ante el registro de antecedentes penales (Conclusiones II.27).
Bajo estos antecedentes corresponde ingresar al análisis de los problemas jurídicos planteados.
Respecto a la Autoridad demandada
12/”2020” de 18 de junio de 2021 i) Sobre el agravio referido su errónea notificación, por haberse efectuado en un domicilio real que no le corresponde
Al respecto, conforme se ha expresado previamente, de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional de manera excepcional ha establecido excepciones que imposibilitan acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad para resolver la vulneración del derecho a la libertad o de locomoción y por ende la aplicación del principio de subsidiariedad; al respecto, para el caso presente y en relación a la parte demandada, se tiene que el accionante ha denunciado sobre ellas, la vulneración de sus derechos cuando, la Jueza presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, lo dejó en absoluto estado de indefensión validando erróneas notificaciones con la Acusación Fiscal y la Resolución 12/"2020" de 18 de junio de 2021, efectuadas en un domicilio real que no le corresponde, provocando que se lo declare rebelde en dos oportunidades, se le prive de su derecho a interponer recursos y proponer prueba de descargo, ejecutoriando el fallo y remitiéndolo ante el Juzgado de Ejecución Penal para que se libre un ilegal mandamiento de captura en su contra; no obstante, de la minuciosa revisión de los antecedentes traídos en revisión ante esta instancia constitucional, se constata que el ahora accionante de tutela fue notificado con la extrañada Resolución 12/"2020" de 18 de junio de 2021 en dos domicilios reales, uno sito en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, Casa No. 1 de la Zona de Achumani, y el otro en la Urbanización Porvenir, Calle 1, Número 5, Zona Achumani, ambos el 8 de septiembre de 2021, a horas 15:00 y que, se consignaron a excepción de la dirección, datos idénticos en las cédulas de notificación; que pese a haber denunciado a la referida notificación como maliciosa, no recurrió ante la autoridad jurisdiccional competente haciendo uso del Incidente de actividad procesal defectuosa contra los hechos denunciados en su memorial de demanda de acción de libertad; considerando que, dicho mecanismo de defensa no ha sido planteado en el caso que nos ocupa, tornando aplicable la jurisprudencia desarrollada, en el citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que establece que, la jurisdicción constitucional se activa cuando ya no exista otra vía oportuna e inmediata para restituir los derechos vulnerados; es decir, cuando se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios y cuando los medios de impugnación no resultaren eficaces y oportunos y, a consecuencia de ello subsista la lesión, dejando claro que ésta vía constitucional no es un medio alternativo ni sustitutivo de la jurisdicción ordinaria; por lo tanto, sin ingresar al fondo de la problemática planteada en este punto, corresponde denegar la tutela respecto de la autoridad jurisdiccional demandada. ii) Respecto a la emisión de los Decretos de 10 de octubre de 2021 que declaró la ejecutoria de la Resolución 12/”2020” de 18 de junio de 2021 y, de 8 de noviembre de 2021, que estableció que para que para que sea atendido su recurso de reposición, deba previamente adjuntar los antecedentes del proceso.
En lo concerniente al Decreto de 10 de octubre de 2021, incumbe remitirnos a lo dispuesto por el art. 126 del CPP, que con relación a las resoluciones ejecutoriadas, estableció que, “Las Resoluciones judiciales quedarán ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, cuando no se hubiesen interpuesto los recursos en los plazos legales o no admitan recursos ulteriores”.
Siendo taxativo como lo es, lo instituido por el artículo precedentemente expuesto, es posible colegir que lo establecido por la autoridad jurisdiccional demandada y lo plasmado en el referido Decreto de 10 de octubre de 2021, estuvo sujeto a derecho, por lo que, corresponde denegar la tutela respecto de este agravio denunciado. Ahora bien, sobre lo dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre de 2021, que, en relación al memorial de interposición de recurso de reposición en contra del Decreto de 10 de octubre de 2021, expresó que, “Previamente venga con sus antecedentes”; El mismo resultó ser arbitrario e irracional, toda vez que, habiéndose tramitado la causa en el referido Tribunal, es lógico establecer que los antecedentes de la causa se encuentren en dicho Tribunal y, de no ser así, de haberse remitido los antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal, no corresponde exigir al imputado como condición previa al tratamiento de su recurso de reposición, la obtención de los antecedentes del proceso, siendo aquella, la responsabilidad de la Jueza demandada; correspondiendo en consecuencia, la anulación del Decreto de 8 de noviembre de 2021, debiendo la autoridad demandada, reconducir y desarrollar si corresponde, la respectiva audiencia que resuelva positiva o negativamente el referido recurso de reposición, por lo que, incumbe conceder la tutela respecto del presente agravio denunciado.
El accionante denunció que fue declarado rebelde durante el desarrollo de las audiencias de 30 de noviembre de 2018 en la cual fue emitida la Resolución 034/2018; y de 10 de noviembre de 2020 donde fue emitida la Resolución 10/2020, a las cuales no tuvo la oportunidad de acudir debido a que fue notificado en un domicilio que no le corresponde, aspecto que lo dejó en un estado de indefensión, por lo que, al haber conocido extraoficialmente de las declaratorias de rebeldía, las purgó a su turno mediante los memoriales de 5 de abril de 2019 y de 20 de noviembre de 2020, respectivamente; que, habiéndosele levantado en primera instancia todas las medidas impuestas en su contra y, en una segunda instancia, solamente las de carácter personal, manteniendo las medidas de carácter real, el Tribunal de la causa incurrió en una innecesaria demora en la remisión del oficio a migraciones para hacer conocer que le fue levantado el arraigo, cometiéndose además, sospechosos errores en la emisión del referido oficio, lo cual fue aprovechado por la parte opositora para pedir complementación y el arraigo del accionante, solicitud que fue rechazada por la Jueza demandada, quién además, también aprovechó la oportunidad para solicitar un informe a su personal subalterno. Aquí, la secretaria abogada del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, de manera maliciosa y oficiosa, y sin ser su responsabilidad, emitió el informe de 09 de agosto de 2021 con datos falsos de su domicilio, en base al cual, la autoridad jurisdiccional demandada, dispuso el arraigo en contra del imputado mediante Decreto de 10 de agosto de 2021, sin haber llamado ni haber desarrollado audiencia previamente. En ese marco, para el caso presente, se debe tener en cuenta que, los actos considerados lesivos, tienen vinculación directa con el derecho a la libertad del ahora accionante, en emergencia de las declaratorias de rebeldía dispuestas en su contra mediante las ya mencionadas Resoluciones 034/2018 y 10/2020 y las medidas extremas determinadas al efecto; por lo que, cabe también precisar, que respecto al segundo supuesto el agotamiento de los medios de impugnación, concierne considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala, que para la apertura de la vía constitucional cuando se solicita dejar sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión dispuestos dentro un proceso penal, es necesario agotar la presentación voluntaria ante la autoridad judicial que declaró su rebeldía, justificando en su caso su ausencia al actuado judicial convocado, siendo este, el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y las otras disposiciones dictadas, aclarando que incluso pese a haberse presentado algún tipo de justificativo con carácter previo a la declaratoria de rebeldía, igualmente el imputado deberá posteriormente presentarse ante el juez o tribunal para solicitar se deje sin efecto la misma y todas las ordenes dispuestas, independientemente que la autoridad judicial no haya considerado valederas las razones de su incomparecencia; pues, solo agotada la presentación voluntaria, recién será viable recurrir a la acción de libertad, es decir, cuando estas medidas persistan pese de la presentación voluntaria del imputado o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto. Siendo que en el presente caso, como ya se dijo, el ahora accionante de tutela fue declarado rebelde en dos oportunidades, a las cuales purgó rebeldía mediante la presentación de los memoriales de 5 de abril de 2019 y de 20 de noviembre de 2020, respectivamente, expresando que le fueron notificadas con el desarrollo de las audiencias, en un domicilio procesal que no le corresponde, mereciendo en primera instancia el Decreto de 8 de abril de 2019 que repuso obrados hasta fs. 102 y levantó todas las medidas impuestas en su contra y, posteriormente un nuevo Decreto que levantó las medidas de carácter personal en su contra, pero mantuvo las de carácter real, dejando además sin efecto las órdenes dispuestas en su contra para su comparecencia; No pesando sobre él el arraigo, la parte opositora al ahora accionante, aprovechó la demora y los errores del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, en la remisión del oficio correspondiente ante la oficina de migraciones para solicitar complementación y el arraigo del imputado, petición que fue rechazada por la Jueza demandada, quien paralelamente solicitó informe al respecto, siendo evacuado el mismo por la secretaria demandada, el 9 de agosto de 2021; en mérito al cual, la autoridad jurisdiccional demandada, mediante Decreto de 10 de agosto de 2021, dispuso el arraigo del imputado, incumpliendo lo establecido por el art. 231.I.8. bis del CPP, que dispone que, “I. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes: 8. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes…” (las negrillas son añadidas).
En consecuencia, este Tribunal no puede dejar de advertir este hecho irregular, máxime, que no se advierte que para la emisión del Decreto de 10 de agosto de 2021, la autoridad demandada hubiese llamado a audiencia para no dejar en indefensión a las partes y que éstas puedan hacer valer sus pretensiones en igualdad de condiciones a los efectos convocados y producto del cual, la Jueza demandada pueda dar mayor certeza a su determinación respecto a la disposición del arraigo del ahora accionante, más aun, cuando su determinación se basó en un informe presentado por la secretaria demandada. Bajo ese marco de análisis, concierne dejar sin efecto el arraigo dispuesto por el Auto de 10 de agosto de 2021, debiendo la autoridad demandada acomodar estrictamente su accionar a lo establecido en el CPP; tomando en cuenta tales precisiones, corresponde conceder la tutela solicitada al presente agravio denunciado.
Respecto a la Secretaria demandada
De la problemática identificada, se extrae que el accionante, también denuncia que la secretaria habría contribuido en la vulneración de sus derechos, por cuanto, emitió el confuso informe de 9 de agosto de 2021, consignando datos falsos de su domicilio real, virtud al cual fue arraigado; Desobedeció lo dispuesto por la Jueza demandada y en lugar de notificarla en el domicilio procesal del accionante, lo notificó en un domicilio real que no le pertenece; y, Generó la notificación con la Sentencia 12/”2020”, sin número, con fecha corregida y consignando nuevamente un domicilio real que no le corresponde; al respecto, previamente incumbe precisar que, en relación a los funcionarios subalternos, conforme se ha expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares; empero, se han establecido tres presupuestos por los cuales es posible demandarlos, siendo estos los siguientes:
“…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva…”.
Concretamente, para el caso de la secretaria demandada, es importante remitirnos también al art. 56.I.6 de La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173- de 3 de mayo de 2019, que, en relación a las obligaciones comunes de las secretarias y los secretarios, ha establecido lo siguiente:
“…Artículo 56. (SECRETARIOS). I. La jueza, el juez o tribunal será asistido con la debida diligencia en el cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá como funciones propias las siguientes: 6. Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos conforme a reglamentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus respectivas competencias;”
Concordante con el art. 94.I.6.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), -Ley 025- de 24 de junio de 2010, que, entre las obligaciones comunes de las secretarias y los secretarios, se tiene a las de:
“6. Emitir informes que se les ordene; 7. Redactar la correspondencia”.
En ese contexto, identificadas como se tienen las problemáticas y los agravios denunciados en contra de la secretaria demandada y que, en criterio del accionante, habría provocado la vulneración de sus derechos, y que, habría argumentado causal suficiente que demostraría su responsabilidad en el cauce del proceso, por lo que, se ingresará a compulsar cada una de las problemáticas planteadas para la servidora de apoyo jurisdiccional.
Revisados como se tienen los antecedentes de la presente acción de libertad; en líneas precedentes, se precisó que el accionante denunció que la Secretaria demandada emitió de oficio, de manera confusa y con datos falsos de su domicilio, el Informe de 9 de agosto de 2021, en base al cual, la Juzgadora demandada habría emitido el Decreto de 10 del mismo mes y año, disponiendo su arraigo; Al respecto, conforme se ha precisado líneas arriba, el art. 94.I.6 de la Ley 025 otorga a las secretarias y los secretarios, la obligación de emitir los informes que se les ordene; Por otro lado, de la lectura del referido informe emitido por la secretaria demandada, se tiene que, fue emitido en virtud del Decreto de 4 de agosto de 2021, es un informe sucinto y preciso, efectúa un resumen cronológico de los actuados procesales realizados al efecto, haciendo notar a la autoridad jurisdiccional que no existe oficio para el desarraigo del imputado y reconoce que por error involuntario, no revisó a detalle los extremos al momento de entregar el último oficio; De lo que se desprende, que el informe fue emitido dentro de los alcances de la normativa específica, por lo tanto, no resulta ser oficiosa, no se advierte que fuese confusa y/o que hubiere inducido a la Juzgadora a emitir el Auto de 10 de agosto de 2021, por lo que, corresponde denegar la tutela respecto del presente agravio denunciado, máxime, cuando los informes de los funcionarios sub alternos, no causan estado y no pueden ser objetados por las partes, y en su caso, es la autoridad jurisdiccional quien determinará si le otorgará valor o no a dicho informe, siendo la resolución emitida la que causa estado generando efectos jurídicos, más no el informe observado.
real que no le corresponde; y, el haber generado la notificación con la Sentencia 12/”2020”, inicialmente sin número, con fecha corregida y consignando nuevamente un domicilio real que no corresponde.
Al respecto, debemos remitirnos a lo expresado por la secretaria demandada en su informe presentado en ocasión del desarrollo de la audiencia de garantías, cursante a fs. 282 y vta. De los antecedentes traídos en revisión ante esta instancia constitucional plurinacional, mismo que al punto del agravio manifestó que, en cumplimiento del art. 163.3 de la Ley 1173 que estableció que, "Se notificarán personalmente: 3.-Las sentencias y resoluciones judiciales de carácter definitivo", se ha generado la notificación con la Sentencia 12/”2020” al señor Edgar Iban Torrico Vargas, en la Urbanización Porvenir Calle 1 Número 5 zona Achumani, en razón a que dicha dirección, figuraba tanto en el acta de declaración informativa del accionante, como en el requerimiento conclusivo de la acusación formal; Al respecto, se tiene que, si bien la actividad procesal de notificación fue dispuesta por la autoridad jurisdiccional para que se la practique en el domicilio procesal del imputado, el accionar de la secretaria demandada en este punto en específico, estuvo enmarcado dentro de los alcances de la normativa específica, pues, conforme lo establece el mencionado art. 163.3 de la Ley 1173, procedió a notificar al imputado en su domicilios real, aunque dicha actividad procesal de notificación se lo hubiere practicado en dos domicilios reales, uno sito en la Urbanización Porvenir Calle 1 Número 5 zona Achumani, y el otro en Huantaqui, Calle 5, Condominio Monte Alto, Casa 1 de la Zona de Achumani (Conclusiones II.24 y II.25), siendo esta última la solicitada por el ahora accionante mediante los memoriales de 18 y 20 de noviembre de 2021, desprendiéndose de ello, que, en relación a la denuncia de este agravio, la secretaria demandada obró conforme a normativa, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela respecto a la desobediencia a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, que determino notificar al imputado con la Sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021, en su domicilio procesal.
Aunado a lo precedentemente expuesto, se observa que la notificación con la tantas veces mencionada Sentencia 12/”2020” de 18 de junio de 2021 fue practicada en dos domicilios reales, como precedentemente se expuso, con el mismo número de papeleta de notificaciones y datos idénticos, aspecto que corresponde sea dilucidado en la instancia jurisdiccional, toda vez, que como se expresó previamente, el accionante de tutela no hizo uso del incidente de actividad procesal defectuosa frente a este hecho, propiciando la aplicación de la jurisprudencia expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional, siendo que además, la activación del incidente de actividad procesal defectuosa permitirá establecer en la vía jurisdiccional, posibles responsabilidades, si las hubieren; razón por la cual, corresponde denegar la tutela en este punto, con la aclaración de no haber ingresado al fondo de esta problemática.
Por consiguiente, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR EN PARTE la Resolución 54/2022 de 10 de marzo, cursante de fs. 293 a 297, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
CORRESPONDE A LA SCP 0709/2023-S1 (vienen de la pag. 35)
RESPECTO A LA AUTORIDAD DEMANDADA
1º CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso en su vertiente de derecho a recurrir, así como al principio de igualdad, invocados por el accionante, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, disponiendo:
1.1 Dejar sin efecto el Decreto de 8 de noviembre de 2021, debiendo la autoridad jurisdiccional, reconducir y atender sea positiva o negativamente, el recurso de reposición de 4 de noviembre de 2021, siempre y cuando no lo hubiere hecho ya.
1.2 Dejar sin efecto el Decreto de 10 de agosto de 2021, debiendo la autoridad jurisdiccional, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el art. 231 bis del CPP, siempre y cuando no lo hubiere hecho ya.
2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto del derecho a la defensa, inherente a la denuncia de una errónea notificación en un domicilio que no corresponde al accionante de tutela; ello, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
RESPECTO A LA SECRETARIA DEMANDADA
3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto de los derechos a la libertad personal, a la defensa, al debido proceso en sus vertientes de derecho a recurrir, seguridad jurídica y los principios de igualdad, de presunción de inocencia e in dubio pro-reo la libertad, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
12. El FJ III.3, refiere: “Una vez ejecutado el mandamiento y conducido el imputado a la presencia de la autoridad judicial, o si el rebelde decide comparecer de manera voluntaria ante quien dispuso dicha medida, las consecuencias o los efectos establecidos en el art. 89 incs. 1), 2), 3), 4) y 5) del CPP, cesan automáticamente, ello significa que el proceso debe retrotraerse al momento en que se dispuso la rebeldía y seguir el curso normal. El art. 91 del CPP, al referirse a la comparecencia del imputado hace alusión a las costas de rebeldía, que al tenor de la citada disposición legal, ellas deben ser cubiertas por el imputado o en su defecto por su fiador; sin embargo, nótese que dicho aspecto no es un condicionante directo para que la autoridad judicial acepte la comparecencia del declarado rebelde; es decir, el imputado puede comparecer ante la autoridad judicial sin que previamente se haya cubierto esta obligación (costas de rebeldía); lo cual no significa que deba dejarse de lado lo estipulado expresamente en la norma. De presentarse el imputado sin haber cumplido la obligación económica, el juez de la causa no está impedido para aceptar su
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0709_2023-S1.pdf · páginas 1 a 37.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0b797b882e485818f7887f48ace8969683e886b5f38cde9b1dbb26dfa99c44e9
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