B.IA.LEGAL

SCP 0708/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de octubre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de octubre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
52506-2023-106-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La solicitante de tutela, considera lesionados su derecho de petición y al debido proceso; toda vez que, las autoridades demandadas, no dieron respuesta pronta y oportuna, sea afirmativa ni negativa a sus memoriales presentados 3 de junio de 2019, el 11 de marzo, 25 de octubre y 20 de diciembre todos de 2021 y 11 de enero, 14 de febrero, 26 de abril y 8 de septiembre todos de 2022, respecto a la petición de copias simples y legalizadas del trámite de solicitud de ajuste mayor al Plano Sectorial de los trámites 037846/2015, “2345/2017, con Hoja de Ruta Gral. 19908”, 095/2018, 046265/2020 y 212/2020, habiendo transcurrido superabundantemente el plazo razonable para tal efecto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 180/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 89 a 94 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, Mirian Lineth Rodríguez Sub Alcaldesa de Itocta del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, dé respuesta formal y escrita al memorial presentado el 13 de septiembre de 2022; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde y Mirian Lineth Rodríguez, Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; por haber operado el principio de inmediatez, respecto de las solicitudes formuladas mediante memoriales de 3 de junio de 2019, el 11 de marzo, 25 de octubre y 20 de diciembre de 2021; 11 de enero, 14 de febrero y 26 de abril de 2022.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional.
  2. III.2. Del contenido esencial del derecho a la petición y de los presupuestos para su tutela
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0708/2024-S4 Sucre, 15 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 52506-2023-106-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 180/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 89 a 94 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Hilarión Aldana Hidalgo, en representación legal de Marlene Córdova Taborga contra Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde; y, Mirian Lineth Rodríguez, Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 de noviembre de 2022, cursante de fs. 59 a 63, y el de subsanación de 21 de igual mes y año (fs. 68 a 69 vta.) la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Realizó la solicitud de “Ajuste Mayor al Plano Sectorial, Número de trámite Nº 348 según hoja de Ruta con Nº Gral 037846” (sic), el 11 de marzo de 2021 ante la ventanilla de trámites de la Sub Alcaldía de la comuna Itocta; trámite que según la hoja de ruta antes señalada se encuentra paralizado en la Secretaría General de las Instancias mencionadas. Debido a la demora en su trámite, presentó varios memoriales ante la Sub Alcaldía de la comuna Itocta y el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, solicitando copias simples y legalizadas sobre la aprobación de la urbanización denominada “Córdova -Barrio 6 de junio”; no obstante, los funcionarios municipales omitieron su deber de responder a lo impetrado; acciones y omisiones que vulneraron las normas de procedimiento administrativo y sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; puesto que le restringieron su acceso a la información cursante en los expedientes de todos los trámites adjuntos, lesionando no sólo su derecho al debido proceso, sino también de petición. Posteriormente, los funcionarios ediles, de oficio, decidieron acumular todos los trámites relacionados a la “REGULARIZACIÓN DE URBANIZACIÓN DENOMINADA CORDOVA - BARRIO 6 DE JUNIO”, como se tiene acreditado en las hojas de rutas, sin antes haber dado respuesta a sus solicitudes de ajuste mayor al plano sectorial y fraccionamiento de copias simples y legalizadas, constituyéndose éstos en actos indebidos e ilegales que restringieron su derecho de acceso a la información respecto al trámite de la Urbanización Cordova - Barrio 6 de junio. En ese sentido, el 20 de diciembre de 2021, presentó una solicitud de copias simples a la Sub Alcaldesa de la Comuna Itocta–ahora demandada–, sobe el trámite de regularización de Urbanización Córdova - Barrio 6 de junio, iniciado en su primera fase con el “número 095/2018 de 17 de enero de con General 02310/18”, siendo que, cuando exigió que le entreguen las copias simples y legalizadas del trámite, los funcionarios de turno de la ventanilla de trámites, le indicaron que dicho trámite fue acumulado al trámite de ajuste mayor de plano Sectorial con el número de trámite 348; argumento con el cual y sin fundamento legal, le negaron las copias solicitadas. Consiguientemente, el 11 de enero de 2022, presentó memorial de solicitud de copias simples del trámite “Gral 046265/2020” sobre rectificación de plano sectorial con “Resolución Ejecutiva N° 162”, que se encontraría en la Sub Alcaldía de la Comuna Itocta, en la sección de urbanismo y trámites administrativos. El 14 de febrero de 2022, al no tener respuesta de la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, presentó memorial dirigido a Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del referido Gobierno Autónomo Municipal, impetrando copias legalizadas de la diligencia signada como 037846; sin embargo, dicha autoridad hizo caso omiso a su solicitud, dejándole en incertidumbre, sin la información sobre los trámites cursantes; por ello, al no recibir contestación a su petición, se constituyó juntamente con Betty Avendaño Rosales, Notaria de Fe Pública, en las oficinas de la Secretaría General del citado Gobierno Autónomo Municipal, para realizar la verificación de dónde se encontraría su caso, emitiéndose la correspondiente Acta de Verificación 91/2022 de 18 de mayo, en la que consta que uno de los encargados del área manifestó que no se emitieron las copias legalizadas impetradas, debido a la recarga laboral que tenían. Entendiéndose que los ahora demandados procedieron a acumular todos los trámites como ser el 037846, incluyendo los descritos con anterioridad, no obstante ser distintos, se generó la lesión de su derecho al debido proceso establecido en La Ley de procedimiento administrativo y su Reglamento, así como Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, incumpliendo los plazos para resolver los mismos a su cargo y la falta de respuesta de manera pronta y oportuna, dejándola sin información y vulnerando de esta manera sus derechos fundamentales.

El 26 de abril de 2022, impetró a la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, copias legalizadas del trámite 2913 de 18 de junio de 2007, adjuntando para dicho fin documentos de aprobación de la Sub Alcaldesa en la Gestión 2008 mediante “R.T.A.” sobre planos de la urbanización denominada Córdova a su favor; sin embargo, no le entregaron lo solicitado, recibiendo respuestas verbales y evasivas, con la excusa de no conocer dónde archivaron los documentos las anteriores autoridades, evidenciándose nuevamente la vulneración de sus derechos de petición y al debido proceso establecido en el art. 24 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). Por memorial de 8 de septiembre de 2022, con fecha de recepción de 13 de igual, mes y año, nuevamente solicitó copias legalizadas del trámite “2345/2017, con Hoja de Ruta Gral. 19908”, a la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, no mereciendo respuesta alguna sobre lo requerido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante alegó como lesionados sus derechos a la petición y al debido proceso, citando al efecto los arts. 24 y 115.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se ordene que: a) El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, entregue las copias solicitadas en el memorial de 14 de febrero de 2022, correspondiente al trámite 037846, incluyendo todos los otros trámites acumulados al de regularización de urbanización Córdova; y, b) La Sub Alcaldesa de la comuna de Itocta, sobre el trámite 2913 de 18 de junio de 2007; y, la Resolución Ejecutiva 007/2008, otorgue las copias legalizadas del trámite 2345/2017 con Gral. 19908, respecto a su solicitud de aprobación de la urbanización Córdova realizada el 8 de septiembre de 2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 1 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 87 a 88, presente la parte impetrante de tutela y las autoridades ahora demandadas, ambos partes asistidos de sus abogados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La solicitante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda de acción de amparo y ampliándola manifestó que: 1) Presentó varios trámites ante el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba –entre ellos– el 2913 de 18 de junio de 2007; por el que impetró fotocopias legalizadas; de igual forma, solicitó ante la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta –ahora demandada–, copias del 2345/2017, con hoja de ruta 19080/2016; posteriormente, por escrito de 8 de septiembre de 2022, reiteró su solicitud de fotocopias legalizadas; sin embargo, hasta el día de hoy –se entiende de presentación de esta acción tutelar–, no obtuvo respuesta alguna, bajo el argumento de que dichos trámites se habrían adjuntado a otro denominado petición de ajuste al plano sectorial; posteriormente, el 15 de enero de 2018, requirió la aprobación de una urbanización con trámite 095/2018 de 17 de enero, con hoja de ruta 2310 y copias legalizadas del mismo; empero, nuevamente no obtuvo respuesta; de la misma forma, el 5 de septiembre de 2020, solicitó orden de rectificación de Resolución Ejecutiva 162 a la Sub Alcaldesa y el 26 de abril de 2022, impetró las copias legalizadas de todo ese trámite y al presente tampoco tuvo respuesta alguna; y, 2) El 8 de marzo de 2021, presentó un memorial dirigido a la Sub Alcaldesa de Itocta, signado como trámite 348/2021 de 11 marzo de “ajuste Mayor al Plano Sectorial, Nº 348 (sic) según hoja de Ruta con 037846; posteriormente, el 14 de febrero de 2022 presentó memorial dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a objeto de que se le proporcione fotocopias legalizadas, adjuntando al efecto todos los trámites anteriores descritos, pero al presente aclarar no se tiene respuesta a lo solicitado, dejándole en una estado de indefensión.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde; y, Mirian Lineth Rodríguez, Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante a fs. 81 a 83 vta., manifestaron que: i) La parte accionante de tutela alegó la lesión de su derecho de petición, señalando que no obtuvo respuesta a sus memoriales presentados en el 20 de diciembre de 2021, 11 de enero, 14 de febrero y 26 de abril y 8 de septiembre, todos de 2022, en los cuales, habría solicitado la extensión de fotocopias legalizadas del trámite administrativo que sigue; memoriales estos que tienen el mismo contenido al interior del trámite de regularización de urbanización. Si bien es cierto que existe diferentes hojas de ruta, estas fueron acumuladas al mismo trámite en virtud del principio de economía procesal y unidad; ii) Concurren causales de improcedencia para la tramitación de la presente acción tutelar; en ese sentido, las SSCC 0770/2003-R de 6 de junio, 128/2010-R de 10 de mayo, refiere que, la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite protección; pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que crea lesionados; por ello, tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida; iii) Sobre la lesión de su derecho de petición, las SSCCPP 0675/2020-S3 de 12 de octubre y 0349/2022-S3 de 23 de julio, desarrollaron el principio de inmediatez, vinculado al derecho de petición, en cuanto a que la impetrante de tutela como parte interesada tiene el deber de realizar el seguimiento oportuno en este caso a sus solicitudes de información y copias simples y legalizadas, de forma continua no de forma esporádica como ocurre en el presente caso; y, iv) En atención al principio de inmediatez el art. 129.II de la CPE, señaló el plazo para la presentación de la acción tutelar; si consideraba la solicitante de tutela que se lesionó su derecho de petición por la falta de emisión de respuesta, pudo activar los mecanismos procesales pertinentes desde la falta de respuesta del primer memorial o en definitiva presentar una acción de amparo constitucional dentro del término de seis meses, desde la presentación del primer memorial de solicitud de fotocopias de “20 de diciembre” de 2021 –siendo lo correcto 11 de marzo–; posteriormente, de 11 de enero, 14 de febrero, 26 de abril y 8 de septiembre todas de 2022; por lo que, desde la presentación del memorial de 12 de diciembre de 2021, feneció el plazo de seis meses que tenía la accionante para interponer la acción de defensa; razón por la cual, corresponde denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia Cochabamba; mediante Resolución 180/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 89 a 94 vta., concedió parcialmente la tutela impetrada; dispuso que las autoridades –ahora demandas–, conforme a Ley, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación con la Resolución Constitucional, emitan respuesta con relación a la solicitud de copias legalizadas del trámite “2345/2017, No. 00538, con Gral. 19908 de fecha de 08 de septiembre de 2022” (sic), denegando en lo demás, sin costas por ser excusable; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La accionante manifiesta que es propietaria del inmueble con Matrícula Computarizada 3.01.1.01.0030158, con una superficie de 37.846,00 m, el cual cuenta con Resolución 007/2008; por la que, se aprobó el plano de urbanización “Córdova”; asimismo, señaló que solicitó el 11 de marzo de 2021 ante la ventanilla de trámites de la Sub Alcaldía de la comuna Itocta, ajuste mayor al Plano Sectorial del trámite 212/2020 de anteproyecto de Regularización de Urbanización Córdova “Barrio de 6 de junio”; empero, no habría obtenido respuesta alguna; es así que, habría presentado el 20 de diciembre de 2021, 11 de enero, 14 de febrero y 26 de abril, todas de 2022, escritos solicitando copias simples o legalizadas de trámites realizados; no obstante, no recibió respuesta a ninguna nota, ante la falta de respuestas se constituyó a las instancias de la Secretaria General del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, acompañado de Betty Avendaño Rosales Notaria de Fe Pública para que proceda con la verificación, quien labró el Acta de Notariedad de Verificación 91/2022 de 18 de mayo, en la que consta que no entregaron las copias legalizadas, aludiendo una recarga laboral; b) Por memorial de 8 de septiembre de 2022, recepcionado el 13 de igual mes y año, nuevamente la impetrante de tutela impetró copias legalizadas del trámite 2345/2017, solicitud que, de igual manera, no fue atendida hasta la fecha; c) De acuerdo a los antecedentes de la acción tutelar, solicitante de tutela denuncia que no se hubiera dado respuesta a sus solicitudes; sin embargo, en criterio de la Sala Constitucional, se encuentra fuera de los seis meses que establece la norma para presentar la acción tutelar; por lo que, correspondía a la peticionaria de tutela hacer el seguimiento de sus solicitudes y estar pendiente de la respuesta o del silencio de la administración para hacer uso de los medios de reclamación o impugnativos permitidos en el marco de la normativa del procedimiento administrativo y plantear de forma oportuna la acción de amparo constitucional; empero, no lo hizo, dejó transcurrir más de seis meses desde la presentación de sus escritos de 20 de diciembre de 2021, 11 de enero, 14 de febrero y 26 de abril de 2022, interponiendo la presente acción de defensa recién el 11 de noviembre de 2022, de lo que se infiere que la acción de acción de tutelar, con relación a esos escritos, se encuentra fuera del plazo previsto en los arts. 129.II de la CPE y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); situación que impide emitir un pronunciamiento de fondo sobre el problema jurídico planteado; d) Con relación al escrito presentado por la peticionaria de tutela el 8 de septiembre de 2022; por el que, impetró “COPIAS LEGALIZADAS DEL TRAMITE No. 2345/2017, No. 00538, GRAL. 19908 INICIADO EN LA GESTIÓN 2016 SOBRE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA URBANIZACIÓN CORDOVA”, es evidente que dicho escrito fue recepcionado el 13 del mismo mes y año; empero, no se establece que hubiera merecido respuesta alguna; consiguientemente, esos elementos de convicción, por si solos, acreditan que ciertamente se vulneró el derecho de petición consagrado en el art. 24 de la CPE, en relación a que ese memorial no fue despachado dentro el plazo establecido por el art. 71 inciso b) del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, que reglamenta la Ley de Procedimiento Administrativo –Ley 2341 de 23 de abril de 2002–; en ese sentido, se tiene que han transcurrido más de dos meses desde su solicitud, tiempo que estaría fuera del plazo razonable que establece la jurisprudencia constitucional; y, e) La parte demandada indicó que la petición de la accionante sería en esencia la misma en todos sus escritos en relación a las copias simples o legalizadas del mismo caso administrativo emergente de una eventual acumulación de trámites; empero, no se tiene evidencia de ello; más al contrario de la lectura del memorial de 8 de septiembre de 2022 presentado por la impetrante de tutela a la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, ésta solicitó copias legalizadas del trámite “2345/2017, con Hoja de Ruta Gral. 19908”, sobre la solicitud de aprobación de la urbanización “Córdova”; por lo que, es aplicable en este caso el principio de buena fe.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 3 de junio de 2019, Marlene Córdova Taborga –ahora accionante–, solicitó a Mirian Lineth Rodríguez, Sub Alcaldesa de la comuna Itocta del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba – ahora demandada–, la aprobación de plano de regularización de “Urbanización Córdova- Barrio 6 de junio” (fs. 15 a 17 vta.). II.2. Constan escritos de 11 de marzo y 20 de diciembre ambas de 2021, firmados por la –ahora impetrante de tutela–, solicitando a Mirian Lineth Rodríguez, Sub Alcaldesa de la comuna Itocta del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ajuste técnico mayor en el Plano Sectorial aprobado mediante Resolución Ejecutiva Municipal 162/2016 de 3 de junio, “en el Plano Sectorial de la O.T.B. ENCAÑADA,” (sic) del trámite 212/2020 y copia simple de todo el trámite de regularización de Urbanización Córdova - Barrio 6 de junio, iniciado en su primera fase con el número 095/2018 de 17 de enero con hoja de ruta 02310 (fs. 7 a 8 vta. y 13). II.3. Se tiene que, por escrito de 25 de octubre de 2021, la solicitante de tutela solicitó a la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, copias legalizadas del trámite HR UTASI 000186 GRAL 037846 recepcionado el 11 de marzo de 2021 con “número 348” (fs. 27). II.4. Por memorial de 11 de enero de 2022, la peticionaria de tutela requirió a la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba –hoy codemandada–, copias simples de todo el trámite con número Gral. 046265/2020, sobre solicitud de rectificación (fs. 18). II.5. Asimismo, mediante escrito de 14 de febrero de 2022, dirigido a Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, la hoy solicitante de tutela impetró copias legalizadas de los registros con sus antecedentes dominiales de las Unidades Educativas (UE) Carlos Medinacelli y San Antonio y de todo el trámite 037846/2015 (fs. 23). II.6. Cursa memorial de 26 de abril de 2022, por el que, la accionante solicita a la Sub Alcaldesa del Itocta del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, copias legalizadas de todo el expediente relacionado al trámite 2913 de 8 de diciembre de 2006, Hoja de Ruta 760, cite 015/2006 (fs. 36). II.7. Por memorial presentando el 13 de septiembre de 2022, dirigido a la Sub Alcaldesa de Itocta del Gobierno Autónomo Municipal del departamento de Cochabamba, la impetrante de tutela impetró copias legalizadas del trámite “2345/2017, Nro. 00538, GRAL 19908” correspondiente a la Urbanización denominada Barrio 6 de junio – Córdova, sobre la solicitud de aprobación de la urbanización Córdova (fs. 49).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La solicitante de tutela, considera lesionados su derecho de petición y al debido proceso; toda vez que, las autoridades demandadas, no dieron respuesta pronta y oportuna, sea afirmativa ni negativa a sus memoriales presentados 3 de junio de 2019, el 11 de marzo, 25 de octubre y 20 de diciembre todos de 2021 y 11 de enero, 14 de febrero, 26 de abril y 8 de septiembre todos de 2022, respecto a la petición de copias simples y legalizadas del trámite de solicitud de ajuste mayor al Plano Sectorial de los trámites 037846/2015, “2345/2017, con Hoja de Ruta Gral. 19908”, 095/2018, 046265/2020 y 212/2020, habiendo transcurrido superabundantemente el plazo razonable para tal efecto. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 0884/2023-S4 de 11 de septiembre, señaló que: “Por disposición del art. 129.II de la CPE, la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; norma jurídica que, guarda similitud con la comprendida en el art. 55.I del CPCo, que establece igual plazo para la interposición de la indicada acción tutelar, computable a partir de la comisión de la lesión alegada o de conocido el hecho.

El entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0770/2003-R de 6 de junio, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez, sostuvo que: ˋ...el recurso debe ser presentado hasta dentro de los seis meses de ocurrido el acto ilegal u omisión indebida o de agotados los medios y recursos judiciales ordinarios o administrativos idóneos para hacer cesar el acto, vale decir, que el recurso no podrá ser presentado cuando el plazo de los seis meses esté superabundantemente vencido o cuando habiendo sido presentado dentro del referido plazo no se acudió previamente a las instancias competentes para denunciar la lesión al derecho fundamental’.

La SCP 1055/2019-S4 de 16 de diciembre, al respecto, refirió lo siguiente: ‘...el agotamiento de los medios y recursos previos a la interposición de la acción de amparo constitucional no implica que la parte procesal haga uso de los mismos de manera discontinua o esporádica, con el único afán de reactivar el cómputo del plazo de caducidad de los seis meses, pues los reclamos deben interponerse ante la jurisdicción ordinaria o administrativa competente, conforme al marco jurídico vigente, de manera pertinente y oportuna, un razonamiento contrario daría lugar al uso de subterfugios, empleando medios de defensa ineficaces que distorsionen la teleología procedimental, razonamiento que responde no sólo a los principios de subsidiariedad e inmediatez, sino también a los de «preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección (SC 0770/2003-R de 6 de junio)». (Entendimiento reiterado por la SCP 0729/2013-L de 19 de julio).

(…)

Con base en la normativa constitucional anotada; se concluye que, para interponer la acción tutelar, se tiene previsto un término de caducidad de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada, de conocido el hecho o de notificado con la última decisión administrativa o judicial que agota la vía, considerando al último actuado como el mecanismo de impugnación idóneo previsto por la Ley para corregir o enmendar la posible lesión al derecho fundamental o garantía constitucional de la persona; y que de no hacerlo, se constituye en el acto lesivo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales denunciados” (las negrillas son nuestras).

III.2. Del contenido esencial del derecho a la petición y de los presupuestos para su tutela

Respecto al derecho a la petición, este Tribunal, a través de la SCP 0833/2019-S4 de 2 de octubre, estableció que: “…forma parte del contenido esencial de dicho derecho: a) El derecho a formular una petición escrita u oral; y en consecuencia, obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; b) Que la respuesta sea motivada y que resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo; c) Que la contestación sea comunicada al peticionante de tutela formalmente; y, d) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el impetrante de tutela debe dirigirse. En ese sentido, dentro de los presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión del derecho a la petición, es cuando se evidencia: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La falta de respuesta material en tiempo razonable; y, 3) La inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo del derecho señalado precedentemente. En ese contexto, la SC 0119/2011-R de 21 de febrero, estableció que: ʽLa Constitución Política del Estado abrogada reconocía en el art. 7 inc. h) a la petición como un derecho fundamental, al señalar que toda persona tiene derecho a «A formular peticiones individual y colectivamente». Este derecho se encuentra mucho más desarrollado en el art. 24 de la actual Constitución Política del Estado (CPE), cuando sostiene que: «Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario». Conforme a la norma constitucional, el derecho a la petición puede ser ejercido de manera oral o escrita, sin la exigencia de formalidades en la presentación de la petición, pues sólo se requiere la identificación del peticionario. En cuanto a su contenido esencial, la Constitución hace referencia a una respuesta formal y pronta, entendiéndose que ésta, entonces debe ser escrita, dando una respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de plazos previstos en las normas aplicables o, a falta de éstas, en términos breves, razonables. El contenido esencial establecido en la Constitución coincide con la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0981/2001-R Y 0776/2002-R, entre otras, en las que se señaló que este derecho «… es entendido como la facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho». En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa’. Conforme ha establecido la SC 0776/2002-R de 2 de julio, reiterada por su similar SC 1121/2003-R de 12 de agosto, este derecho se estima lesionado ‘…cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho’. Congruente con este razonamiento las SSCC 1541/2002-R, 1121/2003-R, entre otras, han determinado la obligación por parte de los funcionarios públicos de informar sobre el estado de un trámite a efectos de observar el derecho de petición, señalando que la respuesta por parte del funcionario ‘…no puede quedar en la psiquis de la autoridad requerida para resolver la petición, ni al interior de la entidad a su cargo, sino que debe ser manifestada al peticionante, de modo que este conozca los motivos de la negativa a su petición, los acepte o busque impugnarlos en otra instancia que le franquee la Ley’. Por otro lado, también forma parte del contenido del derecho de petición la respuesta material a la solicitud, conforme lo estableció la SC 1159/2003-R de 19 de agosto, al señalar que: ‘…el derecho de petición se encuentra satisfecho no únicamente por una respuesta emitida por la autoridad, sino una vez que dicha autoridad haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental’. Asimismo, la SC 0843/2002-R de 19 de julio, ha establecido: ‘…que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley’. Por otra parte, en cuanto a los requisitos para que se otorgue la tutela por lesión al derecho de petición, la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, sistematizó los criterios señalados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, conforme al siguiente texto: ‘…a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión’. La jurisprudencia citada precedentemente fue modulada a partir del nuevo contenido del derecho de petición, conforme a la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, que establece que: ‘…a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral. Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que ésta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en un clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano. En ese entendido, cuando la petición es dirigida a un servidor público, éste debe orientar su actuación en los principios contemplados en el art. 232 de la CPE, entre otros, el principio de compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez y responsabilidad. Respecto al tercer requisito, el mismo es compatible con el texto de la Constitución vigente, pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Lo señalado también se fundamenta en la naturaleza informal del derecho de petición y en el hecho que el mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo, la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable. Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: a. La existencia de una petición oral o escrita; b. La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y c. La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”’ (las negrillas son del texto original). En ese contexto, se entiende al derecho de petición, como la facultad que tiene toda persona para formular una petición, sea en forma oral o escrita, la cual amerita para su satisfacción, que la autoridad peticionada responda la solicitud en forma fundamentada, positiva o negativamente y dentro de un plazo razonable; y ante la ausencia de esta, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo, el accionante debe demostrar: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La falta de respuesta material en tiempo razonable; y, 3) La inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho”.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante, considera lesionados sus derechos de petición al debido proceso y petición; toda vez que, las autoridades demandadas, no dieron respuesta pronta y oportuna, sea afirmativa ni negativa a sus memoriales presentados el 3 de junio de 2019, el 11 de marzo, 25 de octubre y 20 de diciembre todos de 2021 y 11 de enero, 14 de febrero, 26 de abril y 8 de septiembre todos de 2022, respecto a la petición de copias simples y legalizadas del trámite de solicitud de ajuste mayor al Plano Sectorial de los trámites 037846/2015, “2345/2017, con Hoja de Ruta Gral. 19908”, 095/2018, 046265/2020 y 212/2020, habiendo transcurrido superabundantemente el plazo razonable para tal efecto. Con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática venida en revisión, corresponde efectuar la compulsa de la documental adjunta al expediente y descrita en las conclusiones de este fallo constitucional, de cuya revisión se tiene que, mediante memoriales de 3 de junio de 2019, 11 de marzo, 25 de octubre y 20 de diciembre todos de 2021, dirigidos a la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, la impetrante de tutela solicitó –entre otros– la aprobación de plano de regularización de “Urbanización Córdova- Barrio 6 de junio”, copias simples y ajuste técnico mayor en el Plano Sectorial aprobado mediante Resolución Ejecutiva Municipal 162/2016 de 3 de junio, “en el Plano Sectorial de O.T.B. Encañada,” (sic) del trámite 212/2020 y copias legalizadas del trámite HR UTASI 000186 GRAL 037846, mismos que no fueron resueltos por la prenombrada autoridad. Asimismo, mediante escritos de 14 de febrero y 26 de abril de 2022, dirigidos a Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y a la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, la hoy solicitante de tutela impetró copias legalizadas de los registros con sus antecedentes dominiales de las Unidades Educativas (UE) Carlos Medinacelli y San Antonio y de todo el trámite 037846/2015; así como, copias legalizadas de todo el expediente relacionado al trámite 2913 de 8 de diciembre de 2006, Hoja de Ruta 760, cite 015/2006. En ese antecedente, en relación a los mencionados escritos, resulta evidente que a la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional (11 de noviembre de 2022), transcurrieron más de los seis meses previstos por la normativa adjetiva constitucional; así como la jurisprudencia aplicable, operando en consecuencia el principio de inmediatez, por lo que, las referidas reclamaciones no pueden ser atendidas en esta instancia constitucional, más considerando que, ante la falta de respuesta oportuna a sus pretensiones, la accionante debió acudir a esta jurisdicción en resguardo del señalado derecho en el plazo previsto por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo) y no esperar más de dos años para denunciar dichas vulneraciones. Emergente de ello, respecto a las solicitudes de referencia, se deniega la tutela imperada, sin ingresar al fondo de la temática planteada, en estricta sujeción al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por otra parte, se evidencia que a través del memorial de 13 de septiembre de 2022, la impetrante de tutela, requirió a la Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, copias legalizadas del trámite “2345/2017, Nro. 00538, GRAL 19908” correspondiente a la Urbanización denominada Barrio 6 de junio – Córdova, sobre la solicitud de aprobación de la urbanización Córdova; mismo que a la fecha de interposición de la presente acción tutelar de manera cierta no mereció respuesta alguna por parte de la autoridad mencionada, pues de la documentación adjunta a la presente acción de defensa no se advierte prueba alguna que diera cuenta de que efectivamente la autoridad ahora demandada hubiese contestado formalmente al escrito de referencia, razón por la cual, en aplicación de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se concluye que la hoy demandada, en el ejercicio de sus funciones, lesionó el derecho de petición de la solicitante te tutela, por cuanto tenía el deber de atender la solicitud antes mencionada, otorgando una respuesta formal y oportuna ya sea de forma positiva o negativa, exponiendo los argumentos que sustenten su contestación. En ese entendido, la petición consagrada como un derecho fundamental en nuestra Constitución Política del Estado, supone el ejercicio de toda persona a obtener una pronta y motivada respuesta de las autoridades y personas particulares, quienes se encuentran constreñidas a satisfacer la petición, otorgando una respuesta ya sea positiva o negativa dentro de los plazos establecidos en su normativa interna y a falta de ésta, en un plazo razonable, con la debida fundamentación; postulados estos que no fueron cumplidos en el presente caso; advirtiéndose en consecuencia, la concurrencia de los presupuestos establecidos para la concesión de la tutela por lesión del derecho de petición. Finalmente, en lo referente al derecho al debido proceso la accionante se limitó a mencionarlo, sin explicar la forma en la que la autoridad demandada hubiera vulnerado tal derecho, consecuentemente no corresponde ingresar al análisis del mismo. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 180/2022 de 1 de diciembre, cursante de fs. 89 a 94 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, Mirian Lineth Rodríguez Sub Alcaldesa de Itocta del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, dé respuesta formal y escrita al memorial presentado el 13 de septiembre de 2022; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi, Alcalde y Mirian Lineth Rodríguez, Sub Alcaldesa de la comuna Itocta, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; por haber operado el principio de inmediatez, respecto de las solicitudes formuladas mediante memoriales de 3 de junio de 2019, el 11 de marzo, 25 de octubre y 20 de diciembre de 2021; 11 de enero, 14 de febrero y 26 de abril de 2022. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0708_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9b9e4dd5e72b0836d7eacd4c5aae960990594895c5ea1a1424dd3429dfe6d656

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