Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 3 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El peticionante de tutela denunció la lesión de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, toda vez que el Ministerio Público no dio cumplimiento a la conminatoria dispuesta por Auto de Vista 293/2020, no contó con control jurisdiccional del Juez de Ejecución Penal para que precautele sus derechos y en la audiencia de modificación de medidas cautelares reales de 15 de marzo de 2022, no se resolvió su situación jurídica, pese a que son tres años que se encuentra detenido, en la acusación formal su participación es en calidad de cómplice, por lo que cualquier condena ya la cumplió. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; ii) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, iii) Análisis del caso en concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 55 vta. a 58 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al Fiscal de Materia demandado con relación al incumplimiento del Auto de Vista 293/2020, sin disponer nada por cuanto ya se presentó el requerimiento conclusivo. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a la segunda y tercera denuncia, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0708/2023-S1 Sucre, 3 de julio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46560-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 55 vta. a 58 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ericka Liliana Añez Chávez en representación sin mandato de Widen Vaca Parada contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz y Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 3 a 8 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas, se encuentra indebidamente procesado y privado de libertad, toda vez que por Auto de Vista 293/2020, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se conminó al Ministerio Público para que en el plazo de veinte días emita resolución conclusiva y determine el tiempo de su detención preventiva, desde esa fecha hasta la interposición de la presente acción de libertad transcurrió un año y dos meses que no se dio cumplimiento a la conminatoria.
Añade que, nunca contó con control jurisdiccional del Juez de Ejecución Penal para que precautele sus derechos conforme al art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Al haber solicitado su libertad por cumplimiento del plazo máximo de detención preventiva por Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2021, después de más de dos años, el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, otorgó varias medidas sustitutivas entre ellas la fianza económica de Bs150 000.- (ciento cincuenta mil bolivianos). Al ser la fianza de imposible cumplimiento, solicitó la modificación por garantes personales y caución, presentando a dos personas y un inmueble, pero en la audiencia de 15 de marzo de 2022, no se resolvió su situación jurídica porque se realizó una serie de observaciones a la documentación presentada, son tres años que se encuentra detenido, siendo que en la acusación formal su participación es como cómplice, por lo que cualquier condena ya la cumplió, tanto el Ministerio Público como el Juez, se niegan a darle la libertad atropellando sus derechos.
El peticionante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad; citando los arts. 21.7, 22, 23.I y III y 32.I y II, 115 y 116.I. de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la inmediata libertad, con garantía personal y se emita el mandamiento de libertad dirigida al Gobernador del Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz.
Celebrada la audiencia el 17 de marzo de 2022, según acta de fs. 51 a 55, produciéndose los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogada patrocinante, procedió a ratificar el contenido de la acción presentada; y, ampliándola manifestó que el proceso está ingresando a juicio, si estaría acusado en calidad de autor la sanción no sobrepasa más de seis años, en su calidad de cómplice al cumplir tres años detenido ya habría cumplido la condena. Aclarando a las preguntas del Tribunal de garantías la abogada del solicitante refirió que en la acción de libertad concedida ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, se dispuso que se resuelva la situación jurídica, se realizó la audiencia pero no se resolvió la situación jurídica; en la audiencia de 15 de marzo de 2022 el Ministerio Público efectúo la observación del peritaje del inmueble y la falta de presentación del certificado alodial del día y solicito se subsane, pero el peritaje demora más de diez días.
Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no compareció a la audiencia ni presentó informe escrito alguno, pese a su legal notificación, conforme se acredita por la diligencia cursante a fs. 24. Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal de Materia en audiencia informó: a) Cuando el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz instala la audiencia del 15 de marzo de 2022, emitió dicho auto interlocutorio; ante tal decisión, la parte solicitante presentó recurso de apelación, lo que hace inviable la acción de libertad porque está pendiente de resolución; si el ahora peticionante retiró el recurso de apelación no se agotó la vía ordinaria a los efectos de que sea reparado a través de una acción de libertad, existiendo acto consentido; y, b) Se reclama actos netamente jurisdiccionales, careciendo de legitimación “activa” -lo correcto es pasiva- toda vez que no tiene dominio de las resoluciones judiciales.
El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 55 vta. a 58 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Al retirar el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022, no se agotó la vía ordinaria, no se cumple con el requisito de subsidiariedad para que el Tribunal de garantías ingrese al fondo del asunto; 2) El Fiscal de Materia no tiene legitimación pasiva para ser demandado porque todas las actuaciones denunciadas están referidas a decisiones adoptadas por el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz que tiene el control jurisdiccional durante la etapa preparatoria; 3) Verificado el sistema integral de registro judicial con los datos proporcionados por el accionante, se evidencia el sorteo realizado al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, entonces ya tiene asignado un Juzgado de Ejecución Penal para el control de la detención preventiva; y, 4) Lo dispuesto por la Resolución Constitucional emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz en una anterior acción de libertad fue cumplida, toda vez que las partes mencionaron la realización de la audiencia de modificación o sustitución de medidas cautelares. En vía de complementación y enmienda, el ahora peticionante solicitó que se aclare sobre la falta de legitimación del Ministerio Público respecto al incumplimiento del Auto de Vista de noviembre del 2020 en el que se otorgó veinte días para determinar el tiempo de detención preventiva y pasaron casi dos años sin que el mismo se pronuncie, así como respecto al tiempo que lleva detenido.
En respuesta, el Tribunal de garantías refirió que posterior al Auto de Vista de noviembre de 2020 se emitió resolución constitucional y esta fue presentada para que el Juez de instancia resuelva la situación jurídica, por lo que el solicitante debió en su oportunidad solicitar complementación y enmienda ante la autoridad jurisdiccional, una acción de libertad no puede ser modificada por otra igual. En audiencia se apeló del Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022, que posteriormente fue retirado por lo que no corresponde pronunciarse respecto al término de la detención preventiva, al ser resoluciones judiciales privativas de la autoridad jurisdiccional, existiendo el recurso, se debe agotar antes de acudir a la justicia constitucional.
II.1. Cursa certificación de permanencia y conducta de 15 de marzo de 2022 emitida por la División Filiación de la Dirección del establecimiento penitenciario Palmasola de Santa Cruz que certifica que Widen Vaca Parada tiene dos años, siete meses y diecisiete días de permanencia en dicho recinto (Fs. 2). II.2. A través del reporte del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) se tiene los lugares secundarios de la causa 70205552, entre ellos se evidencia al Juzgado de Instrucción Penal y anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, así como al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz y en forma posterior se registra al Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz (Fs. 48 a 50). II.3. De la revisión del sistema informático del Tribunal Constitucional Plurinacional se advierte la SCP 0473/2023-S4 de 12 de junio, que resolvió la acción de libertad interpuesta por Ericka Liliana Añez Chávez, en representación sin mandato de Widen Parada Vaca contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la capital del departamento de Santa Cruz, que llevo como hechos denunciados: “mediante Auto de Vista 293/2020, REVOCÓ su libertad, conminando al Ministerio Público que en el plazo de veinte días, emita Resolución conclusiva y “mediante” se determine el tiempo de su detención preventiva, ya que no lo habían dispuesto por no estar en vigencia la Ley “1174”; es así que, desde diciembre de 2020 hasta la fecha, han pasado un año y dos meses que no se dio cumplimiento a la conminatoria de dicha Sala, manteniéndolo detenido todo este tiempo” y “Agregó que, su persona nunca contó con el control jurisdiccional de un Juez de Ejecución Penal, para que hubiera precautelado sus derechos, ya que no se realizó el sorteo por parte de secretaria del juzgado, dejándole una vez más en estado de indefensión jurídica, como establece el art. 238 del CPP, modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019; “La jueza o el juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido esté debidamente individualizado y sobre el trato que le es otorgado, debiendo identificar el proceso dentro del cual se dispuso su detención preventiva o la pena de privación de libertad” sin embargo, estos no merecieron pronunciamiento alguno en dicho fallo constitucional.
El peticionante de tutela denunció la lesión de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, toda vez que el Ministerio Público no dio cumplimiento a la conminatoria dispuesta por Auto de Vista 293/2020, no contó con control jurisdiccional del Juez de Ejecución Penal para que precautele sus derechos y en la audiencia de modificación de medidas cautelares reales de 15 de marzo de 2022, no se resolvió su situación jurídica, pese a que son tres años que se encuentra detenido, en la acusación formal su participación es en calidad de cómplice, por lo que cualquier condena ya la cumplió. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; ii) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; y, iii) Análisis del caso en concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.
En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0381/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente entendimiento:
1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. De manera específica, señaló que el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso.
En el marco del entendimiento que antecede, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez cautelar, no resultando compatible activar directamente, o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Por su parte, la SC 0054/2010 de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria que implique 2El FJ III.2, señala que: “…la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.
(…) Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”. 3El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos. 4El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.
vulneración de derechos fundamentales, debe ser presentada ante el juez cautelar, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; posteriormente la 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuyo primer supuesto señaló que las arbitrariedades cometidas antes de existir imputación formal deben ser denunciadas ante el juez cautelar, caso en el cual de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.
Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, ésta puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:
1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley…
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
5El FJ III.4, expresa: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”. 6El FJ III.2, sostiene: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.(…)Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar.
Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, ii) Cuando existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto que de ninguna manera implica que, ante restricciones al derecho a la libertad al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal.
En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; y, b) Cuando existiendo dicha vinculación; b.1) no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal o cuando, b.2) no habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad al margen de los casos y formas establecidas por ley.
De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial glosada, el juez de instrucción penal, es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también la autoridad llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. En similar sentido, las resoluciones de medidas cautelares pronunciadas por la autoridad judicial pueden ser impugnadas a través del recurso apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP.
El solicitante de tutela denunció la lesión de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad, toda vez que: a) El Ministerio Público no dio cumplimiento a la conminatoria dispuesta por Auto de Vista 293/2020; b) No contó con control jurisdiccional del Juez de Ejecución Penal para que precautele sus derechos; y, c) En la audiencia de modificación de medidas cautelares reales de 15 de marzo de 2022, no se resolvió su situación jurídica, pese a que son tres años que se encuentra detenido, en la acusación formal su participación es en calidad de cómplice, por lo que cualquier condena ya la cumplió. Con carácter previo, es necesario aclarar, que de la revisión del sistema informático del Tribunal Constitucional Plurinacional se advierte la SCP 0473/2023-S4 de 12 de junio, que resolvió la acción de libertad interpuesta por Ericka Liliana Añez Chávez, en representación sin mandato de Widen Parada Vaca contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz, en el que se consignan como hechos denunciados, entre otros, el siguiente: “mediante Auto de Vista 293/2020, REVOCÓ su libertad, conminando al Ministerio Público que en el plazo de veinte días, emita resolución conclusiva y “mediante” se determine el tiempo de su detención preventiva, ya que no lo habían dispuesto por no estar en vigencia la Ley “1174”; es así que, desde diciembre de 2020 hasta la fecha, han pasado un año y dos meses que no se dio cumplimiento a la conminatoria de dicha Sala, manteniéndolo detenido todo este tiempo” y “Agregó que, su persona nunca contó con el control jurisdiccional de un Juez de Ejecución Penal, para que hubiera precautelado sus derechos, ya que no se realizó el sorteo por parte de secretaria del juzgado, dejándole una vez más en estado de indefensión jurídica, como establece el art. 238 del CPP, modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019; “La jueza o el juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido esté debidamente individualizado y sobre el trato que le es otorgado, debiendo identificar el proceso dentro del cual se dispuso su detención preventiva o la pena de privación de libertad”, sin embargo, estos aspectos no merecieron pronunciamiento alguno en dicho fallo constitucional, por lo que corresponde en el presente caso ingresar al análisis de ambas problemáticas planteadas. Del análisis de los antecedentes cursantes en obrados y lo establecido en las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se evidencia que el demandado se encuentra con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Palmasola de Santa Cruz, dentro del proceso penal por el supuesto delito de estafa agravada, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas, desde el 26 de julio de 2019 con permanencia de dos años, siete meses y diecisiete días (Conclusión II.1), que a través del reporte del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) se tiene como lugares secundarios de la causa 70205552, entre ellos se evidencia al Juzgado de Instrucción Penal y anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, así como al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz y en forma posterior se registra al Juzgado de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2).
293/2020 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz
De acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, este tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos denunciados como lesivos a los derechos del peticionante, de lo contrario se presume la veracidad de los hechos denunciados, lo mismo sucede cuando la autoridad demandada a pesar de comparecer a la audiencia no niega los hechos alegados por el solicitante de tutela. Ahora bien, de las conclusiones, antecedentes y obrados que informan el expediente; se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de estafa agravada, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas, se encuentra detenido preventivamente desde el 26 de julio de 2019. De acuerdo a la denuncia efectuada por el impetrante de tutela, a través del Auto de Vista 293/2020 se ordenó mediante conminatoria al Fiscal de Materia para que en el plazo de dos días formule requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria y determine el tiempo de la detención preventiva; hecho que se tiene como cierto, aplicando el precedente jurisprudencial sobre la presunción de veracidad de los hechos, referido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda vez que el Fiscal demandado si bien presento informe oral en la audiencia de la acción tutelar sin embargo, no negó este hecho puntualmente alegado por el solicitante de tutela. De lo anteriormente expuesto, se evidencia que el Fiscal de Materia demandado, al no cumplir con lo dispuesto por el Auto de Vista 293/2020 que le conminó para que en el plazo de veinte días presente el requerimiento conclusivo y fije el tiempo de su detención preventiva, constituye una omisión arbitraria que dio lugar a una dilación injustificada, impidiendo que se resuelva la situación jurídica del peticionante de tutela en los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, pues tenía el deber de tramitar lo ordenado por la Vocal con la mayor celeridad posible, emitiendo el correspondiente requerimiento conclusivo, al no hacerlo en el plazo otorgado se vulneró el principio de celeridad y el derecho a la libertad del impetrante de tutela; en consecuencia, corresponde conceder la tutela impetrada en su modalidad innovativa, toda vez que al momento de interponer la anterior acción de libertad a través de la Resolución del Tribunal de garantías, así como la SCP 0473/2023-S4 de 12 de junio, se evidenció que en las mismas se atendió el reclamo del denunciante respecto a que el 21 de febrero de 2021 cuando intentó presentar su memorial de solicitud de modificación de su medida de carácter personal, no se tenía certeza de la radicatoria en el Juzgado de Sentencia, lo que muestra que efectivamente a esa fecha ya se presentó el requerimiento conclusivo de acusación. Asimismo, corresponde aclarar que a partir de este actuado procesal -acusación-, ya no corresponde fijar plazo para la detención preventiva, por cuanto este corresponde exclusivamente para la etapa preparatoria del proceso.
Efectivamente el art. 238 del CPP, modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019 refiere que: “La jueza o el juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido esté debidamente individualizado y sobre el trato que le es otorgado, debiendo identificar el proceso dentro del cual se dispuso su detención preventiva o la pena de privación de libertad”; en el caso concreto, de la revisión de los antecedentes se evidencia que la denuncia efectuada por el impetrante no resulta evidente, por cuanto a través del reporte del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) se tiene que la causa 70205552 se encuentra también registrada en lugares secundarios, uno de ellos resulta ser el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.2), por lo que se demuestra que el accionante si contaba con el control jurisdiccional del Juez de ese despacho, en cumplimiento del artículo referido ut supra, por estas razones, corresponde denegar la tutela solicitada.
participación es en calidad de cómplice, por lo que cualquier condena ya la cumplió. Ahora bien, conforme se evidencia del informe del Fiscal de Materia ratificado en parte por la misma abogada del solicitante, una vez emitido el Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022 que rechazó la solicitud de modificación de medidas cautelares reales por existir observaciones al peritaje del inmueble y por no presentar el certificado alodial debidamente actualizado; ante tal decisión, la parte accionante interpuso el recurso de apelación incidental, sin embargo, en forma posterior de manera voluntaria retiro el mismo, lo que evidencia que hace aplicable la excepción de subsidiariedad prevista en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.
Consecuentemente, el accionante antes de acudir a la jurisdicción constitucional, debió esperar el pronunciamiento del tribunal de Alzada dado que es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra la existencia de supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad del procesado, en el que el Tribunal superior tiene la oportunidad de fiscalizar el proceso y corregir los errores del inferior invocados en el recurso de apelación; consiguientemente, de conformidad a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, el solicitante al haber retirado voluntariamente el recurso de apelación incidental que planteo, ha evitado de esa manera un pronunciamiento del Tribunal de alzada al respecto, no cumplió el requisito de subsidiariedad circunstancia que impide ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 55 vta. a 58 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al Fiscal de Materia demandado con relación al incumplimiento del Auto de Vista 293/2020, sin disponer nada por cuanto ya se presentó el requerimiento conclusivo. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a la segunda y tercera denuncia, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
7 El FJ III.2, establece: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0708_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): b548f5063c7fae3f65fcd59f001d94ccc91ac2e753e651f6101fd05a2aa38a9e
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