B.IA.LEGAL

SCP 0707/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de diciembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de diciembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
63403-2024-127-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; a no sufrir violencia física, sexual o psicológica; al acceso a la justicia; y, a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra los funcionarios policiales Mary Mar Yujra Barra, Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Giovanni López y Ángel Amado Rodríguez Antonio por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas del cual la menor de edad se constituye en víctima; se tiene que la autoridad ahora demandada emitió la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 por la cual ratificó el rechazo de denuncia emitido a favor de los mencionados sindicados, incurriendo por ello, en los siguientes agravios: i) Recayó en incongruencia omisiva y omisión de valoración de la prueba, pues al momento de argumentar su objeción de rechazo, se le pidió que valore los videos de cámaras de seguridad y el elemento denominado “CD marca Value Videos de Facebook”, que demuestran la agresión que sufrió la menor de edad a manos de un funcionario policial; sin embargo, la fiscal ahora demandada, no se pronunció sobre este agravio y omitió valorar tales elementos, pese, a que los mismos constaban en el cuaderno de investigación y que fueron mencionados en la Resolución de rechazo; ii) Dentro de la valoración probatoria, señaló erróneamente que las declaraciones testificales de la educadora y las dos compañeras de la víctima son contradictorias entre sí y que distan del testimonio de la víctima, además que, estas declaraciones no identi…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2024 de 11 de abril, cursante de fs. 86 a 96, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos que la referida Sala Constitucional, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  3. III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0707/2024-S1 Sucre, 2 de diciembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 63403-2024-127-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 31/2024 de 11 de abril, cursante de fs. 86 a 96, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en representación de la menor de edad AA contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 9 de abril de 2024, cursante de fs. 38 a 55 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido contra los funcionarios policiales Mary Mar Yujra Barra, Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Giovanni López y Ángel Amado Rodríguez Antonio por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas del cual la menor de edad se constituye en víctima; se tiene que, el 23 de agosto de 2023, se dispuso el Rechazo de denuncia, razón por la cual objetó tal determinación, emitiéndose finalmente la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 de 19 de septiembre por la autoridad fiscal ahora demandada, que dispuso ratificar el rechazo e incurriendo por ende en los siguientes agravios: Recayó en incongruencia omisiva y omisión de valoración de la prueba, pues al momento de argumentar su objeción de rechazo, se le pidió que valore los videos de cámaras de seguridad y el elemento denominado “CD marca Value Videos de Facebook”, que demuestran la agresión que sufrió la menor de edad a manos de un funcionario policial; sin embargo, la autoridad ahora demandada, no se pronunció sobre este agravio y omitió valorar tales elementos, pese, a que los mismos constaban en el cuaderno de investigación y que fueron mencionados en la Resolución de rechazo. Dentro de la valoración probatoria, señaló erróneamente que las declaraciones testificales de la educadora y las dos compañeras de la víctima son contradictorias entre sí y que distan del testimonio de la víctima, además que, estas declaraciones no identifican los apellidos o a los agresores y que por esa falta de precisión, se generó la falta de convicción; sin embargo, esta afirmación se realiza, sin considerar que existe un informe del funcionario policial Héctor Hugo Pereira Molina, que dio a conocer la identidad de los funcionarios policiales implicados en el hecho, demostrando así, que la valoración de la prueba contenida en la Resolución Jerárquica, no se realizó en su real dimensión, ya que de hacerlo correctamente, se hubiera detectado la existencia de líneas de investigación pendientes, pues se debió solicitar la pericia del video, realizando el congelamiento y captura de imágenes; y, realizarse un desfile identificativo que contraste las imágenes del video con los involucrados; ello, ya que no puede existir eximente de responsabilidad para justificar la afectación a la integridad de la menor de edad víctima de presunta tortura. Además, la fiscal demandada, consintió la indebida fundamentación y motivación de la Resolución de rechazo, pues en casos de tortura como este, se debe actuar con la debida diligencia y por ello, la investigación debe ser de oficio, más considerando que se trata de una mujer, menor de edad y privada de libertad; por ende, se observa la afirmación de que no existen elementos indiciarios que comprueben la probabilidad de autoría, pese a tener prueba indiciaria suficiente; y que incluso pudo ordenar la realización de mayores actuados investigativos con la finalidad de llegar a la verdad histórica de los hechos. De igual manera, la autoridad demandada, no observó que la Resolución de rechazo en su parágrafo “iii y iv”, se fundó en que la víctima no aportó mayores elementos de prueba; y que, los presentados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no son suficientes, ello, sin considerar que se abarca la situación de una menor de edad, víctima de malos tratos y torturas, que exige el actuar con debida diligencia de las autoridades y que otorga la carga de la prueba al Ministerio Público; promoviendo por ende la impunidad de los sindicados. El informe prestado por la educadora, el video grabado y la entrevista proporcionada por la víctima, se constituyen en firmes elementos indiciarios para acreditar la apertura de una investigación penal, extrañando que en la presente causa no se contemplaran los estándares internacionales que establecen la obligación imperativa del estado de ejecutar una investigación con objetividad, y en base a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura ratificada por Bolivia mediante la “Ley 3454 de 27 de julio de 2006”.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; y, a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 15 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3, 4 y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023, ordenándose a la fiscal demandada emita nueva resolución que ordene la continuidad de las investigaciones preliminares de manera objetiva e imparcial.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 11 de abril de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 85 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante menor de edad a través de su representante, y mediante su abogado, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándola señaló que: a) La autoridad fiscal ahora demandada al emitir la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 no se pronunció sobre los videos de Facebook, pese a que fue un aspecto cuestionado al momento de plantearse la objeción de rechazo, omitiendo totalmente pronunciarse sobre este indicio de alta relevancia ya que demuestra la existencia de agresión física por parte de un policía de sexo masculino; si hubiera revisado dicha prueba, se daría cuenta que existían actos investigativos pendientes siendo lo pertinente que ordene se realicen los mismos; b) Existió valoración arbitraria de los elementos indiciarios, pues omite pronunciarse sobre las pruebas presentadas, aspecto que repercute en el derecho al debido proceso de la menor de edad AA; además de existir dos declaraciones que estaban dentro de los elementos, que no merecieron valoración; c) Existe también indebida fundamentación de la Fiscal de Materia, consentida por la autoridad demandada, ya que no se tomó en cuenta que al tratarse de un caso de presunta tortura, la investigación debe realizarse de oficio y con la debida diligencia, más cuando se trata de una mujer de edad, privada de libertad; es decir, la resolución establece que de acuerdo a los actos desarrollados, no se logró establecer la responsabilidad penal, pese a contar con elementos suficientes; de igual manera, no se desarrollaron actos investigativos que permitan desechar el proceso, más considerando que se trata de un hecho de tortura que obliga al Estado a actuar diligentemente; y, d) Se lesionó el derecho al interés superior de la víctima, tomando en cuenta que no existió una adecuada fundamentación y motivación de la resolución, por lo que solicita se deje sin efecto la Resolución Jerárquica que ratifica la Resolución de rechazo.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, mediante informe presentado el 11 de abril de 2024, cursante de fs. 72 a 77 vta., manifestó que: 1) La acción de amparo constitucional no se constituye en una instancia casacional como considera la parte accionante; y, sobre la congruencia, esta debe basarse entre lo que piden las partes y lo que se resuelve, y no entre lo que argumentan y lo que se resuelve, situación también considerada por el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre; 2) Sobre la supuesta falta de fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 realizó el análisis valorativo, interpretativo e intelectivo; por lo que no se evidencia ningún agravio; mucho más considerando que no cumplió con la carga argumentativa exigida para esta acción tutelar; 3) Se expuso en la resolución el criterio sobre el valor que se le da a los elementos de prueba aparejados realizando un contraste y valoración integral, dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver la misma estableciendo que los elementos probatorios recabados no generan la suficiente convicción en relación a la participación de los encausados; toda vez que, se evidenció que la contradicciones en las declaraciones de los testigos e incluso en relación a la declaración de la víctima, cuya primera declaración dista de la siguiente; tomando incluso en cuenta que según el certificado médico, la víctima no presente lesiones en las partes en las que indica fue golpeada, y si bien se observa que se le otorga 3 días de incapacidad médico legal, se desconoce cómo se generaron las mismas, debiendo considerarse incluso que la presunta víctima se encontraría imputada por la presunta comisión del delito de lesiones por daños generados a una funcionaria policial a quien le otorgaron doce días de incapacidad; en consecuencia, no se advierte una incorrecta valoración de los indicios presentados; estableciendo que los mismos no son suficientes para generar convicción y continuar la investigación; 4) Sobre el elemento “CD marca Value videos de Facebook”, se observa que el Fiscal de Materia, no indicó en ningún momento que sobre este, debe realizarse una apertura, desdoblamiento o producción magnética o digital como erróneamente entendió la parte accionante; sin embargo, no se observa que hubiera existido una negativa o confirmación a la proposición de diligencias, por lo que en su momento la parte accionante debió hacer conocer su disconformidad y no simplemente no hacer nada, siendo subsidiario el presente reclamo; aclarando que después de la emisión del rechazo, recién se presentó un memorial por el cual se pide la reproducción magnética o digital de los archivos audio visuales, no pudiendo retrotraerse el proceso; 5) Se debe considerar la existencia del principio de preclusión en el proceso penal, que impide se retrotraigan los actuados procesales, ello a efectos de garantizar la seguridad jurídica; y, 6) La presente acción incumple con el principio de subsidiariedad, pues todos los agravios debieron haberse presentado previamente ante la jurisdicción ordinaria; pese a ello, la citada Resolución Jerárquica cumplió con los criterios de fundamentación y motivación.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Marymar Yujra Barra, a través de su abogado, en audiencia, refirió que: i) La Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023, realizó una debida fundamentación, no ampulosa como exige la parte accionante; además, se debe considerar que la Resolución de rechazo, se emitió considerando la pluralidad de sujetos, aspecto también considerado por la citada Resolución Jerárquica que ratificó tal determinación en consideración a la correcta individualización; ii) La Resolución Jerárquica, respecto a su persona establece que es pertinente rechazar el proceso, puesto que de ninguna manera la víctima señaló que ella habría vertido agresión física o psicológica, por lo que realizando la subsunción del hecho a su conducta no se evidenció que hubiera vertido agresión alguna; iii) Se habla de que es un delito grave, que involucra a una adolescente y mujer, pero la presunción de veracidad debe encontrarse respaldada y en el presente caso la Resolución Jerárquica estableció que no se encuentra con elementos necesarios para individualizar una conducta y menos por el delito de vejaciones y torturas que debe diferenciarse del delito de lesiones como adecuadamente se explicó en dicha Resolución; y, iv) La acción de amparo constitucional tiene la finalidad de precautelar derechos, no siendo así una instancia revisora de prueba, por lo que no se evidencia ningún agravio; debiendo tomarse en cuenta que la accionante fue en todo momento asistida por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por lo que en su momento pudo proponer las diligencias investigativas; mientras que ahora, intenta ejercer presión judicial para obligar que se responsabilice a alguien penalmente, no existiendo fundamento jurídico, fáctico ni probatorio para cambiar el acto conclusivo a una imputación formal. Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Giovanni López y Ángel Amado Rodríguez Antonio, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional ni remitieron escrito alguno, pese a sus legales notificaciones cursante a fs. 63 y vta. 1.2.4. Intervención del Ministerio Público Juan Ramón Jiménez Jimenez y Álvaro Arce Higueras, Fiscales de Materia, en audiencia, señalaron que: a) La parte accionante trata de hacer incurrir en error, pues ellos nunca alegaron la falta de consideración de los elementos de prueba; b) En el presente caso existe una acusación formal contra la presunta responsable de estos tres días de incapacidad, aclarando que el rechazo no fue a favor de todas las personas, por lo cual no existe lesión alguna; y, c) Sobre el “CD”, el art. 219 del CPP, establece que estos actos investigativos se realizan cuando existe la necesidad de identificar al supuesto autor del hecho; y en el presente caso, ese aspecto ya fue definido; pero más allá de ello, la acción de amparo constitucional, no es la vía para tratar esos aspectos; considerando que el proceso ya se encuentra en un juzgado de sentencia para su análisis con acusación formal presentada contra una persona, por lo que no es evidente que se está dejando en la impunidad el delito como alega parte ahora accionante. 1.2.5. Resolución La Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija, mediante Resolución 31/2024 de 11 de abril, cursante de fs. 86 a 96, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 de 19 de septiembre; ordenando que, en un plazo razonable se emita nueva resolución. Determinación asumida, en base a los siguientes argumentos: 1) De la revisión de la Resolución ahora cuestionada, se observa que si bien la autoridad demandada considera que existe contradicción entre las declaraciones; sin embargo, olvida aplicar los principios de sana crítica, lógica y razonabilidad, ya que los testigos en sus declaraciones identifican que, esta menor de edad fue efectivamente agredida, además, que ingresaron funcionarios policiales del “PAC”, que se encontraban con casco y que uno de ellos llega a propinarle golpes y agrede a la menor llevándola a su dormitorio, en el cual continúa con la misma; asimismo, la declaración de la ciudadana Janeth Roxana Gareca Ortega, es puntual, y refiere que no la dejaron salir de su habitación a objeto que pueda asumir las medidas correspondientes por su calidad de servidora pública, lo que conlleva a considerar a la Sala, que tales elementos no fueron valorados en su real contexto y alcance, pues si bien la autoridad demandada considera que existirían contradicciones, olvida que se debe hacer una valoración integral de la prueba, pues cada testigo, por la ubicación en la que se encontraba, percibe el hecho desde diferentes ángulos, si así se quiere considerar, pero sin embargo todos los testigos son contrastes y uniformes al indicar que son otros funcionarios policiales quienes ingresan a dicho internado, es así que uno de ellos empieza a ejercer actos de violencia contra la menor; 2) La autoridad demandada debió considerar los convenios asumidos por el Estado, en cuanto se refiere a la obligación de erradicar toda forma de violencia, buscando resguardar los derechos de una mujer y menor de edad víctima de los hechos denunciados, quien se encuentra concebida como parte de un grupo vulnerable y en base a un análisis crítico y lógico a momento de emitirse la Resolución Jerárquica, y bajo estas consideraciones precautelar los derechos de la menor de edad, por lo que respecto a este extremo se considera que no existe una debida fundamentación y motivación; y menos se consideró la propia jurisprudencia sentada en su oportunidad por el Tribunal Constitucional, con relación a que los actos de violencia deben ser investigados y efectuarse de oficio, garantizando la celeridad y buscando la protección inmediata de la víctima, aun cuando ya exista la acusación; 3) Es el Estado quien tiene la obligación de actuar con la debida diligencia y en este caso, el Ministerio Publico, debió haber emitido los requerimientos y directrices respectivas, a objetos de advertir qué funcionarios policiales se apersonaron a dicho centro de internación, agotando de esta manera, todos los mecanismos legales correspondientes de investigación, por lo que se puede advertir que se afectaron y lesionaron estos derechos fundamentales, previstos en la Constitución Política del Estado, como es el debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, en razón a que la propia resolución, determina ciertos hechos al establecer de manera expresa estas atestaciones, sin embargo de manera incongruente resuelve confirmar la resolución de rechazo; 4) En cuanto a los otros hechos denunciados, como son el acceso a la justicia, evidentemente al lesionarse estos elementos al debido proceso, de alguna forma se llega a lesionar el acceso a la justicia, más aun, considerando la condición de mujer y menor de la ahora víctima, por lo que bajo estas consideraciones, se determina advertir la tutela de estos derechos denunciados; y, 5) Con relación a lo impetrado por la parte accionante, respecto a que se ordene la continuación de las investigaciones preliminares, debemos advertir que la naturaleza jurídica de la jurisdicción constitucional esta demarcada, siendo el Ministerio Público, quien tiene la facultad de asumir las medidas legales correspondientes.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 14 de junio de 2024, cursante a fs. 109 a 110, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 19 de noviembre de 2024 (fs. 866); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de 23 de agosto de 2023, emitida por el Fiscal de Materia Álvaro Arce Higueras, por el cual en aplicación del art. 304.3 del CPP, dispuso el Rechazo de denuncia a favor de Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Giovanni López, Ángel Amado Rodríguez Antonio y Mary Mar Yujra Barra, por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas; que en su punto II, señaló que:

“II.- ELEMENTOS INVESTIGACIÓN RECOLECTADOS EN EL TRANSCURSO DE LA INVESTIGACION

En el transcurso de la investigación se realizó los actos investigativos colectándose los siguientes elementos:ç  Formulario único de denuncia de fecha 28 de marzo de 2023 - CD marca Value Videos de Faceboock"Directriz Inicial de Investigación de fecha 28 de marzo de 2023

 Denuncia presentada por Ximena Marlene Hernández Fernández de fecha 28 de mayo de 2023  Informe de investigación preliminar elaborado por el policía investigador asignado al caso Sbtte. Alondra Villegas Patzi de fecha 29 de marzo de 2023  Acta de declaración testifical de Jhaneth Greca Ortega en calidad de Testigo de fecha 29 de marzo de 2023  Acta de declaración testifical de Lucia Mariela Puita Linez en calidad de Testigo de fecha 28 de marzo de 2023  Acta de declaración testifical de Mariana Delgado Choque en calidad de Testigo de fecha 29 de marzo de 2023  Informe GOB./SEDEGES/U.A.S./CRSTP/N°16/2023 de fecha 28 de marzo de 2023 - CD en sobre cerrado presentado por el SEDEGES  Requerimiento fiscal de fecha 31 de marzo de 2023 y CITE: OFN° 160/2023 de fecha 06 de abril de 2023  Requerimiento fiscal de fecha 31 de marzo de 2023 y CITE: OF. N.° 152/2023 de fecha 10 de abril de 2023 Requerimiento Fiscal de fecha 31 de marzo de 2023 y CITE: OF. Stria. N.° 112/2023 de fecha 10 de abril de 2023  Informe Policial elaborado por el Policía investigador asignado al caso Sbtte. Alondra Villegas Patzi de fecha 06 de abril de 2023  Requerimiento fiscal de fecha 31 de marzo de 2023 GOB./SEDEGES/U.A.P.N.E/N°450/2023 de fecha 17 de abril de 2023 -CD sobre cerrado centro de reintegración social Trinidad Peralta -Acta de recepción de entrevista de la Victima en cámara GESELL de fecha 27 d abril de 2023 -CD en sobre cerrado de Isabel Tejerina  Requerimiento fiscal de fecha 20 de abril de 2023 y Entrevista Informativa da 3 victima en Cámara GESSEL 27 de abril de 2023  Requerimiento fiscal de fecha 05 de mayo de 2023 e Informe Psicológico de fecha 27 de abril de 2023  Requerimiento fiscal de fecha 05 de mayo de 2023 e Informe Social G.A.M.T. 25/04/23 de fecha 10 de mayo de 2023  Requerimiento Fiscal de fecha 15 de Mayo de 2023 e Informe Policial elaborado por el asignado al caso Sgto. 2Do Rubén Rodríguez Gómez de fecha 01 de Junio de 2023  Certificado Médico Legal- Forense de Isabel Andrea Tejerina Solano elaborado por la Dra. Erika Sakuma Calatayud médico forense del IDIF de fecha 28 de marzo de 2023  Informe de Investigación preliminar elaborado por el asignado al caso Sgto. 2Do Jose Rodrigo Condo de fecha 27 de junio de 2023 Acta de declaración informativa de Mary Mar Yjura Barra en calidad de sindicado de fecha 02 de agosto de 2023  Acta de declaración informativa de Ángel Amado Rodríguez Barra en calidad de sindicado de fecha 02 de agosto de 2023  Informe de Investigación preliminar elaborado por el asignado al caso Sgto. 2Do Rubén Rodríguez Gómez de fecha 27 de junio de 2023  Informe de Investigación preliminar elaborado por el asignado al caso Sgto. 2do Jose Rodrigo Condo de fecha 28 de junio de 2023 Acta de declaración informativa de Roberto Zambrano Iñiguez en calidad de  sindicado de fecha 04 de agosto de 2023  Acta de declaración informativa de Eiver Giovanni López en calidad de sindicado de fecha 04 de agosto de 2023. Y demás antecedentes cursantes. (…) CONSIDERANDO: Se tiene la declaración de EIVER GLOVANNI LOPEZ de fecha 04 de agosto de 2023 conforme refiere lo siguiente: "en fecha 28 de marzo de 2023 a horas 06:45 am nos comunican del hecho por la radio central del CADI y se nos instruye que nos constituyamos al centro Trinidad Peralta y por instrucciones del Jefe de Seguridad Sof. Pedro Ticona nos constituimos al lugar yo estaba como chofer con vehículo de sigla C-2 de la EPI central yo era chofer y de apoyo estaba el Sgto. Bryan Quispe Mancilla, nos instruyen que vayamos a cooperar y auxiliar a la Sgto. Blanca Quispe que se encontraba cumpliendo funciones ahí una vez en el lugar yo no ingreso estaciono bien el vehículo e ingreso por detrás de los funcionarios de la EPI Lourdes y detrás de mi apoyo, quiero aclarar que el Sgto. Roberto Zambrana no asistió al lugar, ellos ingresaron primero los funcionarios de la Epi Lourdes yo tomo contacto en el interior con la Sgto. Blanca Quispe quien manifiesta que habría sido agredida física y verbalmente por una menor de edad del centro Trinidad Peralta la misma que se encontraba temblando y llorosa, también observo dos funcionarios del PAC que ya estaban ahí posteriormente tomo contacto con la educadora la Sra. Roxana Gareca Ortega y manifiesta que no es su función de intervenir en este tipo de casos que tan solo ella las puede hablar a las menores posterior yo me retire del lugar y vi que la educadora la traslado a la menor a su pieza y otra situación desconozco haber visto.” Se tiene la declaración testifical de Janeth Roxana Gareca Ortega de fecha 29 de marzo de 2023 misma que refiere lo siguiente: "…me acerque más a Isabel y la intente calmar dándole soporte moral, le prepare otro desayuno para que tome sus medicamentos porque son bastantes, luego cuando salí al patio escuche claramente que la Sgto. gritaba el nombre de la portera Doña Pocha como 3 veces y luego grito que la portera abra el portón que ya llego el patrullero, yo escuche abrir la puerta y vi desde la ventana de la cocina que ingresaron los efectivos policiales, ingreso una sola femenina que no me percate de su apellido, el Sgto. López, ingreso otro varón con gorra y otros dos varones CON CASCO del PAC que no pude evidenciar sus apellidos, el policía que se encontraba con casco ingreso directamente a agredir a Isabel, quiero recalcar que la adolescente no falto a la autoridad, no grito, el policía de PAC varón ingreso con palabras grotescas hacia Isabel, como ella estaba sentada este policía le da una patada, es así que yo quiero salir de la cocina pero otro policía varón me ataja y no me deja salir de la cocina y volví a llamar a la administradora pero no contesto, ese Policía del PAC la hace parar a la adolescente gritándole PENDEJA DE MIERDA QUIEN TE CREES VOS y le hizo parar, cuando Isabel se paró el policía la golpeo en el cuello y le dio una patada, las dos adolescentes MARIA Y LUCIA vieron todo lo que paso porque ellas estaban fuera de la cocina sentadas en sus mesas, luego los policías varones del PAC y el otro de uniforme se llevaron a Isabel a su dormitorio y escuche los gritos de Isabel que decía QUE YA NO LA PEGUEN, la Sgto. Quispe me pecha para que yo no Salga de la cocina y le dije que le pasa, le echaron candado en su cuarto y el Policía que la golpeo decía que habría que gasificarla en su cuarto para que aprenda y continuo hablando en sus claves, luego se me acerca el Sgto. López me dijo PORQUE NO TE HAS METIDO, y le dije que me encontré en estado de gravidez y por eso yo no me inmiscuí en la agresión y que la Sgto. Quispe seguía agarrando el haragán.” CONSIDERANDO: Se tiene que de acuerdo a los actos investigativos desarrollados dentro de la presente investigación no se ha logrado establecer con suficientes elementos indiciarios la responsabilidad penal en contra de Mary Mar Yujra Barra ya que de acuerdo a las declaraciones testificales cursantes de Janeth Roxana Gareca Ortega y Lucia Mariela Puita se tiene que la funcionaria policial habría ingresado al centro de reintegración Trinidad Peralta sin embargo no agredió físicamente a la víctima conforme se verifica de las testificales recepcionadas.

Con respecto a ROBERTO ZAMBRANA IÑIGUEZ, EIVER GLOVANNI LOPEZ Y ANGEL AMADO RODRIGUEZ ANTONIO se tiene que dentro de la presente investigación no se ha podido establecer con suficientes elementos indiciarios que comprueben la probabilidad de autoría, con respecto al licito denunciado, identificando cuál es su grado de participación. Que, en principio se ha iniciado la investigación penal en contra de los encausados con la finalidad de establecer las responsabilidades directas del hecho tipificado como Vejaciones y torturas, hecho en el cual resulto víctima presumiblemente ANDREA ISABEL TEJERINA SOLANO, sin embargo de acuerdo a los antecedentes cursantes colectados y aportados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no se logró identificar el grado de participación de los denunciados de forma individual y objetiva a efectos de considerar lo establecido en el art. 302 del CPP. Que, dentro del análisis jurídico del tipo penal descrito se puede deducir que existe un sujeto activo especial el mismo que debe enmarcarse dentro del ilícito señalado del Art. 295 Del Código Penal, ahora bien no basta con solo interponer la denuncia sino que la conducta del Imputado debe adecuarse al tipo, además de ello se debe tener los suficientes elementos probatorios para poder fundamentar una Imputación Formal siendo que este caso no se ha aportado suficientes elementos probatorios. Que, de los elementos de prueba aportados y recolectados durante la etapa preliminar de la investigación dentro de la presente causa no son suficientes para fundar una imputación formal y continuar con la investigación: al margen de haber ejecutado las diversas actuaciones y la debida diligencia como corresponden. Por lo que, es atendible lo establecido en el art. 304 del Código de Procedimiento Penal, referido a: Rechazo: el fiscal, mediante resolución fundamentada podrá rechazar la denuncia, querella o las actuaciones policiales, cuando: 3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación…" En el presente, se tiene acreditado dicha circunstancia, debido a que durante la investigación no se ha logrado colectar suficientes elementos, y los colectados son insuficientes, así además considerando que la víctima no aportó más elementos de prueba y de esa manera no se pudo lograr la colección de suficientes elementos pertinentes y necesarios que sostengan y sean consistentes para fundar una imputación, situación que no ha ocurrido al margen de las diligencias como órgano investigativo, y por tanto, el proceso no podría continuar, siendo irrelevante imputar y continuar la investigación. Siendo obligación del Ministerio Público el proteger a la sociedad y perseguir aun de oficio los hechos delictivos (de acción pública) sobre los que tuviera NOTICIA FEHACIENTE también es su obligación ejercer sus funciones en aplicación de los principios de empero, Objetividad, Legalidad y Probidad, el Fiscal en el ejercicio de sus funciones tomará en cuenta no solo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino, también las que sirvan para eximir o disminuir responsabilidad del imputado, en este caso, se debe analizar si los hechos cometidos se adecúan al tipo delictivo denunciado, sujetando sus actuaciones y el uso de los recursos a criterios de justicia, transparencia, eficiencia y eficacia y en especial, con celeridad, procurando evitar la innecesaria acumulación de causas que no tengan sustento alguno y que solo afecten el derecho de las partes a obtener una adecuada y pronta administración de justicia, más aún cuando estos hechos no se adecúan a los tipos de delitos denunciados o a otros que sean de acción penal pública, que no hay suficientes elementos indiciarios. (…)

Que, todos los indicios de convicción recolectados son insuficientes y no permitirá destruir el principio de inocencia consagrado en la Constitución Política del Estado a favor del imputado. Que de acuerdo a lo establecido por los Arts. 301 del C. P. Penal el Ministerio Público podrá requerir por una imputación, ordenar la complementación de diligencias disponer, el rechazo o la aplicación de una salida alternativa; reunido los requisitos legales, sin que se hayan aportado a la investigación elementos de convicción para fundar imputación formal, es necesario resolver la situación de las partes, por cuanto, estas, no pueden estar sometidas a un proceso de investigación que tenga una data exagerada y que solo afecte su derecho al acceso a la justicia pronta y eficaz. En conclusión no hay suficientes elementos probatorios. Que conforme señala el Art. 304 inciso 3) de la Ley 1970, el Fiscal mediante Resolución fundamentada podrá rechazar la denuncia, querella o actuaciones policiales, CUANDO LA INVESTIGACION NO HAYA APORTADO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FUNDAR ACUSACIÓN” (sic [fs. 7 a 13]). II.2 A través de Memorial de 29 de agosto de 2023, María Luisa Téllez Vásquez, Asesora Legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en representación de la víctima menor de edad AA, objetó la Resolución de rechazo de 23 del indicado mes y año, manifestando como agravio que:

“1. Dentro la presente causa el Ministerio Publico, cuenta con la entrevista de la víctima de la señora Janeth Roxana Gareca, María Isabel Alejo Aucachi y Mariela Puita Lines quienes señalan que el día de los hechos ingresaron policías y el policía con casco entro enojado y grito y le metió una bofetada fuerte a la víctima también existe informes del personal del SEDGES, quienes informan las agresiones por parte del policía con casco y también se tiene adjunto un video de las cámaras de seguridad donde se identifica dicha agresión Señora fiscal Departamental como vera existe suficientes indicios que nos hacen presumir que la adolescente victima habría sufrido un hecho de agresión físicas y el Ministerio Publico pretende dejar este hecho en la impunidad, no se puede dejar a la víctima sin protección más cuando el art. 15 de la C.P.E señala que el estado adoptara las medidas necesarias para prevenir eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, como también el Art. 60 de la C.P.E que establece que es deber del estado de garantizar la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. Por lo que se torna de mucha importancia de continuar con la investigación para encontrar los suficientes elementos INDICIARIOS para presentar IMPUTACION, en contra el presunto autor de las agresiones más cuando estamos frente a una adolescente victima vulnerable y sin la debida protección. Señora Fiscal Departamental, el fiscal de la causa al momento de hacer el análisis a la conclusión de la etapa preliminar a omitido lo que establece el tribunal constitucional plurinacional mediante la sentencia N° 721/2018-s2 que indico que es obligación de sancionar la violencia es decir que las mujeres tienen el derecho a vivir libres de violencia y discriminación y que es deber del estado y de la sociedad el de eliminar toda forma de violencia en razón de género, a si también se tiene el Art. 145 donde todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la integridad física. Por lo expuesto se tiene que el rechazo a la denuncia agravia las garantías constitucionales que rigen lo establecido en los art. 15 (II), 59 (I), 60 y 61 (1) de la Constitución Política del Estado misma que precautela el interés superior de los Niños Niñas y Adolescente, debiendo seguir de manera preferencial incluso de oficio el resguardo de estos derechos, por lo que el Estado y la Sociedad deben priorizar, extremar esfuerzos para esclarecer los hechos denunciados para que de esa manera permitir el acceso a una justicia pronta y oportuna a las víctimas menores de edad. En este sentido tenemos amplia legislación que resguarda los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial en casos de agresión física y psicológica a nivel Nacional e Internacional, al respecto me permito resaltar: 1.- La Convención Sobre los Derechos del Niño ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, en su art. I refiere que para efectos de la misma, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la Ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad, e insta en su art. 19 a que los Estados partes adopten medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras se encuentren bajo la custodia de sus padres. En ese sentido el art. 5 del Nuevo CNNA, establece que son sujetos de derechos del presente Código, los seres humanos hasta los dieciocho años cumplidos. 2.- Los Instrumentos Internacionales sobre derechos Humanos ratificados por nuestro país, en el marco de la norma prevista por el art. 31 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece explícitamente "que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las exigencias del bien común en una sociedad democrática", establecen reglas para el balance de derechos que se encuentran en tensión. En esa línea los órganos internacionales de protección de derechos humanos han emitido reglas y normas que si bien no son vinculantes pueden orientar nuestro criterio por referirse a delitos sexuales que es el tema que analizamos; dichas normas han encontrado un equilibrio entre los derechos de los procesados y de las víctimas que demuestran que los derechos fundamentales de los acusados o la defensa no se prefiere automáticamente por sobre el derecho igualmente fundamental de las víctimas, a la honra, la dignidad y la intimidad, siendo este particularmente válido y cobra mayor fuerza cuando el hecho se da contra una víctima menor de edad. Como normativa a nivel nacional tenemos: Arts. 2,4, 5,7, 8, 9 11, 12 inciso a) v 188 del Nuevo Código Niño Niña y Adolescente; Arts. 11, 76, 134 v 305 del Código de Procedimiento Penal; Arts. 15, 24, 59, 60, 61 у 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional; Art. 7 núm.15 de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de Violencia. Por consiguiente en atención a la normativa referida, las autoridades están en la obligación ineludible de adoptar medidas adecuadas y aplicar la legislación especial, para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, el desarrollo integral, la dignidad y la vida privada de las víctimas y testigos menores, teniendo en cuenta los factores pertinentes como la edad, género, salud e índole del crimen, y en particular cuando contenga violencia sexual contra menores, casos en los cuales los juzgadores deben adoptar medidas que no redunden en perjuicio de los derechos de las menores víctimas de violencia física y psicológica” (sic [fs. 418 a 420]).

II.3. Consta Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 de 19 de

septiembre, emitida por Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, mediante el cual ratificó la Resolución de rechazo de 23 de agosto de 2023, a favor de Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Giovanni López, Ángel Amado Rodríguez Antonio y Mary Mar Yujra Barra, disponiendo el archivo de obrados. Determinación asumida, en razón de los siguientes argumentos:

“IV. ANÁLISIS JURÍDICO y VALORACIÓN. Que, del examen analítico de los antecedentes recolectados durante la investigación, se tiene: a) Que conforme al mandato del artículo 225 de la Constitución Política del Estado, le corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública, bajo este antecedente, las y los fiscales despliegan su actividad en una progresiva y continuada sucesión de actos que constituye el proceso penal ordinario, mismo que se divide, conforme ha descrito la reiterada jurisprudencia de la jurisdicción constitucional, en: 1) Etapa preparatoria; 2) Etapa intermedia; y 3) Juicio oral (SC 2249/2010-R de 19 de noviembre entre otras). A efectos de la presente resolución nos avocaremos a la denominada etapa preparatoria, la cual está integrada por tres fases: a) Actos iniciales; b) Desarrollo de la etapa preparatoria; y, c) Conclusión de la etapa preparatoria. Que, el Art. 295 del CP, señala: (VEJACIONES Y TORTURAS). Será sancionado con privación de libertad de seis (6) meses a dos (2) años, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido. La pena será de privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años, si le infligiere cualquier especie de tormentos o torturas. Si éstas causaren lesiones, la pena será de privación de libertad de dos (2) a seis (6) años; y si causaren la muerte, se aplicará la pena de presidio de diez (10) años. b) Que si bien las resoluciones fiscales deben elevarse de manera fundamentada, sin embargo deben primar por sobre todo los principios fundamentales de legalidad, responsabilidad, transparencia, eficacia, verdad material, como rectores de la motivación fiscal, haciendo hincapié al principio de VERDAD MATERIAL, que exige realizar el fundamento únicamente sobre la prueba recolectada con relación a al hecho, por el cual bajo el principio de Objetividad hacen ver a este órgano de persecución de la acción penal aun de oficio que no se ha llegado a establecer la culpabilidad del imputado en el presente hecho haciendo aplicable el principio del "IN DUBIO PRO REO", que ante la existencia de la duda, se aplicara lo más favorable al reo, toda vez que no coinciden con la relación fáctica de los hechos denunciados. c) Del análisis de los antecedentes de la presente causa, examinada la resolución de rechazo se advierte que existe una fundamentación razonable acorde a los elementos obtenidos durante la investigación, efectuándose las razones determinativas y pertinentes por las cuales se ha dispuesto la misma, siendo que de los antecedentes se puede colegir los elementos probatorios recabados no generan la suficiente convicción en relación a la participación de los encausados Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Glovanni López, Ángel Amado Rodríguez Antonio y Mary Mar Yujra Barra, siendo que si bien se expresa como agravio, Que existiría una incorrecta valoración de las declaraciones de Janeth Roxana Gareca, María Isabel Alejo Aucachi y Mariela Puita Lines, no obstante verificadas dichos elementos probatorios se advierte lo siguiente; A fs. 29 y 50 del cuaderno de investigación cursa la declaración testifical de ciudadana Janeth Roxana Gareca Ortega quien en fecha 29/03/2023, refiere percances suscitados entre la Sgto. Blanca Quispe y la Adolescente I.T.S., donde en una primera instancia, le hubiera rociado alcohol en los ojos, posteriormente se indica que le hubiera pateado, produciéndose una rencilla entre ambas de tal manera que posteriormente se hubiera procedido una agresión con un haragán, ahora bien conforme se puede evidenciar, de la versión de la testigo, refiere que presuntamente la adolescente victima hubiera sido agredida por la Sgto., ahora bien en relación a los demás encausados verificado el relato, se menciona lo siguiente; escuche claramente que la Sgto gritaba el nombre la portera Doña Pocha como 3 veces y luego grito que la portera abra el portón que ya llego el patrullero, yo escuche abrir la puerta y vi desde la ventana de la cocina que ingresaron los efectivos policiales, ingreso una sola femenina que no me percate de su apellido, el Sgto. López; ingreso otro varón con gorra y otros dos varones con casco del PAC que no pude evidenciar sus apellidos, el policía que se encontraba con casco ingreso directamente a agredir a Isabel, quiero recalcar que la adolescente no falto a la autoridad, no grito, el policía de PAC varón ingreso con palabras grotescas hacia Isabel, como ella estaba sentada este policía le da una patada, es así que yo quiero salir de la cocina pero otro policía varón me ataja y no me deja salir de la cocina y volví a llamar a la administradora pero no contesto, ese Policía del PAC la hace parar a la adolescente gritándole pendeja de mierda quien te crees vos y le hizo parar, cuando Isabel se paró el policía la golpeo en el cuello y le dio una patada, las dos adolescentes MARIA Y LUCIA vieron todo lo que paso porque ellas estaban fuera de la cocina sentadas en sus mesas, luego los policías varones del PAC y el otro de uniforme se llevaron a Isabel a su dormitorio y escuche los gritos de Isabel que decía QUE YA NO LA PEGUEN, la Sgto. Quispe me pecha para que yo no Salga de la cocina y le dije que le pasa, le echaron candado en su cuarto y el Policía que la golpeo decía que habría que gasificarla en su cuarto para que aprenda y continuo hablando en sus claves, luego se me acerca el Sgto. López me dijo PORQUE NO TE HAS METIDO, y le dije que me encontré en estado de gravidez y por eso yo no me inmiscuí en la agresión y que la Sgto. Quispe seguía agarrando el haragán. d) Por lo que del análisis valorativo de la mencionada declaración, se menciona que la adolescente hubiera recibido presuntamente dos agresiones por parte de la Sgto. Quispe, y posteriormente, recibe agresiones por los funcionarios policiales que llegaron de manera posterior, los cuales le hubieran propinado "una patada cuando estaba sentada", que hubiera recibido por parte del policía del PAC, "un golpe en el cuello y le dio una patada" y que de forma posterior le hubieran llevado un dormitorio en el cual dichos funcionarios hubieran procedido a provocar la agresión", sin embargo si bien refiere que dichos funcionarios policiales hubieran agredido a la víctima, no obstante la testigo no llega a identificar quien sería el funcionario policial que hubiera propinado la patada, y tampoco identifica quien seria el funcionario policial que presuntamente hubiera el que le hubiera dado "un golpe en el cuello y le dio una patada", siendo que únicamente refiere "el policía que se encontraba con casco ingreso directamente a agredir", así mismo refiere "no pude evidenciar sus apellidos", por lo que esta ausencia de precisión conlleva una falta de convicción, considerando que la testigo pese al amplio relato realizado no ha llegado a individualizar ni identificar al responsable de la presunta agresión. A su turno la declaración testifical de Lucia Mariela Puita Lines, cursante a fs, 35 del cuaderno de investigación, en relación a los presuntos hechos de agresión que invocarían a los ahora encausados se tiene el siguiente relato; el policía con casco entro enojado y grito quien es y le metió una bofetada en la cara a Isabel y le dice imilla de mierda de voy a enseñar a respetar a un policía carajo, refiere de manera posterior que le intenta pegar en la cabeza y y posteriormente le da una patada por detrás, posteriormente entre los 2 la golpean adentro y le meten una patada a sus partes íntimas y la seguían pegando. De la verificación del relato de la mencionada testigo, se advierte que este resulta contradictorio en relación a la anterior versión, puesto que del relato de la testigo Mariela Puita Lines se mencionada "una bofetada en el cara de la víctima y una patada en las partes íntimas de la víctima agresiones que hubieran sido realizadas por estos efectivos policiales" sin embargo esto no es mencionado por la testigo Janeth Roxana Gareca, empero además de ello, de igual forma se advierte que la testigo refiere "el policía con casco" sin poder identificar al presunto agresor. Por su parte la testigo Mariana Delgado Choque, refiere que, cuando llega al lugar los efectivos policiales ya se habían retirado por lo que llega de manera posterior a los suscitado.

En cuanto a la entrevista de la testigo María Isabel Alejo Aucachi, en relación al momento de la intervención de los encausados refiere, empezó a entrar una femenina gritándole a Isabel que te pasa a vos faltándole el respeto a la autoridad, y detrás de ella ha entrado dos hombres de negro, uno de ellos le ha golpeado a Isabel en el cuello y le ha empezado a golpear feo, después de eso le seguían golpeando a Isabel en su cuarto. Del análisis del relato, se advierte una tercera versión que resulta contradictoria a las anteriores, puesto que refiere que hubiera sido una policía femenina quien hubiera referido "que te pasa a vos faltándole el respeto a la autoridad", cuando las anteriores versiones refiere que hubiera sido el policía varón quien hubiera referido pendeja de mierda quien te crees vos, por otra parte la testigo también refiere un golpe en el cuello, empero no refiere la patada que se le hubiera dado de manera anterior y posterior, denotándose de igual forma que tampoco identifica a un presunto agresor, puesto que refiere únicamente hubieran ingresado una femenina y dos hombres de negro siendo 3 efectivos policiales, sin embargo Janeth Roxana Gareca, indico en su declaración que ingreso una sola femenina que no me percate de su apellido, el Sgto. López, ingreso otro varón con gorra y otros dos varones con casco del PAC que no pude evidenciar sus apellidos, denotándose incongruencias que conllevan a una ausencia de convicción que genera una duda en relación a la participación de los ahora encausados. e) En cuanto a la entrevista informativa de la adolescente víctima, cursante a fs. 95 del cuaderno de investigación, la misma refiere en su parte pertinente; ha venido un policía a gritarme que te pasa yo te voy a enseñar a pegar a los hombres, carajo, así me ha dicho y me da dado uno en todo esto con su mano abierta señala la parte parietal izquierda de su cabeza, y después me ha pegado aquí en la cabeza y yo no me acordaba bien las cosas ni me acuerdo hasta ahora, después me ha llevado a mi cuarto y hay me ha pegado y me manoseaba. Cabe precisar que ante el relato de la víctima, si bien es evidente el principio de presunción de verdad, no obstante no es menos evidente que verificado el relato nuevamente se advierte una declaración que dista de las anteriores, puesto que refiere hechos diferentes a los anteriores, refiere de un manoseo el cual, no se menciona en ninguna de las anteriores declaraciones, no refiere la patada en las partes íntimas, no refiere el golpe en el cuello, ni las patadas empero si menciona un golpe en la zona de la cabeza. No obstante verificado el certificado médico forense de fecha 28 de marzo de 2023 cursante a fs. 130 del cuaderno de investigación, la víctima no presenta lesiones en la cabeza (cráneo) ni en el cuello, empero si presentaría lesiones en la zona del tórax posterior, abdomen donde presenta excoriación presentando agresión física contusa, por lo que cuenta con 3 días de incapacidad, sin embargo este único elemento contrastado con los anteriores evidentemente no genera la convicción suficiente, puesto que si bien se tiene por evidentes las lesiones, no obstante debido a las graves inconsistencias se desconoce con precisión en momento preciso en las cuales se hubiera provocados las mismas, máxime si se considera la imputación formal cursante a fs. 355 del cuaderno de investigación donde se tiene que la adolescente presunta víctima se encontraría imputada por la presunta comisión del ilícito de lesiones siendo que en la fecha del hecho denunciado, hubiera ocasionando a la Sgto. Blanca Quispe 12 días de incapacidad, En mérito al análisis de los indicios probatorios referidos como agravios, no se advierte una errónea valoración, más al contrario se tiene una razonamiento correcto puesto que conforme se ha podido advierte habiendo la suscrita verificado minuciosamente dichos indicios probatorios, se llegan a advertir contracciones severas, que provocan una ausencia de convicción, siendo que si bien la declaración de la víctima al tener una minoría de edad goza de veracidad bajo el principio presunción de verdad, del Art. 193 de la Ley 548 Código Niño, Niña Y Adolescente, sin embargo conforme se ha mencionado, se advierten declaraciones contradictorias, existiendo distintas versiones que distan unas de otras, por lo que generan una falta de convicción. f) Que si bien, la VALORACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PRUEBAS COLECTADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN, como parte de la fundamentación de las resoluciones, la SCP N 0238/2015-53 ha establecido: En ese contexto, la resolución que el representante del Ministerio Público emita en el marco del art. 304 del CPP, rechazando la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, así como la que dicte el Fiscal superior en jerarquía en caso de que las partes, hayan hecho uso de la facultad prevista por el art. 305 del citado cuerpo normativo-, al margen de observar el cumplimiento de plazos procesales, y el procedimiento previsto para la objeción, sin perjuicio de considerar lo expuesto por las partes, la autoridad fiscal debe exponer, un criterio jurídico razonable sobre todos los medios de prueba, en los cuales cimenta su decisión, así como de establecer el valor que le ha otorgado a cada una de ellas, tarea que se traduce en la obligación de fundamentar y motivar su decisión, pues debe tenerse en cuenta que, la resolución de rechazo sea de la denuncia, la querella o de las actuaciones policiales, no se trata de una actuación referida a la sustanciación de aspectos formales de la investigación, al contrario su naturaleza obliga a los fiscales de materia como a los departamentales, pronunciarse sobre el fondo de una situación jurídica, relacionada con la presunta comisión de un hecho delictivo. (Negrillas y subrayado nuestro), no obstante, no es menos evidente que la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que: la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas, por lo que en merito a dicho entendimiento jurisprudencial, se advierte que la resolución en revisión se encuentra con la debida motivación y fundamentación. g) Que, para que se puedan sancionar con una pena los hechos cometidos por las personas, estas conductas deben estar descritas en la ley penal. Esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo constituye la tipicidad; de este modo, el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando detalles innecesarios, para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito. El precepto legal trata de resumir una conducta humana, describiendo mediante una fórmula dada, un hacer u omitir que constituye objetivamente delito. Si vemos todas las actuaciones policiales que existen y las actuaciones contenidas en el cuaderno de investigaciones no son suficientes los indicios acumulados para sustentar una imputación formal, por lo que corresponde disponer el Rechazo, vinculante con la Sentencia Constitucional 1573/2004-R Sucre, 27 de septiembre de 2004, "III.1. El art. 304 del C.P.P, dispone que el Fiscal mediante Resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales. En vigencia de la investigación preliminar no se cumplió con la finalidad, por lo que no se puede culminar con una imputación formal en los alcances del art. 302 del Código de Procedimiento Penal, esta situación se halla prevista como causal de rechazo, por lo que de momento se debe disponer el archivo de obrados de manera provisional en tanto no varíen las circunstancias. h) De igual forma se debe tener presente que el llamado carácter fragmentarios del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima, lo que denota que no todo bien jurídico deba ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelado deba determinar la intervención del Derecho Penal. El principio de intervención mínima, se encuentra basado en último término en dos sub principios, EL DEL CARÁCTER FRAGMENTARIO DEL DERECHO PENAL, que constriñe éste a la salvaguarda de los ataques más intolerables a los presupuestos inequívocamente imprescindibles para el mantenimiento del orden social, Y EL DE SUBSIDIARIEDAD, que entiende el Derecho penal como último recurso frente a la desorganización social, una vez que han fracasado o no están disponibles otras medidas de política social, el control social no jurídico, u otros subsistemas de control social jurídicos. i) Que el "ius puniendi" no puede ser utilizado con otros fines respecto a la esencia del Derecho Penal, que tiene características propias que lo diferencian de las demás ramas del Derecho, ya que cumple una función de protección y defensa de los bienes jurídicos que son atacados, pero solo aquellos que resultan socialmente intolerables, exigiendo de esta manera, un prístino comportamiento de ética del hombre en sociedad. Es normativo porque, fundamentalmente, se rige por normas y refuerza aquellas normas morales estableciendo penas para aquellas que son tuteladas por el ordenamiento jurídico penal cuando son violadas. Es valorativo, porque protege valores para asignar la pena a algunos de los numerosos hechos ya valorados como ilícitos por el ordenamiento jurídico y es finalista porque persigue la protección de los individuos componentes de la sociedad, garantizándoles el goce de los bienes jurídicos tutelados por otras ramas del derecho. El Derecho Penal solo debe aplicarse cuando los bienes jurídicos sean vulnerados o exista un evidente peligro, Consecuentemente en la relación de los recursos propios del Estado, el Derecho Penal debe representar la última ratio, encontrarse en el último lugar y entrar solo en la liza cuando resulta indispensable para el mantenimiento del orden púbico. Por lo que en conclusión de todo lo anterior, se puede afirmar que el derecho penal, es independiente y tiene como características fundamentales, ser; normativo, valorativo y finalista. j) Que, en cuanto a la facultad de rechazo del Ministerio Público, la SC N 1460/2011-R de 10 de octubre de 2011, señala: En ejercicio de la titularidad de la investigación en los delitos que se encuentren en el marco de la competencia del Ministerio Público, el art. 45.7 de la LOMP, reconoce a los fiscales de materia, la facultad de disponer de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo o el sobreseimiento. Al respecto, el art. 301.3 del CPP (modificado por Ley 007 de 18 de mayo de 2010), señala que recibidas las actuaciones policiales (informe preliminar), el fiscal, analizará su contenido y en función a ello, optará por el rechazo de la denuncia, querella, actuaciones policiales, disponiendo el archivo de obrados. El art. 304 del CPP, precisa que la resolución de rechazo deberá estar debidamente fundamentada, cuando: "1) Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él; 2) No se haya podido individualizar al imputado; 3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; y, 4) Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. En los casos previstos en los numerales 2), 3) y 4), la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso". En consecuencia, el representante del Ministerio Público que tuviere a su cargo el ejercicio de la acción penal pública, iniciada la investigación y efectuada la recolección de los elementos que sirvan para demostrar la comisión del hecho delictivo si considera que son suficientes para fundar una imputación, formalizará la misma; empero, si realizado el análisis del contenido de dichos elementos recolectados, considera que no son suficientes para sostener inicialmente la imputación formal y posterior acusación, rechazará la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, en uso de la facultad que le otorga la ley, salvando en su caso, la modificación de la resolución y reapertura de la investigación en el supuesto de variar las circunstancias que dieron lugar al rechazo (incs. 2, 3 y 4 del art. 301 del CPP). En el mismo sentido se expresó en la citada SC 2288/2010-R.

k) Que, si bien en esta etapa preliminar es suficiente considerar indicios que haga que se presuma de la probabilidad de autoría del sindicado; sin embargo, estos indicios deben generan convicción a efectos de fundar una imputación formal, en ese contexto, podemos concluir, que el fiscal de materia emitió una resolución de rechazo, observando los principios de objetividad, legalidad, oportunidad, previsto en el art. 5 de la Ley 260. No siendo evidente los agravios denunciados, en consideración a que la resolución de rechazo se encuentra fundamentada y motivada conforme lo determina el art. 73 del CPP., en el cual expresa los motivos de hecho y derecho en el cual basa su decisión, en consecuencia, indicando respecto a los agravios, los mismos fueron respondidos de manera amplia y fundamentada en la presente resolución, considerando que la resolución de rechazo en el punto de fundamentación explica los aspectos de hecho y derecho, análisis intelectivo realizado por el fiscal respecto a los elementos de convicción acumulados en la investigación y el razonamiento adoptado por esa decisión. Remarcando que la decisión de rechazo es conforme el artículo 304 inciso 3) del CPP, que la institución víctima puede solicitar la reapertura de la investigación en el lapso de un año conforme lo establece el artículo 27 inciso 9) del CPP” (sic [fs. 436 a 440]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; a no sufrir violencia física, sexual o psicológica; al acceso a la justicia; y, a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra los funcionarios policiales Mary Mar Yujra Barra, Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Giovanni López y Ángel Amado Rodríguez Antonio por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas del cual la menor de edad se constituye en víctima; se tiene que la autoridad ahora demandada emitió la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 por la cual ratificó el rechazo de denuncia emitido a favor de los mencionados sindicados, incurriendo por ello, en los siguientes agravios: i) Recayó en incongruencia omisiva y omisión de valoración de la prueba, pues al momento de argumentar su objeción de rechazo, se le pidió que valore los videos de cámaras de seguridad y el elemento denominado “CD marca Value Videos de Facebook”, que demuestran la agresión que sufrió la menor de edad a manos de un funcionario policial; sin embargo, la fiscal ahora demandada, no se pronunció sobre este agravio y omitió valorar tales elementos, pese, a que los mismos constaban en el cuaderno de investigación y que fueron mencionados en la Resolución de rechazo; ii) Dentro de la valoración probatoria, señaló erróneamente que las declaraciones testificales de la educadora y las dos compañeras de la víctima son contradictorias entre sí y que distan del testimonio de la víctima, además que, estas declaraciones no identifican los apellidos o a los agresores y que por esa falta de precisión, se generó la falta de convicción; sin embargo, esta afirmación se realiza, sin considerar que existe un informe del funcionario policial Héctor Hugo Pereira Molina, que dio a conocer la identidad de los funcionarios policiales implicados en el hecho, demostrando así, que la valoración de la prueba contenida en la Resolución Jerárquica, no se realizó en su real dimensión, ya que de hacerlo correctamente, se hubiera detectado la existencia de líneas de investigación pendientes; ello, ya que no puede existir eximente de responsabilidad para justificar la afectación a la integridad de la menor de edad víctima de presunta tortura; y, iii) Consintió la indebida fundamentación y motivación de la Resolución de rechazo, pues en casos de tortura como este, se debe actuar con la debida diligencia, contemplando los estándares internacionales que exigen se realice una investigación objetiva; y más, considerando que se trata de una mujer, menor de edad y privada de libertad; por ende, se observa que erróneamente se afirmó que no existen elementos indiciarios que comprueben la probabilidad de autoría, pese a tener prueba suficiente, como el informe prestado por la educadora y la entrevista de la víctima; recayendo además en error, al establecer que la víctima no aportó mayores elementos de prueba y que los presentados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no son suficientes, cuando es el Ministerio Público quien debe actuar de oficio, promoviendo por ende la impunidad de los sindicados. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público; b) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; c) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; d) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0551/2020-S1 de 23 de septiembre; 0083/2021-S1 de 24 de mayo; 0118/2021-S1 de 2 de junio; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, art. 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional, y de las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, se reconoció que este derecho comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental -SC 0316/2010-R de 15 de junio- , con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.

En ese sentido, entre los elementos que conforman el debido proceso están la fundamentación, motivación y congruencia, los cuales en una concepción general se constituyen en una exigencia ineludible para las autoridades que vayan a emitir una resolución sea esta judicial o administrativa, puesto que el correcto desarrollo de estos, permitirá al justiciable entender y comprender el porqué de la decisión respecto de su pretensión; es decir, podrá conocer el sustento normativo sustantivo y adjetivo, además de las razones claras y concretas del porque dicho respaldo normativo se ajusta al caso concreto y finalmente la certidumbre de que todas sus pretensiones fueron consideradas en coherencia con lo peticionado y lo resuelto. Así, la SCP 0469/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una breve sistematización de la distinción entre los elementos de fundamentación y motivación desarrollada en la SCP 1291/2011-R de 26 de septiembre; y, citando a la SCP1414/2013 de 16 de agosto, señalo que la misma desarrollo el siguiente entendimiento sobre la distinción de estos dos elementos del debido proceso:

“Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica” (el resaltado corresponde al texto original). Bajo esos preceptos y consideraciones jurisprudenciales sobre el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, se tiene que su observancia es de igual forma exigible en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, puesto que, resulta de vital importancia que estos expresen las razones y motivos por los que asumen una determinación, sin que sea suficiente un simple enunciado general, dado que la función de dirigir la investigación constituye una función clave en el sistema penal para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros eficientes. Entonces, al corresponderle al Fiscal asumir decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas, estas deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen fundamentada y motivadamente el por qué y cómo se llegó a la decisión tomada. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, sostuvo que:

“…cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP” (negrillas ilustrativas). En esa misma línea la SCP 0426/2014 de 25 de febrero, reiteró dichas exigencias y complementando la misma señaló que, la fundamentación y motivación debe ser emitida de manera clara y concreta, bajo un sustento apegado en derecho que permita conocer y convencer al justiciable las razones de la determinación, estableciendo que tal obligación también debe ser observada por la autoridad Fiscal Jerárquica. Bajo ese uniforme razonamiento seguido por este Tribunal, la SCP 0641/2018-S2 de 15 de octubre, explico que, siendo el Ministerio Público quien ejerce la acción penal pública cumpliendo el mandato inserto en el art. 225 de la CPE, lo cual le obliga a desarrollar sus funciones y facultades respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales y bajo el principio de objetividad entre otros, que se encuentran contemplados por la norma fundamental; en tal sentido, sus determinaciones conclusivas luego de la etapa de investigación, deben ser emitidas cumpliendo los parámetros del debido proceso, puesto que estos son requisitos ineludibles a cumplir por cualquier autoridad judicial o administrativa de la cual no está exenta el Fiscal; así, en el marco de esos preceptos la cita SCP 0641/2018-S2 estableció que:

“Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser: i) Rechazo de una querella; ii) Imputación formal; y, iii) Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta 4“A partir de este entendimiento y efectuando una interpretación del mismo a la luz de los nuevos principios ordenadores del derecho como el debido proceso en su componente de una debida fundamentación, resta complementar este razonamiento conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, estableciendo que, tanto las resoluciones dictadas por los fiscales de materia como por los fiscales de distrito -ahora departamentales-, deben hallarse debidamente fundamentadas y motivadas, expresando de manera clara y concreta, sustentada en derecho, las causas por las cuales se tomó determinada decisión; caso contrario, una resolución carente de estos elementos fundamentales que hacen al fondo del decisorio, impiden al litigante, tener la certeza plena del porqué del contenido de la decisión y lesionan el debido proceso, haciendo procedente la tutela constitucional que otorga la acción de amparo constitucional” (resaltado agregado). 5“En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano, al que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, tales como: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; y, 3) Sobreseimiento, entre otros; debe estar debidamente motivada y fundamentada; es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación, sepan qué elementos consideró para asumir tal determinación, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho, para sustentarla.

todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP. Este estándar, debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo, que asuma el Ministerio Público, pues la motivación y fundamentación que se realice, debe satisfacer tanto al querellante como al querellado; y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia” (las negrillas son agregadas).

En tal sentido, las decisiones tomadas por los representantes del Ministerio Público, deben tener una base racional y seguir lo establecido en el nuevo modelo constitucional y el ordenamiento jurídico, respetando los derechos de los involucrados, para que no quede ni la menor duda que lo resuelto está acorde a derecho, observancia que deberá ser plasmada a través de una resolución que contenga una debida motivación, desde un punto de vista racional como razonable, garantizando a la persona que la decisión que ha obtenido -sea o no favorable a sus intereses-, es producto de un razonamiento correcto, en el que además se haya considerado los valores y principios contemplados en la Constitución, dando lugar a una decisión objetivamente justa.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0333/2020-S1 de 14 de agosto, 0365/2020-S1 de 20 de agosto; y, 0378/2020-S1 de 24 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es 6 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 7 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

1. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. 2. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. 8 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el F.J.III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales; 0081/2021-S1 de 21 de mayo, 0512/2022-S1 de 4 de julio; y, 1316/2023-S1 de 20 de diciembre -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por 9“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.

(…)

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

“…qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…

…en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final…” (las negrillas nos pertenecen)

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas). 10“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.”

En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que: Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

“…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…” (el resaltado es ilustrativo).

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

“…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas son añadidas).

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.

2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,

4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se 13“…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018-S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.

Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.-La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: a) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.4. Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres

La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación” (el resaltado es añadido).

Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación.

14 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 15 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación...

17 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 18 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 19Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”

(…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.

En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.

Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado y subrayado es ilustrativo).

En ese marco, añadió que en el caso el Caso LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia 21Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 22Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 23. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado y subrayado es añadido).

Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art. 234.7- del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es:

24“Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que: En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

“…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y,

En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos” (las negrillas son añadidas). De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.5. Análisis del caso concreto

La parte accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia; a no sufrir violencia física, sexual o psicológica; al acceso a la justicia; y, a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido contra los funcionarios policiales Mary Mar Yujra Barra, Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Giovanni López y Ángel Amado Rodríguez Antonio por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas del cual la menor de edad se constituye en víctima; se tiene que la autoridad ahora demandada emitió la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 por la cual ratificó el rechazo de denuncia emitido a favor de los mencionados sindicados, incurriendo por ello, en los siguientes agravios: i) Recayó en incongruencia omisiva y omisión de valoración de la prueba, pues al momento de argumentar su objeción de rechazo, se le pidió que valore los videos de cámaras de seguridad y el elemento denominado “CD marca Value Videos de Facebook”, que demuestran la agresión que sufrió la menor de edad a manos de un funcionario policial; sin embargo, la fiscal ahora demandada, no se pronunció sobre este agravio y omitió valorar tales elementos, pese, a que los mismos constaban en el cuaderno de investigación y que fueron mencionados en la Resolución de rechazo; ii) Dentro de la valoración probatoria, señaló erróneamente que las declaraciones testificales de la educadora y las dos compañeras de la víctima son contradictorias entre sí y que distan del testimonio de la víctima, además que, estas declaraciones no identifican los apellidos o a los agresores y que por esa falta de precisión, se generó la falta de convicción; sin embargo, esta afirmación se realiza, sin considerar que existe un informe del funcionario policial Héctor Hugo Pereira Molina, que dio a conocer la identidad de los funcionarios policiales implicados en el hecho, demostrando así, que la valoración de la prueba contenida en la Resolución Jerárquica, no se realizó en su real dimensión, ya que de hacerlo correctamente, se hubiera detectado la existencia de líneas de investigación pendientes; ello, ya que no puede existir eximente de responsabilidad para justificar la afectación a la integridad de la menor de edad víctima de presunta tortura; y, iii) Consintió la indebida fundamentación y motivación de la Resolución de rechazo, pues en casos de tortura como este, se debe actuar con la debida diligencia, contemplando los estándares internacionales que exigen se realice una investigación objetiva; y más, considerando que se trata de una mujer, menor de edad y privada de libertad; por ende, se observa que erróneamente se afirmó que no existen elementos indiciarios que comprueben la probabilidad de autoría, pese a tener prueba suficiente, como el informe prestado por la educadora y la entrevista de la víctima; recayendo además en error, al establecer que la víctima no aportó mayores elementos de prueba y que los presentados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no son suficientes, cuando es el Ministerio Público quien debe actuar de oficio, promoviendo por ende la impunidad de los sindicados.

De las Conclusiones del presente fallo constitucional se tiene que, mediante Resolución de 23 de agosto de 2023, se dispuso el rechazo de denuncia a favor de los funcionarios policiales Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Giovanni López, Ángel Amado Rodríguez Antonio y Mary Mar Yujra Barra, por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas (Conclusión II.1); contra tal determinación, la asesora legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en representación de la víctima menor de edad, planteó objeción de rechazo (Conclusión II.2) emitiendo la autoridad ahora demandada la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 de 19 de septiembre, por la cual ratificó el referido rechazo y dispuso el archivo de obrados (Conclusión II.3). Con esos antecedentes, corresponde ingresar al fondo de las problemáticas planteadas a efectos de determinar si las mismas son evidentes; teniendo en consecuencia que:

III.5.1. Respecto a la primera problemática

La parte accionante alega que mediante Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 la autoridad ahora demandada, recayó en incongruencia omisiva y omisión de valoración de la prueba, pues al momento de argumentar su objeción de rechazo, se le pidió que valore los videos de cámaras de seguridad y el elemento denominado “CD marca Value Videos de Facebook”, que demuestran la agresión que sufrió la menor de edad a manos de un funcionario policial; sin embargo, dicha autoridad, no se pronunció sobre este agravio y omitió valorar tales elementos, pese, a que los mismos constaban en el cuaderno de investigación y que fueron mencionados en la Resolución de rechazo. A efectos de abordar dicha problemática, es pertinente dividir su análisis en dos partes:

a) Sobre la denuncia de falta de congruencia, es pertinente establecer que el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional entendió que la misma se entiende como el principio rector de toda determinación judicial, que exige plena correspondencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por la autoridad judicial, estableciendo que existirá incongruencia citra petita cuando la autoridad judicial omita pronunciarse sobre algún argumento de las partes.

Entonces, se observa que la parte accionante al momento de exponer su problemática alega que concretamente no se le habría dado respuesta al agravio referente a que debían valorarse los videos de cámaras de seguridad y el elemento denominado “CD marca Value Videos de Facebook”; es así que, a efectos de evidenciar si esta situación es real, que en primera instancia debemos remitirnos al memorial de objeción de rechazo, en el cual la representación de la menor de edad señaló que:

“1. Dentro la presente causa el Ministerio Publico, cuenta con la entrevista de la víctima de la señora Janeth Roxana Gareca, María Isabel Alejo Aucachi y Mariela Puita Lines quienes señalan que el día de los hechos ingresaron policías y el policía con casco entro enojado y grito y le metió una bofetada fuerte a la víctima también existe informes del personal del SEDGES, quienes informan las agresiones por parte del policía con casco y también se tiene adjunto un video de las cámaras de seguridad donde se identifica dicha agresión Señora fiscal Departamental como vera existe suficientes indicios que nos hacen presumir que la adolescente victima habría sufrido un hecho de agresión físicas y el Ministerio Publico pretende dejar este hecho en la impunidad, no se puede dejar a la víctima sin protección más cuando el art. 15 de la C.P.E señala que el estado adoptara las medidas necesarias para prevenir eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, como también el Art. 60 de la C.P.E que establece que es deber del estado de garantizar la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. Por lo que se torna de mucha importancia de continuar con la investigación para encontrar los suficientes elementos INDICIARIOS para presentar IMPUTACION, en contra el presunto autor de las agresiones más cuando estamos frente a una adolescente victima vulnerable y sin la debida protección. (…)” (sic).

Como se observa, es evidente que, al momento, de interponer la objeción de rechazo, la parte accionante, alegó entre otros, que existen elementos probatorios que demuestran la existencia del hecho denunciado; entre ellos, la grabación de las cámaras de seguridad; entonces, siendo que este se constituye en un agravio específico que corresponde verificar si al mismo se otorgó respuesta; observando así, que la Resolución ahora cuestionada señaló que:

“(…) c) Del análisis de los antecedentes de la presente causa, examinada la resolución de rechazo se advierte que existe una fundamentación razonable acorde a los elementos obtenidos durante la investigación, efectuándose las razones determinativas y pertinentes por las cuales se ha dispuesto la misma, siendo que de los antecedentes se puede colegir los elementos probatorios recabados no generan la suficiente convicción en relación a la participación de los encausados Roberto Zambrana Iñiguez, Eiver Glovanni López, Ángel Amado Rodríguez Antonio y Mary Mar Yujra Barra, siendo que si bien se expresa como agravio, Que existiría una incorrecta valoración de las declaraciones de Janeth Roxana Gareca, María Isabel Alejo Aucachi y Mariela Puita Lines, no obstante verificadas dichos elementos probatorios se advierte lo siguiente; A fs. 29 y 50 del cuaderno de investigación cursa la declaración testifical de ciudadana Janeth Roxana Gareca Ortega quien en fecha 29/03/2023, refiere percances suscitados entre la Sgto. Blanca Quispe y la Adolescente I.T.S., donde en una primera instancia, le hubiera rociado alcohol en los ojos, posteriormente se indica que le hubiera pateado, produciéndose una rencilla entre ambas de tal manera que posteriormente se hubiera procedido una agresión con un haragán, ahora bien conforme se puede evidenciar, de la versión de la testigo, refiere que presuntamente la adolescente victima hubiera sido agredida por la Sgto., ahora bien en relación a los demás encausados verificado el relato, se menciona lo siguiente; escuche claramente que la Sgto gritaba el nombre la portera Doña Pocha como 3 veces y luego grito que la portera abra el portón que ya llego el patrullero, yo escuche abrir la puerta y vi desde la ventana de la cocina que ingresaron los efectivos policiales, ingreso una sola femenina que no me percate de su apellido, el Sgto. López; ingreso otro varón con gorra y otros dos varones con casco del PAC que no pude evidenciar sus apellidos, el policía que se encontraba con casco ingreso directamente a agredir a Isabel, quiero recalcar que la adolescente no falto a la autoridad, no grito, el policía de PAC varón ingreso con palabras grotescas hacia Isabel, como ella estaba sentada este policía le da una patada, es así que yo quiero salir de la cocina pero otro policía varón me ataja y no me deja salir de la cocina y volví a llamar a la administradora pero no contesto, ese Policía del PAC la hace parar a la adolescente gritándole pendeja de mierda quien te crees vos y le hizo parar, cuando Isabel se paró el policía la golpeo en el cuello y le dio una patada, las dos adolescentes MARIA Y LUCIA vieron todo lo que paso porque ellas estaban fuera de la cocina sentadas en sus mesas, luego los policías varones del PAC y el otro de uniforme se llevaron a Isabel a su dormitorio y escuche los gritos de Isabel que decía QUE YA NO LA PEGUEN, la Sgto. Quispe me pecha para que yo no Salga de la cocina y le dije que le pasa, le echaron candado en su cuarto y el Policía que la golpeo decía que habría que gasificarla en su cuarto para que aprenda y continuo hablando en sus claves, luego se me acerca el Sgto. López me dijo PORQUE NO TE HAS METIDO, y le dije que me encontré en estado de gravidez y por eso yo no me inmiscuí en la agresión y que la Sgto. Quispe seguía agarrando el haragán. d) Por lo que del análisis valorativo de la mencionada declaración, se menciona que la adolescente hubiera recibido presuntamente dos agresiones por parte de la Sgto. Quispe, y posteriormente, recibe agresiones por los funcionarios policiales que llegaron de manera posterior, los cuales le hubieran propinado "una patada cuando estaba sentada", que hubiera recibido por parte del policía del PAC, "un golpe en el cuello y le dio una patada" y que de forma posterior le hubieran llevado un dormitorio en el cual dichos funcionarios hubieran procedido a provocar la agresión", sin embargo si bien refiere que dichos funcionarios policiales hubieran agredido a la víctima, no obstante la testigo no llega a identificar quien sería el funcionario policial que hubiera propinado la patada, y tampoco identifica quien sería el funcionario policial que presuntamente hubiera el que le hubiera dado "un golpe en el cuello y le dio una patada", siendo que únicamente refiere "el policía que se encontraba con casco ingreso directamente a agredir", así mismo refiere "no pude evidenciar sus apellidos", por lo que esta ausencia de precisión conlleva una falta de convicción, considerando que la testigo pese al amplio relato realizado no ha llegado a individualizar ni identificar al responsable de la presunta agresión. A su turno la declaración testifical de Lucia Mariela Puita Lines, cursante a fs, 35 del cuaderno de investigación, en relación a los presuntos hechos de agresión que invocarían a los ahora encausados se tiene el siguiente relato; el policía con casco entro enojado y grito quien es y le metió una bofetada en la cara a Isabel y le dice imilla de mierda de voy a enseñar a respetar a un policía carajo, refiere de manera posterior que le intenta pegar en la cabeza y posteriormente le da una patada por detrás, posteriormente entre los 2 la golpean adentro y le meten una patada a sus partes íntimas y la seguían pegando. De la verificación del relato de la mencionada testigo, se advierte que este resulta contradictorio en relación a la anterior versión, puesto que del relato de la testigo Mariela Puita Lines se mencionada "una bofetada en el cara de la víctima y una patada en las partes íntimas de la víctima agresiones que hubieran sido realizadas por estos efectivos policiales" sin embargo esto no es mencionado por la testigo Janeth Roxana Gareca, empero además de ello, de igual forma se advierte que la testigo refiere "el policía con casco" sin poder identificar al presunto agresor. Por su parte la testigo Mariana Delgado Choque, refiere que, cuando llega al lugar los efectivos policiales ya se habían retirado por lo que llega de manera posterior a los suscitado. En cuanto a la entrevista de la testigo María Isabel Alejo Aucachi, en relación al momento de la intervención de los encausados refiere, empezó a entrar una femenina gritándole a Isabel que te pasa a vos faltándole el respeto a la autoridad, y detrás de ella ha entrado dos hombres de negro, uno de ellos le ha golpeado a Isabel en el cuello y le ha empezado a golpear feo, después de eso le seguían golpeando a Isabel en su cuarto. Del análisis del relato, se advierte una tercera versión que resulta contradictoria a las anteriores, puesto que refiere que hubiera sido una policía femenina quien hubiera referido "que te pasa a vos faltándole el respeto a la autoridad", cuando las anteriores versiones refiere que hubiera sido el policía varón quien hubiera referido pendeja de mierda quien te crees vos, por otra parte la testigo también refiere un golpe en el cuello, empero no refiere la patada que se le hubiera dado de manera anterior y posterior, denotándose de igual forma que tampoco identifica a un presunto agresor, puesto que refiere únicamente hubieran ingresado una femenina y dos hombres de negro siendo 3 efectivos policiales, sin embargo Janeth Roxana Gareca, indico en su declaración que ingreso una sola femenina que no me percate de su apellido, el Sgto. López, ingreso otro varón con gorra y otros dos varones con casco del PAC que no pude evidenciar sus apellidos, denotándose incongruencias que conllevan a una ausencia de convicción que genera una duda en relación a la participación de los ahora encausados. e) En cuanto a la entrevista informativa de la adolescente víctima, cursante a fs. 95 del cuaderno de investigación, la misma refiere en su parte pertinente; ha venido un policía a gritarme que te pasa yo te voy a enseñar a pegar a los hombres, carajo, así me ha dicho y me da dado uno en todo esto con su mano abierta señala la parte parietal izquierda de su cabeza, y después me ha pegado aquí en la cabeza y yo no me acordaba bien las cosas ni me acuerdo hasta ahora, después me ha llevado a mi cuarto y hay me ha pegado y me manoseaba. Cabe precisar que ante el relato de la víctima, si bien es evidente el principio de presunción de verdad, no obstante no es menos evidente que verificado el relato nuevamente se advierte una declaración que dista de las anteriores, puesto que refiere hechos diferentes a los anteriores, refiere de un manoseo el cual, no se menciona en ninguna de las anteriores declaraciones, no refiere la patada en las partes íntimas, no refiere el golpe en el cuello, ni las patadas empero si menciona un golpe en la zona de la cabeza. No obstante verificado el certificado médico forense de fecha 28 de marzo de 2023 cursante a fs. 130 del cuaderno de investigación, la víctima no presenta lesiones en la cabeza (cráneo) ni en el cuello, empero si presentaría lesiones en la zona del tórax posterior, abdomen donde presenta excoriación presentando agresión física contusa, por lo que cuenta con 3 días de incapacidad, sin embargo este único elemento contrastado con los anteriores evidentemente no genera la convicción suficiente, puesto que si bien se tiene por evidentes las lesiones, no obstante debido a las graves inconsistencias se desconoce con precisión en momento preciso en las cuales se hubiera provocados las mismas, máxime si se considera la imputación formal cursante a fs. 355 del cuaderno de investigación donde se tiene que la adolescente presunta víctima se encontraría imputada por la presunta comisión del ilícito de lesiones siendo que en la fecha del hecho denunciado, hubiera ocasionando a la Sgto. Blanca Quispe 12 días de incapacidad, En mérito al análisis de los indicios probatorios referidos como agravios, no se advierte una errónea valoración, más al contrario se tiene una razonamiento correcto puesto que conforme se ha podido advierte habiendo la suscrita verificado minuciosamente dichos indicios probatorios, se llegan a advertir contracciones severas, que provocan una ausencia de convicción, siendo que si bien la declaración de la víctima al tener una minoría de edad goza de veracidad bajo el principio presunción de verdad, del Art. 193 de la Ley 548 Código Niño, Niña Y Adolescente, sin embargo conforme se ha mencionado, se advierten declaraciones contradictorias, existiendo distintas versiones que distan unas de otras, por lo que generan una falta de convicción.

f) Que si bien, la VALORACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PRUEBAS COLECTADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN, como parte de la fundamentación de las resoluciones, la SCP N 0238/2015-53 ha establecido: En ese contexto, la resolución que el representante del Ministerio Público emita en el marco del art. 304 del CPP, rechazando la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, así como la que dicte el Fiscal superior en jerarquía en caso de que las partes, hayan hecho uso de la facultad prevista por el art. 305 del citado cuerpo normativo-, al margen de observar el cumplimiento de plazos procesales, y el procedimiento previsto para la objeción, sin perjuicio de considerar lo expuesto por las partes, la autoridad fiscal debe exponer, un criterio jurídico razonable sobre todos los medios de prueba, en los cuales cimenta su decisión, así como de establecer el valor que le ha otorgado a cada una de ellas, tarea que se traduce en la obligación de fundamentar y motivar su decisión, pues debe tenerse en cuenta que, la resolución de rechazo sea de la denuncia, la querella o de las actuaciones policiales, no se trata de una actuación referida a la sustanciación de aspectos formales de la investigación, al contrario su naturaleza obliga a los fiscales de materia como a los departamentales, pronunciarse sobre el fondo de una situación jurídica, relacionada con la presunta comisión de un hecho delictivo. (Negrillas y subrayado nuestro), no obstante, no es menos evidente que la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que: la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas, por lo que en merito a dicho entendimiento jurisprudencial, se advierte que la resolución en revisión se encuentra con la debida motivación y fundamentación. g) Que, para que se puedan sancionar con una pena los hechos cometidos por las personas, estas conductas deben estar descritas en la ley penal. Esa descripción legal, desprovista de carácter valorativo constituye la tipicidad; de este modo, el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando detalles innecesarios, para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito. El precepto legal trata de resumir una conducta humana, describiendo mediante una fórmula dada, un hacer u omitir que constituye objetivamente delito. Si vemos todas las actuaciones policiales que existen y las actuaciones contenidas en el cuaderno de investigaciones no son suficientes los indicios acumulados para sustentar una imputación formal, por lo que corresponde disponer el Rechazo, vinculante con la Sentencia Constitucional 1573/2004-R Sucre, 27 de septiembre de 2004, "III.1. El art. 304 del C.P.P, dispone que el Fiscal mediante Resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales. En vigencia de la investigación preliminar no se cumplió con la finalidad, por lo que no se puede culminar con una imputación formal en los alcances del art. 302 del Código de Procedimiento Penal, esta situación se halla prevista como causal de rechazo, por lo que de momento se debe disponer el archivo de obrados de manera provisional en tanto no varíen las circunstancias.

h) De igual forma se debe tener presente que el llamado carácter fragmentarios del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior. Ambos postulados integran el llamado principio de intervención mínima, lo que denota que no todo bien jurídico deba ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelado deba determinar la intervención del Derecho Penal. El principio de intervención mínima, se encuentra basado en último término en dos sub principios, EL DEL CARÁCTER FRAGMENTARIO DEL DERECHO PENAL, que constriñe éste a la salvaguarda de los ataques más intolerables a los presupuestos inequívocamente imprescindibles para el mantenimiento del orden social, Y EL DE SUBSIDIARIEDAD, que entiende el Derecho penal como último recurso frente a la desorganización social, una vez que han fracasado o no están disponibles otras medidas de política social, el control social no jurídico, u otros subsistemas de control social jurídicos. i) Que el "ius puniendi" no puede ser utilizado con otros fines respecto a la esencia del Derecho Penal, que tiene características propias que lo diferencian de las demás ramas del Derecho, ya que cumple una función de protección y defensa de los bienes jurídicos que son atacados, pero solo aquellos que resultan socialmente intolerables, exigiendo de esta manera, un prístino comportamiento de ética del hombre en sociedad. Es normativo porque, fundamentalmente, se rige por normas y refuerza aquellas normas morales estableciendo penas para aquellas que son tuteladas por el ordenamiento jurídico penal cuando son violadas. Es valorativo, porque protege valores para asignar la pena a algunos de los numerosos hechos ya valorados como ilícitos por el ordenamiento jurídico y es finalista porque persigue la protección de los individuos componentes de la sociedad, garantizándoles el goce de los bienes jurídicos tutelados por otras ramas del derecho. El Derecho Penal solo debe aplicarse cuando los bienes jurídicos sean vulnerados o exista un evidente peligro, Consecuentemente en la relación de los recursos propios del Estado, el Derecho Penal debe representar la última ratio, encontrarse en el último lugar y entrar solo en la liza cuando resulta indispensable para el mantenimiento del orden púbico. Por lo que en conclusión de todo lo anterior, se puede afirmar que el derecho penal, es independiente y tiene como características fundamentales, ser; normativo, valorativo y finalista. j) Que, en cuanto a la facultad de rechazo del Ministerio Público, la SC N 1460/2011-R de 10 de octubre de 2011, señala: En ejercicio de la titularidad de la investigación en los delitos que se encuentren en el marco de la competencia del Ministerio Público, el art. 45.7 de la LOMP, reconoce a los fiscales de materia, la facultad de disponer de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo o el sobreseimiento. Al respecto, el art. 301.3 del CPP (modificado por Ley 007 de 18 de mayo de 2010), señala que recibidas las actuaciones policiales (informe preliminar), el fiscal, analizará su contenido y en función a ello, optará por el rechazo de la denuncia, querella, actuaciones policiales, disponiendo el archivo de obrados. El art. 304 del CPP, precisa que la resolución de rechazo deberá estar debidamente fundamentada, cuando: "1) Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él; 2) No se haya podido individualizar al imputado; 3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; y, 4) Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. En los casos previstos en los numerales 2), 3) y 4), la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso". En consecuencia, el representante del Ministerio Público que tuviere a su cargo el ejercicio de la acción penal pública, iniciada la investigación y efectuada la recolección de los elementos que sirvan para demostrar la comisión del hecho delictivo si considera que son suficientes para fundar una imputación, formalizará la misma; empero, si realizado el análisis del contenido de dichos elementos recolectados, considera que no son suficientes para sostener inicialmente la imputación formal y posterior acusación, rechazará la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, en uso de la facultad que le otorga la ley, salvando en su caso, la modificación de la resolución y reapertura de la investigación en el supuesto de variar las circunstancias que dieron lugar al rechazo (incs. 2, 3 y 4 del art. 301 del CPP). En el mismo sentido se expresó en la citada SC 2288/2010-R. k) Que, si bien en esta etapa preliminar es suficiente considerar indicios que haga que se presuma de la probabilidad de autoría del sindicado; sin embargo, estos indicios deben generan convicción a efectos de fundar una imputación formal, en ese contexto, podemos concluir, que el fiscal de materia emitió una resolución de rechazo, observando los principios de objetividad, legalidad, oportunidad, previsto en el art. 5 de la Ley 260. No siendo evidente los agravios denunciados, en consideración a que la resolución de rechazo se encuentra fundamentada y motivada conforme lo determina el art. 73 del CPP., en el cual expresa los motivos de hecho y derecho en el cual basa su decisión, en consecuencia, indicando respecto a los agravios, los mismos fueron respondidos de manera amplia y fundamentada en la presente resolución, considerando que la resolución de rechazo en el punto de fundamentación explica los aspectos de hecho y derecho, análisis intelectivo realizado por el fiscal respecto a los elementos de convicción acumulados en la investigación y el razonamiento adoptado por esa decisión. Remarcando que la decisión de rechazo es conforme el artículo 304 inciso 3) del CPP, que la institución víctima puede solicitar la reapertura de la investigación en el lapso de un año conforme lo establece el artículo 27 inciso 9) del CPP” (sic).

Como se observa del análisis in extenso de la Resolución ahora cuestionada, no se advierte que la autoridad ahora demandada hubiera dado respuesta al agravio específico por el cual la parte ahora impetrante de tutela solicitó se considere como elemento probatorio la existencia de un video de seguridad en el que se demostraría el hecho; ya que como se observa, la resolución se enfoca en analizar las declaraciones de testigos y fundamentar la facultad con la que cuenta el Ministerio Público para emitir rechazos, por ende es evidente la lesión al principio de congruencia, correspondiendo conceder la tutela sobre este aspecto. b) La parte accionante refiere también en esta problemática que además de la falta de respuesta al agravio referente a la valoración de los videos de cámaras de seguridad se omitió otorgar valor a dicho elemento y al elemento denominado “CD marca Value Videos de Facebook”; entonces, a efectos de analizar si esta situación es evidente, se debe tomar en cuenta que conforme el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció que el Ministerio Público al momento de fundamentar y motivar sus resoluciones, debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes, valorando la información que extrae de manera individual y en conjunto de forma integral; además de ello, se debe tomar en cuenta que conforme el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, esta instancia constitucional puede ingresar a analizar la valoración de la prueba cuando: 1) Las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

Dicho ello, y de la revisión de la Resolución de rechazo (Conclusión II.1) se observa que, evidentemente, en la misma se refiere como elemento colectado durante la etapa investigativa la existencia de un “CD marca Value Videos de Facebook”; sin embargo, pese a ser un elemento probatorio que consta en el cuaderno de investigación, este fue consignado pero no fue tomado en cuenta ni motivado por el Fiscal de Materia y al haber sido reclamado en fase de objeción debe ser atendido; además, sobre el mismo no se realizó un análisis individual y menos relacionado a los otros elementos acumulados; demostrando por ende, que es evidente que se omitió valorar dicho elemento, pese al deber que tiene el Ministerio Público de valorar cada elemento, correspondiendo por ello conceder la tutela solicitada sobre la presente problemática.

III.5.2. Con relación a la segunda problemática

La parte accionante señala que dentro de la valoración probatoria, la Resolución Jerárquica RJ/RR/ESGS/879-2023 señaló erróneamente que las declaraciones testificales de la educadora y las dos compañeras de la víctima son contradictorias entre sí y que distan del testimonio de la víctima, además que, estas declaraciones no identifican los apellidos o a los agresores y que por esa falta de precisión, se generó la falta de convicción; sin embargo, esta afirmación se realiza, sin considerar que existe un Informe del funcionario policial Héctor Hugo Pereira Molina, que dio a conocer la identidad de los funcionarios policiales implicados en el hecho, demostrando así, que la valoración de la prueba contenida en la citada Resolución Jerárquica, no se realizó en su real dimensión, ya que de hacerlo correctamente, se hubiera detectado la existencia de líneas de investigación pendientes; ello, ya que no puede existir eximente de responsabilidad para justificar la afectación a la integridad de la menor de edad víctima de presunta tortura.

Sobre el punto, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional estableció que toda resolución del Ministerio Público emitida dentro de un proceso penal que no implique una cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga, debe encontrarse necesariamente fundamentada y motivada, y para ello, deberán dictar sus requerimientos no solamente circunscribiéndose a relatar lo expuesto por las partes, sino también citando las pruebas que aportaron éstas y exponiendo su criterio sobre el valor que le dan a las mismas; además, es pertinente recordar que el ya citado Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que esta instancia constitucional puede únicamente ingresar a revisar la valoración de la prueba cuando: i) Las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

Con dicho marco jurisprudencial, se debe realizar las siguientes consideraciones.

a) Cuando hablamos de una resolución de rechazo, el marco normativo que regula dicho aspecto, se encuentra contenido en el art. 304 del CPP; entonces, tal requerimiento conclusivo procederá cuando 1) Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado en él; 2) No se haya podido individualizar al imputado; 3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; y, 4) Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso.

Entonces, cuando un Fiscal de Materia, rechaza una denuncia, la fundamentación que manifieste, debe responder a la causal o causales señaladas previamente; es decir, incurrirá en error, si es que alega que no existen elementos suficientes, pero contradictoriamente fundamenta sobre la falta de individualización del imputado. Entonces, cuando la determinación es objetada; la función del Fiscal Departamental, parte de identificar cual es la causal por la que se definió el rechazo y a partir de ello, verificar si esta fue aplicada correctamente; pues solo así, la decisión asumida se mantendrá dentro del marco de lo regulado normativamente.

b) En el presente caso y conforme lo descrito en la Conclusión II.1 del presente fallo constitucional, se observa e identifica que el rechazo fue emitido a partir de lo establecido por el art. 304 inc. 3) del CPP; es decir, el fiscal en primera instancia estableció que no existen elementos para fundar una imputación; sin embargo, la Resolución Jerárquica incurre en evidente error de fundamentación y motivación, pues revisa dicho rechazo, fundamentado precisamente que no se pudo individualizar al imputado; obsérvese:

i. La autoridad ahora demandada -conforme la cita de la resolución realizada previamente- habla en principio sobre la declaración de Janeth Roxana Gareca Ortega, quien habría identificado en principio a Blanca Quispe, como la funcionaria policial que agredió a la menor de edad; pero más allá de ello, su relato también habla sobre otros policías que después de tal agresión hubieran continuado con actos de agresión contra la menor, propinándole patadas y golpe en el cuello; mencionando dichos policías -según el relato- que habría que gasificar a la menor de edad para que aprenda. Entonces, a partir de dicha testifical, la autoridad ahora demandada, llega a la conclusión de que, no se pudo identificar a los sindicados que hubieran participado en el hecho; cuando la causal del rechazo, como ya se definió, es que no existen elementos probatorios. Este incoherente análisis, conlleva a establecer que la valoración de la prueba es totalmente irrazonable pues, lo que analiza la autoridad demandada, es la falta de elementos, pero cita este elemento, que relata precisamente la existencia de agresiones contra la menor de edad, aspecto que permite establecer una total falta de fundamentación y motivación de la resolución, al alejarse de su marco normativo e interpretar la prueba para definir aspectos distintos a los resueltos por la resolución de rechazo.

ii. Situación semejante se observa con relación a la declaración testifical de Lucía Mariela Puita Lines, pues en dicha prueba se relata la existencia de hechos de agresión donde un policía agredió a la menor de edad ahora accionante, sin embargo, la Fiscal Departamental ahora demandada concluye que no se pudo identificar al presunto agresor. iii. Sobre la declaración de María Isabel Alejo Aucachi, la misma también relata que entraron dos hombres de negro que golpearon a la menor, y que continuaron con la golpiza en su habitación, concluyendo de dicha declaración que no se pudo identificar al autor.

iv. Habla también sobre la declaración de la víctima, indicando que esta habría incurrido en contradicciones; entre su primer y segundo relato, sin embargo, dicha afirmación es confusa e irrazonable, pues concluye indicando que la menor omitió señalar aspectos citados en su primera declaración; es decir, se debe entender la diferencia entre contradicción y omisión; y la autoridad ahora demandada, parte indicando que existe contradicción, no fundamenta una contradicción, sino una omisión; aspecto que de todas maneras no demuestra la inexistencia de elementos probatorios.

Por lo descrito, se debe establecer que la Resolución ahora cuestionada, evidentemente incurrió en una indebida fundamentación y motivación; además de, irrazonable valoración de la prueba; pues como se señaló, se aparta del marco normativo sobre el cual debía emitirse; y pese a que su deber era demostrar que no existen elementos para fundar una imputación -para así justificar su decisión de ratificar el rechazo-; desglosa elementos que contrariamente si demuestran que existió un hecho perseguible penalmente; por lo que, respecto a la presente problemática corresponde conceder la tutela solicitada.

III.5.3. En cuanto a la tercera problemática

La parte accionante alega que se consintió la indebida fundamentación y motivación de la Resolución de rechazo, pues en casos de tortura como este, se debe actuar con la debida diligencia, contemplando los estándares internacionales que exigen se realice una investigación objetiva; y más, considerando que se trata de una mujer, menor de edad y privada de libertad; por ende, se observa que erróneamente se afirmó que no existen elementos indiciarios que comprueben la probabilidad de autoría, pese a tener prueba suficiente, como el informe prestado por la educadora y la entrevista de la víctima; recayendo además en error, al establecer que la víctima no aportó mayores elementos de prueba y que los presentados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no son suficientes, cuando es el Ministerio Público quien debe actuar de oficio, promoviendo por ende la impunidad de los sindicados.

Al respecto, se debe considerar en primera instancia que en casos como el presente, es exigible que las autoridades actúen aplicando un enfoque interseccional, pues se habla de una mujer, menor de edad y que además se encuentra privada de su libertad; es decir, es resaltable la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra con relación a otras personas, por lo que conforme el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, es pertinente establecer que la atención de las personas en este tipo de situaciones gozan de especial atención y protección, debiéndose otorgar un trato preferencial a efectos de garantizar el efectivo goce de sus derechos fundamentales; pero más allá de ello, se observa también que se constituye en un deber de las autoridades actuar con la debida diligencia a objeto de garantizar que los hechos denunciados sean esclarecidos con la celeridad y eficiencia correspondiente, pues solo de esta manera, se efectivizará el deber del estado de responder a estas personas en situación de vulnerabilidad. Dicho ello, se observa que en el presente caso -como se resolvió también en el acápite previo- que es evidente que la autoridad ahora demandada, definió ratificar una resolución que alegaba la inexistencia de elementos probatorios, fundándose erróneamente con una argumentación que demuestra lo contrario; aspecto que denota una falta de consideración de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la accionante; quien conforme los mismos relatos manifestados, habría sido víctima de agresiones por parte de varios funcionarios policiales; por lo que el actuar de la autoridad ahora demandada, como Fiscal Departamental, debió regirse en verificar si el actuar de sus subordinados se realizó correctamente y como se señaló considerando en todo momento la situación de vulnerabilidad de la menor de edad. Pero además de ello, si bien la resolución no señala textualmente que la parte víctima debía aportar mayores elementos, como una condicionante para continuar con la investigación; es evidente que el actuar del Fiscal de Materia, fue totalmente pasivo, pues los mismos elementos descritos en la Resolución Jerárquica, relatan indicios suficientes de que en el hecho estuvo involucrado más de una persona, por lo que debió promoverse mayores investigaciones a efectos de identificar específicamente a los involucrados en el hecho; más considerando que se trata de personal policial, que por la característica de sus funciones, asumen un rol de poder dentro de los centros de reintegración de menores y que a la fecha podrían seguir conviviendo con la víctima de este hecho por el cual se dispuso el rechazo. Por lo que siendo evidente que las autoridades fiscales deben actuar de oficio, es deber de la autoridad ahora demandada determinar se continúen con las investigaciones garantizando así el ejercicio pleno de la menor de edad ahora accionante; por lo que respecto a la presente problemática, corresponde también conceder la tutela solicitada. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2024 de 11 de abril, cursante de fs. 86 a 96, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Tarija; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispositivos que la referida Sala Constitucional, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 En su F.J.III.3.2. “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se

defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía…” 2El FJ III.2, señala: “…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia”.

3 La SC 0969/2003-R de 15 de julio, en su F.J. III.2 refiere que. El art. 73 CPC dispone que: “Los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos”. La disposición legal transcrita concuerda con el art. 61 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), resultando de vital importancia conocer las razones y motivos por los que el Fiscal asume una determinación, sin que sea suficiente un enunciado general al efecto, dado que la función de dirigir la investigación es uno de los aspectos novedosos del nuevo modelo procesal penal y constituye una función clave en el nuevo sistema para asegurar la imparcialidad judicial y para permitir que la investigación se realice con parámetros de mayor eficiencia. De tal modo, al Fiscal le corresponde asumir diversas decisiones acerca del inicio, desarrollo y futuro de la investigación y, entre otros aspectos, resolver su continuación, decidir su suspensión u otras medidas que deben ser adoptadas en resoluciones que justifiquen y expliquen su razón de ser”.

11 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que: ´Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´” 12La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema

caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…) En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)” 16. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.

20 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0707_2024-S1.pdf · páginas 1 a 56.

Huella digital del PDF (SHA-256): 523355de955f8f036760ff229fdfcfb95a60250eb7e85aeb0f2b04ce7ae85ef3

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