Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 20 de junio de 2025
Concede la tutela
El solicitante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la celeridad y a la justicia pronta y oportuna; toda vez que, los hoy demandados no fijaron día y hora para la consideración de su solicitud de cesación a su detención preventiva, impetrada por memorial de 19 de enero de 2023, dejando que hasta la fecha transcurrieran más de siete días, incumpliendo los plazos establecidos por Ley, causando de esta manera una dilación indebida. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por el Juez Técnico de Sentencia Penal Sexto del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, exhortando a los demandados a tomar las medidas correctivas que fuesen necesarias, para que el personal de apoyo jurisdiccional, resguarde el cumplimiento de los plazos procesales, y atienda con celeridad los trámites, cuando de por medio se encuentre en tela de juicio, el derecho a la libertad, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0706/2025-S4 Sucre, 20 de junio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 53061-2023-107-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 01/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Camacho Condori en representación sin mandato de Leonardo Colque Mamani contra Osvaldo Gustavo Corcus Romero; Rainer Edwin Choque Villegas y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 1; y, 3 a 4 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, luego de haberse realizado la audiencia de medidas cautelares se determinó la extrema medida de la detención preventiva en la Carceleta de Camargo del departamento de Chuquisaca; en ese marco, el proceso fue radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo, donde son Jueces los hoy demandados; instancia ante la cual, el 19 de enero de 2023, solicitó la cesación a la detención preventiva, de conformidad a los arts. 239.1 y 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, dicha solicitud no fue atendida hasta la interposición de la presente acción de defensa, habiendo transcurrido siete días.
El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la celeridad y a la justicia pronta y oportuna; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que las autoridades ahora demandadas, señalen audiencia de cesación a la detención preventiva, en el plazo de veinte cuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., presente el solicitante de tutela asistido por su abogado; y, ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos de su memorial de demanda, y ampliándolos, manifestó que: a) Transcurrieron siete días para que los demandados puedan señalar audiencia; sin embargo, “…ayer después de haber interpuesto la acción de libertad recién en horas de la tarde hemos sido notificados con el señalamiento que hoy se va a llevar a cabo a las once de la mañana..” (sic.); b) La violación del principio de celeridad y justicia pronta y oportuna, fue respaldada con la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 862/2015 de 27 de julio y otras, donde los Jueces tienen la obligación de dictar en el plazo de veinticuatro horas las providencias; más aún, cuando las peticiones están vinculadas con la libertad personal, estas deben ser atendidas de forma inmediata; y, c) El informe de los demandados, donde refieren que no ingreso bajo su conocimiento el memorial cuestionado, so pretexto que la Secretaria tendría mucho trabajo, no debe ser valorado; pues, ya pasaron siete días; por lo que, pide se le conceda la tutela impetrada y se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura. Ante las aclaraciones que solicitó el Tribunal de garantías, los abogados indicaron que trabajan en Sucre y que no se apersonaron ante la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del Departamento de Chuquisaca.
Osvaldo Gustavo Corcus Romero, Rainer Edwin Choque Villegaas y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, mediante informe escrito cursante a fs. 10 y vta., indicaron lo siguiente: 1) Al tener conocimiento de la interposición de la acción de libertad, solicitaron informe verbal a la Secretaria del Tribunal precitado, respecto al no ingreso por más de siete días del memorial hoy cuestionado, como señalaba el accionante, teniendo en ese momento recién conocimiento de dicho actuado procesal que pedía la cesación a su detención preventiva; y, 2) La funcionaria de apoyo jurisdiccional indicó que; no ingresó el memorial, debido a la elevada carga laboral, como su asistencia a los juicios orales, notificaciones que tenía que realizarlas en diferentes materias, además de estar cumpliendo con las funciones de oficial de diligencias y como Secretaria en suplencia legal; puesto que, de seis funcionarios con los que debería contarse, sólo estarían dos, siendo humanamente imposible cumplir a cabalidad con las labores que la Ley del Órgano Judicial confiere; por lo que, los demandados manifestaron que en el día emitirán la providencia respecto al memorial de solicitud a la cesación de la detención preventiva del solicitante de tutela.
El Juez Técnico de Sentencia Penal Sexto del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 13 a 14, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: “…En este caso, las autoridades accionadas, Jueces Técnico del Tribunal de Sentencia Penal de Camargo, no tienen el mismo rango ni la misma responsabilidad que el Secretario o Secretario de dicho Tribunal, por lo que no se pude aplicar esta excepción ante los actos de vulneración de derechos suscitados presuntamente en contra del ahora accionante. Por consiguiente, este mecanismo de defensa de rango constitucional queda neutralizado al carecer de legitimación pasiva las autoridades jurisdiccionales, hoy accionadas, lo que imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pues si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, siendo en este caso importante tener en cuenta que exista el nexo entre el hecho reclamado que motiva la interposición de la acción con las autoridades accionadas…” (sic)
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 19 de enero de 2023, donde Leonardo Colque Mamani ‒hoy impetrante de tutela‒, solicitó la cesación a la detención preventiva, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca (fs. 2 y vta.). II.2. Consta informe escrito de 26 de enero de 2023, presentado por Osvaldo Gustavo Corcus Romero, Rainer Edwin Choque Villegas y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca ‒hoy codemandados‒; en el cual, manifiestan que: i) Al tener conocimiento de la interposición de la acción de libertad, solicitaron informe verbal a la Secretaria del Tribunal precitado, respecto al no ingreso por más de siete días del memorial hoy cuestionado, teniendo en ese momento recién conocimiento de dicho actuado procesal que pedía la cesación a su detención preventiva; y, ii) La funcionaria de apoyo jurisdiccional indicó que no ingresó el memorial a despacho debido a la elevada carga laboral, como su asistencia a los juicios orales, notificaciones que tenía que realizarlas en diferentes materias, además de estar cumpliendo con las funciones de Oficial de Diligencias y Secretaria en suplencia legal; puesto que, de seis funcionarios con los que debería contarse, sólo estarían dos, siendo humanamente imposible cumplir a cabalidad con las labores que la Ley del Órgano Judicial confiere; por lo que, los demandados manifestaron que en el día emitirán la providencia respecto al memorial de solicitud a la cesación de la detención preventiva del accionante (fs.10 y vta.).
El solicitante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la celeridad y a la justicia pronta y oportuna; toda vez que, los hoy demandados no fijaron día y hora para la consideración de su solicitud de cesación a su detención preventiva, impetrada por memorial de 19 de enero de 2023, dejando que hasta la fecha transcurrieran más de siete días, incumpliendo los plazos establecidos por Ley, causando de esta manera una dilación indebida. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La doctrina y la jurisprudencia, han determinado una clasificación de los tipos de acción de libertad según su finalidad, entre éstas, la de pronto despacho y la innovativa; mismas que fueron desarrolladas, entre otras, en la SCP 0685/2018-S4 de 25 de octubre; concluyendo que: “El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos (SCP 0011/2014 de 3 de enero).
La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
La línea jurisprudencial ha venido desarrollando de manera amplia, las formas y casos en los que el personal de apoyo jurisdiccional, puede ostentar legitimación pasiva en este tipo de acción tutelar; es así, que la SCP 0346/2018-S4 de 17 de julio, estableció que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, recondujo el entendimiento relativo a la responsabilidad del personal de apoyo jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones, así la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, señaló que: ‘La acción de libertad es una garantía jurisdiccional destinada a proteger los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción contra acciones y omisiones provenientes de servidores públicos y personas particulares que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión a los derechos tutelados por la presente acción de defensa. La naturaleza jurídica de la presente garantía jurisdiccional se encuentra establecida en el art. 125 de la CPE, de cuyo precepto se extraen los principios rectores como el informalismo, que implica la ausencia de requisitos formales en la presentación de la demanda; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad, porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa; y, la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto directo con la persona que reclama la protección de sus derechos.
A partir de la identificación de los principios que rigen la acción de libertad y, fundamentalmente en virtud a su naturaleza jurídica, se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. En consecuencia con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la celeridad y a la justicia pronta y oportuna; toda vez que, las autoridades hoy demandados no fijaron día y hora de consideración de su solicitud de cesación a su detención preventiva, solicitada por memorial de 19 de enero de 2023, dejando que hasta la fecha transcurrieran más de siete días, incumpliendo los plazos establecidos por Ley, causando de esta manera una dilación indebida.
Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes venidos en revisión; a partir de lo cual, a decir del accionante, se evidencia que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, luego de haberse realizado la audiencia de medidas cautelares se determinó la extrema medida de la detención preventiva en la Carceleta de Camargo del departamento de Chuquisaca; en ese marco, el proceso fue radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del citado departamento; es así que, el accionante, por memorial de 19 de enero de 2023, pidió la cesación a la detención preventiva, de conformidad a los arts. 239.1 y 250 del CPP; empero, dicha solicitud no fue atendida conforme a los plazos establecidos por Ley, dejando que transcurrieran más de siete días; por otra parte, en audiencia indicó que: “…ayer después de haber interpuesto la acción de libertad recién en horas de la tarde hemos sido notificados con el señalamiento que hoy se va a llevar a cabo a las once de la mañana..” (sic [las negrillas y el subrayado son nuestros]).
Por otra parte, las autoridades demandadas a través del informe escrito presentado, manifiestan que una vez que tienen conocimiento de la acción de libertad, solicitaron informe verbal a la Secretaria del Tribunal precitado, respecto al no ingreso por más de siete días del memorial hoy cuestionado, presentado el 19 de enero de 2023, teniendo en ese momento, recién conocimiento de dicho actuado procesal que pedía la cesación a su detención preventiva; consiguientemente, la funcionaria de apoyo jurisdiccional indicó que, no ingresó el memorial, debido a la elevada carga laboral, como su asistencia a los juicios orales, notificaciones que tenía que realizar en diferentes materias, además de estar cumpliendo con las funciones de oficial de diligencias y como Secretaria en suplencia legal; puesto que, de seis funcionarios con los que debería contarse, sólo están dos, siendo humanamente imposible, cumplir a cabalidad con las labores que la Ley del Órgano Judicial confiere; por lo que, los jueces ahora demandados en su informe de 26 de enero de 2023, refieren que en el día emitirán la providencia respecto al memorial de solicitud a la cesación de la detención preventiva del solicitante de tutela.
Es así que, conforme a los antecedentes, se hace necesario remitirnos a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; por el cual, se establece que la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad; pues, en el presente caso, el petitorio del accionante en la presente acción tutelar es que las autoridades jurisdiccionales demandadas, señalen audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo de veinte cuatro horas, acto procesal que fue cumplido a decir del impetrante de tutela, cuando refiere que fueron notificados el 26 de enero de 2023, con dicho señalamiento y que el 27 a las 11:00 am, se estaría desarrollando la misma; empero, no es menos evidente que el accionar de los demandados generó una dilación indebida, incumpliendo plazos procesales establecidos por Ley; toda vez que, desde el 19 hasta el 27 de enero del mismo año, en que presentó su solicitud de cesación a la detención preventiva, transcurrieron más de siete días. Ahora bien, los Jueces como autoridades revestidas de jurisdicción, no pueden dejar al desamparo la dirección del Tribunal del cual se encuentran a cargo, por cuanto les asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas, también asumen la responsabilidad por ser las autoridades que finalmente tiene la responsabilidad del Tribunal; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo jurisdiccional y principalmente las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad; ya que, cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor; más aún, si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional; en ese marco, los demandados incurrieron en lesión de los derechos de la parte solicitante de tutela, al no haber cumplido con los plazos previstos; más aún, cuando estos están relacionados con la libertad.
Por lo que, de conformidad al Fundamento Jurídico glosado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde al respecto conceder la tutela impetrada, bajo la modalidad innovativa, considerando que la misma procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad, en el entendido de que ya se providenció su memorial presentado por el solicitante de tutela fijándo día y hora de consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva.
Finalmente, se aclara que la concesión otorgada en la presente acción tutelar únicamente contiene un fin exhortativo, a fin de que los demandados, a futuro no incurran en los mismos errores procesales de dilación a tiempo de resolver la situación jurídica de personas privadas de libertad, bajo el argumento de que la Secretaria que es personal de apoyo jurisdiccional, es la responsable al no haber despachado por tener mucha carga laboral, aspecto este que no fue acreditado mediante un documento para que pueda ser compulsado por este Tribunal; por lo cual, en su caso corresponde que dichas autoridades adopten las medidas correctivas, a fin de evitar vulneraciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Como también, ante la carencia de personal corresponde hagan las representaciones correspondientes ante las autoridades competentes a fin de que se les dote el personal necesario para el cumplimiento oportuno de sus funciones, pues la dilación anotada bajo el argumento de excesiva carga laboral, no resulta suficiente para justificar la dilación demandada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 27 de enero, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por el Juez Técnico de Sentencia Penal Sexto del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, exhortando a los demandados a tomar las medidas correctivas que fuesen necesarias, para que el personal de apoyo jurisdiccional, resguarde el cumplimiento de los plazos procesales, y atienda con celeridad los trámites, cuando de por medio se encuentre en tela de juicio, el derecho a la libertad, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0706_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 81cc910107b47c01d76579a985dc1aa68d9405d0d1c680061d3d075311f9955c
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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