B.IA.LEGAL

SCP 0706/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 8 de julio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de julio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55704-2023-112-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia, a la defensa, igualdad, valoración razonable de la prueba y presunción de inocencia, por cuanto en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, el Auto de Vista 30/2023-SP1 de 25 de enero, que declaró parcialmente con lugar la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 19/2023 de 17 de enero de consideración de medidas cautelares, incurriendo en las siguientes ilegalidades: 1) Determinó la concurrencia del riesgo procesal del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 42/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 194 a 199 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 30/2023-SP1 de 25 de enero, disponiendo que la Vocal demandada en el plazo de tres días de notificada con el presente fallo emita una nueva resolución conforme a los Fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0706/2025-S3 Sucre, 8 de julio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 55704-2023-112-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 42/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 194 a 199 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodrigo Paz Pereira contra Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 y 11 de mayo de 2023, cursantes de fs. 108 a 120 y 135 a 144; el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 601102012201015, seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del Código Penal (CP), la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija emitió el Auto de Vista 30/2023-SP1 de 25 de enero, que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación incidental interpuesto en contra del Auto Interlocutorio 19/2023 de 17 de enero -que dispuso su libertad pura y simple-, estableciendo la vigencia de un único riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y de consiguiente la aplicación medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistente en la presentación y registro biométrico cada quince días ante el Ministerio Público. Señaló que, el referido Auto de Vista 30/2023-SP1, determinó la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, respecto del peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, tomando en cuenta jurisprudencia constitucional que no corresponde al delito investigado, vulnerando el debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación. Emitió un fallo al margen de lo peticionado al resolver el reclamo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción respecto del art. 234.7, riesgo procesal que fue invocado solo por el Ministerio Público en la audiencia de medida cautelar. Así mismo indicó que el referido Auto de Vista 30/2023-SP1, efectuó una indebida apreciación de la fuente de recursos para el financiamiento del proyecto “Construcción puente vehicular sobre el Río Guadalquivir que vincule los Distritos 1 y 12 de la ciudad de Tarija”, los cuales provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y no de las contribuciones de los ciudadanos del departamento de Tarija, indicando también que no realizó el control de legalidad al no considerar que los delitos imputados fueron modificados por la Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción -Ley 1390 de 27 de agosto de 2021- y en la imputación formal no se tomó en cuenta las referidas modificaciones.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia, a la defensa, igualdad, valoración razonable de la prueba; y, presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119.I, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela dejando sin efecto el Auto de Vista 30/2023-SP1 de 25 de enero, disponiendo se emita nueva resolución de acuerdo a los razonamientos de la Constitución Política del Estado y bloque de constitucionalidad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 188 a 193 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de sus abogados, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la demandada

Claudia Gamarra Hoyos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito presentado el 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 158 a 160 vta., solicitó se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: a) La jurisprudencia constitucional invocada en el Auto de Vista 30/2023-SP1 fue utilizada como un análisis en relación a las subreglas establecidas como pautas y parámetros que la ley no prevé a objeto de orientación y modulación para asumir decisiones; b) El Tribunal de alzada está obligado a pronunciarse con relación a todos los agravios expuestos por los apelantes siendo la institución víctima la Procuraduría General del Estado que solicitó la activación del riego procesal estipulado en el art. 234.7 del CPP; y, c) Se consideró la obligación de resguardar el patrimonio estatal sin importar la fuente de donde provenga, siendo la finalidad post procesal de las medidas cautelares el aseguramiento de la dictación de una eventual Sentencia.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

César Mentasti Padilla, Presidente del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija a través de su representante legal en audiencia de garantías señaló que: el Auto de Vista 30/2023-SP1, realizó una valoración integral de la documentación y argumentación de las partes, además las medidas cautelares se aplicaron de acuerdo al principio de proporcionalidad. Gustavo Adolfo Lunaorozco Elías, Responsable Departamental Tarija del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en audiencia de garantías señaló: 1) La fundamentación del Auto de Vista 30/2023-SP1 se basa de manera concreta y objetiva en cada uno de los elementos materiales y jurídicos producidos en audiencia de medida cautelar y valorados dentro de los parámetros de la lógica jurídica; y, 2) El Ministerio Público como el referido Viceministerio, realizaron la fundamentación del art. 234.7 del CPP, puesto que se realizó la ampliación de los riesgos procesales, por ser una investigación compleja y las medidas cautelares otorgadas se encuentran en el marco del principio de proporcionalidad y temporalidad. Efraín Maraz Gareca Director, Departamental Tarija de la Procuraduría General del Estado, en audiencia de garantías alegó: i) La acción de amparo constitucional, no es un recurso de alzada más para subsanar omisiones en la investigación o en las medidas cautelares; y, ii) El accionante no indicó como se llegó a vulnerar los derechos y garantías invocados o de qué manera se produjeron los actos ilegales; y que, no se puede plantear una acción de amparo constitucional en base a suposiciones o conjeturas como ocurrió en el presente caso.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Walter Andrés Soruco Chamozo, representante del Ministerio Público en audiencia de garantías señaló que, se encontraría a disposición de lo que determine la Sala Constitucional.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 42/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 194 a 199 y vta., denegó la tutela solicitada, argumentando que: a) Los fundamentos del accionante referidos al origen de los fondos para la construcción del puente cuestionado, y que el fallo va más allá de lo peticionado, debieron ser planteados inicialmente ante el Juez de Instrucción Penal; b) En el proceso penal intervienen dos partes la acusación y la defensa, por lo que, planteado el reclamo de activación del art 234.7 del CPP por el Ministerio Público, el Tribunal de alzada esta compelido a resolverlo aunque otro de los acusadores se adhiera a dicha solicitud en audiencia de apelación como el caso del citado Viceministerio; y, c) La falta de control de legalidad sobre los delitos imputados debieron solicitarse mediante la nulidad de la referida imputación formal ante el Juez de Instrucción Penal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Imputación Formal de 4 de enero de 2023, emitida dentro del proceso penal con CUD 601102012201015, seguido a instancia del Ministerio Público en contra del accionante por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 154, 221 y 224 del CP (fs. 1 a 14 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 19/2023 de 17 de enero, de consideración de medidas cautelares emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la mujer Segundo de la Capital del departamento de Tarija, dispuso la libertad pura y simple del ahora accionante; no obstante ordenó medidas cautelares reales consistentes en anotación preventiva de bienes sujetos a registro así como la retención de fondos (fs. 19 a 24 vta.). II.3. Consta acta de audiencia de apelación de medidas cautelares, celebrada por la Sala penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 25 a 28 vta.). II.4. Mediante Auto de Vista 30/2023-SP1 de 25 de enero, la Vocal demandada, revocó parcialmente el Auto Interlocutorio 19/2023 de 17 de enero, estableciendo la vigencia de un único riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP y de consiguiente la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en la presentación y registro biométrico cada quince días ante el Ministerio Público (fs. 28 vta. a 31 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia, a la defensa, igualdad, valoración razonable de la prueba y presunción de inocencia, por cuanto en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, el Auto de Vista 30/2023-SP1 de 25 de enero, que declaró parcialmente con lugar la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 19/2023 de 17 de enero de consideración de medidas cautelares, incurriendo en las siguientes ilegalidades: 1) Determinó la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP respecto del peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, tomando en cuenta jurisprudencia constitucional que no corresponde al delito investigado, vulnerando el debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación; 2) Emitió un fallo al margen de lo peticionado al resolver el reclamo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en relación al artículo precitado, riesgo procesal que fue invocado solo por el Ministerio Público en la audiencia de medida cautelar; y, 3) Efectuó una indebida apreciación de la fuente de recursos para el financiamiento del proyecto cuestionado, los cuales provienen del IDH y no de las contribuciones de los ciudadanos del departamento de Tarija; y, no realizó el control de legalidad al no considerar que los delitos imputados fueron modificados por la Ley 1390 y en la imputación formal no se tomó en cuenta las referidas modificaciones. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

Respecto de la fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso la SCP 0098/2025-S1 de 14 de marzo señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional. (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia, a la defensa, igualdad, valoración razonable de la prueba y presunción de inocencia, por cuanto en el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, el Auto de Vista 30/2023-SP1 de 25 de enero, que declaró parcialmente con lugar la apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 19/2023 de 17 de enero de consideración de medidas cautelares, incurriendo en las siguientes ilegalidades: 1) Determinó la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP respecto del peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, tomando en cuenta jurisprudencia constitucional que no corresponde al delito investigado, vulnerando el debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación; 2) Emitió un fallo al margen de lo peticionado al resolver el reclamo del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en relación al artículo precitado, riesgo procesal que fue invocado solo por el Ministerio Público en la audiencia de medida cautelar; y, 3) Efectuó una indebida apreciación de la fuente de recursos para el financiamiento del proyecto cuestionado, los cuales provienen del IDH y no de las contribuciones de los ciudadanos del departamento de Tarija; y, no realizó el control de legalidad al no considerar que los delitos imputados fueron modificados por la Ley 1390 y en la imputación formal no se tomó en cuenta las referidas modificaciones. Respecto al punto 1), para el análisis del argumento denunciado es necesario abordar el origen del planteamiento que generó la Resolución ahora impugnada -independientemente de los demás riesgos procesales que fueron desestimados-, así del acta de audiencia de apelación de medida cautelar se evidencia que el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción fue el único sujeto procesal que fundamentó agravios contra la Resolución del Juez de Instrucción Penal referidos al riesgo procesal motivo de la presente acción tutelar, en el siguiente sentido: “…La Juez a quo no ha hecho una buena valoración respecto al riesgo procesal del 234.7, toda vez que se ha demostrado en la audiencia que el señor imputado cuenta con varios procesos, entre los cuales uno se encuentra ya en estado de acusación, por lo cual, eso corresponde a un riesgo para la víctima y la sociedad tomando en cuenta el daño y peligro latente que la víctima es el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija en ese sentido la Juez a quo no ha hecho una buena motivación…” (sic), delimitando así el contexto del debate en alzada; ahora bien, de la revisión del Auto de Vista 30/2023-SP1 que declara parcialmente con lugar la apelación interpuesta, en su análisis del caso concreto, expuso: “… tomando en cuenta la situación de que el encausado se encontraba como máxima autoridad ejecutiva y por ello tenía a su cargo la obligación ineludible de resguardar el patrimonio estatal del municipio y que en su caso viene a significar la traducción de recaudación de impuestos, entre otros, que son contribuciones de los propios ciudadanos del departamento que se traducen en servicios que retornan a la propia ciudadanía y en este contexto se tiene establecido de que si ha existido y concurre este peligro efectivo para la víctima y en su caso esencialmente para la sociedad por la zozobra y detrimento económico y de servicios públicos entiéndase entonces que no es limitativo el razonamiento del Tribunal Constitucional, únicamente para delitos de sustancias Controladas, sino que como se tiene señalado, la modulación del máximo tribunal de constitucionalidad es una argumentación y un desarrollo intelectivo que resulta aplicable a la consideración del peligro procesal de fuga inserto en el núm. 7 del Art. 234 del CPP consecuentemente aquellos extremos si resultan evidentes en cuanto al agravio traducido de no existir fundamentación al respecto de dicho peligro procesal y analizado es lo que conlleva a declarar con lugar el agravio pretendido ante las circunstancias señaladas.” (sic) De lo referido se puede evidenciar que el Auto de Vista 30/2023-SP1 determinó la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP respecto del peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, basado en una conclusión determinativa ajena al planteamiento del aludido Viceministerio que argumentó el hecho que -el imputado- por tener varios procesos en curso y uno con acusación, se constituiría en un peligro para la víctima y la sociedad, aspecto que en definitiva no fue citado ni analizado en el referido Auto de Vista, y que no se constituye en el fundamento por el cual la Vocal demandada revocó y puso en vigencia dicho riesgo procesal, incurriendo en una incongruencia interna que vulnera la garantía del debido proceso contenida en el art. 115.II de la Norma Fundamental.

En cuanto a la falta de motivación y fundamentación denunciada por el accionante, esta se proyectó a partir de la aplicación indebida de precedentes constitucionales inadecuados (tráfico de sustancias controladas) al tipo penal imputado (incumplimiento de deberes y otros), para resolver esta disyuntiva, es necesario remitirnos a la conclusión arribada en el Auto Interlocutorio 19/2023 que desestimó la vigencia del riesgo procesal en análisis, basado en que la jurisprudencia invocada por el Ministerio Público, SCP 015/2020-S2 que a su vez se remite a la SCP 185/2019-S3 no es aplicable al caso concreto, porque el tipo penal imputado al ahora accionante era distinto del que generó los referidos precedentes, siendo por ende distinto el bien jurídico protegido; esta conclusión determinativa de la a quo es la que debió ser desvirtuada a través de un nuevo razonamiento por la ad quem; empero, dicho análisis en contrario no existe, el Auto de Vista únicamente se limitó a consignar “…entiéndase entonces que no es limitativo el razonamiento del Tribunal Constitucional, únicamente para delitos de sustancias Controladas, sino que como se tiene señalado, la modulación del máximo tribunal de constitucionalidad es una argumentación y un desarrollo intelectivo que resulta aplicable a la consideración del peligro procesal de fuga…” (sic), es decir, ciertamente se formuló la conclusión determinativa en sentido que los precedentes invocados serían aplicables, pero sin ninguna explicación del por qué un precedente emitido en un delito de tráfico de sustancias controladas sería aplicable al tipo penal de incumplimiento de deberes y otros, en concreto, la Vocal demandada no explicó cómo es que llegó a dicha conclusión determinativa, lo que equivale a no haber explicado las razones de su decisión emitiendo así una resolución arbitraria, carente de fundamentación y motivación. Similar falta de fundamentación se observa en la conclusión determinativa referida a la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, basado en que el imputado ejerció el cargo de Alcalde y Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a tiempo de incurrir en los tipos penales endilgados, que se constituye en un elemento constitutivo del tipo penal, omitiendo -a tiempo de resolver el recurso de apelación- que el imputado ya no se encontraba ejerciendo dichas funciones a momento de establecer las medidas cautelares, sino que ostentaba el cargo de Senador en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, sin realizar un análisis dinámico de la situación jurídica del ahora accionante. Por lo que, se evidencia que se incurrió en la vulneración de la garantía del debido proceso en sus componentes de congruencia, fundamentación y motivación reclamada por el accionante en el Auto de Vista 30/2023-SP1, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela respecto a este acápite.

Respecto al punto 2), de la revisión del Auto Interlocutorio 19/2023 de 17 de enero de consideración de medidas cautelares emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Tarija, (Conclusión II.2) se evidencia que en la audiencia de consideración de medidas cautelares se invocó por la representación del Ministerio Público el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP respecto del peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, mismo que fue desestimado; interpuesto el recurso de apelación por los distintos sujetos procesales Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y Procuraduría General del Estado, en audiencia de fundamentación de agravios ante la Vocal ahora demandada, cada entidad sustentó la vigencia de distintos riesgos procesales, empero a tiempo de sustentar el riesgo del art. 234.7 del CPP no fue el Ministerio Público el ponente sino el Viceministerio, ese fue el hecho; no obstante, independientemente de cuál de los sujetos procesales invocó la concurrencia de uno u otro riesgo procesal, el Tribunal de alzada se encontraba en la obligación de resolver todos los puntos de apelación invocados por las partes intervinientes, todo de conformidad con el art. 398 del CPP, que establece: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, sin que sea necesaria ninguna otra exigencia; distinto sería si el referido riesgo procesal no hubiera sido planteado por ninguna de las partes en la audiencia de medida cautelar y recién pretenda ser invocado y considerado en la audiencia de apelación, lo cual no acontece en el caso concreto que se analiza. Correspondiendo en consecuencia denegar la tutela respecto de este punto. Respecto al punto 3), se manifestó que el Tribunal de alzada al emitir el Auto de Vista 30/2023-SP1, efectuó una indebida apreciación de la fuente de recursos para el financiamiento del proyecto “Construcción puente vehicular sobre el Río Guadalquivir que vincule los Distritos 1 y 12 de la ciudad de Tarija”, relacionado con la ausencia de control de legalidad a la imputación formal por el Tribunal de alzada; puesto que, no consideró que los delitos imputados fueron modificados por la Ley 1390 y que la imputación formal en la que se basó la consideración de medidas cautelares no tomó en cuenta las referidas modificaciones a los tipos penales en estudio; sin embargo, estas -aparentes- falencias no pueden ser analizadas en la presente acción de amparo, pues rige el principio de subsidiariedad previsto en el art. 54.I del CPCo, en virtud del cual cualquier defecto sustancial en la proposición de la imputación formal, debe ser planteada expresamente ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional, para que esta autoridad previo contradictorio, emita resolución y solo agotada la instancia intraprocesal de impugnación se abre la protección de brinda la acción de amparo constitucional, en el presente caso, no se advierte que el accionante haya previamente planteado la nulidad de la imputación formal en las instancias intraprocesales; consecuentemente en este respecto, la tutela demandada carece de mérito. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 42/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 194 a 199 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 30/2023-SP1 de 25 de enero, disponiendo que la Vocal demandada en el plazo de tres días de notificada con el presente fallo emita una nueva resolución conforme a los Fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo.Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA Fdo. Angel Edson Davalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0706_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): be4f7a167db1a0545e52fc182e256040fb43021cb752ad39069fac1b888fe771

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