B.IA.LEGAL

SCP 0705/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 20 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
20 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
53035-2023-107-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El Solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa, al Juez natural, imparcial e independiente vinculados a su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo propuesto pericia psicológica, y habiéndose decretado se corra en traslado a las partes, hasta la interposición de la presente acción de defensa, dicha notificación a las partes no se hizo efectiva. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 21 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Las actuaciones de los fiscales de materia y funcionarios policiales que deben ser denunciadas con carácter previo a la acción de libertad, ante el Juez cautelar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0705/2025-S4 Sucre, 20 de junio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 53035-2023-107-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante a fs. 21 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Ayala Bernabé en representación sin mandado de Eloy Valverde Morales contra Fernando Montaño Sandoval, Fiscal de Materia; y, Brenda Huarachi Chavarría, Fiscal Asistente de la Fiscalía Departamental de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de enero de 2023, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, mediante Auto Interlocutorio Motivado de 8 de noviembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de dicho departamento. El 16 de noviembre de 2022, formuló al despacho Fiscal de Challapata proposición de pericia psicológica forense; lo que mereció pronunciamiento mediante Auto de 17 de igual mes y año, ordenando se corra en traslado a las partes, a efectos de que en el plazo de setenta y dos horas de su legal notificación objeten o ratifiquen al perito, aumenten o rechacen puntos de pericia. Desde el 16 de noviembre de 2022, a la fecha de interposición de la presente acción de defensa, transcurrieron casi dos meses y la Fiscal Asistente –ahora codemandada–, se rehúsa a notificar a la presunta víctima con el Requerimiento Fiscal de 17 de igual mes y año, incumpliendo sus obligaciones legales, arguyendo que el Fiscal de Materia –hoy demandado–, ordenó que, como impetrante, debía ir hasta la ciudad de Nuestra Señora de La Paz a notificar a la víctima con dicho requerimiento. Desobedeciendo el Requerimiento Fiscal de 16 del citado mes y año; por el cual, se ordenó “Con respecto al domicilio procesal los actuados correspondientes se realizaran conforme al Art. 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, bajo su entera responsabilidad al no señalar domicilio procesal en esta localidad…” (sic); por lo que, la Fiscal Asistente, al no cumplir con el mandato expreso del referido artículo, incumplió sus deberes vulnerando así sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncio lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa, al Juez natural, imparcial e independiente vinculados a su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se disponga el restablecimiento y la reparación inmediata de la omisión indebida del art. 58.I de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) –Ley 260 de 11 de julio de 2012–; b) Impetra la conminatoria del Fiscal de Materia ahora demandado, a los efectos que a la brevedad posible ordene a la Fiscal Asistente hoy codemandada, realice las diligencias de notificación con el requerimiento de 17 de noviembre de 2022 y con todos los requerimientos; y, c) Remita a su despacho judicial fotocopias legalizadas en doble ejemplar de todo el cuaderno de investigaciones.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 20 y vta., presente el impetrante de tutela y ausentes los demandados; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Si bien el solicitante de tutela asistió a la audiencia; empero su abogado no se hizo presente a la misma; por lo que, no hubo participación de la parte accionante en dicho actuado procesal.

I.2.2. Informe de la autoridad y la funcionaria demandados

Fernando Montaño Sandoval, Fiscal de Materia; y, Brenda Huarachi Chavarría, Fiscal Asistente de la Fiscalía Departamental de Oruro, mediante informe escrito presentado el 11 de enero de 2023, cursante a fs. 10, manifestaron que: 1) La Fiscal asistente, notificó vía WhatsApp a la hija de la víctima fallecida, el 11 de enero de 2023 a las 08:00, con la pericia psicológica forense propuesta por el ahora accionante el 16 de noviembre de 2022 y requerimiento de 17 de igual mes y año; aclarando que el Ministerio Público no tiene los medios de transporte ni personal suficiente para constituirse en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz al domicilio procesal; y, 2) Respecto a la emisión de copias legalizadas; aclararon que, en ningún momento se le negó las mismas; es más, se le entregó las copias el 6 de enero de 2022, habiendo enviado el cuaderno de investigación digitalizado; toda vez que, al solicitar las mismas no proveyó para las fotocopias en doble ejemplar; por lo antes mencionado, solicitó se declare “improcedente” la presente acción de libertad; siendo que, al ser un caso investigado por el presunto delito de feminicidio, lo correcto era pedir control jurisdiccional.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 21 a 24, declaró la “PROCEDENCIA de la acción de libertad” en el entendido que no se dio cumplimiento a lo establecido en el art. 58.I de la LOMP, sino hasta el día de hoy con referencia a la notificación a la víctima, con el Auto de 17 de noviembre de 2022; disponiendo que, los ahora demandados, en los próximos actuados y otros procesos similares cumplan a cabalidad lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en cuanto a la inmediatez que se debe tener en ese tipo de actuados; bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante, a través de la presente acción de defensa; señaló que, con el fin de desvirtuar el riesgo procesal en su condición de detenido preventivo, propuso una pericia a cargo de un psicólogo forense; lo que, mereció Auto de 17 de noviembre de 2022; sin embargo, la Fiscal asistente ahora codemandada, no cumplió con notificar con el mismo a la víctima, quien se encontraba en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, incumpliéndose así lo que establece el art. 58 de la LOMP, que dispone que las notificaciones deben practicarse a través del buzón de ciudadanía digital de las partes o sus abogados dentro de las veinticuatro horas; ii) Según la documentación presentada por la parte demandada, mediante providencia de la misma fecha, se dispuso correr en traslado a las partes para que en un plazo de setenta y dos horas se pronunciaran sobre la pericia; notificación que se realizó recién el día de hoy; es decir, 11 de enero de 2023, a la hija de la fallecida Rose Mary Iñiguez Alanoca; lo cual hace ver que, además de haberse incumplido el plazo legal para la notificación, no se demostró si esta se efectuó mediante la ciudadanía digital o por algún otro medio legal, tal cual establece el artículo antes mencionado; y, iii) Tras la lectura del artículo antes referido, se tiene que si bien la notificación a la hija de la víctima fallecida, Rose Mary Iñiguez Alanoca, se realizó vía WhatsApp, dicha diligencia se cumplió con ciertas irregularidades, tales como: a) La notificación respecto al perito y los puntos de pericia no se efectuó en el momento oportuno; y, b) Se incumplió lo establecido en el tantas veces mencionado artículo, que obliga a utilizar la ciudadanía digital para notificaciones tanto de las partes como de sus abogados; obligación que no fue cumplida ni por el Fiscal de Materia, Fernando Montaño Sandoval ni por la Fiscal asistente; lo cual, vulneró el procedimiento legal previsto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Rose Mary Iñiguez Alanoca hija de la víctima Andrea Alanoca Delgado, por memorial presentado el 15 de noviembre de 2022, se apersono dentro del proceso seguido contra Eloy Valverde Morales –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de feminicidio, señalando en el Otrosí IV domicilio procesal; así como, correos electrónicos y número de celular de sus abogadas (fs. 15). II.2. Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, el ahora accionante Eloy Valverde Morales, solicitó al Fiscal de Materia propuso pericia psicológica forense (fs. 11 a 13); lo que mereció Decreto de 17 de igual mes y año; a través del cual, el Fiscal de Materia hoy demandado, dispuso que con carácter previo se corra traslado a las partes a objeto de que en el plazo de setenta y dos horas de su legal notificación se objete y/o ratifique al perito, aumente y/o rechacen puntos de pericia y con su resultado se disponga lo que en derecho corresponda (fs. 14). II.3. Cursa notificación realizada a Rose Mary Iñiguez Alanoca hija de la víctima Andrea Alanoca Delgado con el memorial presentado el 16 de noviembre de 2022; a través del cual, el impetrante de tutela, propuso pericia psicológica forense y el Decreto de 17 de igual mes y año; notificación realizada el 11 de enero de 2023 a las 08:00 (fs. 19).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El Solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa, al Juez natural, imparcial e independiente vinculados a su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo propuesto pericia psicológica, y habiéndose decretado se corra en traslado a las partes, hasta la interposición de la presente acción de defensa, dicha notificación a las partes no se hizo efectiva. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

La SCP 0944/2019-S4 de 22 de octubre, señaló lo siguiente: “El art. 125 de la CPE, establece que la acción de libertad tiene por objeto tutelar los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, en los casos en que aquélla se encuentre en peligro y cuando ésta sea objeto de persecución ilegal, indebido procesamiento u objeto de privación de libertad en cualquiera de sus formas, pudiendo toda persona que considere encontrarse en tales situaciones, acudir ante el juez o tribunal competente en materia penal y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.

Sin embargo, tratándose especialmente del derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, para que sea viable esta acción de defensa, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos el justiciable conforme al ordenamiento procesal común, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de éste derecho, de donde la acción de libertad operará solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de estas vías.

Sobre el principio de subsidiariedad excepcional del hábeas corpus –ahora acción de libertad– la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, concluyó lo siguiente: ‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’.

En el mismo sentido, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, referido a la acción de libertad determinó que: ‘…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicasʼ.

De lo expresado, se infiere que si bien la acción de libertad, por su naturaleza jurídica y configuración procesal es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier vulneración que atente derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y persecución o procesamiento indebido; sin embargo, bajo el principio de subsidiariedad, en caso de existir medios procesales específicos tendientes a su defensa que sean idóneos y oportunos, para restituir el derecho a la libertad, la persecución o procesamiento indebido, corresponde ser utilizados antes de activar esta acción de defensa; lo que implica que toda persona que considere la existencia de una acción u omisión que lesione su derecho a la libertad, debe inexcusablemente, con carácter previo, activar estos medios de impugnación antes de acudir a la tutela constitucional” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. Las actuaciones de los fiscales de materia y funcionarios policiales que deben ser denunciadas con carácter previo a la acción de libertad, ante el Juez cautelar

Al respecto la SCP 1309/2022-S4 de 26 de septiembre, haciendo alusión a la SCP 1888/2013, de 29 de octubre, señaló lo siguiente: “Conforme a las características esenciales de la acción de libertad anotadas precedentemente, ésta se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que ‘…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria’.

Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del -antes- recurso de hábeas corpus.

Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación).

Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que ‘i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito’.

La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico III.2.2:

‘1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar.

En consecuencia se concluye que la acción de libertad es la garantía constitucionalmente establecida, a través de la cual el accionante puede impetrar de manera inmediata la concesión de tutela, de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección, sin embargo, para que esta acción de defensa sea efectiva y cumpla con su objeto, es necesario tener presente que antes de plantearla, se debe agotar instancia ante la autoridad jurisdiccional que ejerce control en el caso’” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante sin mandato, considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes derecho a la defensa, al Juez natural, imparcial e independiente vinculados a su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo propuesto pericia psicológica, y habiéndose decretado se corra en traslado a las partes, hasta la interposición de la presente acción de defensa, dicha notificación a las partes no se hizo efectiva.

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes procesales y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, el Juez de Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio Motivado de 8 de noviembre de 2022, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro. El solicitante de tutela, mediante memorial de 16 de noviembre de 2022, dirigido al Fiscal de Material propuso pericia psicológica forense; lo que, mereció Auto de 17 de igual mes y año; a través del cual, la autoridad Fiscal ahora demandada, ordenó se corra en traslado a las partes a efectos de que en el plazo de setenta y dos horas de su legal notificación objeten o ratifiquen al perito, aumenten o rechacen los puntos de pericia; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, transcurrieron casi dos meses sin que la Fiscal Asistente notifique a la víctima; alegando que el Fiscal de Materia demandado, ordenó que el ahora accionante como impetrante de dicha pericia, debía ir hasta la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, a notificar a la víctima con dicho requerimiento. Por su parte, los ahora demandados, mediante el informe escrito presentado señalaron que, dicha notificación se realizó vía WhatsApp a la hija de la víctima fallecida el 11 de enero de 2023 a las 08:00, con la pericia psicológica forense propuesta por el ahora impetrante de tutela, y el requerimiento de 17 de noviembre de 2022; y, que respecto a la emisión de copias legalizadas, en ningún momento se le negó las mismas; es más, se le entregó las copias el 6 de enero de “2022”. Conforme se tiene de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, todas aquellas denuncias por actos ilegales, irregularidades u omisiones por parte de los representantes del Ministerio Público o de los funcionarios policiales durante la tramitación de la etapa preparatoria del proceso, a cuya consecuencia se produzca lesión de derechos, deben ser puestas en conocimiento del Juez cautelar que ejerce el control jurisdiccional de la investigación, conforme la previsión contenida en los arts. 54 inc. 1) y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no siendo correcto acudir a la jurisdicción constitucional si con anterioridad no se hizo la denuncia ante la autoridad jurisdiccional contralora de derechos en la etapa investigativa del proceso y solamente ante la eventualidad de que el Juez aquo no restituya los derechos vulnerados, podrá activarse la acción de libertad. En ese contexto; se tiene que, al momento de la realización de la audiencia de la presente acción tutelar, el caso se encontraba en conocimiento de la autoridad jurisdiccional –Juez de Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro–; y que por tanto, la causa se encontraba bajo control jurisdiccional; sin embargo, el ahora accionante, no acudió ante dicha autoridad para formular sus reclamos sobre las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Ministerio Público; habiendo acudido de manera directa ante la jurisdicción constitucional; misma que, se ve impedida de emitir un pronunciamiento de fondo que resuelva la problemática planteada, ante la inobservancia del principio de subsidiariedad, correspondiendo que el impetrante de tutela, recurra ante la autoridad judicial a cargo del control jurisdiccional de la causa y en caso de que dicha autoridad no restablezca sus derechos vulnerados recién podrá activar la instancia constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías al declarar la “PROCEDENCIA de la acción de libertad” (sic), obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 02/2023 de 11 de enero, cursante de fs. 21 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0705_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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