Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de junio de 2025
Concede la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, así como a los principios de legalidad y proporcionalidad; puesto que, el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 015/2023 de 10 enero, dispuso declarar procedente el recurso de apelación incidental y entre las medidas cautelares personales determinó la detención domiciliaria y la presentación de dos fiadores, sin emitir una debida fundamentación y motivación con base en el art. 231 bis del CPP y los principios de proporcionalidad y de legalidad, sin explicar el por qué son necesarias esas medidas para asegurar su participación en el proceso penal, cuando se desvirtuó el riesgo procesal del art. 234.1 del citado Código. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; b) Sobre el principio de proporcionalidad; c) Sobre el principio de ponderación de bienes y derechos; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 29 a 35, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 015/2023 de 10 de enero, emitido por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debiendo emitir un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Con la salvedad que dicho auto de vista ya hubiese sido pronunciado como efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el Juez de garantías y el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0705/2025-S1 Sucre, 24 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53109-2023-107-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 03/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 29 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rudy Edwin Zaconeta Flores en representación sin mandato de Celestino Felipe Cosme Yavi y José Elmer Ríos Crispín contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 12 de enero de 2023, cursante de fs. 3 a 10 vta., manifestaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Celestino Felipe Cosme Yavi y José Elmer Ríos Crispín -accionantes- por la presunta comisión del delito de hurto de minerales y otro, previsto y sancionado por el art. 326 bis del Código Penal (CP); el 30 de octubre de 2022, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Huanuni del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 233.1 y 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 28 de diciembre de 2022, solicitaron la cesación de su detención preventiva, lo cual fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 98/2022 de 28 de diciembre; en consecuencia, interpusieron recurso de apelación incidental, conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP; siendo conocido y resuelto por el Vocal ahora accionado, quien por Auto de Vista 015/2023 de 10 de enero, declaró con lugar y procedente dicho recurso, y revocó el indicado Auto Interlocutorio, al advertirse que se desvirtuó el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del citado Código, disponiendo la aplicación de medidas cautelares de carácter personal menos gravosas; sin embargo, el mencionado Auto de Vista -hoy cuestionado- no se encuentra dentro de los lineamientos jurisprudenciales constitucionales; ya que, la imposición de dos garantes fiables abonables en derecho y la acreditación en audiencia fue desproporcional y tuvo como consecuencia la indebida privación de la libertad, encontrándose supeditados al cumplimiento de una fianza personal, sin que la misma sea necesaria para los fines del proceso penal, al no existir ningún riesgo procesal; es así que, el Vocal ahora accionado no precisó los motivos del por qué considera que es idónea o razonable la señalada obligación y la detención domiciliaria, debiendo ser esa última sustentada con la permanencia de algún riesgo procesal; por lo que, no se sujeta a la normativa procesal penal, tampoco, indicó cuáles son los derechos que se quiere precautelar; por ello, al ordenar las aludidas medidas no se aplicó los principios de proporcionalidad y favorabilidad ni la SCP 1664/2014 de 29 de agosto, que hace referencia a la naturaleza y el propósito de aplicación de la detención domiciliaria. Así también, mencionan que debió considerarse el principio de legalidad; puesto que, el art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, indica que la aplicación de las medidas cautelares es de última ratio que están supeditadas a un test de necesidad, determinando su principio de instrumentalidad y la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización; por lo cual, el Vocal hoy accionado se encuentra sometido a enmarcar sus actuaciones a la ley y a la Constitución Política del Estado.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; así como a los principios de legalidad y proporcionalidad; citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II, 180.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 015/2023 de 10 de enero; y, b) Que el Vocal ahora accionado convoque a un nueva audiencia de consideración del recurso de apelación incidental y emita un nuevo auto de vista conforme a la normativa penal en vigencia.
Celebrada la audiencia pública el 13 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 28, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: 1) La vinculación estricta y directa de la falta de una motivación y fundamentación con el derecho a la libertad es la aplicación de medidas cautelares de carácter personal gravosas; 2) En la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental reiteró la solicitud que hizo en el verificativo de cesación de medidas cautelares, consistentes en que se disponga el arraigo a nivel nacional y la presentación semanal ante la autoridad judicial; sin embargo, el Vocal ahora accionado, desconociendo la aplicación del art. 231 bis del CPP y sin realizar un test de proporcionalidad ordenó su detención domiciliaria y la presentación de dos garantes, entre otras medidas cautelares; por lo que, no efectuó una adecuada fundamentación y motivación, lo que ocasionó que su libertad esté comprometida; considerando para que la misma sea efectiva, previamente debe cumplirse con las medidas impuestas de conformidad con lo previsto por el art. 245 de dicho Código; 3) El Vocal hoy accionado señaló que, se debió plantear una solicitud de enmienda y complementación al Auto de Vista 015/2023, no obstante, esa solicitud no cambiaría el fondo de lo resuelto y decidido; y, 4) El referido Vocal manifestó que implícitamente se consideró el principio de proporcionalidad, aspecto erróneo; ya que, las determinaciones que dispuso debieron ser fundamentadas y motivadas de manera conceptual y precisa.
Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 13 de enero de 2023, cursante de fs. 20 a 21, manifestó que: i) Los accionantes no precisaron la procedencia de la acción de libertad; ya que, se limitaron a indicar que hubiese emitido un auto de vista sin fundamentación y motivación con una ausencia de la aplicación del principio de proporcionalidad, sin precisar de qué manera su vida se encontraría en peligro, si estarían ilegalmente perseguidos, indebidamente procesados o privados de su libertad; ii) Al no solicitar la enmienda y complementación del Auto de Vista 015/2023, demuestran la conformidad con el mismo; iii) Con el objeto de asegurar el desarrollo del proceso y de la presencia de los accionantes, de acuerdo a lo previsto por el art. 231 bis del CPP, determinó las medidas cautelares personales, como ser la detención domiciliaria, la constitución de dos garantes y el arraigo entre otras;
que fueron considerados con base en los antecedentes del proceso penal, y la presunta comisión de los delitos de hurto de minerales y allanamiento de domicilio y sus dependencias; iv) Aplicó de manera implícita el principio de proporcionalidad con referencia a la aplicación de medidas cautelares; en virtud de lo cual, decidió declarar procedente el recurso de apelación incidental, dando por acreditado el elemento domicilio de los accionantes para que obtengan su libertad dentro de la solicitud de cesación de la detención preventiva planteada; y, v) Las medidas cautelares por su naturaleza son variables y modificables conforme a lo establecido por el art. 250 del aludido Código, en caso que los accionantes tengan la imposibilidad de su cumplimiento tienen la posibilidad de pedir su modificación y al disponer la procedencia del recurso de apelación incidental, no se vulneró su derecho a la libertad; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 29 a 35, “…declara en parte la solicitud de acción de libertad…” (sic) -siendo lo correcto conceder-, disponiendo que: a) En el plazo de veinticuatro horas el Vocal ahora accionado emita un nuevo auto de vista de manera fundamentada y motivada, de acuerdo a las “sentencias constitucionales” que se señaló respecto a la detención domiciliaria y a la presentación de dos garantes; b) Debe considerar el principio de proporcionalidad conforme a los lineamientos de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, vinculados al art. 231 bis del CPP; y, c) Al haberse acreditado el elemento domicilio de los accionantes, previsto por el art. 234.1 del citado Código, no ameritaba la imposición de medidas cautelares más gravosas, con la constitución de fiadores o detención domiciliaria; ya que, esas determinaciones deberán ser motivadas y fundamentadas; todo ello bajo los siguientes fundamentos: 1) El Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 015/2023, dispuso la prohibición de ingreso a los accionantes a los predios de la empresa minera Huanuni, la presentación ante el Ministerio Público y al “…juzgado de la localidad de Huanuni…” (sic) los lunes de cada semana, dos fiadores personales para cada uno de los nombrados, quienes deberán ser mayores de veinte años y menores de sesenta años de edad, y acreditados en audiencia, el arraigo a nivel nacional y la detención domiciliaria, con la supervisión esporádica de cada quince días, de las indicadas medidas; en ese sentido, en esta acción de libertad se cuestionan la tercera y quinta medida, de las cuales no se evidencia un criterio que explique la razonabilidad y proporcionalidad de su imposición; 2) La SCP 0563/2019-S4 de 29 de julio, hace alusión a la obligatoriedad que tiene la autoridad judicial para emitir resoluciones con la debida fundamentación y motivación, conforme a la relación fáctica de hechos y la consideración del principio de proporcionalidad, de acuerdo a la situación procesal, económica y educativa de cada imputado; por ello, no puede disponerse una medida restrictiva de manera genérica debiendo aplicarse los principios de instrumentalidad y proporcionalidad al momento de determinar la imposición de dos fiadores personales; 3) La detención domiciliaria es de extrema ratio; por lo tanto, deberá ser explicada respecto a sus alcances, ya que, ésta es aplicada de acuerdo a la característica del delito que se estaría investigando, a efectos de garantizar la presencia de los imputados en un juicio oral, público y contradictorio; asimismo, la imposición de dos garantes para cada uno de los accionantes conlleva una dificultad; y, 4) La autoridad judicial solo a petición del Fiscal de Materia o del querellante podrá disponer medidas cautelares conforme a lo establecido por el art. 231 del CPP, lo cual no sucedió en el presente caso; por lo que, los operadores de justicia deben limitarse a determinar las condiciones y reglas que deben cumplir los imputados, advirtiendo que en caso de incumplimiento se revocarán dichas medidas -sustitutivas a la detención preventiva-. En vía de complementación y enmienda los accionantes a través de su representante sin mandato, solicitaron al Juez de garantías que aclare por qué debería aplicarse la detención domiciliaria o la presentación de fiadores, como medidas cautelares personales, cuando no existen los riesgos de fuga u obstaculización. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías señaló que, de acuerdo con los antecedentes el Vocal ahora accionado determinó como desvirtuado el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP; empero, contradictoriamente ordenó la imposición de dos garantes y la detención domiciliaria, provocando una discordancia con el art. 231 del mismo Código; puesto que, habiéndose establecido un arraigo natural de los accionantes que fue debidamente demostrado y constituido un domicilio, aspecto que a su consideración deberá dejarse sin efecto, previa valoración, compulsa y análisis de proporcionalidad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 015/2023 de 10 de enero, emitido por Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado-, por el cual, declaró procedente el recurso de apelación incidental planteado por Celestino Felipe Cosme Yavi y José Elmer Ríos Crispín -hoy accionantes-y revocando el Auto Interlocutorio 98/2022 de 28 de diciembre, determinó: i) La prohibición del ingreso de los imputados -accionantes-a los predios de la empresa Minera Huanuni; ii) La presentación de los nombrados ante el Ministerio Público y el “…Juzgado de la localidad de Huanuni…” (sic) los lunes de cada semana; iii) Una fianza personal para cada uno, de dos fiadores personales debiendo ser mayores de veinte años y menores de sesenta años de edad, acreditados en audiencia; iv) El arraigo, debiendo realizar el trámite en la Dirección Departamental de Migración de Oruro; y, v) La detención domiciliaria en el domicilio constituido con la supervisión esporádica de cada quince días por la Policía Boliviana (fs. 38 a 41 vta.).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, así como a los principios de legalidad y proporcionalidad; puesto que, el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 015/2023 de 10 enero, dispuso declarar procedente el recurso de apelación incidental y entre las medidas cautelares personales determinó la detención domiciliaria y la presentación de dos fiadores, sin emitir una debida fundamentación y motivación con base en el art. 231 bis del CPP y los principios de proporcionalidad y de legalidad, sin explicar el por qué son necesarias esas medidas para asegurar su participación en el proceso penal, cuando se desvirtuó el riesgo procesal del art. 234.1 del citado Código. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP; b) Sobre el principio de proporcionalidad; c) Sobre el principio de ponderación de bienes y derechos; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0186/2021-S1 de 22 de junio, establece que: «Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva”. Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que: “…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión”. Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que: “…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (…).
De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:
“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R- de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’”. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que: “Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (…). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 -ahora- art. 236.4 del CPP, agregó que: “En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”. Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que: “…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria”. Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, están impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado» (las negrillas son nuestras).
La SCP 2299/2012 de 16 de noviembre, señala que: “Ese sometimiento implica no sólo prohibición de exceso en la actuación del poder, es decir, que cada autoridad del poder público de las tres funciones principales como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial y de los que ejercen las funciones de control (Contraloría General del Estado), de defensa de la sociedad (Defensoría del Pueblo) y de defensa del Estado (Procuradoría General del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana) deben actuar conforme a las competencias públicas que le otorga la Constitución Política del Estado, sino también que el ejercicio de la competencia pública que le corresponda desempeñar se lo haga con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución establece, por cuanto, el ejercicio de las mismas que distribuyen el poder público está condicionada a la sujeción a las normas constitucionales que reconocen derechos, traducido en el mandato constitucional de actuar proporcionadamente en ejercicio de esas competencias, cuando se trata de limitar derechos fundamentales, o lo que es lo mismo, existe prohibición constitucional del ejercicio de una competencia pública en forma desproporcionada cuando ésta interfiere en el ejercicio de los derechos fundamentales. De ahí que una actuación o acto desproporcionado expresado en una ley (en sentido general), resolución judicial en sentido general, acto administrativo, acto de un particular, o cualesquiera que emane del poder público o de los particulares y en cualquier ámbito del derecho, al momento de interferir en el ejercicio de un derecho fundamental, quebranta las bases fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, debido a que el cometido de la Constitución es constituir un gobierno de poderes limitados.
El principio de proporcionalidad tiene su génesis en el Derecho Penal, pero luego fue desarrollado por el derecho público alemán, y se ocupa de examinar la medida asumida por una autoridad pública, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por la cual una disminución en el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos deberá encontrar una causa justificada y solamente en la medida necesaria.
El principio de proporcionalidad, es un principio general del Derecho y está reconocido -como se dijo anteriormente- en la Constitución Política del Estado implícitamente en la garantía de inviolabilidad de los derechos fundamentales previsto en el art. 13.I de la CPE.
El principio de proporcionalidad, es un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública. Esto, debido a que, en la función de limitación o restricción de los derechos fundamentales, el poder público en el ejercicio de sus respectivas competencias y roles establecidos en la Constitución y las leyes de desarrollo conforme a ella, deben realizar un juicio de proporcionalidad, en el que se justifique la limitación o restricción de un derecho fundamental a partir de la necesidad de salvar otro derecho fundamental u otro bien jurídico constitucional, por cuanto, los derechos fundamentales no pueden ser limitados más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental u otro bien jurídico constitucional, o lo que es lo mismo, el principio de proporcionalidad, exige una relación ponderada de los medios empleados en el ejercicio de una determinada competencia pública, con el fin perseguido, para evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales. Entonces, conceptualmente tiene una comprensión unívoca la violación del principio constitucional de proporcionalidad y de la garantía de inviolabilidad de los derechos.
Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, han instituido el principio de proporcionalidad en las siguientes normas. Así es pertinente recordar que el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dispone: ‘Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático’. En el mismo sentido el art. 4 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, impone: ‘Como límite de los derechos de uno están los derechos de otro’ y el art. 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estipula que: ‘Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática’.
Sus componentes son: i) Idoneidad consistente en considerar si la restricción de derechos es adecuada para lograr un fin constitucional; ii) Necesidad strictu sensu consistente en determinar si la restricción resulta simplemente necesaria y es la menos gravosa en términos del sacrificio de los otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido; y, iii) Proporcionalidad en sentido estricto que significa determinar si el grado en que se afecta un derecho fundamental se encuentra justificado por el fin perseguido”.
La SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, establece que: «A tiempo de desarrollar el principio de ponderación de derechos, la jurisprudencia prevista en la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, indicó lo siguiente: “Es necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en la que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización.
Así, la SC 0618/2011-R de 3 de mayo, estableció que: ʽ…la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidosʼ. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales, entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R de 2 de julio; que para realizar la ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ‘Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático’. En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha establecido ‘los derechos fundamentales no son absolutos -en su ejercicio-, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social’ (SC 0004/2001-R de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a la Constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial. En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado.
(…) En la ponderación no se trata de un ‘o todo o nada’, sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor equilibrio posible entre los valores en juego...”.
Por su parte, el constitucionalista José Antonio Rivera Santiváñez, a tiempo de desarrollar este principio, ha explicado que: “El principio de ponderación de bienes es utilizado para armonizar o establecer un orden de preferencia entre los principios en conflicto o colisión. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión; es decir que, es un método para evaluar o determinar el peso o la importancia de cada uno de los derechos en conflicto en el caso concreto que se juzga. A partir del mismo debe buscarse un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos colisionados”. Ahora bien, sobre la forma de aplicación de este principio, el citado autor ha previsto que deben utilizarse ciertos elementos de la ponderación, como “La Ley de Ponderación”, la cual implica que, “Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro; y para cumplir con esta, señala también que tendrán seguir los siguientes pasos:
‘1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro’.
De todo lo anotado, se concluye que el principio de ponderación de bienes y derechos es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto; teniéndose además que, para la correcta aplicación de éste en la resolución de un caso concreto, necesariamente se deberán utilizar y cumplir ciertos elementos de ponderación que servirán para determinar tanto el grado de satisfacción como de afectación de los derechos, así como la importancia y consecuencias de las mismas”».
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, así como a los principios de legalidad y proporcionalidad; puesto que, el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 015/2023 de 10 enero, dispuso declarar procedente el recurso de apelación incidental y entre las medidas cautelares personales determinó la detención domiciliaria y la presentación de dos fiadores, sin emitir una debida fundamentación y motivación con base en el art. 231 bis del CPP y los principios de proporcionalidad y de legalidad, sin explicar el por qué son necesarias esas medidas para asegurar su participación en el proceso penal, cuando se desvirtuó el riesgo procesal del art. 234.1 del citado Código.
Precisada la problemática planteada por los accionantes en esta acción de libertad, es necesario hacer mención al Auto de Vista 015/2023, emitido por el Vocal ahora accionado, mediante el cual declaró procedente el recurso de apelación incidental planteado por los accionantes y revocó el Auto Interlocutorio 98/2022, disponiendo: 1) La prohibición del ingreso de los imputados -accionantes- a los predios de la empresa Minera Huanuni; 2) La presentación de los nombrados ante el Ministerio Público y el “…juzgado de la localidad de Huanuni…” (sic) los lunes de cada semana; 3) Una fianza personal para cada uno, dos fiadores personales debiendo ser mayores de veinte años y menores de sesenta años de edad, acreditados en audiencia; 4) El arraigo, debiendo realizar el trámite en la Dirección Departamental de Migración de Oruro; y, 5) La detención domiciliaria en el domicilio constituido con la supervisión esporádica de cada quince días por la Policía Boliviana (Conclusión II.1.). Ahora bien, establecido el problema jurídico a resolver y descritos los antecedentes, es preciso hacer referencia a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la cual establece que las resoluciones judiciales sobre medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas y motivadas, diferenciando que la fundamentación implica la cita e interpretación de las normas aplicables, mientras que la motivación se refiere a la exposición lógica y razonada de los hechos y pruebas que sustentan la decisión. La obligación de fundamentar y motivar recae tanto en jueces de instrucción penal como en Tribunales de segunda instancia, quienes no pueden limitarse a formalidades ni a presunciones legales, sino que deben justificar expresamente la concurrencia de los requisitos previstos en los arts. 233, 234 y 235 del CPP, conforme exige el art. 236.4 de ese Código. En particular, respecto al art. 398 del CPP, se señaló que no debe interpretarse de manera literal sino integral, obligando a los Tribunales de alzada a realizar un análisis completo de los agravios y a motivar sus resoluciones con base en elementos de convicción claros y razonables. En conclusión, la falta de fundamentación y motivación convierte la detención preventiva en arbitraria y vulnera derechos constitucionales.
Asimismo, es preciso traer a colación lo señalado en los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3. de este fallo constitucional, que refieren sobre el principio de ponderación de derechos, aplicado en aquellas situaciones cuando los derechos fundamentales de una persona entran en conflicto respecto a los derechos de otros, ocasionando la protección concerniente a uno de ellos; empero, sin desconocer los otros, justificando la limitación o restricción de un derecho fundamental a partir de la necesidad de salvar otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, debiendo el Estado adoptar las medidas necesarias para su efectivización; por ello, la autoridad judicial es el principal interprete de su aplicabilidad debiendo encontrar un equilibrio práctico entre éstos, debiendo tomar en cuenta; si la restricción de derechos es apropiada para lograr un fin constitucional; al momento de disponer la restricción resulta simplemente necesaria y es la menos gravosa en términos del sacrificio de los otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido; y, si el grado en que se afecta un derecho fundamental se encuentra justificado por ese fin. Ahora bien, en el marco de dichos entendimientos jurisprudenciales precedentemente, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar de manera individual, los agravios denunciados por los accionantes y los fundamentos expuestos en el Auto de Vista 15/2023. Respecto a Celestino Felipe Cosme Yavi De la lectura del Auto de Vista 15/2023, se constata que Celestino Felipe Cosme Yavi -accionante-, denunció como agravios que en el momento de efectuar la ampliación de su declaración informativa señaló la constitución de su nuevo domicilio, a tal efecto elaboró la respectiva documentación con el dueño de dicho bien inmueble en la cual se indicó la ubicación del mismo y los motivos del correspondiente contrato; asimismo, adjuntó la verificación domiciliaria, que para su tramitación fue imprescindible la presentación de otro tipo de documentos, de igual manera anexó el folio real del mencionado bien inmueble; sin embargo, la Jueza de primera instancia manifestó que se generó duda al advertirse datos incongruentes; puesto que, el accionante fue aprehendido en un domicilio distinto al que ahora señala. Por lo que, ese criterio legal resulta erróneo; ya que, esa autoridad judicial no efectuó una correcta valoración de la prueba ofrecida, tomando en cuenta que de conformidad con los arts. 233 y 234 del CPP, el domicilio es un derecho; por lo tanto, no es exigible tener un derecho propietario. En ese contexto, el accionante solicitó se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 98/2022, y se dé por acreditado el riesgo proceso procesal previsto por el art. 234.1 del indicado Código, bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, únicamente se deberá aplicar como medidas cautelares la fianza juratoria y la presentación ante el Ministerio Público cada lunes y no así la detención domiciliaria.
En respuesta, el Vocal ahora accionado refirió que, efectivamente la Jueza de primera instancia no realizó una correcta valoración de la prueba presentada con el propósito de desvirtuar el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP; como tampoco especificó cuáles serían los aspectos sobre la habitabilidad y habitualidad del domicilio; denotando una incongruencia en su fundamento cuando mencionó que la documentación fue suficiente para desvirtuar el peligro procesal mencionado; sin embargo, mantuvo la medida cautelar dispuesta. Por su parte, el Vocal ahora accionado al verificar la indicada documentación advirtió la declaración informativa ampliatoria, en la que, ciertamente el accionante explicó los motivos del cambio de domicilio y señaló la respectiva dirección que figuraba en el contrato de alquiler pro-futuro, los comprobantes de la verificación y el informe policial de verificación de domicilio, la georreferenciación, ubicación del bien inmueble y placas geográficas; por lo que, de todo lo mencionado concluyó que pudo establecer con claridad el nuevo domicilio y la calidad en la que el accionante lo habitaría, y evidenciando los errores descritos precedentemente, consideró la pertinencia de corregirlos al constatar que se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba; por consiguiente, determinó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal de acuerdo al art. 231 bis del CPP, determinando entre ellas, una fianza personal para cada uno, de dos fiadores personales debiendo ser mayores de veinte años y menores de sesenta años de edad, a ser acreditados en audiencia; y, la detención domiciliaria en el domicilio constituido con la supervisión esporádica cada quince días por la Policía Boliviana. Así expuestos, ambos elementos necesarios para que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese a la dilucidación de lo demandado por el accionante, se evidencia que, si bien, el Vocal ahora accionado de acuerdo a sus competencias, procedió al examen de lo cuestionado y efectuó la pertinente valoración de la documentación adjuntada y descrita precedentemente, y revisó los argumentos manifestados por la Jueza de primera instancia, corrigiendo los errores e incongruencias cometidos por la misma; sin embargo, en la audiencia del recurso de apelación incidental, el accionante señaló que al momento de analizarse la documentación referida para desvirtuar el contenido del art. 234.1 del CPP, también se tome en cuenta los principios de proporcionalidad y racionalidad, para que no se determine la detención domiciliaria, y sí una fianza juratoria y la presentación ante el Ministerio Público cada lunes. De acuerdo a lo señalado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte de la lectura del Auto de Vista 015/2023 que, el Vocal ahora accionado no expresó una fundamentación y motivación dentro de los parámetros citados en la jurisprudencia constitucional, respecto al por qué dispuso entre las medidas cautelares personales, la detención domiciliaria y la fianza personal con dos fiadores, cuando entre sus argumentos manifestó que, realizó la valoración probatoria concerniente a desvirtuar el elemento del riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP; es decir que, no expuso con claridad y objetividad de acuerdo a la documentación valorada, las razones legales que sustentan su decisión para ordenar las indicadas medidas, que provoque el convencimiento en el accionante que la determinación pronunciada está dentro del marco de la justicia; de igual manera, se constata que no vertió ningún razonamiento efectuado con base en el alcance del entendimiento sobre el principio de proporcionalidad y los componentes que deben estudiarse para su aplicación, si bien, existe la presunta comisión de un delito que ocasiona la vulneración de un bien jurídico protegido por el Estado; no obstante, también debe considerarse la proporcionalidad de las medidas ordenadas que justifiquen su necesaria constitución, con la restricción del derecho a la libertad del accionante, cuando -se reitera-, ya se dilucidó la inexistencia del peligro procesal referido al domicilio o residencia habitual del imputado; siendo el Vocal hoy accionado, el llamado por ley para custodiar los derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, obligándose a otorgar esa imprescindible logicidad jurídica que debe contener toda resolución judicial de segunda instancia; por consiguiente, ante la ausencia evidente de los elementos de fundamentación y motivación del derecho al debido proceso, y al principio de proporcionalidad, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a Celestino Felipe Cosme Yavi -accionante-. En cuanto a José Elmer Ríos Crispín De la lectura del Auto de Vista 015/2023, se advierte que José Elmer Ríos Crispín -coaccionante-, indicó como agravios que la Jueza de primera instancia al rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva, vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de motivación, arguyendo que no existe duda respecto a la documentación adjuntada, siendo la misma suficiente, no obstante, señaló que “…quedando pendiente porque va a ocupar los domicilios ya señalados que representaría un tercer domicilio…” (sic), cuando para ello, presentó la declaración informativa ampliatoria, en la que indicó el cambio de domicilio, y el contrato de alquiler que fue reconocido por la autoridad fedataria; razonamiento que considera equivocado; puesto que, no tomó en cuenta lo establecido por los arts. 233 y 234 del CPP, los cuales citan que el domicilio es un derecho, no siendo exigible detentar un derecho propietario; tampoco, practicó una apropiada valoración de la prueba anexada; por todo lo expuesto, solicitó se revoque el Auto Interlocutorio 98/2022 y se dé por desvirtuado el riesgo procesal descrito en el art.
234.1 del mismo Código, de acuerdo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, con la finalidad de que se apliquen las medidas cautelares de fianza juratoria y la presentación ante el Ministerio Público cada lunes y no así la detención domiciliaria. En respuesta el Vocal ahora accionado en el Auto de Vista 015/2023, fundamentó que identificó una incongruencia en la decisión tomada por la Jueza de primera instancia, al rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva; asimismo, contrariamente manifestó que la documentación expuesta por el coaccionante era suficiente para desacreditar la existencia del riesgo previsto en el art. 234.1 del CPP, concerniente al elemento domicilio; aduciendo también que, le generaba dudas al señalarse tres domicilios del imputado. Al encontrarse en segunda instancia y de acuerdo a sus atribuciones valoró la documentación que adjuntó para desvirtuar el señalado riesgo procesal, constatando que en la declaración informativa ampliatoria mencionó que tendría la calidad de inquilino en el nuevo domicilio siendo demostrado con el contrato privado de alquiler pro-futuro, los comprobantes de la verificación y el informe policial del domicilio, la georreferenciación, ubicación del bien inmueble y placas geográficas, de esa manera se constituyó el nuevo domicilio y la calidad en la que habitará el mismo, concluyendo que se transgredió el derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba; en consecuencia, ordenó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal de acuerdo al art. 231 bis del CPP, disponiendo entre ellas, una fianza personal para cada uno, de dos fiadores personales debiendo ser mayores de veinte años y menores de sesenta años de edad, acreditados en audiencia; y, la detención domiciliaria en el domicilio constituido con la supervisión esporádica de cada quince días por la Policía Boliviana. Cabe referir que, lo que el coaccionante demanda en este mecanismo de defensa es que, el Vocal ahora accionado no fundamentó ni motivó en el Auto de Vista 015/2023 confutado, la razón de la imposición de medidas cautelares personales; ya que, en el verificativo de consideración del recurso de apelación incidental pidió “…que se proceda a revocar la resolución impetrada y que se dé por enervado el riesgo procesal de fuga (…) dentro el marco de la razonabilidad y proporcionalidad…” (sic); sin embargo, en respuesta simplemente mencionó “…se debe establecer las medidas cautelares de carácter personal inmersas en el art. 231 bis del CPP, los cuales se aplicaran conforme a la proporcionalidad…” (sic); constatándose que no efectuó el correspondiente análisis respecto al principio indicado dentro del criterio y las exigencias para su aplicación explicitado por la jurisprudencia constitucional, entre los delitos imputados contra el coaccionante, la inexistencia de riesgos procesales en específico al elemento domicilio, y las medidas cautelares personales dispuestas en el Auto de Vista 015/2023; asimismo, tampoco se evidenció que hubiese vertido fundamentos o alguna motivación concerniente a lo mencionado, cuando entre las obligaciones del Vocal hoy accionado, está en emitir sus resoluciones conforme a los preceptos previstos por el Código de Procedimiento Penal, debiendo sujetarse sus decisiones en los mismos, exponiéndolos de forma suficiente y clara, creando en las partes procesales una convicción certera que fue emitida dentro de los cánones de la justicia, demostrando de esa manera la protección y respeto de sus derechos y garantías constitucionales; situación que no sucedió en el presente caso; ya que, no se observa la expresión de ningún criterio razonable y justificado dentro de los indicados elementos del debido proceso, que demuestre su estricta necesidad de imponer como medidas cautelares la detención domiciliaria y la presentación de dos fiadores para asegurar la prosecución del proceso penal y su participación en el mismo; es así que, el Vocal ahora accionado al momento de determinar sus decisiones respecto a dilucidar la imposición de las citadas medidas cautelares debe considerar el entendimiento y las premisas expuestas en los Fundamentos Jurídicos III.1., III.2. y III.3. de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo; en consecuencia, conceder la tutela solicitada también en favor de José Elmer Ríos Crispín. Finalmente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional observó que el Vocal ahora accionado al momento de formular sus argumentos en el Auto de Vista 015/2023, no individualizó por cada uno de los accionantes la documentación que presentaron, solo se limitó a mencionar de forma genérica a ambos, sin realizar una fundamentación y motivación suficiente y acorde a los parámetros jurisprudenciales citados en este fallo constitucional; es decir, que no los identificó de manera separada y precisa, ocurriendo lo mismo en la parte dispositiva al determinar las medidas cautelares de manera colectiva, incurriendo en un error de forma que conlleva a imprecisiones en su contenido, recomendándose que en futuras resoluciones cuando se presenten más de un imputado en la interposición de recursos de apelación en segunda instancia, debe pronunciar por separado, y por cada uno de ellos, la correspondiente fundamentación, motivación en su decisión y de igual manera en la parte resolutiva. En consecuencia, el Juez de garantías “…declara en parte la solicitud de acción de libertad…” (sic), siendo lo correcto conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 29 a 35, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 015/2023 de 10 de enero, emitido por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debiendo emitir un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Con la salvedad que dicho auto de vista ya hubiese sido pronunciado como efecto del cumplimiento de lo dispuesto por el Juez de garantías y el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0705_2025-S1.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6965934c4819a82e9d3fdd0ebbbc801150f35ffa0a3b758c222aead247ce783e
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