B.IA.LEGAL

SCP 0705/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de diciembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de diciembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
49162-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia a la defensa, a una justicia plural, oportuna y transparente, a la presunción de inocencia, a ser oído y juzgado “…previamente en un debido proceso…” (sic) y a la dignidad; toda vez que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Valeriana Mamani Huarachi y otros en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato, la Vocal ahora accionada, resolviendo el recurso de apelación incidental formulado por la víctima, mediante Auto de Vista 336/2022, revocó el Auto Interlocutorio 13/2022; y en consecuencia, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, respectivamente; empero, no realizó la expresión de los hechos ni citó normas legales que sustenten su decisión e incurrió en incongruencia omisiva al no realizar una valoración real de lo apelado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 176/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez de Instrucción, Anticorrupción de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme a las razones y fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención a Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez; y, Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0705/2024-S2 Sucre, 4 de diciembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49162-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 176/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Melecio Orellana Espinoza, Ernesto Orellana Quispe y Elisa Espinoza Chávez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2022, cursante de fs. 1 a 7, los accionantes, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se aprehendió a “Narcisa Oyando Serrano”, quien en versión de los comunarios de Quinuni, se encontraba en el asiento trasero de un automóvil “…vagoneta Toyota Hillux surf color plomo indocumentado…” (sic), pero que al ser interrogada, la prenombrada dio versiones distintas. Del informe del Investigador asignado al caso -funcionario policial-, se tiene que a horas 11:30 -no indica fecha- Limbert Castillo Vilca, comunario de Chullpa Marca de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, se presentó ante la Jefatura Policial de “La Asunta”, a objeto de denunciar que en la comunidad Alto Valle Hermoso, El Trigal de la mencionada provincia, las autoridades comunitarias aprehendieron a tres personas sospechosas de asesinato, solicitando la presencia policial para trasladar a los sindicados del hecho ocurrido el 17 de septiembre de 2021.

A horas 14:30 -se asume, del mismo día-, funcionarios policiales se constituyeron “al lugar”, donde se encontraban reunidas unas cincuenta o sesenta personas y, tomando contacto con las autoridades indígenas originarias de la mencionada comunidad de Chullpa Marca, entre ellos, su dirigente máximo Juan Vázquez Choque Villca “sub central” de esa comunidad, recepcionaron evidencias de los hechos, entre ellas, granadas de gas lacrimógeno y otros; así como, a sus personas en calidad de aprehendidas. Registrándose en el referido “informe policial”, que fueron víctimas de actos violentos -puesto que, se consigna evidencia de hematomas y contusiones-; así como, se quemó “su” vivienda, un vehículo y una motocicleta. Actuado policial que a horas 18:45, señala que se tomó contacto con Katherin Corsino, Médica Forense de turno, a fin de que sean sometidos a valoración médica. Luego de efectuar definiciones conceptuales sobre “presunción de inocencia” y “probabilidad de autoría”, arraigadas en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), refieren que la carga de la prueba del delito y de la participación de la parte procesada, incumbe al acusador, conforme al art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, como también fue entendido en la SCP 2588/2012 de 21 de diciembre; agregando que el numeral 2 del mismo precepto legal, tiene una “nomenclatura” diferente, pues es concordante a los arts. 24 y 25 del mismo adjetivo penal. Afirman que, “Sin embargo de aquello…” (sic) y pese “de haber escuchado” el petitorio planteado en apelación -por la parte apelante-, la autoridad judicial accionada se limitó a señalar que no existe prueba idónea para desvirtuar los “riesgos procesales”, sin ingresar en el fondo de la problemática “…QUE VIENE A SER EL NUEVO FUNDAMENTO DE LOS RIESGOS PROCESALES VIGENTES, es decir que EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 233 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL NO PUEDE SER FUNDAMENTO DEL NUMERAL 2 DEL MISMO ARTICULADO, entendiendo que, en caso de que esto sucediese, sería imposible poder acceder a una Cesación a la Detención preventiva; ya que, no se podría desvirtuar riesgos procesales, POR LA EXISTENCIA DE LA PROBABILIDAD DE AUTORIA…” (sic), de donde, infieren, que la detención preventiva revestiría una suerte de cumplimiento de condena; lo cual, va en contra de los principios anteriormente mencionados. En ese caso, aluden que debió considerarse que el Tribunal Constitucional Plurinacional, emitió un razonamiento en cuanto a la diferenciación entre la existencia de la probabilidad de autoría y la concurrencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, en coherencia con la SCP 0032/2018-S4 de 7 de marzo; última que si bien emerge de un proceso concerniente a la investigación de la comisión de delitos incursos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, se asume el entendimiento de la imposibilidad de fundar un riesgo procesal -ya sea de fuga u obstaculización- con la simple concurrencia de probabilidad de autoría; por lo que, se tiene clara la vulneración de los derechos mencionados. Agregan que, en cuanto al debido proceso en su vertiente de fundamentación de toda resolución, debe acogerse el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; así como, la SC 0600/2004-R de 22 de abril, sobre el elemento de motivación. Ello, para advertir que “…la Resolución motivo de la presentación de libertad…” (sic), no realizó una expresión de los hechos ni citó las normas que la sustentan, pues más al contrario, da por valedera la fundamentación realizada por el “Juez Ad Quo” (sic), sin motivar la razón real de la concurrencia de los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP modificado por la Ley 1173; contrariando por ello el “…artículo 115 numeral II del Código de Procedimiento Penal…” (sic), con base en el razonamiento de la SCP 0608/2016-S2 de 30 de mayo, entre otras. Siendo por ello factible acoger vía acción de libertad su denuncia de transgresión del debido proceso, por incongruencia omisiva del fallo emitido en apelación, al haberse expresado -se entiende, por la autoridad accionada- que “‘…por encontrar dos declaraciones testificales, se evidencia el incumplimiento de la medida cautelar…’” (sic); lo que denota que se soslayó una valoración real de lo apelado, ya que “….conforme se tiene de la Resolución Adquo y el Auto de Vista, esta última viene a ser una copia de la primera sin realizar ninguna motivación en cuanto a lo denunciado, omitiendo pronunciarse sobre estos hechos; lo cual, conforme se tiene de la jurisprudencia anteriormente citada, este agravio debe ser reparado por los ahora accionados, esto a efecto de poder obtener una resolución que vaya conforme a los peticionado, lo sustanciado y valorado dentro del proceso, mediante una resolución que debe ser fundamentada y motivada con todo lo peticionado” (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a una justicia plural, oportuna y transparente, a la presunción de inocencia, a ser oído y juzgado “…previamente en un debido proceso…” (sic) y a la dignidad, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 115, 116 y 117 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista “150/2019” -siendo lo correcto 336/2022 de 11 de mayo-, según el informe de la autoridad accionada, lo que se infiere del contenido del memorial de la acción de libertad y de los antecedentes revisados por el Juez de garantías-, ordenándose la emisión de un nuevo fallo.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 23, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Si bien, consta que la parte peticionante de tutela estuvo presente en audiencia, en el acta escrita no se consigna intervención alguna de su parte; así como, tampoco se advierte aquello en el registro digital enviado en el expediente procesal, cursante a fs. 24 con la consigna “Rosmery Pabón”.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, adjuntando el cuaderno de control jurisdiccional signado como CUD 204011661 -como se indica en el acta de audiencia-, mediante informe escrito cursante de fs. 11 a 12, señaló: a) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra “…Armando Magne Zelaya en representación sin mandato de Melecio Orellana Espinoza, Ernesto Orellana Quispe y Elisa Espinoza Chavez…” (sic), por la presunta comisión del delito de asesinato, mediante Auto de Vista 336/2022 “…emitida por esta instancia…” (sic), dispuso la admisibilidad del recurso de apelación incidental y se revocó el Auto Interlocutorio 13/2022 de 23 de marzo, imponiendo la detención preventiva de los imputados; b) Todo Tribunal de alzada, se debe regir por el principio de limitación por competencia previsto en el art. 398 del CPP, respecto a los agravios expuestos por la parte apelante y la respuesta a éstos; deviniendo de allí la apertura de su competencia, a cuya congruencia debe emitirse la fundamentación correspondiente, con base en el principio de imparcialidad previsto en el art. 178.I de la CPE y en el legajo elevado conjuntamente la impugnación y los elementos de prueba que presenta la parte apelante; c) Así, en consideración a aquello, la Sala Penal que preside emitió el Auto de Vista 336/2022, mismo que está debidamente fundamentado y motivado con aspectos de hecho y de derecho; por lo que, no vulneró el derecho al debido proceso; d) En cuanto a la denuncia planteada en sede constitucional por la parte accionante, con relación a que se hubiera desoído el petitorio de apelación -de la parte víctima- y que el fallo de alzada se limitó a señalar que no existe prueba suficiente para desvirtuar los riesgos procesales “…sin ingresar en el fondo de la problemática que viene a ser el nuevo fundamento de los riesgos procesales vigentes es decir que el numeral 1 art. 233 CPP penal no se ser fundament del numeral dos del mismo art. Existiendo por la probabilidad de autorías” (sic); se tiene que el Auto de Vista 122/2022 de 2 de febrero, dictado por la “autoridad jurisdiccional”, transgredió los arts. 124 y 173 del CPP; puesto que, impuso medidas cautelares a los imputados de detención domiciliaria y presentación de tres garantes solventes, exhortando su fiel cumplimiento; e) Consecuentemente, se entiende, en virtud a dicho fallo cautelar que los procesados, hoy impetrantes de tutela, se encontraban prohibidos a concurrir al lugar donde se habría suscitado el hecho y tener contacto a la parte víctima; f) Sin embargo, de la “…resolución venida en grado de apelación…” (sic) [no identifica fecha, número ni autoridad que la emitió], dentro de sus conclusiones -en el acápite tercero- se identifican declaraciones testificales de 23 de marzo de 2022, que acreditan el incumplimiento de tal prohibición; conforme además corrobora “la documental” del cuaderno de investigaciones -sin mayor precisión-, en la que se detalla que los imputados, el 15 de marzo de ese año, infirieron amenazas a la víctima Valeriana Mamani Huarachi; motivo por el cual, al apartarse de los márgenes en los que fue impuesta la detención domiciliaria de los imputados, ahora peticionantes de tutela, se actuó conforme al art. 247.1 del CPP, respecto a la revocatoria de las medidas cautelares impuestas; g) En el presente caso, tomando en cuenta el art. 234.7 del mismo cuerpo legal -modificado por el art. 11 de la Ley 1173-, el peligro efectivo para la sociedad o para la víctima se acreditó; debido a que, los imputados habrían actuado con conocimiento y dolo para consumar los hechos, siendo que además habrían manejado armas de fuego, granadas y sustancias explosivas que serían atentatorias contra la vida; aspectos demostraron que se constituyen en un peligro para la sociedad; así como, que “el imputado” represente un peligro para su familia, pues “serían” vecinos de la ahora víctima; h) Si bien es cierto y evidente que los imputados, ahora accionantes, tendrían su domicilio acreditado en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, no es menos cierto que -de acuerdo a los fundamentos fácticos emitidos por la “autoridad jurisdiccional”-, incumplieron la prohibición de concurrir al lugar de los hechos y tener contacto con la víctima; circunstancias que motivaron a que en apelación se estime concurrente el riesgo procesal de constituirse en peligro para la víctima y la sociedad, admitiendo por ello revocar las medidas sustitutivas impuestas en primera instancia, más aún en consideración al delito investigado de asesinato, en cuyo proceso penal la víctima es una mujer que tiene condición de vulnerabilidad; i) De los antecedentes procesales, se tiene que son varios “los sujetos procesales”, de modo que al existir riesgos procesales, hay necesidad de que “el imputado” guarde la medida extrema -detención preventiva-; j) Un tribunal de garantías no es un tribunal ordinario o de otra instancia para revisar las decisiones de la justicia ordinaria, que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del derecho (interpretación de las normas); salvo la parte que acciona cumpla con desarrollar una sucinta y precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa cuestionada; requisitos que no fueron cumplidos en la acción de defensa; k) Las medidas cautelares son temporales y variables, de tal forma que las resoluciones dictadas tanto por juezas o jueces a quo y por los Tribunales de alzada, no causan estado y pueden variar conforme las circunstancias; l) En el memorial de acción de libertad, se efectúa una relación muy escueta de las actuaciones efectuadas en la audiencia de consideración de apelación a “medida cautelar”, sin establecerse de manera cierta y concreta cómo se habrían vulnerado los derechos y garantías de los impetrantes de tutela, siendo evidente que el fallo de alzada cuestionado, contrariamente a lo afirmado por los peticionantes de tutela, tiene una debida fundamentación conforme al art. 124 del CPP, concordante con el art. 173 del mismo Código; y, m) Tomando en cuenta que la acción de libertad es sumarísima, pidió se deniegue la tutela solicitada; toda vez que, no se vulneró ningún derecho o garantía instaurada en la Constitución Política del Estado.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 176/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 25 a 27, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 336/2022 y ordenando a la autoridad judicial accionada, emita una nueva resolución cumpliendo a cabalidad los alcances del art. 124 del CPP; así como, el “…pronunciamiento expreso en los alcances del Art. 7, 221, 222, que deben de ser determinados expresamente en decisión ulterior” (sic); decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Se debe de realizar la diferenciación entre la competencia jurisdiccional y la ordinaria, de donde se infiere que es evidente que la autoridad jurisdiccional, por “extensión” en la instancia de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tiene por mandato procesal competencias formales para la emisión del auto de vista que involucra una valoración integral de los elementos que sean evacuados hasta esa instancia, no pudiendo actuar ultra petita, pues por la naturaleza del proceso penal, dicha instancia ciñe sus actividades de valoración y pronunciamiento en los alcances de los agravios previos, establecidos y pronunciados por la parte que recurre en alzada; 2) Si bien, el art. 124 del CPP involucra que la autoridad que conoce la “acción” en alzada, tiene la obligación de la motivación y fundamentación, estableciendo certeza sobre los actos “en pronunciamiento”; ingresando en la consideración del planteamiento de la acción de libertad, en la que se denuncia que la autoridad judicial hoy accionada no hubiere realizado una compulsa adecuada sobre los elementos vertidos en el Auto de Vista confutado; así como, tampoco se pronunció sobre todos y cada uno de los elementos de convicción; al respecto, se tiene que la falta de fundamentación impide a los sujetos procesales conocer la razón de la decisión que se constituye en un lineamiento transversal de cumplimiento obligatorio en las instancias pertinentes; pues la autoridad de primera instancia, deberá estar a lo resuelto en apelación; 3) En el presente caso, se observa que en el último parágrafo del Auto de Vista 336/2022, se determinó que en lo principal, se ejerció el tenor de los arts. 124 y 173 del CPP, respecto a la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, por incumplimiento de las condiciones que les fueron impuestas a los imputados, conforme al art. 247.1 del mismo Código; habiéndose acreditado la concurrencia del peligro procesal contenido en el art. 234.7 del indicado Código, referente a constituirse en un peligro efectivo para la sociedad o la víctima, sustentada en el conocimiento y actuar doloso de los procesados, ahora accionantes, conforme también se tiene relatado en el informe de la autoridad accionada; 4) Con base en lo anterior, bajo los principios de taxatividad y de no contradicción, en alzada se concluyó que era conducente revocar el fallo de primera instancia y disponer la detención preventiva de los imputados, hoy peticionantes de tutela; 5) Así, en cuanto a la denuncia de transgresión del debido proceso, en la “corriente” de seguridad jurídica y no arbitrariedad de las decisiones judiciales, se advierte que en el caso en cuestión, la autoridad jurisdiccional accionada no podía ingresar a valorar “otros antecedentes” o elementos de convicción presentados por los sujetos procesales a momento de la aplicación de la medida cautelar que es objeto de análisis en instancia superior en grado, “…debe la autoridad jurisdiccional en instancia pronunciarse en todas y en cada una de los elementos que se hubiere propuesto y expresar los agravios que se hubieren referidos para la consideración del principio de licitud en aplicación dispositiva del Art. 124” (sic); 6) En cuanto a la tutela judicial efectiva “…que hubiere se sido considerado en el razonamiento lógico procesal en la jurisdicción constitucional en los alcances del Art. 125 de la norma constitucional y Art. 46 del adjetivo constitucional, involucra el elemento de libertad en razón de una determinación en auto de vista, cuyo elemento sustancial como lo ha sido reclamado en la acción de libertad impide conocer con precisión cual ha sido el valor otorgado a todos los elementos si son los mismos objetivos conducentes y que deben de ser efectivamente transcritos expresamente en una determinación judicial, siendo que por la naturaleza jurídica de la Ley Nº 1173 ha sido expulsado el elemento subjetivo y la presunción, la utilización de los términos que sean transcritos en toda determinación deben de estar en correlación, coherencia y que la misma debe de guardar la fundamentación exigida por el Art. 124 del adjetivo penal…” (sic); y, 7) El Auto de Vista 336/2022 “…es el elemento en cuestión aplicándose en el presente caso de autos, elemento de la informalidad de la acción de libertad planteado por los ahora accionantes que hubieren referido un auto de vista por el desconocimiento de la determinación asumida por la sala penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad de La Paz, Sin ingresar en mayores consideraciones de orden procesal esta autoridad jurisdiccional entiende por ser atendible lo impetrado por la parte accionante” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 23 de agosto de 2024 cursante de fs. 33 a 34, se procedió a la suspensión del cómputo de plazo por solicitud de documentación complementaria; reanudándose el mismo, por decreto constitucional de 2 de diciembre del mismo año, cursante a fs. 76, a cuyo efecto la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo procesal establecido por el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto de Vista 336/2022 de 11 de mayo, por el cual, Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada-, determinó la admisibilidad del recurso de apelación incidental presentado por la víctima, declarando procedentes las cuestiones planteadas en el fondo, revocando el Auto Interlocutorio 13/2022 de 23 de marzo y determinando la detención preventiva de “…los co procesados Melecio Orellana Espinoza, Ernesto Orellana Quispe y Eliza Espinoza Chávez, debiendo cumplir los primeros en el recinto pentenciario de San Pedro su respectiva detención preventiva y Eliza Espinoza Chávez en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes…” (sic -los tres prenombrados, ahora accionantes- [fs. 38 a 40 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia a la defensa, a una justicia plural, oportuna y transparente, a la presunción de inocencia, a ser oído y juzgado “…previamente en un debido proceso…” (sic) y a la dignidad; toda vez que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Valeriana Mamani Huarachi y otros en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato, la Vocal ahora accionada, resolviendo el recurso de apelación incidental formulado por la víctima, mediante Auto de Vista 336/2022, revocó el Auto Interlocutorio 13/2022; y en consecuencia, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, respectivamente; empero, no realizó la expresión de los hechos ni citó normas legales que sustenten su decisión e incurrió en incongruencia omisiva al no realizar una valoración real de lo apelado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La obligación del tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada

Con relación a este tópico, la SCP 0453/2023-S3 de 22 de mayo, citando a su vez la SCP 0158/2022-S3 de 31 de marzo, respecto a la jurisprudencia constitucional establecida sobre los referidos elementos del debido proceso, sostuvo que: «“…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada entre otras por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.2, señala que: …la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación (…) esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada… (…) Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril [6] , señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” ». Por su parte, la SCP 0648/2019-S2 de 5 de agosto, estableció que: “…tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas - normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitado como se tiene precedentemente el objeto procesal que motivó la interposición de esta acción de defensa, es pertinente efectuar una aclaración previa respecto a la conducta procesal asumida por la parte impetrante de tutela, en razón que, aun de que en el memorial de la acción tutelar identificó a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal “Primera” -lo correcto es Segunda- del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como autoridad judicial accionada; sin embargo, el 16 de mayo de 2022, presentó el mismo memorial de acción de libertad (fs. 13 a 18 vta.), pero esta vez dirigiendo contra la prenombrada y Henry David Sánchez Camacho, como Vocales de la “Sala Penal tercera” del mismo Tribunal Departamental de Justicia, quienes hubieran emitido el “…AUTO DE VISTA ACCIONADO..” (sic), del que solicitaron también se deje sin efecto a fin de que se dicte uno nuevo; sin lograrse comprender la dualidad de tal intención, considerando que de los antecedentes el Auto de Vista 336/2022 de 11 de mayo, hubiese sido emitido únicamente por la referida autoridad judicial accionada ab initio. Efectuada esa aclaración, cabe ingresar la problemática planteada, según sea pertinente; para lo cual, con fines de contextualización es importante conocer el antecedente jurisdiccional que le es inherente.

Así, se tiene que por Auto de Vista 336/2022, la Vocal hoy accionada, determinó la admisibilidad del recurso de apelación incidental presentado por la víctima, declarando procedentes las cuestiones planteadas en el fondo, revocando el Auto Interlocutorio 13/2022 de 23 de marzo, ordenando la detención preventiva de “…los co procesados Melecio Orellana Espinoza, Ernesto Orellana Quispe y Eliza Espinoza Chávez, debiendo cumplir los primeros en el recinto penitenciario de San Pedro su respectiva detención preventiva y Eliza Espinoza Chávez en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes…” (sic -los tres últimos, ahora accionados- [Conclusión II.1]).

En este contexto, considerando el alcance de la denuncia constitucional formulada y a fin de establecer si la lesión de los derechos invocados resulta o no evidente, corresponde conocer el contenido del Auto de Vista 336/2022, así se tiene en lo pertinente que:

i) En el tercer CONSIDERANDO, inicialmente precisó la argumentación de agravios de la parte recurrente -víctima-, identificado a los siguientes:

El Auto Interlocutorio 13/2022 lesiona sus derechos a la vida y a la seguridad jurídica. El Auto de Vista 122/2022 de 2 de febrero, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó en parte el Auto Interlocutorio 571/2021 de 28 de octubre, por el que se modificaron las medidas sustitutivas a la detención preventiva, consiguientemente, referidas a la detención domiciliaria “…previa verificación por el personal de apoyo jurisdiccional, así mismo, se debe emitir el correspondiente mandamiento de arraigo, la prohibición a concurrir al lugar donde se habría suscitado el hecho y tener contacto con la parte víctima, la presentación ante la autoridad jurisdiccional de manera semanal los días martes, así mismo, cada uno de los sindicados deberá presentar 3 garantes solventes para que en cuyo caso de incomparecencia cancelen la suma de Bs. 10.000 cada uno, en ese entendido refiere que los procesados Melecio Orellana Espinoza, Ernesto Orellana Quispe y Elisa Espinoza Chávez no habrían cumplido dichas medidas en el tiempo establecido, tal cual los mismos habrían sido notificados con dicho acto de fecha 02 de febrero del año 2022, en ese entendido refiere que ante la determinación de concurrir al lugar de los hechos y tener contacto con la víctima, se habría acreditado que dentro de las declaraciones testificales de fecha 23 de marzo de 2022 por ante el Ministerio Publico los mismos cursarían en el cuaderno de investigaciones, se tendría que los imputados habrían inferido amenazas a la víctima Valeriana Mamani Huarachi el día 15de marzo del año 2022, extremo que se habría cumplido con la detención domiciliaria que habría sido dispuesto en la Resolución N°122/2022 de fecha 02 de febrero del presente año, así mismo refiere que con relación a la acreditación de los garantes solventes, los mismos no habrían acreditado documentación consistente en derecho propietario, únicamente la autoridad jurisdiccional habría referido que se tendría acreditado título ejecutoriados que los mismos corresponderían a los garantes, que habrían sido proporcionados tanto por (…) Melecio Orellana Espinoza, Ernesto Orellana Quispe y Eliza Espinoza Chávez, sin embargo, no se habría cumplido con los requisitos a objeto de establecer que los mismos deben acreditar su situación económico con un derecho propietario, que el mismo debe estar inscrito en Derechos Reales; por lo que, considera el incumplimiento de dichas medidas sustitutivas, así mismo, con relación al registro del libro determinado por la autoridad jurisdiccional refiere que los mismos no habrían dado pleno cumplimiento toda vez que de acuerdo al informe de secretaria de juzgado de fecha 15 de marzo de 2022, se habría procedido a notificar a los sujetos procesales con el decreto de fecha 24 de febrero del 2022, sin embargo los mismos, recién habría suscrito a la firma en fecha 23 de marzo; con relación al correspondiente arraigo los mismos habrían dado cumplimiento en fecha 25 de noviembre de 2021 por el cual dicha medida sustitutiva ya habría sido cumplida de acuerdo a la resolución emitida por la Sala Penal Cuarta según la Resolución N°571/2021 en ese entendido refiere que se habría incumplido con el Art. 247 de la norma adjetiva penal. En cuanto refiere que las medidas cautelares personales podrán ser revocadas a solicitud del fiscal o la víctima aunque no se haya constituido en querellante cuando el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas…” (sic). ii) Seguidamente, la Vocal -ahora accionada- sostuvo:

Con relación con la solicitud de revocatoria de las medidas cautelares, es importante señalar que, el Tribunal de alzada debe evaluar los fundamentos fácticos y jurídicos establecidos por la autoridad jurisdiccional respecto a la revocatoria de dichas medidas. En ese sentido, la “Resolución 13/2022” establece que, con base en la Resolución primigenia “57/2022”, se determinó la detención preventiva de Melecio Orellana Espinoza, Ernesto Orellana Quispe y Elisa Espinoza Chávez; sin embargo, en el recurso de apelación incidental, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Resolución “71/2021” de 28 de octubre, en la que revocó parcialmente la Resolución “57/2021”, disponiendo medidas cautelares personales para los imputados, conforme al art. “231 Bis”. Entre las medidas adoptadas, se incluyó la verificación del domicilio de los imputados por un funcionario del “Juzgado” y, con la restricción de no modificar dicho domicilio sin autorización judicial; la presentación de dos garantes solventes por cada imputado, quienes deberán cubrir una suma de Bs2 000.- (dos mil bolivianos) en caso de fuga; la obligación de los imputados de presentarse cada catorce días ante el Ministerio Público, los días lunes en horario de oficina; y la prohibición de contactar a la víctima y los testigos del delito. En la “resolución constitucional N° 003/2022” (sic), emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 6 de enero de 2022, se dejó sin efecto la Resolución “571/2021” y se ordenó la reanudación del proceso de apelación incidental, permitiendo la intervención de la víctima querellante Valeriana Mamani Huarachi.

En cumplimiento dicha Resolución, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 122/2022, que revocó parcialmente el Auto Interlocutorio “571/2021” y determinó la aplicación del art. “231 Bis de la Ley 1173”, imponiendo la detención domiciliaria en un domicilio verificado por el personal de apoyo jurisdiccional. Además, se dispuso el arraigo de los imputados -accionantes-, la prohibición de concurrir al lugar de los hechos y contactar a la víctima; así como, la obligación de presentarse ante la autoridad judicial semanalmente, los días martes. También se requería la presentación de tres garantes solventes por cada imputado.

El 23 de febrero de 2022, se presentó memorial acreditando el cumplimiento de la “Resolución” 122/2022, y el 24 del mismo mes y año se emitió un decreto que confirmaba su cumplimiento, notificándose a las partes procesales. Además, se verificó el domicilio de los imputados en la ciudad de El Alto, en la zona Villa Rosas Pampa, el 21 de marzo de 2022, constatando que los nombrados residían allí como inquilinos del inmueble.

En cuanto al arraigo, se determinó que los tres imputados mantuvieron su obligación de no abandonar el país, sin que se haya presentado evidencia de un trámite de levantamiento o cancelación del arraigo.

Respecto a la prohibición de contactar con la víctima, se constató que los imputados habrían amenazado a Valeriana Mamani Huarachí el 15 de marzo de 2022, incumpliendo la medida cautelar.

Sobre la presentación de los imputados ante la “autoridad judicial”, se confirmó que, debido a feriados y un diagnóstico médico de sospecha de Coronavirus (COVID-19), los imputados se presentaron el 15 de marzo de 2022.

Además, se acreditó que los garantes de los imputados, propietarios de terrenos urbanos y agrícolas en la localidad de La Asunta, Sud Yungas, cumplieron con su obligación, aunque no podían presentar facturas de servicios básicos debido a la naturaleza agrícola de sus propiedades.

Con relación a las causales de revocación de medidas cautelares personales, según el art. 247.1 del CPP, se establece que el incumplimiento de las obligaciones impuestas puede dar lugar a la sustitución de la medida cautelar por una más grave, incluyendo la detención preventiva, lo que justificaría la modificación de las dispuestas para los imputados.

En cuanto a los fundamentos fácticos emitidos por la “autoridad jurisdiccional”, la misma vulnera los arts. 124 y 173 de la norma adjetiva penal, tomado en cuenta que las medidas cautelares personales que habrían sido dispuestas mediante “Resolución” 122/2022, como la detención domiciliaria, la presentación de tres garantes solventes “…y consecuentemente se tiene que los coprocesados estarían prohibidos a concurrir al lugar donde se habría suscitado el hecho y así mismo tener contacto a la parte víctima, de la resolución venida en grado de apelación dentro de las conclusiones se tiene en el acápite tercero que los procesados habrían concurrido al lugar de los hechos de acuerdo a las declaraciones testificales de fecha 23 de marzo de 2022 miso que habría sido acreditado de acuerdo a la documental del cuaderno de investigaciones donde los imputados habrían inferido amenazas a la víctima Valerana Mamani Huarachi en fecha 15 de marzo de 2022 consiguientemente ese tiene el incumplimiento de la detención domiciliaria de los procesados y el incumplimiento de la medida cautelar con relación a que los mismo no pueden tener contacto con a la parte víctima y la prohibición de que los mismos no puedan apersonarse al lugar de los hechos, consiguientemente el Art. 247 num. 1 establece que la revocatorias de las medidas cautelares procederán cuando se acredite que el imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas, en el presente caso tomando en cuenta el Art.234.7 peligro efectivo para la sociedad o para la víctima se habría acreditado dicho riesgo procesal conforme se tiene que los imputados habrían actuado con conocimiento y dolo para consumar los hechos siendo que además que los autores habrían manejado armas de fuego, granadas y sustancias explosivas que serían atentatorios contra la vida aspectos que con el hecho habrían demostrado el peligro para la sociedad lo que hace que el imputado representaría un peligro para su familia y la sociedad teniendo en cuenta que serían vecinos de la ahora víctima y que vivirían a metros de distancia.

Al respecto, si bien es cierto y evidente que los imputados tendrían su domicilio acreditado en la ciudad de El Alto también no es menos cierto que de acuerdo a los fundamentos facticos emitidos por la autoridad jurisdiccional los miso habrían incumplido la prohibición de concurrir al lugar de los hechos y tener contacto con la víctima fundamentos que no habrían sido plenamente cumplidos por la parte procesada; por lo cual, este tribunal de alzada a los fines de considerar el peligro para la sociedad y para la víctima consiguientemente el incumplimiento a la medida impuesta por la Resolución N° 122/2022 se tiene que es viable considerar la revocatorias de las medidas cautelares dispuestas por la autoridad jurisdiccional” (sic).

En cuanto a la denunciada carencia de fundamentación y motivación

Descrito el contenido argumentativo que respalda el Auto de Vista cuestionado y siendo que los impetrantes de tutela alegan que dicho acto jurisdiccional no realizó la expresión de los hechos ni citó normas legales que sustenten su decisión, cabe inicialmente puntualizar que conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1 de este fallo constitucional, el tribunal de alzada que conozca en grado de apelación la determinación que disponga, modifique o rechace alguna medida cautelar personal, más aún tratándose de la detención preventiva, debe pronunciar su decisión en el marco del derecho al debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación; precisando los elementos de convicción que sustentan su decisión, y expresando los motivos de hecho como de derecho sobre la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para la imposición o subsistencia de esa medida, y si bien no es exigible una amplia exposición de consideraciones ni citas legales; sin embargo, debe expresarse de forma concisa y clara a objeto de dar certeza a las partes de las razones que llevaron a asumir tal decisión. A partir de ello y de la contextualización de los puntos de agravio expuestos en el recurso de apelación incidental formulado por la víctima y fundamentos asumidos por la Vocal accionada en el Auto de Vista 336/2022 hoy cuestionado, se advierte que, desplegó la suficiente y debida fundamentación y motivación; pues, en el andamiaje argumentativo expuso las razones de hecho y de derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos expuestos, la prueba aportada y, amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente, habiendo explicado en lo principal, que: a) Los imputados -hoy peticionantes de tutela- incumplieron con lo dispuesto por el Auto de Vista 122/2022, respecto a la prohibición de acercarse a la parte víctima y de aproximarse al lugar de los hechos, habiéndose conforme a declaraciones testificales de 23 de marzo de igual año, acreditado que los antes mencionados, acudieron al lugar de los hechos y el 15 de la misma gestión, vertieron amenazas contra Valeriana Mamani Huarachi, identificada como presunta víctima; y, b) Por ello, tomando en cuenta lo señalado por el art. 247.1 del CPP, que establece que la revocatoria de las medidas cautelares personales procederá cuando se acredite que el imputado incumplió alguna de las obligaciones impuestas, y en el caso que se analiza, tomando en cuenta el art. 234.7 del mismo Código, que prevé el peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, advirtió que, los imputados actuaron con conocimiento y dolo para consumar los hechos y que incluso manejaron armas de fuego, granadas y sustancias explosivas, concluyendo que evidentemente se demostraría el peligro para la sociedad y víctima, más aun tomando en cuenta que la parte antes nombrada sería su vecina. En suma, se puede denotar que, la Vocal accionada al emitir el Auto de Vista ahora confutado, observó los parámetros de vigencia del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, pues de forma suficiente explicó las razones de hecho concatenados a los componentes fácticos que fueron de su conocimiento y al valor otorgado a los elementos probatorios aportados -declaraciones testificales de 23 de marzo-; lo cual, a su vez fue subsumido a la aplicación de la norma adjetiva -arts. 234.7 y 247.1 del CPP-, para decantar en la fundamentación requerida, que posibilitó, con la verificación de la exigencia procesal de la concurrencia de los requisitos para imponer la detención preventiva y en un efecto consecuencial de revocación de las medidas cautelares personales impuestas, la aplicación de dicha medida extrema a los imputados -ahora accionantes -. De esa manera, la autoridad judicial accionada, al emitir el Auto de Vista 336/2022 ahora analizado, cumplió su labor de autoridad de alzada, revisando el Auto Interlocutorio 13/2022 y sus fundamentos de sustento, desvirtuando los razonamientos expuestos en la misma, emergente de los elementos fácticos vinculados al caso en particular y la aplicación de normas jurídico-procesales penales vigentes que sustentan los motivos de su decisión en cuanto la aplicación de la medida cautelar personal de última ratio; por lo que, no se evidencia la denunciada lesión al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación vinculados a la libertad de los impetrantes de tutela, debiéndose en su efecto denegar la tutela solicitada en este punto de verificación constitucional. Sobre la alegada incongruencia omisiva Los peticionantes de tutela denuncian que la Vocal accionada, al emitir el Auto de Vista 336/2022 incurrió en incongruencia omisiva al no realizar una valoración real de lo apelado. Al respecto, se debe precisar que, si la presunta lesividad se encuentra enfocada a la inobservancia del componente de la congruencia en sentido estricto de falta de correspondencia entre lo pedido y resuelto en instancia de apelación, tal motivación constitucional no puede ser analizada en el marco de contrastación que podría derivar de la misma; puesto que, en esencia el planteamiento recursivo en sede ordinaria penal fue promovido por la contraparte -víctima-, en consecuencia, cualesquier circunstancia que implique la inobservancia de este componente de vigencia del debido proceso en tal dimensión, corresponde sea reclamado por la misma, y no así alertada por los imputados -hoy accionantes-; puesto que, dentro de una concepción procesal-constitucional no concurre la necesaria coincidencia entre el presunto acto lesivo y la personas o personas que pudiesen constituirse en afectadas con el mismo, que permita reconocerles la capacidad procesal para acudir con tal reclamo ante esta jurisdicción constitucional.

Y, si la intencionalidad se encuentra relacionada, -como también se alegada en la demanda tutelar- en que el fallo cuestionado “...ingresa en una incongruencia omisiva en cuanto la no motivación de la petición realizada en audiencia de apelación...” (sic); ello, más allá de una exposición de reclamación vaga en los alcances pretendidos, tampoco puede ser objeto de examen constitucional bajo el componente de la congruencia, en razón a que, en todo caso la misma estaría interrelacionada con el elemento de la motivación, el cual como se tiene precedentemente razonado, se encuentra cumplido en sus alcances de eficacia procesal y constitucional. Conforme a lo expuesto, tampoco corresponde acoger favorablemente la protección tutelar requerida sobre este componente de denuncia constitucional. Finalmente, con relación a la denuncia de la parte impetrante de tutela respecto a la presunta lesión de sus derechos a la defensa, a una justicia plural, oportuna y transparente, a la presunción de inocencia, a ser oído y juzgado “…previamente en un debido proceso…” (sic) y a la dignidad, ante su mención referencial no se logra advierte con la necesaria precisión de qué manera estuviesen siendo restringidos en su ejercicio como efecto del acto jurisdiccional objeto de cuestionamiento constitucional y en el marco de los bienes jurídicos que se encuentran dentro del campo de tutela de esta acción de defensa; por lo que, también corresponde denegar la tutela impetrada.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta como se tiene la problemática planteada, este Tribunal no puede obviar advertir que, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, omitió remitir en revisión la integralidad de los actuados concernientes a la misma, concretamente el Auto de Vista 336/2022, pese a que, incluso en la Resolución constitucional objeto de revisión hizo mención expresa a la constatación de antecedentes que cursan en el cuaderno de control -del proceso penal del cual deviene esta acción de amparo constitucional- puesto a conocimiento por la autoridad judicial accionada, que también fue afirmado en su remisión en el acta de audiencia de garantías; provocando esta omisión que en procura de resolver la denuncia constitucional promovida y bajo el informalismo que caracteriza a esta acción de defensa, se proceda a requerir documentación complementaria con la consecuente suspensión del cómputo del plazo de emisión de este fallo constitucional.

Por otra parte, siendo resuelta esta acción de defensa el 16 de mayo de 2022, recién fue remitida ante este Tribunal el 22 de julio de igual año -constancia de courier cursante a fs. 31-; es decir, con excesiva posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido en los arts. 126.IV de la CPE y 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En tal sentido, corresponde llamar la atención al indicado Juez de garantías, a fin de que en futuras actuaciones dentro de esta jurisdicción constitucional observe las reglas que rigen la tramitación de las acciones de defensa; así como, los plazos procesales-constitucionales que se encuentran establecidos bajo las características de sumariedad y prontitud, aspecto último por el que también impele extender la observación procedimental al correspondiente Secretario del referido Juzgado. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, actuó parcialmente de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 176/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez de Instrucción, Anticorrupción de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme a las razones y fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención a Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez; y, Edwin Quispe Nina, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0705_2024-S2.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 258d292adbf605b40162d30a1b2e578105107c1b796a888bf6513221a22a9b26

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