Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 11 de noviembre de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, la Gerente General del Seguro Social Universitario (SSU), no dio respuesta a la nota de 17 de mayo de 2022; por la cual, solicitó su nivelación salarial al cargo de Asesora Legal, conforme a los Informes Cite D.J.169/2019 de 2 de diciembre y CITE: URR.HH-033/2020 de 17 de febrero, emitidos por el SSU de La Paz, además de hacer caso omiso al Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021 de 23 de junio, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: i) Sobre el principio de inmediatez; ii) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 166/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 250 a 252 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la petición en los mismos términos y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0704/2024-S1 Sucre, 11 de noviembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 51315-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 166/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 250 a 252 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosario Mirna Jaldin Zarate contra Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del Seguro Social Universitario (SSU) de La Paz.
Mediante Memoriales presentados, el 1 y el 5 de septiembre de 2022 cursantes de fs. 106 a 114 y 116 a 117 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 14 de junio de 2014, suscribió un contrato a plazo fijo como abogada con el SSU de La Paz, con un sueldo de Bs7 345.-(siete mil trescientos cuarenta y cinco bolivianos) mensuales, dicha relación laboral se convirtió a plazo indefinido gozando de estabilidad laboral; posteriormente, se aprobó la modificación de la escala salarial presupuestaria de personal permanente, mediante Resolución Ministerial 484 de 29 de mayo de 2019 por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; por lo que, el cargo de Asesor Legal de predicha institución contemplaría el nivel salarial 4, asignándose a dicho ítem la remuneración mensual de Bs16 111.-(dieciséis mil ciento once bolivianos). Por ello, el 22 de octubre de 2019, presentó una nota a la Gerencia General del SSU La Paz, solicitando su nivelación al cargo de Asesora Legal para que sea considerada en la planilla de personal permanente con partida presupuestaria 117000, lo que genero vía Jefatura de Recursos Humanos (RRHH), del SSU La Paz el Informe 164/2019 de 18 de noviembre, donde refiere que tanto el Asesor Legal y el Asesor Jurídico tienen las mismas responsabilidades y recomienda que se remita antecedentes ante la Unidad Jurídica para que se emita criterio legal; y, conforme al Informe Legal D.J. 127/2020 de 7 de octubre, recomienda a la Gerente General del SSU -autoridad demandada-, que le corresponde el cargo de Asesora Legal asignándole el salario de Bs16 111; y, por Informe Legal de 2 de diciembre, elaborado por Esteban Ríos Escobar -Asesor Legal- el cual es puesto en conocimiento de Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del SSU de La Paz -ahora demandada-; indicándole que previa aprobación de su nivelación salarial se debe realizar las gestiones administrativas para la reformulación presupuestaria de la planilla de personal no permanente, con el objeto de nivelar el salario básico de asesor legal; y pese a las recomendaciones técnicas jurídicas la autoridad demandada siguió dilatando su situación; y, ante su silencio e indiferencia sobre las recomendaciones realizadas por Asesoría Jurídica del SSU La Paz, presentó otra nota el 30 de diciembre de 2020, ante la citada autoridad demandada, reiterando su solicitud de nivelación salarial, la cual tampoco tuvo respuesta y al no haber pronunciamiento expreso, acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), solicitando su intervención y teniendo respuesta mediante el Informe MTEPS/VMTPS-DGTHSO-UDF-GVZ-0065-INF/21 de 15 de abril de 2021, donde le sugirió a la demandada considerar la nivelación salarial solicitada, dicho informe es puesto en conocimiento a través del Cite: MTEPS-VMTPS-DGTHSO-JMAAS-0126-CAR/21 de 22 de igual mes y año, ante su incumplimiento formalizó denuncia ante la entidad laboral por vulneración al derecho a la igualdad en el ámbito salarial, fijándose audiencia para el 28 de mayo de 2021; empero, no se hizo presente; por lo que, se emitió una segunda citación para el 1 de junio de similar año, en la cual se apersono el abogado del Seguro Social Universitario de La Paz, justificando el accionar de la demandada, demostrando una actitud dilatoria ante ello el Ministerio de trabajo emitió el Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021 de 23 de predicho mes y año, recomendando a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, se notifique con el citado informe a la autoridad demandada a objeto de que cumpla la normativa laboral respecto a la nivelación de salarios, lo cual fue realizado el 31 de septiembre de 2021. Pese a la notificación con el citado informe, tampoco obtuvo respuesta, ante ello, el 18 de febrero de 2022, presentó una nota dirigida a Ninoska Loza Flores Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, solicitando que ordene el cumplimiento de las recomendaciones; por ello la citada autoridad laboral, emitió la nota con Cite MTEPS-JDT LP-NTLF-0072-CAR/22 de 23 de igual mes y año, dirigida a la demandada para que cumpla lo establecido en el Informe 1080/2021 siendo puesta en conocimiento de la misma; posteriormente presentó una nota dirigida a la autoridad demandada el 17 de mayo de 2022, solicitando que se pronuncie sobre la nivelación salarial, sin embargo la misma no fue resuelta; luego la autoridad demandada puso en conocimiento el Informe Cite: DJ 119/2022 de 8 de junio, elaborado por Mauricio Mancilla Irigoyen - Abogado del SSU La Paz, indicando que el informe laboral no se constituye un instrumento legal de cumplimiento obligatorio, indicando además que: “… no se estaría vulnerando ningún derecho, ya que la función de Directora Jurídica de carácter interino lo viene ejerciendo desde la gestión 2017, ampliada en la gestión 2018 con el sueldo que le corresponde como Directora hasta la designación del titular…” (sic); dicho aspecto, es cierto ya que mediante Resolución de Directorio 019/2017 fue designada en el cargo de Directora Jurídica a partir del 2 de octubre de 2017 siendo ampliada por Resolución de Directorio 011/2018 de 10 de abril y la cual desempeñó hasta el 24 de agosto de 2022, fecha en la que fue obligada a renunciar al citado cargo, por sufrir acoso laboral por parte de la autoridad demandada, siendo denunciado al Ministerio de Trabajo porque el ambiente era hostil perjudicando su restablecimiento que le aquejaba la grave enfermedad de cáncer y que era de conocimiento de la autoridad demandada; y, al haber renunciado el 24 de agosto de 2022 a la Dirección Jurídica, recibió el memorándum RR.HH 293/2022 de 22 de igual mes, restituyéndola al cargo de Asesora Legal, pero sin mencionar el tema de su nivel salarial hecho que la mantiene en incertidumbre ya que le corresponde dicha nivelación de su salario a Bs16.111.-. Por Memorial de 5 de septiembre de 2022, solicitó la reconducción de la acción de amparo constitucional a la acción de cumplimiento, porque la citada acción de defensa es más efectiva, ya que pertenece a un grupo vulnerable al padecer cáncer de mama y que al ser operada oportunamente se encuentra restableciéndose; cabe señalar que por el Informe Técnico de 31 de enero de 2022, elaborada por la ahora impetrante de tutela, el cual establece que las enfermeras fueron beneficiadas con la nivelación salarial, pero por su capricho cerro la obligación de nivelar su salario, incumpliendo la Resolución Ministerial 464 de 29 de mayo de 2019 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en el cual resuelve aprobar la escala salarial para el Seguro Social Universitario de La Paz.
Denunció la lesión de su derecho a la petición; citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y “ORDENAR A LA MAXIMA AUTORIDAD DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO, DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE NIVELACION SALARIAL CONFORME A LOS INFORMES LEGALES CITE DJ N° 169/10 de fecha 2 de diciembre de 2019, informe CITE: URRHH-033/2020 E INFORME Y RECOMENDACIÓN PLAZMADA EN MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF N° 1080/2021 de 23 de junio MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF N° 1080/2021 DE 23 DE JULIO DE 2021 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL PROCEDIENDO EN EL DIA A LA NIVELACION SALARIAL AL CARGO DE ASESORIA LEGAL ASIGNADO EN LA PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE CUYO SALRIO DE Bs. 16.111,00 y sea a partir del 24 agosto de 2022” (sic).
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 19 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 242 a 249 vta., produciéndose los siguientes actuados:
La peticionante de tutela a través de su abogada y apoderada, ratifico íntegramente su pretensión, agregando lo siguiente: a) El 5 de septiembre de 2022, solicitó la reconducción de la acción de amparo constitucional a la acción de cumplimiento, porque se adjunto un nuevo elemento como es el Informe Técnico 001/2023, el cual ha sido elaborado por la ahora demandada y dirigido a Oscar Heredia Presidente del Honorable Directorio del SSU La Paz; y, b) Conforme al Informe del Centro de Enfermedades Neolásticas Onco Calidad de Vida, Prevención, Detección, Diagnostico, donde se demuestra que tuvo cáncer de mamas; por lo que, realizo seis sesiones de quimioterapia desde mayo hasta diciembre de la gestión 2019, siendo operada a tiempo; empero, dicha enfermedad no se cura del todo, además de pertenecer a un grupo vulnerable por tener la edad de sesenta años.
Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del Seguro Social Universitario (SSU) de La Paz, a través de sus abogados apoderados, mediante informe escrito cursante de fs. 157 a 163 vta.; señalo que: 1) Conforme el art. 32.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), en relación a la competencia de la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz, ya que el hecho se habría cometido en oficinas de precitada institución, ubicada en la Av. Brasil 1653 de la ciudad de La Paz, además la accionante tiene su domicilio real en la Av. Arce 2456 (Plaza Isabel La Católica) de igual departamento; por lo que, no se está cumpliendo ninguno de los presupuestos exigidos por el citado artículo, porque tanto la peticionante de tutela como la autoridad demandada tienen su domicilio en precitada ciudad; 2) Por otro lado el art. 31 .II del CPCo en relación a la comparecencia de terceros, y conforme al Estatuto de la entidad el cual establece que la máxima autoridad de decisión es el Directorio del SSU La Paz; por lo que, existiría un interés directo para que dicha instancia conozca, y en su caso participe de la acción de amparo constitucional; 3) Sobre el incumplimiento de los arts. 54 y 55 del CPCo, en la acción tutelar, se establecieron cuatro fechas en las que supuestamente se hubiese vulnerado su derecho, la primera se refiere al 22 de octubre de 2019 donde la accionante mediante nota pidió a la Gerencia del Seguro Social Universitario La Paz su nivelación salarial, la cual fue respondida mediante varios informes, siendo respondida su solicitud; 4) Ante la presentación de la segunda nota de 15 de abril de 2021, se emitió el Informe MTEPS-VMTPS-DGTHSO-UDF-GVZ-0065-INF/21 la cual fue puesta en conocimiento de la autoridad demandada, y con base a dicha respuesta la accionante genero una tercera nota de 4 de mayo de 2021, denunciando una supuesta una vulneración de derechos emitiéndose el Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021 de 23 de junio, y la cuarta fecha clave se da con la notificación el 30 de septiembre de mismo año; por lo que, dicho inicio del hecho vulnerador es el 30 de septiembre de 2021; por lo que, no se cumple el principio de inmediación porque la acción de amparo constitucional debió ser presentada dentro de los seis meses siguientes al supuesto hecho vulnerador; es decir, que debió ser interpuesto hasta el 30 de marzo de 2022; 5) Tampoco se cumplió con el art. 54 del CPCo porque según el Estatuto Orgánico del SSU La Paz no se agotaron las vías de reclamación o sea la vía administrativa, habida cuenta que existe inclusive la tuición del Ministerio de Salud respecto a las entidades de Seguridad Social; por lo que, la peticionante de tutela no agoto las instancias administrativas, ni utilizó algún medio de defensa, tampoco planteó recurso alguno; 6) La demandante ingreso a trabajar el 24 de junio de 2014, como personal eventual en calidad de asesora legal con el salario de Bs.7 345.- por el plazo de un año, pero dicho contrato fue reconducido y por Resolución de Directorio del Seguro Social Universitario de La Paz 019/2017 de 22 de septiembre, fue designada Directora Jurídica interina y posteriormente por Resolución de Directorio 011/2018 de 10 de abril, nuevamente fue designada Directora Jurídica, siendo declarada en comisión hasta la conclusión de su interinato; 7) Conforme al Informe 340/2022 de 9 de mayo, se tiene que la Resolución de Directorio 12/2014 de 17 de junio, únicamente fue aprobada como Convocatoria Pública para la designación de Director Jurídico y no de Asesor Jurídico; por lo cual, el Presidente de dicha entidad de ese entonces, indicó que al no haber calificado la demandante que postulo al cargo de Directora Jurídica, dispuso mediante el CITE: DIRECTORIO SSU 039/2014 de 23 de junio, indicando “…se dispone la contratación de la indicada profesional en calidad de Asesora Legal…” (sic); por lo que, se establece que se vulnero el art. 37 del Estatuto del precitada institución porque la única autoridad para designar en ese cargo era la Gerente General del Seguro Social Universitario de La Paz, por tal hecho la designación de la impetrante de tutela se podría considerar una designación ilegal, ya que no se encontró documentación; 8) El art. 54 del Seguro Social Universitario, establece que el tiempo de ejercicio del cargo de Director Jurídico es de cuatro años; por lo que, la accionante excedió dicho tiempo, si bien existió una reconducción del contrato de trabajo, solo era para cargo de Abogada I con el salario de Bs7 345.- y no para el salario de Bs16 111.- por lo que, la peticionante de tutela se encuentra contratada como personal eventual dentro de la partida 121000, con el monto de Bs8 914.-(ocho mil novecientos catorce); 9) Respecto a la nivelación salarial si bien el Informe 164/2019 de 18 de noviembre, no señala de qué manera los profesionales Asesora Legal y Asesor Jurídico cumplen las mismas funciones; empero, este informe extrañamente olvida que la accionante estaba como
Directora Jurídica a.i.; asimismo, el Informe Legal 127/2020 de 7 de octubre, ligeramente recomienda asignar a la partida presupuestaria 12100 el nivel salarial de Bs16 111.-, sin antes solicitar informe técnicos para ver la factibilidad financiera, y en referencia al Informe Legal 169/2019 de 2 de diciembre el cual recomienda que se debe realizar las gestiones administrativas para la reformulación presupuestaria de la planilla de personal no permanente; y cualquier cambio de planillas necesariamente debe ser aprobado en primera instancia por el Ministerio de Salud y Deportes y luego por el Ministerio de Economía y Finanzas; 10) Sobre la falta de respuesta a la solicitud de nivelación salarial, la accionante acudió a la Jefatura del Trabajo de La Paz la cual emitió el Informe 1080/2021 de 23 de junio, donde solamente recomienda que se notifique el citado informe a la demandada, empero el mismo no se constituye en instrumento de cumplimiento obligatorio; empero, se cumplió dicha recomendación, porque la accionante retorno a su fuente laboral, no existiendo ninguna restricción; 11) La accionante al afirmar maliciosamente que renunció al cargo de Directora Jurídica a.i., lo cual es falso ya que nunca presento ninguna nota de renuncia, más al contrario se le notifico mediante Memorándum Cite RR.HH 293/2022 de 22 de agosto, por el cual se le restituye a su cargo, omitiendo poner en conocimiento que la Resolución de Directorio del SSU 021/2022 de 16 de agosto, la cual deja sin efecto la designación como Directora Jurídica interina, cargo que ocupo por más de cuatro años, dicho memorándum es aceptado ya que no presentó ninguna representación al mismo; y, 12) Respecto a la enfermedad argumentada y de acuerdo al Certificado de 1 de julio de 2020 elaborada por la Oncóloga Lena Morillas Guzmán, concluye que la accionante supero dicha enfermedad, pudiéndose advertir dicho aspecto mediante el Informe Médico de 13 de junio de 2020 el cual señala “Cuenta con resultados de estudios de extensión, los mismos que al momento se encuentran con reporte de: sin evidencia de enfermedad oncológica…” (sic); por lo que, solicitó que no se conceda la tutela porque no agotaron la vía administrativa y que el supuesto hecho generador de derechos data desde hace un año, razones que establecen la improcedencia de la tutela solicitada. Posteriormente en audiencia a través de sus abogados apoderados, ratificó su informe escrito agregando que: i) Su solicitud es totalmente contradictoria, puesto que lo único que reclama la accionante es que la autoridad demandada se pronuncie respecto a la Resolución Ministerial 434/2019 la cual establece la aprobación de la estructura financiera orgánica y la cual está sujeta a aprobaciones presupuestarias; por lo que, ninguna entidad puede obligar a otra a crear puestos que no estuvieran presupuestados, el SSU de La Paz está sujeta a una aprobación presupuestaria y que el cargo que pretende la impetrante de tutela no existe, ya que el cargo de asesor jurídico es un cargo a plazo fijo; ii) La nota 329/2022 de 14 de junio fue puesta a conocimiento de la accionante, indicándole la inexistencia de posibilidades que pueda acceder al cargo solicitado porque eso depende de una aprobación presupuestaria y del ítem, siendo desvirtuada su pretensión de que no hubiese sido respondida a su petición de nivelación salarial; iii) El 2 de agosto de 2022 se aprobó el presupuesto para la nueva escala salarial del SSU La Paz, con un nuevo organigrama ya que se tiene un déficit económico financiero y, por lo que el directorio del SSU instruye una nueva reorganización administrativa, donde solamente se estableció un cargo de asesor legal y que está en la planilla permanente, pero actualmente se cuenta con dos abogados con una escala salarial de Bs8 900,15.-(ocho mil novecientos 15/100 bolivianos) y otra abogada que está ejerciendo la Jefatura de Seguros que ejerce actualmente como interina percibiendo el salario de Bs6 300.-(seis mil trescientos bolivianos); iv) A partir de que se dejó sin efecto la Resolución en la cual se designó como Directora Interina, y de acuerdo a la nueva estructura, la peticionante de tutela paso a ejercer el cargo de abogada a cargo del comité de prestaciones, asignada a la planilla eventual, percibiendo el salario de Bs8 900.-(ocho mil novecientos bolivianos).
La Sala Constitucional Tercera del Alto del departamento de La Paz, por Resolución 166/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 250 a 252 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que: a) La autoridad ahora demandada proceda a brindar una respuesta de fondo, motivada, congruente en torno a los requerimientos efectuados el 22 de octubre del 2019, reiterado el 30 de diciembre del 2020 y nuevamente ratificado el 17 de mayo de 2022, sobre la solicitud de nivelación salarial al cargo de asesor legal en mérito de la planilla del personal no permanente, respuesta que deberá ser otorgada observando y analizando los alcances del Informe 164/2019 de 18 de noviembre, Informe Legal 127/2020 de 7 de octubre e Informe Legal 169/2019 de 2 de diciembre, además de observar la pertenencia o no del Informe MTEPS/VMTPS-DGTHSO-UDF-GVZ-0065-INF/21 de 15 de abril de 2021 emitido por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social; y, b) Independientemente de la modificación que a la fecha hubiese generado la condición laboral de la accionante, la autoridad demandada se encuentra en el deber de brindarle y proporcionarle una respuesta, la cual deberá ser materializada en el plazo de cinco días hábiles siguientes y ponerse a conocimiento de la impetrante de tutela, como también ponerse a conocimiento de la Sala Constitucional; en mérito a los siguientes fundamentos: 1) Conforme al memorial de 5 de septiembre de 2022, la peticionante de tutela solicito la reconducción de su acción de amparo constitucional a una de acción de cumplimiento, y en ese mérito dicha pretensión fue ratificada en audiencia; empero, no corresponde acoger el citado pedido, porque si bien hace conocer que pertenecería a un grupo en situación de vulnerabilidad por ser persona de la tercera edad y también de padecer problemas de salud -cáncer-; empero, la Sala Constitucional no evidencio el cumplimiento de los presupuestos que hacen viable a la acción de cumplimiento, los cuales son la identificación de un mandato normativo que contenga un deber concreto, especifico vinculado a la autoridad demandada, a más de haber escuchado en este acto incumplimiento o inobservancia de la Resolución Ministerial 484 de 29 de mayo de 2019, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, pero el mismo establece únicamente la aprobación de una escala salarial para el SSU, no estando vinculado de modo alguno a un deber en concreto o un mandato especifico que daba ser cumplido por la autoridad demandada, en consecuencia, se desestima la pretendida reconducción; 2) La accionante presentó dos notas la primera el 22 de octubre de 2019 y la segunda el 31 de diciembre de 2020 y del análisis del Informe 164/2019 por el cual el Jefe de Recursos Humanos del SSU estableció un grado de compatibilidad y similitud de funciones entre las que realiza la peticionante de tutela como asesora legal y/o asesor jurídico, como también del Informe Legal 127/2020; por el cual, recomienda a la ahora demandada la nivelación salarial, también se evidencio un Informe Legal de 2 de diciembre de 2019, que recomienda la nivelación salarial al cargo de asesor legal conforme se tiene del salario básico de asesor consignada en la escala salarial de planilla presupuestaria de personal permanente, de acuerdo a la equivalencia de funciones y nivel salarial aprobada por la Resolución Ministerial 484, además de recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social el cual emitió diferentes informes para que la autoridad demandada proceda a la nivelación salarial de la demandada; 3) La impetrante de tutela entiende que hasta la fecha no obtuvo una respuesta concreta, en torno a su pedido de nivelación salarial generada desde la gestión 2019 hasta el 2021, reiterada a través de distintos actos ante la Jefatura Departamental de Trabajo, y que por otra nota presentada el 16 de mayo de 2020, la accionante nuevamente pidió a la Gerencia General del SSU para que emita un pronunciamiento a su petición; 4) Sobre el descargo presentado por la autoridad demandada, independientemente de quien lleve la dirección principal del SSU La Paz conforme al art. 32, del cual se establece que la Gerencia General es la máxima autoridad ejecutiva del SSU y siendo responsable de la administración, planificación, organización, coordinación, dirección, control y evaluación de las actividades de la citada institución; por lo que, se tiene que la demandante dirigió en reiteradas ocasiones a la Gerencia General del SSU y al haber presentado las ultimas notas de 17 de mayo y 17 de agosto de 2022; sin embargo, la sala se queda con la última nota de 17 de mayo de 2022, y de los antecedentes remitidos por las partes, no se evidencio la existencia de una respuesta en el fondo en sentido positivo o negativo por parte de la Gerencia General del SSU; 5) Que al habérsele presentado una solicitud de petición y al contar con cuatro informes, tres de la misma institución y uno del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pero hasta la fecha no se otorgo una respuesta que sea en los términos de fundamentación, motivación y de forma congruente a la solicitud presentada por la accionante a objeto de que se pronuncie en el fondo determinando en relación si corresponde o no la nivelación salarial pretendida; por lo que, corresponde acoger la tutela por el derecho de petición solicitada por la peticionante de tutela y en ese mérito en su parte dispositiva la Resolución se establecerá y modulará la respuesta que debe otorgar la autoridad demandada, en observancia por supuesto a los distintos informes que fueron presentados y que fueron de conocimiento de la Gerencia General del SSU La Paz; 6) En mérito del análisis efectuado no se advierte la inobservancia del presupuesto del principio de inmediatez; toda vez que, la última nota fue presentada el 17 de mayo de 2022, donde en su apartado segundo la accionante volvió a incidir en la nivelación salarial asignado en la planilla de personal no permanente y reclamo también la afectación de su derecho a la petición, no siendo evidente que la ahora accionante hubiese inobservado el plazo de seis de meses para acudir a esta sede constitucional; 7) En cuanto al principio de subsidiariedad, se pudo evidenciar que la petición afectada por la ahora impetrante de tutela no se encuentra vinculada a un procedimiento de la administración pública; es decir, no se está ante la presencia de un proceso propiamente dicho, ya que la accionante presento notas de manera independiente y el hecho de que en algún informe se hubiera recomendado que la impetrante de tutela active ciertas vías legales, ello no es impedimento para no poder atender la eventual lesión que se evidencio sobre el derecho a la petición; y, 8) Tampoco resulta evidente la inobservancia del presupuesto de la legitimación pasiva en relación a la autoridad a la cual debía dirigirse la ahora accionante, pues si ese fuese argumento que planteó la autoridad demandada y que si entendía que no es la competente para atender el requerimiento de la peticionante de tutela, se encontraba en la obligación y en la responsabilidad de reconducir estas peticiones dirigiendo o remitiendo ante la instancia que creyere que tiene competencia.
Por Decreto Constitucional de 27 de agosto de 2024, cursante a fs. 258, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 8 de octubre de 2024 (fs. 286); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de la Nota presentada el 22 de octubre de 2019 por Rosario Mirna Jaldin Zarate -ahora accionante-, la cual está dirigida a Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del SSU de La Paz -ahora demandada-, solicitó la nivelación salarial al cargo de asesora legal en la planilla presupuestaria de personal permanente (fs. 36 a 37).
La Paz y dirigida a la ahora demandada, donde le indica en su conclusión y recomendación lo siguiente:
“Las funciones de la Dra. Rosario M. Jaldin Zárate en condición de Abogado I - Asesora Legal de la Entidad, son las mismas que las de la asesora legal y asesor jurídico, con la misma responsabilidad. Conforme a la normativa señalada, a efectos de realizar la nivelación solicitada por la indicada profesional, corresponde remitir a la Dirección Jurídica para que emita criterio legal.” (sic [fs. 38 a 39]).
dirigida a la demandada; en el cual indica:
“1. Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Seguro Social Universitario La Paz, que aplicación del citado Art. 13 del Decreto Supremo N° 3766, de 2 de enero de 2019, autorizar mediante Visto Bueno (Vo.Bo.), la equivalencia de funciones establecida por la Unidad de Recursos Humanos del Seguro Social Universitario La Paz, para la nivelación salarial del cargo de Asesora Legal de la Planilla Presupuestaria de Personal No Permanente, al mismo nivel del salario básico del cargo de Asesor Legal de la Escala Salarial de la Planilla Presupuestaria de Personal Permanente. 2. La Unidad de Recursos Humanos de la Entidad, previa aprobación por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la equivalencia de funciones para la nivelación salarial, debe realizar las gestiones administrativas necesarias, para la reformulación presupuestaria de la planilla de personal no permanente, con el objeto de nivelar el salario básico del cargo de Asesor Legal, de dicha planilla al nivel del salario básico de Asesor Legal consignado en la Escala Salarial de la Planilla Presupuestaria de Personal Permanente, de acuerdo a la equivalencia de funciones y Nivel Salarial aprobado por Resolución Ministerial N° 484 de 29 de mayo de 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de las disposiciones legales citadas” (sic [fs. 40 al 43]).
La Paz y dirigida a la ahora demandada, donde en sus conclusiones y recomendaciones refiere lo siguiente: “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Las funciones a que hace referencia el informe 164/2019 de fecha 18 de noviembre 2019, según el Manual de Organización y Funciones del Seguro Social Universitario La Paz, aprobado con Resolución de Directorio N° 033/201l de 1l de agosto de 2011, se aplica a las contrataciones del personal permanente y personal no permanente, la Dra. Rosario Jaldin fue contratada para desempeñar las funciones de Asesora Legal dependiente de la Dirección Jurídica, funciones cumplidas en las mismas condiciones que los otros asesores legales que figuran en la planilla de personal permanente. A la fecha el sueldo del personal eventual no están equiparados con los niveles salariales aprobados en escala salarial aprobada, salvo las contrataciones realizadas de personal eventual gestión 2019, correspondiendo en el caso de la Dra. Rosario Mirna Jaldín Zárate realzar a equiparación y nivelación respectiva, en el cargo de Asesora Legal del Seguro. Por lo expuesto se sugiere, enviar antecedentes a la Unidad de Presupuestos de que Viabilice la nivelación salarial dentro la planilla presupuestaria 121000, conforme a la recomendación del Informe Legal Cite: D.J. N° 169/19 de 2 de diciembre de 2019…” (sic [fs. 56 a 57]). II.5. A través del Informe Legal D.J. 127/2020 de 7 octubre, elaborada por Esteban Rios Escobar -Asesor Jurídico del SSU La Paz- dirigida a la demandada, en el cual recomienda: “…disponer por conducto de la Gerencia Administrativa Financiera, de la Unidad de Presupuestos de la Entidad, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, asigne en la Partida Presupuestaria 12100 que corresponde al rubro de Personal No Permanente o Personal Eventual, el Nivel Salarial Básico mensual de Bs. 16.111.00, al cargo de Asesor Legal correspondiente al cargo titular de la Dra. Rosario Mirna Jaldin Zárate, con el mismo Nivel Salarial Básico del cargo de Asesor Legal consignado en la Escala Salarial de Personal Permanente aprobada por Resolución Ministerial 484 de 29 de mayo de 2019, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Planilla Presupuestaria en la Partida 11700.” (sic [fs. 44 a 46]). II.6. Mediante la Nota presentada el 31 de diciembre de 2020 por la ahora impetrante de tutela y dirigida a Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del SSU de La Paz, reiteró su solicitud de nivelación salarial y solicitó que considere la normativa vigente (fs. 47).
Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), en el cual le solicitó su intervención frente a la vulneración de su derecho a la igualdad en el ámbito laboral y salarial (fs. 58 a 66); ante ello, la citada autoridad laboral mediante el Informe MTEPS/VMTPS-DGTHSO-UDF-GVZ-0065-INF/21 de 15 de abril de 2021, sugirió a la autoridad demandada que considere la nivelación salarial (fs. 67 a 69); siendo remitido el citado informe al Seguro Social Universitario de La Paz mediante Cite MTEPS-VMTPS-DGTHSO-JMAAS-0126-CAR/21 de 21 de abril de 2021, del cual cursa su cargo de recepción de 22 de abril de 2021 (fs. 70). II.8. A través de la Nota presentada por la demandante el 4 de mayo de 2021 ante José María Arturo Alessandri Severichz, Director General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del MTEPS, en el cual denunció la vulneración de su derecho a la igualdad en el ámbito salarial y solicitó que se emita una Resolución de Conminatoria en contra de la autoridad demandada (fs. 72 a 74); ante ello se emite Conminatoria de Presentación contra de la demandada, para que se presente el 10 de junio de 2021 a horas 09:30 en instalaciones del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social (fs. 75); posteriormente, se emitió el Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021 de 23 de junio, recomendando a la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, que se notifique con el citado informe a la autoridad demandada a objeto de que cumpla la normativa laboral respecto a la nivelación de salarios (fs. 76 a 78). II.9. Por Nota presentada el 17 de mayo de 2022, la accionante solicitó a la autoridad demandada, que cumpla el art. 24 de la CPE y emita un pronunciamiento sobre el Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021 y sobre la Nota CITE: MTEPS-JDT LP-NTLF-0072-CAR/22 de 23 de febrero de 2022 emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz (fs. 92 a 94).
II.10. Mediante CITE: G.G./329/2022 de 14 de junio, la Gerente General del SSU de La Paz -ahora demandada- puso en conocimiento a la impetrante de tutela ante el Informe CITE: D.J. 119/2022 de 8 de igual mes, elaborado por Mauricio Mancilla Irigoyen -Abogado SSU-, donde le indica:
“ANTECEDENTES En atención a las instrucciones por las Hojas de Ruta N° Trámite GG/5302, Reg. Int. N 5302 de fecha 6 de mayo de 2022; GG/6033, Reg. Int. N° 6033 de fecha9 de mayo de 2022; VU/2043, Reg. Int. N° 2344 de fecha 17 de mayo de 2022 y GG/4911, Reg. S/N de fecha 10 de junio de 2022 la Dra. Gabriela Lima Bolívar Gerente General del Seguro Social Universitario La Paz, de manera directa solicita tomar atención respecto a la solicitud de cumplimiento al: Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF N° 1080/2 021 de la Jefatura Departamental del Trabajo La Paz. (…) ANALISIS Y DESARROLLO(…) El Informe MTEPS/JDT/LP/IT/ CLEGC/INF 1080/2021 de la Jefatura Departamental del Trabajo de la Paz (…) no se constituye en un instrumento legal de cumplimiento obligatorio inexcusable. CONCLUSIONES (…) Para concluir por los argumentos esgrimidos, los antecedentes existentes en la hoja de ruta, informes emitidos por las diferentes unidades, se tiene que a la fecha no se estaría vulnerando ningún derecho, ya que la función de Directora Jurídica de carácter interino lo viene ejerciendo desde la gestión 2017, ampliada en la gestión 2018 con el sueldo que le corresponde como Directora hasta la designación del titular en el marco del Estatuto Orgánico del SSU.” (sic [fs. 85 a 91]).
autoridad demandada puso en conocimiento de la peticionante de tutela que por Resolución de Directorio 021/2022 de 16 de mismo mes, se le restituye en el cargo de Asesora Legal del SSU La Paz, cursando cargo de recepción por la demandante el 24 de precitado mes y año (fs. 104).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, la Gerente General del Seguro Social Universitario (SSU), no dio respuesta a la nota de 17 de mayo de 2022; por la cual, solicitó su nivelación salarial al cargo de Asesora Legal, conforme a los Informes Cite D.J.169/2019 de 2 de diciembre y CITE: URR.HH-033/2020 de 17 de febrero, emitidos por el SSU de La Paz, además de hacer caso omiso al Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021 de 23 de junio, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: i) Sobre el principio de inmediatez; ii) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y, iii) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico fue anteriormente citado en las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0405/2021-S1 de 8 de septiembre, 0290/2022-S1 de 27 de mayo y 0382/2022-S1 de junio, que formularon el siguiente razonamiento: El principio de inmediatez se encuentra reconocido en el art. 129.II de la CPE, al establecer que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). Con las mismas prerrogativas, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que:
“ARTÍCULO 55. (PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN). I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace” (el resaltado es nuestro). El Tribunal Constitucional a través de la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, hizo referencia al principio de inmediatez, señalando en su Fundamento Jurídico III.1, que:
“…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. Similar criterio, fue asumido en la SC 0128/2010-R de 10 de mayo. De igual forma, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de numerosas sentencias constitucionales plurinacionales, se pronunció sobre el plazo que se otorga para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados; en ese sentido, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, en el Fundamento Jurídico III.4, respecto al doble efecto de este principio, señaló que:
“El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa.
…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado (las negrillas son ilustrativas). Dicha línea jurisprudencial es complementada por la SCP 0213/2018-S2 de 22 de mayo, que expresa textualmente: “En resumen, corresponde puntualizar que en estos supuestos, deberá establecerse si hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados”.
El presente Fundamento Jurídico fue anteriormente citado en las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0112/2020-S1 de 21 de julio y 1105/2023-S1 de 15 de septiembre, que formularon el siguiente razonamiento:
El Tribunal Constitucional Plurinacional como supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, tiene la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad; además, bajo una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos de ejercer la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; así, respecto al derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, la suscrita Magistrada en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio asumió un razonamiento progresivo en cuanto a la protección de la tutela vía acción de amparo constitucional al haber decidido aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado. En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción tutelar, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo, ya sea en sentido positivo o negativo. Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas: a) Contenido esencial; b) Requisitos de procedencia; c) Legitimación activa; d) Legitimación pasiva; y, e) Plazo para emitir respuesta. En referencia al contenido esencial la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, estableció que una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser: 1) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable; 2) Formal; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o 2 El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 3 La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 4 La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas).
utilizar los medios recursivos establecidos por ley; 3) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, 4) Argumentada, lo que implica que la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos. Respecto a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo a efectos de su tutela, en ese mérito sólo se debe cumplir con tres requisitos: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto la SCP 0112/2020-S1 precisó:
“Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: “…2) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, 3) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:
5 La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.
Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 6 La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho. Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición” (las negrillas son incorporadas).
…dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito”. Asimismo, en relación a la legitimación activa referenciando la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; 1111/2019-S2 de 18 de diciembre. En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, para posteriormente referenciar las Sentencias Constitucionales 0310/2004-R, 0560/2010-R, 1995/2010-R; y, las 7 El Fundamento Jurídico III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”. 8 El Fundamento Jurídico III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.
Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”. 9 El Fundamento Jurídico III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 10 El Fundamento Jurídico III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril, 2051/2013 de 18 de noviembre; y, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre, concluyó que tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la petición: a) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares. Respecto al plazo para responder a la petición efectuada, la jurisprudencia constitucional determinó que se deberá emitir pronunciamiento: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.
Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano.
(…)
Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”. 11 El Fundamento Jurídico III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
(…)
Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”. 12 El Fundamento Jurídico III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”. 13 El Fundamento Jurídico III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”. 14 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras).
norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable. De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: i) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; ii) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, iv) Argumentada, relacionada a que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del por qué se da o no curso a la petición. Por su parte, en cuanto a las peticiones efectuadas dentro un trámite administrativo o proceso judicial que tengan relación con el fondo de la pretensión jurídica; incumbe añadir a lo razonado en la SCP 0112/2020-S1 que fue descrita, las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0340/2020-S1 de 17 de agosto, que 15 El Fundamento Jurídico III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.
…la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas).
Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”. 16 En su Fundamento Jurídico III.2 estableció: “III.2.1. En relación al “memorial” de 28 de marzo de 2019 presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19
(…)
De una relación de los antecedentes y de acuerdo a lo expuesto, Rodolfo Justino Morales Cortez, Director General del Despacho del Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, alegó que se brindó respuesta formal y motivada al “memorial” de 28 de marzo 2019, presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19; sin embargo de ello, es preciso señalar, que el referido servidor público, no otorgó respuesta al indicado “memorial”, sino simplemente puso en su conocimiento la Nota CITE GOB/DIR.JUR./ml/ 201/2019 elaborada por la Directora de Gestión Jurídica de igual institución; es decir, que no se evidencia la emisión de una respuesta fundamentada y motivada acorde al contenido esencial del derecho de petición, que responda a la solicitud en sentido de que se dé respuesta a la Nota de 14 de febrero de 2014 con una resolución administrativa motivada y fundamentada, explicándole si corresponde o no dicho extremo; es más, solo se remitió a la Nota CITE GOB/DIR.JUR./ml/ 201/2019, que no implica una respuesta material ni formal acorde al cuarto contenido esencial del derecho a la petición respecto a que la respuesta sea argumentada; vale decir, motivada y fundamentada, que cubra las pretensiones del solicitante, exponiendo las razones del por qué se dio o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos; estableciéndose de ello, que evidentemente se lesionó el derecho a la petición alegado por el impetrante de tutela, consideraciones por las cuales se considera que no ha existido una respuesta conforme lo solicitado.
(…)
resolvió una acción de amparo constitucional en la cual se denunció que no se hubiese dado respuesta a un memorial y a un recurso de revocatoria, se sostuvo que respecto al memorial no se evidenciaba una respuesta fundamentada y motivada acorde al contenido esencial del derecho a la petición que responda a la solicitud; además, en lo concerniente al recurso de revocatoria se estableció que no se resolvió dicho recurso de forma positiva o negativa, ni se explicó por qué no corresponde su resolución o por qué no es posible atender ese reclamo, en tal sentido, al no darse una respuesta oportuna tanto al memorial como al recurso de revocatoria se concedió la tutela. Asimismo, la SCP 0430/2021-S1 de 15 de septiembre, resolviendo A este respecto, tomando en cuenta que el petitorio en la presente demanda tutelar converge en que se responda con una resolución administrativa a lo solicitado en el recurso de revocatoria; de antecedentes se tiene que, el impetrante de tutela dirigió su petitorio ante Adrián Esteban Oliva Alcázar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija; sin embargo, no se evidencia de los antecedentes expuestos, que esta autoridad departamental, haya emitido respuesta material mediante resolución alguna al “recurso de revocatoria” interpuesto, evidenciándose solamente una Nota elaborada por Rodolfo Justino Morales Cortez, Director General del Despacho del Gobernador de la aludida entidad departamental, poniendo en conocimiento el informe elaborado por la Dirección de Gestión Jurídica de dicha Gobernación, no así, una respuesta de la Máxima Autoridad Ejecutiva ahora demandada en la que se resuelva dicho recurso de revocatoria de forma positiva o negativa, o caso contrario explicar por qué no corresponde su resolución por dicha autoridad, o también explicándole por qué no se considera lo reclamado por el impetrante de tutela, señalándole cuál el sustento legal de su decisión, más si la Nota emitida, no constituye una respuesta oportuna de acuerdo al contenido esencial del derecho de petición conforme el Fundamento Jurídico precedentemente citado, que establece que la respuesta debe ser: 1) Pronta y oportuna; es decir, dentro los plazos establecidos por ley o dentro de un plazo razonable; y, 2) Material; porque debe resolver el fondo de la pretensión y no evadirlo; de ello, se entiende que la autoridad a quien se presenta la petición, es quien debe atenderla, tramitarla y resolverla respondiendo de forma positiva o negativa al solicitante; siendo que en este caso, por más de treinta días hábiles administrativos, el Gobernador ahora demandado en la presente acción tutelar no otorgó respuesta formal, pronta material y motivada, al “recurso” de revocatoria de 15 de mayo de 2019.
En conclusión, con relación al “memorial” de 28 de marzo de 2019 presentado el 29 de igual mes y año, con código 1785-19; y, al recurso de revocatoria de 13 de mayo de 2019, no se otorgó una respuesta formal, pronta, oportuna, material y motivada, por ninguno de los demandados; por lo que, respecto a estos memoriales, corresponde conceder la tutela impetrada, en razón de que no se cumplieron los presupuestos jurisprudenciales previstos por la SCP 0276/2019-S2, la cual se constituye en el estándar más alto en la resolución de la presente causa; debiendo el Gobernador y el Director General de su despacho, otorgar respuestas al memorial con código 1785-19 y al recurso de revocatoria, de manera fundamentada y motivada. 17 En su Fundamento Jurídico III.3 sostuvo: “De la lectura de los argumentos del accionante y los informes emitidos por los demandados, se infiere que el impetrante de tutela, el 17 de junio de 2020, solicitó al Juez de Instrucción Penal Cautelar Tercero, audiencia para considerar medidas de protección, solicitud que fue observada en sentido que aclare y justifique su petitorio, observación subsanada mediante memorial de 8 de julio del citado año, al que le correspondió la providencia de 13 de igual mes y año, a través de la cual la autoridad judicial dispuso que pasen los obrados a despacho para resolución.
Posteriormente, y al no existir resolución, el solicitante de tutela reiteró su solicitud el 15 de septiembre del referido año, pidiendo que se resuelvan las medidas de protección solicitadas, entre ellas, ordenar la salida y la desocupación del domicilio de los agresores mientras dure la conclusión del proceso penal en todas sus instancias, toda vez que no pueden cohabitar en un mismo domicilio la víctima directa de los hechos conjuntamente los agresores; sin que exista respuesta.
De lo manifestado, se advierte lesión al derecho a la petición del accionante, pues, su ejercicio implica que una vez efectuada una solicitud ante una autoridad o funcionario público, el peticionante de tutela adquiere el derecho de obtener una respuesta pronta y oportuna, ya sea de forma negativa o positiva, debidamente sustentada y que de forma efectiva responda a lo solicitado o requerido, sin que deba entenderse como conculcado dicho derecho cuando la autoridad conteste al peticionario denegando lo requerido, al depender la respuesta de las circunstancias concretas de cada caso, independientemente si se concedió o no lo requerido, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Por otra parte, en el caso concreto, cuando se trate del derecho de petición, corresponde recordar que éste; se encuentra satisfecho una vez que, la autoridad judicial haya resuelto o proporcionado una solución material y sustantiva al problema planteado en la petición, sin que se limite a una consecuencia meramente formal y procedimental.
Consecuentemente, en el presente caso correspondía que el Juez demandado, en virtud de la petición realizada, otorgue una respuesta pronta y oportuna, resolviendo la solicitud de medidas de protección en un plazo razonable, en atención a que actuaba en suplencia legal, aspecto que no ocurrió, prolongando la solicitud sin un fundamento valedero, cuando debió actuar con celeridad y atender la solicitud del accionante, otorgándole una respuesta pronta y oportuna.
Por otra parte, de la revisión de obrados se evidencia que mediante Auto Interlocutorio 342/2020 de 8 de octubre, el Juez ahora demandado, en suplencia legal del Juez de Instrucción Tercero, dio lugar a la medida de protección requerida por el ahora una acción de amparo constitucional en la que se denunció que no se dio respuesta a su solicitud de medidas de protección, la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional sostuvo que dicha solicitud no mereció respuesta precisa dentro del plazo razonable, omitiendo considerar que el accionante merece una respuesta pronta y oportuna ya sea de forma negativa o positiva, debidamente sustentada y que de forma efectiva responda a lo solicitado; consecuentemente, se concedió la tutela al conculcarse el derecho a la petición. Ahora bien, de ambas Sentencias Constitucionales Plurinacionales se advierte que en los casos que se denuncien la falta de resolución de un recurso o medio de impugnación, o de una solicitud vinculada a una pretensión específica, es posible que este Tribunal ingrese a analizar si es evidente o no que la parte demandada omitió responder a su solicitud. Consecuentemente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para lo cual, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercido dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).
La accionante denuncia la vulneración de su derecho a la petición; toda vez que, la Gerente General del Seguro Social Universitario (SSU), no dio respuesta a la nota de 17 de mayo de 2022; por la cual, solicitó su nivelación salarial al cargo de Asesora Legal, conforme a los Informes Cite D.J.169/2019 de 2 de diciembre y CITE: URR.HH-033/2020 de 17 de febrero, emitidos por el SSU de La Paz, además de hacer caso omiso al Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021 de 23 de junio, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz.
Con esos antecedentes, corresponde analizar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, es así que conforme se tiene de la delimitación de la problemática realizada precedentemente corresponde precisar que: a través de la Nota presentada el 22 de octubre de 2019 por Rosario Mirna Jaldin Zarate -ahora accionante-dirigida a Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del SSU de La Paz -ahora demandada-, solicita la nivelación salarial (Conclusión II.1); asimismo, mediante Informe 164/2019 de 18 de noviembre, elaborado por la Jefa de RR.HH. del SSU La Paz, recomienda que a efectos de realizar la nivelación de salarios, previamente se debe remitir a la Dirección Jurídica para que emita su criterio legal (Conclusión II.2); del Informe Legal de 2 de diciembre de 2019, el cual recomienda que previamente se debe realizar las gestiones administrativas, para la reformulación presupuestaria de la planilla de personal no permanente de acuerdo a la equivalencia de funciones y Nivel Salarial aprobado por Resolución Ministerial 484 de 29 de mayo de 2019 del MEFP (Conclusión II.3); por Informe URR.HH 033/2020 de 17 de febrero, elaborado por la Jefa de RR.HH. del SSU La Paz, recomienda que se viabilice la nivelación salarial de la peticionante de tutela (Conclusión II.4); asimismo, por Informe Legal de 7 de octubre de 2020, se recomienda que se asigne en la Partida Presupuestaria 12100 que corresponde al rubro de Personal No Permanente o Personal Eventual, con el nivel salarial básico mensual de Bs16 111.-(dieciséis mil ciento once bolivianos) (Conclusión II.5). Mediante Nota presentada el 31 de diciembre de 2020, la impetrante de tutela solicita nuevamente a la ahora demandada su nivelación salarial (Conclusión II.6); asimismo, por Nota presentada por la peticionante de tutela, el 3 de marzo de 2021 ante la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicita su intervención frente a la vulneración de su derecho a la igualdad en el ámbito laboral y salarial; ante ello, la citada autoridad laboral mediante el Informe MTEPS/VMTPS-DGTHSO-UDF-GVZ-0065-INF/21 de 15 de abril de 2021, sugiere a la citada autoridad demandada que considere la nivelación salarial siendo remitido el citado informe al SSU La Paz mediante el Cite MTEPS-VMTPS-DGTHSO-JMAAS-0126-CAR/21 de 22 de similar mes y año, (Conclusión II.7); a través de la Nota presentada por la demandante el 4 de mayo de 2021 ante el Director General de Trabajo, Higiene y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en el cual denuncia la vulneración de su derecho a la igualdad en el ámbito salarial y solicita que se emita una Resolución de conminatoria en contra de la autoridad demandada; por lo que, se emite el Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021 de 23 de junio, recomendando a la autoridad demandada que cumpla la normativa laboral respecto a la nivelación de salarios (Conclusión II.8); asimismo, por Nota presentada el 17 de mayo de 2022, la peticionante de tutela solicita a la autoridad demandada, que cumpla el art. 24 de la CPE y emita un pronunciamiento sobre el Informe MTEPS/JDT/LP/IT/ CLEGC/INF 1080/2021 (Conclusión II.9); ante ello, la Gerente General del SSU de La Paz -ahora demandada- mediante CITE: G.G./329/2022 de 14 de junio, le pone en conocimiento el Informe CITE: D.J. 119/2022 de 8 de mismo mes, indicándole que no se le estaría vulnerando ningún derecho, ya que la función de Directora Jurídica la viene ejerciendo desde la gestión 2017 hasta la designación del titular (Conclusión II.10); y por Memorándum CITE: RR.HH 293/2022 de 22 de agosto, la autoridad demandada, dispone su restitución al cargo de Asesora Legal del SSU La Paz (Conclusión II.11). En ese antecedente, en forma previa al análisis de la problemática u objeto procesal, cabe precisar si dentro de esta acción de amparo constitucional concurre alguna de las causales de improcedencia, en ese sentido se verificará el principio de inmediatez, lo cual fue alegado por la autoridad ahora demandada. Respecto al principio de inmediatez En este acápite cabe señalar que si bien la parte accionante formulo su problema jurídico relacionado a la falta de respuesta a la nota de 17 de mayo de 2022 por parte de la Gerente General del Seguro Social Universitario, donde solicita su nivelación salarial al cargo de Asesora Legal; empero, la autoridad demandada alega el incumplimiento del principio de inmediatez, porque supuestamente el hecho vulnerador hubiese ocurrido a partir del 30 de septiembre de 2021, fecha en la cual se le notificó con el Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021, aspecto que merece un análisis previo en la presente causa en examen; en ese contexto, cabe señalar que la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al principio de inmediatez precisó que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, siendo que ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a disposición en forma indefinida, más al contrario tiene un tiempo razonable; la interposición en el plazo mencionado responde a un tiempo reglado prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario se da lugar al principio de preclusión del derecho de activar esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se establece que: la autoridad demandada al alegar que el hecho vulnerador hubiese ocurrido a partir del 30 de septiembre de 2021, fecha en la cual se le notificó con el Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021; por lo que, no se cumpliría el principio de inmediación porque la acción de amparo constitucional debió ser presentada dentro de los seis meses siguientes al supuesto hecho vulnerador; es decir, que debió ser interpuesto hasta el 30 de marzo de 2022; empero, de la problemática identificada se toma en cuenta que el hecho vulnerador denunciado es a partir de la presentación de la nota presentada el 17 de mayo de similar año, siendo esta última que demuestra el incumplimiento reiterativo de obtener una respuesta sobre lo peticionado, ya que la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional es de 19 de septiembre de 2022, de lo que se evidencia que la misma se interpuso dentro del plazo de los seis meses, cumpliéndose por lo tanto con el principio de inmediatez según lo establecido en el art. 55.I del CPCo; en consecuencia corresponde ingresar a su análisis de fondo. De lo expuesto, ahora se entrara a revisar lo planteado por la parte accionante conforme a lo siguiente: En relación a la problemática identificada Ahora bien, conforme de los antecedentes procesales y de la problemática identificada, se advierte que la parte impetrante de tutela en el presente caso, denuncia la vulneración de su derecho a la petición, porque la Gerente General del Seguro Social Universitario -ahora demandada- no dio respuesta a la nota de 17 de mayo de 2022; por la cual, solicitó su nivelación salarial al cargo de Asesora Legal, conforme a los Informes Cite D.J.169/2019 de 2 de diciembre y CITE: URR.HH-033/2020 de 17 de febrero, emitidos por el SSU de La Paz, además de hacer caso omiso al Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz. En ese sentido, la jurisprudencia razonó que el derecho a la petición se configura como un derecho fundamental consistente en la posibilidad de realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, bien ante autoridad, servidor público o particular, y de obtener una respuesta formal, pronta, oportuna, debidamente fundamentada y motivada, ya sea que se realicen o no dentro de un proceso o procedimiento judicial o administrativo; lo que no significa que debe absolverse el fondo de la cuestión principal; en ese sentido, se establecieron supuestos por los que la jurisdicción constitucional tutela, a través de la acción de amparo constitucional, el derecho a la petición, todos concernientes a su contenido esencial. En ese mérito, este derecho fundamental enseña que la solicitud o reclamo planteado debe merecer una respuesta: pronta y oportuna -que implica realizarse dentro del plazo previsto por Ley, o en su defecto dentro de un plazo razonable-; formal -que implica ser escrita y debidamente comunicada, a efectos de que en el caso de disconformidad se permita realizar los reclamos pertinentes o utilizar los medios de impugnación debidamente previstos en disposiciones normativas-; material -que implica un pronunciamiento en el fondo de la cuestión, ya sea en un sentido positivo o negativo, sin incurrir en evasivas-; y, argumentada -que implica la existencia de una debida fundamentación o motivación del porque se atiende o no la pretensión perseguida-(Fundamento Jurídico III.2.). En ese orden, siendo que en el caso en examen se alega la vulneración del derecho de petición, conforme al citado Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se tiene que el núcleo del derecho de petición, es la respuesta a una determinada solicitud; y a efectos de su tutela, se deben tomar en cuenta, si en el caso concreto se cumple con los siguientes elementos:
1) La existencia de una petición oral o escrita; que, en el caso de Autos, conforme a las literales descritas en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se establece que a través de la Nota presentada el 22 de octubre de 2019 por Rosario Mirna Jaldin Zarate -ahora accionante- y dirigida a Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del SSU de La Paz -ahora demandada-, solicita su nivelación salarial al cargo de Asesor Legal en cumplimiento de la Resolución Ministerial 484 de 29 de mayo de 2019 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la cual aprueba la escala salarial para el Seguro Social Universitario de La Paz; dicha solicitud generó en dicha institución el Informe Legal de 2 de diciembre de 2019, el cual recomienda que previamente se debe realizar las gestiones administrativas, para la reformulación presupuestaria de la planilla de personal no permanente de acuerdo a la equivalencia de funciones y Nivel Salarial aprobado por Resolución Ministerial 484 de 29 de mayo de 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; también genero el Informe URR.HH 033/2020, elaborado por la Jefa de RR.HH del SSU La Paz, donde recomienda que se viabilice la nivelación salarial de accionante; sin embargo, al ser informes pero que no resuelve su petición de nivelación por la máxima autoridad del Seguro Social Universitario, acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y que a través de la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz, emitió Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021; bajo esos antecedentes la impetrante de tutela solicitó lo siguiente:
a) A través de la Nota presentada el 17 de mayo de 2022, por la impetrante de tutela, ante la Gerente General del SSU La Paz, solicito el cumplimiento del Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021, señalando:
“En virtud a los fundamentos y argumentos expuestos, en respuesta a las notas presentadas ante su despacho en fecha 22 de octubre de 2019 y 30 de diciembre de 2020, solicito emita pronunciamiento respecto a la determinación del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social a través del INFORME MTEPSIJDTILP/IT/CLEGCINF N 1080/2021, de 23 de junio de 2021, que determinó que su autoridad, en cumplimiento de la normativa laboral Vigente, proceda con la nivelación de salarios del Cargo de Asesora Legal asignado en la Planilla de Personal No Permanente al salario de Bs16.111 de la Planilla de Personal Permanente y sobre la Nota CITE: MTEPS-JDT-NTLF-0072-CAR/22, de 23 de febrero de 2022, mediante la cual la Jefa Departamental de Trabajo La Paz, ha remitido Copia legalizada del INFORME MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF N° 1080/2021, de 23 de junio de 2021 para fines de su cumplimiento de conocimiento que el Dr. Mauricio Mancilla Irigoyen, es el profesional Abogado que emitirá criterio sobre el INFORME MTEPS/JDT/LPIITICLEGC/INF N° 1080/2021, de 23 de junio de 2021 y sus antecedentes así como do la Nota CITE: MTEPS-JDT-NTLF-0072-CAR/22, de 23 febrero de 2022, solicito la remisión de la presente nota a su conocimiento para el análisis” (sic). De lo descrito precedentemente se tiene por acreditado el primer requisito jurisprudencial, establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; es decir, la existencia de la nota de petición dirigida a Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del SSU de La Paz. 2) Omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes;
vale decir, ante una ausencia de respuesta formal, falta de respuesta material, inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; al respecto se tiene que:
2.i) En cuanto al requisito de una respuesta formal, éste se refiere a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa. Al respecto, de conformidad a lo señalado, se emite la Nota CITE: G.G./329/2022 de 14 de junio, por parte Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del SSU de La Paz, indicando lo siguiente:
“Para su conocimiento, adjunto a la presente, tengo a bien remitir a usted fotocopias legalizadas del Informe D.J. N° 119/2022, emitido por el Abg. Mauricio Mancilla Irigoyen, Abogado de la Institución, referente a cumplimento del Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF N° 1080/2021 de la Jefatura Departamental del Trabajo La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.”
Si bien se advierte la Nota CITE: G.G./329/2022 de 14 de junio, (Conclusión II.10); por la que, Gabriela Lima Bolívar, se dirige a Rosario Mirna Jaldin Zarate ahora accionante, poniéndole en conocimiento el Informe D.J. 119/2022 elaborado por el Abg. Mauricio Mancilla Irigoyen, Abogado del SSU La Paz, el cual refiere:
“El Informe MTEPS/JDT/LP/IT/ CLEGC/INF 1080/2021 de la Jefatura Departamental del Trabajo de la Paz (…) no se constituye en un instrumento legal de cumplimiento obligatorio inexcusable. (…) Para concluir por los argumentos esgrimidos, los antecedentes existentes en la hoja de ruta, informes emitidos por las diferentes unidades, se tiene que a la fecha no se estaría vulnerando ningún derecho, ya que la función de Directora Jurídica de carácter interino lo viene ejerciendo desde la gestión 2017, ampliada en la gestión 2018 con el sueldo que le corresponde como Directora hasta la designación del titular” (las negrillas fueron añadidas). De lo expuesto, en el citado informe solamente realiza un análisis legal en relación al Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, señalando que la recomendación emitida por la autoridad laboral no es de cumplimiento obligatorio, además de indicar que no se le ha vulnerado ningún derecho a la peticionante de tutela porque permanece en su puesto laboral; cabe indicar que los informes son documentos elaborados por profesionales de una institución, destinados a orientar un determinado requerimiento de sus superiores, son de manejo interno; por lo que, de ninguna manera puede considerarse que la notificación con un informe sea una respuesta formal, más aún si fue emitido por un funcionario subalterno y no así por la autoridad a quien se realizó la petición; toda vez que, la Gerente General del SSU de La Paz ahora demandada es quien debió otorgar respuesta escrita al solicitante y no poner en conocimiento un informe que no resuelve lo planteado por la impetrante de tutela. 2.ii) En relación al requisito establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que establece que debe existir una respuesta material; es decir, que debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionario. De conformidad a lo indicado en el punto anterior, al emitirse la Nota CITE: G.G./329/2022 de 14 de junio, por parte Gabriela Lima Bolívar, Gerente General del SSU de La Paz, el cual indica:
“…tengo a bien remitir a usted fotocopias legalizadas del Informe D.J. N° 119/2022, emitido por el Abg. Mauricio Mancilla Irigoyen, Abogado de la Institución, referente a cumplimento del Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF N° 1080/2021” (sic). Asimismo, en el citado Informe CITE: D.J. 119/2022 de 8 de junio, elaborado por Mauricio Mancilla Irigoyen, el cual refiere:
“ANTECEDENTES
En atención a las instrucciones por las Hojas de Ruta N° Trámite GG/5302, Reg. Int. N 5302 de fecha 6 de mayo de 2022; GG/6033, Reg. Int. N° 6033 de fecha9 de mayo de 2022; VU/2043, Reg. Int. N° 2344 de fecha 17 de mayo de 2022 y GG/4911, Reg. S/N de fecha 10 de junio de 2022 la Dra. Gabriela Lima Bolívar Gerente General del Seguro Social Universitario La Paz, de manera directa solicita tomar atención respecto a la solicitud de cumplimiento al: Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF N° 1080/2 021 de la Jefatura Departamental del Trabajo La Paz. (…) ANALISIS Y DESARROLLO (…) El Informe MTEPS/JDT/LP/IT/ CLEGC/INF 1080/2021 de la Jefatura Departamental del Trabajo de la Paz (…) no se constituye en un instrumento legal de cumplimiento obligatorio inexcusable. CONCLUSIONES (…) Para concluir por los argumentos esgrimidos, los antecedentes existentes en la hoja de ruta, informes emitidos por las diferentes unidades, se tiene que a la fecha no se estaría vulnerando ningún derecho, ya que la función de Directora Jurídica de carácter interino lo viene ejerciendo desde la gestión 2017, ampliada en la gestión 2018 con el sueldo que le corresponde como Directora hasta la designación del titular en el marco del Estatuto Orgánico del SSU.” La citada nota con CITE: G.G./329/2022 de 14 de junio y el Informe CITE: D.J. 119/2022 de 8 de junio, son puestos en conocimiento de la peticionante de tutela, el cual responde a la nota de 17 de mayo de 2022; sin embargo, no puede ser considerada como respuesta material porque no resuelve el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición, porque al poner en conocimiento el citado informe incurrió en evasivas para responder lo peticionado que era la respuesta a la solicitud de nivelación salarial al cargo de Asesora Legal, conforme a los Informes Cite D.J. 169/2019 de 2 de diciembre y CITE: URR.HH-033/2020 de 17 de febrero, emitidos por el SSU de La Paz, y el Informe MTEPS/JDT/LP/IT/CLEGC/INF 1080/2021 de 23 de junio, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz. Además, se debe considerar el tiempo transcurrido desde la presentación de la nota en fecha 17 de mayo de 2022, por parte de la peticionante de tutela ante la autoridad demandada, donde le solicita la nivelación de salarios del cargo de Asesora Legal asignado en la Planilla de Personal No Permanente al salario de Bs16 111.- de la Planilla de Personal Permanente; sin embargo, dicha autoridad recién el 14 de junio, emite la Nota CITE: G.G./329/2022, disponiendo que se ponga en conocimiento el Informe CITE: D.J. 119/2022 de 8 de junio; empero, el citado informe no resuelve el fondo de lo peticionado por la parte accionante y que hasta el momento en que se llevó la audiencia de la acción de amparo constitucional (19 de septiembre de 2022), la autoridad demandada no emitió una respuesta oportuna, habiendo pasado más de cuatro meses y dos días de no haber emitido dicha respuesta; en consecuencia, se establece que no existe respuesta material a la nota de 17 de mayo de 2022, en razón de la desatención por parte de la Gerente General del SSU de La Paz ahora demandada. 2.iii) De los aspectos descritos en los puntos anteriores, deriva en la inexistencia de argumentación, motivación y/o fundamentación; y, 3) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito. En el presente caso de análisis la autoridad demandada se constituye en la Gerente General del SSU de La Paz; a quién fue dirigida la nota presentada el 17 de mayo de 2022 y ante esas solicitudes no existe medio impugnativo, en razón que no se trata de un trámite de carácter administrativo, sino solicitudes que debieron merecer respuesta por parte de la demandada, conforme a los presupuestos descritos precedentemente. En tal sentido, resulta evidente la afectación del derecho a la petición prevista por el art. 24 de la CPE; puesto que, el ejercicio de este derecho, supone que una vez efectuada la petición ante una persona, autoridad o funcionario público, a la interesada le asiste el derecho de alcanzar una respuesta pronta y oportuna, la que sin mayores objeciones, está impuesta a satisfacer y dar una respuesta efectiva a las peticiones invocadas; sea éstas de forma positiva o negativa, de manera oportuna y fundamentada, respondiendo a todos los puntos requeridos, esto debido a la naturaleza informal del derecho de petición, ya que el mismo es un medio para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información solicitada para su pleno ejercicio; en tal sentido, al no atender los dos memoriales presentados por la solicitante en forma oportuna y debidamente fundamentada y motivada lesionó el derecho a la petición de la accionante; por lo que, ante esta omisión corresponde conceder la tutela respecto a la nota de 17 de mayo de 2022, conforme al entendimiento expresado en la jurisprudencia constitucional invocada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, al advertirse la lesión del derecho, por la falta de respuesta oportuna por la Gerente General del SSU de La Paz -ahora demandada-.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 166/2022 de 19 de septiembre, cursante de fs. 250 a 252 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la petición en los mismos términos y conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.
accionante, disponiendo que presuntos agresores abandonen el domicilio de la víctima en un plazo no mayor a cinco días, computables a partir de su legal notificación, medida que surte sus efectos entre tanto dure la tramitación del proceso penal en todas sus instancias (Conclusiones II.1); En ese sentido, pese a la emisión de la Resolución 342/2020 de 8 de octubre, no puede denegarse la tutela por una eventual cesación de los efectos del acto reclamado; toda vez que, no se constata que la autoridad demandada habría cesado en la omisión reclamada antes de asumir conocimiento de la interposición de esta acción, conforme al razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; por el contrario, conforme a obrados, se advierte que la emisión de la Resolución reclamada por la impetrante de tutela se efectuó en la misma fecha que fueron notificados los demandados con la acción de amparo constitucional, es decir el 8 de octubre de 2020 (fs. 11 y 12)”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0704_2024-S1.pdf · páginas 1 a 30.
Huella digital del PDF (SHA-256): c303b89c93d9574877aa0e473dfe16069fa48b02bafc8a95ba6f50fb83b11291
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