B.IA.LEGAL

SCP 0704/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 8 de agosto de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
55205-2023-111-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denunciaron como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, congruencia, juez natural, valoración probatoria y aplicación objetiva de la ley; y, el principio de verdad material; alegando que los Vocales ahora demandados al momento de emitir el Auto de Vista 29 de 10 de febrero de 2022, incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) No dieron respuesta a los agravios que fueron objeto de su apelación, consistentes en: 1) Incorrecta y defectuosa valoración de la prueba presentada, pues no se habría analizado correctamente la prueba que demostrada la naturaleza civil y comercial del reclamo efectuado por Troya, además que la cláusula arbitral contenida en el acuerdo transaccional fue descartada sin haber realizado un estudio de su contenido y alcance; y, 2) Indebida motivación y fundamentación como consecuencia de la defectuosa valoración de la prueba; pues tampoco justificó las razones por las cuales se abstuvo de emitir pronunciamiento al respecto; b) Motivación arbitraria, al señalar que los hechos contenidos en la demanda no pretenden el cumplimiento del acuerdo transaccional de 3 de septiembre de 2020, sino el daño que se habría generado a partir de la carta de intenciones, el cual no fue sustentado con ninguna prueba; y, c) Se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad en su labor valorativa, pues no consideraron el contenido de la cláusula arbitral que es parte del acuerdo transaccional y la carta de intenciones, además utilizaron estos documentos asumiendo aspectos que no reflejan, estableciendo el engaño constituti…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada ; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 296/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 2737 a 2745 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la interpretación de la legalidad ordinaria
  2. III.2. Sobre la relación que debe existir entre los hechos, los derechos y el petitorio en las acciones de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0704/2023-S4 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 55205-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 296/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 2737 a 2745 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Fernando Javier Lemaitre Pastor y Alexander Olegovich Roizman Camacho en representación legal de la Sociedad Extranjera SHELL BOLIVIA CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA (SBC), Erwin Alcides Landivar Gutiérrez, Kattia Barrancos Hernández y Jorge Juan Alejandro Garufalias Pagano contra Ever Álvarez Orellana, Gladys Alba y Franco Walter Pérez Lora actuales y ex Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de agosto de 2022, cursante de fs. 2356 a 2386 y el de subsanación de 30 de igual mes y año (fs. 2525 a 2526) el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 8 de agosto de 2017, la Empresa SBC y la Asociación Accidental CONSORCIO EXCELSIOR & TROYA (CET), constituida por las Empresas Excelsior Construcciones y Servicios Sociedad de Responsabilidad limitada (S.R.L.) (Excelsior) y Troya Construcciones y Servicios S.R.L. (Troya) suscribieron un contrato para la prestación de servicios de construcción, mantenimiento y habilitación de obras civiles en general en las áreas operadas por SBC bajo el contrato de servicios petroleros que dicha empresa suscribió con Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la exploración de hidrocarburos en el Bloque Huacareta; por lo que, inicialmente el Contrato signado SC-PRJ-795-17, tenía una vigencia de tres años calendario a partir del 15 de agosto de 2017 hasta el 14 de agosto de 2020; no obstante, se suscribieron 4 enmiendas posteriores. En el marco del Contrato y sus enmiendas, SBC requirió la construcción de camino y planchada para el pozo exploratorio YAP-X1; no obstante, el 28 de abril de 2020, SBC terminó de manera anticipada este proyecto, comunicando la misma a la CET a través de la Carta SBC-C&P-167/2020, como consecuencia de ello ambas empresas sostuvieron diversas reuniones con la finalidad de conciliar cuentas, por lo que suscribieron el Acuerdo Transaccional de 3 de septiembre de 2020, a través del cual acordaron resolver definitivamente el contrato y todas las prestaciones unilaterales o bilaterales que hubieran surgido, renunciando definitiva e irrevocablemente a todo reclamo, discrepancia o diferencia que hubiera surgido entre las partes emergente o relacionado con el contrato, enmiendas, documentos complementarios y su terminación anticipada contra el pago de la suma única de $us3 321 767,00.- (tres millones trescientos veintiún mil setecientos sesenta y siete 00/100 dólares estadounidenses). Habiendo quedado claro que cualquier relación contractual entre SBC y CET se extinguió con la suscripción del mismo; no obstante, en dicho acuerdo con el efecto de cosa juzgada señalada por el art. 949 del Código Civil (CC), las partes pactaron una cláusula arbitral con un alcance amplio para la resolución de cualquier controversia, en base al cual SBC y CET y sus empresas asociadas acordaron someter a arbitraje ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), cualquier reclamo o controversia que surja de ese acuerdo, objeto, celebración o bien en conexión con ellos, ya sea de origen contractual, extracontractual, legal o de cualquier otro tipo, así como cualquier asunto vinculado con su existencia, validez, interpretación, incumplimiento o rescisión e incluido cualquier reclamo no contractual. Como SBC aún tenía pendientes los trabajos de rehabilitación ambiental y obras civiles asociadas en los proyectos JGR-X6 y YAP-1, mediante una “Carta de Intenciones” de 3 de septiembre de 2020, comunicó a CET su intención de iniciar negociaciones con el objeto de desarrollar un contrato con condiciones respectivas técnicas y económicas mutuamente aceptables para la prestación de servicios para la ejecución de trabajos de rehabilitación ambiental y otras obras civiles asociadas relativas a “JGR-X6 y YAP (…)” (sic), con la cual solo manifestó su intención de iniciar negociaciones, la cual contenía condiciones de negociación tales como la duración y la confidencialidad, por lo que no podía ser considerada como una oferta de concluir el contrato susceptible de aceptación al no contener uno de los elementos esenciales de los contratos que es el precio, por lo que no era precisa, debiendo recordarse que el proceso licitatorio no sucede a la formación del contrato sino lo precede; siendo que, ningún contrato pudo formarse a partir del envío de la “Carta de Intenciones”, dado que a través de la misma SBC se limitó a invitar a la CET a negociar y participar del Proceso Licitatorio CW458841.

Añadió que, la CET enfrentaba conflictos internos, causados por la incapacidad de Excelsior y Troya para conciliar varios gastos ejecutados con relación al Contrato SC-PRJ-795-17, los cuales llegaron a tal punto que la relación entre las dos empresas se tornó insostenible, habiendo existido un intercambio epistolar entre los representantes legales de Excelsior y Troya, por lo que para el 29 de octubre de 2020, habrían llegado a un punto de ruptura, por lo que Excelsior comunicó a Troya que ya no participaría de ninguna obra bajo el CET, el mismo día a través de su Gerente General informó a la SBC que debido a decisiones gerenciales internas se disolvía el Consorcio Excelsior Troya en la parte operativa; es así que después de tomar conocimiento del correo electrónico enviado por Excelsior, el 4 de noviembre de 2020, mediante Nota SBC-LEG-0549-2020, SBC informó a los representantes legales de Excelsior y Troya que, “habiendo recibido la comunicación realizada por el Sr. Carlos Rodríguez respecto de la disolución del Consorcio Excelsior Troya (…) anunciamos a ustedes que la carta de intenciones SBC-OPE-0405-2020 de fecha 03 de septiembre de 2020, queda sin efecto” (sic), a lo cual Troya respondió que comprendía la situación y esperaba que se los invite en el proceso de licitación de esos trabajos. El 23 de noviembre de 2020, la SBC a través de su Coordinador Carlos Arana, invitó a tres empresas a presentar sus propuestas para el “Servicio de Mantenimiento Civil YGR-YAP” hasta el 2 de diciembre de 2020, al haber recibido solo una propuesta comunicó a la empresa participante que el proceso licitatorio había sido declarado desierto. Ante la urgencia de iniciar las actividades de control de erosión en YAP-X1 para minimizar los impactos ambientales y sociales durante la época de lluvias, analizó la posibilidad de buscar un proveedor en el área del trabajo, por lo que mediante correo electrónico invitó a Excelsior para participar en el proceso licitatorio CW45881, pues las relaciones entre la SBC y Troya se habían deteriorado por los desafiantes comunicaciones enviadas por su representante legal, por lo que iniciar una relación comercial de confianza con Troya resultaba imposible; entonces, el 22 de diciembre de 2022, Excelsior comunicó su propuesta inicial y después de negociaciones se obtuvo una oferta final por el monto de cuatrocientos veintitrés mil novecientos ochenta y un dólares americanos, después de informar el proceso de contratación a los órganos internos competentes (Supply Chain Cousel) la SBC suscribió con Excelsior en Contrato CW458841, que entró en vigencia el 1 de febrero de 2021. El 6 de septiembre de 2021, Troya a través de su representante legal presentó ante el Ministerio Público una denuncia escrita contra Rick Sneep en su calidad de representante legal de SBC y sus ejecutivos Erwin Alcides Landívar Gutiérrez, Kattya Barrancos Hernández y Jorge Juan Alejandro Garufalias Pagano, acusándolos de haber cometido el delito de estafa, basado en un relato tergiversado de los hechos y sin aportar prueba de la existencia de los elementos constitutivos del delito de estafa, causado presuntamente por haber dejado sin efecto la Carta de Intenciones de 3 de septiembre de 2020, alegando que SBC los habría engañado con el objetivo de beneficiar a Excelsior en detrimento de Troya, empresa que supuestamente habría incurrido en gastos unilaterales y comprometido capital; quedando claro por el contenido de la denuncia que lo que se perseguía no era otra cosa que el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento de lo supuestamente pactado en la aludida Carta de Intenciones, forzando el carácter delictuoso de una controversia que es de naturaleza netamente civil y comercial. Para justificar la existencia del supuesto contrato que habría servido como instrumento del delito, Troya afirmó que en el Acuerdo Transaccional que había sido firmado entre SBC y CET para conciliar las cuentas relaciones con el Contrato SBC-PRJ-795-17 se habría prometido además del pago de $us3 321 767,00.-, la adjudicación de los trabajos civiles relativos JGR-X6 y YAP, sosteniendo que la Carta de Intención era parte integrante y vinculante del mismo, siendo esta la condición sine quanon que exigió el CET para firmar el Acuerdo Transaccional; no obstante, después de alegar la conexión entre el Acuerdo Transaccional y la Carta de Intenciones, Troya se contradijo y afirmó que dicha carta era independiente de la génesis de la misma, y que se trataban de negocios jurídicos independientes, lo cual se hizo por conveniencia, pues al alegar la independencia de estos actos pretende evitar la aplicación de la cláusula arbitral contenida en el Acuerdo Transaccional. También precisó que el momento que se habría consolidado el mismo, fue desde el momento de la recepción de la carta oferta, debidamente firmada por la SBC y CET, determinándose así el lugar y momento de la celebración del contrato, de acuerdo al art. 455 del CC, lo cual no resulta claro; no obstante, más allá de haber fallado en establecer la existencia del contrato que habría servido como instrumento del delito, Troya tampoco aportó elementos razonables que evidencien el dolo, ni el perjuicio patrimonial que alegó haber sufrido; sin embargo, la irrealidad de su reclamo encuentra un punto culmine con las suma que reclama por daños y perjuicios que asciende a $us20 000 000,00.- (veinte millones 00/100 dólares estadounidenses), casi cinco veces superior al precio de contrato en base al cual realiza su reclamo, lo cual denota que la denuncia penal es ficticia y fantasiosa, con la temeraria intención de usar al sistema penal para obtener beneficios, evadiendo al órgano competente a quien le asiste determinar si existe o no algún derecho que reclamar, constituyendo el reclamo de Troya únicamente de carácter civil y comercial, conforme puede evidenciarse del proceso preliminar que inicio con anterioridad ante el Juez Público Civil y Comercial Décimo Tercero del departamento de Santa Cruz “dentro del cual solicitó el contrato celebrado entre SBC y Excelsior con el fin de ‘complementar la legitimación pasiva en el proceso judicial sobre incumplimiento de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios a iniciarse por mi representada’” (sic), por lo que la manera desleal y grosera con la que Troya forzó los hechos para tratar de justificar el delito de estafa debió conducir al Ministerio Público a rechazar la denuncia; sin embargo, el 13 de septiembre de 2021 se dio inicio a la investigación. Por lo que, ante la flagrante incompetencia de las autoridades penales para conocer el caso, buscaron corregir la ilegalidad del procesamiento, planteando una excepción de incompetencia en razón de materia al amparo del art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que fue declarada infundada mediante Auto Interlocutorio 192/21 de 26 de noviembre de 2021, por la Jueza de Instrucción Penal y Violencia Contra la Mujer Segunda –en suplencia de su similar Primero– del departamento de Santa Cruz, quien a pesar de afirmar el carácter de última ratio del derecho penal, citando el Auto Supremo 014/2018, sostuvo que se debe realizar un análisis para poder establecer si la cláusula arbitral no podrá dilucidar aspectos que son eminentemente hechos delictuosos, que no exista en el ánimo delincuencial y que esta cláusula pueda responder los problemas, en base al cual se limitó a averiguar si existe materia penal que analizar o si la cláusula arbitral puede dilucidar aquellos aspectos que se estaban denunciando en la jurisdicción extrapenal, sin haber realizado una análisis de los fundamentos contenidos en dicha excepción, y con una exposición de motivos oscura, confusa e incongruente, estableció que de los elementos que el Ministerio Público habría recogió al momento de la denuncia, existiría un acuerdo inicial que es el que hace referencia el excepcionista entre SBC y CET (compuesto por Troya y Excelsior), sociedad que hubiera sido disuelta; no obstante la referida disolución, el aludido acuerdo contenía una cláusula arbitral que favorece a CET; sin embargo, los hechos denunciados investigados hacían referencia a una probable estafa que se hubiera cometido con la Empresa Troya para favorecer a Excelsior por lo que esos aspectos quedaban fuera de la cláusula arbitral; puesto que, excluyó la competencia del Juez Civil y Comercial, alegando que el proceso civil tampoco podría dilucidar aspectos que conllevan una estafa. Determinación contra la cual interpuso recurso de apelación, invocando como primer agravio una incorrecta y defectuosa valoración de la prueba presentada, pues no se habría analizado correctamente la prueba que demostrada la naturaleza civil y comercial del reclamo efectuado por Troya, además que la cláusula arbitral contenida en el Acuerdo transacción fue descartada sin haber realizado un estudio de su contenido y alcance; y como segundo punto, reclamó una indebida motivación y fundamentación como consecuencia de la defectuosa valoración de la prueba, en cuyo marco reprochó que, la a quo pretendía configurar una presunta tipicidad en materia penal, para no dar lugar a la incompetencia en razón de materia y excluir la aplicación de la cláusula arbitral; recurso que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 29 de 10 de febrero de 2022, emitido por los Vocales ahora demandados, a través del cual declararon su improcedencia, convalidando la actuación de la Jueza de primera instancia, concordando con su razonamiento cuando precisó que los hechos denunciados en cuanto al tiempo son posteriores a la firma del acuerdo transaccional de 3 de septiembre de 2020, y que de la relación sucinta contenida en la denuncia no se pretendía el cumplimiento del acuerdo transaccional de 3 de septiembre de 2020, sino el daño que habría generado a partir de la carta de intenciones en el que SBC se habría comprometido a contratar a la CET a futuro, habiendo ocurrido el sonsacamiento patrimonial de forma posterior a la firma del acuerdo transaccional (determinado el alcance de la aludida cláusula a partir de una línea de tiempo ficticia, sin considerar su amplio alcance), por lo que no era posible que los denunciantes acudan a la vía arbitral al encontrarse el mismo cerrado sin que exista ninguna cuestión pendiente, por lo que los hechos de relevancia penal denunciados no podían ser resueltos en la vía civil o arbitraria; fundamentos que evidencian que, los agravios deducidos no fueron respondidos, generando con ello falta de motivación e incongruencia, al encontrarse basado en consideraciones retóricas y conjeturas sin sustento probatorio jurídico y no haberse pronunciado en torno a lo denunciado. Asimismo manifestó que, los Vocales demandados incurrieron en los mismos errores de relevancia constitucional que la Jueza a quo, ya que existe controversia en relación al valor jurídico de la carta de intenciones, la cual solo fue una invitación a negociar y no una oferta para concluir el Contrato CW458841, lo que denota que el reclamo de Troya debe ser dilucidado a título preliminar en la existencia o no de la obligación, por cuanto aún no existiría controversia, dicho reclamo seguiría siendo de orden civil, al resultar el vicio alegado el incumplimiento de una supuesta obligación contractual que SBC no tenía con CET menos con Troya, por lo que debía considerarse que el Auto Supremo 056/2016-RRC de 21 de enero, estableció que la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio es la tipicidad, de modo que solo es punible la acción si la conducta del agente se subsume al tipo penal de estafa, por lo que para que se consuma el mismo a través de la celebración de contratos, el dolo o propósito defraudatorio debe concebirse antes o en el momento de su celebración y no después como se argumenta en el caso, pues cuando se presentó la carta de intenciones SBC no sabía que iba a proseguir con las negociones, siendo los conflictos internos en la CET, que le fueron comunicados, la razón por la que se dejó sin efecto la aludida carta, de lo que se advierte que no existió dolo inicial por lo que los hechos no podían subsumirse a la estafa, extremos que también fueron puestos a conocimiento del Tribunal de alzada, pero omitieron pronunciamiento sobre los mismos. Alegó que la SCP 0310/2019-S2 de 29 de mayo, determinó que la imposibilidad del procesamiento penal depende del análisis de la estipulación concreta respecto a la resolución de las controversias, distinguiendo dos situaciones: “1) Si la cláusula es amplia y permite la resolución de cualquier controversia en la vía específicamente señalada en el contrato; es en ella, donde deben ser dilucidados todos los conflictos que podrían presentarse, conforme lo entendió la jurisprudencia constitucional en las SSCC 1244/2000-R, 0770/2006-R, 0068/2007-R, 0487/2007-R y 1337/2012, entre otras; con la aclaración que, si en dicha vía se observan indicios de responsabilidad penal, deberán remitirse antecedentes a la vía penal; y, 2) Si la cláusula está limitada a aspectos vinculados al cumplimiento del contrato, y en la acción penal el hecho investigado no está referida a dichos aspectos, corresponderá, que su conocimiento sea asumido por la jurisdicción penal, en el marco de lo establecido por las SC 2634/2010-R y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0477/2015-S1 de 15 de mayo y 0002/2016-S3, entre otras”, contexto bajo el cual, los hechos en el caso concreto se acomodan a la primera situación, al ser la cláusula arbitral contenida en el acuerdo transaccional amplia, pues su alcance no solo incluía cualquier reclamo o controversia que surja del mismo, sino también en conexión con ellos, además de controversias de naturaleza contractual, extracontractual, legal o de cualquier otro tipo, así como cualquier asunto vinculado con su existencia, validez, interpretación, incumplimiento o rescisión e incluido cualquier reclamo no contractual, siendo la cláusula arbitral aplicable para la resolución de la controversia iniciada por Troya, por lo que al basar Troya su pretensión en el acuerdo transaccional y la carta de intenciones que se encuentra cubierta por la cláusula arbitral, en aplicación de la teoría de los actos propios, la misma le es extensible, por lo que nunca debió ser conocida por la jurisdicción penal; por cuanto, al desestimar la excepción de incompetencia en razón de materia y declararse competentes para conocer la controversia vulneraron el debido proceso en su elemento Juez natural. Aludió también que, las autoridades demandadas se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad en su labor valorativa, pues no consideraron el contenido de la cláusula arbitral del acuerdo transaccional y la carta de intenciones, y lo que es peor que, en algunos casos estos documentos sirvieron para sustentar argumentos que estos no reflejan, pretendiendo establecer el engaño constitutivo del delito de estafa a partir de la supuesta obligación de concluir el Contrato CW458841 que, habría asumido SBC mediante la referida carta, pese a que su contenido evidencia que sólo se trataba de una invitación a negociar y participar del proceso licitatorio correspondiente, distorsión que vulnera el principio de verdad material, pues a partir de ello se determinó el supuesto carácter delictuoso del hecho y se justificó el rechazo de la aplicación de la cláusula arbitral; asimismo, el acuerdo transaccional cuyo carácter supuestamente cerrado, fue utilizado para excluir la aplicación de la cláusula arbitral; no obstante, no impide que en su aplicación, se puedan someter a arbitraje las controversias o reclamos que surjan con relación al objeto del acuerdo transaccional o en conexión con el mismo, pues lo contrario restaría todo valor a la referida cláusula.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante alegó como lesionado sus derechos al debido proceso en sus vertientes motivación, congruencia, Juez natural, valoración probatoria y aplicación objetiva de la ley; y, el principio de verdad material; citando al efecto el art. 115.I y II, 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 29 de 10 de febrero de 2022, y todos los actuados del proceso penal CUD 7011102012107590 “y al carecer la jurisdicción penal de competencia, se disponga la remisión de antecedentes al juez competente, que de considerar aplicable la cláusula arbitral será un Tribunal Arbitral bajo la administración de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), o en su defecto el Juez Público Civil y Comercial, ante quien en caso se podrá oponer la excepción de arbitraje”; y, b) Como medida cautelar se disponga la suspensión del proceso penal hasta que sea resuelta la presente acción tutelar, con la finalidad de evitar la inminente consumación de daños irreparables resultantes de los defectos del referido Auto de Vista y Auto Interlocutorio 192/2021.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia el 30 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 2707 a 2721, presente la parte impetrante de tutela y los terceros interesados, ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela, ratificaron el memorial de acción de amparo constitucional y ampliándola señalaron que: 1) La carta de intenciones no preveía ninguna situación en cuanto a la conclusión del futuro contrato por lo que no podía dar lugar a una sesión forzada o al pago de daños e intereses bajo el fundamento de la responsabilidad contractual en caso de inejecución, ya que no existía ningún nexo de tipo legal para reclamar un marco contractual y menos daños y perjuicios, ya que al ser solamente una carta de intenciones no genera ningún tipo de obligación, pues en ninguna parte del contrato transaccional se hizo alusión a la supuesta promesa que afirma “Nuñez del Prado”, que SBC adjudicaría a CET el contrato que ahora reclama; 2) La supuesta obligación contractual que nacería de la carta de intenciones, es un hecho controvertido; 3) Troya no aportó ningún elemento razonable que permita determinar el dolo penal, pues con relación a la cancelación del proceso principal de contratación se limitó a cuestionar a SBC el no haber verificado la personería de Carlos Rodríguez, cuando se pregunta ¿que tenía que hacer SBC revisando dicha personería o capacidad para poder suscribir o mandar una nota?; 4) La denuncia penal afirma que se habría causado un daño y disminución patrimonial de $us20 000 000,00.-; no obstante, no acreditó tal extremo; 5) La naturaleza civil y comercial del reclamo de Troya se confirma con la exposición que efectuó en el proceso preliminar, lo cual consta en el proceso que inició dicha empresa ante el Juez Civil y Comercial en el departamento de Santa Cruz, dentro el cual solicitó el contrato celebrado entre SBC y Excelsior con el fin de completar la legitimación pasiva en el proceso judicial sobre incumplimiento de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios, lo cual resulta un acto contradictorio que evidencia la pretensión de obtener recursos económicos de manera irregular; 6) Existió un grave defecto en el que incurrió la Jueza a quo cuando hizo alusión a una sociedad accidental, la cual no existe de acuerdo al Código de Comercio, fallo gravísimo que fue arrastrado por el Tribunal de alzada; 7) Las autoridades de primera como de segunda instancia, calificaron la carta de intenciones como un contrato, superando los límites de su competencia al utilizarla como base para para demostrar la existencia de un hecho delictuoso, además de desconocer el alcance de la cláusula arbitral contenida en el acuerdo transaccional; 8) En el caso el análisis de los elementos constitutivos del tipo penal se hacen necesarios para diferenciar del simple incumplimiento contractual; 9) El Tribunal de alzada, ignoró el principio de intervención mínima y los antecedentes que demostraban categóricamente el carácter civil y comercial del reclamo de Troya, pues la existencia misma del supuesto contrato instrumento del reclamo es un hecho controvertido, ya que desde un inicio SBC alegó que la carta de intenciones era solo una invitación a negociar, y de ninguna manera podía ser considera como una oferta para concluir un contrato, susceptible de aceptación y generadora de obligaciones, al no contener precio ni ninguna obligación; por lo que, Troya no podía alegar que tenía la expectativa de ejecutar el contrato y que fue estafa; máxime cuando el contrato fue finalmente cumplido por un tercero; 10) La documentación presentada por SBC evidencia que tenía toda la intención de continuar con cualquier negociación, pues como consta se enviaron correos electrónicos y comunicaciones, elementos que demuestran la ausencia de dolo por parte de SBC, por lo que de hacerse ese análisis de ninguna forma se configuraría la estafa, lo que corrobora una vez más que la naturaleza de la controversia es civil y comercial; sin embargo, el Tribunal de alzada ignoró los argumentos y pruebas que aportaron, bajo la excusa que no correspondía abordar la cuestión de tipicidad del delito de estafa, porque el proceso aún se encontraba en etapa de investigación; por ello, resultó necesario que en aplicación al principio de última ratio se verifique a prima face la existencia de indicios suficientes que justifiquen la posible constitución o hecho delictuoso, pues de no ser así cualquier hecho podría justificar la apertura de un proceso penal, bajo la excusa que simplemente se está investigando, además que la competencia y razón de materia está íntimamente ligada a la tipicidad del delito, en ese sentido el propio Auto Supremo que citó la Jueza a quo de manera incompleta, reenvía al carácter inminentemente delictuoso, tipicidad y presencia del ánimo delincuencial, lo que demuestra que dicha autoridad así como el Tribunal de alzada, desestimaron con arbitrariedad la excepción de incompetencia en razón de materia, basados únicamente en el relato del denunciante; 11) El pago de daños y perjuicios por un supuesto incumplimiento contractual, es materia que escapa a la competencia del Juez Penal, pues todos los actuados se refieren al daño patrimonial presuntamente causado y que SBC le debe $us20 000 000,00.-; 12) La naturaleza civil y comercial de la controversia y la existencia de la cláusula arbitral, constituyen argumentos suficientes para excluir la competencia del Juez Penal por razón de materia, consecuentemente debieron declararse las autoridades incompetentes, pues al no haberlo hecho vulneraron su derecho al Juez natural; 13) El Tribunal de alzada no justificó las razones por las cuales se abstuvo de emitir pronunciamiento con relación a los puntos de agravio; 14) Los Vocales demandados señalaron que los hechos contenidos en la demanda no pretenden el cumplimiento del acuerdo transaccional de 3 de septiembre de 2020, sino el daño que se habría generado a partir de la carta de intenciones, lo que resulta una argumentación arbitraria; y, 15) Finalizó solicitando se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 29 de 10 de febrero de 2022, y todos los actuados del proceso penal signado como CUD 701102012107510 al carecer la jurisdicción penal de competencia “se disponga asimismo la remisión de los antecedentes al Juez Competente que de considerarse aplicable la cláusula arbitral, será un Tribunal Arbitral bajo la administración de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres como esta en el contrato o en su defecto al Juez Público Civil Comercial ante quien en su caso se podrá oponer por parte de SHELL la excepción de arbitraje” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ever Álvarez Orellana y Gladys Alba Franco, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante memorial escrito presentado el 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 2702 a 2703 vta., señalaron que: i) El Auto de Vista cuestionado, es preciso, claro y objetivo, al haber realizado un análisis puntual sobre los alcances de la cláusula arbitral y su facultad para remitir en caso a la vía civil comercial o arbitral, situación en el contexto de la explicación vertida en el estudio de la Juez a quo, quién citó que de los indicios recogidos por el Ministerio Público recogió de la denuncia se investiga un presunto delito de estafa, extremo que debe necesariamente dilucidarse en la vía penal al no ser competencia de un tribunal arbitral menos de un Juez Civil; ii) Existió una relación objetiva de los hechos que motivaron la denuncia presentada por la Empresa Troya en el que se consigna el dolo en la actuación de los trabajadores de SBC conjuntamente los de la Empresa Excelsior en detrimento del patrimonio de Troya, por lo que la jurisdicción natural debe ser la penal; iii) Con relación a la aplicación objetiva de la ley la SCP 0477/2015-S1 que modificó la SCP 0653/2017-S3, precisó que: “…independientemente de la cláusula compromisoria contenida en un solo contrato, que obligaría a renunciar a la vía ordinaria y someter las controversias a la arbitral -ante la Cámara de Comercio, en este caso-, se incide que es dentro del proceso penal donde se dilucidaría la adecuación de la conducta antijurídica de los imputados a los tipos penales de estafa y estelionato; por ende, la naturaleza de la excepción de incompetencia, que en este caso en particular fuera sustentada por el carácter civil de los hechos controvertidos y la obligatoria sujeción a la vía arbitral, no condice al contexto del juicio penal en el que fue planteada, que responde a la averiguación de la comisión de un delito de acción pública, sus autores o partícipes y su consecuente sanción, que no guarda relación alguna con el contenido del contrato en sí y las cuestiones que le atañen a éste; al contrario, sólo se supedita a investigar la presunta comisión de ilícitos de interés social, en el caso en cuestión, dentro de un proceso en el que intervendría el interés del Estado a través del Ministerio Público en defensa de la sociedad, entidad que está obligada a perseguir hechos con preeminencia penal; caso contrario, apartarse. Bajo este entendimiento, se pronuncia la misma Ley de Arbitraje y Conciliación en su art. 6.4, al aludir a 'las cuestiones concernientes a las funciones del Estado como persona de derecho público', como materia excluida del arbitraje. Este razonamiento, importa el cambio de la línea jurisprudencial contenida en las SSCC 0770/220063-R, 0068/2007-R y 0487/2007-R -entre otras-, que afirmaban la incompetencia del juez en materia penal cuando los hechos puestos a su conocimiento recaían sobre una cláusula arbitral”, de lo que puede establecerse que la decisión de la problemática a resolverse al tratarse del incumplimiento de un contrato suscrito bajo una cláusula arbitral, convergería en el ámbito civil comercial o arbitral, precisamente porque dicha cláusula establecía que cualquier desacuerdo, divergencia o controversia que surja entre los socios sobre la interpretación del contrato o sus emergencia debía ser resuelto mediante conciliación o arbitraje de acuerdo a las reglas previstas para el Tribunal Arbitral; no obstante, no tomaron en cuenta que los denunciantes manifestaron de manera expresa, que la denuncia no estaba dirigida a cuestionar la forma de suscripción del contrato o su nulidad, sino la presunta comisión del delito de estafa y asociación delictuosa, producida a partir de la suscripción de dicho contrato utilizado para cometer el mismo; iv) En apego al fundamento constitucional empleado, considerando que los fallos constitucionales son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, es que en aplicación objetiva a la Ley, en el caso correspondía dejar de lado la explicación planteada al encontrarse una investigación en curso que prevale incluso ante la pretendida cláusula arbitral; v) La parte accionante denuncia una presunta falta de fundamentación y motivación, sin mencionar que reglas de la lógica, experiencia, del sentido común o reglas de la naturaleza fueron violentadas, menos precisar la irrazonabilidad o arbitrariedad cometida, limitándose a plasmar fragmentos del Auto de Vista que cuestiona; vi) En relación a que el Auto de Vista no hubiera aplicado la interpretación que reclama el accionante, precisaron que no existe ningún método de interpretación que permita cambiar la realidad de los hechos y convertir en parte de una relación jurídica a quién no lo es, ya que el hoy solicitante de tutela no pidió ni es beneficiario por cuanto no tiene relación alguna que lo vincule a la boleta de garantía; vii) La jurisdicción constitucional de manera excepcional puede revisar la labor de valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria, siempre que exista un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir o cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada en no recibir, producir o compulsar prueba inherente al caso y su lógica consecuencia se la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales y, viii) El fallo emitido contiene la debida fundamentación y motivación precisa y concreta, explicando las razones por las cuales se llegó a la determinación asumida, por lo que no se vulneró derecho constitucional alguno, en cuyo contexto solicitaron que, en base a los fundamentos de orden fáctico y legal expuestos, se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Construcciones y Servicios S.R.L. a través de su representante legal Alejandro Anaya, en representación de Troya, señaló, que: a) No se pone en tela de juicio el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo transaccional de 3 de septiembre, suscrito entre la parte hoy accionante y CET, ya que el documento prenombrado y la carta de intenciones son dos literales diferentes, tratando de establecer que está última no es un contrato; sin embargo, de ello a su conveniencia para la aplicación de la cláusula arbitral y que no sería un elemento sujeto de procesamiento penal señalan que debería determinarse en la vía civil y comercial si la carta es o no un contrato, independientemente de ello el acuerdo transaccional y dicha cláusula arbitral no forma parte de la denuncia efectuada por Troya con relación al delito de estafa; b) Para poner fin al contrato suscrito entre SBC y CET, se acordó la suscripción de un acuerdo transaccional, para el pago de un monto de dinero que no se encuentra en cuestionamiento; sin embargo, la parte hoy impetrante de tutela en su ampuloso discurso no señala que existe una serie de correos electrónicos que forman parte de la denuncia , documentación que tiene todo el valor que la ley le asigna entre Kattia Barrancos Hernández –parte hoy solicitante de tutela– y “Sr. Nuñez del Prado” (sic), donde se establece de forma expresa que la carta de intenciones como segundo documento fue suscrito para poder aceptar los $us3 321 767,00.- que SBC ofreció para poner fin al contrato principal; es decir, que si no se firmaba esa carta de intenciones, CET no hubiera aceptado de ninguna manera el monto irracional que se propuso, pero con la finalidad de poder concluir dicho contrato y dar continuidad a los trabajos de recomposición que estaban pendientes es que existe una serie de comunicaciones entre la prenombrada y diferentes funcionarios, quienes tomaron conocimiento de su respuesta, que establecía lo siguiente: “la carta de intenciones emitida por SHELL Bolivia Corporation se constituye en un documento que tiene pleno valor formal y legal, misma que se usa incluso para tramitar créditos, boletas de garantías cuando el contrato aún no ha sido firmado por lo tanto dicho documento demuestra nuestra intención firme de suscribir contratos con términos aceptables para ambas partes” (sic), el cual fue respondido por Jaime Nuñez del Prado, en sentido de que: “en el entendido que los trabajos de recomposición de JAGUAR X6 y APUCAY X1 son parte indivisible y complementaria del acuerdo logrado verbalmente para que se acepte los $us. 3 321 767,00.- con plena confianza que tenemos en vuestra palabra de que en defecto realizaremos estos trabajos en mérito a la carta de intenciones recibida aceptaremos los documentos tal cual han sido emitidos de buena fe y para fines consiguientes” (sic), acuerdo que no puede ser desconocido, ya que el monto referido fue aceptado con la finalidad que posteriormente se ejecuten otros proyectos, por eso se firmó la carta de intenciones que es el documento criminalizado denunciado, que genera el espectro legal para determinar que existe con probabilidad la comisión del delito de estafa, no solamente por la suscripción del mismo, sino tomando en cuenta que ya existía una estructura delincuencial para no llevar a cabo el compromiso, pues conforme sostuvo tantas veces la parte hoy accionante, que la carta de intenciones no tiene valor legal, lo que denota de manera fehaciente que la intención de SBC nunca fue cerrar el contrato y mintieron para cerrar a su conveniencia el contrato con CET; c) La carta de intenciones en el numeral 7 establece expresamente los términos y condiciones determinados en la carta son jurídicamente vinculantes y regirán de acuerdo a lo que dispone la Ley en Bolivia, argumento que no fue analizado menos referido por la parte impetrante de tutela, porque no les conviene ya que el mismo da pleno valor al documento; d) Para que el delito de estafa se investigue no se tiene que establecer si existe un contrato; e) Sorprende que se manifieste que SBC conocía que existía controversia entre Troya y Excelsior, lo cual fue basado simplemente en un correo enviado por Carlos Rodríguez, que en ningún momento establece que se le envió una carta o se puso en controversia alguna situación entre ambas empresas, siendo solo conjeturas la que pretenden hacer valer como pataletas de ahogado; f) De la revisión del Auto de Vista cuestionado, consta que los agravios denunciados por la parte solicitante de tutela fueron debidamente analizados y respondidos de manera fundamentada y motivada, pues señaló respecto a la cláusula arbitral que la misma no puede ser justificativo para dejar a un lado la investigación, pues además el Ministerio Público ya habría recogido elementos que daban a entender que en la etapa en la que se encontraban existía probabilidad de autoría, la cual se encuentra reflejada en la imputación formal, y que a la fecha no se lleva a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares por los recursos dilatorios que SBC interpone, ya que en la primera acción de libertad que interpuso tuvo la posibilidad de remitirse a los antecedentes y SBC nunca lo hizo “no inicio el famoso arbitraje” (sic); g) Se valoró la prueba clave al que se hacer tantas veces referencia, que es el acuerdo transaccional que contiene una cláusula arbitral, habiéndose realizado su análisis, y aplicabilidad o no en el caso; h) El Tribunal de alzada precisó que no todo documento criminalizado no necesariamente es un contrato y el caso no trata del acuerdo transaccional sino se rige por la carta de intenciones; i) CET no fue disuelto como falsamente se argumentó; j) La causal establecida en el art. 13.5 –no señala de que norma– establece que no se va a proceder a una cancelación o liquidación de la empresa en caso que exista una adjudicación del contrato principal a las partes; es decir, que lo mencionado en el mismo sea enteramente cumplido o resuelto, y concurra las siguientes circunstancias dentro de una de ellas, las cuentas finales de la asociación accidental sean aprobadas por los órganos autorizados, lo cual no existe a la fecha, por otra parte, no existe ninguna controversia referente al convenio que requiera la supervivencia de la asociación accidental y se encuentre pendiente entre las partes, lo cual es motivo de investigación; y, k) La comisión de un delito únicamente debe ser dilucidada en la vía penal, después se verá si generó daños y perjuicios en la vía civil; argumentos en base a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada y en consecuencia se levante la medida cautelar dispuesta debiendo restituirse de inmediato los plazos procesales y la prosecución del proceso de investigación para que se determine si existe o no la comisión del delito. Construcciones y Servicios S.R.L. mediante su representante legal Rodolfo Daniel Galdo Asbún, en representación de Excelsior, acotó que: 1) Troya viene realizando procesos en contra de Excelsior, por la presunta comisión del delito de apropiación indebida y ahora estafa, el primero fue conocido por el Juez Quinto de Sentencia, habiendo sido derivado al Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio (CAINCO) del departamento de Santa Cruz, que ya cuenta con un laudo arbitral contra el cual Troya recurrió de nulidad, que adquirió ejecutoria estableciéndose que no existió ningún tipo de situación penal, y que la relación a través de la adjudicación de los contratos de licitación con SBC eran cuestiones netamente comerciales; 2) La competencia de un Tribunal se basa en la pretensión del accionante, en el caso Troya invocó como antecedente la celebración de un acuerdo transaccional que resolvió el Contrato SNC-PRJ-795/17 suscrito entre SBC y CET, adquiriendo la calidad de cosa juzgada, por lo que toda emergencia del mismo quedaba sometido a la cláusula arbitral del aludido acuerdo transaccional, de lo que, no resulta correcta la interpretación realizada por Troya que ambos documentos son independientes; 3) Excelsior no se adjudicó el proyecto de la carta de intenciones, sino la Empresa Bolinter; 4) La carta de intenciones debe ser leída en su totalidad, ya que el efecto vinculante del punto 4 que si no se acuerda o ejecuta el contrato la carta de intenciones concluirá sin ninguna obligación pendiente ni futura de una parte a la otra y dejara de surtir efectos, a no ser que de mutuo acuerdo sea ampliada, debiendo quedar claro que la referida carta de intenciones era solo una invitación a negociar, no existiendo ningún engaño ni inducción a error; y, 5) Ni la Jueza de primera instancia ni el Tribunal de alzada tienen competencia para resolver la formación del contrato, pues de su lectura misma se puede evidenciar que no existe la criminalización porque no induce a error, el cual existiría si se afirmaría en el documento que es un contrato preliminar el cual sería posteriormente suscrito, por lo que aun así se trataría de un incumplimiento de contrato, sin que por ningún lado puede adecuarse a la estafa; argumentos en base a los cuales solicitaron se conceda la tutela tal como solicita la parte impetrante de tutela; es decir, se deje sin efecto el Auto de Vista 29 de 10 de febrero de 2022, así como todos los actuados del proceso penal registrado con el CUD 70112012107590 y se disponga la remisión de los antecedentes al Juez competente.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 296/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 2737 a 2745 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 29 de 10 de febrero de 2022, y ordenando a los Vocales demandados emitan nuevo fallo en el plazo de cinco 5 días, en el cual deberán considerar los fundamentos desarrollados en la presente resolución constitucional, principalmente lo relacionado a la competencia, debiendo determinarse el trámite correspondiente; en base a los siguientes fundamentos: i) Se tiene que el instrumento a partir del cual se trata de establecer e investigar el delito de estafa es el contrato que habría nacido de la Carta de Intenciones de 3 de septiembre de 2020, por lo que no puede confundirse su naturaleza, ya que en la aludida carta solo constituye una invitación a negociar diferente de la oferta de celebrar un contrato, pues como señala la doctrina para que haya oferta de celebrar un contrato debe existir la cosa y el precio, lo que se conoce como oferta perfecta, la cual es susceptible de aceptación y se diferencia de la oferta imperfecta que no tiene efecto obligatorio ni para el destinatario ni para el oferente, pues sin conocerse las condiciones y detalles de la presentación mal podría haber consentimiento, aspectos por los cuales resulta necesario que se dilucide con carácter previo la naturaleza de la carta de intenciones de 3 de septiembre de 2020, ya que si se determina que la citada carta solo constituiría una invitación a negociar no se tenía la obligación de adjudicar ese contrato, y en consecuencia no se generaría los daños que alega Troya para establecer el delito de estafa; ii) La controversia es de carácter netamente civil y comercial, al tratarse de la formación o no de un contrato, por lo que no puede ser conocida ni resuelta por el Juez en materia penal, sino el Juez en materia Civil, quién deberá aclarar la incertidumbre mediante una acción declarativa, aclarando que no se está cuestionando la atribución de la jurisdicción penal para investigar delitos; iii) Para distinguir el delito de estafa del incumplimiento civil es necesario que desde un inicio sean razonablemente establecidos los elementos constitutivos del delito, ya que la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio es la tipicidad, teniéndose que en el caso las autoridades se abstuvieron de verificar la presencia de los elementos constitutivos del delito de estafa, pese a que dicho examen era necesario para resolver la cuestión de la competencia; iv) Las autoridades debieron declarar procedente la excepción de incompetencia en razón de materia al carecer de competencia para conocer y resolver la controversia sobre la formación de un contrato a partir de la carta de intenciones, generando vulneración al debido proceso en su vertiente aplicación objetiva de la ley; v) Los agravios planteados referidos a una incorrecta y defectuosa valoración de la prueba esencial presentada e indebida fundamentación, no fueron respondidos ni siquiera para rechazarlos; y, iv) En el caso se pretendió determinar el engaño constitutivo del delito de estafa a partir de la carta de intenciones , pese a la controversia que existe sobre su valor jurídico, distorsión de la prueba que tuvo como consecuencia directa la vulneración al debido proceso, pues a partir de ella se estableció el carácter delictuoso de los hechos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 18 de julio de 2023 (fs. 3024), se dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto de 2 de agosto del mismo año (fs. 3060); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por Jaime Núñez Del Prado Sciaroni, representante legal de la empresa Troya Construcciones y Servicios S.R.L. –hoy tercero interesado– en contra de Erwin Alcides Landívar Gutiérrez, Kattia Barrancos Hernández, Jorge Juan Alejandro Garufalias Pagano –ahora accionantes– y Rik Sneep, por la presunta comisión del delito de estafa, los denunciados Erwin Alcides Landívar Gutiérrez, Kattia Barrancos Hernández y Jorge Juan Alejandro Garufalias Pagano interpusieron excepción de incompetencia en razón de materia, la cual en audiencia de 26 de noviembre de 2021, fue resuelta a través del Auto Interlocutorio 192/21 de la misma fecha, por Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Primero, quien declaró infundada la aludida excepción de incompetencia en razón de materia planteada (fs. 1759 a 1768 vta. y 1795 a 1817). II.2. Cursa acta de audiencia de apelación incidental de 10 de febrero, donde fue emitido el Auto de Vista 29 de la misma fecha, por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –hoy demandados– quienes declararon improcedente el recurso de apelación incidental presentado por los ahora solicitantes de tutela; y en consecuencia, confirmaron el Auto Interlocutorio 192/21 de 26 de noviembre de 2021 (fs.2397 a 2405).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denunciaron como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes motivación, congruencia, juez natural, valoración probatoria y aplicación objetiva de la ley; y, el principio de verdad material; alegando que los Vocales ahora demandados al momento de emitir el Auto de Vista 29 de 10 de febrero de 2022, incurrieron en las siguientes ilegalidades: a) No dieron respuesta a los agravios que fueron objeto de su apelación, consistentes en: 1) Incorrecta y defectuosa valoración de la prueba presentada, pues no se habría analizado correctamente la prueba que demostrada la naturaleza civil y comercial del reclamo efectuado por Troya, además que la cláusula arbitral contenida en el acuerdo transaccional fue descartada sin haber realizado un estudio de su contenido y alcance; y, 2) Indebida motivación y fundamentación como consecuencia de la defectuosa valoración de la prueba; pues tampoco justificó las razones por las cuales se abstuvo de emitir pronunciamiento al respecto; b) Motivación arbitraria, al señalar que los hechos contenidos en la demanda no pretenden el cumplimiento del acuerdo transaccional de 3 de septiembre de 2020, sino el daño que se habría generado a partir de la carta de intenciones, el cual no fue sustentado con ninguna prueba; y, c) Se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad en su labor valorativa, pues no consideraron el contenido de la cláusula arbitral que es parte del acuerdo transaccional y la carta de intenciones, además utilizaron estos documentos asumiendo aspectos que no reflejan, estableciendo el engaño constitutivo del delito de estafa a partir de la supuesta obligación de concluir el Contrato CW458841 que, habría asumido SBC mediante la referida carta, pese a que su contenido evidencia que sólo se trataba de una invitación a negociar y participar del proceso licitatorio correspondiente, distorsión a partir de la cual se determinó el supuesto carácter delictuoso del hecho y se justificó el rechazo de la aplicación de la cláusula arbitral; asimismo, el acuerdo transaccional cuyo carácter supuestamente cerrado fue utilizado para excluir la aplicación de la cláusula arbitral; no obstante, no impide que en su aplicación, se puedan someter a arbitraje las controversias o reclamos que surjan con relación al objeto del acuerdo transaccional o en conexión con el mismo, pues lo contrario restaría todo valor a la referida cláusula. En consecuencia, corresponde ahora analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la interpretación de la legalidad ordinaria

La SCP 0592/2020-S4 de 20 de octubre, refirió: “Al respecto, la SC 0854/2010-R de 10 de agosto, instituyó lo siguiente: ‘Toda vez que la Constitución reconoce diversas jurisdicciones en las cuales las autoridades con plenitud de jurisdicción y competencia interpretan y aplican las normas al caso concreto, la jurisdicción constitucional no puede desconocer esa atribución y generar un desequilibrio entre jurisdicciones; aspecto que no ha sido comprendido y que en muchas ocasiones ha generado confusión en el foro jurídico. No obstante, teniendo en cuenta que las autoridades judiciales o administrativas son seres humanos; y por tanto, falibles se consideran aquellos casos de interpretaciones evidentemente lesivas a derechos fundamentales, arbitrarias o irracionales, situación en la cual, de manera excepcional puede el Tribunal Constitucional verificar: ‘…si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación…’". Para que la justicia constitucional cumpla con su labor de revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, la SC 0718/2005-R de 28 de junio, estableció que, es necesario que: “…la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional” .

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, en la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, determinó lo siguiente: “…excepcionalmente puede analizarse la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios; empero, es necesario que el accionante a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria cumpla ciertas exigencias, a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia constitucional, como ser: 1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación; y, 3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional”.

III.2. Sobre la relación que debe existir entre los hechos, los derechos y el petitorio en las acciones de amparo constitucional

La SCP 0841/2021-S4 de 17 de noviembre, señaló: “La SC 1640/2010-R de 15 de octubre, refirió a los elementos esenciales de la pretensión de la acción de amparo constitucional, estableciendo que: `De acuerdo a lo expuesto, los elementos esenciales de la pretensión del amparo, son dos: a) la causa petendi, determinada por la vulneración de un derecho fundamental, a través de un acto o vía de hecho; y b) el petitum, que contiene la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la lesión y la de reconocimiento o restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, elementos que procesalmente configuran el objeto de la tutela a ser brindada por el órgano contralor de constitucionalidad…´(las negrillas son añadidas). Por su parte, la SC 0365/2005-R de 13 de abril, refiriéndose a la concordancia de hechos, señaló lo siguiente: `Se trata de una relación fáctica que debe hacer el recurrente; pues está referida a los hechos que sirven de fundamento del recurso o de la razón o razones en la que el recurrente apoya la protección que solicita, que no siempre está referido a un solo hecho sino a varios hechos, que de manera congruente se reconducen y sirven de fundamento del petitorio. Expuestos los hechos, en el marco señalado, impide que la acción o el contenido del recurso pueda ser variado o cambiado a lo largo del proceso del amparo; de lo contrario, se estaría frente a un nuevo recurso´ (las negrillas son nuestras). En este marco, de acuerdo a la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, expresó: `…la petición, petitorio o petitum es entendido como el núcleo mismo de la pretensión, es aquello que en justicia se busca satisfacer, es decir, se concibe como el objeto de la pretensión que es aquello que se pide, o aquello que se quiere o pretende dentro de un proceso, como en la presente acción de amparo constitucional, debiendo ser enunciada de manera clara, concreta e indubitable, asimismo, observándose, en su caso, los presupuestos procesales específicos. La importancia del petitorio, de manera expresa y en términos directos y claros, debe encontrarse directamente relacionada con los hechos de la causa, existiendo una relación entre ambos, pues esta, determinará y delimitará la concesión del juez o tribunal de garantías en la acción planteada, porque solamente puede conferir lo que se solicita, así, la SC 0381/2007-R de 10 de mayo señala: «…el Juez de tutela está obligado a conferir solamente lo que se le ha pedido; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium de la causa, pues, el Juez está vinculado a la misma; esto es, deberá conceder o negar el petitorio formulado…» (las negrillas nos corresponden). Por su parte, la SCP 1774/2012 de 1 de octubre, conforme al desarrollo normativo expuesto, sostuvo que: «...el legislador de manera expresa, clara y precisa, estableció ciertas exigencias básicas, que deben contener la acciones tutelares, que necesariamente deberán ser cumplidas por parte de aquellas personas que interpongan una acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; esto con la finalidad, de que el Juez constitucional, tenga pleno conocimiento: de los datos y de la legitimación de los sujetos procesales que puedan participar en la acción, de los hechos denunciados que sustentan la acción, de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados de ser vulnerados, el nexo de causalidad entre éstos, y del petitorio entendido como el núcleo mismo de la pretensión, que deberá estar en plena coherencia con la causa petendi; es decir, con los hechos denunciados y derechos presuntamente vulnerados; requisitos que de igual manera deberán ser cumplidos, en resguardo al derecho a la defensa de la parte demandada, así como de los intereses de terceros, puesto que de esa manera, podrán conocer íntegramente de los hechos que se denuncian y de los derechos vulnerados, para asumir defensa de sus intereses» (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SCP 0592/2018-S1 de 1 de octubre, determinó que: «…por la naturaleza de la acción de amparo constitucional, su finalidad y tramitación, se busca esencialmente la protección y restauración inmediata de los derechos que podrían haber sido vulnerados por uno o varios actos ya sean por acción u omisión, por ello es indispensable que los agravios sean expresados de manera entendible y lógica, los derechos que presuntamente fueron vulnerados y qué se pretende con la interposición de acción de defensa, es decir la reparación de derechos y el cese o desaparición del acto lesivo, con la finalidad de que el juez o tribunal de garantías al momento de conocer los hechos pueda identificarlos plenamente, el cual debe guardar una coherencia lógica con los derechos vulnerados y el petitorio, para otorgar una tutela pronta y efectiva; y evitar dudas y confusiones respecto a lo que él o la accionante pretende con la formulación de esta acción tutelar; ahora, si bien no constituyen un requisito de admisibilidad, por cuanto incluso en audiencia dichos aspectos podrían ser superados; sin embargo, la conexión que debe existir es con la finalidad de que no queden dudas ni den lugar a confusiones con lo que pretende y aspira la peticionante de tutela; ya que será ese aspecto el que delimite la decisión que asuma el juez o tribunal de garantías sobre el caso concreto, que se traduce en denegar o conceder la tutela, por ello se encuentra obligado a otorgar solo lo solicitado, pues no es lógico que se disponga algo que no responde a los hechos descritos los cuáles a consideración del impetrante son lesivos a sus derechos» (las negrillas nos pertenecen). De donde se colige que en la presentación de toda acción de amparo constitucional, se deben observar los requisitos de forma y contenido, por cuanto del cumplimiento de los mismos dependerá que tanto el Juez, Tribunal de garantías o Sala Constitucional y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, puedan compulsar sobre la base de criterios objetivos de veracidad de los hechos reclamados y los derechos vulnerados, a objeto de conceder o denegar la tutela impetrada´”.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante identifica como acto lesivo a sus derechos invocados en esta acción de defensa, el Auto de Vista 29 de 10 de febrero de 2022, denunciando presuntos actos y omisiones indebidas en los que hubieran incurrido los Vocales hoy demandados al declarar improcedente su recurso de apelación interpuesto contra el rechazo a la excepción de incompetencia en razón de materia que planteó.

De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que dentro del proceso penal seguido por Jaime Núñez Del Prado Sciaroni, representante legal de la empresa Troya Construcciones y Servicios S.R.L. –hoy tercero interesado– en contra de Erwin Alcides Landívar Gutiérrez, Kattia Barrancos Hernández, Jorge Juan Alejandro Garufalias Pagano –ahora accionantes– y Rik Sneep, por la presunta comisión del delito de estafa, los hoy solicitantes de tutela, interpusieron excepción de incompetencia en razón de materia, la cual fue resuelta en audiencia de 26 de noviembre de 2021, a través del Auto Interlocutorio 192/21 de la misma fecha, por Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Primero, quién declaró infundada la aludida excepción de incompetencia en razón de materia planteada (Conclusión II.1).

Determinación que al ser objeto de apelación, fue resuelta en audiencia de 10 de febrero, donde fue emitido el Auto de Vista 29 de la misma fecha, mediante la cual los Vocales hoy demandados declararon su improcedencia y en consecuencia, confirmaron el Auto Interlocutorio de referencia (Conclusión II.2).

Ahora bien, antes de ingresar a realizar cualquier consideración en torno a la solicitud del control tutelar, resulta imperioso señalar que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional ilustrada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a revisar la legalidad ordinaria; no obstante, excepcionalmente es posible analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios, previo cumplimiento de ciertas exigencias;

para lo cual la parte impetrante de tutela de manera precisa debe indicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, vinculando el nexo de causalidad del hecho con los derechos o garantías constitucionales que hubiesen sido lesionados con dicha interpretación; y, estableciendo el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional.

Exigencias constitucionales que en el caso concreto fueron incumplidas por la parte solicitante de tutela, puesto que conforme la fundamentación que irradia la acción tutelar, si bien de manera amplia fueron expuestos los antecedentes del caso a partir del origen de la suscripción del contrato principal entre SBC y CET, y los actos generados efecto de la conclusión anticipada del mismo, identificando que el fallo confutado adolecía de una presunta motivación arbitraria, pues los Vocales ahora demandados habrían determinado que los hechos contenidos en la denuncia penal no pretendían el cumplimiento del acuerdo transaccional de 3 de septiembre de 2020, sino el daño que se habría generado a partir de la carta de intenciones, aspecto que no habría sido demostrado; no obstante, al respecto omitieron explicar en que radica el supuesto defecto, labor que resulta necesaria para ingresar a efectuar la contrastación respectiva, pues la simple mención de un desacuerdo no constituye de por sí, motivación arbitraria. De igual forma, tampoco los accionantes establecieron de manera concreta por qué consideran que la apreciación de la prueba se encuentra fuera de los márgenes de razonabilidad y cuál de los criterios de valoración probatoria se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, constituyendo más bien la argumentación vertida, criterios propios que demuestran descontento con la decisión asumida por los Vocales demandados.

Sumado a ello, también se constata que la parte accionante obvió considerar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los elementos esenciales de la pretensión del amparo constitucional, se encuentran constituidos por la causa petendi, determinada por la vulneración de un derecho fundamental, a través de un acto o vía de hecho y el petitum, que contiene la solicitud de declaración de nulidad de la disposición, acto o vía de hecho causante de la lesión y la de reconocimiento o restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, constituyendo este último un parámetro indispensable para que la jurisdicción constitucional delimite y defina la protección que brindará al conceder o denegar la tutela impetrada, encontrándose obligada a conferir solamente lo que se le ha pedido.

Teniéndose en el presente caso, que la parte impetrante de tutela en su memorial de demanda solicitó de manera textual: “Se deje sin efecto el Auto de Vista Nº 29 de 10 de febrero de 2022, y todos los actuados del proceso penal CUD: 7011102012107590 y, al carecer la jurisdicción penal de competencia, se disponga la remisión de antecedentes al juez competente, que de considerar aplicable la cláusula arbitral será un Tribunal Arbitral bajo la administración de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), o en su defecto el Juez Público Civil y Comercial, ante quien en caso se podrá oponer la excepción de arbitraje” (sic), habiendo reiterado el mismo petitorio en el memorial de subsanación y en audiencia. Contexto bajo el cual, concierne manifestar que si bien esta jurisdicción previo cumplimiento de las exigencias constitucionales desglosadas supra, se encuentra facultada a verificar si en la emisión del Auto de Vista objeto de esta acción tutelar, en la labor desarrollada por los Vocales ahora demandados, no se vulneraron derechos y garantías constitucionales; sin embargo, dicha competencia no se extiende a ingresar a resolver cuestiones que sólo corresponden de manera exclusiva ser definidas por las autoridades ordinarias a cargo de la tramitación de la causa, a quienes atañe la resolución de conflictos jurídicos, en el caso, la excepción de incompetencia en razón de materia, circunstancia bajo la cual este Tribunal se encuentra imposibilitado de establecer si la jurisdicción penal carece o no de competencia para conocer la presente causa, y menos determinar si corresponde o no la aplicabilidad de la cláusula arbitral para posteriormente disponer la remisión de los antecedentes a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres o al Juez Público Civil y Comercial, como pretenden los accionantes. Petitorio que de acuerdo a lo explicitado deviene en inviable, al no poder ser efectivizado en su esencia misma, razón por la que cualquier análisis de fondo que podría realizarse en torno a las denuncias planteadas resultaría insulso, si al momento de asumir una determinación no podría ser materializada efecto de un mal planteamiento del petitum, por ello la importancia de efectuar un petitorio correcto y coherente con los hechos narrados y los derechos vulnerados, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de las denuncias expuestas. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada ; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 296/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 2737 a 2745 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0704_2023-S4.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 159159b5035d4fa5eb4b001961df553a8471268c9b7b9daa3f73ac1874fa9625

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