Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de junio de 2023
Deniega la tutela
El solicitante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que dentro del proceso laboral, por cobro de beneficios sociales iniciado por Yasmani Villan contra el Restaurante “Club 16 de Julio” se dispuso el apremio de su persona, sin tomar en cuenta que la demanda fue interpuesta contra el referido Restaurante como persona jurídica y no contra él como propietario o empleador, y sin considerar que su persona ya no era el administrador de dicho recinto, pues había dejado de trabajar en el mismo desde junio de 2018, además de ser una persona de la tercera edad que requiere protección reforzada.
En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada: al efecto se analizarán las siguientes temáticas: a) La acción de libertad como garantía del derecho a la libertad física: a.1) El carácter reparador de la acción de libertad; a.2) Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física; y, a.3) El principio de legalidad como condición de validez para la restricción del derecho a la libertad física en materia laboral; b) El mandamiento de apremio en materia laboral; i) Principio de proporcionalidad; y, ii) Principio de razonabilidad; c) Apremio del representante legal en ejecución de fallos; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0704/2023-S1 Sucre, 28 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 46548-2022-94-AL Departamento: La Paz En revision la Resolución 18/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 37 a 39 pronunciada dentro de la accion de libertad interpuesta por Francisco Javier Navarro Ágreda contra María Telésfora Cáceres Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Cuarta de la Capital del Departamento La Paz.
Mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 11 a 14, el accionante expreso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso laboral iniciado por Yasmani Villan contra el Restaurante “Club 16 de Julio” por el cobro de beneficios sociales, se dispuso el apremio de su persona, sin tomar en cuenta que la demanda fue interpuesta contra el referido Restaurante como persona jurídica y no contra él como propietario o empleador, y sin considerar que sólo era el administrador de dicho recinto, habiendo dejado de trabajar en el mismo desde junio de 2018, aspecto que se puso a conocimiento de la Jueza -ahora demandada-; sin embargo, se lo siguió señalando como representante del referido establecimiento. En ese sentido, el 17 de febrero de 2020, se emitió un primer mandamiento de apremio sin facultades de allanamiento en su contra; el cual, fue representado en el mismo restaurante que, como se refirió anteriormente, ya no constituía su fuente laboral desde el 2018. Por otro lado, mediante memorial de 5 de noviembre de 2020, presentó un informe médico emitido por la Caja de Salud de la Banca Privada, que confirmaba su avanzada edad y una serie de enfermedades crónicas de tratamiento continuo y con alta dificultad de movilizarse por una lesión en su columna vertebral; sin embargo, la Jueza demandada en su lugar dispuso en su contra la emisión, del mandamiento de apremio con habilitación de días y horas extraordinarias “…sin establecer siquera un lugar determinado, pudiendo de esta manera apremiarme sin ningún límite ni contemplación”(sic). Es así que el 1 de febrero de 2022, mediante Auto 34/2022, la autoridad demandada dispuso nuevamente su apremio, con habilitación de días y horas “…ante esta nueva disposición mi persona presentó el correspondiente recurso de reposición para que dicha autoridad reconsidere su determinación, sin embargo, en cualquier momento se puede emitir el mandamiento, que de ser ejecutado pondría en grave riesgo mi salud y mi vida”(sic). Concluyó que ejecutar el mandamiento de apremio en su contra sería mortal para su salud, pues no se cuenta con ninguna cárcel con las condiciones necesarias para prestar atención médica especializada a adultos mayores, además que existe línea jurisprudencial sobre la inaplicabilidad del apremio en personas de la tercera edad, debiendo en su caso valorar su estado de salud y su edad.
El peticionante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida, sin hacer cita de norma alguna de respaldo.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene el cese de la emisión del mandamiento de apremio en su contra, por ser adulto mayor con su salud deteriorada.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, fue celebrada el 17 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 32 a 36 vta., produciéndose los siguientes actuados:
El demandante de tutela, a través de su abogado, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliando los términos de la misma, en el desarrollo de la audiencia, señaló lo siguiente: a) El proceso fue iniciado hace más de seis años, contra el Restaurante “Club 16 de Julio” aclarando que si el accionante asumió defensa fue porque en ese entonces era representante del lugar “…la misma jueza -ahora demandada- mediante resolución número 276/2018 emitida el 22 de octubre de 2018 deja muy claro de qué se trata una de una demanda en contra de una persona jurídica y que se tiene que dirigir a su representante legal…”(sic) cargo que dejó de ocupar desde junio del 2018, pues desde ese momento dejó de tener algún tipo de relación con el mencionado restaurante, y pese a que se presentó una certificación suscrita por el presidente de dicho establecimiento, la autoridad demandada señaló que no se había demostrado que había dejado de ser el representante legal de dicho recinto; entonces, para acreditar que ya no tenía relación alguna, se ofició a Fundempresa, quienes señalaron que dicho restaurante no se encontraba registrado; b) Se debe considerar que al no encontrarse registrado el referido restaurante en Fundempresa, no se cuenta con mayor prueba que la certificación emitida por el Restaurante, siendo excusable pues ya no fuera su responsabilidad; c) Por otro lado, luego de emitido el primer mandamiento de apremio, la oficial de diligencias realizó una representación indicando que su persona no fue habida en el Restaurante “Club 16 de Julio” obviando indicar que había consultado a los actuales administradores, y que ellos le habían indicado que Francisco Javier Navarro Ágreda ya no trabajaba en el lugar; d) El 1 de febrero de 2022 se emitió el segundo mandamiento de apremio en su contra, con habilitación de días y horas extraordinarias, sin señalar el lugar donde se practicaría el mismo; con lo cual queda abierta la posibilidad de que puedan detenerlo en cualquier momento y lugar; e) Si bien tiene una cantidad de recursos de los que puede hacer uso; sin embargo, el riesgo seguiría latente y puede ser detenido en cualquier momento; y, f) Se solicitó a la Jueza demandada genere prueba y solicite al Restaurante “Club 16 de Julio” informen sobre si evidentemente su persona trabaja o no en dicho recinto, pues con ello podría demostrarse y acercarse a la verdad material.
María Telesfora Cáceres Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Cuarta de la Capital del Departamento La Paz, presentó informe escrito de 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 18 a 22 vta., y señaló lo que a continuación se detalla: 1) Que el Restaurante “Club 16 de julio” fue demandado por el cobro de beneficios sociales; es así que una vez citado, el accionante mediante memorial de 23 de diciembre de 2015 se apersonó y opuso excepciones previas respondiendo de forma negativa a la demanda; 2) Una vez sustanciada la mencionada demanda, se emitió la Sentencia 181/2016 de 17 de octubre, misma que declaró probada en parte la demanda condenando al pago de Bs9 636,96.-(nueve mil seiscientos treinta y seis 96/100 Bolivianos) al Restaurante “Club 16 de julio” que debería actualizarse a momento del pago, sumándose un 30% por multa que debería calcularse en ejecución de fallos; 3) Una vez impugnado dicho fallo, por Auto de Vista 123/2017 se confirmó en parte la Sentencia excluyendo de la liquidación, el tema del desahucio y manteniendo en lo demás, firme y subsistente lo dispuesto; 4) Devuelto el expediente, el Juzgado conminó a la parte demandada -ahora impetrante de tutela- el pago de Bs3 636,96.-(tres mil seiscientos treinta y seis 96/100 bolivianos) bajo alternativa de emitirse mandamiento de apremio; a ello, el solicitante de tutela interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue rechazado en primera instancia y confirmado en apelacion; dicho ello, por Resolución 36/2020 de 17 de febrero, ordenó se libre mandamiento de apremio contra el accionante, quien nuevamente planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación y que otra vez fue rechazada y confirmada en apelación, mediante Auto de Vista 51A/2021 de 22 de febrero; 5) Es así que el 19 de febrero de 2021, se elaboró la actualización de beneficios sociales en un monto de Bs5.437,25.- (cinco mil cuatrocientos treinta y siete 25/100 Bolivianos) siendo aprobada por Auto de 22 de marzo de ese mismo año; en tal sentido, el 14 de junio del señalado año, se ordenó la nueva emisión del correspondiente mandamiento de apremio con este nuevo monto (actualizado); ante ello, el peticionante de tutela nuevamente interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación que igualmente fue rechazado. En ese contexto, una vez dispuesto el merituado mandamiento de apremio y notificado con el mismo, el demandante de tutela interpuso incidente de nulidad, solicitando se oficie al Establecimiento “Club 16 de Julio” para que certifique quién es el nuevo representante legal de dicho lugar, sin adjuntar prueba de su pretensión y planteando a su vez reposición bajo alternativa de apelación; 6) El referido proceso, se encuentra en ejecución de fallos con calidad de cosa juzgada, que cuenta con una resolución de apelación que dispuso se libre el mandamiento de apremio contra el accionante, quien no adjuntó prueba de que no era el concesionario, representante o personero legal del Restaurante y no consideró que la prueba es el presupuesto medular para desvirtuar las pretensiones de contrario; 7) El mandamiento de apremio, fue emitido con habilitación de días y horas extraordinarias y no así de allanamiento, el cual no fue aún habilitado; 8) En cuanto a que el impetrante de tutela fuera una persona de la tercera edad, debía tenerse presente el Auto Constitucional 0255/2021-CA de 22 de julio que prevé al respecto, además que el certificado médico fue solo emitido por un asistente médico del Seguro de la Banca Privada y no fue avalado por personal del IDIF para su convalidación efectiva; 9) Debe tenerse presente que los actuados procesales se emiten en cumplimiento a las normas legales vigentes y no a capricho como pretende el solicitante de tutela, soslayando su irresponsabilidad y obligación en la Ley de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-; 10) Todos los actuados procesales cumplieron oportunamente con su finalidad con conocimiento de los justiciables; en cuya razón, ambas partes asumieron defensa hasta obtener la calidad de cosa juzgada; de igual forma, afirma que debe tomarse en cuenta que no se cometió ningún error para modificar, dejar sin efecto o anular actuados que fueron cumplidos conforme al principio de legalidad o especificidad; en su lugar, se percató la dilación de cumplir obligaciones por la parte demandada a través de su representante legal -ahora peticionante de tutela-; 11) Finalmente, se tiene que el mandamiento de apremio procede en materia laboral ante el caso de incumplirse una sentencia ejecutoriada que imponga una obligación al demandado, siendo necesario precisar que librada dicha medida restrictiva, no podrá suspenderse por ningún motivo; y, 12) Se tiene que considerar que el apremio no es una sanción contra el empleador, sino que su finalidad es asegurar el cumplimiento de una obligación. Por otro lado, en audiencia de consideración de la presente acción de defensa, manifestó que el demandante de tutela asumió defensa en el proceso, planteando excepciones, recursos de reposición e incidentes de nulidad y recién arguye como pretexto su estado de salud y edad, sin demostrar que hubo cambio de representante legal o personero, además que el certificado que presentó no cuenta con valor legal.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 18/2022, cursante de fs. 37 a 39, denegó la tutela solicitada; decisión que fue asumida de conformidad a los siguientes fundamentos: i) Se evidenció la orden de 1 de “enero” de 2022 que dispuso se libre mandamiento de apremio con habilitación de días y horas extraordinarias en contra el impetrante de tutela a efectos de que cancele el monto condenado como beneficios sociales; ii) El proceso se encuentra en ejecución de fallos con calidad de cosa juzgada, pues las resoluciones de la autoridad demandada fueron objeto de revisión y confirmadas en todas sus instancias; en este sentido, el proceso de beneficios sociales ya no sería objeto de revisión, “…no constituye la materia de análisis el ingresar a verificar su condición de representante legal o no representante legal demandado”(sic); iii) La supuesta vulneración al debido proceso tampoco es materia de análisis, simplemente se verificará si existió o no lesión a los derechos a la vida o a la salud; iv) Se adjuntó un certificado emitido por una asistente médico que señala una serie de antecedentes de salud del solicitante de tutela; fuera de ello, no se cuenta con mayor acreditación sobre la gravedad de sus dolencias, cuando se debió aportar mayores elementos objetivos para establecer este extremo de riesgo inminente de su salud, no siendo suficiente la enunciación lírica, además que el certificado adjunto no estuvo emitido por médico especialista; v) No se cumplieron con los presupuestos esenciales para activar la presente acción, en todo caso el proceso de beneficios sociales ya tiene bastante tiempo sin que el peticionante de tutela haya cancelado lo que se adeuda; y, vi) Con relación a que el demandante de tutela fuera una persona que requiere protección reforzada por ser adulto mayor, no se advirtió lesión alguna, pues se cumplió con el procedimiento establecido en la normativa laboral, habiéndose alegado esta protección, recién cuando se dispone el cumplimiento de los fallos ejecutoriados.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución 036/2020 de 17 de febrero, emitida por María Telésfora Cáceres Soria, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Cuarta de la Capital del Departamento La Paz -autoridad ahora demandada-; mediante la cual, se dispuso se libre mandamiento de apremio contra Francisco Javier Navarro Agreda -ahora impetrante de tutela- como representante legal del Restaurante “Club 16 de julio” hasta que pague la suma de Bs3 636,96.-(tres mil seiscientos treinta y seis 96/100 bolivianos) (fs.3). II.2. Mediante memorial de 5 de noviembre del referido año, el solicitante de tutela interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra la Resolución de 17 de febrero de igual año, señalando que de acuerdo al certificado emitido por FUNDEMPRESA, no se tenía registrado al Restaurante “16 de julio” además que el personal del juzgado, hubiera extraviado la certificación emitida por Impuestos Nacionales, donde se confirmaría que su persona no era el representante legal de dicho recinto; además, que se había comunicado a la autoridad ahora demandada que desde junio de 2018 ya no era representante de dicho restaurante, extremo certificado por el mismo Presidente del Restaurante; por otro lado, se puso a conocimiento que es un adulto mayor con su salud muy deteriorada (fs. 4 a 5). II.3. A través de memorial de 23 de noviembre del 2021, el peticionante de tutela reclamó a la Jueza demandada, que aun existiendo un recurso de reposición con alternativa de apelación pendiente de resolución, se habían entregado los oficios al demandante, cuando existía un recurso de reposición pendiente de resolución, actuación que consideraba irregular, solicitando un informe pormenorizado de dichos actuados que se llevaron a cabo sin haberse resuelto previamente el recurso interpuesto (fs. 6). II.4. Consta Resolución 34/2022 de 1 de febrero; mediante el cual, la autoridad demandada, dispuso se libere mandamiento de apremio contra el demandante de tutela, en representación del Restaurante “16 de julio” sea con habilitación de horas y días extraordinarios, hasta que cancele la suma de Bs5 437,25.- (cinco mil cuatrocientos treinta y siete 25/100 bolivianos) por concepto de beneficios sociales (fs. 9). II.5. Cursa Certificado Médico de 9 de febrero de 2022, suscrito por Paola Echeverría Santos, asistente médico de la Jefatura del Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada; en el cual, se señaló que el impetrante de tutela tenía antecedentes de Diabetes Mellitus Tipo 2 en tratamiento, Hipertensión Arterial en tratamiento, Poliglobulia, Dermatitis Atópica no especificada, Bronquitis Crónica y Lesión de la Columna Vertebral Secundaria a accidente vehicular, y de acuerdo al examen físico, se encontraba hemodinámicamente estable (fs. 10).
El solicitante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que dentro del proceso laboral, por cobro de beneficios sociales iniciado por Yasmani Villan contra el Restaurante “Club 16 de Julio” se dispuso el apremio de su persona, sin tomar en cuenta que la demanda fue interpuesta contra el referido Restaurante como persona jurídica y no contra él como propietario o empleador, y sin considerar que su persona ya no era el administrador de dicho recinto, pues había dejado de trabajar en el mismo desde junio de 2018, además de ser una persona de la tercera edad que requiere protección reforzada.
En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada: al efecto se analizarán las siguientes temáticas: a) La acción de libertad como garantía del derecho a la libertad física: a.1) El carácter reparador de la acción de libertad; a.2) Las condiciones de validez para la restricción del derecho a la libertad física; y, a.3) El principio de legalidad como condición de validez para la restricción del derecho a la libertad física en materia laboral; b) El mandamiento de apremio en materia laboral; i) Principio de proporcionalidad; y, ii) Principio de razonabilidad; c) Apremio del representante legal en ejecución de fallos; y, d) Análisis del caso concreto.
La libertad constituye un derecho subjetivo fundamental, que se traduce en un conjunto de libertades específicas consagradas en la Constitución Política del Estado y los Pactos Internacionales. La Norma Fundamental como garantía de la libertad, reconoce la inviolabilidad de este derecho y lo incorpora dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos, lo que trae como corolario la obligación para el Estado de protegerlo. Uno de los ámbitos específicos que involucra el derecho a la libertad es la libertad física para cuya protección de este derecho, el constituyente boliviano, instituyó la garantía jurisdiccional de la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa, en caso de que este siendo restringido o amenazado de restricción, conforme lo estableció el art. 125 de la CPE, que señala:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad (Las negrillas fue añadidas). Acción de defensa que conserva en general la naturaleza jurídica y las características procesales esenciales con las que nació el otrora habeas corpus, que en un sentido clásico estaba diseñada para proteger la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, siendo su tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediatez en la protección, el informalismo, generalidad e inmediación, características reiteradas en el Código Procesal Constitucional, para proteger la libertad personal, aunque posteriormente amplió su espectro de protección, hasta concretarse con lo establecido en la disposición normativa contenida en los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional:
La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro. La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:
1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, que fue desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, modulada por la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo referencia al hábeas corpus reparador -ahora acción de libertad-, señalando que para su activación: “…es necesario que se hubiere configurado una situación de privación de libertad física ilegal por haber sido dispuesta al margen de los casos previstos por la ley y/o incumpliendo los requisitos y formalidades de ley…” (Las negrillas nos corresponden).
El art. 22 de la CPE, establece que: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”; lo cual, concuerda con lo dispuesto por el 2El FJ III.1 señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5 refiere: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
23.I de la referida Ley Fundamental, que señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal”.
No obstante, en algunas ocasiones, el interés superior de la sociedad exige la privación o restricción de la libertad personal; la cual, en un Estado Constitucional respetuoso de los derechos fundamentales, debe ser excepcional y no puede ser indebida. Por ello, la Norma Suprema garantiza al titular de dicho derecho, la prohibición de su restricción arbitraria e irrazonable y de ser detenido en supuestos distintos a los previstos en la ley, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la Constitución Política del Estado, que en su art. 23.III, dispone: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”. De las disposiciones constitucionales citadas, se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituye además, como garantía de este derecho, la reserva legal; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, el legislador es quien se halla facultado para limitar su ejercicio. Asimismo, del citado art. 23.III de la CPE, se desprenden las condiciones de validez material y formal, para la restricción del derecho a la libertad; como se advierte, únicamente puede ser limitado: 1) En los casos previstos por ley; y, 2). Según las formas establecidas por ley. En el mismo sentido, lo entendió la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que realizando una interpretación de los parágrafos I, III y IV del mencionado artículo; y, de los arts. 9.I del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sostuvo: De las normas glosadas, se concluye que para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y legalmente válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE. Estas condiciones de validez, también han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así en la Sentencia de 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday, la Corte señaló: “…Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)” (el resaltado nos pertenece). En ese sentido, se colige que la libertad individual no está concebida como un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; pues, del propio texto constitucional puede establecerse que en determinados supuestos, es susceptible de limitación; empero, exigiéndose para ello, una estricta reserva legal, según la cual, las causas de privación de libertad y las formalidades -que exista un mandamiento escrito y emanado de autoridad competente- deben estar establecidas en la ley. Asimismo, el art. 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), señala que: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática” (las negrillas son añadidas). Por su parte, el art. 30 de la CADH, indica que: “…Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas” (las negrillas son incorporadas); y, el art. 32.2 de la citada norma internacional, establece que: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. En síntesis, las restricciones deben encontrarse previstas en una ley -como lo dispone el art. 109.II de la CPE- y no ser discriminatorias; tienen que basarse en criterios razonables; atender a un propósito útil y oportuno, que las tornen necesarias para satisfacer un interés público imperativo; y, ser proporcionales a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.
Efectivamente, dichas condiciones forman parte del test de proporcionalidad, que en el marco del art. 32 de la CADH, fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de evaluar si una determinada restricción o limitación de derechos es legítima; test que contiene en general, los siguientes elementos: - Deben estar previstas por la ley, a partir de lo dispuesto en el Artículo 30 de la Convención.
- Deben responder a un objetivo legítimo permitido por la Convención Americana de acuerdo con el Artículo 32 de la Convención Americana, para asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” u otros fines perseguidos por disposiciones específicas de la Convención respecto a cada derecho (como pueden ser las restricciones se contemplan en materia de libertad de expresión o libertad personal). - Finalmente, las restricciones deben ser necesarias y proporcionales en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entonces, de acuerdo a las normas constitucionales e internacionales glosadas, es evidente que los derechos pueden ser limitados; sin embargo, es indispensable que para el efecto se observen; por una parte, las condiciones de validez material y formal de dicha limitación; y por otra, que se cumpla con el principio de proporcionalidad; pues, pueden existir restricciones legales a los derechos; pero, resultan arbitrarias por ser desproporcionales; por ello, corresponde que toda restricción a derechos fundamentales dispuesta por autoridad administrativa o judicial cumpla con el principio de proporcionalidad, en el marco del test desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que se hizo referencia precedentemente y que también se desarrolló a nivel nacional, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2299/2012 de 16 de noviembre y 0024/2018-S2 de 28 de febrero.
En el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la primera condición de validez para la restricción del derecho a la libertad física, está vinculada al principio de legalidad, en sentido que las causas de privación de libertad -aspecto material- y las formalidades -aspecto formal- deben estar previstas en la ley. En el ámbito laboral, el art. 213 del Código Procesal del Trabajo (CPT), establece: “Las sentencias ejecutoriadas se harán cumplir con el Juez de primera instancia, que concederá a la parte perdidosa un plazo de tres días para el efecto” y el art. 216 del mismo cuerpo legal, estipula: “Si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia, el litigante perdidoso no cumple su obligación, el juez librará mandamiento de apremio del ejecutado” (las negrillas son ilustrativas). Si bien podría objetarse que dichas normas están contenidas en un Código que fue aprobado por Decreto Ley (DL) de 25 de julio de 1979, y que por lo tanto, no cumplen con el principio de legalidad; sin embargo, debe considerarse que posteriormente el art. 12 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales -Ley 1602 de 15 de diciembre de 1994-, con relación al apremio en materia de seguridad social y sentencias laborales, reconoce lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y en las leyes relativas a seguridad social, sosteniendo que tendrá el mismo tratamiento que el apremio en materia familiar. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la SCP 1680/2013 de 7 de octubre, refiere que el apremio…tiene por única finalidad la materialización del cumplimiento de los derechos emergentes de la relación laboral, traslucidos en los salarios devengados, desahucios, finiquitos, vacaciones no usadas, entre otros…”.
A su vez, la SC 0861/2010-R de 10 de agosto, en el marco de la línea jurisprudencial establecida por las SSCC 1519/2002-R, 0239/2003-R y 0114/2007-R, al tiempo de referirse a las condiciones previas que deben cumplirse antes de la privación o restricción al ejercicio del derecho a la libertad física, cuando se procede al apremio corporal en materia laboral; señaló que en ejecución de sentencia, el litigante perdidoso debe ser notificado con la conminatoria, previamente al cumplimiento de la obligación en el término que le fija; vencido el cual, y al no hacer efectiva la misma, se dispone su apremio.
Por otra parte, debe señalarse que existen prohibiciones para la ejecución de los mandamientos que restrinjan la libertad, como el de apremio, en los siguientes casos: 1) La SC 1519/2002-R de 13 de diciembre señaló que en principio, el mandamiento de apremio sólo puede ser ejecutado en días y horas hábiles y que solamente ante el ocultamiento malicioso, el juez podrá ordenar la habilitación de días y horas inhábiles; y, 2) El art. 150 de la Ley del Régimen Electoral (LRE), expresa las garantías específicas para el acto electoral, indicando:
Todas las electoras y electores tienen las siguientes garantías para el ejercicio de sus derechos políticos, durante el día de la votación:
a. Ejercer con libertad e independencia todos los actos y actuaciones electorales en los que intervengan conforme a Ley, no estando obligados a obedecer órdenes emitidas por autoridades no electorales, salvo aquellas orientadas a mantener o restituir el orden público.
b. No podrán ser citados ni privados de libertad bajo pretexto alguno, salvo en los casos de delito flagrante (las negrillas son ilustrativas). De lo que se infiere, que el sistema democrático de gobierno, garantiza los derechos a la participación electoral y al sufragio activo; en tal sentido, con la finalidad de asegurarlos, no resulta constitucional ni democrático, tampoco legalmente admisible, la restricción a la libertad personal y física; y, 3) La jurisprudencia constitucional protegió los derechos de las personas que en vacación judicial, fueron aprehendidas, detenidas o apremiadas, no obstante, existir circulares judiciales expresas, que establecían la suspensión de la ejecución de los referidos mandamientos. Así, a través de la SC 1514/2004-R de 20 de septiembre sobre la base de las SSCC 0709/2000-R de 21 de julio y 141/01-R de 15 de febrero de 2001, en el Fundamento Jurídico III.1, el Tribunal Constitucional señaló que: ...al dictarse las circulares que dejan en suspenso la ejecución de mandamientos, durante el periodo de tiempo que comprende la vacación judicial anual, es para evitar un sinnúmero de posibles violaciones de los derechos y garantías constitucionales de las que podrían ser objeto los litigantes considerando el funcionamiento de sólo los Juzgados de turno. Asimismo, la referida SCP 1514/2004-R -reiterada por la SC 0105/2005-R de 1 de febrero-, en el Fundamento Jurídico III.2 indicó:
…las autoridades jurisdiccionales (…) emiten este tipo de circulares para evitar la posible vulneración de derechos fundamentales de aquellos contra quienes se hubiera librado mandamientos que restrinjan o priven de libertad física, en consideración a que los mandamientos tienen diferente finalidad, por lo que pueden ser ilegal e indebidamente ejecutados en periodo de vacación en que todos los juzgados, excepto los de turno, suspenden sus funciones, de manera que el afectado se ve privado de poder impugnar oportunamente la conculcación de sus derechos.
Precedente constitucional que fue seguido por las SSCC 0047/2006-R, 0815/2006-R, 2417/2010-R, 1943/2011-R y 1938/2011-R, entre otras. Asimismo, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1010/2012, 2416/2012 y 2030/2013, este Tribunal, asumió el mismo razonamiento, de precautelar los derechos de las y los procesados durante la vacación judicial; estableciendo que no está permitida la ejecución de mandamientos de apremio, aprehensión, detención preventiva o condena. Conforme a lo anotado, el apremio en materia laboral está sujeto a las siguientes condiciones: i) Que exista una sentencia ejecutoriada y que la obligación adeudada no haya sido cancelada dentro del plazo legal -aspecto material-; ii) Que exista un mandamiento emitido por la autoridad judicial contra el obligado, o tratándose de personas jurídicas, contra el último representante legal de la empresa, cuyo apersonamiento hubiere sido admitido, siempre que tenga suficientes facultades de administración, gestión y disposición patrimonial en relación al giro de la empresa -aspecto formal-; iii) El mandamiento solo podrá ejecutarse en días y horas hábiles, cuando se cumplan los requisitos antes señalados, salvo que exista ocultamiento malicioso y la autoridad judicial disponga la habilitación de días y horas inhábiles; y, iv) El mandamiento de apremio no podrá ser ejecutado cuando la Ley lo prohíba expresamente -días de votación, art. 150 de la LRE- o durante el periodo de vacaciones judiciales, cuando existan circulares que prohíban su ejecución. El entendimiento desarrollado precedentemente fue asumido por la SCP 0184/2018-S2 de 11 de mayo en su Fundamento Jurídico III.1, entre otras. Por otra parte, es preciso señalar que el apremio debe ser emitido contra el representante legal de la institución, como lo señala la SCP 1680/2013. En torno a la ejecución del mandamiento de apremio corporal en materia laboral, la SC 1519/2002-R de 13 de diciembre, establece que en principio, el mandamiento de apremio sólo puede ser ejecutado en días y horas hábiles y que únicamente ante el ocultamiento malicioso, el juez podrá ordenar la habilitación de días y horas inhábiles. Posteriormente, la SC 1007/2006-R de 16 de octubre, estableció que en los casos en que no fue posible la ejecución del mandamiento de apremio librado en materia laboral por el ocultamiento evasivo y malicioso del obligado al pago de beneficios sociales, que retrasa indebidamente la ejecución del pago, el juez puede recurrir a medidas coercitivas como la habilitación de días y horas inhábiles con facultad de allanamiento únicamente con el fin de hacer cumplir el mandamiento de apremio. Dicho entendimiento fue reiterado en las SSCC 1123/2006-R, 0114/2007-R, 0861/2010-R y 0727/2011-R, entre otras. Ahora bien, sobre el particular, es necesario efectuar precisiones referidas al mandamiento de allanamiento y apremio, y la garantía de la inviolabilidad del domicilio garantizada por el art. 25 de la CPE. Así, resulta excesivo que el mandamiento de apremio en materia laboral se ejecute de manera indiscriminada en cualquier domicilio o que se lo haga allanando el mismo durante horas de la noche -diecinueve horas, a las siete horas del día siguiente-, afectando el descanso, la intimidad y hasta la salud de quienes habiten en domicilio allanado. Teniendo en cuenta que ni siquiera en materia penal -que es de última ratio-está permitido allanar un domicilio durante la noche, salvo el caso de delito flagrante, conforme establece el art. 180 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el allanamiento nocturno no puede estar permitido en materia laboral. Por otra parte, en cuanto a la duración del mandamiento de apremio corporal, es importante desarrollar un punto específico sobre el tema.
La Constitución Política del Estado, en su art. 48.II consagra principios a favor del trabajador, entre ellos, el principio de protección que contiene tres reglas, a saber: 1) El in dubio pro operario, en virtud del cual, cuando una norma se presta a más de una interpretación, debe aplicarse la que resulte más favorable al trabajador; 2) La norma favorable, según la cual, en caso de existir dos o más normas aplicables a la misma situación jurídica, se aplicará la que resulte más favorable al trabajador; y, 3) La regla de la condición más beneficiosa, según la cual no puede aplicarse la nueva norma si desmejora las condiciones en que se encuentra el trabajador. Asimismo, la disposición constitucional en examen, en su párrafo I, establece que las normas sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Con relación a la ejecución de las sentencias en materia laboral, los arts. 213 y 216 del CPT no prevén un plazo de caducidad del mandamiento de apremio, sea que se expida de forma simple o con facultad de allanamiento. Del mismo modo, la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, tampoco contiene previsiones en torno a la ejecución del mandamiento de apremio.
Así también, no existe tal regulación en las disposiciones de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ni en el Código Procesal Civil (CPC), cuyas normas son de aplicación supletoria por mandato del art. 252 del CPT. De igual forma, el Código de las Familias y del Proceso Familiar que regula el apremio en esa materia, cuyo similar tratamiento manda efectuar la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales en lo relativo al apremio en materia laboral, no prevé la caducidad del mandamiento de apremio. Por su parte, la jurisprudencia constitucional, en torno a la vigencia del mandamiento de apremio con facultad de allanamiento, en un caso en el que se denunció la detención indebida con un mandamiento de apremio caducado, en la SC 0878/2005-R de 29 de julio, concedió la tutela impetrada, en razón a que la advertencia de caducidad que consignaba el mandamiento, no distinguía entre el mandamiento de apremio y la facultad de allanamiento, e implícitamente admitió la caducidad del mandamiento de apremio con facultad de allanamiento, sobre la base de la caducidad del mandamiento de allanamiento previsto en el art. 182 del CPP.
Sin embargo, no es posible la aplicación analógica de la norma contenida en el art. 182 del CPP respecto a la caducidad del mandamiento de allanamiento en el plazo de noventa y seis horas, a la orden de allanamiento expedida por el juez laboral para la ejecución del mandamiento de apremio en materia laboral, dado que no existe semejanza en el supuesto de hecho que regula la norma procesal penal y la expedición del mandamiento de apremio con facultad de allanamiento en materia laboral, del que trata el caso que se examina; como tampoco existe identidad de razón. En efecto, el mandamiento de allanamiento a que se refiere el art. 182 del CPP, es el expedido por el juez penal para el registro que debe realizarse en un domicilio en el marco de una investigación penal y que por ello, requiere en su ejecución de la intervención del fiscal y la afectación mínima de derechos del imputado, tal como dispone el art. 180 del citado Código; en cambio, el mandamiento de apremio en materia laboral, constituye una medida compulsiva para materializar el derecho patrimonial del trabajador reconocido judicialmente en una sentencia firme, que se expide en ejecución de sentencia con fin de constreñir al empleador renuente el cumplimiento inmediato de la obligación laboral; siendo ésta una manifestación de las medidas positivas a favor del trabajador; por cuanto, toda norma laboral protectora tiende a disminuir, reducir o paliar la desigualdad notoria, objetiva y evidente, que existe entre el trabajador y el empleador en la sociedad, desde el punto de vista material, económico y social. Consecuentemente, la caducidad del mandamiento de apremio librado en forma simple o con facultad de allanamiento antes de que cumpla la finalidad de materializar el derecho del trabajador al cobro de su acreencia judicialmente reconocida, no es compatible con el principio protector o tutelar del trabajador, previsto en el art. 48 de la CPE, más aún si se toma en cuenta que en los casos de cobro de beneficios sociales que se produce después de la desvinculación laboral, el trabajador, muy probablemente, por falta de fuente de trabajo, requiera con urgencia de medios económicos de subsistencia para él y su familia. Conforme a ello, no es posible aplicar supletoriamente el art. 182 del CPP en lo relativo a la caducidad del mandamiento de allanamiento respecto a la ejecución del apremio corporal con facultad de allanamiento; puesto que, dicha caducidad resulta contraria al principio de protección de la trabajadora o el trabajador, así como al cumplimiento obligatorio de las disposiciones laborales, ya que al caducar la facultad de allanamiento en noventa y seis horas, se obliga al trabajador a tramitar nuevas órdenes de allanamiento al vencimiento de ese plazo, prolongando de forma indefinida la ejecución de la sentencia, lo cual obstaculiza el ejercicio del derecho al cobro de los beneficios sociales del trabajador y al mismo tiempo, favorece al ocultamiento y evasión maliciosa del obligado renuente, impidiendo que dicha medida cumpla su finalidad compulsiva; puesto que hace aún más tortuosa la efectivización de su derecho laboral reconocido y en consecuencia, la tutela judicial efectiva.
, la caducidad del allanamiento previsto en el art. 182 del CPP, no es aplicable a la ejecución del mandamiento de apremio en materia laboral, por no ser compatible con los principios constitucionales de protección de los trabajadores, igualdad material, así como el vivir bien y una vida armoniosa. En ese orden, el mandamiento de apremio en materia laboral, ya sea que fuera expedido en forma simple o con facultad de allanamiento, no se encuentra sujeto a caducidad y mantiene su vigencia para su ejecución entre tanto el obligado no pague el total de la obligación establecida en la sentencia ejecutoriada. Este entendimiento implica una mutación del precedente contenido en la SC 0878/2005-R.
El art. 100 del CPT, establece que antes de formalizarse la demanda o durante la sustanciación del proceso, pueden pedirse como medidas precautorias y de seguridad, entre otras, las siguientes: i) Anotación preventiva; ii) Embargo preventivo; y, iii) Secuestro, mismas que tienen por objeto asegurar los resultados del litigio en cuanto al cumplimiento de lo que se ordene en sentencia, a través precisamente de una eventual subasta y remate de dichos bienes, para que con su producto se cancele la suma que se hubiere determinado. Asimismo, el art. 101 del referido Código, prevé: “Se aplicarán a la justicia laboral, salvo colisión con norma expresa de este Código, las medidas precautorias previstas en los Artículos 156 y 178 del Código de Procedimiento Civil”. Por su parte, el art. 216 del CPT establece que: “Si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia, el litigante perdidoso no cumple su obligación, el juez librará mandamiento de apremio del ejecutado”. Precisamente, en torno a la ejecución simultánea del apremio corporal y el embargo de bienes del obligado, la línea jurisprudencial puede sistematizarse de la siguiente manera:
La SC 0566/2003-R de 29 de abril, estableció que la expedición del mandamiento de apremio no se encontraba condicionada al remate de bienes. Posteriormente, se produjo un cambio de entendimiento en la SCP 0114/2007-R de 7 de marzo, la cual señaló que no era posible que el mandamiento de apremio y el embargo se activen a la vez de forma simple y llana, precisando tres supuestos: a) En caso de haberse producido el embargo preventivo debe procederse al remate de los bienes embargados y solo en caso de dilación indebida atribuible objetivamente a la parte obligada, es posible expedir el mandamiento de apremio; b) Procede el apremio por el saldo impago si luego de efectuarse el remate, el deudor resulta insolvente; y, c) Cuando el obligado solicita el embargo y remate de sus bienes, estando privado de libertad en mérito al mandamiento de apremio, su libertad se haría efectiva cuando el producto del remate cubra la obligación. Sin embargo, los dos primeros supuestos fueron modulados por la SCP 0718/2012 de 13 de agosto, estableciendo que:
…a los efectos de la aplicación del apremio corporal previsto por el art. 216 del CPT, tratándose únicamente de la trabajadora o el trabajador, no será necesario de que con carácter previo se proceda al remate de los bienes que se hubieren embargado o pudiesen embargarse, sin perjuicio de que esta última medida pueda adoptarse a los efectos de asegurar el resultado del proceso, conforme dispone el art. 100 del CPT.
En consecuencia, el trabajador puede hacer efectiva su acreencia reconocida judicialmente acudiendo a la ejecución patrimonial de los bienes del obligado sin perjuicio del apremio corporal del mismo, medida restrictiva del derecho a la libertad en atención de que el derecho al pago de los beneficios sociales al trabajador, que se produce a la conclusión de la relación laboral, tiene por finalidad solventar el sustento de éste y de su familia, en 9En la SC III.3, se señala: “En consecuencia, la Jueza demandada al librar el mandamiento de apremio dio correcta aplicación a los arts. 213 y 216 CPT y actuó con plena jurisdicción y competencia, sin infringir las garantías constitucionales del recurrente, máxime si las sentencias ejecutoriadas en los procesos sociales deben cumplirse por la parte perdidosa en el plazo de tres días, bajo conminatoria de apremio, pago que por otra parte no puede estar condicionado a un eventual remate de mercaderías”. 10En el FJ III.1.2., se precisa: “En ese contexto, si bien ambos institutos -apremio corporal y medidas precautorias, entre ellas, el embargo preventivo-, tienen naturaleza jurídica distinta, ello no implica, que puedan imponerse de manera concurrente, o activarse a la vez de forma simple y llana. Para ello, es necesario distinguir tres supuestos: 1. Cuando se determine en sentencia judicial firme una obligación que debe cumplir el empleador a favor de su empleado o trabajador por concepto de sueldos, salarios o beneficios sociales, y éste tiene bienes con qué responder a la deuda, que ya fueron objeto de embargo preventivo, entonces ante el incumplimiento de la obligación se procederá al remate de sus bienes, proceso que debe iniciarse dentro de tercero día de la conminatoria al pago, conforme lo disponen los arts. 213 y 216 del CPT y culminarse sin dilaciones indebidas; estando a cargo del impulso procesal, tanto el juez de la causa como el demandado dentro del proceso laboral, previendo para ello, que cuando la dilación en el procedimiento de remate, lesivo al mandato constitucional contenido en el art. 116.X de la Ley Fundamental, que consagra el principio rector de celeridad en la administración de justicia, sea atribuible a la parte demandada del proceso laboral, bajo parámetros objetivos, procederá el apremio corporal del obligado, como medida compulsiva en resguardo del derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva a los que tiene derecho el trabajador; por cuanto, es lógico que el juzgador no puede exigir al demandante que obtuvo sentencia favorable que tenga la carga principal y la responsabilidad de que el proceso de remate se lleve sin dilaciones indebidas. 2. La medida compulsiva del apremio corporal, también se aplicará en aquellos eventos en los cuales dentro del fenecido proceso de remate de los bienes del deudor, se establezca que éste es insolvente para cubrir el total de la obligación; apremio que deberá ordenarse únicamente por la diferencia impaga. 3. Si el obligado, solicita el embargo y correspondiente remate de sus bienes cuando se encuentra privado de su libertad en mérito a una orden de apremio corporal, la libertad se hará efectiva cuando el producto del remate cubra la obligación.
circunstancias en las que muy probablemente, no cuenta con nuevo empleo.
En razón a la finalidad descrita, es evidente que el apremio corporal, junto con la adopción paralela de otras medidas de ejecución patrimonial, se presenta como una medida idónea o adecuada para obtener el cumplimiento de las obligaciones sociales devengadas que fueron reconocidas judicialmente mediante sentencia ejecutoriada, dado el carácter compulsivo que tiene dicha medida para vencer la resistencia del obligado renuente que, a pesar de tener medios suficientes para cumplir con su obligación se rehúsa al cumplimiento oportuno; o para que el obligado que carece de esos medios, extreme sus esfuerzos para conseguirlos con el fin de cumplir con su obligación devengada.
Por otra parte, el apremio corporal como medio compulsivo, resulta necesario para la satisfacción de la acreencia a favor del trabajador; puesto que, si bien es cierto que es posible constreñir al cumplimiento de la obligación mediante la ejecución patrimonial de los bienes del obligado; empero, en los casos en los que ello es posible; la realización de la obligación laboral no opera con la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su familia; ya que, los trámites judiciales necesarios que se requieren para obtener el cobro efectivo de la obligación devengada implican una demora que no es compatible con la urgencia de la satisfacción de las necesidades a que pueden estar destinadas. Efectivamente, dado que el cobro de los beneficios sociales opera a la conclusión de la relación laboral, es muy probable que el trabajador se encuentre desempleado y, en ese orden, los recursos económicos provenientes de la acreencia laboral, se presentan como los únicos medios de su subsistencia; además, puede demandar, de parte del trabajador, el gasto de recursos económicos de los que carece -en caso de no contar con una fuente laboral- y que, por consiguiente, puede dificultar el logro del objetivo oportunamente. Además, en los supuestos en los que el obligado carece de bienes embargables, el apremio se presenta como la única medida posible para compeler a éste a extremar sus esfuerzos para obtener los recursos económicos que se requieren para cumplir con su obligación laboral. Sin embargo, para lograr la finalidad que se busca con el pago de los beneficios sociales, la autoridad judicial competente no debe limitarse a expedir el mandamiento de apremio por las obligaciones sociales devengadas, y esperar que el mismo cumpla con su objetivo compulsivo; sino que al mismo tiempo de ordenar el apremio corporal debe procurar la ejecución patrimonial de los bienes del obligado en la medida de lo necesario, en los casos en los que ello sea posible, teniendo en cuenta que el objetivo esencial es que se paguen los beneficios sociales reconocidos en sentencia ejecutoriada.
Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, el legislador efectuó dicho juicio, priorizando las necesidades de la trabajadora o el trabajador, en razón a que la obligación de pago de los beneficios sociales es de interés social y fue instituida en protección al trabajador como una medida para hacer efectiva la igualdad material; aspectos que han hecho que el legislador se incline por la protección de los derechos del trabajador, permitiendo el apremio corporal del obligado como medio compulsivo para lograr que el mismo cumpla con su obligación devengada, con el advertido que esta medida tiene como único efecto, lograr el pago de la obligación laboral y, por ende, no significa una afectación intensa al derecho a la libertad física o personal.
El mantenimiento del apremio corporal no solo está condicionado a la persistencia del incumplimiento de la obligación devengada sino que además, está sujeto al plazo máximo de duración; puesto que, por mandato del art. 12 de la LAPACOP, al apremio corporal en materia laboral le son aplicables las regulaciones relativas al apremio en materia familiar. En ese sentido, de acuerdo al art. 11 I, de la LAPACOP, el plazo máximo de duración del apremio es de seis meses, vencido el cual la persona debe ser puesta en libertad, y ante un nuevo incumplimiento y transcurridos seis meses, es posible disponer un nuevo apremio. Consecuentemente, el apremio corporal del obligado por el incumplimiento de beneficios sociales resultará constitucionalmente válido cuando dicha medida restrictiva del derecho a la libertad personal se la adopte y mantenga con estricta sujeción a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad; contrario sensu, la privación de libertad del apremiado resultará indebida en los casos en los cuales se ordene, se ejecute o se mantenga la restricción de la libertad personal del obligado al margen de los mencionados principios; así ocurre por ejemplo, cuando se allana un domicilio durante la noche para la ejecución del mandamiento de apremio o cuando el mandamiento permite el allanamiento de forma indiscriminada a cualquier domicilio, o cuando se excede su plazo máximo de duración, en cuyo caso la privación de la libertad así ejecutada, resulta contraria al principio de razonabilidad.
Al respecto la SC 0178/2010-R de 24 de mayo, señaló que: “…con relación a los casos en los que se haya expedido mandamiento de apremio para el pago de beneficios sociales emergentes de un proceso laboral y el apremiado alegue ya no ser el representante legal de la empresa o persona jurídica obligada a dicho pago, o cuando se produce la sustitución del representante legal de una empresa o persona jurídica dentro de un proceso social, por cualesquier circunstancia, este Tribunal ha manifestado que la personería del nuevo representante debe ser aceptada por el juez de la causa. Así, en la SC 0377/1999-R de 1 de diciembre, se determinó que: '(…) constituye un requisito procesal inexcusable el apersonamiento del nuevo apoderado dentro de todo proceso y asumir él mismo el lugar en que se encuentra el mandatario sustituido con el objeto de que el juez, previa revisión del documento, acepte o rechace su personería y será recién a partir de la providencia de aceptación que el nuevo representante podrá asumir la representación en el juicio y hacerse responsable tanto de las obligaciones como de los derechos que pudieran emerger de la causa, de conformidad al art. 114 del Código Procesal del Trabajo” .
El peticionante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, a la salud y a la vida; toda vez que dentro del proceso laboral, por cobro de beneficios sociales iniciado por Yasmani Villan contra el Restaurante “Club 16 de Julio” se dispuso el apremio de su persona, sin tomar en cuenta que la demanda fue interpuesta contra el referido Restaurante como persona jurídica y no contra él como propietario o empleador, y sin considerar que su persona ya no era el administrador de dicho recinto, pues había dejado de trabajar en el mismo desde junio de 2018, además de ser una persona de la tercera edad que requiere protección reforzada.
Por su parte, la autoridad demandada en su defensa sostuvo que una vez se citó al Restaurante “Club 16 de julio”, el demandante de tutela en representación legal de la misma, se apersonó a la demanda y opuso excepciones previas respondiendo de forma negativa a la demanda; de ahí que una vez emitida la Sentencia 181/2016 de 17 de octubre, que declaró probada en parte la demanda y se condenó en pagos al refirido restaurante y que confirmó en parte en alzada, (pues esta instancia exluyó de la liquidación el tema del desahucio), manteniendo en lo demás, firme y subsistente lo dispuesto; una vez devuelto el expediente, el ahora impetrante de tutela presentó una serie de recursos de reposición bajo alternativa de apelación que ya no modificaron lo resuelto; es así que, despues de un primer mandamiento de apremio que se dispuso el 17 de febrero de 2020, nuevamente se ordenó se libre mandamiento de apremio contra el solicitante de tutela (Auto 34/2022 de 1 de febrero), contra el cual el peticionante de tutela interpuso incidente de nulidad, solicitando se oficie al Restaurante “Club 16 de Julio” para que certifique quien era el nuevo representante legal, sin adjuntar prueba de su pretensión. Por otro lado, también sostuvo que dicho proceso se encuentra en ejecución de fallos con calidad de cosa juzgada, que cuenta con una resolución de apelación que dispuso se libre el mandamiento de apremio contra el demandante de tutela, quien no adjuntó prueba de que no era el concesionario, representante o personero legal del Restaurante “Club 16 de Julio” y no consideró que la prueba es el presupuesto medular para desvirtuar pretensiones de contrario. Por otro lado, en relación a que el impetrante de tutela fuera una persona de la tercera edad con muchas enfermedades, debía tenerse presente e Auto Constitucional 0255/2021-CA de 22 de julio que prevé al respecto, además que el certificado médico que presentó, solo había sido emitido por un asistente médico del Seguro de la Banca Privada que ni siquiera se encontraba avalado por personal del IDIF para su convalidación efectiva; de igual forma, sostuvo que el mandamiento de apremio procede en materia laboral ante el caso de incumplirse una sentencia ejecutoriada que imponga una obligación al demandado, siendo necesario precisar que librada dicha medida restrictiva, no podrá suspenderse por ningún motivo. Finalmente, sostuvo que el solicitante de tutela asumió defensa en el proceso, planteando excepciones, recursos de reposición e incidentes de nulidad y recién ahora arguye su estado de salud y edad; y sin haber demostrado cambio de representante legal o personero. De los antecedentes expuestos y conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que el mandamiento de apremio emitido contra el peticionante de tutela, fue librado conforme a procedimiento legal a consecuencia de un proceso laboral cuyo estado se encontraría en ejecución de sentencia; por otro lado, respecto a que el ahora demandante de tutela no se constituiría ya en representante legal del Restaurante “Club 16 de Julio”; cabe señalar que de lo previamente establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el mencionado debió probar este extremo, o bien el nuevo representante legal debió apersonarse al proceso para que esta nueva personería sea aceptada por el Juez de la causa. Así lo dispuso la SC 0377/1999-R de 1 de diciembre, al referir que este requisito es esencial e inexcusable, debiendo apersonarse al proceso y asumir el lugar en que se encuentra el mandatario sustituido, ello con el objeto de que el Juez, previa revisión del documento, acepte o rechace su personería y será recién a partir de la providencia de aceptación que el nuevo representante pueda asumir la representación en la causa y hacerse responsable tanto de las obligaciones como de los derechos que pudieran emerger de la causa; en ese sentido, al no haberse procedido de esta manera, y en todo caso, haber actuado de forma floja y aletargada buscando una eventual protección por tratarse de una persona de la tercera edad, no quita su responsabilidad legal, tanto de su persona como del Restaurante “Club 16 de Julio”; por ello, ante la ausencia del apersonamiento del que supuestamente habría asumido el cargo del representante de dicho recinto, la representación de la empresa sigue recayendo en la persona del impetrante de tutela. Por otro lado, y con relación a que el solicitante de tutela contaría con un sin número de enfermedades y pertenecería a un grupo prioritario de protección por ser adulto mayor, debe tomarse en cuenta que el hecho de ser una persona de la tercera edad no impide que cumpla con sus obligaciones, pues si bien pudo ejercer como administrador, bien podía responder con las responsabilidades que el cargo requería; asimismo, también es necesario considerar que en caso de que padeciera de enfermedades que implicarían una afectación mayor a su estado de salud al ingresar aprehendido a un recinto penitenciario, se debe tomar en cuenta que de la revisión del Certificado Médico de 9 de febrero de 2022, suscrito por Paola Echeverría Santos, asistente médico de la Jefatura del Policonsultorio de la Caja de Salud de la Banca Privada, el mismo no arrojó mayores impedimentos del peticionante de tutela, pues de la lectura de dicho certificado, el mismo sólo hace referencia a sus enfermedades, pero no indica el nivel de gravedad o requerimiento de cuidados especiales o tratamientos mayores que el demandante de tutela necesitaría. Ante el análisis realizado, se tiene que al perdidoso del proceso social de pago de beneficios sociales -ahora impetrante de tutela-, sólo le queda pagar dicha obligación, emergente de una sentencia ejecutoriada en materia social, que tiene protección reforzada prevista en el art. 48 parágrafos I, II, III y IV de la CPE, no pudiendo ser ignorada por ninguna autoridad, menos por el solicitante de tutela que no probó los extremos reclamados en la presente demanda constitucional. Consecuentemente, no se advierte la vulneración a los derechos a la libertad, a la salud y a la vida que alegó el peticionante de tutela, ya que el mandamiento de apremio librado en su contra siguió el debido proceso antes de emitirse el mismo. Por todo lo expuesto, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 “El Estado se sustenta en los valores de (…) libertad…”. Art. 8.II. de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. Gaceta oficial de Bolivia, La Paz, 2009.
4 STEINER, Christian; URIBE, Patricia, Uribe, Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada. Konrad Adenauer Stiftung, Bolivia, 2014, pág. 718.
5 Ibídem, pág. 732.
6 El FJ III.3, asumiendo el entendimiento de la SC 0239/2003-R de 27 de febrero, reiteró que: “ʽ…en ejecución de sentencia el litigante perdidoso debe ser notificado con la conminatoria previamente al cumplimiento de la obligación en el término que le fija, vencido el cual y al no hacer efectiva la misma se dispone su apremio´; señalando: `(…) el art. 137.I inc. 5) y II del CPC que establece: «cuando se trate de resoluciones que contuvieren conminatorias, se harán por cédula en los domicilios señalados por las partes para los efectos del proceso, a menos de que ellas hubieren sido notificadas personalmente» (…)´”.
7 El FJ III.2, establece: “La ejecución del mandamiento de apremio es un acto del proceso laboral, realizado en ejecución de sentencia, en mérito de lo que, en principio, debe ser intentada en días y horas hábiles, y únicamente ante el ocultamiento malicioso del obligado o la imposibilidad de cumplir ese acto en horas hábiles, a pedido de parte, el Juez podrá ordenar la habilitación de días y horas inhábiles, lo que no ocurrió en el presente caso, ya que además de haber dispuesto el apremio sin especificar tal habilitación, no existió nunca solicitud de parte para tal fin, por lo cual la expedición de dicho mandamiento firmado por el propio Juez recurrido, con la habilitación de horas inhábiles, y la ejecución del mismo en horas de la noche, por la permisión de la autoridad judicial dada en el mandamiento Nº 17161, fue ilegal -desvirtuando así lo aseverado por el recurrido, resumido en el numeral I.2.2-b) de esta Sentencia- lo que da lugar a la procedencia de hábeas corpus, únicamente para la reparación de los daños y perjuicios causados al recurrente, que se encuentra gozando de libertad”
8 En el F.J III.2., señala: “Las personas jurídicas por su propia naturaleza están definidas como mera creación de la ley; es decir, son entes que aparecen en la escena jurídica únicamente por definición de la norma; por lo tanto, están dotadas de la suficiente aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, de ahí que emerge la capacidad de celebrar actos jurídicos; sin embargo, considerando su propia naturaleza, las personas jurídicas necesariamente requieren de una representación -que indefectiblemente debe recaer en una persona natural-, a los fines de materializar las relaciones jurídicas. En el marco de lo señalado anteriormente, en el ámbito del proceso laboral, concretamente en ejecución de sentencia, se prevé la posibilidad de librarse el mandamiento de apremio contra el responsable del pago de la obligación de carácter social; es decir, contra la persona que omitió la cancelación de los beneficios sociales o derechos emergentes de la relación laboral, pese a la existencia de una sentencia ejecutoriada que declare probada la demanda; así, el art. 216 del CPT, dispone: “Si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia, el litigante perdidoso no cumple su obligación, el Juez librará mandamiento de apremio del ejecutado”. Al respecto, la jurisprudencia constitucional uniformemente ha comprendido que dicha medida con efectos extremos sobre la libertad física de la persona, no debe ser comprendida como una sanción sobre el incumplimiento de las obligaciones sociales, sino que, su naturaleza y finalidad debe ser asumida como una medida compulsiva tendiente a asegurar el cumplimiento y garantizar la eficacia de los derechos del trabajador”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0704_2023-S1.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 274e600a4c0d40043add685520bbd60b7e404d4d5ad42b33fa80987991ceccf9
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