Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 15 de octubre de 2024
Concede la tutela
El solicitante de tutela denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, el derecho a la vida, y a la salud; toda vez que, la autoridad demandada no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni hasta la fecha de presentación de su acción tutelar; en la cual, se ordenó su reinserción laboral al mismo cargo que ocupaba y el pago de sueldos devengados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos, son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 115/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 83 a 87 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo que el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, dé cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI de 28 de septiembre, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, en los mismos términos dispuestos en la mencionada Resolución, debiendo proceder a la reincorporación inmediata del accionante, al mismo cargo que venía ejerciendo, con la misma remuneración que venía percibiendo, más salarios devengados que correspondan a la fecha, sea en el plazo máximo de tres días a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0703/2024-S4 Sucre, 15 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 52695-2023-106-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 115/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 83 a 87 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmelo Ernesto Montaño Moreno contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador; y, Freddy Daleney Granier, Secretario Departamental de Planificación y Desarrollo Económico; ambos, del Gobierno Autónomo Departamental del Beni.
Por memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2; y, 30 a 33, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 26 de febrero de 2020, ingresó a trabajar en la Secretaria de Planificación y Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, habiendo trabajado en diferentes áreas; y por último el 9 de mayo de 2022, fue rotado a la Dirección de Educación y Cultura, específicamente al museo KENNETH LEE, como encargado de área verde; empero, no se le canceló sueldos desde mayo a noviembre de igual año, lo que constituye un despido indirecto e injustificado; más, cuando tiene bajo su dependencia una hija con el “84%” de discapacidad múltiple físico-motora. Por tal razón acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, entidad que emitió la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI de 28 de septiembre, ordenando su inmediata reincorporación al mismo cargo que ocupaba antes del despido; sin embargo, la institución ahora demandada hizo caso omiso a dicha determinación pese a las reiteradas notas enviadas solicitando el cumplimiento de la misma; tales como del 3, 13 de octubre y el 1 de noviembre de 2022.
El impetrante de tutela denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, el derecho a la vida, y a la salud, citando al efecto los arts. 15, 18, 22, 24, 35, 46, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: a) El cumplimiento inmediato de la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI, y por consiguiente su inmediata restitución laboral al cargo que ocupaba como Técnico II en Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental del Beni; y, b) La cancelación de los salarios devengados desde mayo a noviembre de 2022 por el monto total de Bs31 500.- (treinta y un mil quinientos bolivianos).
Celebrada la audiencia virtual de 19 de diciembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 79 a 82, presentes el solicitante de tutela, y las autoridades demandadas, ambos asistidos de sus abogados, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó el contenido íntegro de la demanda de acción de amparo constitucional; y ampliándola, manifestó que: 1) A la fecha solo se le canceló del mes de abril de 2022; además, fue rotado a la Dirección de Educación y Cultura en el Museo KENNET LEE, como encargado de área verde, quedando pendiente de pagos los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022; por lo que, al realizar los reclamos a Recursos Humanos (RR.HH.), demostraron que no tenían la intención de cumplir con la cancelación de sus sueldos devengados; más al contrario, indicaron que ya no era funcionario de esa institución configurando esta acción en un despido indirecto; y, 2) El incumplimiento de la citada Conminatoria vulneró sus derechos fundamentales, como al trabajo, a una remuneración justa; y por consiguiente, a la vida y a la salud, establecidos en los arts. 14, 15, 18, 22, 24, 35, 48 y 49 de la CPE; asimismo, la Resolución Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, la Resolución de Doctrina Constitucional ( RDC) 0001/2021 de 16 de junio, resolvió unificar la línea jurisprudencial relativa al incumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadores en general que contempla demás la relación de reincorporación y el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, habiéndose agotado la instancia administrativa y al no existir otro medio o recurso legal capaz de brindar la protección y restablecer de manera inmediata los derechos y garantías vulnerados, solicitó se conceda la tutela solicitada.
José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental del Beni; y, Freddy Daleney Granier, Secretario Departamental de Planificación y Desarrollo Económico, a través de su representante legal mediante informe escrito presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 73 a 75, y en audiencia, manifestó que: i) El impetrante de tutela reveló la condición de inamovible, por la condición física motora de 84% de su hija; la misma que, fue evaluada y certificada por el programa de discapacidad del Servicio Departamental de Salud (SEDES)-BENI y se evidencia por el Carnet de Discapacidad y demás documentos adjuntos; ii) Mediante INFORME D.RR.HH-LEGAL 298/2022 de 13 de diciembre, se indicó en el punto 2) que, de acuerdo a los antecedentes que cursa en esta Dirección Departamental de RR.HH. el solicitante de tutela NO ESTA dentro de la planilla de los inamovibles; iii) Con el accionante se hizo un contrato administrativo de personal eventual GAD-BENI-C.E-279/2022 de 3 de enero, hasta el 29 de abril de 2022; sin embargo, no firmó su contrato y aun así se procedió al pago de los sueldos de enero a abril de 2022, por la presión que ejercieron las personas con discapacidad al haber tomado las instalaciones del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, obstaculizando el trabajo de los funcionarios de dicha institución pública; iv) Existe un Informe D.RR.HH-LEGAL 02-F/2022 de 28 de abril, emitido por Roberto Sandoval Algarañaz Asesor Legal de RR.HH. “REMITE INFORME LEGAL DE NO CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE BENEFICIARIOS PARA LA INSERCION LABORAL OBLIGATORIA” claramente dice “habiéndose evidenciado, a través del saneamiento de documentos de todo el personal que goza de inamovilidad por discapacidad o tutoría/interdicto y otros, asimismo en coordinación con la Dirección de Bienestar Laboral y Previsión Social y la Dirección de CODEPEDIS a través de su trabajadora social, revisándose las carpetas/files de todo el personal de la Gobernación de Beni” (sic), en el que determinan que los requisitos exigidos en la Ley 223 y el Decreto Supremo 3437 en el art. 4 respecto a los: “Requisitos de beneficiarias y beneficiarios para la inserción laboral obligatoria numeral 2) inciso c) para tutora o tutor: Copia legalizada de la resolución judicial de nombramiento por lo tanto el Sr. Carmelo Ernesto Montaño Moreno no cumplía con los requisitos exigidos por la ley” (sic); debido a que, había presentado en gestiones pasadas documentación de su hija, pero no cuenta con la resolución judicial de nombramiento de tutor; v) Existe la causal para su desvinculación; y, respecto a que si se adeuda sueldos devengados no resulta cierto; dado que, su contrato concluyó el 29 de abril de 2022; asimismo, existe un informe emitido por Thania Andrea Suarez Chávez, Visitadora Social-Bienestar laboral GAD-BENI de 27 de junio “REF: TRABAJO DE CAMPO DEL MES DE JUNIO/2022.- dentro de las competencias de la Dirección Bienestar Laboral y Previsión Social (…), realizar periódicamente una serie de visitas en el lugar de trabajo” (sic), señalando que, el 20 de mayo del citado año, acudió a casa del impetrante de tutela, donde se pudo evidenciar lo siguiente, que su hija con discapacidad física motora, vive en el barrio Villa Monasterio con su madre, y que, la visita de manera muy esporádica; además que, no se hace cargo de sus gastos y mucho menos de ella; de igual manera, no cuenta con inamovilidad laboral, debido a que, sus documentos no fueron ingresados a esta dirección, quedando claro que no se le adeuda pagos de mayo a noviembre de 2022, debiendo tener presente la SCP 0932/2016-S3 de 6 de septiembre; y, vi) La inamovilidad laboral también tiene ciertas salvedades, quedan exceptuados de la aplicación por ejemplo de trabajadores que ejercen cargos de dirección, que sean contratados de manera temporal u ocasionales; además, que los funcionarios públicos que se rigen por la norma del Estatuto del Funcionario Público (EFP); por lo tanto, la Jefatura no tiene competencia para establecer dicha situación; puesto que, se considera que es un trabajador que está amparado bajo el EFP; ya que, es un contrato temporal o eventual de acuerdo a la SCP 0657/2017-S3, no correspondía aceptar la acción planteada, para que se habilite la judicatura laboral como corresponde; además, se debe considerar que no existe un contrato de trabajo, el mismo que ya fue concluido el 29 de abril de 2022 y la inamovilidad como corresponde no tiene valor legal en este caso.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 115/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 83 a 87 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI de 28 de septiembre, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni; en consecuencia, la inmediata reincorporación del solicitante de tutela a su puesto que ocupaba y el pago de sus sueldos devengados. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Cursa el Certificado de nacimiento de la niña NN, quien tiene como progenitor a Carmelo Ernesto Montaño Moreno –ahora accionante–; asimismo, el Carnet de Discapacidad donde se establece que NN tiene una discapacidad múltiple deficiencia física-motora con un porcentaje del 82/%, enmarcándose dicha protección constitucional a lo establecido dentro de la jurisprudencia constitucional; asimismo, cursa la Conminatoria de Reincorporación 025/2022; por la cual, la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, a través de trámite administrativo conminó al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, a la reincorporación del impetrante de tutela al mismo cargo y la misma remuneración que venía percibiendo, más los salarios devengados correspondientes a la fecha de su reincorporación; y, b) Se procedió a la notificación del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, para el cumplimiento de dicha Conminatoria y mediante notas en tres oportunidades se solicitó el cumplimiento; empero, ello no ocurrió; dado que, conforme a la Unificación de la Jurisprudencia se estableció que cuando exista conminatoria de reincorporación se tiene que dar el cumplimiento íntegro de la misma sin omitir ninguna de sus determinaciones; más aún, cuando se trata de un grupo vulnerable se debe otorgar protección reforzada, lo que se traduce en una transgresión a los derechos del solicitante de tutela a la inamovilidad laboral como padre progenitor de una menor de edad con discapacidad y también su derecho al trabajo y a recibir una remuneración digna.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI de 28 de diciembre, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni; por la que, se conminó al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, a la reincorporación de Carmelo Ernesto Montaño Moreno –ahora accionante– al mismo cargo que venía ejerciendo, con la misma remuneración que venía percibiendo, más salarios devengados que corresponda a la fecha de su reincorporación; conforme al formulario de notificaciones; la citada Resolución fue recibida por la institución demandada el 3 de octubre de 2022 (fs. 22 a 26). II.2. Cursa Formulario de Notificación de 3 de octubre de 2022, la Jefatura de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Beni; en el cual, se observa la notificación personal realizada al empleador José Alejandro Unzueta Shiriqui –ahora demandado–, a través de su representante legal, con la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI (fs. 26). II.3. Mediante Nota de 3 y 13 de octubre de 2022; así como, de 1 de noviembre de igual año; a través de las cuales, el hoy impetrante de tutela solicitó al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, el cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral y cancelación de sueldos devengados (fs. 27 a 29 vta.).
El solicitante de tutela denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, el derecho a la vida, y a la salud; toda vez que, la autoridad demandada no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni hasta la fecha de presentación de su acción tutelar; en la cual, se ordenó su reinserción laboral al mismo cargo que ocupaba y el pago de sueldos devengados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos, son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Partiendo de un análisis comparativo y valorativo de la jurisprudencia constitucional referida al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, denunciado a través de la acción de amparo constitucional, la Sala Plena del Tribunal Constitucional, mediante la RDC 0001/2021 de 16 de junio, advirtiendo la existencia de precedentes contradictorios ,efectuó un análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el tema, destacando la protección que brinda el Estado boliviano a través de la emisión de normas que garantizan el respeto y protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores; así como, su realización, estableciendo además que corresponde a los órganos encargados de resolver conflictos laborales –administrativos o judiciales–, interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo los principios de protección a las trabajadoras y trabajadores, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión del onus probandi. En este marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional, determinó que antes de las modificaciones e inclusiones efectuadas por el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, al DS 28699 de 1 de mayo de 2006, cuando el trabajador optaba por su reincorporación y se constataba la negativa del empleador de dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para impugnarla, adjuntando como prueba del despido injustificado, la propia conminatoria de reincorporación laboral emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo, siendo que la justicia constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente al análisis de las problemáticas vinculadas con el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, remitiéndose las mismas a la jurisdicción ordinaria. No obstante, a partir de la emisión del indicado DS 0495 que modificó el parágrafo III e incluyó los parágrafos IV y V, ambos del art. 10 del DS 28699, el tratamiento de las denuncias de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en la justicia constitucional, cambió sustancialmente, al establecerse en el parágrafo V del mencionado artículo que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo V del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; precepto normativo que se halla en concordancia con lo dispuesto por el art. 3 de la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre. Es en base a dicha normativa, que los entendimientos jurisprudenciales referidos al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación, sufrieron un cambio significativo, ya que desde entonces, cuando una trabajadora o un trabajador demanda la reincorporación a su fuente de trabajo, ante un despido sin causa justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretenden, solamente se exige acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo; siendo que, ante la emisión de una conminatoria de reincorporación y aun ante la posibilidad de impugnarla en la vía administrativa o judicial, en mérito al nuevo paradigma de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, no resulta imprescindible agotar las mismas para demandar su cumplimiento ante la justicia constitucional que, ante su inobservancia, viabilizará la concesión de la tutela a través de la acción de amparo constitucional. Bajo dichos entendimientos, la señalada RDC 0001/2021, efectuando una labor de unificación de los precedentes jurisprudenciales, extrayendo el desarrollo interpretativo de las normas jurídicas efectuado en cada resolución constitucional que, por mandato del art. 203 de la CPE, es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio; y se constituye, en resguardo de la seguridad jurídica y en protección de los derechos fundamentales, con la finalidad de evitar que situaciones símiles sean resueltas de forma distinta, al amparo del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), imponiendo una mínima racionalidad y universalidad, con el objeto de evitar la dispersión de criterios interpretativos, asumió la decisión de aplicar el criterio hermenéutico con el más alto estándar de protección de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, cuando se demande el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral. En este contexto la indicada Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, estableció lo siguiente: “1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos de la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; es decir:
1.i) Cuando un trabajador o trabajadora sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional –abstrayendo el principio de subsidiariedad– cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador.
1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, siendo netamente provisional la otorgación de tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;
1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria citada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;
1.v) La Justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar –incluyendo la prueba–, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,
1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas. 2) Con relación al cumplimiento integral de la conminatoria del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero”. Entendimientos éstos que, conforme se tiene señalado, de acuerdo al mandato expreso del art. 203 de la CPE, dado su carácter vinculante y obligatorio, aun para la propia justicia constitucional, deben ser aplicados en todos aquellos casos, en los cuales una trabajadora o un trabajador, denuncie a través de la acción de amparo constitucional, el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, quedando abiertas la vía administrativa y/o judicial, a efectos que el empleador, pueda impugnarla.
Esto, sin perjuicio de su inmediato cumplimiento.
El 30 de septiembre de 2022, fue promulgada la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de derechos laborales, cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical; estableciendo a dicho efecto, el procedimiento especial para su restitución, incluyendo su ámbito de aplicación a todas las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la Ley General del Trabajo, correspondiendo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las correspondientes Resoluciones de Restitución de Derechos Laborales, que constituyen actos administrativos de alcance particular, gozan del principio de legalidad y presunción de legitimidad (arts. 1 al 3). En armonía con dichos preceptos, el art. 12 del cuerpo normativo en análisis, refiriéndose a las resoluciones emergentes de las denuncias de despido sin causa justificada, definidas por el art. 5 de la Ley 1468, como “a) El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleador, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 244, de 23 de agosto de 1943; b) El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando esta exceda de seis (6) días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificación”; determina que, una vez corridos los trámites previos establecidos en los arts. 6 al 11 de la misma norma, se dictará la correspondiente resolución, de acuerdo al art. 12 determinándose: “I. En conocimiento de dicho informe, luego de analizar y valorar los antecedentes que formen parte del expediente, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución debidamente fundamentada y motivada: a) Disponiendo que la empleadora o el empleador proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador en las mismas condiciones anteriores al momento del despido sin causa justificada que comprende el pago de salarios devengados por el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral; la restitución de los derechos a la seguridad social de corto y largo plazo; el pago de subsidios por maternidad en caso de corresponder; el pago de salarios adeudados a las trabajadoras o los trabajadores; otros derechos que hubiesen sido afectados y el cumplimiento del fuero sindical; o, b) Disponiendo el rechazo de la denuncia.
II. En caso de denuncia colectiva, la decisión asumida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá ser emitida individualizando la situación de cada trabajadora o trabajador”. Por su parte, el art. 13 de la referida Ley, prevé el recurso de revisión como mecanismo de impugnación inmediato ante la propia instancia laboral, determinando lo siguiente: “I. Si la trabajadora o el trabajador o en su caso la empleadora o el empleador considerase afectados sus derechos con la Resolución de Reincorporación Laboral, la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o la Resolución de Cumplimiento del Fuero Sindical, emitida por la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo, podrá impugnar la misma a través del Recurso de Revisión. II. La impugnación a la Resolución de Reincorporación Laboral, a la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario, o a la Resolución de Cumplimiento al Fuero Sindical, no implica la suspensión de su ejecución. III. El Recurso de Revisión deberá ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emitió la Resolución de primera instancia, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo alternativa de ser desestimada. IV. En el plazo de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto el Recurso de Revisión, la Jefa o el Jefe Departamental o Regional de Trabajo deberá remitirlo junto con sus antecedentes a conocimiento de la Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. V. La Ministra o el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para resolver el Recurso de Revisión, tendrá el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el cual se computará a partir de su interposición. Resuelto el Recurso de Revisión, en el plazo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tendrá el plazo de tres (3) días hábiles para notificar a las partes. VI. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Resolución de Reincorporación Laboral o la Resolución de Cumplimiento de Pago de Remuneración o Salario deberá confirmarla o revocarla, total o parcialmente; en caso de ser confirmatoria, deberá establecer la liquidación de los salarios devengados y otros derechos que pudiesen corresponder, suma líquida y exigible que constituye título coactivo a efectos de la presente Ley. VII. La Resolución Ministerial que resuelva el Recurso de Revisión interpuesto contra la Resolución de Cumplimiento de Fuero Sindical deberá confirmar o revocar lo dispuesto en la resolución de primera instancia. VIII. La Resolución Ministerial, en los casos señalados en los Parágrafos VI y VII precedentes, deberá ser cumplida en sus términos en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación, bajo alternativa de su ejecución en la vía judicial, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley”. Adicionalmente y regulando el procedimiento ulterior al agotamiento de la vía administrativa laboral, ante el incumplimiento de lo dispuesto y a los efectos de la ejecución la resolución de restitución de derechos laborales, el art. 14 del mismo compilado legal determina que: “I. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución.
II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales. III. El plazo para plantear la solicitud de ejecución de la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, será de diez (10) días hábiles, computables a partir de la legal notificación a la trabajadora o el trabajador. IV. El Juez de Trabajo examinará el título coactivo previsto en el Parágrafo VI del Artículo 13 de la presente Ley y emitirá Auto de Cumplimiento en el plazo de tres (3) días hábiles, vencido el mismo y en caso de incumplimiento, dispondrá la aplicación inmediata de las medidas que fuesen necesarias para efectivizar la restitución de los derechos laborales vulnerados, como ser, retención de fondos hasta el monto de la liquidación efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, anotación preventiva, embargo y posterior remate de bienes, y en su caso la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 216 del Código Procesal del Trabajo. V. El obligado, únicamente, podrá oponer excepciones referidas al cumplimiento del título coactivo o restitución del fuero sindical, impersonería del obligado y de pago de los beneficios sociales a la trabajadora o el trabajador.
VI. Todas las excepciones se opondrán al mismo tiempo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la notificación con la solicitud de ejecución y el auto de cumplimiento, acompañando prueba pre constituida. VII. Opuestas las excepciones, el Juez, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles, dispondrá traslado a la parte que hubiere presentado la solicitud de ejecución coactiva, el cual, deberá ser notificado en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para que sean respondidas en plazo similar. VIII. Cumplido lo dispuesto en el Parágrafo anterior, con o sin respuesta, el Juez emitirá pronunciamiento en el término improrrogable de tres (3) días hábiles, declarando probadas o improbadas las mismas. Pronunciamiento que deberá ser notificado en los siguientes tres (3) días hábiles. IX. Los plazos establecidos en el presente Artículo son improrrogables y de cumplimiento obligatorio, bajo alternativa de responsabilidad. X. En caso de que las partes interpongan Recurso de Apelación con relación a la resolución emitida por el juez, la misma será concedida únicamente en efecto devolutivo, por lo que no se suspenderá su ejecución”. Previéndose de manera complementaria en el art. 15 siguiente, que “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales, sin perjuicio de su ejecución por el procedimiento establecido en la presente Ley, podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común”. En cuanto a la entrada en vigencia de la normativa previamente glosada, la Disposición Transitoria Primera, establece: “La presente Ley entrará en vigencia en el plazo de treinta (30) días calendario, computables a partir de su publicación”, determinando en la Disposición Transitoria Segunda que: “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo Nº 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. Finalmente, la Ley 1468, mediante las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias, abrogó el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010 y derogó los Parágrafos III, IV y V del Artículo 10 y el Artículo 13 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006.
Ahora bien, del análisis sistemático de la norma previamente glosada, se evidencia que la misma tiene por objeto regular el procedimiento de denuncias ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo por despidos injustificados y la forma en la cual, las resoluciones emitidas por dicha instancia pueden impugnar, inicialmente ante la misma repartición estatal como posteriormente ante la judicatura laboral; pudiendo además, y ante el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia administrativa laboral, remitirse obrados directamente a efectos de su acatamiento a la señalada jurisdicción; siendo en consecuencia que, como efecto de la derogatoria del DS 0495, ya no resulta viable acudir directamente a exigir el cumplimiento de las decisiones asumidas por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, ante la jurisdicción constitucional. No obstante, teniendo presente que la normativa revisada establece que entrará en vigencia treinta días después de su promulgación el 30 de septiembre de 2022; es decir, que será aplicable a partir de 1 de noviembre de igual año, resulta necesario efectuar una aclaración con referencia al contenido normativo de la Disposición Transitoria Segunda, glosada en párrafos precedentes y que determina que “Las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hayan iniciado conforme al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, modificado por el Decreto Supremo N° 0495, de 1 de mayo de 2010, deberán adecuarse en su tramitación conforme a lo previsto en la presente Ley, a partir del estado en el que se encuentren, debiendo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitir los criterios para su adecuación, que serán establecidos en el Protocolo de Actuación”. En este contexto y a la luz de los principios protectores, de continuidad de la relación laboral, proteccionista, intervencionista, de primacía de la realidad y de no discriminación, estatuidos en el art. 4 del DS 28699; así como, los principios generales del derecho laboral de favorabilidad, pro operario e irrenunciabilidad de los derechos laborales, este Tribunal considera pertinente establecer la normativa analizada y que ingresa en vigencia a los efectos legales pertinentes el 1 de noviembre de 2022, no puede ser aplicada de manera retroactiva a las Conminatorias de Reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas Departamentales del Trabajo con anterioridad a la vigencia de la norma, en cuyo caso, las causas presentadas ante la jurisdicción constitucional en denuncia del incumplimiento de las conminatorias de reincorporación anteriores al 1 de noviembre de 2022 y que además hayan sido presentadas dentro del plazo de seis meses previsto en el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), deberán resolverse en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la RDC 0001/2021, señalada en el Fundamento Jurídico que antecede.
Razonamiento que también se hace extensible a las partes demandadas, que en el tenor de los entendimientos antes expresados, podrán, siguiendo el procedimiento establecido por esta jurisdicción con carácter previo a la vigencia de la Ley 1468, activar los mecanismos de impugnación ante la instancia laboral (revocatoria y jerárquico) y/o en su defecto, ante la judicatura laboral; ante las cuales, deberán efectuar las reclamaciones que consideren pertinente.
El accionante denunció como lesionados sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, y el derecho a la vida, a la salud; toda vez que, la autoridad demandada no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni hasta la fecha de presentación de su acción tutelar; en la cual, se ordenó su reinserción laboral al mismo cargo que ocupaba y el pago de sueldos devengados. Con carácter previo a la resolución de la problemática planteada y atendiendo el análisis realizado en el Fundamento Jurídico que antecede respecto a la Ley 1468, es preciso aclarar que si bien la presente acción de amparo constitucional se circunscribe a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral y pago de salarios devengados, resuelta en el marco de lo previsto por el DS 0495 y la RDC 0001/2021; debido a que, conforme se tiene de antecedentes, la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI, fue emitida el 28 de septiembre; es decir, con anterioridad a la promulgación y vigencia de la señalada Ley 1468 –30 de septiembre de 2022–; la cual, por las razones expuestas en el apartado que antecede, no puede ser aplicada de manera retroactiva. Ahora bien, una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes arrimados al expediente; de lo cual se tiene que, el impetrante de tutela prestó sus servicios en diferentes unidades del Gobierno Autónomo Departamental del Beni; en tal circunstancia, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni; toda vez que, no se le canceló sus salarios de mayo a noviembre de 2022, en consecuencia la instancia administrativa laboral emitió la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI, ordenando la inmediata restitución de éste, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación, más el pago de salarios devengados que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación, determinación que fue notificada al demandado el 3 de octubre de 2022; y por su parte el accionante solicitó el cumplimiento de dicha Conminatoria mediante notas enviadas el 3 y 13 de octubre de 2022; así como, del 1 de noviembre de igual año.
En ese contexto y de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, mediante la RDC 0001/2021, se estableció que la línea jurisprudencial que deberá seguir el Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la forma de resolución del presente caso, referido a la denuncia de incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe ser la desarrollada por la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre; por contener el estándar más alto de protección de derechos fundamentales; la cual, establece que con el objeto de resguardar al trabajador ante despidos intempestivos y sin causa legal justificada, se creó un procedimiento administrativo sumarísimo; por el cual, se otorgan facultades al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que sea esta entidad administrativa, por medio de las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo, la que establezca si el retiro es justificado o no; y en mérito a ello, emitir si corresponde, una resolución de conminatoria de reincorporación, para luego, en caso de que el empleador se resista a su cumplimiento, acudir a la jurisdicción constitucional. La indicada protección, conforme se tiene fundamentado en la RDC 0001/2021, no implica que la jurisdicción constitucional se constituya en una instancia más, dedicada a la ejecución de decisiones administrativas ni se le atribuya a este Tribunal, funciones coercitivas que obliguen al cumplimiento de las mismas; sino, en un mecanismo rápido y efectivo para el restablecimiento del derecho fundamental al trabajo, a un empleo digno y a la estabilidad laboral, y otros que de ellos deriven, a través de la materialización del cumplimiento de la orden de restitución del trabajador a su fuente laboral, más el consecuente pago de los salarios devengados y otros derechos sociales que le correspondan, salvando los derechos del empleador de acudir a la vía administrativa o jurisdiccional, para cuestionar o impugnar jurídicamente la conminatoria emitida. En cumplimiento del principio de favorabilidad, tal como se fijó precedentemente, corresponde aplicar el estándar más alto que se determina por el derecho del trabajador a la estabilidad laboral; el cual, está reconocido por la Constitución Política del Estado, siendo de aplicación directa e inmediata, conforme prevé el art. 109.I de la Norma Suprema, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, corresponde proteger a los trabajadores de un despido arbitrario, sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, resueltas bajo normas expresas en proceso administrativo interno; en armonía con lo que estipula el art. 49.III de la Ley Fundamental, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.
En ese contexto, por mandato de lo previsto en el art. 10.III del DS 28699, modificado por los parágrafos IV y V del DS 0495, la conminatoria, a partir de su notificación se convierte en obligatoria en su cumplimiento; la misma que, no obstante de ser susceptible de impugnaciones posteriores en la vía administrativa o judicial, es de ineludible cumplimiento por parte de los empleadores; resultando en consecuencia, que la presente acción de defensa, surge únicamente con la finalidad de que se cumpla con el mandato de las conminatorias de reincorporación laboral, en el ámbito de una protección de carácter provisional y extraordinaria; dado que, como se expresó precedentemente, se salvan los resultados de fondo que pudieran emerger de la activación de los medios de impugnación administrativos o judiciales, por la parte demandada. Es así que, de los antecedentes anotados, se tiene que el 3 de octubre de 2022, se notificó al Gobierno Autónomo Departamental del Beni, con la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, entidad pública laboral que conminó a la autoridad demandada, la inmediata reincorporación del accionante al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación más el pago de salarios devengados. Teniéndose que, pese a las notas de 3 y 13 de octubre y 1 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela solicitó a la entidad demandada al cumplimiento de la Conminatoria citada anteriormente; empero, no existe constancia que se haya cumplido pues, en contrario a tiempo de responder a la presente demanda tutelar, erróneamente se circunscriben con realizar argumentos de fondo sobre la inamovilidad del accionante cuando corresponde que dichos argumentos sean expuestos ante la autoridad laboral, siendo pertinente ante esta sede constitucional solo pronunciarse sobre el cumplimiento o no de la referida conminatoria; es así que, de acuerdo a lo previsto por los arts. 45, 46.I.2, 48; 49.II y III de la CPE, con relación a las normas laborales establecidas en los Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 0495, éstas se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador; consecuentemente, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, resulta imperativo aplicar, interpretar y pronunciarse favorablemente respecto los derechos laborales que en la problemática analizada han sido denunciados como vulnerados y que fueron previamente reconocidos y restablecidos por la instancia administrativa laboral competente, dentro del marco de las previsiones contenidas en los DDSS 28699 y 0495. Por todo lo expuesto, se concluye que la entidad demandada, al no haber dado cumplimiento estricto de la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni; efectivamente vulneró los derechos del accionante como son al trabajo, y a la estabilidad laboral; por lo que, en base a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada. Debiendo la autoridad demandada, cumplir con la Conminatoria de reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI, en su integridad, sin omitir ninguna de sus determinaciones; es decir, que además de la reincorporación laboral del impetrante de tutela, debe cumplirse con el pago de salarios devengados y otros derechos sociales que señalaría la misma, mientras no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto.
Finalmente, se debe resaltar que la tutela otorgada por este Tribunal, posee un carácter extraordinario y provisional y debe cumplirse de inmediato, no obstante la existencia de vías de impugnación; extremo que, no implica óbice alguno que impida el cumplimiento de la citada Conminatoria emitida a favor del solicitante de tutela, o incluso aún expedita la vía impugnativa en sede judicial; la cual, puede ser activada por la parte demandada a través de los medios recursivos que prevé el ordenamiento jurídico; instancia ante la cual, podrá esgrimir los argumentos que fueron presentados ante este Tribunal; toda vez que, no corresponde a la justicia constitucional, analizar ni valorar la actividad jurisdiccional desplegada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la resolución de la presente causa y menos ingresar al análisis sobre su fundamentación, así fue establecido en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico precedente, que prevé el cumplimiento inmediato de la mencionada Conminatoria emitida en favor del trabajador. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 115/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 83 a 87 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, CONCEDER provisionalmente la tutela solicitada, disponiendo que el Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, dé cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación 025/2022 PAD-JDTEPS BENI de 28 de septiembre, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo de Beni, en los mismos términos dispuestos en la mencionada Resolución, debiendo proceder a la reincorporación inmediata del accionante, al mismo cargo que venía ejerciendo, con la misma remuneración que venía percibiendo, más salarios devengados que correspondan a la fecha, sea en el plazo máximo de tres días a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0703_2024-S4.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): f9b8d3b682c187cce314957dd1c40616857de71175c08d035bc7d2a2f27acc0b
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