B.IA.LEGAL

SCP 0703/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 11 de noviembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
11 de noviembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
62686-2024-126-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte impetrante de tutela denuncia la vulneración de los derechos de sus hijos al debido proceso, a la defensa y los principios de legalidad e interés superior del niño; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violación; por el cual, se encuentran detenidos preventivamente en el ”Centro de Reintegración Social Varones de la ciudad de La Paz”, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, de manera sistemática cometió un conjunto de vulneraciones de derechos humanos, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) En cuanto a su aprehensión, subsumió la conducta de los menores al tipo penal de violación, sin individualizar su participación en el hecho, aplicando un ordenamiento jurídico ordinario en vez de la norma especial como es la Ley 548 -art. 287-; 2) En cuanto a su declaración informativa, consignó como abogado defensor de los menores a “Fausto Yanarico Mamani”, quien al mismo tiempo ejerció como abogado de la DNA, además de ser denunciante y representante de la víctima; 3) La imputación formal carece de eficacia, porque la declaración informativa de los menores infractores no se llevó con las formalidades de ley, siendo este un requisito necesario frente a la justicia para su posible formalización; 4) En la imputación formal, los hechos endilgados de “agosto y diciembre” en los cuales se implica a los menores infractores, resultan generalizados y no establecen modo, tiempo, lugar y grado de participación conforme prevé el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2024 de 13 de marzo, cursante de fs. 104 a 107 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por vulneración de los derechos al debido proceso, defensa, relacionado al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente de la parte accionante, conforme lo señalado en la sub problemática III.6.5 del presente fallo constitucional. 2° Se dispone que la autoridad fiscal demandada, en el plazo de veinticuatro horas de conocer el presente fallo constitucional, otorgue respuesta a cada uno de los memoriales cuestionados por la parte impetrante de tutela; empero, siempre considerando que toda respuesta debe partir de una protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando su revictimización y un eventual maltrato por el desarrollo de dichos actos investigativos, considerando que los peritajes técnicos no deben ser exigidos a la mujer víctima de violencia.

3° DENEGAR la tutela solicitada en razón de lo señalado en las sub problemáticas III.6.1, III.6.2, III.6.3, III.6.4 y demás Fundamentos Jurídicos citados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía
  2. III.2. La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación
  3. III.3. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad
  4. III.4. El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños
  5. III.5. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0703/2024-S1 Sucre, 11 de noviembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 62686-2024-126-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2024 de 13 de marzo, cursante de fs. 104 a 107 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Santos Chejo Parisaca, Cesar Quenallata Santos y Mario Aliaga Luque, todos en representación de sus hijos menores de edad contra Juan Rojas Apaza, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de marzo de 2024, cursante de fs. 42 a 57 vta., la parte accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

COMO ANTECEDENTE SE SEÑALA: En fecha 13 de diciembre de 2023, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), ambos del GAM de Escoma, presentaron denuncia penal en contra de sus hijos menores de edad y otros por los delitos de violación y abuso sexual, derivando entre calumnias y contradicciones sean aprehendidos, imputados y puestos en detención preventiva junto a otros jóvenes en el “Centro de Reintegración Social para Adolescente Varones” de la ciudad de La Paz. HECHO QUE MOTIVA LA PRESENTE ACCIÓN DE DEFENSA: Durante todo el proceso, el Fiscal de Materia ahora demandado, de manera sistemática cometió un conjunto de violaciones de derechos humanos, aplicando el ordenamiento jurídico ordinario en un caso que compete la aplicación de la Justicia Especializada para Adolescentes conforme prevé el art. 261 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; así mismo violentó el derecho de los menores al debido proceso en su componente del derecho a la defensa al no emitir requerimientos solicitados; dichos extremos en los que incurrió la autoridad fiscal, es descrita de manera amplia a continuación: a) En cuanto a su aprehensión, subsumió la conducta de los menores al tipo penal de violación, sin individualizar su participación en el hecho, aplicando un ordenamiento jurídico ordinario en vez de la norma especial como es la Ley 548 -art. 287-; b) En cuanto a su declaración informativa, consignó como abogado defensor de los menores a “Fausto Yanarico Mamani”, quien al mismo tiempo ejerció como abogado de la DNA, además de ser denunciante y representante de la víctima; c) La imputación formal carece de eficacia, porque la declaración informativa de los menores infractores no se llevó con las formalidades de ley, siendo este un requisito necesario frente a la justicia para su posible formalización; d) En la imputación formal, los hechos endilgados de “agosto y diciembre” en los cuales se implica a los menores infractores, resultan generalizados y no establecen modo, tiempo, lugar y grado de participación conforme prevé el art. 302 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, e) Hasta la fecha de la interposición de la presente acción de libertad -entiéndase 12 de marzo de 2024-, el Fiscal de Materia demandado no emitió respuesta a los memoriales que presentaron el 23, 29 de febrero y 6 de marzo, todos de 2024; como tampoco subió las actuaciones al Sistema Justicia Libre 2 (JL2) para hacer su respectivo seguimiento.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los representantes sin mandato de los menores peticionantes de tutela, alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y los principios de legalidad e interés superior del niño; citando al efecto los arts. 22, 23.I; 58, 60, 115, 117, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), 3, 12, 37 y 40 de la Convención de los Derechos del menor 8 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 1.5, 8.2.b), d), e), 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga que el Fiscal demandado: 1) Someta el proceso bajo el principio de especialidad, adecuando todo acto procesal al ordenamiento jurídico establecido en la Ley 548 y estándares internacionales de derechos humanos; 2) Bajo el principio de celeridad responda a todos los memoriales que presentaron; 3) Ejecute todos los actos de investigación para la ejecución de pericias dentro la causa; 4) Mantenga un orden del cuaderno de investigaciones y suba las actuaciones al Sistema JL2 para que puedan hacer seguimiento su causa; 5) Se disponga su responsabilidad administrativa; y, 6) Disponga la reparación del daño para las víctimas de la autoridad demandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de marzo de 2024, según consta en acta cursante de fs. 100 a 103 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, por intermedio de su abogada reiteró y ratificó los extremos vertidos en su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Juan Rojas Apaza, Fiscal de Materia, mediante informe escrito de 13 de marzo de 2024, cursante de fs. 97 a 99 vta.; y, en audiencia, manifestó lo siguiente: i) A denuncia del DNA y SLIM del GAM de Escoma del departamento de La Paz, se aperturó causa en contra de los menores infractores -ahora peticionantes de tutela-por la comisión del delito de violación; esto conforme a los elementos indiciarios obtenidos (Certificado médico forense, declaraciones de los sindicados, declaración de la víctima entre otros) para posteriormente emitir la resolución de imputación formal conforme prevé la Ley 548; ii) Los extremos denunciados por los solicitantes de tutela, fueron considerados por la autoridad jurisdiccional de turno de la ciudad de El Alto a tiempo de llevarse la audiencia de medidas cautelares, donde los citados formularon varios incidentes, apelaciones y cesaciones a la detención preventiva; mismos que a la fecha, la “Jueza de Carabuco”, quien actualmente ejerce control de la causa los rechazó; iii) “…se emitieron varios requerimientos solicitando valoración psicológica de los adolescentes citados, pericias psicológicas a los adolescentes, declaración ante Cámara Gesell de la víctima y declaraciones de testigos, al presente se tiene declaración de la víctima ante Cámara Gesell; asimismo, se emitió Requerimiento Fiscal al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Sección Biología Forense, solicitando la Pericia Biológica de las muestras colectadas de la víctima…” (sic); y, iv) A través de audiencia de inspección ocular, se demostró el hecho denunciado. Debe considerarse que la víctima de violencia merece una doble protección conforme establecen las convenciones internacionales y la Ley 348.

I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

La DNA del GAM de Carabuco del departamento de La Paz, en audiencia expresó adherirse a lo manifestado por la abogada “accionante”.

I.2.4. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2024 de 13 de marzo, cursante de fs. 104 a 107 vta., denegó la tutela solicitada, señalando que de la revisión de los antecedentes y lo mencionado en audiencia, no se agotó los recursos ordinarios antes de acudir a la vía constitucional bajo el principio de subsidiariedad; y, que la autoridad de la causa es la llamada por ley para rectificar cualquier supuesta violación de derechos de los menores infractores, quienes no mencionaron hayan activado algún recurso para hacer prevalecer sus reclamos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de abril de 2024, cursante a fs. 118, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 8 de octubre del citado año, cursante a fs. 129.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Resolución Fundamentada de Aprehensión 04/2023 de 13 de diciembre, Juan Rojas Apaza, Fiscal de Materia -ahora demandado-, dispuso lo siguiente:

II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA APREHENSIÓN Que luego de realizar un análisis exhaustivo de los elementos de convicción que cursa en el Cuaderno de Investigaciones, se establece la existencia del hecho denunciado y la probabilidad de autoría de los sindicados: MILAN ALIAGA PARADA, EDGAR QUENALLATA MAMANI, DANTE CHEJO NINA, EDUARDO MAMANI Y OSCAR AMERICO HUANCA GARCÍA, toda vez que la conducta desplegada por los sindicados nombrados principalmente en fechas a principios del mes de agosto y 5 de diciembre del año 2023 a través de los cuales se hace conocer que la víctima indica en su declaración tomada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Escoma Provincia Camacho: Ocurre que por las manifestaciones y las declaraciones de la adolescente: ROUS KEILLY ACHO QUISPE, de 17 años de edad estudiante de la Unidad Educativa "DON BOSCO" Escoma de curos 5° de secundaria paralelo "B" del Municipio de Escoma, Ocurre que en fecha, 05 de diciembre de 2023 a horas, 12:00p.m., aproximadamente, del día martes, la adolescente recibe la llamada por celular por parte de su compañero de curso EDGAR QUENALLATA por motivos que entregara un cartapacio a su amiga(...), luego me dijo, tomaremos bebidas alcohólicas, lix, en tu casa, me dijo tu casa está vacío, no están tus padres y llegaron mis compañeros de curso de 'sexo masculino: 1.- DANDE CHEJO, 2.- EDUARDO MAMANI, 3.-MILAN ALIAGA PARADA, y una compañera de sexo femenino de nombre. LIZ AYMA CHOQUE, y llegamos a nuestra casa ubicada en la calle Italia sin número a esa de las 13:00 cuando ya nos hemos servido ya estábamos borrachos, yo estaba peor que ellos, a las 15:00 p.m., pide ayuda a mi compañera Liz Ayma choque de (sexo femenino) porque yo ya estaba perdiendo la conciencia, me estaba cayéndome al suelo donde quiso abrazarme, mi compañero, Milán Aliaga Parada, instantes amiga LIZ AYMA CHOQUE, a esa de las 16:30 donde yo había estado, echado sobre el catre, cama, me sorprendí que yo habla estado bajado mí pantalón, y mi calzoncillo hasta mis rodillas además noté que mi vagina salía un líquido blanquecino "que probablemente es semen" me sentí muy mareada y me dolía mucho el lugar de mi vagina, luego mi amiga Liz Ayma, me dijo Rouse no pasó nada, nada pasó, los chicos se fueron, y vi a mis compañeras que no estaban presente en el momento que estábamos tomando bebidas alcohólicas, era La Ana Paola Condori, y Vanesa Luque quienes me ayudaron a mojar mi cabeza con agua luego mi mamá me llamó y al día siguiente conté todo lo que había pasado y mis padres denunciaron ante instancias correspondientes.

También refiere que, a comienzos del mes de agosto de 2023, a horas 11:00 a.m., la señorita adolescente recibe la llamada telefónica del joven, Edgar Quenallata citando para que venga al frente de planta de gas luego deciden tomar bebidas alcohólicas dentro del domicilio ubicado frente de la planta de gas de escoma, con los mismos compañeros mencionados arriba, y la adolescente, corrió la misma suerte de violación, en grupo, además la adolescente refiere: que el joven: OSCAR AMERICO HUANCA, es su enamorada, señala y refiere que ha violado en reiteradas veces, "ya no me recuerdo cuantas veces me ha violado, sin mi consentimiento" Hoy pido justicia ante su autoridad, adecuándose de esta manera la conducta de los denunciados (sujetos activos) al tipo penal de VIOLACIÓN ART. 308 del Código Penal, lo cual tendría un trauma que le afecte a lo largo de su vida de forma permanente del sujeto pasivo que es una persona menor de edad de 17 años, e incluso habría transgredido la Ley 348, cuyo bien jurídico protegido de acuerdo a nuestra economía jurídica en materia penal, es la integridad física, libertad sexual, bien jurídico que es protegido y tutelado por la Constitución Política del Estado y la economía jurídica sustantiva penal.

Que en conocimiento de los hechos denunciados y considerando los antecedentes del presente caso, se advierte la necesidad imperiosa de la presencia de los imputados en la investigación de la verdad histórica de los hechos y de acuerdo a los datos del cuaderno de investigaciones, permiten sostener la existencia de suficientes elementos de convicción y la certeza de que la conducta desplegada por parte de los imputados nombrados, se adecúa perfectamente al ilícito penal señalado. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1508/2002-R. El Código de Procedimiento Penal Art. 226) permite-aunque no lo diga expresamente-la aprehensión directa del imputado sin necesidad de citación previa de comparendo, en la persecución de aquellas acciones delictivas que por su gravedad lesionan los intereses y bienes jurídicos vitales y fundamentales para la vida y desarrollo del individuo y la comunidad: todos ellos destinados a la protección de la vida, la integridad corporal y la libertad sexual y otros (en los casos de agravación previstos en el Código Penal), siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que la presencia del imputado sea necesaria para la investigación, 2) Que existan suficientes indicios de que es autor o participe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años mínimo contemplado en pocos delitos y 3) Que el imputado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad. Requisito que debe tomar en cuenta las circunstancias y la concurrencia de indicios establecidos en los Arts. 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal.

El Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, faculta a los fiscales expedir mandamientos de aprehensión cuando se dan los requisitos establecidos en la norma procesal penal en dicho Artículo y Sentencia Constitucional lo que se fundamenta y es como sigue: a). PRESENCIA NECESARIA En la presente causa es necesaria la presencia de los denunciados MILAN ALIAGA PARADA, EDGAR QUENALLATA MAMANI, DANTE CHEJO NINA, EDUARDO MAMANI Y OSCAR AMERICO HUANCA GARCIA a objeto de dar continuidad con la investigación y llegar a establecer la averiguación de la verdad histórica de los hechos, toda vez que existe elementos de convicción suficientes que hacen presumir la participación en los hechos denunciados, por lo que existe en el Ministerio Público la convicción de la conducta desplegada por los denunciados, subsumiéndose en el tipo penal de VIOLACION Art. 308 del C.P., toda vez que las investigaciones preliminares realizadas fueron actuaciones oportunas garantizando el derecho a la libre locomoción y psicológica de la víctima, además se tiene acumulado prueba indiciaria que respalda y acredita la existencia del hecho así como la participación de los sindicados. b). RIESGOS PROCESALES DE FUGA Y OBSTACULIZACIÓN Igualmente se dan suficientes elementos de convicción para creer la concurrencia del peligro procesal de fuga, toda vez que con relación al segundo requisito de procedencia para la presente solicitud (Art. 233.2 C.P.P.), se tiene que existen suficientes elementos de convicción, para sostener que el imputado no se someterá al proceso penal, en atención a las prescripciones legales siguientes:

 Art. 234 inc. 1).- Que el imputado no ha acreditado domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país.  Art. 234 inc. 2).- Que tiene la facilidad de abandonar el país y/o mantenerse oculto en el nuestro.  Art. 234 inc. 4).- El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo. En este inciso se debe tomar en cuenta en el presente proceso de investigación el imputado a demostrado una actitud reticente.

 Art. 234 inc. 7).- Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante, al respecto se debe considerar que los hechos investigados vulneran el bien jurídico de la libertad sexual, al tratarse de una conducta sumamente peligrosa, ya que estando en libertad el imputado, con seguridad consumará hechos similares, más teniendo en cuenta que los denunciados nombrados, a tiempo de proceder con la agresión sexual, previamente habrían consumido bebidas alcohólicas en la que la víctima citada, habría perdido la noción del tiempo, situación que es aprovechada por los sindicados nombrados, aspectos que hacen entrever que los imputados señalados constituyen realmente un peligro efectivo para su familia, la sociedad y principalmente la víctima y su familia.

De igual forma concurren suficientes elementos de convicción que permiten sostener de manera fehaciente el peligro procesal de obstaculización.

 Art. 235 inc. 2).- De acuerdo a los elementos de convicción debidamente sustentados y acreditados, demostrando el comportamiento peligroso de los imputados con relación a la víctima y la sociedad, que con toda certeza entorpecerá la averiguación de la verdad histórica de los hechos, influyendo negativamente sobre los partícipes, testigos y otros sujetos procesales a que se comporten reticentemente, toda vez que el sindicado vive en un lugar por donde transita la víctima, su familia y comunarios del lugar.

POR TANTO

En atención a los fundamentos expuestos precedentemente, el suscrito Director Funcional de la Investigación, requiere porque habiéndose cumplido con los requisitos formal y material del Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, dispone, resuelve y ordena la APREHENSIÓN de los ciudadanos: MILAN ALIAGA PARADA, EDGAR QUENALLATA MAMANI, DANTE CHEJO NINA, EDUARDO MAMANI Y OSCAR AMERICO HUANCA GARCIA, debiendo remitir a los aprehendidos por ante el suscrito Director Funcional de la Investigación, para posteriormente ser remitido al Juez Contralor de garantías y derechos constitucionales, con la finalidad de determinar su situación jurídica (sic [fs. 4 a 5 vta.).

II.2. Consta Acta de Declaración Informativa Policial del menor infractor DVCN

-ahora accionante-; en el cual, se describen en sus tres recuadros principales: a) Datos generales del declarante; b) Datos generales del abogado defensor de (oficio), consignado al ciudadano Carlos Rene Quizu Canaza; c) Datos generales de la DNA del GAM de Escoma, señalado al ciudadano Fausto Yanarico Mamani como tal. A continuación se describe las preguntas realizadas al aprehendido y respuestas del mismo. Finalmente, en la parte inferior de dicha acta, cursan las firmas y/o rúbricas del menor infractor, Fausto Yanarico Mamani como DNA del mencionado municipio, Carlos Quizu Canaza como Abogado Defensor y del Fiscal de Materia ahora demandado (fs. 17 a 19). II.3. Cursa Acta de Declaración Informativa Policial del menor infractor EQM -ahora impetrante de tutela-; en el cual, se describen en sus tres recuadros principales: 1) Datos generales del declarante; 2) Datos generales del abogado defensor de (oficio), consignado al ciudadano Carlos Rene Quizu Canaza; 3) Datos generales de la DNA del GAM de Escoma, señalando al ciudadano Fausto Yanarico Mamani como tal. A continuación se describe las preguntas realizadas al aprehendido y respuestas del mismo. Finalmente, en la parte inferior de dicha acta, cursan las firmas y/o rúbricas del menor infractor, su progenitor Cesar Quenallata Santos, Fausto Yanarico Mamani como DNA de la indicada entidad municipal, Carlos Quizu Canaza como Abogado Defensor y del Fiscal de Materia -ahora demandado- (fs. 14 a 15 vta., de las copias del cuaderno de control jurisdiccional- anexo). II.4. Consigna Acta de Declaración Informativa Policial del menor infractor MAP

-ahora peticionante de tutela-, en el cual se describen en sus tres recuadros principales: i) Datos generales del declarante; ii) Datos generales del abogado defensor de (oficio), consignado al ciudadano Carlos Rene Quizu Canaza; iii) Datos generales de la DNA del GAM de Escoma, señalado al ciudadano Fausto Yanarico Mamani como tal. A continuación se describe las preguntas realizadas al aprehendido y respuestas del mismo. Finalmente, en la parte inferior de dicha acta, cursan las firmas y/o rúbricas del menor infractor, su progenitor Mario Aliaga Luque, Fausto Yanarico Mamani como DNA del referido municipio, Carlos Quizu Canaza como Abogado Defensor y del Fiscal de Materia -ahora demandado- (fs. 14 a 15 vta.). II.5. A través de memorial, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, presentó ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Turno de El Alto del departamento de La Paz, inicio de investigaciones e imputación formal en contra los menores ahora infractores por el delito de violación con agravante, solicitando al amparo del art. 289.I incs. a), b), d) y e); y, III de la Ley 548, la aplicación de medidas cautelares y la detención preventiva de los sindicados a cumplirse en “UN CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL EN FORMA DIFERENCIADA POR GENERO Y SEPARADA DE ADOLESCENTE” (sic), de la ciudad de La Paz, bajo los siguientes fundamentos:

Ya que la conducta desplegada de los mismos, perfectamente se encuadra dentro de estos ilícitos penales señalados, es decir, de acuerdo a la relación de los hechos y los elementos objetivos obtenidos. se tiene que: MILAN ALIAGA PARADA, DANTE CHEJO Y EDGAR QUENALLATA los primeros días de agosto del año en curso, lo habrían abusado sexualmente a la víctima señalada, para el efecto con disimulos le habrían llamado a la víctima donde los imputados señalados, quienes habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas, invitándola a la víctima, quien pierde el sentido, circunstancia que es aprovechado por los imputados para proceder con la agresión sexual. Asimismo, en fecha 05 de diciembre del año en curso siendo a horas: 12:00p.m., aprox. los imputados: EDGAR QUENALLATA, MILAN ALIAGA PARADA Y EDUARDO MAMANI, proceden con el abuso sexual a la víctima citada, con el mismo modus operandi, donde los agresores habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas, lo hacen beber a la víctima, incluso dentro de su domicilio de la víctima, quien pierde el sentido, situación que es aprovechada por los imputados nombrados para proceder con la agresión sexual en contra de la víctima citada, quien se da cuenta de este hecho. identifica a los agresores sexuales, para posteriormente contar a sus padres, quien realiza la denuncia respectiva. (…)

OTROSÍ 4.-Al tenor de lo dispuesto por el Art. 302 Núm. 3) del Código de Procedimiento Penal, el suscrito Fiscal se reserva la prerrogativa a fundamentar, enmendar, complementar o rectificar la Imputación Formal en audiencia pública, por cuanto nos encontramos en un sistema donde prevalece el principio de oralidad (sic [fs. 7 a 13]). II.6. Mediante memorial de 23 de febrero de 2024, la parte accionante solicitó al Fiscal de Materia -ahora demandado-, requiera ingreso de testigos a la Unidad de Víctimas y Testigos (fs. 31 a 32). II.7. A través de memorial de 29 de febrero de 2024 dirigido a la representación del Ministerio Público, la parte impetrante de tutela formuló objeción y proponen nuevos puntos de pericia, ofreciendo perito para tal efecto (fs. 37 a 39). II.8. Por memorial de 29 de febrero de 2024 dirigido al representante del Ministerio Público, la parte peticionante de tutela señaló presentar CD con video del día de los hechos, solicitando que a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) -Escena del Crimen se proceda a la transcripción e impresión de las imágenes (fs. 40 a 41). II.9. Se evidencia que por memorial de 6 de marzo de 2024, la parte solicitante de tutela impetró al Fiscal de Materia -ahora demandado-, cumpla lo ordenado por el control jurisdiccional y en el día suba los decretos y todas las actuaciones al Sistema JL2, a objeto de que tengan acceso al cuaderno de investigaciones (fs. 30 y vta.). II.10. Cursa memorial de 11 de marzo de 2024, por el que la parte accionante solicitó al representante del Ministerio Público demandado, requiera: a) Al “Centro de Reintegración Social para Adolescentes” remita informe biopsicosocial; b) De Respuesta a sus anteriores memoriales y suba al Sistema JL2 la causa para su revisión; c) A la FELCV entre otros para que realicen transcripción e impresión de imágenes del CD presentado el 29 de febrero de 2024 (fs. 25 y vta.). II.11. Consta capturas de pantalla de la plataforma JL2 del Ministerio Público, por el cual se describe del caso signado 20152022311129 todas las actividades del referido, entre ellos los memoriales presentados por las partes, además de varios requerimientos (fs. 33 a 36).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte impetrante de tutela denuncia la vulneración de los derechos de sus hijos al debido proceso, a la defensa y los principios de legalidad e interés superior del niño; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violación; por el cual, se encuentran detenidos preventivamente en el ”Centro de Reintegración Social Varones de la ciudad de La Paz”, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, de manera sistemática cometió un conjunto de vulneraciones de derechos humanos, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) En cuanto a su aprehensión, subsumió la conducta de los menores al tipo penal de violación, sin individualizar su participación en el hecho, aplicando un ordenamiento jurídico ordinario en vez de la norma especial como es la Ley 548 -art. 287-; 2) En cuanto a su declaración informativa, consignó como abogado defensor de los menores a “Fausto Yanarico Mamani”, quien al mismo tiempo ejerció como abogado de la DNA, además de ser denunciante y representante de la víctima; 3) La imputación formal carece de eficacia, porque la declaración informativa de los menores infractores no se llevó con las formalidades de ley, siendo este un requisito necesario frente a la justicia para su posible formalización; 4) En la imputación formal, los hechos endilgados de “agosto y diciembre” en los cuales se implica a los menores infractores, resultan generalizados y no establecen modo, tiempo, lugar y grado de participación conforme prevé el art. 302 del CPP; y, 5) Hasta la fecha de la interposición de la presente acción de libertad -entiéndase 12 de marzo de 2024-, el Fiscal de Materia demandado no emitió respuesta a los memoriales que presentaron el 23, 29 de febrero y 6 de marzo, todos de 2024; como tampoco subió las actuaciones al Sistema JL2 para hacer su respectivo seguimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género, i.a) Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres, i.b) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; ii) La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación; iii) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; iv) El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños; v) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante; y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía

con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0116/2023-S1 de 28 de marzo; 1302/2022-S1 de 10 de noviembre; y, 0646/2023-S1, 14 de junio -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo; mismas que, con un enfoque interseccional contienen argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.1.1.Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia.

En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación (el resaltado es añadido).

Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación.

Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como 1 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 2 “…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad (…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas.

Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etáreos gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorias para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art. 19 de la CADH, que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos 3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 4 Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 5 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA.

del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estados el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención.

Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho específico que deriva en la obligación para el Estado (en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ...

(…)

…el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable (negrillas son agregadas).

Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar (el resaltado es ilustrativo).

En ese marco, añadió que en el caso el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.

Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; El establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); La prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, La obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).

9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011). 10. “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP.

Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora- art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10-ahora art. 234.7-del CPP-peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es: “…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”; en tal sentido la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyó precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y, c) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”.

III.1.2.Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas.

En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto -cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres.

Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2029-S2, esencialmente señaló que:

La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”.

Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el CEDAW por sus siglas en inglés; el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 0017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: a) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna de normas penales, civiles y administrativas -entre otras- para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; b) Protección a las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima.

Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.

Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (resaltado corresponde a la fuente). De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.

14 “Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas corresponden al texto original). En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que:

Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano (el resaltado es añadido).

En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348.

Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:

…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.

De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto y la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, citados y precisados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres, niñas, niños y adolescentes; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. La ponderación de derechos fundamentales y su aplicación

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0186/2021-S1 de 22 de junio; 1066/2022-S1 de 5 de octubre; 0384/2023-S1 de 3 de mayo; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento.

A fin de explicar el desarrollo del entendimiento jurisprudencial efectuado por este Tribunal sobre la aplicación de la ponderación de los derechos fundamentales en el marco de la doctrina constitucional, corresponde hacer referencia a los razonamientos efectuados a partir de la jurisprudencia desarrollada en los primeros diez años del Tribunal Constitucional, en donde se pronunció de acuerdo a la Doctrina Constitucional que los derechos fundamentales no son absolutos, encontrando límites y restricciones en su ejercicio respecto a los derechos de los demás; es decir, que, tanto la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad pública no pueden verse afectados en relación a los derechos individuales; por lo que., estos pueden ser limitados en función del interés social, conforme lo señaló la SC 004/2001 de 5 de enero en un Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad; asimismo, la SC 1015/2004-R de 2 de julio razonó que cuando los derechos fundamentales entran en conflicto es imprescindible realizar una ponderación, lo que no implica un desconocimiento del derecho de la otra persona, sino una valoración preferente, reiterando que los derechos no son absolutos al estar limitados por los demás, debiendo entenderse ello como una armonización de los principios constitucionales, teniendo en cuenta la unidad de la Constitución y la primacía de los derechos fundamentales.

Asimismo, la SC 1806/2004 de 22 de noviembre reiteró los entendimientos efectuados por las SSCC 0004/2001-R y 1015/2004-R y por su parte resolviendo el caso en concreto sobre el derecho del recurrente a la libertad física y de locomoción y por otra parte el derecho de sus hijos (beneficiarios de la asistencia familiar) a la vida, la salud, la educación, al desarrollo integral indicó que dicha ponderación de bienes debe ser efectuado sobre “la base de una interpretación sistematizada de los derechos fundamentales a la luz de los valores supremos y principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho, acudiendo, además, a las normas previstas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, es así que, ampliando el entendimiento sobre la aplicación de dicha ponderación señaló que:

…todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado.

En consecuencia sobre la base de los argumentos señalados moduló el entendimiento efectuado en la SC 1156/2004-R, razonando que si bien no puede someterse a una persona que incumple el pago de pensiones a una restricción indefinida de sus derecho a la libertad; empero, resguardando los valores, derechos e intereses de la minoridad beneficiaria de asistencia familiar consideró que el obligado puede obtener su libertad previa presentación de fianza personal a fin de asegurar el cumplimiento de pago de las pensiones devengadas, entendimiento que fue reiterado por la SC 0618/2011-R de 3 de mayo y esta a su vez repetida por la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0973/2012 de 22 de agosto, 0957/2013 de 20 de junio, entre otras.

Ahora bien, cerrando esa etapa de los primeros diez años del Tribunal Constitucional e ingresando en la época del Tribunal Constitucional Plurinacional, la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, reiteró los 16 En el F.J.III.2 respecto al principio de ponderación de bienes y derechos señala que: “A tiempo de desarrollar el principio de ponderación de derechos, la jurisprudencia prevista en la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, indicó lo siguiente: “Es necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en la que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización.

Así, la SC 0618/2011-R de 3 de mayo, estableció que: '…la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales, entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R de 2 de julio; que para realizar la ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre «Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático».

En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha establecido «los derechos fundamentales no son absolutos -en su ejercicio-, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social» (SC 0004/2001-R de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a la Constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial.

entendimientos efectuados en las SSCC 0004/2001-R, 1015/2004-R, 0618/2011-R y 1497/2011-R, y asimismo sobre el principio de ponderación nombrando a José Antonio Rivera Santivañez señaló que:

El principio de ponderación de bienes es utilizado para armonizar o establecer un orden de preferencia entre los principios en conflicto o colisión. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión; es decir que, es un método para evaluar o determinar el peso o la importancia de cada uno de los derechos en conflicto en el caso concreto que se juzga. A partir del mismo debe buscarse un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos colisionados. En este entendido, para aplicar el referido principio citando al mismo autor se refiere a sus elementos, como “La Ley de Ponderación”, la cual implica que, “Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”; asimismo, para cumplir la referida ley, menciona que se deben seguir los siguientes pasos:

1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro”.

Concluyendo que, el principio de ponderación de bienes y derechos “es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto”;

En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado.

(…) En la ponderación no se trata de un «o todo o nada», sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor equilibrio posible entre los valores en juego...'”.

Por su parte, el constitucionalista José Antonio Rivera Santiváñez, a tiempo de desarrollar este principio, ha explicado que: “El principio de ponderación de bienes es utilizado para armonizar o establecer un orden de preferencia entre los principios en conflicto o colisión. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión; es decir que, es un método para evaluar o determinar el peso o la importancia de cada uno de los derechos en conflicto en el caso concreto que se juzga. A partir del mismo debe buscarse un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos colisionados”.

Ahora bien, sobre la forma de aplicación de este principio, el citado autor ha previsto que deben utilizarse ciertos elementos de la ponderación, como “La Ley de Ponderación”, la cual implica que, “Cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”; y para cumplir con esta, señala también que tendrán seguir los siguientes pasos:

“1) Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los derechos; 2) Definir la importancia de la satisfacción del derecho que juega en sentido contrario; y, 3) Definir la importancia de la satisfacción del derecho contrario justifica la afectación del otro”.

De todo lo anotado, se concluye que el principio de ponderación de bienes y derechos es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto; teniéndose además que, para la correcta aplicación de éste en la resolución de un caso concreto, necesariamente se deberán utilizar y cumplir ciertos elementos de ponderación que servirán para determinar tanto el grado de satisfacción como de afectación de los derechos, así como la importancia y consecuencias de las mismas”.

por lo que, para la aplicación correcta del mencionado principio es necesario que se utilice los elementos señalados precedentemente, entendimiento que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0171/2017-S1 de 10 de marzo, 0587/2019-S2 de 22 de julio entre otras.

Asimismo, la SCP 1787/2013 de 21 de octubre, en el marco del modelo constitucional denominado neoconstitucionalismo, en cuanto a la ponderación de derechos fundamentales hace mención a las teorías de ponderación desde la perspectiva de Robert Alexy y Luis Prieto Sanchís, para concluir que antes de la aplicación de dicho principio se debe subsumir; es decir, “constatar que el caso se halla incluido en el campo de aplicación de los dos principios”.

En este contexto jurisprudencial, no es menos cierto que en el análisis de los diferentes casos concretos revisados por este Tribunal se presentan conflictos entre derechos jerárquicamente iguales; lo cual, implica que las autoridades jurisdiccionales deban realizar una ponderación, con el fin de buscar un equilibrio que permita garantizar de manera razonable y proporcional la protección de ambos derechos haciendo justicia y protegiendo a personas que requieran la aplicación de medidas reforzadas, al respecto de la ponderación Robert Alexy sostiene “La regla de la ponderación partiendo de la caracterización de los principios como mandatos de optimización, puede ser formulada de la siguiente manera: “…cuanto mayor sea el grado de no realización o afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. La ponderación postula un principio general que es el de la proporcionalidad, que conforme al desarrollo de la jurisprudencia constitucional, fue concebido no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder sino como una exigencia para que sus 17 En el F.J.III.4., respecto a la ponderación de los derechos fundamentales refiere que: “Robert Alexy en su obra, Derechos Fundamentales Ponderación y Racionalidad, establece que: “hay dos teorías básicas de los derechos fundamentales: una estrecha y rigurosa, y otra amplia y comprehensiva; la primera es denominada 'teoría de las reglas', la segunda 'teoría de los principios'. En ningún lado se realizan puramente estas dos teorías; sin embargo, representan diferentes tendencias básicas, y la cuestión de cuál es mejor resulta central de la interpretación de toda Norma Constitucional, que conoce los derechos fundamentales y la jurisdicción constitucional”. Por su parte, Luis Prieto Sanchís, en su obra Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial, indica que: “Suele decirse que la ponderación es el método alternativo a la subsunción: las reglas serían objeto de subsunción, donde, comprobado el encaje

En otras palabras, antes de ponderar es preciso «subsumir», constatar que el caso se halla incluido en el campo de aplicación de los dos principios. Por ejemplo, para decir que una pena es desproporcionada por representar un límite al ejercicio de un derecho, antes es preciso que el caso enjuiciado pueda ser subsumido no una, sino dos veces: en el tipo penal y en el derecho fundamental. Problema distinto es que, a veces, las normas llamadas a ser ponderadas carezcan o presenten de forma fragmentaria el supuesto de hecho, de modo que decidir que son pertinentes al caso implique un ejercicio de subsunción que pudiéramos llamar valorativa; no es obvio, por ejemplo, que consumir alcohol o dejarse barba constituyan ejercicio de la libertad religiosa, que lo constituyen, pero es imprescindible «subsumir» tales conductas en el tipo de la libertad religiosa para luego ponderar ésta con los principios que fundamentan su eventual limitación”. En la misma línea de razonamiento la SCP 0886/2013 de 20 de junio, expone: “…a través de la ponderación de los derechos para el análisis de los casos concretos en los cuales exista una manifiesta, irreversible y grosera vulneración a derechos fundamentales, debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto, su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización a ritualismos extremos para que en casos graves se repare un derecho manifiesta y groseramente vulnerado, así, el rol del control de constitucionalidad, en virtud del cual, la justicia formal ceda frente a la justicia material”.

funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales, en consecuencia tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, que consta de tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, los cuales siguiendo a Alexy, expresan la idea de optimización relativa a las perspectivas fácticas”; es decir, sobre la base de este principio general como es la proporcionalidad se establece los parámetros a considerar en la aplicación de las medidas a través de los sub principios como son:

a) Idoneidad, sobre la base de la cual se debe establecer si la medida limitadora es adecuada para alcanzar la finalidad para la que fue impuesta, no es idónea si no resulta apta para la protección y al contrario resulta perjudicial para el otro principio. b) Necesidad, por la cual se debe buscar una medida menos restrictiva pero con iguales resultados protectores. c) Proporcionalidad, por la que se analiza si la afectación, limitación o restricción de un derecho fundamental no resulta exagerada o 18 La SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero, en su F.J. III.3 respecto principio o test de proporcionalidad en la aplicación de la detención preventiva a partir de un enfoque interseccional, reiterando los entendimientos efectuados por la SCP 2299/2012 de 28 de febrero, razonó en términos generales que: “…la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: 1) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; 2) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si acaso, existen otras medidas menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, 3) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

Asimismo, la SCP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, en el F.J.III.2 respecto al principio de proporcionalidad en la limitación de derecho fundaméntale respecto a la aplicación de medidas cautelares señala que: “El principio de proporcionalidad fue concebido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 2299/2012 de 16 de noviembre- no solo como una prohibición de exceso en la actuación del poder, en el entendido que las autoridades de los diferentes órganos del poder público y las instituciones del Estado, deben actuar conforme a las competencias otorgadas por la Ley Fundamental, sino también como una exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo limitaciones y responsabilidades que la Norma Suprema establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto una actuación desproporcionada, quebranta las bases fundamentales del Estado Plurinacional Constitucional.

El principio de proporcionalidad, de acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, por lo que, una disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto la efectivización de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos fundamentales.

Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor grado el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

desmedida frente a las ventajas que se obtiene con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. De lo que se concluye que en los casos donde se presenten conflicto de principios, valores, derechos y garantías y se manifiesten plenamente la ponderación, esta debe ser realizada por los Jueces Juezas y Tribunales en las distintas jurisdicciones y en especial por la justicia constitucional.

III.3. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad

Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así:

III.3.1. En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad .

III.3.2.Por su parte, en cuanto a la acción de libertad traslativa o de

pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: a) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; b) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; c) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; d) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; e) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad.

…el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios 20 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 21 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SC 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho. De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/2020-S1, refirió:

Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). 22 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).

Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva (el resaltado pertenece al original de referencia).

Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional. Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; esta 23 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)” 24 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).

disposición debe ser comprendida de forma conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad.

Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

III.3.3. Finalmente, sobre la Protección de la dignidad y los derechos

de los privados de libertad, la referida SCP 0266/2020-S1, que es objeto de revisión, en su Fundamento Jurídico III.4., denominado como “ Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad”, manifestó que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sea restringido en su libertad de locomoción por una sentencia condenatoria o una resolución de detención preventiva.

En esa medida conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto, la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas .

III.4. El enfoque de protección integral de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y el corpus iuris de protección de los derechos de los niños

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0442/2021-S1 de 16 de septiembre; 0018/2023-S1 de 9 de febrero; y, 0660/2023-S1 de 20 de junio -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento. La protección de la niñez fue una preocupación en el plano internacional después de la Primera Guerra Mundial, ya que muchos niños y adolescentes fueron afectados por la misma; por cuanto, a iniciativa de la fundadora de Save The Children Fund, Eglantyne Jebb, quien elaboró la Declaración de Ginebra y la envió a la Sociedad de Naciones, la cual la adoptó en su V Asamblea en diciembre de 1924, constituyéndose así en el primer texto internacional que reconoce la existencia de derechos específicos para los niños y niñas.

Ahora bien, dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la X Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, incluyó el Derecho de protección a la infancia al establecer en su art. VII que “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.

Asimismo, el art. 25.II de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1948, dispuso también que: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social” (las negrillas son añadidas).

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959 proclamada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece una protección especial para el mismo a fin de precautelar su desarrollo, e inclusive en los principios 2 y 6 hacen mención a que se debe tener en cuenta el interés superior del niño en la emisión de leyes y a quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; asimismo, contiene derechos, entre ellos a la salud, alimentación, vestimenta, servicios, educación elemental y a la no discriminación.

En este orden, las Declaraciones internacionales señaladas precedentemente fueron ratificadas por Bolivia; de ahí que, en nuestro país los derechos a la salud física, mental y moral de la infancia, como los derechos del niño al hogar, la educación y la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia se encuentran visibilizados constitucionalmente por primera vez en el art. 134 de la CPE de 1938, que fue promulgado durante la presidencia de Germán Busch, encomendando su cumplimiento a organismos técnicos adecuados, regulación que se mantuvo en la referida Norma Suprema hasta que en la Constitución Política del Estado de 1967 se incluyó una reserva de ley para la regulación de la protección del menor. Si bien hasta esa época el Sistema Internacional de Derechos Humanos, a través de las Declaraciones Internacionales mencionadas ut supra e inclusive la Declaración Universal de Derechos del Niño y asimismo la Constitución Política del Estado de Bolivia señalada anteriormente, instituyeron disposiciones de protección a la infancia y a la niñez; empero, obedecían a la corriente de la “doctrina de la situación irregular”; es decir que, se concebía a los niños y a los jóvenes como “objetos de protección o tutela” a partir de una definición negativa de estos actores sociales, y que en palabras de Antonio Carlos Gomes da Costa, esa definición se basaba en lo que no saben, no tienen o no son capaces; es así que, la normativa emitida durante esa corriente ideológica tiene varios indicadores conforme ha desarrollado la experta internacional en materia penal y en derechos de la Niñez y Adolescencia Mary Beloff, entre los cuales se tienen los siguientes:

 Los niños y jóvenes aparecen como objetos de protección, no son reconocidos como sujetos de derecho sino como incapaces que requieren un abordaje especial. Por eso las leyes no son para toda la infancia y la adolescencia sino sólo para una parte del universo de la infancia y la adolescencia, son para los “menores”.  Se utilizan categorías vagas, ambiguas, de difícil aprehensión desde la perspectiva del derecho, tales como “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”, o “en situación de riesgo” o “en circunstancias especialmente difíciles” o similares, que son las que habilitan el ingreso discrecional de los “menores” al sistema de justicia especializado.  En este sistema, es el “menor” quien está en situación irregular; son sus condiciones personales, familiares y sociales las que lo convierten en un “menor en situación irregular” y por eso es objeto de intervenciones estatales coactivas tanto él como su familia.  A partir de esa concepción, existe una división entre aquellos que serán atravesados por el dispositivo legal/tutelar, que generalmente coinciden con los que están fuera del circuito familia-escuela (los “menores”), y los niños y jóvenes, sobre quienes este tipo de leyes -como se señaló- no aplica. Un ejemplo de este punto es que frente a un mismo problema de la familia, un grupo de personas (los “menores”) son intervenidos por la justicia de menores, en tanto que otro grupo, probablemente, si hay intervención judicial, será intervenido por la justicia de familia.  También aparece que la protección es de los “menores” en sí mismos, de la persona de los menores, de ahí la idea de que son “objetos de protección”.  Por eso, esa protección frecuentemente viola o restringe derechos, porque no está pensada desde la perspectiva de los derechos.  Aparece también la idea de la incapacidad.  Vinculada con ésta última, entonces, la opinión del niño es irrelevante.  En la misma lógica, se afecta la función jurisdiccional, ya que el juez de menores debe ocuparse no solo de las cuestiones típicamente “judiciales” sino también de suplir las deficiencias de la falta de políticas sociales adecuadas. Por eso se espera que el juez actúe como un “buen padre de familia” en su misión de encargado del “patronato” del Estado sobre estos “menores en situación de riesgo o peligro moral o material”. De ahí que el juez no esté limitado por la ley y tenga facultades omnímodas de disposición e intervención sobre la familia y el niño.  Todo está centralizado.  Así queda definitivamente confundido todo lo relacionado con los niños y jóvenes que cometen delitos con cuestiones relacionadas con las políticas sociales y la asistencia, es lo que se conoce como “secuestro y judicialización de los problemas sociales”.  De este modo es que también se instala la categoría del “menor abandonado/delincuente” y se “inventa” la delincuencia juvenil. Se relaciona este punto con la “profecía autocumplida”: si se trata a una persona como delincuente aun cuando no haya cometido delito es probable que exitosamente se le pegue esa etiqueta de “desviado” y que, en el futuro, efectivamente lleve a cabo conductas criminales.  Como consecuencia de todo lo explicado, se desconocen todas las garantías individuales reconocidas por los diferentes sistemas jurídicos de los Estados de Derecho a todas las personas (no sólo a las personas adultas).  Principalmente, la medida por excelencia que adoptan los juzgados -tanto para infractores de la ley penal, cuanto para víctimas o para los “protegidos”- es la privación de la libertad. Todas las medidas se adoptan por tiempo indeterminado.  Se consideran a los niños y jóvenes imputados de delitos como inimputables, lo que entre otras cosas implica que no se les hará un proceso con todas las garantías que tienen los adultos, y que la decisión de privarlos de libertad o de adoptar cualquier otra medida no dependerá necesariamente del hecho cometido sino, precisamente, de que el niño o joven se encuentre en “estado de riesgo”.

En este entendido, el sistema de la “situación irregular” se caracteriza a decir de la autora porque:

a) Refleja criterios criminológicos propios del positivismo de fines del siglo pasado y principios de éste, de la cual deriva un sistema de justicia de menores que justifica las reacciones estatales coactivas frente a infractores (o “potenciales infractores”) de la ley penal a partir de las ideas del tratamiento, la resocialización -o neutralización en su caso- y, finalmente, de la defensa de la sociedad frente a los peligrosos. Desde la perspectiva de las teorías del castigo; b) El argumento de la tutela. Mediante este argumento fue posible obviar dos cuestiones centrales en materia político-criminal. En primer lugar, el hecho de que todos los derechos fundamentales de los que gozan los adultos no fueran reconocidos a los niños y a los jóvenes. En segundo lugar, el hecho de que las consecuencias reales de esa forma de concebir y tratar a la infancia y la juventud sólo reprodujera y ampliara la violencia y marginalidad que se pretendía evitar con la intervención “protectora” del Estado; y, c) Las funciones atribuidas al juez de menores, quien deja de cumplir funciones de naturaleza jurisdiccional para cumplir funciones más propias de las políticas sociales. En este estado de cosas, la doctrina de la “situación irregular” estuvo fuertemente acentuada también en Bolivia; puesto que, en nuestro país después de la Guerra del Chaco (1932-1935) se creó el Patronato del Menor debido a que muchos niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad, entonces se hace visible la institucionalización o internación de este sector de la población en el marco de la visión tutelar del Estado, así también siguiendo esta misma perspectiva se crea posteriormente el Consejo Nacional del Menor (CONAME), y para 1971 empieza a funcionar la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, que en 1982 se convierte en la Junta Nacional de Solidaridad y Desarrollo Social, que se encargaba de coordinar sus funciones asistencialistas y proteccionistas dirigida a la referida población en coordinación con las Direcciones Regionales del Menor (DIRME) en cada departamento, que de igual manera su accionar estaba dirigido a la asistencia social y protección a niños, niñas y adolescentes que tenían esa calidad, que persistió con la creación del Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia, en 1992, el cual también funcionaba a nivel nacional, departamental y provincial, para posteriormente en 1999 con el proceso de descentralización se originan los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), como órganos desconcentrados de las prefecturas, con la misión de aplicar políticas y normas emitidas en el ámbito nacional, en temas de género, generacionales, familia y servicios sociales, además de coordinar programas y proyectos en materia de gestión social.

Esta corriente tutelar y asistencialista estuvo fuertemente arraigada con la creación de las instituciones estatales señaladas precedentemente no sólo en Bolivia sino también en Latinoamérica, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante los años sesenta y setenta tuvo como marco normativo la Declaración Americana de Derechos y Deberes de los Hombres para efectuar sus informes sobre la constatación de violaciones en lo concerniente a detenciones arbitrarias de niños como el caso del niño dominicano Felipe de Jesús y otros relacionados con la muerte de niños por la milicia privada al servicio del Gobierno, de niños que permanecían privados de libertad en condiciones inadecuadas; asimismo, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, se establece en su art. 19 una cláusula de derechos, que señala “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”; y también instituye varias disposiciones de protección inherentes a esa población; que de manera posterior es fortalecida por el Protocolo de San Salvador, adicional a la mencionada Convención, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su art. 16 dispone como Derechos de la Niñez que “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo” (las negrillas son añadidas), que si bien fue suscrito en 1988, recién entró en vigencia el 16 de noviembre de 1999; por lo que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual de 1984 -1985 hace referencia al citado art. 19; de igual manera, entre los años 1985 y 1990 emitió varios informes sobre la violación del derecho a la vida y a la libertad de niños, a su integridad personal y sus garantías judiciales, y en relación a los que se encuentran también en conflicto con la ley penal, precisando en este caso que los mismos debían ser sometidos a un juez especial y que su detención debía llevarse a cabo en lugares distintos a los de la población adulta. Sin embargo, es a partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño el 2 de septiembre de 1990, que se trasunta a otro paradigma en la forma de concebir a las niñas, niños y adolescentes; es decir, que es una transición de la doctrina de la “situación irregular” en la que se encontraba esta población hacia la doctrina de protección integral, mediante la cual se constituyen en sujetos de derechos y no simplemente en objetos de tutela, tal cual se los consideraba antes de la Convención; en consecuencia, se entiende que la protección integral es igual a la “protección de derechos” de las niñas, niños y adolescentes, que a su vez tiene como eje central el principio rector del interés superior del niño, que si bien ya fue instituido en la Declaración Universal de Derechos del Niño; empero, ahora en el marco de la visión de que los niños son sujetos de derechos, y ciudadanos que también tienen responsabilidades, en este entendido dicho principio viene a ser una directriz obligatoria para el cumplimiento efectivo y satisfacción de manera preeminente de sus derechos por parte del Estado a través de todos sus órganos de gobierno; asimismo, la sociedad incluyendo la familia, de ahí que, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el análisis de las decisiones adoptadas en materia de la niñez empieza a consolidar el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y se pronuncia sobre varias situaciones de violaciones de sus derechos, y una de las primeras referencias al principio del interés superior del niño que se realiza en el Sistema Internacional de Derechos Humanos puede encontrarse en su Informe Anual de 1997, donde señala que en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño, estableciendo así un estándar de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; por lo que, debe entenderse que esas decisiones no pueden ser en ningún momento discrecionales sino precautelando siempre la satisfacción de sus derechos en su calidad de sujetos y no objetos; es decir, teniendo en cuenta su opinión en su calidad de personas; asimismo, en la Opinión Consultiva 17/2002 de 28 de agosto se expresa que el interés superior del niño se entiende como una “norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia”. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, con el objeto de realizar un seguimiento a las obligaciones contraídas por los Estados que son parte ha incorporado la creación de un Comité de los Derechos del Niño; para lo cual, los mencionados Estados deben presentar de manera obligatoria informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos que se encuentran reconocidos por la Convención y el progreso obtenido en lo referente al goce de los mismos, de conformidad al plazo establecido; por lo que, el referido Comité en la Observación General 10 pronunciada sobre Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores, se ha referido al interés superior del niño en la justicia penal, señalando que:

…Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una efectiva seguridad pública. (las negrillas son añadidas).

De la misma forma varias observaciones establecidas en la Observación 10 señalada ut supra, se emitieron a la luz del interés superior del niño, de conformidad a la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual a su vez también ha establecido otros principios como el de No Discriminación, Autonomía, Participación, Protección, excepcionalidad, legalidad, y especialización, que garantizan el cumplimiento de los derechos establecidos en esta norma internacional.

Asimismo, el interés superior del niño, no puede concebirse solamente como principio, sino también como garantía; puesto que, la misma se entiende como “vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos”, en este entendido también se constituye en un derecho, pues tal como se explicó precedentemente es de cumplimiento obligatorio y se encuentra vinculado a principios que coadyuvan en su cumplimiento; es así que, el Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha referido en varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales al interés superior del niño; sin embargo, en la SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, reiterada por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, ha establecido una comprensión amplia del referido principio, y su vinculación con otros principios que refuerzan su cumplimiento al señalar que:

…este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina (el resaltado fue añadido).

A mayor abundamiento, el interés superior del niño tiene asimismo una labor hermenéutica que permite interpretar sistemáticamente sus disposiciones a fin de efectivizar el ejercicio pleno de sus derechos, así también posibilita la resolución de conflictos entre derechos que se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño; es decir, que se utiliza este principio en la ponderación de derechos, entonces bajo esta comprensión los derechos del niño no pueden estar supeditadas al interés colectivo ni pueden asimilarse al mismo; por lo que, cuando surgen conflictos de derechos del niño con el interés social, los otros deben ser ponderados de manera prioritaria.

Así también, el interés superior del niño según el autor Parker puede servir como un principio orientador al momento de evaluar la legislación o práctica que no se encuentren regidas por la ley, facilitando llenar algunos vacíos o lagunas legales, tanto para la promulgación de leyes como para cuando se tenga que tomar decisiones en casos en que no existe norma expresa; de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño expresó que el interés superior del niño se entiende como una “norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia”, conceptualizando también la referida Opinión Consultiva 17/02 a dicho principio como un “principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ahora bien, siguiendo la concepción del nuevo paradigma de protección integral, esta fue también reconocida en la Sentencia de 19 de noviembre de 1999, en el caso “Niños de la Calle”, Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una interpretación evolutiva del art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, apartándose de la concepción tutelar con la cual fue concebida, otorgándole un contenido a partir de la incorporación de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de los instrumentos internacionales comprendidos en las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores de 1985, las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Riad) de 1990 y las Reglas para la Protección de los Menores de Edad Privados de Libertad de 1990, las cuales bajo esa comprensión se constituyen en parte del corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño se refiere a la protección integral, ratificando la concepción de que el niño se constituye en sujeto de derechos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño; es así que, en base al referido corpus iuris la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido también estándares importantes con relación a las garantías y derechos de los adolescentes en conflicto con la ley y que tienen que ver con el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial, a la doble instancia, presunción de inocencia, contradicción, audiencia y defensa, así como de los principios que rigen a la administración de justicia referente a esta población, entre los cuales se puede destacar el caso Instituto de Reducación del Menor Vs. Paraguay, en el cual se hace un desarrollo del carácter excepcional de la prisión preventiva y de la sanción privativa de libertad, así como se enumera los principios de la justicia penal juvenil, como los principios de especialización y de excepcionalidad; asimismo, sobre estos principios las Observaciones finales Antigua y Barbuda, manifiestan su preocupación por la responsabilidad penal que se fija a partir de los 8 años y la posibilidad de que un menor de 18 años pueda ser condenado a cadena perpetua por asesinato, pudiendo ser también procesado como adultos por homicidio y no se encuentran separados de los adultos durante su detención; por lo que, el Comité de los Derechos del Niño establece observaciones para que ese país revise sus leyes y políticas para garantizar la plena aplicación de normas de justicia de menores.

Por su parte, en el caso Mendoza y otros Vs. Argentina, se refiere a que no se puede aplicar el Derecho Penal para Adultos a los menores de edad, mencionando también el carácter excepcional de la privación de libertad y en su caso la corta duración que debe tener, y la exigencia de su revisión periódica y la prohibición de la pena privativa de libertad perpetua; mientras que en el caso Pacheco Terurel y otros vs. Honduras se hace mención a las detenciones indiscriminadas y la legislación antimaras; en el caso Petruzzi y otros Vs Perú, como en el caso de los hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Perú, se hace referencia al principio de legalidad; de igual forma la Opinión Consultiva 17/02 se ha expresado con relación al juez natural, a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, a la doble instancia, al derecho a ser oído y participar del proceso.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 100 período ordinario de sesiones, que se celebró en Washington D.C. el 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998, decidió crear la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, con la finalidad de fortalecer el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las Américas. Consecuentemente, bajo la comprensión de la protección integral en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que los Estados han tenido que realizar las adecuaciones a sus legislativas internas; en consecuencia, la experta en la materia Mary Beloff establece características que permiten identificar a las leyes que se enmarcan en la mencionada protección integral, como ser:

• Se definen los derechos de los niños y se establece que en caso de que alguno de esos derechos se encuentre amenazado o violado, es deber de la familia, de la comunidad y/o del Estado restablecer el ejercicio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos efectivos y eficaces tanto administrativos cuanto judiciales, si así correspondiere.

• Por eso desaparecen las vagas y antijurídicas categorías de “riesgo” “peligro moral o material”, “circunstancias especialmente difíciles”, “situación irregular”, etcétera.

• Se establece, en todo caso, que quien se encuentra en “situación irregular” cuando el derecho de un niño o adolescente se encuentra amenazado o violado, es alguien o alguna institución del mundo adulto (familia, comunidad o Estado). • Se distinguen claramente las competencias de las políticas sociales de la cuestión penal, planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños y los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales.

• Las políticas se caracterizan por estar diseñadas e implementadas por la sociedad civil y el Estado, por estar descentralizadas y focalizadas en los municipios. • Se abandona la noción de menores como sujetos definidos de manera negativa, por lo que no tienen, no saben o no son capaces, y pasan a ser definidos de manera afirmativa, como sujetos plenos de derecho.

• Se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada.

• La protección es de los derechos del niño y/o el adolescente. No se trata como en el modelo anterior de proteger a la persona del niño o adolescente, del “menor”, sino de garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. • Por lo tanto, esa protección reconoce y promueve derechos, no los viola ni restringe.

• También por ese motivo la protección no puede significar intervención estatal coactiva. • De la idea de universalidad de los derechos, se desprende que estas leyes son para toda la infancia y adolescencia, no para una parte. Por eso se dice que con estas leyes se recupera la universalidad de la categoría infancia, perdida con las primeras leyes para “menores”.

• Ya no se trata de incapaces, medias-personas o personas incompletas, sino de personas completas cuya única particularidad es que están creciendo. Por eso se les reconocen todos los derechos que tienen todas las personas, más un plus de derechos específicos precisamente por reconocerse el hecho de que están creciendo.

• De ahí que de todos los derechos, uno que estructura la lógica de la protección integral sea el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. • Se jerarquiza la función del juez en tanto éste debe ocuparse de cuestiones de naturaleza jurisdiccional, sean de derecho público (penal) o privado (familia).

• El juez, como cualquier juez, está limitado en su intervención por las garantías.

• En cuanto a la política criminal, se reconocen a los niños todas las garantías que le corresponden a los adultos en los juicios criminales según las constituciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes, más garantías específicas. La principal, en relación con los adolescentes, es la de ser juzgado por tribunales específicos con procedimientos específicos, y la de que la responsabilidad del adolescente por el acto cometido se exprese en consecuencias jurídicas absolutamente diferentes de las que se aplican en el sistema de adultos. Este reconocimiento de garantías es independiente del hecho de sostener que los niños y jóvenes son inimputables, como es el caso, por ejemplo, del Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil. • Se establece como consecuencia jurídica de la comisión de un delito por parte de un joven un catálogo de medidas, en el que lo alternativo, excepcional, ultima ratio y por tiempo breve es la privación de libertad. Estas medidas se extienden desde la advertencia y la amonestación hasta los regímenes de semilibertad o privación de la libertad en institución especializada. Deben dictarse por tiempo determinado. • Se determina que la privación de libertad será una medida de último recurso, que deberá aplicarse por el tiempo más breve que proceda y, en todos los casos, por tiempo determinado como consecuencia de la comisión de un delito grave” (las negrillas y subrayado son añadidas).

Sin embargo, estas características que hacen a las legislaciones que adoptan la protección integral conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, tuvo un lento avance en el caso de Bolivia, pues pese a que ratificó la mencionada Convención mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, promulgó un Código del Menor el 18 de diciembre de 1992, donde si bien se establece el principio del interés superior del niño, como pauta de actuación; sin embargo, se mantiene la noción del “menor” como objeto de tutela, pues en esa norma se crea el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONANFA) como cabeza de sector a nivel nacional, departamental y provincial; el cual, si bien se encuentra a cargo de regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas dirigidas al “menor” las mujer y la familia; empero, se crean los Servicios Tutelares del Menor, que dependen de las Direcciones Departamentales Ejecutivas de dicha instancia, que ejercen las facultades de investigación y jurisdiccionales en casos de menores infractores; mientras que, los Jueces Tutelares del Menor tienen otras funciones inherentes a la resolución de procedimientos referentes a la minoridad, vinculadas con situaciones de abandono, de peligro, maltrato en la que se encuentren menores, así como procesos de guarda, tenencia y adopciones; en consecuencia, este Código no supera los resabios de la situación irregular.

Posteriormente, el 27 de octubre de 1999, se promulga el Código de Niña, Niño y Adolescente mediante Ley 2026, en la cual existe un cambio trascendental de la concepción que se tenía de los “menores” en el anterior Código, al establecerse un régimen especializado de justicia para adolescentes infractores, que viene a ser el cambio fundamental al nuevo paradigma de la protección integral, donde se establecen principios y garantías procesales importantes que efectivizan los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley, además de otorgarle al Juez de la Niñez y Adolescencia la competencia jurisdiccional; asimismo, se desconcentra a nivel municipal y departamental las instancias de protección de las niñas, niños y adolescentes, de ahí que, los SEDEGES se constituyen en instancias que establecen políticas no solo de atención y protección sino de prevención en materia de niñez y adolescencia a nivel departamental, aunque mantienen resabios de la institucionalización de la doctrina de la situación irregular anterior, que se ve superada en mayor medida al realizar la inserción familiar de niñas, niños y adolescentes de los Hogares bajo su dependencia; de igual manera, es trascendental la creación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, quienes a parte de realizar funciones de prevención de la violencia en contra de este sector de la población, son los promotores y defensores de los derechos de los niños y adolescentes en el Municipio del que son parte, por ello se constituyen en un brazo operativo importante de los Gobiernos Autónomos Municipales para garantizar el ejercicio de esos derechos.

Asimismo, la Constitución Política del Estado de 2009, ha establecido una Sección específica dirigida a los Derechos de la Niñez y Adolescencia, siendo importante destacar el art. 60 donde se establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (las negrillas son añadidas), elevando así el interés superior del niño a rango constitucional, garantizando la satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes en todos los niveles del Estado, los órganos de poder y de la sociedad boliviana, es así que, se realza también la protección de las y los adolescentes en conflicto con la ley, al establecer el acceso a una justicia pronta y oportuna; sin embargo, de acuerdo al Cuarto Informe Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia elevado ante el Comité de los Derechos del Niño, esta instancia en su 52 período de sesiones de 16 de octubre de 2009, ha establecido Observaciones para Bolivia, que en lo referente a la Administración de Justicia Juvenil, son las siguientes:

82. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena aplicación de las normas de justicia juvenil, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité insta al Estado parte a tener en cuenta la Observación general Nº 10 (2007) del Comité sobre la administración de la justicia de menores. También recomienda que: a) El Estado parte vele por que el sistema jurídico positivo y el sistema indígena tradicional respeten la Convención, e introduzca una clara separación de competencias entre ambos sistemas;

b) El Estado parte tome medidas preventivas, como respaldar el papel de la familia y la comunidad, para eliminar las condiciones sociales que llevan a los niños entrar en contacto con el sistema de justicia penal o con el sistema indígena tradicional, y tome todas las disposiciones posibles para evitar la estigmatización;

c) Los niños en conflicto con la ley sean juzgados por el sistema de justicia juvenil, y no como adultos en los tribunales ordinarios;

d) Se introduzca en todas las regiones la figura del juez especializado en la infancia, y que estos jueces especiales reciban una educación y capacitación apropiadas;

e) La privación de libertad constituya una medida de último recurso con la menor duración posible, y cuya aplicación se examine periódicamente con miras a retirarla;

f) Se desarrollen penas alternativas a la privación de libertad tanto en el sistema jurídico positivo como en el sistema indígena tradicional, como la libertad condicional, la mediación, los servicios a la comunidad, o la condena condicional, siempre que sea posible;

g) Los niños privados de libertad tengan acceso a la educación, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva;

h) El Estado parte solicite asistencia al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, del que forman parte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNICEF, el ACNUDH y diversas ONG.

En este contexto, es que por Ley 548 de 17 de julio de 2014, se promulga en Bolivia el Código Niña, Niño y Adolescente, norma que se encuentra en la actualidad en vigencia; en el cual, se reconocen como sujetos de derecho a los niños que comprenden desde la concepción hasta los doce años y la adolescencia desde los doce a los dieciocho años; asimismo, establece que se le debe garantizar el ejercicio de las garantías constitucionales y de aquellas que se encuentran en la citada norma; de igual forma, se incluyen varios principios generales, entre ellos el del interés superior del niño, que se vincula con la protección integral y pregona la satisfacción de los derechos de manera preeminente; también, una de las implementaciones importantes del referido Código es la inclusión de un Sistema Penal Para Adolescentes, en el cual se establece una visión integral de atención y protección de los adolescentes en conflicto con la Ley, desde las instituciones involucradas y los procedimientos tanto procesales como administrativos para el ejercicio de los derechos de esta población, que condice con lo dispuesto en el art. 8.II de la norma en cuestión; ya que, esa disposición establece la obligatoriedad del Estado a través de todos sus niveles a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niña, niños y adolescentes; instituyendo en consecuencia entre sus derechos y garantías la especialidad, presunción de inocencia, a ser oída u oído, a guardar silencio; es decir, a no declarar en su contra, a ser informada o informado, a un traductor o intérprete, al debido proceso, a la defensa especializada, asistencia integral, a permanecer en centros especializados para adolescentes, a la comunicación, a la privacidad, confidencialidad, intervención de sus representantes legales, a la proporcionalidad, única persecución, y excepcionalidad de la privación de libertad; por otra parte, uno de los cambios trascendentales es el ámbito de aplicación de dicho sistema penal, pues ahora está dirigida a los adolescentes a partir de los 14 años hasta los 18 años, que modificó la Ley 2026 en la cual se establecía la aplicación del régimen especial desde los 12 a 16 años, finalmente también se incluyen medidas específicas de justicia restaurativa, que tampoco se encontraba en la citada norma.

Así las cosas, Bolivia cuenta con una Constitución Política del Estado y un Código de Niña, Niño y Adolescente que se sujetan a la Convención sobre los Derechos del Niño y por ende al enfoque de la protección integral de derechos, donde se establecen también principios que son directrices para la actuación de las autoridades judiciales y administrativas que conforman el Sistema Penal para Adolescentes en conflicto con la Ley, a fin de garantizar la plena satisfacción de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país; sin embargo, en ese entendido es importante remarcar que ante los vacíos normativos e inclusive de tipo administrativo, el corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se constituye en un referente principal de instrumentos internacionales del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que deben ser aplicados por dichas autoridades, en virtud a la obligatoriedad que tiene el Estado Plurinacional de cumplir con las Convenciones y Acuerdos suscritos en esa materia, en concordancia con el principio de pacta sunt servanda y además teniendo en cuenta que a la luz de la propia Constitución Política del Estado, estas normas son aplicables de manera preferente cuando establecen derechos más favorables que la referida Norma Suprema, a su vez de conformidad a la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al contenido y alcance del art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no solamente se trata de la aplicación de ese contenido a partir de las Convenciones y Tratados sobre la materia sino también de las Reglas o Directrices de Justicia Juvenil, las Opiniones Consultivas como las Observaciones Generales.

Bajo tal comprensión, es importante que el enfoque de la protección integral que pregona la Convención sobre los Derechos del Niño en favor de los adolescentes en conflicto con la ley se consolide materialmente en nuestro país a través de todas las instancias del Estado y de los órganos de poder; es decir, bajo este enfoque de satisfacción de los derechos de esta población de manera preeminente, todo ello en consonancia con el interés superior del niño.

III.5. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la SCP 1322/2023-S1 de 20 de diciembre; mismo que describe lo siguiente:

El art. 232 de la CPE, en cuanto a los servidores públicos prevé lo siguiente:

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados (las negrillas son añadidas). Asimismo, la Norma Suprema en su art. 235.1 consagra la obligación de los servidores públicos a efecto de cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes. En ese sentido, se debe señalar que la acción de libertad respecto a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad, que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esta acción de defensa, cuando el sujeto pasivo es funcionario público tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia con la finalidad de desvirtuar los actos o hechos denunciados como lesivos a los derechos del accionante pues de no hacerlo se presume su veracidad.

En el mismo sentido la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, refirió que:

Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación, (…) con lo que se cumplió lo dispuesto por el art. 18.II CPE que establece que la autoridad judicial que conozca el hábeas corpus, ‘señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de la autoridad demandada... (el subrayado es nuestro).

Posteriormente, la SC 0650/2004-R de 4 de mayo indicó lo siguiente:

…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso (las negrillas son nuestras).

Entendimiento asumido y reiterado en las SSCC 0141/2006-R y 0181/2010-R; y la SCP 0576/2018-S1, entre otras.

Siguiendo esa línea, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió que:

…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley (el resaltado nos corresponde).

Por su parte la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio estableció las excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad en los siguientes casos:

a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas nos pertenecen). De acuerdo a lo desarrollado precedentemente, se concluye que la autoridad demandada tiene el deber en su propio interés de presentar informe con la prueba necesaria y suficiente ante el Juez, Tribunal de garantías o Sala Constitucional para desestimar la acción tutelar planteada en su contra, caso contrario asistir a la audiencia pública con el fin de desvirtuar las denuncias formuladas por el impetrante de tutela; puesto que, su negligencia dará lugar a que se presuma la veracidad de los actos o hechos denunciados por el accionante, generándole en consecuencia responsabilidad por su condición de funcionario o servidor público.

III.6. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos de sus hijos al debido proceso, a la defensa y los principios de legalidad e interés superior del niño; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de violación; por el cual, se encuentran detenidos preventivamente en el ”Centro de Reintegración Social Varones de la ciudad de La Paz”, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, de manera sistemática cometió un conjunto de vulneraciones de derechos humanos, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) En cuanto a su aprehensión, subsumió la conducta de los menores al tipo penal de violación, sin individualizar su participación en el hecho, aplicando un ordenamiento jurídico ordinario en vez de la norma especial como es la Ley 548 -art. 287-; 2) En cuanto a su declaración informativa, consignó como abogado defensor de los menores a “Fausto Yanarico Mamani”, quien al mismo tiempo ejerció como abogado de la DNA, además de ser denunciante y representante de la víctima; 3) La imputación formal carece de eficacia, porque la declaración informativa de los menores infractores no se llevó con las formalidades de ley, siendo este un requisito necesario frente a la justicia para su posible formalización; 4) En la imputación formal, los hechos endilgados de “agosto y diciembre” en los cuales se implica a los menores infractores, resultan generalizados y no establecen modo, tiempo, lugar y grado de participación conforme prevé el art. 302 del CPP; y, 5) Hasta la fecha de la interposición de la presente acción de libertad -entiéndase 12 de marzo de 2024-, el Fiscal de Materia demandado no emitió respuesta a los memoriales que presentaron el 23, 29 de febrero y 6 de marzo, todos de 2024; como tampoco subió las actuaciones al Sistema JL2 para hacer su respectivo seguimiento.

De los antecedentes descritos en la Conclusión de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que dentro el proceso penal seguido en contra de los ahora impetrantes de tutela, cursa Resolución Fundamentada de Aprehensión 04/2023 de 13 de diciembre, por el cual el Fiscal ahora demandado, ante los indicios de la causa, dispuso aprehenderlos conforme dispone el art. 226 del CPP (Conclusión II.1). Cursa declaración informativa policial del menor infractor DVCN, en el cual se describe datos generales de las partes, preguntas realizadas al aprehendido y respuestas del mismo; y, finalmente, en la parte inferior de dicha acta, cursan las firmas y/o rúbricas tanto del menor infractor como de Fausto Yanarico Mamani como representante de la DNA Escoma de La Paz, Carlos Quizu Canaza como Abogador Defensor y del Fiscal de Materia ahora demandado (Conclusión II.2).

Consta Actas de Declaración Informativa Policial de los menores infractores EQM y MAP -ahora peticionantes de tutela-, en el cual se describen en sus tres recuadros principales datos generales de los declarantes; datos generales del abogado defensor de (oficio), consignado al ciudadano Carlos Rene Quizu Canaza; datos generales de la DNA Escoma de La Paz, señalando al ciudadano Fausto Yanarico Mamani como tal. A continuación se describe las preguntas realizadas a los aprehendidos y respuestas de los mismos. Finalmente, en la parte inferior de dicha acta, cursan las firmas y/o rúbricas de los menores citados, firma y rúbricas de sus progenitores Cesar Quenallata Santos y Mario Aliaga Luque respectivamente, Fausto Yanarico Mamani como representante de la DNA del GAM de Escoma, Carlos Quizu Canaza como Abogado Defensor y del Fiscal de Materia ahora demandado (Conclusiones II.3 y II.4). A través de memorial, el Fiscal de Materia ahora demandado presentó ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Turno de El Alto del departamento de La Paz, inicio de investigaciones e imputación formal en contra los menores ahora infractores por el delito de violación con agravante, solicitando al amparo del art. 289.I incs. a), b), d) y e); y, III de la Ley 548, la aplicación de medidas cautelares y la detención preventiva de los sindicados a cumplirse en “UN CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL EN FORMA DIFERENCIADA POR GENERO Y SEPARADA DE ADOLESCENTE” (Conclusión II.5). Mediante memoriales de 23 y 29 de febrero de 2024, los solicitantres de tutela respectivamente solicitan al Fiscal de Materia demandado, requiera ingreso de testigos a la Unidad de Víctimas y Testigos; formulan objeción y proponen nuevos puntos de pericia, ofreciendo perito para tal efecto; presentan CD con video del día de los hechos, impetrando que a través de la FELCV -Escena del Crimen se proceda a la transcripción e impresión de las imágenes (Conclusiones II.6, II.7 y II.8). A través de memoriales de 6 y 11 de marzo de 2024, los accionantes requieren al Fiscal de Materia demandado cumpla lo ordenado por control jurisdiccional y en el día suba los decretos y todas las actuaciones al sistema JL2, a objeto de que tengan acceso al cuaderno de investigaciones; además, disponga las notificaciones al “Centro de Reintegración Social para Adolescentes” remita informe biopsicosocial; de respuesta a sus anteriores memoriales y suba al Sistema JL2 la causa para su revisión; a la FELCV entre otros para que realicen transcripción e impresión de imágenes del CD presentado el 29 de febrero del citado año (Conclusiones II.9 y II.10).

Consta capturas de pantalla de la plataforma JL2 del Ministerio Público, por el cual se describe del caso signado 20152022311129 todas las actividades del referido proceso, entre ellos los memoriales presentados por las partes, además de varios requerimientos (Conclusión II.11).

Ahora bien, inicialmente corresponde señalar que a efectos de superar la barrera procesal de subsidiariedad en el presente caso, este Tribunal ha determinado ciertos casos en los que es viable obviar el referido principio en pro de analizar una determinada problemática en la que se halle o hallen involucrados derechos fundamentales y garantías constitucionales de grupos prioritarios o sectores de vulnerabilidad de la sociedad, tomando en cuenta que por las particularidades de éstos, merecen una atención especial y oportuna en la defensa de sus derechos, en este caso, al involucrar a menores de edad en la problemática planteada que reclaman la protección de sus derechos fundamentales supuestamente vulnerados, resulta viable efectuar un examen de fondo en relación a las denuncias contenidas en la demanda tutelar, obviando la subsidiariedad desarrollada inherente a la acción de libertad; dado que, al tratarse de adolescentes, éstos requieren una atención y resolución prioritaria, lo que no implica de modo alguno, se aclara, una obligación de acceder positivamente a todas las demandas expuestas, pues ello dependerá de cada caso en concreto y en la medida en que se demuestra la lesión alegada, pues aun siendo menores tanto la Constitución Política del Estado, como las leyes reguladas en el ordenamiento jurídico nacional, establecen límites a los derechos fundamentales del sector aludido; debiendo entenderse en este contexto la acción tutelar de exégesis.

Por otra parte, de la revisión del sistema de información del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que los ahora impetrantes de tutela, posterior a la formulación de la presente acción de defensa signada bajo el número de expediente 62686-2024-124-AL, el cual ingresó al Tribunal Constitucional Plurinacional el 20 de marzo de 2024, presentaron otra acción de libertad con los mismos argumentos, signado con el número de caso 63149-2024-127-AL, mismo que ingresó el 10 de abril de 2024. Al respecto de este último expediente, se evidencia que esta instancia constitucional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 0100/2024-S3 de 29 de abril, la cual sin ingresar al fondo de lo denunciado, resolvió aplicar falta de legitimación pasiva respecto de las autoridades demandadas. En tal situación; siendo que, dicha fallo constitucional no ingreso al fondo de lo cuestionado por los peticionantes de tutela, y no haber causado estado, ni tener calidad de cosa juzgada, compete en cuanto al presente caso en análisis, ingresar a compulsar los extremos denunciados, los cuales fueron identificados por esta Sala Primera, en cinco problemáticas.

Así mismo, previo a ingresar al análisis de lo denunciado, corresponde puntualizar que, en razón de que la víctima dentro del presente caso de autos resulta ser una mujer menor de edad, es necesario considerar lo establecido en la jurisprudencia desarrollada precedentemente en el Fundamento Jurídico III.1., el cual será elemento de consideración para emitir el respectivo fallo; así se tiene que de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta importante destacar que, cuando se trata de ingresar a analizar a un sector vulnerable de la población, como ser mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia; al contener una connotación de relevancia social el enfoque interseccional debe ser desde una premisa garantista y progresiva en pro de este sector. En ese marco, se tiene sentada la necesidad de abordar con profundidad el hecho denunciado a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta como víctimas de violencia a las mujeres, adoptando un enfoque interseccional, entendida como una herramienta útil para abordar un análisis de la vulneración de derechos. Ahora bien, remitiéndonos al objeto de la presente acción de libertad, se tiene que:

III.6.1.En cuanto a la primera problemática

Los representantes sin mandato de los ahora solicitantes de tutela de tutela denuncian que dentro del proceso penal seguido en contra de sus hijos menores edad por la presunta comisión del delito de violación; por el cual, se encuentran detenidos preventivamente en “UN CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL EN FORMA DIFERENCIADA POR GENERO Y SEPARADA DE ADOLESCENTE”(sic) de la ciudad de La Paz, el Fiscal de Materia ahora demandado, al momento de aprehenderlos, subsumió su conducta al tipo penal de violación sin individualizar su participación en el hecho, aplicando un ordenamiento jurídico ordinario en vez de la norma especial como es la Ley 548 en su art. 287. A efectos de contrastar en examen la presente problemática, en sintonía con las conclusiones arribadas dentro el presente fallo constitucional, corresponde analizar el contenido de la Resolución Fundamentada de Aprehensión 04/2023 de 13 de diciembre ahora cuestionada (Conclusión II.1), y si en su caso resulta evidente o no la vulneración de los derechos alegados; así se tiene que dicha medida refirió:

II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA APREHENSIÓN Que luego de realizar un análisis exhaustivo de los elementos de convicción que cursa en el Cuaderno de Investigaciones, se establece la existencia del hecho denunciado y la probabilidad de autoría de los sindicados: MILAN ALIAGA PARADA, EDGAR QUENALLATA MAMANI, DANTE CHEJO NINA, EDUARDO MAMANI Y OSCAR AMERICO HUANCA GARCÍA, toda vez que la conducta desplegada por los sindicados nombrados principalmente en fechas a principios del mes de agosto y 5 de diciembre del año 2023 a través de los cuales se hace conocer que la víctima indica en su declaración tomada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Escoma Provincia Camacho: Ocurre que por las manifestaciones y las declaraciones de la adolescente: ROUS KEILLY ACHO QUISPE, de 17 años de edad estudiante de la Unidad Educativa "DON BOSCO" Escoma de curos 5° de secundaria paralelo "B" del Municipio de Escoma, Ocurre que en fecha, 05 de diciembre de 2023 a horas, 12:00p.m., aproximadamente, del día martes, la adolescente recibe la llamada por celular por parte de su compañero de curso EDGAR QUENALLATA por motivos que entregara un cartapacio a su amiga(...), luego me dijo, tomaremos bebidas alcohólicas, lix, en tu casa, me dijo tu casa está vacío, no están tus padres y llegaron mis compañeros de curso de 'sexo masculino: 1.- DANDE CHEJO, 2.- EDUARDO MAMANI, 3.-MILAN ALIAGA PARADA, y una compañera de sexo femenino de nombre. LIZ AYMA CHOQUE, y llegamos a nuestra casa ubicada en la calle Italia sin número a esa de las 13:00 cuando ya nos hemos servido ya estábamos borrachos, yo estaba peor que ellos, a las 15:00 p.m., pide ayuda a mi compañera Liz Ayma choque de (sexo femenino) porque yo ya estaba perdiendo la conciencia, me estaba cayéndome al suelo donde quiso abrazarme, mi compañero, Milán Aliaga Parada, instantes amiga LIZ AYMA CHOQUE, a esa de las 16:30 donde yo había estado, echado sobre el catre, cama, me sorprendí que yo habla estado bajado mí pantalón, y mi calzoncillo hasta mis rodillas además noté que mi vagina salía un líquido blanquecino "que probablemente es semen" me sentí muy mareada y me dolía mucho el lugar de mi vagina, luego mi amiga Liz Ayma, me dijo Rouse no pasó nada, nada pasó, los chicos se fueron, y vi a mis compañeras que no estaban presente en el momento que estábamos tomando bebidas alcohólicas, era La Ana Paola Condori, y Vanesa Luque quienes me ayudaron a mojar mi cabeza con agua luego mi mamá me llamó y al día siguiente conté todo lo que había pasado y mis padres denunciaron ante instancias correspondientes. También refiere que, a comienzos del mes de agosto de 2023, a horas 11:00 a.m., la señorita adolescente recibe la llamada telefónica del joven, Edgar Quenallata citando para que venga al frente de planta de gas luego deciden tomar bebidas alcohólicas dentro del domicilio ubicado frente de la planta de gas de escoma, con los mismos compañeros mencionados arriba, y la adolescente, corrió la misma suerte de violación, en grupo, además la adolescente refiere: que el joven: OSCAR AMERICO HUANCA, es su enamorada, señala y refiere que ha violado en reiteradas veces, "ya no me recuerdo cuantas veces me ha violado, sin mi consentimiento" Hoy pido justicia ante su autoridad, adecuándose de esta manera la conducta de los denunciados (sujetos activos) al tipo penal de VIOLACIÓN ART. 308 del Código Penal, lo cual tendría un trauma que le afecte a lo largo de su vida de forma permanente del sujeto pasivo que es una persona menor de edad de 17 años, e incluso habría transgredido la Ley 348, cuyo bien jurídico protegido de acuerdo a nuestra economía jurídica en materia penal, es la integridad física, libertad sexual, bien jurídico que es protegido y tutelado por la Constitución Política del Estado y la economía jurídica sustantiva penal. Que en conocimiento de los hechos denunciados y considerando los antecedentes del presente caso, se advierte la necesidad imperiosa de la presencia de los imputados en la investigación de la verdad histórica de los hechos y de acuerdo a los datos del cuaderno de investigaciones, permiten sostener la existencia de suficientes elementos de convicción y la certeza de que la conducta desplegada por parte de los imputados nombrados, se adecúa perfectamente al ilícito penal señalado. SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1508/2002-R. El Código de Procedimiento Penal Art. 226) permite-aunque no lo diga expresamente-la aprehensión directa del imputado sin necesidad de citación previa de comparendo, en la persecución de aquellas acciones delictivas que por su gravedad lesionan los intereses y bienes jurídicos vitales y fundamentales para la vida y desarrollo del individuo y la comunidad: todos ellos destinados a la protección de la vida, la integridad corporal y la libertad sexual y otros (en los casos de agravación previstos en el Código Penal), siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que la presencia del imputado sea necesaria para la investigación, 2) Que existan suficientes indicios de que es autor o participe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años mínimo contemplado en pocos cielitos y 3) Que el imputado pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad. requisito que debe tomar en cuenta las circunstancias y la concurrencia de indicios establecidos en los Arts. 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal. El Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, faculta a los fiscales expedir mandamientos de aprehensión cuando se dan los requisitos establecidos en la norma procesal penal en dicho Artículo y Sentencia Constitucional lo que se fundamenta y es como sigue: a). PRESENCIA NECESARIA En la presente causa es necesaria la presencia de los denunciados MILAN ALIAGA PARADA, EDGAR QUENALLATA MAMANI, DANTE CHEJO NINA, EDUARDO MAMANI Y OSCAR AMERICO HUANCA GARCIA a objeto de dar continuidad con la investigación y llegar a establecer la averiguación de la verdad histórica de los hechos, toda vez que existe elementos de convicción suficientes que hacen presumir la participación en los hechos denunciados, por lo que existe en el Ministerio Público la convicción de la conducta desplegada por los denunciados, subsumiéndose en el tipo penal de VIOLACION Art. 308 del C.P., toda vez que las investigaciones preliminares realizadas fueron actuaciones oportunas garantizando el derecho a la libre locomoción y psicológica de la víctima, además se tiene acumulado prueba indiciaria que respalda y acredita la existencia del hecho así como la participación de los sindicados. b). RIESGOS PROCESALES DE FUGA Y OBSTACULIZACIÓN Igualmente se dan suficientes elementos de convicción para creer la concurrencia del peligro procesal de fuga, toda vez que con relación al segundo requisito de procedencia para la presente solicitud (Art. 233.2 C.P.P.), se tiene que existen suficientes elementos de convicción, para sostener que el imputado no se someterá al proceso penal, en atención a las prescripciones legales siguientes:  Art. 234 inc. 1).- Que el imputado no ha acreditado domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo asentados en el país.  Art. 234 inc. 2).- Que tiene la facilidad de abandonar el país y/o mantenerse oculto en el nuestro.  Art. 234 inc. 4).- El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo. En este inciso se debe tomar en cuenta en el presente proceso de investigación el imputado a demostrado una actitud reticente.  Art. 234 inc. 7).- Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante, al respecto se debe considerar que los hechos investigados vulneran el bien jurídico de la libertad sexual, al tratarse de una conducta sumamente peligrosa, ya que estando en libertad el imputado, con seguridad consumará hechos similares, más teniendo en cuenta que los denunciados nombrados, a tiempo de proceder con la agresión sexual, previamente habrían consumido bebidas alcohólicas en la que la víctima citada, habría perdido la noción del tiempo, situación que es aprovechada por los sindicados nombrados, aspectos que hacen entrever que los imputados señalados constituyen realmente un peligro efectivo para su familia, la sociedad y principalmente la víctima y su familia.

De igual forma concurren suficientes elementos de convicción que permiten sostener de manera fehaciente el peligro procesal de obstaculización.  Art. 235 inc. 2).- De acuerdo a los elementos de convicción debidamente sustentados y acreditados, demostrando el comportamiento peligroso de los imputados con relación a la víctima y la sociedad, que con toda certeza entorpecerá la averiguación de la verdad histórica de los hechos, influyendo negativamente sobre los partícipes, testigos y otros sujetos procesales a que se comporten reticentemente, toda vez que el sindicado vive en un lugar por donde transita la víctima, su familia y comunarios del lugar.

POR TANTO

En atención a los fundamentos expuestos precedentemente, el suscrito Director Funcional de la Investigación, requiere porque habiéndose cumplido con los requisitos formal y material del Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, dispone, resuelve y ordena la APREHENSIÓN de los ciudadanos: MILAN ALIAGA PARADA, EDGAR QUENALLATA MAMANI, DANTE CHEJO NINA, EDUARDO MAMANI Y OSCAR AMERICO HUANCA GARCIA, debiendo remitir a los aprehendidos por ante el suscrito Director Funcional de la Investigación, para posteriormente ser remitido al Juez Contralor de garantías y derechos constitucionales, con la finalidad de determinar su situación jurídica (sic [fs. 4 a 5 vta.). En ese efecto, compulsada la resolución cuestionada, se tiene que la denuncia formulada por los prenombrados accionantes no es evidente; toda vez que, se verifica que la autoridad demandada al momento de disponer la aprehensión de los menores sindicados, previo se remitió a describir los antecedentes que dieron origen a la denuncia principal, donde se señala la actuación individual en tiempo y modo de cada uno de los partícipes, e incluso individualiza a los implicados con nombre y apellido, detallando su participación en el actuar criminoso, llegando a la conclusión que por aquella conducta desplegada, los referidos adecuaron su conducta al tipo penal de violación.

Por otra parte, si bien la cuestionada resolución, en la mayoría de su contenido, para fundar la aprehensión de los ahora impetrantes de tutela cita normativa ordinaria como es el Código de Procedimiento Penal; empero, aquel extremo no puede ser considerado por esta instancia constitucional, ya que aquella barrera fue superada en razón de la aplicación del enfoque interseccional -Fundamento Jurídico II.1, en el que tanto las autoridades judiciales, Ministerio Público y Policía Boliviana, deben tomar en cuenta cuando el hecho de violencia involucre niñas o adolescentes, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, precautelando en todo momento el interés superior de la niña o la adolescente. Además que cuando se impide el goce pleno de los derechos con lo que cuenta la víctima y libertades en igualdad con el hombre, conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la aplicación de medidas necesarias que tiendan a la protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; asimismo, en cuanto al derecho de acceso a la justicia de las mujeres, el Estado debe asegurar que las mujeres víctimas tengan un verdadero acceso a la justicia, al advertir que existen impedimentos y restricciones que les impiden efectivizar este derecho de acceso a la justicia, debiendo asegurar la efectivización de este derecho en el marco de la igualdad; ya que los obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, muchas veces es atribuible como a factores relacionados a estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; impedimentos que se tornan en violaciones persistentes a los derechos humanos de la mujer.

Además se evidencia que el Fiscal de Materia demandado, para sostener la medida de detención preventiva de los menores infractores, y adecuar su conducta al tipo penal de violación, lo hizo a partir de la debida diligencia exigida de aplicación en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que mereció mayor consideración al ser la víctima mujer menor de edad de hecho de violencia sexual, buscando un equilibrio para garantizar de manera razonable y proporcional la protección de ambos derechos respecto de las personas que requieran la aplicación de medidas reforzadas. Debe considerarse que el mecanismo legal de ponderación conforme determina el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución Constitucional, se utiliza por hermenéutica constitucional para establecer un orden de preferencia entre los principios o derechos en colisión, debiendo en tal caso determinar cuál es el peso específico de los mismos; vale decir, la importancia de cada uno de ellos a partir de los sub principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad; para ello, esta instancia constitucional, a partir de lo denunciado por la parte peticionante de tutela respecto a que la representación del Ministerio Público subsumió su conducta al tipo penal de violación sin individualizar su participación en el hecho, aplicando un ordenamiento jurídico ordinario en vez de la norma especial como es la Ley 548 en su art. 287; dado que dicha autoridad demandada, después de citar a los menores infractores -ahora solicitantes de tutela-, y estos brindar su declaración informativa, fueron aprehendidos por su presunta participación en el hecho de violación con agravante con base en lo establecido en el Código de Procedimiento Penal; es preciso efectuar esta hermenéutica (test de ponderación) a efectos de concluir cuales derechos deben ceder frente a los otros; es decir, la de los accionantes frente a los de la víctima (ambas partes menores de edad); así:

i) En cuanto a la Idoneidad. Si bien para subsumir la conducta de los denunciados al tipo penal de violación después de su declaración informativa y aprehenderlos, la referida autoridad demandada aplicó el Código de Procedimiento Penal en vez del Código Niña, Niño y Adolescente; sin embargo, debe considerarse que en razón de lo dispuesto en el art. 4.11 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- las decisiones administrativas o judiciales adoptadas en casos de violencia contra las mujeres, deben ser consideradas por encima de la formalidad pura y simple; sumando a ello, que cuando la víctima del hecho resulta ser una mujer menor de edad, su análisis debe partir del enfoque interseccional bajo una premisa garantista y progresiva. Por tal razón, más allá de que no se haya seguido lo dispuesto en la Ley 548, la medida limitadora traducida en la declaración informativa y aprehensión de los menores infractores, que fueron asumidos por el Fiscal demandado, resulta idónea; puesto que, alcanzó la finalidad que fue que se disponga la detención preventiva de los imputados, asegurando el normal desarrollo de la investigación y el resguardo de la mujer víctima a una posible revictimización, tal como se precisó en el Fundamento Jurídico III.1.1 del citado fallo constitucional. ii) En cuanto a la Necesidad, más allá que la autoridad demandada no aplicó el procedimiento previsto en la Ley 548 para tomar las declaraciones informativas y aprehender a los menores infractores; empero, en razón de la gravedad de los hechos denunciados que inmiscuyen a una mujer menor de edad víctima de violencia sexual, la cual por su condición y pertenecer a un grupo vulnerable, reviste una protección reforzada por parte del Estado, situación que constituye que la medida asumida resulta menos restrictiva ante la necesidad de precautelar los derechos de la menor víctima de violencia sexual iii) En cuanto a la Proporcionalidad; las declaraciones informativas aprehensión de los menores en las cuales no se aplicó la Ley 548, no resulta desmedida o exagerada, ya que la misma responde a la finalidad de garantizar la presencia de los denunciados y que la investigación se desarrolle con normalidad; pero además, como ya se señaló en los acápites anteriores, esta deviene para garantizar los derechos de la víctima en cuanto a una posible revictimización. Bajo esa comprensión y ante la pugna de dos derechos fundamentales como ocurre en el presente caso, resulta razonable porque la medida asumida por la autoridad fiscal demandada respecto a los menores ahora impetrantes de tutela, en aplicación del principio de ponderación resulta idónea, necesaria y proporcional, ya que se determinó el peso o la importancia de los derechos que asiste a la menor víctima de violencia sexual contra los derechos de los menores infractores denunciados.

Por lo que, pretender anular estos actuados conllevaría una revictimización de la menor víctima de violación, en el entendido que si bien los denunciados son menores de edad y merecen una tutela reforzada por parte del Estado, también la víctima es menor; por ello, en el marco de la ponderación de derechos efectuada, debe prevalecer los actos realizados por el Ministerio Público, donde se investiga hechos de una agresión sexual grupal en estado de inconsciencia de una mujer menor de edad.

En ese marco de procedimientos interseccionales, como un factor de discriminación hacia la mujer, pueden surgir debido al diseño garantista de cierto procedimiento que si bien, a prima facie, busca el respeto de los derechos y garantías jurisdiccionales de un procesado que afectó a una víctima mujer; sin embargo, en muchas ocasiones aquel diseño garantista procedimental, puede llegar a desconocer este enfoque interseccional de discriminación hacia la condición de mujer; por ello, debe tenerse presente que respecto a las decisiones administrativas o judiciales adoptadas en casos de violencia contra las mujeres, deben ser consideradas por encima de la formalidad pura y simple.

En ese antecedente, se evidencia que la autoridad demandada, sí individualizó la participación de los menores infractores para concluir su presunta responsabilidad en el delito de violación; además, si bien no aplicó a cabalidad la norma especial contenida en la Ley 548 para fundar la aprehensión de los ahora peticionantes de tutela; empero como se explicó, siendo que la víctima es una menor de edad que merece una doble protección, la ponderación de derechos que le asiste, justifica la medida limitativa a la libertad de los menores infractores, la cual se tornó necesaria e idónea; extremo que deviene en mantener subsiste primordialmente la aplicación del enfoque interseccional para garantizar a las mujeres una vida sin violencia; situación por la cual corresponde denegar la tutela impetrada.

III.6.2.En cuanto a la segunda problemática

La parte solicitante de tutela denuncia que en cuanto a su declaración informativa, se consignó como abogado defensor de los menores a “Fausto Yanarico Mamani”, quien al mismo tiempo ejerció como abogado de la DNA, además de ser denunciante y representante de la víctima.

Al respecto de la presente problemática, se evidencia que lo denunciado por los menores de iniciales EQM y MAP -ahora accionantes-, no resulta evidente; puesto que, en las Actas de Declaración Informativa Policial inserto en Conclusiones II.3 y II.4 del presente fallo constitucional, se consigna que ambos menores en todo momento estaban asistidos de su abogado defensor de oficio Carlos Quizu Canaza y sus progenitores, quienes incluso al final de dicho actuado administrativo dando fe del mismo, suscribieron el acta conjuntamente el investigador asignado al caso, el Fiscal de Materia -ahora demandado-, y la representación de la DNA del GAM de Escoma en la persona de Fausto Yanarico Mamani; este último, de ninguna manera es consignado como abogado o representante de ambos menores, menos se identifica como tal en dicho acto fiscal. De igual manera, en cuanto al menor de iniciales DVCN -también impetrante de tutela-, se corrobora que de igual manera, lo denunciado no resulta cierto; ya que, en dicho acto de declaración informativa citado en la Conclusión II.2 de igual Resolución Constitucional, se corrobora se encontraban presentes el menor infractor acompañado de su Abogador Defensor de Oficio Carlos Quizu Canaza; el investigador asignado al caso, Fiscal de Materia ahora demandado y el representante de la DNA del GAM de Escoma; empero, como se señaló el párrafo anterior, no se evidencia que el citado profesional representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se haya identificado como defensor del citado menor infractor, tampoco existe elemento que haga entrever aquel extremo; puesto que, al final de dicho actuado, el referido abogado suscribe el acta de declaración y se identifica solo como “Defensoría de Escoma” (sic).

En tal situación, al no ser evidente lo denunciado por la parte peticionante de tutela, respecto del presente punto corresponde denegar la tutela impetrada.

III.6.3. En cuanto a la tercera problemática

Los solicitantes de tutela denuncian que la imputación formal carece de eficacia, porque la declaración informativa de los menores infractores no se llevó con las formalidades de ley, siendo este un requisito necesario frente a la justicia para su posible formalización. Al respecto del presente punto, como se detalló en la segunda problemática de este fallo constitucional, no se evidencia que las declaraciones informativas de los menores ahora accionantes se haya llevado fuera de los parámetros establecido por ley, ya que en todo momento EQM y MAP se encontraban asistidos de sus progenitores. En cuanto al menor DVCN; si bien, los datos reflejan que sus progenitores no se encontraban presentes; sin embargo, en sala estaba la representación de la DNA del GAM de Escoma, quien al momento de suscribir las referidas actas, los hace identificándose como “DNA-Escoma”, no estableciendo si dicha autoridad se encontraba solo como representante de la víctima. Por otra parte, debe considerarse que la función principal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es precautelar por sobre todo los derechos de todos los menores en conflictos con la ley; en el presente caso concurrió aquello; ya que, se verifica que en ningún momento los menores imputados se encontraban desamparados y sin protección por parte del Estado; extremo por el cual, corresponde denegar la tutela impetrada.

III.6.4. En cuanto a la cuarta problemática

Los impetrantes de tutela denuncian que en la imputación formal, los hechos endilgados de “agosto y diciembre” en los cuales se implica a los menores infractores, resultan generalizados y no establecen modo, tiempo, lugar y grado de participación conforme prevé el art. 302 del CPP

Al respecto de lo denunciado, impele remitirnos al contenido de la imputación formal (Conclusión II.5), en el que la autoridad fiscal demandada refirió lo siguiente:

Ya que la conducta desplegada de los mismos, perfectamente se encuadra dentro de estos ilícitos penales señalados, es decir, de acuerdo a la relación de los hechos y los elementos objetivos obtenidos. se tiene que: MILAN ALIAGA PARADA, DANTE CHEJO Y EDGAR QUENALLATA los primeros días de agosto del año en curso, lo habrían abusado sexualmente a la víctima señalada, para el efecto con disimulos le habrían llamado a la víctima donde los imputados señalados, quienes habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas, invitándola a la víctima, quien pierde el sentido, circunstancia que es aprovechado por los imputados para proceder con la agresión sexual.

Asimismo, en fecha 05 de diciembre del año en curso siendo a horas: 12:00p.m., aprox. los imputados: EDGAR QUENALLATA, MILAN ALIAGA PARADA Y EDUARDO MAMANI, proceden con el abuso sexual a la víctima citada, con el mismo modus operandi, donde los agresores habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas, lo hacen beber a la víctima, incluso dentro de su domicilio de la víctima, quien pierde el sentido, situación que es aprovechada por los imputados nombrados para proceder con la agresión sexual en contra de la víctima citada, quien se da cuenta de este hecho. identifica a los agresores sexuales, para posteriormente contar a sus padres, quien realiza la denuncia respectiva.

(…) OTROSÍ 4.-Al tenor de lo dispuesto por el Art. 302 Núm. 3) del Código de Procedimiento Penal, el suscrito Fiscal se reserva la prerrogativa a fundamentar, enmendar, complementar o rectificar la Imputación Formal en audiencia pública, por cuanto nos encontramos en un sistema donde prevalece el principio de oralidad (sic [fs. 24 a 30 vta., de las copias del cuaderno de control jurisdiccional]). De la revisión de dicha resolución de imputación formal, en síntesis se evidencia que la autoridad demandada, para demostrar la participación de los sindicados, refirió que la conducta desplegada de los menores infractores se acomoda a los ilícitos denunciados; ya que, los imputados EQM, MAP y DVCN -ahora peticionantes de tutela-, después de invitar a la víctima a consumir bebidas alcohólicas, aprovechando aquella situación agredieron a la misma; extremo que bajo mismo modus operandi, en el domicilio de la víctima se repitió el 5 de diciembre de 2023 a horas 12:00, con participación de EQM, MAP y otro menor de edad, más no así DVCN. No obstante de aquello, la autoridad fiscal, señaló en el Otrosí 4, de dicho requerimiento de imputación formal, que al tenor de lo dispuesto en el art. 302.4 del CPP, en audiencia se reserva fundamentar, enmendar, complementar o rectificar su pedido. Ahora bien, remitiéndonos al contenido del Acta de Audiencia de aplicación de medidas cautelares de 17 del citado mes y año, se corrobora que el señalado Fiscal de Materia, al momento de tomar la palabra expresó que en cuanto a la individualización y participación de EQM, MAP y DVCN -solicitantes de tutela-, los primeros días del mes de agosto, después de consumir bebidas alcohólicas abusaron sexualmente de la víctima; hecho que se hubiera reiterado el 5 del mencionado mes y año a horas 12:00, en el domicilio de la víctima por parte de EQM, MAP y otro menor de edad, bajo el mismo modo de operación (ver fs. 126 vta., a 127 de las fotocopias del cuaderno de control jurisdiccional).

Ahora bien, en razón de lo descrito, se llega a la conclusión que lo denunciado por los accionantes no resulta evidente; ya que, la autoridad fiscal demandada, en su requerimiento de imputación formal de manera suscinta hace alusión a los hechos acontecidos en los meses de agosto y diciembre de 2023, donde además individualiza la participación de cada imputado en cada acto; es decir, en un primer acto ocurrido en el mes de agosto, el Fiscal de Materia refiere a la participación de EQM, MAP y DVCN; en un segundo acto acaecido en el mes de diciembre, refiere la participación de EQM, MAP y otro menor de edad; así mismo, establece el lugar donde se cometió el delito. Aquellos extremos de manera más amplia fueron reiterados en audiencia de medidas cautelares, sobre la base de pruebas que se obtuvieron hasta ese momento procesal. De este modo se infiere que la exposición de la autoridad fiscal, responde a los parámetros establecidos en el art. 302.4 del CPP; puesto que, los hechos endilgados que devienen de los meses de agosto y diciembre de 2023, fueron debidamente desglosados, expresándose el modo de operación del hecho penal, el tiempo en que acaecieron los mismos, el lugar donde se cometió el ilícito y el grado de participación de cada uno de los sindicados en ambos actos; además de ello, se evidencia que dicha autoridad demandada actuó con la debida diligencia que exige la jurisprudencia del enfoque de género y ponderación de derechos respecto de la víctima de violencia sexual y de los menores impetrantes de tutela; ya que en ese marco, apegó su actuar a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, llevando a cabo la investigación de oficio, con celeridad, demostrando el hecho suscitado con prueba idónea para sustentar su postura a momento de emitir el requerimiento de imputación formal en contra de los menores infractores; situación por la cual corresponde denegar la tutela impetrada.

III.6.5.En cuanto a la quinta problemática

Los peticionantes de tutela denuncian que hasta la fecha de la interposición de la presente acción de libertad -entiéndase 12 de marzo de 2024-, el Fiscal de Materia demandado no emitió respuesta a los memoriales que presentaron el 23, 29 de febrero y 6 de marzo, todos de 2024; como tampoco subió las actuaciones al Sistema JL2 para hacer su respectivo seguimiento.

Para efectos de desarrollo del presente punto, es preciso remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual haciendo referencia al principio de celeridad; estableció que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; así mismo refiriéndose a peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, finalmente sobre sobre la protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad, se estableció que conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto, la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas. Así mismo, en razón de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, se infiere que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con las herramientas legales para proteger a los menores de edad, aspecto que se debe extender a todos los rincones del aparato estatal y privado, trascendiendo del ámbito judicial a otros ámbitos, donde sea necesario aplicar dicho principio como por ejemplo a las autoridades escolares, institutos de menores, hospitales, Gobiernos autónomos departamentales y municipales, etc. Mientras más temprano se internalice la importancia de respetar el principio del interés superior del menor, por parte de las autoridades públicas pertinentes, mayores garantías para su bienestar habrán en Bolivia, de manera tal que dichas normas no serán solo parte de la teoría jurídica, sino de una realidad. Ahora bien, de la documentación arrimada a la presente causa constitucional, se evidencia que a través de memoriales de 23, 29 de febrero; 6 y 11 de marzo de 2023 la parte accionante solicitó varios requerimientos, entre ellos el ingreso de testigos a la unidad de víctimas, anticipo de prueba, toma de muestra por el IDIF, objeción de puntos de pericia y perito, conminatoria, presentación de videos y solicitud de transcripción de videos e impresión de imágenes, cumplir con lo ordenado por el Juez de Control Jurisdiccional subiendo los decretos y todas las actuaciones al Sistema JL2, el “Centro de Reintegración Social para Adolescentes” remita informe biopsicosocial; de respuesta a sus anteriores memoriales y suba al sistema JL2 la causa para su revisión; a la FELCV para que realicen transcripción e impresión de imágenes del CD presentado el 29 de febrero de 2024 (Conclusiones II.6, II.7, II.8, II.9, y II.10).

Al respecto de dichas solicitudes, se evidencia que la autoridad demanda, al momento de emitir su informe escrito de 13 de marzo de 2024, cursante de fs. 97 a 99 de ninguna manera se pronuncia sobre los mismos, tampoco presenta documentales que haga entrever el cumplimiento de las señaladas solicitudes; extremos que devela que la citada autoridad incumplió sus funciones otorgando una respuesta oportuna y célere a cada uno de los memoriales presentados y subir dichos actuados al sistema JL2, más aun considerando que los procesados resultan ser menores de edad, quienes conforme establece el art. 60.2 de la CPE, resulta ser una prioridad del Estado, garantizar el interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos; es decir, recibir protección y socorro en cualquier circunstancia e instancias, sea esta administrativa o judicial, con la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado; empero, aquello no ocurre en el presente caso; puesto que, la autoridad demandada sin considerar que los referidos se encuentran privados de libertad, obvió imprimir celeridad en la otorgación de respuesta a los memoriales descritos precedentemente y subir los actuados al sistema JL2. Así mismo, dicha autoridad, aun estando en la facultad de desvirtuar los extremos que derivaron en la formulación de la presente acción de defensa, no presentó ninguna documentación o argumento que haga entrever lo contrario, siendo aplicable incluso lo establecido en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, el cual señaló que todas las aseveraciones realizada por la parte impetrante de tutela, corresponde tenerlas por ciertas, esto de acuerdo al principio de presunción de veracidad, que razona en sentido de que el silencio de la o las autoridades demandadas, se considera como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado.

Al respecto de lo descrito precedentemente, cabe puntualizar que las solicitudes de los peticionantes de tutela en cuanto a que la autoridad demandada otorgue respuesta a su pedido de toma de muestra por el IDIF, objeción de puntos de pericia y perito, debe considerarse que en razón de lo establecido en el en el Fundamento Jurídico III.1.2 del presente fallo constitucional, toda respuesta debe partir de una protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando su revictimización y un eventual maltrato por el desarrollo de dichos actos investigativos, considerando que los peritajes técnicos no deben ser exigidos a la mujer víctima de violencia; tales extremos deben ser considerados por la representación del Ministerio Público al momento de dar respuesta a los memoriales ahora reclamados, compulsando debidamente si los mismos inmiscuyen en participación de la víctima, y de ser así, denegar cualquier pedido que comprometa su exposición.

Por tal razón, ante la evidente vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y principio de interés superior del niño, corresponde conceder la tutela impetrada, en virtud de que la parte demandada considerando la puntualización respecto a los actos revictimizadores, atienda lo solicitado por los solicitantes de tutela, que por su negligencia dio lugar a que se presuma la veracidad de los actos o hechos denunciados. Finalmente, se aclara que esta instancia constitucional no consideró aspectos relativos a la responsabilidad penal o no de los menores infractores en el hecho que se viene investigando, solo se remitió a considerar elementos respecto a la presunta vulneración de derechos constitucionales como se denunció a través de la presente acción de defensa. Además, siendo que en el presente caso se inmiscuye derechos de menores de edad, las autoridades administrativas y judiciales, tienen la obligación de velar por los derechos de los mismos en su integridad, evitando se vulneren derechos tanto de la menor víctima a partir de una perspectiva de género como de los menores infractores a partir del enfoque de protección integral del intereses superior de la niña, niño y adolescente. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2024 de 13 de marzo, cursante de fs. 104 a 107 vta., pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, por vulneración de los derechos al debido proceso, defensa, relacionado al principio de interés superior de la niña, niño y adolescente de la parte accionante, conforme lo señalado en la sub problemática III.6.5 del presente fallo constitucional. 2° Se dispone que la autoridad fiscal demandada, en el plazo de veinticuatro horas de conocer el presente fallo constitucional, otorgue respuesta a cada uno de los memoriales cuestionados por la parte impetrante de tutela; empero, siempre considerando que toda respuesta debe partir de una protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando su revictimización y un eventual maltrato por el desarrollo de dichos actos investigativos, considerando que los peritajes técnicos no deben ser exigidos a la mujer víctima de violencia.

3° DENEGAR la tutela solicitada en razón de lo señalado en las sub problemáticas III.6.1, III.6.2, III.6.3, III.6.4 y demás Fundamentos Jurídicos citados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

6 Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”.

7 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

8 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989.

11 “Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que: En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”;

empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

12 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando emoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].

13 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx.

15 EN el F.J. III.8 señaló que: “...resulta imprescindible realizar una ponderación de los bienes que en este caso se presentan como contrapuestos: el derecho a la defensa del imputado, y el derecho de la víctima de delitos sexuales a no ser sometida a nueva victimización al tener que prestar su declaración en presencia de su agresor. Conviene recordar, al respecto, que el art.

28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que: "Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático". Comúnmente se dice que la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. Se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales”.

19 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (…)

25 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”

26 Página de Google de la ONG Internacional Humanium.

27 Constitución Política del Estado de 1938 “Artículo 134 - Es deber primordial del Estado, la defensa de la salud física, mental y moral de la infancia. El Estado defiende los derechos del niño al hogar, la educación y a la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, de enfermedad o de desgracia. El Estado encomendará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo a organismos técnicos adecuados”.

28 Constitución Política del Estado de 1967 “Artículo 199.- El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación. Un código especial regulará la protección del menor en armonía con la legislación general.

29 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar” Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, pág. 13.

30 Beloff Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, noviembre de 1999, páginas. 14-16 Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”.

31 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, páginas 13 y 14.

32 BOLIVIA. La respuesta institucional del Estado a la temática de violencia contra la niñez y adolescencia, Estudio de casos: SEDEGES de La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), La Paz – Bolivia 2008, pág. 29.

33 Constitución y Derechos del Niño, Beloff, Mary, Buenos Aires – Argentina 2005, pág. 769.

34 CIDH Informe sobre la Actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en República Dominicana, (OEA/Ser.L/V/II.13, doc. 14 Rev). (español), 15 octubre 1965, capítulo IV. Caso del niño dominicano Felipe de Jesús de 14 años de edad quien fue detenido en su residencia de la Calle 17 por el terrible y célebre Balá y tropas del CEFA, el día 20 de mayo de 1965.

35 CIDH, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Haití, (OEA/Ser.L/V/II.21 doc. 6 (español) Rev. 21) de mayo de 1969, capítulo II. CIDH, Informe sobre la situación de derechos humanos en Chile, (OEA/Ser.L/V/II.34, doc. 21), 25 octubre 1974, Capítulo V.

36 arts. 4, 5, 5.5, 13.4, 17.4 y 5 y 27.2 de la Convención de los Derechos del Niño.

38 CIDH. Informe Anual 1984–1985. “Adicionalmente, considera la Comisión que deben incorporarse normas tendientes a la protección de instituciones y grupos que, por sus especiales características, requieren consideración preferencial por parte del Estado a fin de lograr una vigencia efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. La Comisión alude aquí a las normas de protección de la familia, de la niñez, de la juventud, de los minusválidos y de los ancianos”, párrafo 17.

39 CIDH. Caso 9449 (Perú) 30 de junio de 1987 Con comunicación de 6 de septiembre de 1984, Resolución 20/87 de 30 de junio, Vistos, 1. Denuncia sobre Martín Hipólito Bellido Canchari, de 14 años, estudiante de secundaria en la escuela "Mariscal Cáceres", que fue detenido a finales de 1983, por miembros encapuchados de la Guardia Civil en su casa en Ayacucho, sin tener conocimiento de su paradero, sin lograr esclarecer su paradero, temiéndose por su vida.

40 CIDH. Informe Anual 1986-1987. Caso 9619 (Honduras) 28 de marzo de 1987.

41 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua de 1978, capítulo IV.D “En relación a la libertad personal, una grave situación observada por la Comisión Especial es la que se refiere a los menores. Es cierto que la Constitución nicaragüense prescribe que las menores de edad a quienes se les detenga deben ser internados en instituciones especiales de rehabilitación 13/; pero, no obstante ello, la Comisión pudo constatar en los centros de detención visitados, numerosas personas de 14, 15, 16 y 17 años conviviendo en condiciones de promiscuidad con mayores”.

42 Beloff, Mary, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “Modelo de la protección integral de los Derechos del Niño y de la Situación Irregular. Un modelo para armar y otro para desarmar”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, pág. 17.

43 Convención de los Derechos de Niño, Artículo 3.”1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

44 CIDH, Informe Anual 1997. Capítulo VII. Recomendaciones a los Estados miembros en áreas en las cuales deben adoptarse medidas para la cabal observancia de los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

45 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.

46 art. 43 de la Convención de los Derechos del Niño.

47 art. 44 de la Convención de los Derechos del Niño.

48 Observación General 1048 CRC/C/GC/10 sobre los Derechos del Niño en la Justicia de Menores de 25 de abril de 2007. (Obs. 10).

49 Observación General 1049 CRC/C/GC/10 sobre los Derechos del Niño en la Justicia de Menores de 25 de abril de 2007. (Obs. 16, 18, 31, 31, 44, 53, 71, 85 y 86).

50 arts. 2, 3, 4, 5, 12, 37, 40, y 40.3 de la Convención de los Derechos del Niño.

51 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Trotta, Madrid,1995.

52 Cillero, Miguel, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, pág. 57.

53 Cillero, Miguel, Justicia y Derechos del Niño, Número 1, artículo “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, pág. 58.

54 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.

55 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 56.

56 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia de 19 de noviembre 1999 “193. El Tribunal ha señalado anteriormente que esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. Sobre el particular, esta Corte ha entendido que: 194. Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana”.

57 El interés superior del niño en la jurisprudencia penal juvenil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Universidad de Costa Rica, Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad, Llobet.. Javier.

58 OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, pág. 29.

59 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de setiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

60 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de setiembre de 2004, Serie C No. 112, párrs. 212, 225, 228 y 230, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

61 Observaciones finales: Antigua y Barbuda, CRC/C/15/Add.247, 3 de noviembre de 2004, párr. 68 y 69.

62 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, Sentencia de 14 de mayo de 2013, (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones).

63 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pacheco Terurel y otros Vs. Honduras, Sentencia de 30 de mayo de 1999, (Fondo, Reparaciones y costas).

64 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gomez Paquiyauri Vs. Perú, Sentencia de 8 de julio de 2004, 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 83., (Fondo, Reparaciones y costas).

65 Opinión OC‐17/02 del 28 de agosto de 2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Serie A, No. 17, páginas 22, 23, 24 y 25.

66 Página de Google de la CIDH.

67 Justicia y Derechos del Niño, Número 1, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Santiago de Chile, Noviembre de 1999, páginas. 18-20.

68 art. 281 y siguientes del Código del Menor.

69 art. 297 y siguientes del Código del Menor.

70 art. 208 del Código del Menor.

71 Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026-“ Libro Tercero de Protección Jurídica, de la Responsabilidad, de la Jurisdicción y de los Procedimientos”.

72 Sección V. arts. 58 al 61 de la CPE.

73 “ARTÍCULO 5. (SUJETOS DE DERECHOS). Son sujetos de derechos del presente Código, los seres humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: a) Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos”.

74 art. 8.I de la Ley 548.

75 art. 12 de la Ley 548.

76 Libro III Sistema Penal, Responsabilidad y Garantías de la Ley 548.

77 art. 8.II de la CPE.

78 art. 262 de la Ley 548

79 art. 256 de la CPE

80 Idoneidad, sobre la base de la cual se debe establecer si la medida limitadora es adecuada para alcanzar la finalidad para la que fue impuesta, no es idónea si no resulta apta para la protección y al contrario resulta perjudicial para el otro principio.

81 Necesidad, por la cual se debe buscar una medida menos restrictiva pero con iguales resultados protectores.

82 Proporcionalidad, por la que se analiza si la afectación, limitación o restricción de un derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtiene con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida.

83 ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores: 11. Informalidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.

84 las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0703_2024-S1.pdf · páginas 1 a 69.

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