B.IA.LEGAL

SCP 0703/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 8 de agosto de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de agosto de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
53343-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia y el “principio de verdad material”; toda vez que, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana emitió Resolución, sin determinar con claridad cual serían las faltas en las que hubiere incurrido, tampoco expuso de manera clara los aspectos fácticos ni describió los hipotéticos hechos confutados con la normativa policial; no demostraron que su conducta se hubiere enmarcado en las faltas disciplinarias contenidas en los arts. 12.3; 13.15; y, 14.3 y 10 de la Ley 101; y, menos valoraron de manera concreta y explicita cada uno de los medios probatorios; determinando confirmar la Resolución impugnada pronunciada por el Tribunal a quo, por ende manteniendo la sanción en su contra de baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 334/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 195 a 201, pronunciada por Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer, dejar sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 063/2022 de 24 de mayo, debiendo las autoridades ahora demandadas emitir una nueva resolución en el plazo de setenta y dos horas de su notificación.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia en las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Sobre la valoración razonable de la prueba
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0703/2023-S4 Sucre, 8 de agosto de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 53343-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 334/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 195 a 201, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Silva García contra Lucio Enrique René Jiménez Vargas, Presidente a.i.; Miguel Pablo Hidalgo Chávez, Vocal Suplente; Freddy Rolando Calsina Guchalla, Vocal Permanente, todos del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1 y 140 a 152; y la subsanación de 24 de igual mes y año (fs. 155 a 163) el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso administrativo disciplinario iniciado el 10 de enero de 2021, a instancia de Pelagio “Santiesteban” se interpuso denuncia en su contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias previstas en los arts. 12.3; 13.15; y, 14 numerales 3 y 10 de la Ley 101, en ninguna de las instancias de investigación como es, el Tribunal Disciplinario Departamental y Tribunal Disciplinario Superior Permanente ambos de la Policía Boliviana, llegaron a establecer su participación en la comisión de las referidas faltas, fundando sus resoluciones en meras suposiciones, presunciones negativas e interpretaciones antojadizas de la norma. Las autoridades demandadas a tiempo de emitir la Resolución 063/2022 de 24 de mayo, ahora cuestionada no cumplieron los requisitos de una debida fundamentación, motivación y congruencia ya que: a) De todas las faltas denunciadas no se determinó con claridad en cuál de ellas habría incurrido su persona en calidad de disciplinado; b) No existe una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, ingresando en contradicciones y suposiciones; c) Durante el desarrollo del proceso disciplinario no se demostró que su conducta se hubiere enmarcado en las faltas disciplinarias contenidas en los arts. 12.3; 13.15; 14.3 y 10 de la Ley 101; d) No valoraron de manera concreta y explícita cada uno de los elementos de prueba, recurriendo en supuestos; y, e) No determinaron el nexo de causalidad entre la denuncia, el supuesto de hecho inserto en la norma jurídica; ingresando en una suerte de predicciones carentes de razonamiento lógico y jurídico, teniéndose así la conclusión arribada que por no representar un memorándum que reviste de todas las formalidades que rigen al interior de la institución se configure en las referidas faltas disciplinarias. Conforme se tiene referido, cada una de las faltas disciplinarias tiene un verbo rector, el art. 12.12 de la Lay 101, refiere que, formular peticiones colectivas verbales o escritas, que estén al margen de la ley y que sean contraria al régimen interno, que alteren la disciplina establecida por normas reglamentarias o que se omita el conducto regular constituye falta disciplinaria; por lo que, surge la interrogante, que tipo de petición es la que formuló; como es que esa petición es contraría al régimen interno de la Policía Boliviana; y, como es que alteró la disciplina establecida en el reglamento; por lo que, correspondía identificar dichos extremos, obedeciendo a criterios de tiempo, modo y lugar, situación que no se demostró, así se tiene de la pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP). Con esa sola acción manifestaron que se vulneró el art. 13.15 “Fomentar la organización o formar parte de logias u organizaciones, que atenten contra los intereses de la institución”; sin establecer cómo es que su persona habría fomentado la organización de logias y como se habría causado daño a los intereses de la institución. Asimismo, el art. 14.3 de la referida Ley, señala que la falta disciplinaria consiste en: “Incurrir en actos públicos deshonrado los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial”; empero, en las conclusiones a las cuales arribó el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Boliviana, que ilógica y erradamente fue validado por el Tribunal Disciplinario Superior de la citada institución; toda vez que, se encontraba de civil; por lo que, tampoco se estableció como se habría deshonrado los símbolos nacionales, a la institución verde olivo o el uniforme policial. Finalmente, las autoridades demandadas concluyen que, al no haber representado el memorándum 3677/2019 y haber dado estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas por un superior, habría adecuado su conducta a la falta descrita en el art. 14.10 de la Lay 101, la cual describe: “Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protesta o medidas de presión”; empero, ninguno de los testigos de cargo, refirió en sus atestaciones haberlo identificado en los lugares donde supuestamente adecuó su conducta a las previsiones contenidas en el art. 14.10 de la citada Ley; entonces, como es que el Tribunal concluye que “instigue o lidere un motín”, en qué momento se dispuso la suspensión o interrupción del servicio policial, y como su supuesta ausencia a su fuente laboral podría ser entendida a actos de protesta o medidas de presión. Con una irrisoria razonabilidad las autoridades demandadas refirieron que: “se puede apreciar la fotografía de ahora procesado realizando la lectura de un papel que sostiene en las manos lo que se supone es el acta en donde se declara el motín policial (si al My. Silva le colocamos el Casco Táctico de color Bige y le tapamos la mita de la cara con pasamontañas, los rasgos llegarían a verse claramente, se le identificaría que se trata del My. Silva). Simple lógica de deducción…” (sic), dicha conclusión es producto de la utopía de un Tribunal carente de argumentos y elementos que sirvan para justificar una sanción sui generis, fundado con meras suposiciones. Debiendo recalcar que, ante la necesidad de sancionar por sancionar a un selecto grupo de policías de diferentes rangos, todos de vasta experiencia refieren la existencia del color beige en equipo táctico policial y militar, puntualizando que en la nomenclatura de equipo táctico se puede identificar los colores Multicam, Negro, Arena y/o Coyote y Caqui, no llegándose a determinar el color beige; arrogándose cualidades de peritos, por cuanto por simple lógica de deducción asumen que tapar la cara de una persona de rasgos blancos y ponerle un casco beige lo identifica como su persona; basándose en una fotografía dispusieron que se tiene demostrada la comisión de las faltas disciplinarias. En consecuencia, no basta simplemente decir que se adecuó la conducta a tal falta disciplinaria, sino que se debe establecer un hilo conductor que determine como es que la acción se ajusta a una o varias faltas, sin cumplir lo establecido en el art. 87 de la antes dicha Ley 101.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante alegó la lesión de su derecho al debido proceso “en su triple dimensión, derecho, garantía y principio” en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia; al principio de verdad material, citando al efecto los arts. 115, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

La parte accionante solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: 1) Se disponga la nulidad de la Resolución 063/2022, pronunciada el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; 2) Se ordene que la parte demandada emita una nueva resolución cumpliendo los fundamentos expresados en la presente acción de tutela; y, 3) Dejar sin efecto la sanción impuesta mediante Memorándum DINAPER/DESC/GG.JJ.OO 465/2022 de 22 de julio.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 29 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 186 a 194 vta., presente la parte accionante y Lucio Jiménez, autoridad demandad, ausentes Miguel Pablo Hidalgo Chávez, Ramón Paco y el Funcionario policial Paco, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó el tenor de su demanda y ampliándola manifestó que: i) El 2019 supuestamente había incurrido en faltas disciplinarias ya que según el denunciante, realizó manifestaciones junto a Luis Fernando Camacho Vaca, entonces Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz; por ello, refieren hubiese hecho proselitismo; ii) Emitida la Resolución de primera instancia, fue apelada ante el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana; como antecedente se debe mencionar que, la primera Resolución en apelación fue anulada disponiendo se emita una nueva; sin embargo, la nueva Resolución fue pronunciada exactamente con los mismos supuestos, palabras y llegando al mismo final, disponiendo su baja definitiva de la institución; de igual manera el Tribunal de alzada pronunció la Resolución ratificando dicha sanción, sin determinar con claridad en qué faltas habrían incurrido, ingresando en contradicciones; ya que por una parte refieren habría estado haciendo proselitismo; empero, el mismo día supuestamente estaría instigando o liderando un motín policial; y, iii) Se mencionan informes pronunciados por el IITCUP, en el que se hizo un estudio de las fotografías presentadas en el proceso, en el primer estudio se determinó que tiene un 12% de probabilidad de que sea su persona la encapuchada que emitió un comunicado en la prensa nacional; asimismo un segundo informe de una fotografía del periódico El Potosí en el que se estableció un 60% que sería su persona la que se encontraba detrás de Luis Fernando Camacho; los cuales fueron presentados como pruebas en el proceso, siendo contradictorios; toda vez que, se usó el que refiere el 60% para manifestar que se encontraba instigando, o sea que, ese día la persona que estaba con pasamontañas cubriéndose la cara era su persona y usan el otro informe para indicar que la persona que estaba detrás de Luis Fernando Camacho, también era él, siendo una contradicción total y completamente evidente, tampoco se estableció el nexo de causalidad entre la denuncia de los supuestos hechos respecto a la norma aplicable. Ante las interrogantes de la Sala Constitucional manifestó que: a) No se tomó en cuenta las diez declaraciones testificales de cargo donde se encuentra incluido el tercero interesado; toda vez que, como se puede observar, en ninguna de dichas declaraciones se le identifica ni el mismo denunciante, quien refiere haberse enterado a través de las redes sociales; b) También se omitió valorar las pruebas testificales de descargo “simplemente se entra hacer un análisis hipotético” (sic), con las mismas declaraciones lo responsabilizan; asimismo, no se valoró la prueba documental de cargo, y se refiere a que las principales pruebas de cargo que existe en su contra, como el Informe conclusivo del investigador indican que no tendría responsabilidad en los casos que se le acusa; y, c) Solicitó dejar sin efecto el Memorándum DINAPER/DESC/GG.JJ.OO 465/2022, en el cual se dispone su baja definitiva que fue gestionado en la vía administrativa; asimismo, la nueva resolución que se emitió es copia de la primera resolución anulada, la cual cuenta con el mismo razonamiento y argumentación, cambiando simplemente palabras, es decir solo forma y no el fondo.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Lucio Enrique René Jiménez Vargas, Presidente a.i. del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana mediante su abogado en audiencia señaló que: 1) Los hechos se habrían sustanciado el 2019, cuando el impetrante de tutela prestaba sus servicios a la institución policial, dando origen al proceso disciplinario a instancia del Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, en el que producto de la investigación disciplinaria tanto en la “fiscalía” como en la Dirección General de Investigación Policial Interna (DIGIPI) se recabó todos los elementos de prueba de cargo y descargo; en cuyo mérito el Tribunal de primera instancia emitió una resolución en la que confirmó la sanción impuesta al ahora accionante y una vez valoradas correctamente las pruebas, ellas determinaron la inconducta del ahora accionante dentro de las faltas tipificadas por la “fiscalía judicial”, previstas en los arts. 12.3; 13.15; y, 12.3 y 10 de la Ley 101; siendo tal determinación oportunamente apelada, la que fue resuelta por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, quienes verificaron la existencia de ciertos errores y dispusieron la nulidad y en consecuencia se emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada; 2) En estricto cumplimiento a lo determinado, se pronunció la Resolución 025/2022 de 28 de marzo, cumpliendo con todos los elementos y actuados emergentes del proceso disciplinario, estableciendo una valoración de todas las pruebas, las cuales comprobaron la inconducta del ahora impetrante de tutela dentro de las faltas antes señaladas; determinación que también fue apelada y obtuvo respuesta a todos los agravios expuestos a cargo del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, mediante Resolución 063/2022 de 24 de mayo; 3) El caso signado con 025/2021 nace a raíz que, según se tiene, del periódico El Potosí, el accionante se encontraba acompañado de Luis Fernando Camacho –de seguridad– y otra imagen donde se lo ve con el rostro cubierto; todas las pruebas de cargo que fueron presentadas apuntan a que el impetrante de tutela habría indicado a los servidores “judiciales” –se supone policiales– para que levanten el servicio de protección a la ciudadanía generando con eso una incertidumbre, así como un desmedro a la imagen institucional; 4) El Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana emitió la Resolución 063/2022 con la debida motivación y fundamentación, considerando que existió una correcta valoración de las pruebas por el Tribunal de primera instancia; toda vez que, el Tribunal superior no hace revalorización de las mismas conforme al procedimiento, no habiéndose lesionado ningún derecho; dado que, la parte accionante fue debidamente notificada y estuvo presente junto a su abogado y pudo en su oportunidad presentar toda la prueba que consideró pertinente y pedir la exclusión probatoria de elementos y ahora aduce la vulneración de derechos; ya que, no se habría tomado en cuenta el tiempo, modo y lugar de la supuesta comisión de la falta disciplinaria; sin embargo, como bien lo manifestó el abogado patrocinante, los hechos se suscitaron el 2019, el lugar cuando se encontraba acompañando “al señor Camacho” y el modo fue, prestar un servicio policial que no se debía; existiendo jurisprudencia constitucional al respecto a través de las SCP 094/2012 de 19 de abril; y la SCP 1089/2014 de 10 de junio, en las que refiere sobre la responsabilidad de los miembros de la Policía Boliviana, teniendo como misión específica, la defensa de la sociedad y conservación del orden público. Ante las interrogantes de la Sala Constitucional manifestó que: i) De la revisión de la Resolución 025/2022, pronunciada por el Tribunal de primera instancia, en el considerando segundo, se tiene el análisis y la debida valoración efectuada a la prueba de cargo y descargo, también el Informe Técnico del IITCUP en relación a las imágenes proporcionadas, las declaraciones testificales, así de Mario Gary Apaza, Comandante de Guardia y otros servidores públicos policiales que refieren que hubo una toma de la UTOP; asimismo, fue valorada la prueba proporcionada por Pelagio Condori Yana, Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, como de Jesús Rodrigo Callisaya, Encargado de Control y Seguimiento de casos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), quien manifestó que en el mes de noviembre, el impetrante de tutela era el Director de la FELCV de la Zona Sur, también la prueba testifical presentada por el accionante; respecto al Memorándum de 6 de noviembre de 2019, por el “coronel marcos Raúl Pérez Aramayo” con el que confirmó plenamente que el procesado se encontraba cumpliendo funciones de Director de la FELCV; al igual que la demás pruebas como el Memorándum “764” con el que fue designado como protección en comisión de seguridad, se valoró el video que fue grabado por la radio ERBOL donde se evidencia que el impetrante de tutela está resguardando personas, así la prueba ofrecida por la fiscalía policial consistente en requerimiento acusatorio, e informes elaborados por la Dirección de Personal de la UTOP; ii) La prueba testifical que fue presentada acreditó que el accionante era miembro de la institución policial y que estaba destinado a la FELCV Zona Sur y todo eso se ratificó dentro de la denuncia presentada por el tercero interesado, también se valoró el informe pericial del IITCUP, que fundó la base entre uno de los elementos probatorios para la sanción del ahora accionante; iii) Respecto a Marco Aramayo “…el era el comandante de la unidad de la FELCV de la zona sur de la FELCV central ha sido el director nacional quien ha emitido ese memorándum él no tiene ninguna denuncia señor juez de garantías” (sic), que el memorándum llegó de otra autoridad superior y lo trascribió, no lo hizo de su libre albedrio; dicha autoridad superior era “el general Montero” quien fue sometido a proceso disciplinario y en la vía ordinaria; aclarando que la designación fue para una autoridad legalmente constituida y nombrada para una persona que no ejercía ningún tipo de autoridad sino más bien que estuvo vinculado a hechos de movimientos sociales que convulsionó la sociedad; por orden de prelación la orden emerge de la “cabeza superior”, en el caso emergió del Comando General y las diferentes autoridades, lo único que hizo el Director Nacional de la FELCV es transcribir y “retranscribir” el memorándum, en si las designaciones las han dispuesto desde el comando general de la Policía Boliviana, en base a la Ley Orgánica que establece que es el Comandante General quien designa el personal y los destinos; iv) Doctrinalmente el tema de la orden mal dada no se cumple, es en ese sentido que ese memorándum estaba neta y exclusivamente dirigido a la protección de autoridades legalmente constituidas, el hecho de acatar una orden que no fue debidamente emitida por un memorándum, constituye una orden mal dada, porque, esa autoridad era presidente de un comité Cívico que no ejerce autoridad a nivel nacional, no está imbuida de poder dentro del Estado Plurinacional, sino de carácter regional; razón por la que, se dice que doctrinalmente fue una orden mal dada no se cumple y eso se aprende desde las instancias de pregrado de formación policial; por lo que, quien ordenó, fue el Comandante General, que en ese entonces fue “el general Montero” quien a la fecha “si no estoy hablando mal” guarda detención, debido a hechos relacionados “con los del año 2019”, él fue autoridad cabeza del Comando General quien ordenó y emitió esos memorándums que ahora en este caso están siendo cuestionados; y, v) Ese memorándum que fue para un determinado tiempo, cuando ingresa otra autoridad son modificables; empero, se considera que ya no tiene vida administrativa sino en el momento que fue emitido para autoridad debidamente constituida no para una persona civil o particular como es “el señor Camacho”. Miguel Pablo Hidalgo Chávez, Vocal Suplente; Freddy Rolando Calsina Guchalla, Vocal Permanente, todos del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; no se hicieron presente en la audiencia de consideración de acción de amparo constitucional ni presentaron informe escrito alguno.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Pelagio Condori Yana, Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus representantes legales en audiencia señalo que, se realizó la denuncia en cumplimiento a un mandato legal; se debe considerar que para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la labor interpretativa de la jurisdicción ordinaria o administrativa debe explicar porque la labor interpretativa resulta insuficiente, lo que en el presente caso no se hizo; de igual manera respecto al cuestionamiento de incorrecta valoración de la prueba, se debe indicar qué pruebas en concreto fueron omitidas o si en esa labor se apartaron de los cánones de razonabilidad y equidad; sino la parte se limitó hacer una exposición retórica y enunciativa en términos generales.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 334/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 195 a 201, deniega la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: a) De la Resolución 063/2022, pronunciado por un cuerpo colegiado, se advierte en el primer considerado que, se hizo relación de los actos ejecutados en primera instancia; segundo considerando sobre el recurso de apelación que fue presentado; tercer considerando, se hace una relación de los hechos probados y la fundamentación legal que da lugar a la Resolución conforme el art. 91 de la Ley 101, la valoración y fundamentación del recurso de apelación para así llegar a una parte dispositiva; antecedentes que hacen concluir que, se cumplió con las formalidades previstas como es el desarrollo de antecedentes, cita de normas legales e inclusive establecer cuál fue la relación de los hechos probados y demás que constituyen una exigencia de su propia ley interna como es la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana; en el fondo, ante los agravios expuestos por la parte accionante en el recurso de apelación, se tiene que esta resolución realizó un análisis de cuál sería la aplicación que se ha pretendido; es decir, trató de interpretar cual la pretensión de la parte denunciada y desarrolló un análisis y una respuesta a cada uno de los agravios; b) El accionante refiere que, no existe una clara identificación de hechos, tiempo, espacio y una debida fundamentación normativa y debida justificación para el resultado de la parte dispositiva de la resolución cuestionada; sin embargo, en primer lugar se debe señalar que la resolución responde a la interposición de un recurso de apelación; por lo que, debe responder los agravios expuestos por el apelante, los que determinan su competencia; en ese marco, de la lectura de la referida Resolución, se tiene que el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana –ahora demandado– sí respondió a todos los agravios señalados e impugnados, es más detallándolos con número, siendo absolutamente claro en la respuesta, señalando además que, independientemente que éstos razonamientos, no les sean favorable al impetrante de tutela, ello no implica que ésta Resolución sea vulneradora de derechos y garantías constitucionales, conforme a los elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, da una explicación fáctica, cita las normas legales, aunque con un análisis no ampuloso; empero, señaló porque razón tomó una determinación y al efecto; como ejemplo al azar, el agravio sobre una nula valoración de la prueba, razonó que el procesado como defensa, usa el memorándum de comisión y se olvidó que el proceso es por la toma de la UTOP, en cuya fecha el accionante fue filmado por varios medios de prensa, televisivos, escritos y redes sociales, hecho que motiva la apertura del caso; así refiere que habiéndose establecido los rasgos característicos en apariencia dieron el 60% que lo identifica; por lo que, entiende el Tribunal demandado que los Fiscales Policiales emitieron requerimiento de acusación contra el accionante; asimismo, manifestaron que, las prueban fueron sometidas a una valoración individual, habiendo tenido la posibilidad de plantear las observaciones que consideraba convenientes; en consecuencia, en la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia, se tiene que no existió la lesión de derechos; teniendo que la Resolución confirma el razonamiento desarrollado en la Resolución 025/2022 de primera instancia; c) Sobre la falta de valoración de la prueba, respecto al memorándum por el cual se le asignó la función de otorgar seguridad a las autoridades y un informe pericial en relación a la identificación de la persona que aparece en las fotografías; al efecto corresponde precisar que, si bien la parte accionante alega una incorrecta valoración de un memorándum; sin embargo, la parte demandada, si dio valor a dicha prueba y si la valoración que le dio no es la misma que refiere la parte accionante, ello no implica y tampoco pudo establecer que el razonamiento vertido por el Tribunal en relación a que un memorándum le habría asignado la custodia de autoridades que entiende la parte demandada son autoridades constituidas, era autoridades legalmente impuestas y no así la custodia de otros personajes como son representantes de comités cívicos, ello es una controversia, puede ser, pero esa es la valoración que le dio la parte demandada; el accionante no pudo establecer que ese razonamiento sea inequitativo o irracional, alejado del procedimiento o de las normas legales. No corresponde al Tribunal de garantías asignar un valor a dicho elemento de prueba en específico; y, d) Situación similar sucede con una segunda prueba, como es el estudio de las placas fotográficas donde aparecería el impetrante de tutela cubierto y que se determinó que es el, en un porcentaje del 60%, situación que para el accionante no sería suficiente; empero, el Tribunal demandado le asignó un valor; además la resolución se realizó en un análisis integral, es decir con otros elementos de prueba; no correspondiendo ingresar en una revalorización; concluyendo que las referidas pruebas fueron valoradas, más allá que esta valoración se encuentre acorde o no a los intereses de la parte accionante, no existiendo vulneración a los derechos referidos. Ante la solicitud de complementación y enmienda respecto a la omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud de medida cautelar; la Sala Constitucional manifestó que, habiéndose dispuesto la denegatoria de la tutela no podría establecer una medida cautelar que va más allá de la disposición impetrada, es decir las características de instrumentalidad de la presente acción.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Pelagio Condori Yana en su condición de Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, mediante memorial presentado el 18 de enero de 2021 formuló denuncia para fines de investigación y proceso disciplinario contra Edwin Silva García –ahora accionante– por faltas graves, solicitando la máxima sanción disciplinaria consistente en el retiro o baja definitiva de la Policía Boliviana (fs. 3 a 7 vta.).

II.2. Se tiene la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 025/2022 de 28 de marzo, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental La Paz, que resolvió sancionar con el retiro o baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación contra el ahora impetrante de tutela por la transgresión de los arts. 12.3, 13.15, 14.3 y 10 de la Ley 101 (fs. 54 a 91).

II.3. Cursa la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 063/2022 de 24 de mayo, pronunciada por Lucio René Jiménez Vargas, Presidente a.i.; Miguel Pablo Hidalgo Chávez, Vocal Suplente; y, Freddy Rolando Calsina Guchalla, Vocal Permanente, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, resolviendo declarar improbado el recurso de apelación interpuesto por Edwin Silva García – ahora accionante– y confirmar en todo la Resolución de primera instancia 025/2022 de 28 de marzo, dentro del proceso disciplinario seguido contra el accionante por la presunta trasgresión de los arts. 12.3; 13.15; y, 14.3 y 10 de la Ley 101 (fs. 108 a 136).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia y el “principio de verdad material”; toda vez que, el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana emitió Resolución, sin determinar con claridad cual serían las faltas en las que hubiere incurrido, tampoco expuso de manera clara los aspectos fácticos ni describió los hipotéticos hechos confutados con la normativa policial; no demostraron que su conducta se hubiere enmarcado en las faltas disciplinarias contenidas en los arts. 12.3; 13.15; y, 14.3 y 10 de la Ley 101; y, menos valoraron de manera concreta y explicita cada uno de los medios probatorios; determinando confirmar la Resolución impugnada pronunciada por el Tribunal a quo, por ende manteniendo la sanción en su contra de baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia en las resoluciones como elementos del debido proceso

La motivación y fundamentación entre otros, son elementos que componen el debido proceso, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional y deben ser observados por las y los juzgadores al momento de emitir sus resoluciones; en este sentido, la SCP 0235/2015-S1 de 26 de febrero, entre otras, refirió lo siguiente: “En cuanto al derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, este se constituye en la garantía del sujeto procesal, de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió” (las negrillas son nuestras). Ahora, si bien la motivación y la fundamentación son elementos de obligatorio cumplimiento para las autoridades jurisdiccionales en la emisión de sus resoluciones, esto no implica que su desarrollo tenga que ser ampuloso en cuanto a sus consideraciones y citas legales; empero, sí debe existir una estructura explicativa de forma y de fondo, pudiendo ser concisa y clara, de modo que se entiendan satisfechos todos los puntos reclamados por quien demanda o impugna, pues en un fallo debe existir la posibilidad de identificar claramente las consideraciones que justifiquen razonablemente la decisión asumida; es en aplicación de dicho razonamiento que la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, concluyo que: “De lo expuesto, inferimos que fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. Otro de los elementos, que hacen al debido proceso es el principio de congruencia, expresado en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, que razonó lo siguiente: “...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos pertenecen). En el mismo sentido, este Tribunal, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: “…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (El resaltado es nuestro).

III.2. Sobre la valoración razonable de la prueba

La SCP 0964/2023-S4 de 20 de octubre, expreso que: “Como fue señalado anteriormente, la motivación de las resoluciones y la valoración razonable de la prueba se constituyen en elementos de la garantía del debido proceso, cuya protección en la justicia constitucional es a través de las acciones tutelares, fundamentalmente a través de las acciones de libertad y de amparo constitucional, previstas en los arts. 125 y 128 de la CPE. En cuanto a la valoración razonable de la prueba, la jurisprudencia constitucional ha establecido que es una labor privativa de los jueces ordinarios o las autoridades administrativas competentes en cada caso, pero que es posible que la justicia constitucional revise dicha labor cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad o equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar la prueba. En ese sentido se tiene razonado en la SC 0965/2006-R de 20 de octubre, que sistematizó los supuestos en los que la justicia constitucional puede revisar la valoración de las pruebas, siendo ellos cuando: ‘en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (SC 0873/2004-R y 106/2005-R, entre otras), o b) cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 129/2004-R de 28 de enero)’. Dicho entendimiento fue reiterado, entre otras, por la SCP 0929/2012 de 22 de agosto, que precisó: ‘…el Tribunal Constitucional Plurinacional, al no ser una instancia adicional o suplementaria de los procesos, sino más bien de tutela de los derechos fundamentales; en los casos de las acciones de defensa, no tiene atribución para la valoración de prueba sobre el fondo del asunto de donde emerge la acción tutelar, puesto que ello es también atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, a menos que como resultado de esa valoración se hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba’. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0965/2006-R, estableció que para que la justicia constitucional cumpla con la tarea de la revisión de la valoración de la prueba, la parte procesal agraviada con los resultados de dicha valoración debía sustentar lo siguiente: ‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión. Es de advertir, que esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada, o de la prueba valorada irrazonable o inequitativamente, se proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente debe demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas, o en su caso de la interpretación discrecional o arbitraria de la prueba practicada; y, por otro lado, debe argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia, habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso -comprobada que la decisión final- pudo, tal vez, haber sido otra si la prueba se hubiera practicado o hubiese sido valorada conforme a derecho dentro de un marco de razonabilidad, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho fundamental invocado de quien por este motivo solicita el amparo constitucional” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El 18 de enero de 2021, se presentó denuncia por Pelagio Condori Yana en su condición de Viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, contra Edwin Silva García –ahora accionante– por la comisión de faltas graves, para fines de investigación y proceso disciplinario, solicitando la máxima sanción disciplinaria consistente en el retiro o baja definitiva de la Policía Boliviana (Conclusión II.1); es así que habiéndose desarrollado un proceso disciplinario se emitió en primera instancia la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental 025/2022, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental – La Paz, disponiendo la baja definitiva del impetrante de tutela de la institución policial sin derecho a reincorporación ante la misión de las faltas disciplinarias contenidas en los arts. 12.3, 13.15, 14.3 y 10 de la Ley 101 (Conclusión II.2). Apelada que fue dicha determinación, se remitió al superior en grado que emitió la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 063/2022, pronunciada por Lucio René Jiménez Vargas, Presidente a.i.; Miguel Pablo Hidalgo Chávez, Vocal Suplente; y, Freddy Rolando Calsina Guchalla, Vocal Permanente, todos del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, que confirmó en todo la Resolución 025/2022 de primera instancia (Conclusión II.3), determinación que en tutela se solicitó sea dejada sin efecto. En ese marco, considerando que el accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia con la emisión de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 063/2022 de 24 de mayo; toda vez que, no determinó con claridad, cual la falta o faltas cometidas, exponiendo de manera clara los hechos fácticos, identificándolo en lugar, tiempo y modo; asimismo refirió que no se valoró de manera concreta y explícita cada uno de los medios probatorios en particular la prueba testifical ofrecida por su defensa. A fin de determinar la concurrencia o no de las lesiones alegadas corresponde referirnos al contenido de la Resolución cuestionada. Así, de la lectura y análisis de la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 063/2022, pronunciada por las autoridades ahora demandadas, se tiene que, resolvieron declarar improbado el recurso de apelación planteado por Edwin Silva García – ahora accionante– y confirmar en todo la Resolución de Primera Instancia 025/2022 de 28 de marzo, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz, con base a los siguientes fundamentos: i) El Memorándum 3677/2019 fue recogido el 4 de diciembre de igual año y es desde cuando tiene valor legal o suerte efecto; al no existir un reglamento específico se aplica por supletoriedad para dar validez a dicho acto administrativo el art. 32 de la LPA, que refiere se presumen válidos y producen efecto desde su notificación o publicación “…lo demostrable, acreditado y verdadero es que en fechas anteriores realizaba de manera clara y documental, que existiría militancia política de manera pública…” (sic); conociendo las normas y principios legales y estar al tanto que Marco Antonio Pumari Arriaga, no es dignatario de Estado, debió representar el citado Memorándum, siendo reprochable la actitud de Edwin Silva García – ahora accionante–; se evidencia que el impetrante de tutela, en los días que hubo conflictos sociales, fue una persona activa del alzamiento (o motín policial), por las fotografías recabadas de los diferentes medios de comunicación televisivos y escritos como las redes sociales, corroborado por la pericia técnica científica de la IITCUP, donde se puede apreciar al ahora accionante al lado de otros funcionarios policiales declarando el motín policial, dejando sin seguridad a la sociedad en su totalidad y los bienes públicos y privados; con todos estos hechos infringió lo previsto en el art. 12.3; 13.15; y, 14.3 y 10 de la Ley 101; ii) Respecto a la declaración y valoración de la prueba testifical se tiene, la declaración del testigo de cargo Gonzalo Choque Palacios, Secretario de Personal del Batallón de Seguridad Física Estatal de la Policía Boliviana, refirió que, el impetrante de tutela según su file personal tenía un Memorándum de designación para brindar servicios de seguridad a personalidades de Estado, con lo que se puede evidenciar sobre el cambio repentino de destino con un objetivo de acuerdo al referido Memorándum en comisión; Juan Carlos Herrera Machaca, Estafeta de la UTOP Centro, manifestó que, en horas de la mañana del 9 de noviembre de 2019 cuando cumplía su servicio en el Comando de dicha unidad, ingresaron abruptamente a la oficina entre diez a quince funcionarios policiales de “uniforme N° 1” verde olivo con máscaras, tapa caras, lo sacaron a empujones del lugar reclamándoles porque no se habían amotinado, quedándose ellos en el lugar, existiendo alevosía por parte de los insurgentes; valoración que de acuerdo al Informe del IITCUP y las fotografías presentadas, “en donde se encuentra el My. Silva con otros funcionarios” (sic); Líder Huanca Cahuapaza, Comandante de Guardia de Servicio de la UTOP Centro, quien manifestó que el 10 de noviembre de 2019, se encontraba de servicio, pero no pudo ingresar a la Unidad debido que la misma habría sido tomada un día antes por varios funcionarios policiales encapuchados que no le permitieron el ingreso; valoración que de acuerdo al Informe de IITCUP y fotografías donde se encontraba el accionante; Wilfredo Plata Gutiérrez, Estafeta de la UTOP Centro, quien manifestó que, el 11 de igual mes y año, estando de servicio no pudo ingresar a dicha unidad; similares datos fueron proporcionados por Huancar Mamani Mayta y Gary Ajuacho Apaza, Funcionarios policiales de la UTOP, concluyendo que, con el Informe de la IITCUP y fotografías proporcionadas se encontraría en dicho actuar el accionante, dejando sin seguridad a la población y bienes; asimismo, hacen referencia a la declaración de los peritos de Informática Forense y Reconstrucción facial y dibujo forense ambos del IITCUP; asimismo, sobre la declaración de Jesús Rodrigo Callisaya Calle, Encargado de Control y Seguimiento de Casos de la FELCV Zona Sur en la gestión 2019, quien refirió que, el 11 y 12 de noviembre 2019, no vio a Edwin Silva García en las instalaciones, quien en ese tiempo era el Director de dicha Unidad; que lo cuestionado por el apelante es errado, toda vez que “todos sabemos” cuando existe conflictos sociales todas las guarniciones policiales a nivel nacional se encuentran encuartelados o en emergencia de acuerdo a los sucesos; por lo que, como Director de la FELCV, debería estar como primer hombre, coordinando con el personal de su dependencia en resguardo de las instalaciones, de los mobiliarios y de la documentación por tratarse de una unidad que trabaja con víctimas muy vulnerables, que con experiencias pasadas como la toma de instalaciones policiales y posterior quema de los mismos, se debe tomar las previsiones del caso, para esto debe estar el Director dando las órdenes; por último hace referencia a la prueba testifical de descargo; toda vez que, Brayan Jhon Deheza Apaza, refirió que mediante memorándum de designación a partir del 25 de noviembre de 2019, realizó servicios de seguridad a Marco Pumari junto a otros oficiales a cargo del ahora accionante; con tal declaración no se modifica o desvirtúa la acusación del Fiscal policial contra el accionante “con su accionar ha incurrido en las faltas disciplinarias y sancionadas en el Art. 12 Núm. 24), Art. 13 Núm. 15) y Art. 14 Núm. 3) y 10) de la Ley N° 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana” (sic); iii) Con relación a la valoración de las pruebas documentales de cargo, la que tiene mayor relevancia y que el procesado indica referente a la prueba pericial realizado por la IITCUP, desdoblamiento y congelamiento de imágenes “podemos decir que en fojas 216 se puede apreciar al jefe policial con un casco táctico de color beige, se puede ver a una personas robusto y de piel blanca y otras de las pruebas que objeta el procesado se encuentra en fojas 217 de obrados se puede apreciar la fotografía del ahora procesado realizando la lectura de un papel que sostiene en las manos lo que se supone es el acta en donde se declara el motín policial (si al My. Silva le colocamos el Casco Táctico de color Beige y le tapamos la mita de la cara con pasamontaña, los rasgos que llegarían a verse claramente se le identificaría que se trata del My. Silva) simple lógica de deducción” (sic). Realizando estas apreciaciones ya que el funcionario policial procesado, hace la referencia al respecto, por ello se pone el ejemplo para que si existe duda “entonces lo realizáramos la recreación para ver los resultados de lo vertido y manifestado” (sic); por lo que, todas las pruebas que se recabaron durante la investigación y se arrimaron al cuaderno procesal en aplicación a la normativa la Comisión de Fiscales Policiales acusan al ahora accionante haber infringido lo previsto en los arts. 12.3, 13.15, 14.3 y 10 de la Lay 101; Respecto a la presentación como prueba de descargo el Memorándum 3677/2019 de 25 de noviembre, el accionante quiere desviar la atención; siendo que, el motivo por el que está siendo procesado son los hechos suscitados el 9, 10, 11 de noviembre de 2019, quien el día de los conflictos sociales ocurridos en todo el país, el ahora accionante y otros funcionarios policiales dictaron el motín policial, olvidando los principios ético morales que rigen la función policial, así como la prueba pericial realizada por el IITCUP que demuestra que el ahora accionante se encontraba leyendo una hoja; por lo que, se presume es el acta que declaró el motín policial, lo que indica de la foto tomada cuando estaba al lado de Fernando Camacho y Pumari, siendo por lo tanto vanos sus argumentos de querer confundir con las fotos en las que realiza el resguardo a los cívicos de Santa Cruz y Potosí; iv) Cursa en obrados que los Fiscales Policiales acusaron al accionante por haber transgredido los preceptos de los arts. 12.3, 13.15, 14.3 y 10 de la Ley 101; si bien el apelante indica que no se hizo una correcta valoración y que la tipificación es subjetiva; empero, de lo verificado y analizado en el cuaderno procesal se evidenció que el ahora impetrante de tutela fue parte activa de los sucesos ocurridos en la UTOP, por las fotos y videos tomada por los diferentes medios de comunicación escritos y televisivos como en las redes sociales donde se le observa con otros efectivos policiales declarando el motín policial, con dicho actuar crearon zozobra en la sociedad y quedó sin seguridad y resguardo policial. El Tribunal de primera instancia realizó una correcta valoración de toda la prueba de manera integral; v) El accionante usa como única defensa el Memorándum 3677/2019, pero olvida que está siendo procesado por la toma de la UTOP, “en cuya fecha” el ahora accionante es filmado por muchos medios de comunicación y redes sociales; y respecto a la observación del Informe del IITCUP con código 0061-21, en el cual se encuentran varias fotografías, que fueron tomadas en esa oportunidad y con las mismas se llegó al porcentaje de 60% de probabilidad que es el ahora accionante el que se encontraba con casco táctico de color beige cubierto su cara con un pasa montaña, viendo bien la fotografía de referencia, se encuentra un parecido con el ahora accionante en un 60%, por lo que los Fiscales Policiales emitieron requerimiento de acusación en su contra; y, vi) Respecto a las faltas disciplinarias establecidas en los arts. 12.3, 13.15, 14.3 y 10 de la Ley 101, es importante señalar que el derecho sancionador del Estado tiene dos brazos, uno el derecho penal y otro el derecho administrativo sancionador, ambos amparados en los mismos principios conforme se pronunció la amplia jurisprudencial constitucional, en el presente caso no se lesionó el debido proceso ya que se aplicó la ley en todo el desarrollo del proceso; toda vez que, revisada la Resolución 025/2022 emitida por el Tribunal de primera instancia, se colige que las pruebas documentales adjuntadas en el cuaderno procesal comprueban que el procesado ahora accionante, sí cometió la falta disciplinaria; por lo que, el Tribunal a quo dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 101 en sus arts. 85, 86 y 87 referente a la libertad probatoria; por consiguiente, las pruebas presentadas por las partes fueron sometidas a una valoración individual, habiendo tenido el procesado la oportunidad de plantear las observaciones que creía conveniente; siendo que, las observaciones interpuestas fueron correctamente resueltas en la misma audiencia por el Tribunal de primera instancia, la cual se encuentra plasmada en la Resolución 025/2022. Ahora bien, es pertinente considerar el precedente desarrollado en el Fundamento Jurídico III1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere a la obligatoriedad que tiene toda autoridad jurisdiccional o administrativa que en la emisión de sus resoluciones debe cumplir con una debida fundamentación y motivación, teniendo en consecuencia que explicar de manera clara, sustentada en derecho, todos los motivos que lo llevaron a tomar una determinada decisión; asimismo, que la argumentación debe seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; es decir debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes que se actuó conforme a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, sin necesidad que sea ampulosa sino cuente con una exposición clara y precisa de sus argumentos. Ahora bien, las autoridades demandadas en su labor de revisión, al momento de resolver el recurso de apelación y emitir la Resolución ahora impugnada con la presente acción de defensa; si bien hicieron una exposición de las pruebas producidas en el proceso; empero, no realizaron la subsunción de los hechos que se le atribuyen al impetrante de tutela como faltas disciplinarias, sin indicar que pruebas generaron convicción respecto a la concurrencia de cada una de ellas, concluyendo de manera general que la inconducta del accionante constituyen las faltas previstas en los arts. 12.3, 13.15, 14.3 y 10 de la Ley 101, omitiendo exponer de manera clara respecto a las pruebas y los hechos que subsumen en los elementos constitutivos de una determinada falta disciplinaria; es decir, no individualizaron; limitándose a un argumento general; refiriendo que, de todas las pruebas que se recabaron de la investigación y fueron adjuntas al cuaderno procesal comprueban que incurrió en la falta disciplinaria; además, en la labor de valorar la prueba pericial, las autoridades demandadas introdujeron elementos subjetivos, señalando que, del desdoblamiento de imágenes se apreció al accionante con un casco táctico de color beige, persona robusta y de piel blanca, agregando “(si al My. Silva le colocamos el Casco Táctico de color Beige y le tapamos la mita de la cara con pasamontaña, los rasgos que llegarían a verse claramente se le identificaría que se trata del My. Silva) simple lógica de deducción” (sic); concluyeron usando referencias doctrinales respecto a los alcances del poder sancionador del Estado; es decir, no sustentaron objetivamente su decisión. Asimismo, en lo pertinente a la prueba documental de cargo, también refieren a la prueba pericial; sin embargo, no identificaron con claridad a cuál de ellas describen; toda vez que, por lo mencionado en los antecedentes cursaría dos pruebas periciales, con apreciaciones subjetivas hace comentarios respecto a las imágenes atribuyéndole otro valor, no así el que se refiere en el informe. Si bien entre la fundamentación realizada refieren que el accionante debió representar el Memorándum 3677/2019; empero, no existe una explicación respecto a la normativa que sustente tal extremo, lo contrario significa un razonamiento subjetivo. Tampoco existe una individualización concreta respecto a los informes, ya que se usa el término de “informe de la IITCUP” de manera generalizada; empero, de los mismos antecedentes de la propia resolución se advierte que se trataría de dos informes periciales. Consecuentemente, si bien en la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 063/2022, se advierte una Resolución ampulosa; empero, no es menos cierto que la misma omite razonamientos claros que sigan un hilo conductor para llegar a una decisión sustentada con una debida motivación, siendo evidente la lesión del debido proceso en su elemento motivación, fundamentación y coherencia, por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 334/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 195 a 201, pronunciada por Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer, dejar sin efecto la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 063/2022 de 24 de mayo, debiendo las autoridades ahora demandadas emitir una nueva resolución en el plazo de setenta y dos horas de su notificación. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0703_2023-S4.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): c26f24b2794e3ac7b83e9cf072478a1db960367988214ecde24043b44419c86c

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