Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos debido a que: i) Concomitante a la rutina de clases, el adolescente AAFF “…desde hace cierto tiempo…” (sic) fue objeto de insultos, menosprecio y amedrentamiento con criterios absolutamente discriminatorios por parte del Profesor ahora demandado, e inclusive fue amenazado de sufrir agresiones físicas, lo que pondría en riesgo su integridad física y mental, y su derecho a vivir una vida libre de violencia, con afectación de su derecho a la educación, “…el derecho a la legalidad y el principio de no discriminación…” (sic); y, ii) Los actos indebidos ejercidos por el Profesor ahora demandado fueron puestos a conocimiento del Director actualmente demandado; empero, el mismo se negó a sancionarlo, indicando que los hechos generados son culpa del adolescente y de su comportamiento, conducta que no salvaguarda el interés superior del menor. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad. Especial mención del derecho a la integridad personal; b) El derecho a la integridad personal. Su protección tratándose de niños, niñas y adolescentes; c) El derecho a la educación y el deber del Estado de protegerlo; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la lesión de los derechos a la integridad psicológica y física, a vivir una vida libre de violencia y a la educación, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la lesión del derecho a la no discriminación y el principio de legalidad, de acuerdo a lo expresado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
3° Se ordena al Director de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani”, remitir antecedentes ante la defensoría de la niñez y adolescencia, para que sea dicha institución que continúe con el procedimiento respectivo ante la jurisdicción ordinaria.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0703/2023-S1 Sucre, 28 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46477-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Fernando Ferreira Gonzales en representación sin mandato del menor AAFF contra Luis Fernando Araujo Iñiguez, Director; y, Donovan Francisco Osorio Suárez, Profesor de Biología, ambos de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani”.
Mediante memorial presentado el 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 7 a 13 vta., la parte accionante expresó lo siguiente:
Concomitante a la rutina de clases, el adolescente AAFF “…desde hace cierto tiempo…” (sic), con criterios absolutamente discriminatorios fue objeto de insultos, menosprecio y amedrentamiento con criterios absolutamente discriminatorios por parte de Donovan Francisco Osorio Suárez Profesor de Biología de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani” -ahora demandado-; asimismo, a partir del 14 de marzo de 2022 que el referido comenzó a amenazarlo con agredirlo físicamente, indicándole que no aguantaría el castigo físico que le propinaría por su comportamiento, actos gravísimos que ponen en riesgo su integridad física y mental, su salud mental y su derecho a vivir una vida libre de violencia, con afectación de su derecho a la educación, “…el derecho a la legalidad y el principio de no discriminación…” (sic).
Ahora bien, pese a que se puso en conocimiento del Luis Fernando Araujo Iñiguez Director de la mencionada Unidad Educativa -ahora demandado-, los actos indebidos que fueron ejercidos por el Profesor, se negó a sancionarlo, incumpliendo lo establecido en el art. 150 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), indicando que los hechos generados son culpa del adolescente y de su comportamiento, conducta que no salvaguarda el interés superior del menor, y consiente las indebidas acciones de su dependiente.
La parte peticionante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la integridad personal (física y mental), a vivir una vida libre de violencia, y el interés superior del niño, afectando su derecho a la educación, “…el derecho a la legalidad y el principio de no discriminación…” (sic), citando al efecto los arts. 15, 23, 35, 60 y 77 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene que: a) El Profesor de Biología de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani” cese de sus actos debiendo inhibirse de realizar cualquier acción que afecte al adolescente; y, b) El Director de la indicada Unidad Educativa efectué las acciones correspondientes de acuerdo a la ética de dicha Unidad Educativa y asimismo se garantice la inexistencia de actos de represaría académica, expulsión u otros; y, c) Se remitan antecedentes al Ministerio Público así como a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para el procesamiento penal y administrativo de los demandados
Celebrada la audiencia virtual el 18 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 28 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su abogado ratificó el contenido del memorial de acción de libertad y en audiencia el adolescente AAFF en uso de la palabra, manifestó expresamente: “…desde inicio de esta gestión he tenido ciertos conflictos con el profesor Donovan Osorio desde la góndola hasta en las clases poco a poco el problema fue estallando y este Sr. empezó a insultarme diciendo que estos contra el proceso de cambio, que soy un imbécil, que no merezco nada (…) luego antes de ayer al salir de mi curso en el recreo yo dije a un compañero en forma amistosa que lo voy a matar porque me había quitado el teléfono y este Sr. el Sr. Donovan Osorio estaba al frente, se acerca y me mete a la pared y me dice yo de un puñetazo de mato te voy a enseñar que es el proceso de cambio y yo nunca, jamás he sido de contarle mis problemas que tengo en el colegio a mis padres, porque creo que se pueden solucionar, pero sentí miedo la verdad porque es un tema delicado y aparte de esto esté Sr. estuvo divulgando que soy según él un acosador sexual y esto me llevo a la decisión de tener que hablar con mis padres porque la verdad estoy mal, no duermo, duermo intranquilo porque es una acusación grave y hoy día en la mañana quería entrar al curso de 5° de Secundaría si no me equivoco B a saludar a mis compañeros Donovan estaba saliendo estaba saliendo y tenía que darme paso y yo me pongo de lado para que este Sr. pueda pasar y que pasa que el también en vez de ponerse de lado para que no nos choquemos él fue y me empujo con el codo lo cual me lastimo la verdad…” (sic).
Luis Fernando Araujo Iñiguez, Director de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani”, en audiencia, por sí y a través de su abogado manifestó que: 1) No es evidente lo alegado por la parte accionante respecto a su persona; toda vez que, no tenía conocimiento exacto sobre el actuar del Profesor ahora demandado; empero, al enterarse de dicha situación “ayer” -se entiende el 17 de marzo de 2022 la fecha de la interposición de la acción de libertad- tomó las acciones necesarias conforme el Manual Interno de la Unidad Educativa; emitiéndose un Memorándum de llamada de atención; toda vez que, en su condición de Director debe cuidar de los alumnos; 2) Se tuvo varias reuniones con la mamá y los profesores de la Unidad Educativa, ello debido al comportamiento del adolescente AAFF; 3) “…tengan por seguro de que se requiriera una acción inminente o algo de un profesor cuando estuviese dañando o cuando estuviese actuando en contra de un alumno yo tengo hasta cámaras aquí en el colegio si yo veo que realmente Adriano ha sido agredido por que esta, mañana él no ha venido y no me ha dicho nada esta mañana si el profesor lo ha agradado o empujado yo tengo hasta las cámaras para poder revisar y ver si realmente ha habido tal agresión o algo y lógicamente yo tomaría acciones inmediatas no es cierto mientras tanto yo pienso que lo más coherente es que como yo me comprometí con la mamá es a tener una reunión con la mamá y con Adriano el día lunes para poder dialogar y para poder entendernos tanto como con el profesor como con Adriano de que el deje pasar las clases y obviamente que el profesor se comprometa a jamás volver a tener un exabrupto como el que habría tenido…” (sic); y, 4) En ningún momento existió una queja o un reclamo y si bien efectivamente el Profesor ahora demandado manifestó algunas palabras que cayeron mal ya se tomaron las medidas; no obstante, debe concluirse en un proceso educativo en el que se tenga una resolución interna entre docente-estudiante. Donovan Francisco Osorio Suarez, Profesor de Biología de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani” en audiencia manifestó que, se llegó a tener enfrentamientos con el adolescente AAFF y efectivamente “…esta mañana os hemos chocado…” (sic) además, “…es verdad que he agredido de forma verbal al estudiante pero jamás con la connotación de discriminación yo no tengo ni siquiera una afinidad política (…) he tenido exabruptos es verdad pero jamás en contra de la integridad de mi estudiante (…) una vez si heno tenido con anterioridad un conflicto con el estudiante mismo en el que se comprometió a dejarme dar mis clases porque en realidad el problema es que tenemos conflictos en clases (…) yo no tengo ninguna cuestión personal con él ni ningún tipo de yo no soy una persona así de amenazar a golpes ni nada de eso si es que él ha interpretado de esta forma pues lo siento por que jamás lo hubiera hecho con un estudiante (…) si es cierto de conflicto con el que hemos llegado a decirnos cosas no, porque no solamente ha sido de mi parte sino del también pero quiero aclara que en ningún momento ha sido con el afán de discriminación racial si no de abuso ni acoso de molestar a sus compañeros o compañeras pero jamás con una connotación de tipo sexual…” (sic); no obstante, ya se emitió un Memorándum para su persona.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 29 a 31, denegó la tutela impetrada, recomendando al Director ahora demandado el garantizar el desarrollo pleno de la educación del adolescente AAFF sin discriminación ni maltrato por parte del plantel docente y administrativo de la Unidad Educativa Boliviano Achumani”; bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto al Profesor ahora demandado, el mismo reconoció que tuvo problemas con el adolescente AAFF pero jamás podría discriminarlo y menos sindicarlo de acoso sexual; no obstante, ya se emitió un Memorándum de llamada de atención por parte del Director de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani”; y, ii) En lo concerniente al Director ahora demandado, el mismo refirió que el Profesor fue amonestado, conminando a cesar con esos actos; por lo que, el Director cumplió con sus funciones.
De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Formulario de Inscripción Gestión 2022 del “Colegio Integral Boliviano Achumani”; por el que, se advierte que el adolescente AAFF se encuentra inscrito en la indicada Unidad Educativa (fs. 5). II.2. Mediante Memorándum de 17 de marzo de 2022, Luis Fernando Araujo Iñiguez, Director de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani” –ahora demandado–, se dirige a Donovan Francisco Osorio Suárez, Profesor de Biología de dicha Unidad Educativa, manifestando:
“Señor Profesor DONOVAN FRANCISCO OSORIO SUAREZ. Tras haber recibido la denuncia verbal por parte de los padres del alumno (…) del curso 4TO DE SECUNDARIA. Veo con mucho asombro el trato expresado y el conflicto con su persona y el mencionado alumno. Le ordeno de manera inmediata el cese a todo maltrato verbal por parte de usted al alumno en cualquier situación cercana y/o relacionada a nuestra Unidad Educativa. La relación que deberá tener con el alumno será estrictamente profesional de profesor a alumno y haremos el seguimiento en el caso para que esta sea lo más llevadera posible;
además para ver la idoneidad en la calificación del alumno. De presentarse cualquier tipo de altercado con el alumno usted deberá directamente dirigirse a la Dirección General para que se intervenga. Informamos a usted de repetirse cualquier situación similar deberemos tomas acciones más severas en pro del buen trato, amabilidad y buena convivencia de la que se caracteriza nuestra institución” (sic [fs. 21]). II.3. Del acta de audiencia de consideración de la acción de libertad, se tiene que Donovan Francisco Osorio Suarez, Profesor de Biología de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani” de manera expresa manifiesta:
“…se ha tomado acciones contra mi tengo un memorándum en el cual me debo comprometer a no tener conflictos con el estudiante (…) yo he tenido problemas con el hemos llegado a tener enfrentamientos verbales efectivamente esta mañana os hemos chocado (…) es verdad que he agredido de forma verbal al estudiante pero jamás con la connotación de discriminación yo no tengo ni siquiera una afinidad política (…) he tenido exabruptos es verdad pero jamás en contra de la integridad de mi estudiante (…) una vez si hemos tenido con anterioridad un conflicto con el estudiante mismo en el que se comprometió a dejarme dar mis clases porque en realidad el problema es que tenemos conflictos en clases (…) yo no tengo ninguna cuestión personal con él ni ningún tipo de yo no soy una persona así de amenazar a golpes ni nada de eso si es que él ha interpretado de esta forma pues lo siento por que jamás lo hubiera hecho con un estudiante (…) si es cierto de conflicto con el que hemos llegado a decirnos cosas no, porque no solamente ha sido de mi parte sino de él también pero quiero aclarar que en ningún momento ha sido con el afán de discriminación racial si no de abuso ni acoso de molestar a sus compañeros o compañeras pero jamás con una connotación de tipo sexual (…) debo aceptar que si he cometido un error al pues responder a sus provocaciones en la góndola y en clases de forma inadecuada por lo cual yo pudo [pido] Perdón voy a rectificarme de acuerdo como dice el memorándum del director y la llamada de atención que tuve por parte de los directores del colegio entonces lo único que yo quiero es trabajar y que los demás estudiantes del colegio se sigan beneficiando con mi servicio” (sic [fs. 26]).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos debido a que: i) Concomitante a la rutina de clases, el adolescente AAFF “…desde hace cierto tiempo…” (sic) fue objeto de insultos, menosprecio y amedrentamiento con criterios absolutamente discriminatorios por parte del Profesor ahora demandado, e inclusive fue amenazado de sufrir agresiones físicas, lo que pondría en riesgo su integridad física y mental, y su derecho a vivir una vida libre de violencia, con afectación de su derecho a la educación, “…el derecho a la legalidad y el principio de no discriminación…” (sic); y, ii) Los actos indebidos ejercidos por el Profesor ahora demandado fueron puestos a conocimiento del Director actualmente demandado; empero, el mismo se negó a sancionarlo, indicando que los hechos generados son culpa del adolescente y de su comportamiento, conducta que no salvaguarda el interés superior del menor. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica de la acción de libertad. Especial mención del derecho a la integridad personal; b) El derecho a la integridad personal. Su protección tratándose de niños, niñas y adolescentes; c) El derecho a la educación y el deber del Estado de protegerlo; y, d) Análisis del caso concreto.
En relación al presente punto, previo a referirnos a la normativa que rige la acción de libertad, es preciso hacer una reseña de los antecedentes de su origen; en tal sentido, siguiendo lo referido por Ciro Añez Nuñez, Sorayda Santiago Salame y otros en la obra Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada; se tiene que, el 11 de enero de 1931 a través del referéndum constitucional se propuso incluir en la Constitución –entre otros– un mecanismo de protección de los ciudadanos denominado habeas corpus el cual se accionaba contra los arrestos, detenciones y procedimientos ilegales; posteriormente, con la reforma constitucional de 1938, se incorporó el indicado recurso estableciendo expresamente que:
“Artículo 8°.- Toda persona que creyere estar indebidamente detenida, procesada o presa, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante el juez de partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. La autoridad judicial decretará inmediatamente que el individuo sea conducido a su presencia y su decreto será obedecido, sin observación ni excusa, por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial decretará la libertad, hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas. La decisión que se pronuncie dará lugar al recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, recurso que no suspenderá la ejecución del fallo. Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan a las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán reos de atentado contra las garantías constitucionales, en cualquier tiempo, y no les servirá de excusa el haber cumplido órdenes superiores”. Posteriormente, con la reforma constitucional de 1967 se estableció la posibilidad de acudir ante un juez instructor, la prohibición de suspensión de la audiencia, la rebeldía del demandado, la revisión de la decisión por la Corte Suprema de Justicia y la sanción de la autoridad que incumpla conforme manda el procedimiento constitucional. Luego, con la reforma constitucional de 1994 con la creación del Tribunal Constitucional se determinó que el mismo se encargaría de la revisión de la sentencia emitida. Bajo dicho mandato constitucional, el entonces Tribunal Constitucional en el ámbito de sus competencias emitió la SC 459/01-R de 14 de mayo (reiterada -entre otras- por las SSCC 750/2001-R de 23 de julio, y 1384/2002-R de 18 de noviembre) sosteniendo que a través del habeas corpus se “…tutela la integridad del detenido, preserva su derecho a la libertad y en general evita la consumación de una detención ilegal o arbitraria…” (sic), siendo evidente que la integridad personal de una persona privada de su libertad se encontraba tutelada por este mecanismo. Posteriormente, con la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, se estableció que el habeas corpus procedía como un medio correctivo para proteger al detenido de aquellas condiciones que agravaban en forma ilegítima la detención, y transgredían su condición humana tales como la imposición de sanciones disciplinarias. Así, a partir de dicho entendimiento, la SC 0696/2005-R de 21 de junio, consideró que una forma de agravar la situación de un detenido era ejercer actos lesivos contra su integridad personal, razón por la que, en esos casos procedía el recurso de habeas corpus correctivo.
En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al demandante a disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie se elevara en revisión, de oficio, ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.
Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de escuchar la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no concurriere, la audiencia llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del actor o su representante, se dictará sentencia.
Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán remitidos, por orden de la autoridad que conoció del “Hábeas corpus”, ante el Juez en lo penal para su juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.
La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este Artículo quedará sujeta a la sanción del Artículo 127, inciso 12, de esta Constitución.”
3 En su FJ III.1.3 sostuvo que: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, aql referirse a otras “violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…”. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado. Por tanto, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos. 4 En su FJ III.3 manifestó que: “De lo señalado se puede determinar claramente que el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes.” (las negrillas son añadidas).
El 2009, con la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado se estableció varias modificaciones que incluyó el cambio de denominación (pasando de recurso de hábeas corpus a acción de libertad), y amplió su ámbito de protección, estipulando de esta manera:
“Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. El 2010, con el nuevo contexto constitucional, se profirió la SC 0044/2010-R de 20 de abril, manifestando que los tipos de hábeas corpus clasificados con la anterior Constitución Política también podían ser identificados en la Norma Suprema de 2009 e inclusive podían ser ampliados, de ahí que, se erigió la acción de libertad traslativa, y la instructiva, esta última que hace referencia a los supuestos en los que el derecho a la libertad se encuentra vinculado a los derechos a la vida y a la integridad, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas; no obstante, de manera posterior, este entendimiento fue ampliado a través la SCP 1220/2012 de 6 de septiembre, debido a que, este 5 En su FJ III.5 sostuvo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, como se pasa a explicar: El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: “…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
El criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de los derechos a la vida e integridad física o personal fue reiterado en numerosos fallos. Así, en el caso Castillo Páez, de 3 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana sostuvo que: “…El hábeas corpus tiene como finalidad no solamente garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida”. En el mismo sentido, el caso Neira Alegría, fallo de 19 de julio de 1995.
La protección del derecho a la vida e integridad personal, por otra parte, está también prevista en las legislaciones de otros países, como en Costa Rica donde a través del hábeas corpus se protegen los derechos a la libertad e integridad personal; en el Perú, donde se protege la libertad personal y otros derechos conexos, así como la integridad y la prohibición de desaparición forzada, último supuesto que se vincula con el derecho a la vida. Algo similar sucede en Argentina, donde el hábeas corpus protege la libertad física, el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y la desaparición forzada de personas, y en Ecuador, donde se protege el derecho a la libertad, a la vida y la integridad física de las persona privadas de libertad.
De este breve repaso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la legislación comparada, se puede observar que la protección al derecho a la vida vía hábeas corpus, en el caso boliviano, acción de libertad, está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad personal.
Cabe resaltar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, protegió el derecho a la vida a través del recurso de hábeas corpus, por conexitud con el derecho a la libertad de locomoción, en las SSCC 470/2004-R, 6512004-R, entre otras.”
fallo constitucional estableció que la acción de libertad instructiva también procedía en los casos de privados de libertad, señalando al efecto:
“…la acción de libertad instructiva-, cuyo ámbito de protección abarca también al derecho a la vida y el derecho a la integridad personal (física, psicológica y sexual) cuya garantía normativa es la prohibición de tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes (art. 15.I de la CPE) en aquellos supuestos en los que se encuentren vinculados a la libertad física o personal, en los casos fundamentalmente de desaparición forzada de personas, lo que significa que pueden ser objeto de protección a través de la acción de libertad respecto de todos los seres humanos privados de libertad y no necesariamente vinculados a la desaparición de personas” (las negrillas son agregadas). Posteriormente, la SCP 1156/2013 de 26 de julio, realizando una sistematización de los tipos de acciones de libertad, refirió:
“3) Acción de libertad correctiva Esta tipología se establece a partir de una interpretación progresiva del art. 125 de la CPE, en el presupuesto referente a la libertad personal; en ese orden, siguiendo el criterio de la SC 0044/2010-R, este mecanismo tutelar evita que se agraven arbitraria e ilegalmente las condiciones de las personas privadas de libertad. En el supuesto antes señalado, la persona o personas afectadas por una situación que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad correctiva, antes de activar este mecanismo, deberán acudir ante la autoridad encargada del control jurisdiccional ya sea en etapa de desarrollo del proceso penal o en etapa de ejecución de sentencia, según sea el caso, salvo que exista una vinculación directa del acto lesivo con el derecho a la vida, situación en la cual, se podrá activar la acción de libertad de manera directa. 4) Acción de libertad instructiva Esta tipología, está vinculada con la tutela a la vida, tal como lo señaló la SC 0044/2010-R, en este contexto, en armonía con la concepción del Estado Constitucional de Derecho, en el Estado Plurinacional de Bolivia, debe interpretarse que la tutela a la vida a través de la acción de libertad, no solamente debe estar restringida a supuestos en los cuales la vida esté vinculada a la libertad, sino en virtud a una interpretación extensiva de derechos, debe establecerse que la acción de libertad en su modalidad instructiva, contempla cualquier amenaza o limitación al derecho a la vida o la integridad física. Para este supuesto, asumiendo el entendimiento de la SC 0008/2010-R, la persona o personas afectadas, no necesitan agotar ningún mecanismo intra-procesal de defensa, ya que la acción de libertad tipificada como instructiva, activa el control tutelar de constitucionalidad de manera directa” (las negrillas fueron agregadas). Consecuentemente, por lo desarrollado precedentemente, se tiene que, la acción de libertad a través de su modalidad correctiva evita que se agraven arbitraria e ilegalmente las condiciones de las personas privadas de libertad, empero, deberán acudir ante la autoridad encargada del control jurisdiccional ya sea en etapa de desarrollo del proceso penal o en etapa de ejecución de sentencia, según sea el caso, salvo que exista una vinculación directa del acto lesivo con el derecho a la vida y de manera concatenada a la integridad personal. Asimismo, respecto a la modalidad instructiva, se estableció que, en mérito a una interpretación extensiva de derechos, esta modalidad contemplaba cualquier amenaza o limitación al derecho a la vida o la integridad personal.
El derecho a la integridad personal se constituye en un derecho inherente a la persona sin distinción o discriminación alguna, que asegura la integridad física, psicológica y sexual de la misma, y prohíbe la injerencia arbitraria del Estado y de los particulares en esos atributos personales. En tal sentido, por la importancia que reviste este derecho se encuentra garantizado por la legislación doméstica y por múltiples instrumentos internacionales; así, en el ámbito nacional, la Constitución Política del Estado establece:
“Artículo 15.
psicológico, tanto en el ámbito público como privado. IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas” (las negrillas son añadidas). Texto constitucional que consagra la integridad física, psicológica y sexual como el derecho fundamental de toda persona; siendo precisamente por ello que prohíbe expresamente la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o humillantes; siendo evidente además que, también se proscribe todo tipo de violencia, siendo precisamente por ello que, en el artículo citado precedentemente, la Norma Suprema prevé que toda persona y en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, razón por la que, debe adoptarse todas las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional además de toda acción u omisión que tengan por objeto degradar la condición humana. Ahora bien, tal como se expresó previamente, el derecho a la integridad personal es un derecho protegido internacionalmente, tanto en el Sistema de Protección Interamericano como en Universal; así, respecto al primero, tenemos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dedica un artículo específico para hacer referencia a dicho derecho, señalando expresamente:
“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados” (las negrillas son agregadas). Asimismo, en el Sistema Universal de Protección, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 5 establece que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 7 prevé que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…”. Consecuentemente, los instrumentos internacionales citados precedentemente, no solo reconocen el derecho a la integridad personal sino también son enfáticos en cuanto a las prohibiciones de torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, en cuanto a los privados de libertad se determinó que los mismos deben ser tratados con el respeto a la dignidad inherente al ser humano, y la pena no puede trascender de la persona, entre otros. Ahora bien, sintetizando la implicancia que tiene el derecho a la integridad personal, la SCP 1891/2011-R de 7 de noviembre, estableció que dicho derecho comprende tres dimensiones:
“La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo, por ello toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan provocar lesiones en su cuerpo, causándole dolor físico o daño a su salud. La integridad psicológica ésta referida al conjunto de facultades intelectuales y emocionales; su inviolabilidad se relaciona con el derecho a no ser obligado o manipulado mentalmente contra su voluntad. Finalmente, la integridad sexual está referida a la protección al derecho de las personas a tener capacidad para expresarse válidamente, a tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad. Por ello el Estado a través del Título XI del Código Penal y específicamente mediante la Ley 2033 castiga a aquellos que vulneraron el derecho a la integridad sexual, estableciendo sanciones contra los agresores” (las negrillas nos pertenecen).
Debido a la etapa en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes no concluyeron de desarrollarse física ni mentalmente, siendo precisamente por ello que se constituyan en un grupo vulnerable, lo que obliga al Estado a brindar una protección especial y prioritaria; en ese sentido, respecto a su derecho a la integridad personal, la Constitución Política del Estado en su art. 61.I determina que “Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescente, tanto en la familia como en la sociedad”. Ahora bien, en el Sistema de Protección Universal, la Convención sobre los Derechos del Niño si bien no establece de manera expresa el derecho a la integridad personal, no obstante, este instrumento internacional hace alusión al deber de protección del Estado, señalando al efecto:
“Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiada para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” (las negrillas son agregadas). Así, respecto al precepto convencional citado, el Comité de los Derechos del Niño procede a su interpretación, emitiendo al efecto la Observación General 13 sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, señalando:
“Artículo 19, párrafo 1 1. "… toda forma de ..." 17. Sin excepción. El Comité siempre ha mantenido la posición de que toda forma de violencia contra los niños es inaceptable, por leve que sea. La expresión "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental" no deja espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños. La frecuencia, la gravedad del daño y la intención de causar daño no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Los Estados partes pueden referirse a estos factores en sus estrategias de intervención para dar respuestas proporcionales que tengan en cuenta el interés superior del niño, pero las definiciones no deben en modo alguno menoscabar el derecho absoluto del niño a la dignidad humana y la integridad física y psicológica, calificando algunos tipos de violencia de legal y/o socialmente aceptables. (…)
20. Descuido o trato negligente. Se entiende por descuido no atender las necesidades físicas y psicológicas del niño, no protegerlo del peligro y no proporcionarle servicios médicos, de inscripción del nacimiento y de otro tipo cuando las personas responsables de su atención tienen los medios, el conocimiento y el acceso a los servicios necesarios para ello. El concepto incluye: a) El descuido físico, que ocurre cuando no se protege al niño del daño, entre otras cosas por no vigilarlo, o se desatienden a sus necesidades básicas, por ejemplo, de alimentación, vivienda y vestido adecuados y de atención médica básica; b) El descuido psicológico o emocional que consiste, entre otras cosas, en la falta de apoyo emocional y de amor, la desatención crónica del niño, la "indisponibilidad psicológica" de los cuidadores que no tienen en cuenta las pistas y señales emitidas por los niños de corta edad y la exposición a la violencia y al uso indebido de drogas o de alcohol de la pareja sentimental; c) El descuido de la salud física o mental del niño, al no proporcionarle la atención médica necesaria; d) El descuido educativo, cuando se incumplen las leyes que obligan a los cuidadores a asegurar la educación de sus hijos mediante la asistencia escolar o de otro modo, y e) El abandono, práctica que suscita gran preocupación y que en algunas sociedades puede afectar desproporcionadamente a los niños nacidos fuera del matrimonio y a los niños con discapacidad, entre otros.
21. Violencia mental. El concepto de violencia mental, comprendido en la expresión "perjuicio o abuso … mental", del artículo 19, párrafo 1 de la Convención, se describe a menudo como maltrato psicológico, abuso mental, agresión verbal y maltrato o descuido emocional, y puede consistir en: a) Toda forma de relación perjudicial persistente con el niño, como hacerle creer que no vale nada, que no es amado ni querido, que está en peligro o que solo sirve para satisfacer las necesidades de otros; b) Asustar al niño, aterrorizarlo y amenazarlo; explotarlo y corromperlo; desdeñarlo y rechazarlo; aislarlo, ignorarlo y discriminarlo; c) Desatender sus necesidades afectivas, su salud mental y sus necesidades médicas y educativas; d) Insultarlo, injuriarlo, humillarlo, menospreciarlo, ridiculizarlo y herir sus sentimientos; e) Exponerlo a la violencia doméstica; f) Someterlo a un régimen de incomunicación o aislamiento o a condiciones de detención humillantes o degradantes, y g) Someterlo a la intimidación y las novatadas de adultos o de otros niños, en particular por medio de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) como los teléfonos móviles o Internet (la práctica llamada "acoso cibernético"). 22. Violencia física. Puede ser mortal y no mortal. En opinión del Comité, la violencia física incluye: a) Todos los castigos corporales y todas las demás formas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y b) La intimidación física y las novatadas por parte de adultos o de otros niños. (…) 2. "mientras […] se encuentre bajo la custodia de…" 33. Definición de "cuidadores". El Comité considera que, sin dejar de respetar la evolución de las facultades del niño y su autonomía progresiva, todo ser humano menor de 18 años se encuentra, o debe encontrarse, "bajo la custodia" de alguien. Los niños solo pueden estar en tres situaciones: emancipados, bajo la custodia de sus cuidadores principales o circunstanciales o, de facto, a cargo del Estado. La definición de "cuidadores", que, según el artículo 19, párrafo 1, son "los padres, […] un representante legal o […] cualquier otra persona que […] tenga [al niño] a su cargo", comprende a las personas con una clara responsabilidad legal, eticoprofesional o cultural reconocida respecto de la seguridad, la salud, el desarrollo y el bienestar del niño, principalmente los padres, los padres de acogida, los padres adoptivos, los cuidadores en régimen de kafalah del derecho islámico, los tutores y los miembros de la familia extensa y de la comunidad; el personal de los centros de enseñanza, las escuelas y los jardines de infancia; los cuidadores de niños empleados por los padres; los animadores y entrenadores, incluidos los supervisores de las asociaciones juveniles; los empleadores o supervisores en el lugar de trabajo, y el personal de las instituciones (públicas y privadas) encargado de la atención de niños, como los adultos responsables en los centros de atención de la salud, los centros correccionales de menores y los centros de día y los hogares y residencias. En el caso de los niños no acompañados, el cuidador de facto es el Estado.” (las negrillas nos corresponden). A partir de lo referido en la Observación General 13 se hace evidente el deber del Estado de proteger el derecho a la integridad personal (física, psicológica y sexual) de los niños, niñas y adolescentes, adoptando medidas contra toda forma de violencia por más leve que sea, sin distinguir el grado, gravedad ni frecuencia; además, del descuido o trato negligente al no atender las necesidades físicas y psicológicas del niño, y no protegerlo del peligro; actos que podrían ser ejercidos por sus cuidadores principales o circunstanciales, entre los que se encuentran los padres (principales, de acogida, adoptivos), los tutores miembros de la familia extensa, el personal de centros de enseñanza y escuelas, etc. Por otra parte, refiriéndonos a normas infra constitucionales, debemos citar al Código Niña, Niño y Adolescente que en su Capítulo VIII se hace alusión al Derecho a la Integridad Personal y Protección Contra la Violencia:
“ARTÍCULO 145. (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL).
que afecten su integridad personal. (las negrillas son agregadas).
ARTÍCULO 146. (DERECHO AL BUEN TRATO). I. La niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende una crianza y educación no violenta, basada en el respeto recíproco y la solidaridad.
II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, violento o humillante. ARTÍCULO 147. (VIOLENCIA).
adolescente. II. La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipificada como delito por la Ley Penal. III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley
Penal, constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la Niñez y Adolescencia, conforme lo establecido en el presente Código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador” (las negrillas son agregadas). Estos preceptos infra constitucionales expresamente reconocen el derecho a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, señalando además que los mismos no pueden ser objeto de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y, es el Estado quien debe proteger este derecho. Asimismo, se establece que las y los educadores –entre otros– deben emplear métodos no violentos en la formación, educación y corrección, razón por la que se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, violento o humillante. Además, en los preceptos normativos citados precedentemente se determina que la violencia constituye la acción u omisión que cualquier medio ocasione perjuicios en la salud mental. Asimismo, el Código Niña, Niño y Adolescente, prevé que el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes no puede ser afectado en el sistema educativo, señalando:
“ARTÍCULO 151. (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO). I. A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema Educativo: a) Violencia Entre Pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre dos (2) estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante o participante, que sea hostigado, castigado o acosado; b) Violencia Entre no Pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de poder de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y/o centro contra las o los estudiantes y/o participantes; c) Violencia Verbal. Referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, descalificantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la comunidad educativa; d) Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo; e) Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa; f) Violencia en Razón de la Situación Económica. Todo acto orientado a la discriminación de cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa, basada en su situación económica, que afecte las relaciones de convivencia armónica y pacífica; y g) Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta cuando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, difamada o difamado, humillada o humillado, de forma dolosa por otra u otras personas, causando angustia emocional y preocupación, a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a través de internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación.
II. Los tipos de violencia descritos en el presente Artículo, serán considerados infracciones mientras no constituyan delitos” (las negrillas son añadidas).
En lo que refiere a la educación es preciso señalar por una parte que, conforme al art. 17 de la CPE, constituye un derecho fundamental consagrado en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”, derecho que incluye la educación superior por mandato del art. 91.III de la misma Constitución. En correspondencia con los mandatos constitucionales, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0235/2005-R de 21 marzo, refiere al respecto
“… el derecho a recibir instrucción y el derecho a la educación salvando las diferencias de ambas categorías conceptuales implican que la persona tiene la potestad de acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, pero, además, recibirla de modo que al existir un sistema nacional de instrucción, enseñanza, aprendizaje o educación, el núcleo esencial de esos derechos no esta tan sólo en el acceso a dicho sistema, sino también a la permanencia de ese sistema” (las negrillas son adicionadas). En sintonía con esta disposición constitucional, el PIDESC en su art. 13.1, establece:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz” (las negrillas son añadidas). Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CODESC), órgano principal de la ONU encargado de verificar la puesta en práctica del derecho a la educación por parte de los Estados, en su Observación general No. 13, expresó que:
“La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores, marginados económica y socialmente, salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana” (las negrillas son añadidas). Bajo esos criterios, el derecho a la educación definitivamente constituye parte del progreso, que las personas busquen mejores condiciones de instrucción o entrenamiento en el ámbito de la educación de acuerdo a sus creencias, valores, normas e ideales, con respecto de la vida en sociedad, el desarrollo de su personalidad y en resguardo de su derecho a la dignidad.
Por otra parte, por mandato de los arts. 9.5, 77.I de la CPE, la educación constituye uno de los fines y funciones esenciales o supremos del Estado; en ese entendido, por disposición de los arts. 9.5, 82.I, al Estado le corresponde el deber de garantizar el acceso y permanencia a la educación de las personas en condiciones de plena igualdad. En esa comprensión la función esencial y deber del Estado no puede estar limitado ni menoscabado por autoridad ni particular alguno, en cuyo caso el propósito del Estado debe ser priorizar su protección desplegando todos los mecanismos de defensa y garantía, pues, lo contrario implicaría un fracaso del Estado en su función suprema y primera responsabilidad financiera.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos debido a que: 1) Concomitante a la rutina de clases, el adolescente AAFF “…desde hace cierto tiempo…” (sic) fue objeto de insultos, menosprecio y amedrentamiento con criterios absolutamente discriminatorios por parte del Profesor ahora demandado, e inclusive fue amenazado de sufrir agresiones físicas, lo que pondría en riesgo su integridad física y mental, y su derecho a vivir una vida libre de violencia, con afectación de su derecho a la educación, “…el derecho a la legalidad y el principio de no discriminación…” (sic); y, 2) Los actos indebidos ejercidos por el Profesor ahora demandado fueron puestos a conocimiento del Director actualmente demandado; empero, el mismo se negó a sancionarlo, indicando que los hechos generados son culpa del adolescente y de su comportamiento, conducta que no salvaguarda el interés superior del menor. Identificadas las problemáticas traídas en revisión, considerando que en las mismas se denuncia la vulneración del derecho a la integridad personal de un adolescente dentro de una unidad educativa, inicialmente es necesario remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en el que, a través de un desarrollo normativo y jurisprudencial del ámbito de protección de la acción de libertad, se sostuvo que las lesiones a este derecho, podrían ser consideradas, analizadas, y –de corresponder– tuteladas a través de la modalidad instructiva ante cualquier amenaza o limitación al derecho a la vida o la integridad física; esta última modalidad que para el caso se constituye en la más apropiada para el análisis de las problemáticas traídas en revisión; toda vez que, la parte accionante denuncia la vulneración del derecho a la integridad personal. Asimismo, a ello debe sumarse que, conforme establece el art. 157 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, de manera personal o a través de su padres, tutores o guardadores, ante cualquier persona, entidad u organismos públicos o privado; en tal sentido, habiéndose acudido a esta jurisdicción, por ningún motivo se puede soslayar la obligación de atender el presente caso, que se encuentra vinculado con el derecho de un adolescente que forma parte de un grupo de atención prioritaria. Ahora bien, no existiendo óbice para ingresar al análisis de fondo del presente caso, resulta imperioso remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el cual, se estableció que, el derecho a la integridad personal constituye un derecho inherente a la persona que asegura la integridad física, psicológica y sexual de la misma, siendo precisamente que debe ser entendido en tres dimensiones: i) La integridad física referida a la plenitud corporal del individuo; ii) La integridad psicológica referida al conjunto de facultades intelectuales y emocionales, su inviolabilidad se relaciona con el derecho a no ser obligado o manipulado mentalmente contra su voluntad; y, iii) La integridad sexual vinculada al libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad. Ahora bien, por la importancia que reviste el derecho a la integridad personal cuenta con protección constitucional y convencional, protección que se ve más acentuada tratándose de niños, niñas y adolescentes, quienes no acabaron de desarrollarse física ni mentalmente, siendo precisamente por ello que, su protección es reforzada, debiendo por ello adoptarse las medidas necesarias para protegerlos de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental por más leve que sea sin distinguir el grado, gravedad ni frecuencia de la violencia ejercida; y, protegerlos del descuido o trato negligente al no atenderse las necesidades físicas y psicológicas del niño, y no protegerlo del peligro. Bajo las precisiones efectuadas, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto la parte demandada actuó apartándose de la normativa vigente, lesionando los derechos del adolescente AAFF; en tal sentido, se tiene: En lo concerniente a la primera problemática La parte accionante denuncia que concomitante a la rutina de clases, el adolescente AAFF “desde hace cierto tiempo” (sic) fue objeto de insultos, menosprecio y amedrentamiento con criterios absolutamente discriminatorios por parte del Profesor demandado, e inclusive fue amenazado de sufrir agresiones físicas, lo que pondría en riesgo su integridad física y mental, y su derecho a vivir una vida libre de violencia, con afectación de su derecho a la educación, “…el derecho a la legalidad y el principio de no discriminación…” (sic). Al respecto, tomando en cuenta que en la presente acción de libertad se denuncia que la integridad personal (física y psicológica) de un adolescente se vio afectada debido al accionar de un educador, es preciso remitirnos al Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional, en el cual, se estableció que el marco constitucional, normativo y convencional no solo va encaminado a reconocer que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la integridad personal (física, psicológica y sexual), sino también establece la obligación del Estado de respetar y proteger dicho derecho, siendo precisamente que se prohíbe el ejercicio de toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y que la misma es inaceptable por más leve que sea (por ello la frecuencia, la gravedad del daño y la intención de causar daño no se constituyen en requisitos previos para la determinación de la violencia), sea de quien sea, padres, tutores o guardadores, e inclusive cualquier otra persona que tenga a su cargo al niño, niña o adolescente, tal el caso, del personal de las escuelas (maestros, administrativos, de servicio, y profesionales que prestan servicio dentro de una unidad educativa). Precisado lo anterior, resulta necesario referir que, si bien de la identificación de la presente problemática se advierte que la parte accionante denuncia la lesión de la integridad psicológica del adolescente y además considera que la integridad física de dicho adolescente estaría en riesgo; consecuentemente, el análisis evaluando y determinando si es evidente que el Profesor ahora demandado efectuó agresiones verbales contra el adolescente consistentes en insultos, menosprecio y amedrentamiento; además, si amenazó al menor con sufrir agresiones físicas o se ejercieron las mismas; en tal sentido:
a) En lo concerniente a las agresiones verbales consistentes en insultos, menosprecio y amedrentamiento, inicialmente, debe considerarse que, de la revisión de antecedentes, se advierte que, el adolescente AAFF se encuentra inscrito en la Unidad Educativa “Boliviano Achumani” (conforme se tiene de la Conclusión II.1); lo que hace que, los actos denunciados se encuentren inmersos en un escenario institucionalizado, en el que, el adolescente estaría a cargo del Profesor ahora demandado que se constituye en parte del personal docente de la citada Unidad Educativa, que si bien tendría el rol de garante de la protección de la integridad psicológica de los niños, niñas y adolescentes; no obstante, de acuerdo a lo alegado por la parte accionante hubiese transgredido la integridad psicológica del adolescente AAFF, en tal sentido, resulta imperioso referir que la integridad psicológica se constituye en el conjunto de facultades intelectuales y emocionales de la persona (conforme el Fundamento Jurídico III.2); por ello, los comportamientos encaminados a desvalorizar, producir daño, destruir la autoestima y reducir la confianza, valiéndose de insultos, acusaciones, amenazas, críticas destructivas, gritos, manipulaciones, indiferencias frialdades, desprecios lesionan la integridad psicológica, que se ve más intensificada tratándose de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en pleno desarrollo físico y mental.
Bajo esa precisión, en el caso objeto de estudio, se advierte que, la parte impetrante de tutela no adjuntó ningún elemento objetivo que haga entrever que el adolescente hubiese sido objeto de agresiones verbales (insulto, menosprecio y amedrentamiento); no obstante, de la revisión de todos los antecedentes del expediente constitucional se constató que en el acta de audiencia de consideración de la acción de libertad (Conclusión II.3), el Profesor ahora demandado expresamente manifestó:
“…se ha tomado acciones contra mi tengo un memorándum en el cual me debo comprometer a no tener conflictos con el estudiante (…) yo he tenido problemas con el hemos llegado a tener enfrentamientos verbales efectivamente esta mañana os hemos chocado (…) es verdad que he agredido de forma verbal al estudiante pero jamás con la connotación de discriminación yo no tengo ni siquiera una afinidad política (…) he tenido exabruptos es verdad pero jamás en contra de la integridad de mi estudiante (…) una vez si hemos tenido con anterioridad un conflicto con el estudiante mismo en el que se comprometió a dejarme dar mis clases porque en realidad el problema es que tenemos conflictos en clases (…) yo no tengo ninguna cuestión personal con él ni ningún tipo de yo no soy una persona así de amenazar a golpes ni nada de eso si es que él ha interpretado de esta forma pues lo siento por que jamás lo hubiera hecho con un estudiante (…) si es cierto de conflicto con el que hemos llegado a decirnos cosas no, porque no solamente ha sido de mi parte sino de él también pero quiero aclarar que en ningún momento ha sido con el afán de discriminación racial si no de abuso ni acoso de molestar a sus compañeros o compañeras pero jamás con una connotación de tipo sexual (…) debo aceptar que si he cometido un error al pues responder a sus provocaciones en la góndola y en clases de forma inadecuada por lo cual yo pudo Perdón voy a rectificarme de acuerdo como dice el memorándum del director y la llamada de atención que tuve por parte de los directores del colegio entonces lo único que yo quiero es trabajar y que los demás estudiantes del colegio se sigan beneficiando con mi servicio” (sic).
Intervención a partir de la que se advierte que, es el propio Profesor ahora demandado que admitió que agredió verbalmente al adolescente AAFF, ya que manifestó: “…yo he tenido problemas con el hemos llegado a tener enfrentamientos verbales (…) es verdad que he agredido de forma verbal al estudiante (…) he tenido exabruptos es verdad pero jamás en contra de la integridad de mi estudiante…” (sic). Ahora bien, de los antecedentes allegados en el presente caso también se constató que, mediante Memorándum de 17 de marzo de 2022 (Conclusión II.2) el Director de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani” indicó al Profesor ahora demandado, que se tendría una denuncia verbal por parte de los padres del adolescente AAFF, y al advertirse que existiría un conflicto entre el Profesor y el adolescente se ordenaba el cese inmediato de todo maltrato verbal, refiriendo expresamente:
“Señor Profesor DONOVAN FRANCISCO OSORIO SUAREZ. Tras haber recibido la denuncia verbal por parte de los padres del alumno (…) del curso 4TO DE SECUNDARIA. Veo con mucho asombro el trato expresado y el conflicto con su persona y el mencionado alumno. Le ordeno de manera inmediata el cese a todo maltrato verbal por parte de usted al alumno en cualquier situación cercana y/o relacionada a nuestra Unidad Educativa. La relación que deberá tener con el alumno será estrictamente profesional de profesor a alumno y haremos el seguimiento en el caso para que esta sea lo más llevadera posible; además para ver la idoneidad en la calificación del alumno. De presentarse cualquier tipo de altercado con el alumno usted deberá directamente dirigirse a la Dirección General para que se intervenga. Informamos a usted de repetirse cualquier situación similar deberemos tomas acciones más severas en pro del buen trato, amabilidad y buena convivencia de la que se caracteriza nuestra institución” (sic). Consecuentemente, a partir de lo expresado por el Profesor ahora demandado en la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, así como lo establecido en el Memorándum de 17 de marzo de 2022 emitido por el Director de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani”, se advierte que, el indicado Profesor si agredió verbalmente al adolescente AAFF; y, si bien no es posible tener precisión respecto al o los actos que se hubiesen ejercido contra el adolescente (insultos, injurias, humillaciones, menosprecio, ridiculizaciones, entre otros), son los instrumentos internacionales que establecen que se deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia ejercida contra los mismos, por más leve, ello comprendiendo que la violencia es inaceptable; en tal sentido, pese a no poder determinar el o los actos ejercidos, es posible determinar que en el caso concreto si se lesionó el derecho a la integridad psicológica del adolescente AAFF, debiendo comprenderse que la frecuencia, la gravedad de daño o la intención de causar daño no constituyen en requisitos previos para determinar o no la existencia de violencia. b) En lo concerniente a las amenazas de sufrir agresiones físicas, o se ejercieron las mismas, al respecto, debe considerarse que la integridad física puede ser mortal y no mortal, puede darse por castigos corporales y todas las demás formas de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; asimismo, puede verse afectada por intimidación física consistente en puñetazos, golpes, patadas o empujones (Fundamento Jurídico III.2). Ahora bien, de la revisión de los documentos allegados al expediente constitucional, no se advierte ningún elemento objetivo que permita evidenciar que se hubiese ejercido algún castigo corporal u otra forma de tortura y trato o penas crueles, inhumanos o degradantes; no obstante, debe considerarse que del acta de audiencia consideración de la presente acción tutelar (Conclusión II.3), el adolescente AAFF refirió expresamente “…hoy día en la mañana quería entrar al curso de 5° de Secundaria si no me equivoco B a saludar a mis compañeros Donovan estaba saliendo estaba saliendo y tenía que darme paso y yo me pongo de lado para que este Sr. pueda pasar y que pasa que el también en vez de ponerse de lado para que no nos choquemos él fue y me empujo con el codo lo cual me lastimo la verdad…” (sic); y, por su parte, el aludido Profesor negó las acusaciones relativas a las amenazas siendo expreso al señalar “…yo no tengo ninguna cuestión personal con él ni ningún tipo de yo no soy una persona así de amenazar a golpes ni nada de eso si es que él ha interpretado de esta forma pues lo siento por que jamás lo hubiera hecho con un estudiante…” (sic); en tal sentido, siendo que respecto a las agresiones físicas o amenazas de sufrir agresiones físicas existe contradicciones entre lo vertido por ambas partes; no obstante, debe considerarse que el art. 193 inc. c) de la Ley 548, establece el principio presunción de verdad por el cual todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de un niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo; en tal sentido, en el caso concreto, se presume que lo expresado por el adolescente AAFF es cierto, debiendo en cuyo caso determinarse este punto ante la jurisdicción ordinaria. En el marco de lo expuesto precedentemente, si bien en el caso concreto únicamente se determinó la existencia de agresiones verbales y agresiones físicas efectuadas por parte del Profesor ahora demandado, es evidente que se lesionó el derecho a la integridad física y psicológica del adolescente, que se encuentra intrínsecamente vinculado con el derecho a la vivir una vida libre de violencia que tiene el adolescente de ninguna acción u omisión le causa daño o sufrimiento (psicológico, físico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como público). Aunado a todo lo referido, siendo que la parte impetrante de tutela refirió que las agresiones sufridas por el adolescente AAFF tendrían una connotación de discriminación, debe considerarse que el Código Niña, Niño y Adolescente en su art. 151 establece a la discriminación en el Sistema Educativo como tipo de violencia, señalando:
“ARTÍCULO 151. (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO). I. A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema Educativo: d) Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo”. En tal sentido, la discriminación debe estar dada por una forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundadas en alguna razón; los cuales, en el caso concreto no se advierten, siendo inclusive que el Profesor ahora demandado en audiencia de consideración de la acción de libertad señaló que “…es verdad que he agredido de forma verbal al estudiante pero jamás con la connotación de discriminación (…) en ningún momento ha sido con el afán de discriminación racial…” (sic), en tal sentido, respecto a la lesión del derecho a la no discriminación, no se advierte vulneración alguna. Ligado a lo anterior debe considerarse que, en el presente caso también se denunció la lesión del derecho a la educación, el cual, si bien no se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, empero, por la interdependencia de los derechos reconocido en el art. 13 de la CPE es posible ingresar al análisis del mismo; en tal sentido, conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el derecho a la educación se constituye en un derecho orientado al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad; consiguientemente, los centros o unidades educativas estatales o privadas tienen que promover el desarrollo integral del grupo de alumnos; por lo que, deben eliminar todo tipo de acción que afecte de manera directa el derecho al acceso a la educación; no obstante, en el caso objeto de análisis, se advierte que el desarrollo integral del adolescente se vio afectado debido a las agresiones verbales y físicas efectuadas por parte del Profesor ahora demandado. Finalmente, con relación al Profesor ahora demandado debe considerarse que conforme se tiene en antecedentes, mediante Memorándum de 17 de marzo de 2022, el Director de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani” ordenó al Profesor ahora demandado el cese de todo maltrato verbal ejercido contra el accionante, generado por el mismo –en audiencia de consideración de la presente acción de libertad– refiera expresamente que “…voy a rectificarme de acuerdo como dice el memorándum del director y la llamada de atención…” (sic); no obstante, debe considerarse que, al ser evidente que se lesionó el derecho a la vivir una vida libre de violencia resulta necesario conceder la tutela, debiendo remitirse el presente caso ante un juzgado público en materia de niñez y adolescencia, ello con el objeto que respecto al derecho a la integridad psicológica se determine la sanción correspondiente, y en lo concerniente al derecho a la integridad física bajo un debido proceso se determine si efectivamente existió intimidación por parte del Profesor ahora demandado. En lo concerniente a la segunda problemática
La parte impetrante de tutela denuncia que los actos indebidos ejercidos por el Profesor ahora demandado fueron puestos a conocimiento del Director actualmente demandado; empero, el mismo se negó a sancionarlo, indicando que los hechos generados son culpa del adolescente y de su comportamiento, conducta que no salvaguarda el interés superior del menor.
Para analizar el presente punto, debemos señalar que en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional, a partir de una cita y descripción que se efectuó de la Observación General 13 del Comité de los Derechos del Niño; se sostuvo que, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes no solo de toda forma de violencia sino también del descuido o trato negligente por parte de la persona que los tiene a su cargo, constituyéndose en otra forma de maltrato infantil, debido a que no se atienden las necesidades físicas y psicológicas del menor, o no se lo protege del peligro; y, siendo específicos en el sistema educativo el descuido o trato negligente se da el cuidador incumple normativa que los obliga a asegurar la educación de los niños, niñas y adolescentes. Bajo ese parámetro, comprendiendo que el descuido o trato negligente emerge ante la falta de protección, siendo que en el caso concreto los actos lesivos se efectuaron dentro del Sistema Educativo, es evidente que el Director de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani” -ahora demandado-, se encuentra a cargo de la protección del adolescente AAFF, quien debió considerar el art. 150 del CNNA que establece:
“ARTÍCULO 150 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa, implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros”.
Normativa que de manera expresa establece que en el Sistema Educativo se debe prevenir, atender y sancionar la violencia ejercida; ahora bien, refiriéndonos a la normativa específica del Sistema Educativo, el Ministerio de Educación a través de la Resolución Ministerial 0001/2022, aprobó las Normas Generales para la Gestión Educativa 2022 del Subsistema de Educación Regular, entre las cuales estipuló políticas sociales en educación, dirigidas a proteger a las niñas, niños y adolescente de toda forma de violencia, así de manera general se establece:
“ARTÍCULO 110 PROHIBICIÓN DE TODA FORMA DE VIOLENCIA, MALTRATO O ABUSO I. En el Subsistema de Educación Regular se prohíbe toda forma de violencia, maltrato o abuso en contra de cualquier integrante de la Comunidad Educativa que vaya en desmedro del desarrollo integral de la persona, afectando su integridad física, psicológica, sexual o moral, promoviendo así una cultura de paz y buen trato como contribución al “Vivir Bien”. (negrillas añadidas).
Siendo evidente que se prohíbe toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, especialmente dentro del Sistema Educativo, debe comprenderse que, en muchas ocasiones, es el director del centro o unidad educativa que tiene el primer contacto con los menores; siendo por ello que, ante una denuncia de violencia –en cualquiera de sus formas– ejercida contra niñas, niños o adolescentes debe asumir un rol proteccionista que considere el interés superior del niño en todas las decisiones a asumirse; por lo que, conforme establece el art. 155 de la Ley 548 se encuentra impelido de denunciar el hecho ante las defensorías de la niñez y adolescencia. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que ante la denuncia efectuada al Director -ahora demandado-, el mismo emitió el Memorándum de 17 de marzo de 2022, ordenando al Profesor de Biología -también demandado- el cese de todo maltrato verbal (Conclusión II.2), lo que permite advertir que, en conocimiento de la violencia psicológica realizada contra un menor, no actuó conforme establece la normativa, por lo tanto se evidencia que existió un descuido o trato negligente por dicho administrativo, que tienda a acrecentar o agravar la violencia psicológica ejercida; en tal sentido, sobre este punto corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la lesión del “derecho” a la legalidad debe considerarse que, la parte accionante no expresó las razones por las que considera que el principio de legalidad fue transgredido. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la lesión de los derechos a la integridad psicológica y física, a vivir una vida libre de violencia y a la educación, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la lesión del derecho a la no discriminación y el principio de legalidad, de acuerdo a lo expresado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
3° Se ordena al Director de la Unidad Educativa “Boliviano Achumani”, remitir antecedentes ante la defensoría de la niñez y adolescencia, para que sea dicha institución que continúe con el procedimiento respectivo ante la jurisdicción ordinaria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 Constitución Política del Estado 1967 haciendo referencia al recurso de hábeas corpus en su art. 18 determinó: “Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En los lugares donde no hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de l a autoridad demandada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquella cuanto por los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos una vez citados, puedan desobedecer arguyendo orden superior.
6 El término tortura es definido por la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura como “…todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”
7 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso García Asto y Ramirez Rojas vs Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005, establece: “…las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de trato o pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que está estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención. Las situaciones descritas son contrarias a la “finalidad esencial” de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del citado artículo, es decir, “la reforma y la readaptación social de los condenados”. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas”
8 La mencionada jurisprudencia respecto al derecho a la educación fue citada en las SC 1951/2011-R 7 de diciembre, SCP 0405/2012 de 22 de junio, SCP 0074/2018-S1 de 23 de marzo, 0004/2019-S1 de 31 de enero, entre otros.
9 Las Observaciones Generales 13, adoptadas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CODESC), órgano principal de la ONU encargado de verificar la puesta en práctica del derecho a la educación por parte de los Estados, en la 21o. período de sesiones, 1999, párr. 1, proporcionan interpretaciones y clarificación del Articulo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente respecto al derecho a la educación.
10 Respecto al derecho a la educación la SCP 0587/2016-S2 de 30 de mayo, ha expresado: En ese orden, el derecho a la educación, definitivamente constituye parte del progreso; es decir, que las personas tienen todo el derecho de buscar mejores condiciones de instrucción o entrenamiento en el campo de la educación que consideren necesario de acuerdo a sus creencias, valores, normas e ideales, siempre en respecto de la vida en sociedad; ello implica el
acatamiento de las normas legales en vigencia, en ejercicio del libre desarrollo de su personalidad y en resguardo de su derecho a la dignidad.
11 En torno al deber el Estado respecto a la educación, la SCP 0820/2017-S2 14 de agosto, ha establecido: “…Entonces se puede señalar que la educación y el acceso a ella no puede ser limitado ni menoscabado por autoridades ni particulares, a cuyo propósito el Estado debe priorizar su protección desplegando todos los mecanismos de defensa y garantía, como lo manda el art. 82.1 de la CPE, cuando señala que compete al Estado garantizar el acceso a la educación en condiciones de plena igualdad. De lo contrario, de existir restricción alguna al acceso a la educación, el Estado habrá fracasado en su función suprema y primera responsabilidad financiera, tal cual establece el art. 77. I de la Ley Fundamental” (las negrillas nos pertenecen).
12 La Constitución Política del Estado prevé: “Artículo 13. I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos” (las negrillas nos corresponden).
13 El principio de interdependencia de los derechos humanos se refiere al hecho de que entre los derechos humanos se refiere al hecho de que entre los derechos humanos no existe ninguna jerarquía, y que están relacionados entre sí de forma tal, que es imposible su plena realización sin la satisfacción simultánea de los otros. https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Interdependencia_de_los_derechos_humanos#cite_note-1
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0703_2023-S1.pdf · páginas 1 a 29.
Huella digital del PDF (SHA-256): 71149213ba94598abc601af77c277dd6b25927c5744b325a47f110390e87ec88
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