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SCP 0702/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57367-2023-115-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; al principio de legalidad; y, a su derecho a acceder a la educación; toda vez que, las Vocales demandadas, mediante Auto de Vista SFNA 281/2023, declararon improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 206/2023, que rechazó la solicitud de suspensión de la medida socioeducativa -medida de régimen domiciliario por el lapso de dos años-, alegando que: i) No cumplió con la debida fundamentación, motivación y congruencia; ii) Se aplicó e interpretó de manera errónea los arts. 316, 323, 324, 347 del CNNA; y, iii) Se lesionó su derecho a la educación, evitando así que, pueda prestar su servicio militar, y por ende obtener la libreta correspondiente, misma que sería requisito imprescindible para ingresar a la ANAPOL. Ante ello, las Vocales demandadas sostuvieron que, en el Auto de Vista SFNA 281/2023 de 30 de junio, -hoy observado- se pronunciaron con relación a todos los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental, otorgando una respuesta clara, concreta y comprensible, y que la presente acción de defensa solo tiene la finalidad de dilatar el proceso penal de origen. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0124/2023 de 22 de agosto, cursante de fs. 51 a 54, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0702/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57367-2023-115-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0124/2023 de 22 de agosto, cursante de fs. 51 a 54, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Frankie Montaño Kelcasi contra Sonia Elena Barrón Cortéz e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 13 y 19 de julio de 2023, cursantes a fs. 1 y 18 a 23 vta.; y, 30, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, se emitió la Sentencia 37/2022 de 28 de octubre, disponiendo, entre otros, la medida socioeducativa de restricción de libertad, consistente en régimen domiciliario, por el lapso de dos años. Posteriormente, solicitó la suspensión de tal medida y autorización para cumplir con su servicio militar (cuartel), misma que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 206/2023 de “23” -siendo lo correcto y en adelante 26- de mayo, argumentando que debía transcurrir al menos la mitad del tiempo de la medida impuesta, y que al haber cumplido únicamente seis meses y veintiocho días, no correspondía otorgar la sustitución de la medida por una menos gravosa; decisión contra la que, planteó recurso de apelación incidental, que mereció el Auto de Vista SFNA 281/2023 de 30 de junio, declarando su improcedencia. Alegó la lesión del principio de legalidad, siendo que, el Auto de Vista SFNA 281/2023 interpretó y aplicó de manera errónea los arts. 316, 323, 324, y 347 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA). En relación al art. 316, señaló que, las Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandadas-, sostuvieron un razonamiento irracional e ilógico cuando se refirieron que, en caso de concederle el pedido de “suspensión” de la medida para ingresar al servicio militar con la finalidad de contar con la libreta respectiva y así postular a la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), se constituiría en una revictimización, aspecto con el que no estaba de acuerdo, siendo que, al ingresar al cuartel estaría restringido de salidas; debido a que, se encontraría en subordinación militar, además que no se tomó en cuenta que la referida norma dispone que las medidas de justicia restaurativa buscan la reinserción del adolescente; concluyendo que, la solicitud de suspensión se constituía en un acto de voluntad de reintegración. Respecto al art. 323 de la referida ley, señaló que, es un razonamiento irracional y errado, siendo que, no hace referencia a garantizar el acceso a la justicia o los derechos de la víctima, sino que únicamente dispone los tipos de medidas, clasificando estas en medidas en libertad y en restricción. Con relación al art. 328.II de la citada normativa, sostuvo que, el razonamiento empleado en el Auto de Vista observado, era incoherente, irracional y falso, considerando que, no hizo referencia a causales de enfermedad, sino que refería a que el régimen domiciliario no podría afectar el cumplimiento del Plan Individual de Ejecución de Medida (PIEM), tampoco el normal desarrollo de las actividades de estudio o de trabajo. Además, que las Vocales demandadas omitieron aplicar métodos de interpretación gramatical, siendo que esa norma faculta la permisión de la suspensión solicitada. Arguyó la lesión al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación e incongruencia. Respecto a la incongruencia sostuvo que, en su recurso de apelación de manera categórica señaló, “…jamás solicite una modificación de la medida si no solicite la suspensión de la medida” (sic), y que las autoridades demandadas omitieron responder aquello y en su lugar manifestaron “un argumento mísero”, aplicando de manera arbitraria el art. 347 de la indicada ley, sin explicar por qué se aplicó esa norma para rechazar su solicitud. En relación a la insuficiencia, señaló que, el Auto de Vista SFNA 281/2023 se fundamentó en un argumento irracional y erróneo comprendiendo que, una suspensión de cumplimiento de régimen domiciliario se entendería como una amenaza de revictimización; es decir, las autoridades demandadas no explicaron el porqué de sus conclusiones respecto a lo descrito. Finalmente, alegó lesión al derecho de acceso a la educación, a razón a que, existía una coacción hacia su persona “de elegir” una carrera técnica, sin considerar que eligió ingresar a la ANAPOL; por lo que, le urgía contar con una libreta militar por ser un requisito imprescindible de postulación, y que al rechazar su solicitud de suspensión de medida socioeducativa, argumentando que, una vez cumplida la misma, podría ingresar al cuartel, se tornó en una restricción, sin tener presente que existe un límite de edad para postularse a dicha institución; en consecuencia, a la conclusión de la medida determinada -régimen domiciliario-, ya no contaría con la edad requerida.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación e incongruencia; al principio de legalidad; y, su derecho a la educación, citando al efecto los arts. 82, 115.II, 116.I.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

No consignó petitorio alguno; sin embargo, se entiende que solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista SFNA 281/2023.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 22 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 44 a 50 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El solicitante de tutela, no hizo uso de la palabra a efectos de su ratificación y/o ampliación, al no constar su intervención en el acta del señalado actuado procesal.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Sonia Elena Barrón Cortéz e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe escrito, cursante a fs. 37, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: Se pronunciaron con relación a todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, otorgando una respuesta clara, concreta y comprensible; motivo por el cual, se ratificaron de manera íntegra en los argumentos y fundamentos expuestos en el Auto de Vista en cuestión, y que la presente acción de defensa solo tenía la finalidad de dilatar el proceso penal de origen.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Manuelito Kelcasi Flores -padre de la presunta víctima menor de edad en el proceso penal de origen-, en audiencia de garantías, manifestó que: a) Existió falta de honestidad por parte del accionante, quien señaló que se estaba llevando a cabo un injusto proceso penal en su contra por una imaginaria infracción; b) El art. 347 del CNNA, establece que, en los casos en que el delito cometido por el o la adolescente hubiese sido de extrema gravedad, solo podrá hacerse uso de las facultades de suspensión o sustitución cuando haya transcurrido al menos la mitad del tiempo del régimen disciplinario, lo que no ocurrió en este caso; c) No fue evidente que el Auto de Vista impugnado, sea ilógico al haberse referido a la revictimización que, en este caso, es secundaria, ya que el sistema no puede causarle un nuevo daño a la menor de edad; d) El accionante señaló que, se le estaría vulnerando su derecho a la educación, cuando, de acuerdo a su historial académico en la Fundación Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL), de todas las materias programadas en el primer semestre, solo aprobó dos y que la Sentencia de origen no estableció que no podía estudiar; es decir, no se le negó ese derecho académico. Respecto al ingreso a la ANAPOL, señaló que la edad requerida es “entre 18 y 22” años, y que no exige como requisito la libreta del servicio militar; aspecto que, pretendió aprovechar para pedir tutela; y, e) No planteó el recurso de apelación contra la Sentencia condenatoria, pese a que tuvo la participación y presencia de sus abogados así como de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; por lo que, la tutela pedida debía ser negada debido a que una menor de edad estaba involucrada, a quien debe garantizarse su derecho como víctima, y, esencialmente, porque su solicitud de sustitución de la medida no era procedente al no haber cumplido con la mitad de la sanción.

I.2.4. Participación del Ministerio Público

Carmen Rosa Encinas, Fiscal de Materia, manifestó que, en el desarrollo del proceso penal seguido contra el accionante, este solicitó voluntariamente someterse a una salida alternativa de terminación anticipada, misma que fue concedida por el Juez de la causa de origen beneficiándose con medidas que incumplió, como por ejemplo: que estudie y trabaje; tampoco cumplió con la mitad del tiempo de sanción, no encontrándose habilitado para que se beneficie con un cambio o sustitución de medida; habiendo, por esa circunstancia, las Vocales demandadas actuado correctamente, dictando su resolución conforme a derecho.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 0124/2023 de 22 de agosto, cursante de fs. 51 a 54, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El desarrollo argumentativo por parte de las autoridades demandadas no vulneró el debido proceso por falta de motivación, fundamentación o congruencia, al haber explicado por qué no era posible otorgar la suspensión de las medidas socioeducativas para ejercer el servicio militar, inclusive hicieron referencia a cuáles deberían ser los mecanismos para poder activar la solicitud y cuándo podía proceder tal medida, habiendo realizado su labor de control de la legalidad y logicidad del Auto de Vista impugnado, además que efectuaron una explicación ponderativa de las normas con los antecedentes y la decisión de terminación anticipada del adolescente al someterse a esta salida alternativa; 2) Declararon la improcedencia de la apelación planteada, porque no existiría un mecanismo para poder suspender o modificar la medida si no se cumplieron ciertos presupuestos con carácter previo, lo que tuvo que ver con el cumplimiento efectivo de la Sentencia y las resoluciones judiciales emitidas en primera instancia, más aún si tenía la calidad de cosa juzgada; y, 3) El fallo emitido por las autoridades demandadas, no generó las vulneraciones aludidas por el impetrante de tutela, porque debido a los razonamientos expresados y que fueron desarrollados bajo cánones de ecuanimidad y logicidad al momento de ejercer el control sobre el Auto de Vista impugnado, no concurría en relevancia constitucional para poder determinar que de una eventual concesión de la tutela solicitada, ésta acarrearía un efecto diferente al resultado obtenido mediante el referido Auto de Vista, considerando más aun la inexistencia de los agravios que fueron traídos en revisión en la presente acción de amparo constitucional.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 59 a 61); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista SFNA 281/2023 de 30 de junio, Sonia Elena Barrón Cortéz e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -demandadas-, declararon improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por Frankie Montaño Kelcasi -accionante- contra el Auto Interlocutorio 206/2023 de 26 de mayo, que rechazó la solicitud de suspensión de la medida socioeducativa de régimen domiciliario (fs. 2 a 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; al principio de legalidad; y, a su derecho a acceder a la educación; toda vez que, las Vocales demandadas, mediante Auto de Vista SFNA 281/2023, declararon improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 206/2023, que rechazó la solicitud de suspensión de la medida socioeducativa -medida de régimen domiciliario por el lapso de dos años-, alegando que: i) No cumplió con la debida fundamentación, motivación y congruencia; ii) Se aplicó e interpretó de manera errónea los arts. 316, 323, 324, 347 del CNNA; y, iii) Se lesionó su derecho a la educación, evitando así que, pueda prestar su servicio militar, y por ende obtener la libreta correspondiente, misma que sería requisito imprescindible para ingresar a la ANAPOL. Ante ello, las Vocales demandadas sostuvieron que, en el Auto de Vista SFNA 281/2023 de 30 de junio, -hoy observado- se pronunciaron con relación a todos los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental, otorgando una respuesta clara, concreta y comprensible, y que la presente acción de defensa solo tiene la finalidad de dilatar el proceso penal de origen. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso

La SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, estableció que: “En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada Resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no sólo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerativa y lo resuelto, así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerativo, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes” (el resaltado es nuestro).

III.2. Análisis del caso concreto

El Auto Interlocutorio 206/2023 de 26 de mayo, rechazó la solicitud de suspensión de la medida socioeducativa impuesta -medida de régimen domiciliario- decisión confirmada por el Auto de Vista SFNA 281/2023 de 30 de junio, decisión impugnada, debido a que estaría evitando que el accionante pueda prestar su servicio militar (cuartel); y, por ende, obtener la libreta correspondiente, misma que sería requisito imprescindible para ingresar a la ANAPOL.

Previamente, es pertinente señalar que, la parte accionante no adjuntó su recurso de apelación incidental, por lo que, se efectuará el análisis con base a lo determinado como puntos de apelación en el Auto de Vista impugnado. En relación al primer cargo, es importante considerar el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, siendo que, no resulta preciso, qué norma correspondería aplicar, o si el impetrante de tutela está pidiendo se haga una excepción a la norma, en todo caso, la respuesta de las autoridades demandadas fue clara, al sostener que no se cumplió con: “…lo previsto por el parágrafo III, del art. 328 de la Ley No 548, que establece: ‘que la medida socioeducativa en régimen domiciliario, se aplicará en el tiempo en que debiera durará la sanción y amerita la inclusión de la persona adolescente penalmente responsable, en un programa desarrollado para este fin por la instancia técnica departamental de política social; a más de que toda medida socioeducativa impuesta a los adolescentes, deben estar acompañados por los mecanismos de justicia restaurativa…’” (sic); de lo que se comprende que, la medida referida debe estar supervisada; en ese entendido, estos supuestos no se acreditaron, en la presente acción de defensa, menos aún fueron identificados o controvertidos, máxime cuando debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto por la justicia constitucional, lo que impide otorgar la tutela solicitada. En relación al segundo cargo, es necesario señalar que, el art. 316 del CNNA, establece de manera explícita, la naturaleza y el objetivo de los mecanismos de justicia restaurativa, en ese entendido, el accionante al señalar que, la “solicitud de suspensión” se constituiría en un acto de voluntad de reintegración, solo hace entrever que buscó la aplicación de una figura jurídica inexistente; consecuentemente, el rechazo a la referida solicitud no se sustentó en la “revictimización secundaria” que podría suscitarse, al contrario, el argumento principal radicó en que: “…por una parte se desprende del propio informe del SEDEGES, que él se encuentra estudiando en la Universidad INFOCAL, la carrera de mecánica automotriz; a más de tener en cuenta para dar viabilidad a que el mismo ingrese a efectuar su servicio militar, sin cumplir previamente el mínimo establecido, para ser beneficiado con alguna sustitución o modificación más favorable de la medida socioeducativa impuesta y menos cumplir con lo previsto por el parágrafo III, del art. 328 de la Ley No 548…” (sic); es decir, la figura de la suspensión no está prevista en el ordenamiento jurídico, entonces, se imposibilita su análisis; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto al art. 323 del CNNA, el impetrante de tutela se limitó a manifestar que, la referida norma no hizo referencia a la garantía del acceso a la justicia de la víctima; en lo referente al art. 324 del mismo cuerpo legal, no sustentó argumento alguno y sobre el art. 328 de dicha normativa refirió solamente que, el régimen domiciliario no puede afectar las actividades de estudio. En ese marco, debe recordarse que, desde la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, se estableció que: “…vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’” (el resaltado es nuestro); en este sentido, si se pretendía que la justicia constitucional revise la interpretación de legalidad, era menester del peticionante de tutela, cumplir dichos requisitos y no limitarse a manifestar que no se encontraba de acuerdo con la interpretación de las autoridades demandadas, esto habría servido para identificar la presunta arbitrariedad; en consecuencia, corresponde denegar la tutela.

Finalmente, respecto al tercer cargo, no se evidenció ni se acreditó en qué medida se lesionó su derecho a la educación, incumpliéndose el art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), además, se tiene que, las autoridades demandadas advirtieron, que el impetrante de tutela, estaría estudiando en INFOCAL la carrera de mecánica automotriz y sería becado de la Organización no Gubernamental Unbound; en este sentido, se entendió que el prenombrado, requiere cumplir el plazo mínimo de cumplimiento de medida socioeducativa para luego evaluarse su modificación; aspecto que, tampoco fue controvertido por la parte accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0124/2023 de 22 de agosto, cursante de fs. 51 a 54, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0702_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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