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SCP 0702/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de julio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de julio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
73982-2025-148-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la Jueza ahora demandada, mediante Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2025, dispuso la emisión de un mandamiento de detención preventiva dirigido a Centro Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ), con el fin de proceder a la aprehensión del adolescente AA; dicha decisión se basó en el Auto de Vista 10 de 12 de diciembre de 2023, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el cual se revocaron las medidas cautelares personales y se ordenó su detención preventiva; sin embargo, se observa que: a) El Auto de Vista que fue dictado hace un año y cinco meses y, además, no se consideró lo establecido por el art. 291.I. inc. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2025 de 16 de mayo, cursante de fs. 106 a 110, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De las resoluciones dictadas dentro de acciones tutelares.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0702/2025-S2 Sucre, 2 de julio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 73982-2025-148-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/2025 de 16 de mayo, cursante de fs. 106 a 110, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paola Andrea Menacho Rivero en representación del menor de edad AA contra Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2025, cursante a fs. 1; y, 59 a 69 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público -a denuncia de Silvia Ribera Soria-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, mediante Auto de Vista 10 de 12 de diciembre de 2023, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocaron el Auto Interlocutorio de 17 de agosto del mismo años y, en consecuencia, ordenaron su detención preventiva en el Centro Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ); ello a pesar de haberse ofrecido como prueba el libro de control de asistencia, que demostraba que no había dejado de firmar el mismo ni una vez desde que se le impuso dicha medida; motivo por el cual no existía ningún riesgo de fuga latente. La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada- mediante “decreto” -lo correcto es Auto- de 2 de mayo de 2025 dispuso que, por Secretaría, se libre mandamiento de detención preventiva dirigido al Director Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ), con el fin de proceder con su aprehensión. Por tales razones, se solicitó dejar sin efecto el Auto de 2 de mayo de 2025, en consecuencia, se presentó memorial el 13 de mayo del mismo año, solicitando la revocatoria del mencionado mandamiento y, en su defecto, la aplicación de una medida cautelar menos gravosa, conforme al art. 288 del Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, no obstante, dicha solicitud no fue atendida. Asimismo, de conformidad con el art. 291.I.c del mismo Código el plazo para la presentación de acusación fiscal -cuarenta y cinco días- ya fue excedido; toda vez que, la imputación formal fue presentada el 17 de agosto de 2023 y la acusación fiscal recién el 26 de diciembre del mismo año, “...transcurrieron 3 meses y 19 días…” (sic), en consecuencia, los plazos establecidos para la detención preventiva fueron sobrepasados abundantemente. Finalmente, conforme al principio de favorabilidad aplicable a menores infractores, toda duda normativa debe resolverse de la manera más beneficiosa para el menor, toda vez que, los plazos para dictar aprehensión o detención preventiva ya habían vencido, que existía una acusación formal sin sentencia y que nunca se acreditó riesgo de fuga del menor, por lo que, se solicitó dejar sin efecto el mandamiento de detención preventiva de 2 de mayo de 2024 y aplicar medidas menos gravosas previstas en el art. 288 del citado Código sin embargo, pese a esta solicitud, se libró un nuevo mandamiento de aprehensión sin resolver el memorial ni valorar los argumentos presentados, lo que llevó a interponer una acción tutelar al considerarse que existe una persecución indebida.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga la revocatoria del decreto de 2 de mayo de 2025, mediante el cual se dispuso se libre el mandamiento de detención preventiva; así como del mandamiento de aprehensión emitido el 12 del citado mes y año y debiendo, en su defecto, aplicarse cualquier medida menos gravosa conforme a lo establecido en el art. 288 del CNNA.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 16 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 101 a 105, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia señaló que: a) Se ordenó el arraigo del menor de edad y la obligación de presentarse ante el Juez cada viernes para firmar el cuaderno de control, esta medida fue dispuesta en atención a la documentación presentada ante las autoridades competentes y ha sido cumplida cabalmente hasta el 16 de mayo de 2025; b) Transcurrieron más de cuarenta y cinco días sin que se presentara acusación fiscal por parte del Ministerio Público; en consecuencia, no se dictó sentencia condenatoria ni absolutoria, y el proceso aún se encontraba en etapa de apertura de juicio; y, c) Se evidenció la existencia de un talón de “inmigración” que acreditaba que el menor se encontraba con arraigo.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia de esta acción tutelar sostuvo que: 1) El hoy accionante fue convocado al menos en quince oportunidades a las audiencias de juicio oral; sin embargo, de forma reiterada y mediante diversos pretextos, no asistió a las mismas y, en su lugar, presentó una serie de certificados médicos con el fin de justificar su inasistencia, provocando la suspensión de estas, dilató el desarrollo del proceso; en consecuencia, la Jueza que conoce la causa lo declaró rebelde en su momento, decisión que fue posteriormente purgada; y, 2) Antes de recurrir a esta instancia, debió haber comparecido ante el juzgado correspondiente, solicitando se señale audiencia para la modificación de medidas, con base en los fundamentos expuestos durante la audiencia de acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 14/2025 de 16 de mayo, cursante de fs. 106 a 110, concedió la tutela impetrada, disponiendo: i) Dejar sin efecto y declarar la nulidad del decreto de 2 de mayo de 2025; ii) Al evidenciarse el cumplimiento de las medidas sustitutivas por el menor AA, impuestas por la autoridad demandada, “…la misma deberá ordenar otras medidas menos gravosas a fin de garantizar la presencia del menor durante la sustanciación del (…) proceso…” (sic); y, iii) Dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión contra el menor AA; con base en los siguientes fundamentos: a) “…se evidencian el sobreabundante vencimiento de los plazos procesales, tanto para la efectivización de una posible detención preventiva, como la duración de la ejecución de medidas cautelares (sic); b) Los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 10, mediante el cual revocan las medidas “sustitutivas”, ordenando se proceda a la detención preventiva; c) La imputación formal fue presentada el 17 de agosto de 2023 y la acusación fiscal el 26 de diciembre del mismo año; d) Han trascurrido cuatro meses y catorce días desde la presentación de acusación fiscal, excediendo el plazo previsto en el art. 291.I.c del CNNA; e) Las medidas cautelares tienen la finalidad exclusiva de asegurar la presencia del imputado durante la sustanciación del proceso; en ese sentido, el menor de edad, desde agosto de 2023, cumplió con la obligación de presentarse los viernes ante la autoridad demandada y se mantuvo con arraigo registrado en las oficinas de la Dirección General de Migración (DIGEMIG); y, f) Los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 113 a 118).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Silvia Rivera Soria contra AA -adolescente-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente agravada, a través de memorial presentado el 17 de agosto de 2023, Luis Alberto Hurtado Garamendy, Fiscal de Materia, imputó formalmente al prenombrado por el indicado ilícito penal, solicitando la aplicación de la medida cautelar -personal- de la detención preventiva (fs. 4 a 6 vta.). II.2. Mediante el Auto de Vista 10 de 12 de diciembre de 2023, Arminda Méndez Terrazas y David Rosales Rivero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy accionados-, resolvieron: “…REVOCA el Auto de fecha 17 de agosto de 2023 cursante a fojas 20 a 24 del cuadernillo de apelación, en consecuencia conforme al Art. 289 de la Ley 548 (Código niña, niño adolescente) cumpliéndose con los requisitos para la detención preventiva, por el pedido fundamentado del Ministerio Público y presentándose la existencia de manera concurrente las siguientes circunstancias:

a) La existencia de elementos suficientes sobre la probable participación del adolescente en el hecho y; b) La existencia de riesgos razonables de fuga y obstaculización de averiguación de la verdad.

Debiendo practicarse LA DETENCIÓN PREVENTIVA en el Centro de Reintegración Social (CENVICRUZ) de forma diferenciada, por género y separada de adolescentes en cumplimiento de socioeducativas con privación de libertad. Debiendo ser priorizada la celeridad de su tramitación, concordante con el Art. 291 núm. c) de la ley 548, debiendo el Ministerio Público realizar los actos de investigación: Pericia Psicológica a la víctima (Cámara Gessel) y Recepción de declaraciones testificales, inspección ocular del lugar de los hechos” (sic [fs. 28 a 35]). II.3. Cursa Sentencia de Acción de Libertad 07/2024 de 31 de enero, Carlos Alberto Moreira Rivero, Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, “…resuelve: CONCEDER LA TUTELA CONSTITUCIONAL SOLICITADA a favor de Abg. ANDRES RITTER ZAMORA en representación sin mandato de PAOLA ANDREA MENACHO RIVERO, dejando sin efecto la Resolución de fecha 12 de diciembre de 2023. En consecuencia, se ordena a las autoridades accionadas emitan nueva resolución debidamente fundamentada en el plazo de 3 días, sea valorando los antecedentes actuales del proceso (sic [fs. 44 a 46 vta.]). II.4. Por Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2025, Tadea Amanda Alba Barrientos, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demanda-, dispuso la emisión del mandamiento de detención preventiva del adolescente AA en CENVICRUZ (fs. 52 vta. a 53).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la Jueza ahora demandada, mediante Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2025, dispuso la emisión de un mandamiento de detención preventiva dirigido a Centro Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ), con el fin de proceder a la aprehensión del adolescente AA; dicha decisión se basó en el Auto de Vista 10 de 12 de diciembre de 2023, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el cual se revocaron las medidas cautelares personales y se ordenó su detención preventiva; sin embargo, se observa que: a) El Auto de Vista que fue dictado hace un año y cinco meses y, además, no se consideró lo establecido por el art. 291.I. inc. c del CNNA, que indica el plazo máximo de duración de la detención preventiva que ya se encontraba vencido; b) El adolescente había venido cumpliendo la medida cautelar impuesta, firmando de manera regular el libro de control de asistencia desde su aplicación inicial; en consecuencia, no existía riesgo de fuga que justificara la imposición de una medida más gravosa, como la detención preventiva; y, c) La imputación formal fue presentada el 17 de agosto de 2023 y la acusación fiscal el 26 de diciembre del mismo año, habiendo transcurrido más de cuarenta y cinco días desde esta última actuación procesal; en consecuencia, la ejecución del mencionado mandamiento resultaría jurídicamente improcedente. Ante ello, la autoridad demandada señala que el adolescente fue convocado en al menos quince oportunidades a audiencias de juicio oral, pero, de manera reiterada y mediante diversos pretextos provocó su suspensión, generando una dilación en el proceso. En consecuencia, fue declarado rebelde, decisión que posteriormente fue purgada. Por ello, debió presentarse previamente ante el Juzgado competente antes de interponer la acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De las resoluciones dictadas dentro de acciones tutelares.

Improcedencia de la solicitud de su cumplimiento y/o trámite mediante otra acción de defensa

La SCP 0799/2020-S3 de 4 de noviembre, señaló que: [Sobre el particular, la SCP 0099/2020-S3 de 16 de marzo, asumiendo los entendimientos jurisprudenciales precisos por la SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero, señala: «Este órgano especializado de control de constitucionalidad, en diversos pronunciamientos reunidos entendimientos jurisprudenciales tendientes a que las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares alcancen su eficacia a partir de su cumplimiento, entre ellas la SC 0526/2007-R de 28 de junio, señaló que: “…la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de manera reiterada ha dejado establecido que los recursos constitucionales no son la vía o mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares de hábeas corpus y amparo constitucionales; así en las SSCC 1326/2003-R, 1526/2002-R, 1016/2002-R, 1198/2003-R, 0026/2004-R, -entre otras-, ha señalado que: '(…) un eventual incumplimiento de una Sentencia Constitucional emitida dentro de una acción tutelar (de amparo o hábeas corpus), no puede resolverse a través de la interposición de otro recurso constitucional”. En coherencia con ese entendimiento, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0243/2012 de 29 de mayo citando a su vez a la SC 0529/2011-R de 25 de abril, refirió que: “…en los casos de desobediencia, resistencia o incumplimiento a las resoluciones dictadas en las diferentes acciones constitucionales, no corresponde la deducción de otra acción tutelar, pues ella debe ser solicitada al mismo juez o tribunal que conoció de la acción, por ser la autoridad llamada a hacer cumplir el fallo constitucional, y en su defecto, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal del o los demandados por la comisión del delito previsto en el art. círculo vicioso que podría colapsar el sistema…”.

En esta misma línea jurisprudencial la SCP 0125/2014-S3 de 5 de noviembre, desarrolló que: “…por ser incorporados a la ejecución de una Resolución emitida dentro de otra acción de libertad, correspondientes ser denunciados y resueltos ante la Jueza de garantías que conoció dicha acción, y en su defecto ante este Tribunal, pero dentro del cumplimiento de la primera acción, en el marco de lo establecido por los arts. 16 y 40 del CPCo, y no así a través de la interposición de otra acción de libertad, lo contrario implicaría admisión la procedencia de una acción de libertad, frente al supuesto incumplimiento de lo resuelto en otra y el alcance de sus efectos, lo cual contradice la uniforme y reiterada jurisprudencia constitucional que se proscribió tal circunstancia así las SSCC 0085/1999-R; En este sentido, el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares, es de potestad exclusiva del juez o tribunal de garantías que las resolvió»] (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2025, ordenó la detención preventiva del adolescente AA -accionante-, basándose en el Auto de Vista 10 de 12 de diciembre de 2023, que había revocado sus medidas cautelares y dispuesto dicha detención, no obstante, se advirtió que ese Auto de Vista tenía más de un año y cinco meses de antigüedad y que no se tomó en cuenta el art. 291.I. inc. c) del CNNA, que establece el plazo máximo de duración de la detención preventiva, dado que la imputación formal fue presentada el 17 de agosto de 2023 y la acusación fiscal el 26 de diciembre del mismo año, había transcurrido ampliamente el plazo de cuarenta y cinco días previsto por la norma por lo cual, la ejecución del mandamiento de detención preventiva resultaría jurídicamente improcedente. Asimismo, identificado el objeto procesal que motivó la interposición de la presente acción de libertad, se advierte que la pretensión del impetrante se centra en la solicitud de revocatoria del Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2025, dictado por la autoridad ahora demandada, conforme se desprende expresamente del petitorio presentado; en ese contexto, corresponde contextualizar los antecedentes que dieron lugar a la activación de la jurisdicción constitucional. A través del Auto de Vista 10, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, revocaron el Auto Interlocutorio 165/2023 de 17 de agosto, que había concedido medidas cautelares personales distintas sustitutivas a la detención preventiva del adolescente en CENVICRUZ. En su lugar, se dispuso la detención preventiva en forma diferenciada, bajo cumplimiento de medidas socioeducativas con privación de libertad, debiendo priorizarse su tramitación conforme a lo establecido en el art. 291 I. inc.) c, del CNNA. En consecuencia, contra esta determinación el accionante presentó acción de libertad misma que fue resuelta a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 07/2024 de 31 de enero, emitida por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -en su calidad de Juez de garantías-, dejando sin efecto el Auto de 12 de diciembre -se entiende el Auto de Vista 10-, ordenando a la autoridad recurrida emitir una nueva resolución debidamente fundamentada en el plazo de tres días. Posteriormente en revisión constitucional, este Tribunal por SCP 0097/2025-S2 de 10 de marzo, revocó la sentencia 07/2024 de 31 de enero emitida -dentro la primera acción de libertad- por el Juez de garantías; sin embargo, en su Fundamento Jurídico III.3.1 dimensionó los efectos de su fallo en atención a la protección reforzada del adolescente -es decir, que a pesar de denegar la tutela y revocar la Resolución del Juez de garantías, mantuvo firme la Resolución 07/2024 de 31 de enero. Posteriormente la autoridad judicial demandada, en atención a la referida SCP 0097/2025-S2 -que revocó la Sentencia Constitucional Plurinacional 07/2024 de 31 de enero, emitió el Auto Interlocutorio de 2 de mayo de 2025, disponiendo la emisión del mandamiento de detención preventiva del adolescente AA en CENVICRUZ. En el presente caso, el accionante cuestionó la legalidad del Auto de 2 de mayo de 2025, emitido por la autoridad demandada, bajo los siguientes argumentos: 1) El 12 de diciembre de 2023, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitieron el Auto de Vista 10/2023 que revocó las medidas cautelares personales, ordenando su detención preventiva; sin embargo, se señala que el referido Auto de Vista fue dictado hace un año y cinco meses; 2) El adolescente había venido cumpliendo con la medida cautelar impuesta, firmando regularmente el libro de control de asistencia desde su aplicación inicial, por lo que no existía riesgo de fuga que justificara una medida más gravosa como la detención preventiva; y, 3) La imputación formal fue presentada el 17 de agosto de 2023 y la acusación fiscal el 26 de agosto del mismo año, por lo que -a partir de esta última- habrían transcurrido tres meses y diecinueve días, excediendo así el plazo máximo previsto en el art. 291 del CNNA, en consecuencia, sostuvo que se configuraba un exceso en el tiempo de duración del proceso sin sentencia, lo que tornaba improcedente la ejecución del referido mandamiento de detención preventiva, por tal motivo, por memorial de 13 de mayo del mismo año solicitó se deje sin efecto y en su lugar dicte otras medidas menos gravosas.

No obstante, del análisis de la emisión de la SCP 0097/2025-S2 de 10 de marzo, del cual surgió el Auto de 2 de mayo de 2025, el accionante no debió presentar la acción de libertad; por cuanto, esta no era la vía procesal adecuada sino la queja por incumplimiento, conforme a lo previsto en los arts. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), y 203 de la CPE en concordancia con la jurisprudencia sentada por este Tribunal; toda vez que el Auto referido, al disponer la detención preventiva del adolescente, no consideró el dimensionamiento de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional que mantuvo firme la Resolución 07/2024. Por lo tanto, el accionante debió cuestionar mediante el mecanismo procesal pertinente para exigir el cumplimiento efectivo de una Resolución constitucional previamente ejecutoriada y en calidad de cosa juzgada formal y material; en consecuencia, es importante destacar que la SCP 0097/2025-S2, al dimensionar sus efectos, ratificó la plena vigencia y ejecutoriedad de la Resolución de tutela emitida en la primera acción de libertad, al hacerlo, no solo reafirmó la protección de los derechos fundamentales del adolescente, sino que también estableció un mandato expreso y obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales involucradas, bajo el principio de supremacía constitucional; por tanto, la interposición de una nueva acción de libertad resulta improcedente y contraria a la economía procesal, pues el orden constitucional no permite reabrir un debate jurídico ya resuelto con carácter vinculante, por lo cual, la omisión de recurrir a la queja por incumplimiento no solo desvió el cauce procesal adecuado, sino que también desnaturalizó el objeto de la acción de libertad, impidiendo una valoración adecuada de los actos presuntamente vulneratorios; por tanto, la solicitante de tutela debió acudir ante el Juez de garantías, quien ostenta la potestad y la responsabilidad de hacer cumplir Resoluciones constitucionales dentro de su jurisdicción, evitando de esta manera una activación indebida o anticipada de la jurisdicción constitucional. Entonces, sobre los hechos denunciados por el accionante no corresponden ser analizados en esta acción tutelar toda vez que, no se ingresó al análisis de fondo por los argumentos desarrollados líneas arriba. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2025 de 16 de mayo, cursante de fs. 106 a 110, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0702_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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