Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de abril de 2026
Deniega la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad demandada, a través de la RM 423/23, resolvió confirmar la resolución de reincorporación laboral del tercero interesado, omitiendo resolver el primer y tercer agravio formulado en su recurso de revisión, los cuales estaban referidos: el primero, a la valoración de la prueba presentada; y, el tercero, a la causal de despido alegada para su desvinculación. Ante ello, la autoridad demandada refirió que la parte accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad para interponer la presente acción tutelar; además, el trabajador presentó documentación que acredita el estado de gravidez de su esposa y que su hijo está por nacer; por lo que, no existiría relevancia constitucional, pues de emitirse una nueva resolución ministerial la decisión sería la misma. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89/2023 de 20 de junio, cursante de fs. 159 a 164 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0701/2026-S2 Sucre, 22 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57342-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 89/2023 de 20 de junio, cursante de fs. 159 a 164 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luisa Vargas Calizaya en representación legal de Operaciones del Pacifico Limitada (OPAL Ltda.) contra Verónica Patricia Navía Tejada, ex Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Por memoriales presentado el 24 de mayo y 2 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 130 a 134 vta.; y, 138 a 139, la parte accionante manifestó lo siguiente:
Producto de presuntos hechos irregulares atribuidos al trabajador Gary Languidey Álvarez -tercero interesado-, se procedió a su desvinculación laboral; determinación sustentada en una auditoría interna, a partir de la cual se emitieron informes técnicos que concluyeron la existencia de incumplimiento del contrato laboral, pérdida de confianza y la presunta comisión del delito de hurto; en consecuencia, se presentó denuncia ante el Ministerio Público contra el tercero interesado y se dispuso su desvinculación laboral de la empresa. Debido a ello, el tercero interesado acudió a la Dirección Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social del departamento de Santa Cruz para denunciar el despido injustificado y solicitar su reincorporación laboral; ante ello, la indicada repartición gubernamental emitió la Resolución de Restitución de Derechos Laborales JDTSC/RPT/03/2023 de 5 de enero, disponiendo su restitución inmediata; contra dicha resolución, planteó recurso de revisión que obtuvo como respuesta la Resolución Ministerial (RM) 423/23 de 28 de marzo de 2023, emitida por Verónica Patricia Navia Tejada, ex Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandada-, que confirmó la primera Resolución; sin embargo, dicha Resolución no está debidamente motivada, fundamentada y adolece de incongruencia omisiva; además, la indicada autoridad omitió efectuar una adecuada valoración de los medios probatorios aportados, al abstenerse de pronunciarse sobre los agravios primero y tercero formulados: el primero, relativo a la valoración de la prueba presentada; y, el tercero, referido a la orden de reincorporación del trabajador, pese a la concurrencia de causales de despido justificadas.
Denunció la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la RM 423/23 y que la autoridad demandada emita una nueva resolución debidamente motivada, fundamentada y congruente.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 151 a 159, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Verónica Patricia Navia Tejada, ex Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en audiencia, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela, señalando que: a) La parte accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad para interponer la presente acción tutelar, debido a que, el art. 15 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-, establece la posibilidad de impugnar la resolución mediante la vía judicial, por lo que no agotó los recursos previstos en el ordenamiento jurídico; b) Gary Languidey Álvarez -tercero interesado-, presentó documentación que acreditaba el estado de gravidez de su esposa y que su hijo estaba por nacer, gozando de inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de edad; c) Los informes de auditoría interna realizados para la desvinculación no equivalen a un proceso interno laboral, es decir, fue indebidamente desvinculado; además, que se haya presentado la querella al Ministerio Público no significa que el trabajador haya cometido el delito de hurto; y, d) La RM 423/23 está debidamente motivada y fundamentada, también, no existiría relevancia constitucional, pues de emitirse una nueva, la decisión sería la misma, debido a que el trabajador goza de inamovilidad laboral hasta que su hijo nazca y cumpla un año de edad.
Gary Languidey Álvarez, en audiencia, a través de su abogada, solicitó se deniegue la tutela, señalando que la parte accionante está actuando de mala fe, toda vez que ya existe un arreglo verbal que contiene los beneficios sociales que se debe pagar.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 89/2023 de 20 de junio, cursante de fs. 159 a 164 vta., denegó la tutela solicitada, fundamentando que: 1) La vía judicial es diferente del proceso administrativo y, para la interposición de la acción de amparo constitucional, no es necesario acudir previamente a un proceso judicial; 2) El manual de funciones, en su estructura, no prevé que el cargo de Gary Languidey Álvarez -tercero interesado- sea de confianza, por lo que es un trabajador; además, el mencionado goza de inamovilidad laboral debido a su hijo por nacer y, para el ejercicio de este derecho, no se requiere realizar preaviso al empleador; y, 3) La desvinculación se realizó sin previo proceso interno, no pudiendo despedir a un trabajador de forma directa; asimismo, el proceso penal por hurto no se encuentra concluido, por lo que el tercero interesado goza de presunción de inocencia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 174 a 176).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de Restitución de Derechos Laborales JDTSC/RPT/03/2023 de 5 de enero, la Jefatura Departamental de Trabajo del departamento de Santa Cruz, dispuso la reincorporación de manera inmediata de Gary Languidey Álvarez -tercero interesado- (fs. 112 a 115). II.2. A través de memorial presentado el 15 de enero de 2023, Luisa Vargas Calizaya en representación de OPAL LTDA -ahora accionante-, planteó recurso contra la Resolución de Restitución de Derechos Laborales JDTSC/RPT/03/2023 (fs. 116 a 120 vta.). II.3. Cursa RM 423/23 de 28 de marzo de 2023, emitida por Verónica Patricia Navia Tejada, ex Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandada-, mediante el cual confirmó la Resolución de Restitución de Derechos Laborales JDTSC/RPT/03/2023, disponiendo que la parte empleadora reincorpore de manera inmediata al tercero interesado (fs. 121 a 125).
La parte accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad demandada, a través de la RM 423/23, resolvió confirmar la resolución de reincorporación laboral del tercero interesado, omitiendo resolver el primer y tercer agravio formulado en su recurso de revisión, los cuales estaban referidos: el primero, a la valoración de la prueba presentada; y, el tercero, a la causal de despido alegada para su desvinculación. Ante ello, la autoridad demandada refirió que la parte accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad para interponer la presente acción tutelar; además, el trabajador presentó documentación que acredita el estado de gravidez de su esposa y que su hijo está por nacer; por lo que, no existiría relevancia constitucional, pues de emitirse una nueva resolución ministerial la decisión sería la misma. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, el art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; por su parte, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) determina lo siguiente: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados a serlo”. Del mismo modo, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrolló subreglas sobre el principio de subsidiariedad en acción de amparo constitucional, estableciendo que esta última no procede en caso que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).
De la revisión de obrados y la exposición de antecedentes, se tiene que, ante la desvinculación laboral de Gary Languidey Álvarez -tercero interesado-, este acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo del departamento de Santa Cruz solicitando su reincorporación laboral; la referida institución emitió la Resolución de Restitución de Derechos Laborales JDTSC/RPT/03/2023 de 5 de enero, disponiendo la reincorporación de manera inmediata del mencionado; ante la precitada decisión, la parte accionante presentó recurso de revisión ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (Conclusiones II.1 y II.2). La autoridad ahora demandada respondió mediante la RM 423/23 de 28 de marzo de 2023, confirmando la Resolución de Restitución de Derechos Laborales JDTSC/RPT/03/2023 y disponiendo que la parte impetrante de tutela reincorpore de manera inmediata al trabajador -tercero interesado- (Conclusión II.3).
En ese contexto, la parte peticionante de tutela alude que la Resolución Ministerial omitió resolver dos agravios denunciados en el recurso de revisión -primero y tercero-, los cuales estaban referidos: el primero, a la valoración de la prueba presentada; y, el tercero, a la causal de despido alegada para su desvinculación. No obstante, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la parte accionante debía haber utilizado el recurso idóneo previsto por ley antes de acudir a la jurisdicción constitucional, para que la autoridad judicial, en este caso, la judicatura laboral, tenga la posibilidad de pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución Ministerial; debido a que la justicia constitucional no constituye una instancia de revisión administrativa ni jurisdiccional, por lo que no puede ser utilizada como medio para sustituir las vías ordinarias ni reemplazar los recursos de impugnación expresamente previstos por ley; por tanto, pretender que esta jurisdicción revise la Resolución Ministerial desnaturaliza la finalidad protectora del amparo y contraviene el principio de subsidiariedad consagrado en el art. 54.I del CPCo. Debido a que la parte accionante tiene la posibilidad de impugnar la misma conforme a lo establecido en el art. 15 de la Ley 1468, que dispone expresamente lo siguiente: “La Resolución de Restitución de Derechos Laborales (…) podrá ser impugnada en la vía judicial conforme al procedimiento laboral común”, en lugar de interponer de manera directa la acción de amparo constitucional; en consecuencia, al haberse constatado la posibilidad de impugnar esta determinación en la judicatura laboral y conforme al procedimiento común laboral, la parte impetrante de tutela debe acudir ante dicha instancia antes de acudir a la justicia constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89/2023 de 20 de junio, cursante de fs. 159 a 164 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0701_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): d5d9ca514946f34617544822f5bcc240a5fa09189b12709b6f6a6ce1a80a3b8f
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →