B.IA.LEGAL

SCP 0701/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 28 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
28 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
46474-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, legalidad, acceso a la impugnación de las resoluciones y a una tutela judicial efectiva; por cuanto, en audiencia de modificación de medidas cautelares de 25 de octubre de 2021, la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, no dio curso a su solicitud; ante lo cual, el ahora peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental; mismo que: 1) En primera instancia fue remitido ante el Tribunal de alzada, con una demora de más de setenta y tres días computables desde el 25 de referido mes y año –fecha del recurso de apelación incidental–, hasta el 18 de enero de 2022 –fecha de la remisión del legajo de apelación incidental–; y, 2) Habiendo sido observado y devuelto el legajo de la apelación incidental a falta de la Resolución 350/2021 de 31 de octubre, el mismo no fue subsanado por el mencionado Juzgado, ni devuelto ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, teniéndose hasta entones una demora de más de veintisiete días computables desde el 24 de enero de 2022 –fecha del decreto de observación y devolución del legajo-, hasta el 21 de febrero de igual año –fecha de la presentación de la demanda de acción de libertad- incumpliendo en ambas circunstancias, con el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 32 a 33, emitido por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, legalidad, acceso a la impugnación de las resoluciones y a una tutela judicial efectiva, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DISPONER que la actual autoridad jurisdiccional a cargo, conjuntamente con el secretario, ambos del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remitan el recurso de apelación subsanando las observaciones extrañadas ante el Tribunal de alzada, siempre y cuando no lo hubieren hecho hasta el presente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  2. III.2.La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.
  4. III.4.Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano
  5. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0701/2023-S1 Sucre, 28 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 46474-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Constancio Mondaca Quispe contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, y Ariel Guillermo Cuevas Massi, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del mismo departamento en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 21 de febrero de 2022, cursante de fs. 20 a 24, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Rosario Roxana Blanco Rada, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, como emergencia de la Resolución de Imputación Formal de 30 de octubre de 2020 y de la Resolución de medidas cautelares 350/2020 de 31 de igual mes, frente a los cuales tuvo a bien presentar varias solicitudes de cesación a la detención preventiva, una vez cumplido el plazo de los cuarenta días impuesto en su contra, las mismas que fueron rechazadas bajo diferentes argumentos, hasta que mediante Resolución 114/2021 de 17 de marzo, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera de la Capital del mencionado departamento, ochenta y siete días después de vencido el plazo, admitió la solicitud de cesación a la detención preventiva, disponiendo la aplicación de la detención domiciliaria, entre otras.

Posteriormente, fue emitido el requerimiento conclusivo de la fase preparatoria de acusación formal, radicando el proceso en el Juzgado Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. Y como es lógico comprender, se le hizo imperativo realizar actividad laboral que le permita generar ingresos para sufragar sus gastos y los de su familia (madre e hijos); por lo que, el 16 de junio de 2021 presentó un memorial solicitando la modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria, para que la misma sea con salida de jornada laboral, dando inicio así a un calvario procesal que se detalla a continuación: a) Señalamiento de audiencia para el 8 de julio de 2021, suspendida para el 2 de agosto de igual año por falta de notificación a las partes, pese a las gestiones realizadas por el imputado; b) La audiencia de 2 de referido mes y año fue instalada y suspendida, también por falta de notificación a las partes, en la cual se señaló nueva hora y día de audiencia para el 30 de mismo mes y año; c) Lamentablemente, la audiencia fijada para el 30 de señalado mes y año, también fue suspendida debido a que, el memorial de queja de 9 de citado mes y año presentado por el imputado, no cursaba en antecedentes, fijándose la audiencia nuevamente, para el 6 de septiembre de igual año; d) La audiencia fijada para el 6 de referido mes y año, fue suspendida para el 15 de igual mes y año, sin haber sido siquiera instalada; e) La audiencia de 15 de señalado mes y año, una vez instalada, fue nuevamente suspendida por falta de notificación a las partes, hasta el 21 de igual mes y año; f) Instalada la audiencia de 21 de citado mes y año, una vez más es suspendida hasta el 5 de octubre de mismo año, debido a que la gestora de procesos no devolvió las notificaciones; g) Una vez más es suspendida la audiencia de 5 de igual mes y año, en razón a que, la gestora de procesos no remitió la constancia de las notificaciones a las partes; y, h) Habiéndose fijado audiencia para el 20 de mencionado mes y año, esta se instala para luego ser suspendida nuevamente, debido a que la gestora de procesos nuevamente omitió remitir la constancia de las notificaciones a las partes. Finalmente, el 25 de octubre de 2021 logra desarrollarse la audiencia de solicitud de modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria, para que esta sea con jornada laboral; empero, la misma fue rechazada por la Jueza ahora demandada, mediante Resolución 39/2021 de 25 octubre, ante la cual, el ahora peticionante de tutela formuló recurso de apelación incidental cautelar, solicitando la remisión de los antecedentes ante la Sala Penal de turno. Pese a haberse cumplido con los recaudos de ley, recién el 18 de enero de 2022 fueron remitidos los antecedentes del proceso y la apelación incidental cautelar, ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo. No obstante, el Presidente de dicha Sala, mediante providencia de 19 de mismo mes y año, observa y solicita al personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado a quo, remitir la Resolución 350/2021 de 31 de octubre, omitida en los antecedentes y el legajo correspondiente, devolviendo el mismo.

En actos absolutamente vulneratorios a sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, legalidad, acceso a la impugnación de las resoluciones y de una tutela judicial efectiva, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, no fue subsanada la observación y consecuentemente, no fue remitido el legajo ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, generando una dilación indebida de veinticinco días, computables desde la devolución de los antecedentes (24 de enero de 2022) y cincuenta y ocho días desde el recurso de apelación incidental de 25 de octubre de 2021, provocando con ello, una incertidumbre jurídica respecto de la situación del imputado.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, legalidad, acceso a la impugnación de las resoluciones y a una tutela judicial efectiva, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: 1) La remisión o devolución inmediata del legajo de apelación a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debidamente subsanado; y, 2) De ser imperativo, la remisión del cuaderno de juicio oral y del legajo ante el Juez de garantías.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 22 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 31 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El ahora accionante, no se hizo presente en la audiencia de la presente acción de libertad, pese a su legal notificación 21 de febrero de 2022 a horas 12:16, según consta en el acta cursante a fs. 26.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada y del funcionario de apoyo jurisdiccional

Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito y tampoco se hizo presente en la audiencia de la presente acción de libertad, pese a su legal notificación de 21 de febrero de 2022 a horas 12:15, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28.

Ariel Guillermo Cuevas Massi, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento, por informe escrito de 22 de febrero de 2022, cursante a fs. 29 y vta.; señaló que: i) Asumió la suplencia legal en el mencionado Juzgado, a partir del 27 de enero de 2022, por lo que, no tendría responsabilidad alguna sobre los actos de los secretarios de dicho juzgado, que hubieran asumido el cargo hasta antes de la fecha indicada; ii) Siendo el secretario titular del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, distante físicamente a siete cuadras del juzgado del que ejerció suplencia legal, le fue humanamente imposible estar en ambos lados a la vez; iii) Respecto del agravio denunciado en relación a la dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental de 25 de octubre de 2021, su persona no puede ser responsable por aquel hecho, toda vez que asumió la suplencia legal del antes citado juzgado, el 27 de enero de 2022; iv) Respecto de la denuncia de la no remisión del legajo del caso a partir del 18 de igual mes y año, tampoco puede ser responsable por hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su designación como suplente legal; v) Por las razones expuestas, no tendría legitimación pasiva en la presentación de libertad, considerando además, que no se le ordeno la emisión de solicitudes de depósito judicial; y, vi) Asimismo, la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, -ahora demandada-, tampoco tendría legitimidad pasiva para esta causa; toda vez que, fue suspendida del cargo, y con dichas consideraciones, solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 32 a 33, concedió la tutela solicitada en contra de la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del mismo departamento –ahora demandada–, disponiendo que se proceda a la devolución del legajo de apelación del ahora accionante a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, en un plazo de veinticuatro horas y subsanando todas las observaciones, si es que hasta la fecha no se hubiese ya remitido, exhortándoles siempre al cumplimiento de los plazos cuando se trata de casos con detenidos, todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de la documentación adjunta, se advierte que el ahora peticionante de tutela realizó los reclamos correspondientes mediante una serie de memoriales respecto de la devolución del legajo de apelación observado y devuelto ante la Jueza a quo, desde el 24 de enero de 2022; b) Asimismo, se pudo constatar que Ariel Guillermo Cuevas Massi –Secretario ahora demandado–, a la fecha continúa ejerciendo la suplencia legal en la secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por lo que, no podría sustraerse de las obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo, que en el caso presente, corresponden a la remisión del legajo objeto de la acción de libertad; y, c) Respecto de la Jueza ahora demandada se tomó conocimiento de que no estaría ejerciendo sus funciones por estar suspendida del cargo, no obstante de ello, tenía la obligación de responder o informar sobre el caso denunciado para la presente audiencia de acción de libertad, máxime, cuando se verifico que se la notifico vía WhatsApp y que si bien, la autoridad judicial ahora demandada conmina a su Secretaría, a subsanar la observación con la devolución del legajo de apelación en cuestión, ella debió ejercer el control respectivo sobre su cumplimiento, utilizando las medidas que correspondan.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Acta de audiencia de modificación de 5 de octubre de

2021, Gladys Bacarreza Morales, Juez de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz –ahora demandada–, suspende la audiencia para el 25 de igual mes y año (fs. 5). II.2. Cursa memorial de 6 de octubre de 2021, presentado el 8 del mismo mes y año; por el cual, el ahora accionante reitera y solicita a la Jueza ahora demandada, nuevo señalamiento de audiencia de consideración de solicitud de modificación cautelar de detención domiciliaria, con proveído de referida fecha, el cual establece que, esté al señalamiento que antecede en acta de 5 de citado mes y año (fs. 2 y vta.). II.3. Consta Resolución 39/2021 de 25 de octubre, mediante el cual, la Jueza ahora demandada, rechaza la solicitud de modificación de medida cautelar (fs. 7 a 10). II.4. A través de Memorial de 16 de noviembre de 2021, el ahora peticionante de tutela se dirige a la Jueza ahora demandada, formulando queja e implorando la remisión de antecedentes ante el superior en grado; expresando que:

“…Según consta de los mismos antecedentes, he formulado recurso de apelación incidental cautelar contra la nombrada resolución de 25 de octubre de 2021 años. NO OBSTANTE EL TIEMPO TRANSCURRIDO Y, EL SEGUIMIENTO EFECTUADO DE PARTE DE LA OFICINA JURÍDICA, A LA FECHA NO SE HAN REMITIDO ANTECEDENTES ANTE LA SALA PENAL DE TURNO DEL RESPETABLE TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.

Al presente y, en el entendido de la OMISIÓN QUEBRANTA CUALESQUIER CRITERIO DE LEGALIDAD, ADEMÁS DE LOS PRINCIPIOS QUE HACEN AL SISTEMA PENAL, sin perjuicio de las acciones que corresponda contra los responsables, SOLICITO A SU AUTORIDAD, SE SIRVA REMITIR O DISPONER QUE, EN EL DÍA, SE ELEVEN ANTECEDENTES ANTE EL SUPERIOR EN GRADO, MAXIME:

Cuando mi planteamiento ha sido formulado en 15 de junio de 2021 y, se ha concretado su consideración, a duras penas, en 25 de octubre de 2021.

Se trata de cuestiones vinculadas a mi sagrado derecho a la libertad, aún sea de locomoción, que, como ha quedado claro, tiene repercusiones en otros derechos, no solo míos, sino en miembros de mi familia…” (sic [fs. 12 y vta]). II.5. Cursa Memorial de 3 de enero de 2022, mediante el cual, el ahora impetrante de tutela reitera queja ante la Jueza ahora demandada y, le solicita la remisión inmediata de antecedentes a la Sala Penal de Turno, cuyo Decreto de 8 de mismo mes y año, dispone que por secretaría se remita en el día lo solicitado, bajo alternativa de remitir antecedentes a instancias disciplinarias (fs. 13 y vta.).

II.6. Mediante Oficio con CITE: 38/2022 de 5 de enero, con sello de recepción de 18 de mismo mes y año en la Sala Penal Segunda del

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la Jueza ahora demandada informa a la referida Sala Penal y, remite obrados de apelación incidental a la Resolución 39/2021 de 25 de octubre (fs. 17 y vta.).

II.7. Consta Decreto de 19 de enero de 2022, recibido en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer

Primero de La Paz, el 24 de igual mes y año; por el que, el Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, observa la remisión del legajo de apelación incidental, pide se subsane la misma y lo devuelve (fs. 18 a 19 vta.).

II.8. En atención al Decreto de 19 de enero de 2022, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, eleva ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del mismo departamento, oficio por el cual devuelve obrados, el mismo que cuenta con Decreto de 24 de referido mes y año; por el cual, la Jueza ahora demandada, ordena que, por secretaría se cumpla con las observaciones y se devuelva en el día, bajo responsabilidad (fs. 19 y vta.).

II.9. Cursa Memorándum 311/2022 de 26 de enero, por el que, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, designa a Ariel Guillermo Cuevas Massi –ahora codemandado–, en suplencia legal del cargo de Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del referido departamento, a partir de dicha fecha (fs. 30).

II.10. El 3 de febrero de 2022, el ahora accionante nuevamente presenta un memorial de queja solicitando la remisión y/o devolución de legajo a Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestando lo siguiente:

“…AL PRESENTE Y, SIENDO QUE ESTA INCONDUCTA FUNCIONARIA -que parece normal en el juzgado del que es titular-, ME VIENE GENERANDO SERIOS PERJUICIOS y, lesionando mis derechos y garantías, así como atentando contra la sana administración de justicia, SOLICITO A SU AUTORIDAD, SE SIRVA ORDENAR LA REMISIÓN 。 DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL 0 LEGAJO con el salvado de observación que hace al caso…” (sic [fs. 14]).

II.11. Se tiene Decreto de 15 de febrero de 2022, por el que la Jueza ahora demandada, exhorta al secretario del Juzgado, a cumplir con lo extrañado por el Tribunal ad quem y, cumplida la misma, esta sea remitida (fs. 15).

II.12. A través de formulario de notificación emitido por la Gestora de procesos de 22 de febrero de 2022, a la Jueza ahora demandada, realizada a horas 13:47 con el Auto Constitucional de 21 de igual mes y año (fs. 27 a 28).

III.FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, legalidad, acceso a la impugnación de las resoluciones y a una tutela judicial efectiva; por cuanto, en audiencia de modificación de medidas cautelares de 25 de octubre de 2021, la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, no dio curso a su solicitud; ante lo cual, el ahora peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental; mismo que: 1) En primera instancia fue remitido ante el Tribunal de alzada, con una demora de más de setenta y tres días computables desde el 25 de referido mes y año –fecha del recurso de apelación incidental–, hasta el 18 de enero de 2022 –fecha de la remisión del legajo de apelación incidental–; y, 2) Habiendo sido observado y devuelto el legajo de la apelación incidental a falta de la Resolución 350/2021 de 31 de octubre, el mismo no fue subsanado por el mencionado Juzgado, ni devuelto ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, teniéndose hasta entones una demora de más de veintisiete días computables desde el 24 de enero de 2022 –fecha del decreto de observación y devolución del legajo-, hasta el 21 de febrero de igual año –fecha de la presentación de la demanda de acción de libertad- incumpliendo en ambas circunstancias, con el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: i) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; iii) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución Política del Estado; iv) Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial; y, v) Análisis del caso concreto.

III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estándar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio; toda vez que, la Magistrada relatora en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional efectuó un cambio de razonamiento, ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad, precautelar el respeto, la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las SCP 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su Fundamento Jurídico III.1., el cual establecieron que el juzgador tiene la obligación de vincularse al precedente jurisprudencial que contenga el estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:

“…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad” (las negrillas son nuestras). En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la indicada SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio en su Fundamento Jurídico III.2., desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicar el referido estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual, describiendo el contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1, señalo que:

”Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.” (las negrillas son añadidas). Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, esta Magistratura en la mencionada SCP 0153/2020-S1, inicio en su Fundamento Jurídico III.3., el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así señaló que, entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, la cual establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción; puesto que, las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Siguiendo, esos entendimientos la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que se deben concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de protección de lesiones al derecho al debido proceso; es decir: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos, que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos. Luego de ese desarrollo, la SCP 0153/2020-S1; señalo que, dicho razonamiento jurisprudencial, fue seguida en diferentes fallos emitidos por este Tribunal Constitucional de manera uniforme y reiterada, incluida esta Magistratura, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras; agregando que la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad, también se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas por tal razón -cita a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio-

En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts.

A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas. 3 La citada SCP, continúo señalando: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

(…)

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone.

(…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece).

115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, la cual exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:

“En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado pertenece al texto original).

A partir de estos razonamientos en dicha SCP 0153/2020-S1, esta Magistratura concluyó en que debía ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto, por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal Constitucional Plurinacional garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por lo cual, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la norma fundamental y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, en apego al estándar más alto de protección de los derechos señalo que es atendible cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.2.La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del art. 125 de la Norma Suprema de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho; precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que, básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad de contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.” A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente-concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).”

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. (las negrillas son nuestras).

III.2.1.Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello que, ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia.

En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación a la detención preventiva, o en los casos en que se demoró la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

i) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116.X de la de la CPE y 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre). ii) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo). iii) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero). iv) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio). v) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo).

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas). Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva, señalando que:

“d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. “

Asimismo, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de veinticuatro horas, bajo el siguiente texto:

“…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.” (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en 8 “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”

el término de veinticuatro horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de cuarenta y ocho horas para que el Juez o Tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva; es decir, el señalamiento de audiencia y resolución de la solicitud debe ser dentro las cuarenta y ocho horas.

Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el Tribunal de alzada en el plazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución.

De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, 9 En el F.J. III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

“El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal.

Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 10 En su F. J. III 2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código. Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:

“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.”

Finalmente, incumbe remitirnos a las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; en ese marco, la actual previsión señala:

“Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas). La indicada disposición destaca dos aspectos importantes, la primera, referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el Tribunal superior en el término de veinticuatro horas bajo responsabilidad, lo cual supone que la instancia ante quien se apela, debe remitir de forma inmediata las piezas procesales pertinentes; es decir, dentro las veinticuatro horas, y su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la segunda, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe resolver sin más trámite, en audiencia, dentro los tres días siguientes de su recepción; lo cual, conlleva que, de igual forma aplicando la celeridad en la tramitación, una vez recepcionada la causa, el Vocal de turno debe señalar audiencia y resolver la apelación, contando para ello el término de tres días desde la recepción de la causa, y su incumplimiento también es objeto de responsabilidad. De todo este desarrollo jurisprudencial y normativo se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.

III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.

El art. 410.II de la CPE, establece que:

“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los Jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad −art. 2 de la CPE−.

En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la Ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los Tribunales, Jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento relevante, sostuvo que:

Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado. Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en el art. 178.I de la CPE, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.

Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los Jueces o Tribunales agiliten la resolución de los litigios.

Es así que, sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio reiterada por las SSCC 1213/2006-R; 0900/2010, 1157/2017; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras.

En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal, la cual estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los Jueces o Tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.

III.4.Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano

Judicial

Sobre esta temática, la SCP 1572/2003-R de 4 de noviembre, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo 13 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.” (las negrillas nos correponden) 14 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. 15 El F.J.III.2 señaló que: ”Cabe recordar que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

constitucional- señaló que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias no tienen legitimación pasiva, porque no ejercen la jurisdicción como los jueces sino que, cumplen sus órdenes e instrucciones, salvo que contradigan o alteren las mismas, que fue reiterada por las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y 1093/2010-R de 22 de agosto y 1521/2014 de 16 de julio. Ahora bien, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, dentro de una acción de libertad desarrolló el fundamento jurídico respecto a la legitimación pasiva en funcionarios subalternos, reiterando el entendimiento efectuado en las Sentencias Constitucionales 1093/2010-R de 23 de agosto, la que a su vez repitió la SC 0332/2010-R de 17 de junio.

Por su parte la SCP 0326/2014 de 21 de febrero, desarrolló el fundamento jurídico sobre la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional 16 En el F.J.III.4, sobre la legitimación pasiva en funcionarios subalternos refirió que: “Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 23 de agosto, reiteró: “…la jurisprudencia de éste Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: “Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció ´…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…).

Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo'.

Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno” (las negrillas nos corresponden). 17 El F.J. III.4, señaló que: “La acción de libertad podrá ser planteada por cualquier persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal y que una vez interpuesta la misma la autoridad judicial ordenará “…la citación, persona o por cédula, a la autoridad o persona denunciada…” (art. 126.I de la CPE), de ahí que la legitimación pasiva recae sobre la persona particular o servidor público que incurrió en un acto ilegal u omisión indebida, que restringió, suprimió o amenazó los derechos tutelados por este mecanismo de defensa. Al respecto, la SCP 1121/2012 de 6 de septiembre, estableció: “En consecuencia se tiene que, el ciudadano que pretenda activar la acción de libertad, tiene el deber de dirigir dicha acción de defensa contra la o las personas o autoridades responsables o ejecutantes del acto considerado ilegal y que lesiona sus derechos, los cuales necesariamente deben encontrarse vinculados o conexos con el derecho a la libertad; a contrario sensu, se neutraliza la acción de libertad impidiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional, ingrese al análisis de la problemática planteada; razón por la cual, se constituye en un requisito fundamental para que el Tribunal de garantías y este Tribunal en revisión, puedan dilucidar aspectos inherentes al hecho objeto de tutela” .

Con relación a los funcionarios de apoyo judicial, el art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial, cuyas funciones según los arts. 94, 95, 101 y 105 de la citada disposición legal, son de apoyo judicial, dirigida al buen funcionamiento de los diferentes despachos. Entonces, si el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces que son los encargados de impartir justicia y cuyas decisiones generan efectos o consecuencias jurídicas susceptibles de lesionar un derecho subjetivo o interés legítimo, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, dado que su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. En otros términos, las servidoras y los servidores de apoyo judicial, no cuentan con legitimación pasiva para ser demandados; por cuanto por expresa disposición de los arts. 83, 94, 95, 101 y 105 de la LOJ, su función se limita a acatar órdenes del Juez o Tribunal a cargo del conocimiento de la causa.

en acción de libertad, reiterando el entendimiento desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1121/2012 de 6 de setiembre, 0691/2012 de 2 de agosto y 1093/2010-R, expresando que la referida acción debe dirigirse contra las personas o autoridades que son responsables del acto ilegal y que lesiona sus derechos, posibilitando así que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese en el análisis de la problemática planteada, en este entendido la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial; por lo que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los Jueces, en consecuencia carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, considerando que su función es acatar órdenes o instrucciones de su superior, excepto cuando no asumen la determinación de la autoridad jurisdiccional y siempre y cuando implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Asimismo, la referida SCP 0326/2014 fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0965/2014 de 23 de mayo, 1521/2014 de 16 de julio y 359/2016-S1 de 17 de abril.

Siguiendo el desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, sobre En ese sentido también se pronunció la SCP 0691/2012 de 2 de agosto, al afirmar: “Debido a que el personal subalterno de los juzgados, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, su función se limita a acatar órdenes o instrucciones de su superior. La salvedad a la falta de legitimación pasiva, se presenta cuando incurran en excesos que signifiquen contrariar o alterar la determinación de la autoridad jurisdiccional y que implique la lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales; si el órgano jurisdiccional, conocedor del acto u omisión del funcionario subalterno, no reconduce el procedimiento y lo convalida, asume la responsabilidad, deslindando al funcionario (SC 1093/2010-R de 27 de agosto)”. 18 En el F.J.III.2 señaló que: “…el extinto Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, establecieron subreglas a la legitimación pasiva en las acciones tutelares; respecto a los funcionarios de apoyo jurisdiccional o subalternos, una de esas subreglas está expresada en la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, la misma que concluyó: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial” (citada por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por la SCP 1007/2017-S3 de 29 de septiembre, entre otras [las negrillas nos corresponden]).

En ese mismo sentido, la citada SC 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional o subalterno sostuvo que: “ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo” (las negrillas son nuestras).

Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas y el subrayado son añadidos).

este tema en la acción de libertad realizó un cambio de línea respecto al entendimiento efectuado en las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y en la 1279/2011-R de 26 de septiembre, señalando que:

“…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente,…”. La referida SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0759/2015-S2 de 24 de junio, 0244/2016-S2 de 21 de marzo, 1110/2017-S2 de 23 de octubre, 0798/2018-S3, 0259/2019-S1 de 15 de mayo, entre otras. Finalmente, asumiendo el cambio de línea jurisprudencial de la Sentencia Constitucional Plurinacional mencionada precedentemente, tomando en cuenta el entendimiento expresado en las SSCC 1572/2003-R y 0332/2010-R, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció como sub regla que tales funcionarios carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares; tomando en cuenta que no cumplen una función jurisdiccional, estableciendo como excepción a la citada sub regla para ser demandados en dichas acciones tutelares en tres supuestos, los cuales son los siguientes:

“…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva…”

La referida SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0048/2018-S1 de 23 de marzo, 0638/2019-S1 de 22 de octubre, 0882/2019-S2 de 25 de septiembre, 0055/2020-S3 de 12 de marzo, entre otras.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, legalidad, acceso a la impugnación de las resoluciones y a una tutela judicial efectiva; por cuanto, en audiencia de modificación de medidas cautelares de 25 de octubre de 2021, la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz –ahora demandada–, no dio curso a su solicitud; ante lo cual, el ahora peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental; mismo que: a) En primera instancia fue remitido ante el Tribunal de alzada, con una demora de más de setenta y tres días computables desde el 25 de referido mes y año –fecha del recurso de apelación incidental–, hasta el 18 de enero de 2022 –fecha de la remisión del legajo de apelación incidental–; y, b) Habiendo sido observado y devuelto el legajo de la apelación incidental a falta de la Resolución 350/2021 de 31 de octubre, el mismo no fue subsanado por el mencionado Juzgado, ni devuelto ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, teniéndose hasta entones una demora de más de veintisiete días computables desde el 24 de enero de 2022 –fecha del decreto de observación y devolución del legajo-, hasta el 21 de febrero de igual año – fecha de la presentación de la demanda de acción de libertad-incumpliendo en ambas circunstancias, con el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP. De los antecedentes del proceso se tiene que el ahora peticionante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución 39/2021 de 25 de octubre; mediante el cual, se rechazó la solicitud de modificación de medida cautelar de detención domiciliaria, para que esta sea con el beneficio de la jornada laboral (Conclusión II.3); asimismo, aunque se cumplió con los recaudos de Ley para la remisión del legajo de apelación ante el Tribunal de alzada, y pese a que el ahora impetrante de tutela presentó memoriales de 16 de noviembre de 2021 y 3 de enero de 2022, de queja y solicitud de remisión del referido legajo, previo sorteo, este recién fue remitido el 18 de citado mes y año ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusiones II.4, II.5 y II.6); no obstante, el mismo fue observado, toda vez que en el legajo de apelación incidental y en los antecedentes del proceso remitidos, no se adjuntó la Resolución 350/2021 de 31 de octubre, por lo que, la mencionada Sala Penal, devolvió el legajo al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital de referido departamento, para la subsanación y posterior remisión (Conclusión II.7 y II.8); hecho que, no ocurrió hasta la fecha de presentación de la presente acción de libertad; en ese ínterin, el Secretario ahora demandado es nombrado en suplencia legal del cargo de Secretario del Juzgado antes señalado, mediante Memorándum 311/2022 de 26 de enero, el que hasta la audiencia de garantías continuaba ejerciendo la referida suplencia legal (Conclusión II.9); frente a esa situación y mediante memorial de 3 de febrero de 2022, el ahora accionante nuevamente presenta queja, esta vez ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento antes mencionado, solicitando ordenar la remisión o devolución inmediata del legajo, previa subsanación (Conclusión II.10); finalmente, se observa que la Jueza ahora demandada emitió Decreto de 15 de citado mes y año, por el cual, exhorta al Secretario del Juzgado antes citado a cumplir con lo extrañado y remitir el legajo (Conclusión II.11).

Previo a ingresar al análisis del caso, incumbe señalar que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1., de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se denuncia violaciones al debido proceso mediante acciones de libertad, es posible ingresar a su compulsa cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del peticionante de tutela, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa. En ese marco, para el caso presente, se advierte que el ahora impetrante de tutela, se encuentra con medidas cautelares personales como emergencia de una resolución jurisdiccional dentro un proceso penal en su contra, en la cual denuncia una dilación indebida en la remisión del legajo de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP; irregularidad que, incide en la consideración pronta de su situación jurídica; por lo que, tiene vinculación directa con su derecho a la libertad al ser procesado penalmente; y, existir la necesidad de considerarse su situación jurídica; asimismo, se advierte que no es posible exigir que previamente interponga recursos previos al no existir mecanismo idóneo previo; consecuentemente, en aplicación del estándar más alto desarrollado por la SCP 0153/2020-S1 del señalado Fundamento Jurídico, se ingresará a compulsar la denuncia del ahora accionante.

En ese orden, el ahora impetrante de tutela interpuso la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; el cual, tiene como principal objetivo acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, en virtud de la especial protección de la que gozan los sectores vulnerables, entre los cuales se encuentra momentáneamente el ahora peticionante de tutela, quien a pesar de verse limitado en el ejercicio de algunos derechos por su condición de -detenido preventivo con detención domiciliaria en este caso-, no queda sin la tutela que ejerce el Estado respecto al resto de derechos que se le reconocen; por el contrario, estos quedan incólumes (Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3.).

Consecuentemente, y bajo esa comprensión, esta instancia constitucional, ingresará a compulsar los mismos, bajo esas consideraciones e individualizando los agravios denunciados por el ahora accionante.

III.4.1. En cuanto a la denuncia de la demora de más de setenta y tres días en la remisión del legajo de apelación incidental ante el Tribunal de alzada, computables desde el 25 de octubre de 2021 –fecha del recurso de apelación

incidental–, hasta el 18 de enero de 2022 –fecha de la remisión del legajo de apelación incidental–. Es preciso señalar que, en el art. 251 del CPP determina el plazo máximo de veinticuatro horas para la remisión del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada en caso de consideración de medidas cautelares; asimismo, el art. 130 del mismo cuerpo normativo establece claramente que los plazos en caso de medidas cautelares se computaran en días corridos; de este modo, los plazos y su computo quedan esclarecidos; consecuentemente, corresponde precisar que esta Magistratura, en estricto cumplimiento de lo estipulado en el art. 116 de la CPE, se encuentra en la obligación de aplicar la norma más favorable al imputado; por cuanto, se hace evidente una dilación indebida de más de setenta y tres días en la remisión del legajo de apelación ante el Tribunal de alzada; toda vez que, la Resolución 39/2021 fue emitida en audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares de 25 de octubre de 2021 y la remisión de la misma ante el Tribunal de alzada se produjo recién el 18 de enero de 2022, contraviniendo así, lo establecido en el tantas veces mencionado art. 251 del CPP.

En este marco, y en relación a la Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz –ahora demandada–, es preciso establecer que, si bien no es su obligación remitir el referido legajo de apelación a la Resolución 39/2021, siendo este un acto netamente administrativo que sería más bien atribuible al personal subalterno; empero, como directora del despacho, tiene la obligación de dirigirlo y controlar el cumplimiento de funciones de su personal subalterno, y no como en el caso presente, en el que se descuidó atender el pedido del ahora peticionante de tutela ocasionándole un perjuicio, y causándole así la afectación del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, ilegalidades la cuales corresponde que sean amparadas por la acción de libertad de pronto despacho, la cual precisamente busca precautelar la celeridad con la que se deben atender las solicitudes de las partes procesales, más aún cuando se trata de personas privadas de libertad, quienes conservan esa condición propia de ser humano, así sean restringidos en su libertad de locomoción, ya sea por una condena o una medida cautelar, como ampliamente se desarrolló en los Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.3., de este fallo constitucional, correspondiendo por tanto, conceder la tutela solicitada respecto de este agravio denunciado en contra de la referida autoridad ahora demandada.

Respecto de Ariel Guillermo Cuevas Massi, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz –ahora codemandado–, en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento, conforme se verifico en la (Conclusión II. 9) de este fallo constitucional, el referido servidor de apoyo jurisdiccional fue nombrado suplente legal en el cargo de Secretario del señalado Juzgado, mediante Memorándum 311/2022 de 26 de enero, es decir, en forma posterior a la fecha del proveído de 19 de mismo mes y año, por el que, el Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, observa la remisión del legajo de apelación incidental, pide se subsane la misma y lo devuelva, por lo tanto, no podría atribuírsele responsabilidad alguna por la dilación de los más de setenta y tres días en la remisión del legajo de recurso de apelación incidental.

III.4.2. En cuanto al agravio denunciado relativo a la no subsanación y la no remisión del legajo de la apelación incidental.

Se tiene que, una vez remitido el legajo del recurso de apelación incidental el 18 de enero de 2021, el mismo fue observado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debido a que no se adjuntó la Resolución 350/2021 de 31 de octubre, devolviéndose éste, ante la Jueza a quo, mediante decreto de 19 de enero de 2022, notificado a la Jueza ahora demandada el 24 de igual mes y año, para la subsanación y posterior remisión ante el mismo Tribunal de alzada, sin embargo, la observación no fue subsanada y consecuentemente, el mencionado legajo tampoco fue remitido ante el Tribunal de alzada hasta la fecha de presentación de la acción de libertad; teniéndose hasta entonces una demora de más de veintisiete días desde el 24 del mismo mes y año hasta la fecha de la presentación de la demanda de la presente acción de defensa. Al respecto, y en relación a la Jueza ahora demandada, nuevamente se constata en ella el agravio denunciado por el ahora accionante, por lo que, bajo los fundamentos descritos en el acápite anterior corresponde conceder la tutela en contra de esta autoridad, máxime, que habiendo sido notificada legalmente mediante cédula según consta de fs. 27 a 28 de los antecedentes del caso, no presentó su informe escrito, ni se hizo presente en la audiencia de garantías de 22 de febrero de 2022 para presentar su informe oral, siendo esa su responsabilidad aun cuando hubiere sido suspendida del cargo, correspondiendo aplicar la presunción de veracidad conforme lo estableció la SCP 0054/2021-S1 de 14 de mayo, la cual prevé que “en el caso de autoridades demandadas debido a su inasistencia a la acción tutelar o bien ante la falta de presentación del informe respectivo al juez o tribunal de garantías y/o ante la carencia de pruebas de descargo que ayuden a esclarecer los hechos para decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público, será tomada como verdadera.” (sic), recordando además que, toda autoridad jurisdiccional tiene el deber de ejercer el control a su personal subalterno a efectos que estos cumplan con sus funciones. En cuanto al Secretario ahora codemandado y respecto de la denuncia del presente agravio, es necesario establecer previamente si el mencionado servidor de apoyo jurisdiccional adquiere legitimación pasiva para el presente caso, por ello, debemos referirnos a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.4., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que al referirse a los funcionarios subalternos estableció que ellos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares; empero, establecieron también tres presupuestos por los cuales es posible demandarlos, siendo estos:

“…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva…” (sic).

Ahora bien, respecto a la no remisión del legajo de apelación a la Resolución 39/2021 realizada por el ahora impetrante de tutela mediante memorial de 20 de diciembre del mismo año, debemos remitirnos al art. 56.I.3 y 6 de la Ley 1173 que en relación a las obligaciones comunes de las secretarias y los secretarios, estableció lo siguiente:

“…Artículo 56. (SECRETARIOS). I. La jueza, el juez o tribunal será asistido con la debida diligencia en el cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá como funciones propias las siguientes:

3. Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia;

6. Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos conforme a reglamentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus respectivas competencias;” (las negrillas son nuestras).

En consecuencia, se tiene que, el referido funcionario de apoyo jurisdiccional asumió funciones de suplencia legal desde el 26 de enero de 2022, y que continuaba ejerciendo las mismas hasta la fecha de la audiencia de garantías; razón por la cual, no es posible abstraerlo de sus obligaciones y responsabilidades en el presente caso, pues tuvo el tiempo suficiente para dar cumplimiento a lo extrañado y remitir el legajo del recurso de apelación incidental subsanando las observaciones, aunque el Juzgado se hubiere encontrado sin autoridad jurisdiccional por la suspensión de la Jueza ahora demandada, como lo mencionó en su informe escrito cursante a fs. 29 y vta., estableciéndose así, que para el caso presente el Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, tiene legitimación pasiva respecto del petitorio del ahora accionante; toda vez que, como se ha expuesto previamente, resulta ser evidente la obligación que tiene para remitir el legajo de apelación a la Resolución 39/2021 ante el Tribunal de alzada, pero además incumplió una orden expresa de la Jueza ahora demandada, que por providencia a fs. 15 (Conclusión II.11), exhortó al secretario a cumplir con lo extrañado por el Tribunal de alzada; sin embargo, incumplió las funciones y obligaciones que le fueron conferidas por norma citada supra y lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, por cuanto, como se ha expresado previamente, no se advierte que dicho legajo de apelación y sus antecedentes, hubiesen sido remitidos ante el Tribunal de alzada hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, provocando con ese actuar, la vulneración de los derechos denunciados por la parte accionante, a consecuencia de una dilación absolutamente innecesaria.

En ese sentido, siendo evidente la inobservancia del principio de celeridad que debe primar en las actuaciones y confesa como se tiene la vulneración de los derechos invocados por el ahora peticionante de tutela, incumbe otorgar la tutela respecto de la autoridad ahora demandada y del servidor de apoyo jurisdiccional.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 22 de febrero, cursante de fs. 32 a 33, emitido por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho a la libertad y al debido proceso en sus componentes de celeridad, legalidad, acceso a la impugnación de las resoluciones y a una tutela judicial efectiva, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DISPONER que la actual autoridad jurisdiccional a cargo, conjuntamente con el secretario, ambos del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remitan el recurso de apelación subsanando las observaciones extrañadas ante el Tribunal de alzada, siempre y cuando no lo hubieren hecho hasta el presente.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

2 La SCP…(Exp. 31042-2019-63-AL), en su FJ. III. 3 desarrollo: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.

4 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.”

5 En su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar: (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir,

impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”

6 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda.”

11 En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”

12 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”

De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0701_2023-S1_id64273.pdf · páginas 1 a 34.

Huella digital del PDF (SHA-256): d607e9cd278f751640641a45e2215382db9fbb2eb0238f37ac96ad215efffedf

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