Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de junio de 2025
Concede la tutela
La accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez y la Secretaria ahora accionados a pesar que el cuaderno jurisdiccional aún se encontraba en su Juzgado, desde el 3 de enero de 2023, que se pronunció el decreto que ordenó que se emita el mandamiento de detención domiciliaria hasta el 5 de igual mes y año, no emitieron el referido mandamiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; 3) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; 4) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; y, 5) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, así como al principio de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que el Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, una vez notificados con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remitan de manera inmediata los antecedentes del proceso penal seguido contra la accionante, al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento, si es que aún no se hizo efectiva dicha remisión, para que en el día se efectúe la verificación dispuesta por el decreto de 3 de enero de 2023, y se considere la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, salvo que dicho actuado por el transcurso del tiempo ya se hubiese realizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0700/2025-S1 Sucre, 24 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53043-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 004/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Federico Alejandro Paxi Luna y Nelson Remberto Yujra Choque en representación sin mandato de Elvira Paula Parra Villca de Chuquimia contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez; y, Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz.
La accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 5 de enero de 2023, cursante de fs. 11 a 12 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP), mediante Auto Interlocutorio 275/2022 de 27 de abril, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, aceptó la modificación de medidas cautelares en los puntos “5 y 6” del Auto Interlocutorio 173-A/2021 de 27 de julio, disponiendo seis garantes personales, lo cual quedó pendiente, así como el punto “1” del referido Auto Interlocutorio; se dispuso su detención domiciliaria las veinticuatro horas del día con un custodio policial, debiendo presentar documentación idónea respecto a su domicilio.
Solicitó la modificación -de las medidas cautelares- ante Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -de turno por vacación judicial-, la cual fue negada; ya que, vio la manera de conseguir los garantes y cumplir con todas las medidas faltantes y así se disponga el mandamiento de detención domiciliaria; por lo que, se presentaron los seis garantes personales, quienes juraron y se realizó su verificativo, así también se efectuó la verificación domiciliaria dispuesta en el punto 1 del Auto Interlocutorio 173-A/2021; sin embargo, se realizó de manera tardía, por capricho de la Secretaria hoy coaccionada quien mencionó que tenía mucha carga laboral; y cumpliendo con todo lo dispuesto, por memorial solicitó se emita el mandamiento de detención domiciliaria, del cual conforme al decreto de 3 de enero de 2023, se dispuso “ʽ…Del memorial que antecede se tiene presente, así mismo previa verificación del cumplimiento de la resolución de modificación de medidas, por secretaria emítase el correspondiente mandamiento”ʼ (sic); empero, hasta la fecha -se entiende de interposición de la acción de libertad-, no se emitió el mandamiento de detención domiciliaria; además que, los cuadernos procesales continúan en el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; siendo que, la vacación judicial culminó el “2022” y hasta el 3 de enero de 2023, tendrían que remitirse dichos cuadernos al Juzgado de su similar Primero -Juzgado de origen-. Cuando se le preguntó a la Secretaria hoy coaccionada sobre el mandamiento de detención domiciliaria, la nombrada indicó que el Juez ahora accionado no quiso emitir dicho mandamiento señalando “…que lo haga según el juzgado de origen” (sic), ante la súplica de remisión del cuaderno procesal al Juzgado de origen; ya que, aún se encontraba en el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, debió emitirse el correspondiente mandamiento; lo que, fue negado rotundamente. A la fecha de interposición de la acción de libertad, transcurrieron dos días desde que el decreto “salió” de despacho ordenando se emita el referido mandamiento de detención domiciliaria, incurriendo en incumplimiento de deberes y retardación de justicia.
La accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 120, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica; y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia sea en el marco de los derechos vulnerados y la jurisprudencia citada, por vulnerar el principio de celeridad y el debido proceso, por una dilación injustificada en resolver su petición de libertad, sea en el día.
Celebrada la audiencia virtual el 6 de enero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 15 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad.
Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez; y, Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones cursantes a fs. 14.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 004/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 16 a 18 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) De antecedentes se tiene el Auto Interlocutorio 275/2022 de 27 de abril; por el cual, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital de ese departamento, aceptó la modificación de medidas cautelares en favor de la “parte imputada” -accionante- refiriendo en el punto quinto ‘“…se deja sin efecto y únicamente se va a establecer respecto al sexto que la misma deberá de presentar 6 garantes personales, los mismos que deben empozar la suma de 20.000 bolivianos cada uno en caso de que la imputada presente un comportamiento reticiente…”’ (sic); b) Así también, se tiene el Auto Interlocutorio 173-A/2021 de 27 de julio, de cesación de la detención preventiva concedida por el mencionado Juez; en el que, se dispuso medidas cautelares personales, entre ellas la detención domiciliaria, el arraigo, la prohibición de comunicación con las personas que se encuentran investigadas en el proceso penal y una fianza económica, la presentación de seis garantes solventes, el marcado biométrico ante el Ministerio Público; debiendo la accionante acreditar su cumplimiento; c) Si bien existe una solicitud de detención domiciliaria presentada el 30 de diciembre de 2022, se constata también el decreto de 3 de enero de 2023; por el que, el Juez hoy accionado refirió que “…debe verificarse el cumplimiento de la resolución de modificación de medidas cautelares para posteriormente por secretaría emitirse el correspondiente mandamiento…” (sic), y hasta la fecha de celebración de la audiencia de consideración de la acción de libertad no se tuvo conocimiento que esas medidas fueron efectivamente cumplidas a los efectos del reclamo de la accionante sobre el mandamiento de detención domiciliaria que refirió como tendiente a privarla de libertad y emergente del cumplimiento de las medidas adoptadas; y, d) Si bien el Juez y la Secretaria hoy accionados no concurrieron a la audiencia de consideración de la acción de libertad; lo que, generaría la presunción de verdad; empero, conforme al análisis de la problemática planteada existe una carga de la accionante de acreditar y demostrar aquellos aspectos que fueron señalados en la acción de libertad; por lo que, dicha solicitud o denuncia de vulneración de derechos al no ser emergente de la falta de emisión del mandamiento de detención domiciliaria, es que no se considera viable la solicitud efectuada por la accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 173-A/2021 de 27 de julio, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; por el que, se concedió la cesación de la detención preventiva a Elvira Paula Parra Villca de Chuquimia -hoy accionante- determinando las siguientes medidas de carácter personal para la nombrada:
“1. Se dispone la detención domiciliaria las 24 horas del día con un custodio policial, para la señora Elvira Paula Parra de Chuquimia, días hábiles e inhábiles en el domicilio que será verificado por secretaria del juzgado, debiendo presentar documentación idónea, respecto al domicilio. 2. Se autoriza al señor representante del Ministerio Publico como también al investigador asignado al caso, verificar en todo momento el cumplimiento de la presente medida. 3. Prohibir abandonar el país, a través de secretaría de este despacho emítase los oficios correspondientes a la dirección nacional de migración, para que se arraigue a la imputada Elvira Paula Parra de Chuquimia. 4. Se prohíbe a la imputada comunicarse con las personas que se encuentren investigadas o hayan sido investigadas en el presente caso, así también como personeros y testigos de la unidad e institución donde la imputada habría desempeñado sus funciones.
5. Determinar una fianza económica a la imputada la señora Elvira Paula Parra de Chuquimia por un monto de (Cincuenta Mil bolivianos) 50.000.000 bs, que deberá ser empozado ante el Consejo de la Magistratura. 6. La imputada deberá presentar cuatro (4) garantes solventes, los mismos deberán empozar cada uno el monto de (veinte mil bolivianos) 20.000 bs, en caso que la imputada se diere a la fuga o se abstraiga d la presente investigación, con fines de su recaptura. 7. El marcado biométrico de la señora Elvira Paola Parra de Chuquimia ante el Ministerio Público, todos los días lunes en horas de la mañana” (sic [f. 4 a 8 vta.]). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 275/2022 de 27 de abril, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; por el que, aceptó la modificación de medidas cautelares de la accionante, modificando el Auto Interlocutorio 173-A/2021, en parte, en los puntos 5 y 6. El punto quinto se dejó sin efecto, únicamente se estableció respecto al sexto punto, que la nombrada debe presentar seis garantes personales y los mismos empozar Bs20 000 (veinte mil bolivianos) cada uno, en caso de que la accionante presente un comportamiento reticente, se abstraiga de la investigación o se diera a la fuga (fs. 2 a 3 vta.). II.3. Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, ante Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionado-; la accionante solicitó se emita el mandamiento de detención domiciliaria (fs. 9). Escrito que mereció en respuesta el decreto de 3 de enero de 2023, pronunciado por el citado Juez; por el que, debió verificarse el cumplimiento de Auto Interlocutorio 275/2022 de modificación de medidas cautelares para que posteriormente se emita el correspondiente mandamiento (fs. 10).
La accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez y la Secretaria ahora accionados a pesar que el cuaderno jurisdiccional aún se encontraba en su Juzgado, desde el 3 de enero de 2023, que se pronunció el decreto que ordenó que se emita el mandamiento de detención domiciliaria hasta el 5 de igual mes y año, no emitieron el referido mandamiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; 3) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; 4) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; y, 5) Análisis del caso concreto.
La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”.
La SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, establece que: “La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.
En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo señala que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0571/2018-S1 de 1 de octubre, establece que: «La SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, sobre esta temática, precisó que: “Si bien la medida cautelar de detención domiciliaria tiene algún elemento en común con la preventiva, de ningún modo, una y otra pueden equipararse; de hecho, tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal, la primera, no aparece como una forma de detención preventiva, sino, como una medida sustitutiva a ésta. Por lo que, ambas medidas tienen en común, la restricción de la libertad y se muestran como cautelares, que ayudan a la consecución de la finalidad del proceso penal; sin embargo, esas semejanzas no alteran el hecho de ser distintas, pues no pueden equipararse en sus efectos personales ni en el análisis de las condiciones de procedencia. Si bien ambas medidas cautelares afectan la libertad de locomoción del individuo, lo hacen en intensidades distintas; pues, la detención domiciliaria es una medida alternativa a la detención preventiva, cuando no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 233 del Código Procesal Penal (CPP) para disponerla. No cabe duda que la libertad del individuo se resiente más, cuando se dispone su procesamiento con mandato de prisión preventiva, que cuando se la restringe con detención domiciliaria. La detención domiciliaria supone una intromisión menos grave a la libertad; pues, resulta una menor carga psicológica, no siendo lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio, que en prisión. En definitiva, tal como están reguladas tanto la detención domiciliaria como la preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho a la libertad personal respecta. En ese sentido, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad.
En ese sentido, cabe mencionar que la SCP 0702/2012 de 13 de agosto estableció que el cumplimiento de la aplicación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria por parte de una autoridad policial, no debe justificarse por falta de personal; entendiendo que el ejercicio de los derechos no puede supeditarse a la disponibilidad de recursos económicos ni materiales del Estado; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.2, refiere: Asimismo, el ejercicio de los derechos puede requerir de ciertas condiciones materiales, pero estas no pueden constituir un obstáculo, ello porque el Estado boliviano tiene el deber de adoptar las medidas que sean necesarias para efectivizar los derechos, así el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), determina que: ʽSi el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertadesʼ, deber que alcanza entonces a medidas administrativas, presupuestarias, de asignación de recursos humanos, entre otras”» (las negrillas son nuestras).
La accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez y la Secretaria ahora accionados desde el 3 de enero de 2023, que se pronunció el decreto que ordenó que se emita el mandamiento de detención domiciliaria hasta el 5 de igual mes y año no emitieron el referido mandamiento. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que el Auto Interlocutorio 173-A/2021, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; por el que, se concedió la cesación de la detención preventiva de la accionante determinando medidas de carácter personal para la nombrada (Conclusión II.1.). Así también, se tiene Auto Interlocutorio 275/2022, emitido por el mencionado Juez; por el que, aceptó la modificación de medidas cautelares de la accionante, modificando el Auto Interlocutorio 173-A/2021 en parte, en los puntos 5 y 6. El punto quinto se dejó sin efecto, únicamente se estableció respecto al sexto punto, que la nombrada debió presentar seis garantes personales y los mismos empozar Bs20 000 cada uno, en caso de que la imputada -accionante- presente un comportamiento reticente, se abstraiga de la investigación o se diera a la fuga (Conclusión II.2.); posteriormente, por memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, ante al Juez hoy accionado; la accionante solicitó se emita el mandamiento de detención domiciliaria; lo que, mereció en respuesta el decreto de 3 de enero de 2023, pronunciado por el citado Juez; por el que, debió verificarse el cumplimiento del Auto Interlocutorio 275/2022 de modificación de medidas cautelares para que posteriormente se emita el correspondiente mandamiento (Conclusión II.3.). En ese orden, de la revisión de antecedentes expuestos en el presente caso, se tiene que mediante Auto Interlocutorio 173-A/2021 se le otorgó la cesación de la detención preventiva a la accionante, determinando siete medidas de carácter personal, entre ellas, la detención domiciliaria las veinticuatro horas con custodio policial, la prohibición de abandonar el país emitiéndose oficios por la Dirección Nacional de Migración para su arraigo, fianza económica por Bs50 000 (cincuenta mil bolivianos) empozado al Consejo de la Magistratura, presentar cuatro garantes solventes que deberán empozar cada uno Bs20 000. Medidas que por Auto Interlocutorio 275/2022 fueron modificadas, el punto quinto fue dejado sin efecto -fianza económica para la accionante de Bs50 000-, y el sexto punto fue modificado, para que ya no sean cuatro los garantes solventes sino seis, debiendo cada uno empozar Bs20 000.-; lo que según lo afirmado por la accionante en su memorial de acción de libertad y en el memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, cumplió en cuanto a los seis garantes y el verificativo domiciliario, solicitando a su vez mediante ese último memorial, al Juez hoy accionado que se encontraba de turno por vacación judicial se emita el mandamiento de detención domiciliaria, dicho Juez que por decreto de 3 de enero de 2023, señaló que “…previa verificación del cumplimiento de la resolución de Modificación de medidas, por secretaria emítase el correspondiente mandamiento” (sic); por lo que, a criterio del accionante, se incurrió en dilación injustificada al no emitirse el mandamiento de detención domiciliaria hasta la interposición de la presente acción de libertad -5 de enero de 2023-. En ese orden, es pertinente precisar que el Juez ahora accionado en respuesta al memorial de solicitud de emisión del mandamiento de detención domiciliaria presentado por la accionante pronunció el decreto de 3 de enero de 2023; por el que, previamente a la emisión del mandamiento -de detención domiciliaria- debió verificarse el cumplimiento de la resolución de modificación de medidas -Auto Interlocutorio 275/2022-, aspecto a ser efectuado por la Secretaria ahora coaccionada; empero, no lo realizó hasta el 5 de enero de 2023, evidenciándose la existencia de una circunstancia omisiva del cumplimiento de su labor de verificar las medidas de carácter personal impuestas a la accionante con la mayor eficiencia y celeridad posible, cuando se trata de la modificación de la situación jurídica de la nombrada, a una que no implique la privación de libertad; por lo cual, de acuerdo con lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la actuación omisiva e indebida de dicha funcionaria se encuadra dentro del presupuesto establecido por la jurisprudencia cuando determina que: “…c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado” (sic); advirtiéndose en el caso, la concurrencia del tercer presupuesto; ya que, la referida Secretaria incumplió las instrucciones efectuadas por el Juez hoy accionado a través del decreto de 3 de igual mes y año, más aun cuando el cuaderno jurisdiccional todavía se encontraba en su Juzgado; por lo que, se vulneraron los derechos de la accionante, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada respecto a esta funcionaria de apoyo jurisdiccional. En ese sentido, se infiere que sin el verificativo correspondiente del cumplimiento de las medidas de carácter personal, no podía emitirse el mandamiento de detención domiciliaria; es así que, el Juez hoy accionando si bien con el decreto de 3 de enero de 2023, solicitó dicha verificación del cumplimiento del Auto Interlocutorio 275/2022, para que posteriormente se emita con posterioridad el correspondiente mandamiento por la Secretaria hoy coaccionada, no es menos cierto que el Juez ahora accionado como director funcional del proceso y responsable de su Juzgado debió ejercer un mayor control en las funciones de la referida realizando el seguimiento Secretaria, correspondiente en la efectivización del verificativo solicitado correspondiente por el decreto de 3 de enero de 2023, originando una demora en la sustitución de la medida cautelar de la detención preventiva por la detención domiciliaria, aspecto que de conformidad con el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, vulnera el derecho a la libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. Por otra parte, no se puede dejar de lado la emisión de la Circular 19/2022-SP-TDJLP de 29 de noviembre de 2022; por el cual, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso fijar la vacación judicial anual colectiva desde el 6 al 30 de diciembre de 2022, determinando en su punto 4.4 que “…el primer día hábil de la gestión 2023 hasta horas 16:30 los Tribunales y Juzgados de Turno deberán proceder con la devolución de los procesos a los Tribunales y Juzgados de origen respectivamente” (sic); en ese sentido, conforme a lo referido por la accionante, se tiene que el Juez ahora accionado hasta el 3 de enero de 2023 -primer día hábil de ese año-, debió remitir al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del citado departamento, los antecedentes del proceso penal en virtud a que las vacaciones judiciales ya habían culminado; sin embargo, hasta el 5 de ese mes y año, los mencionados antecedentes continuarían en el Juzgado de turno por vacación judicial correspondiente al Juez ahora accionado; aseveración de la cual conforme al Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se presume su veracidad al no asistir el Juez y la Secretaria hoy accionados a la audiencia de consideración de la acción de libertad y refutar lo alegado por la accionante; debido a lo cual, la citada Circular fue incumplida por el Juez y la Secretaria ahora accionados, al encontrarse los antecedentes aun en su poder, hasta las 16:30 horas del primer día hábil de 2023, es decir, el 3 de enero de igual año, dichos antecedentes debieron ser devueltos al Juzgado de origen; por lo que, la dilación incurrida es atribuible al Juez ahora accionado, quien juntamente con la Secretaria hoy coaccionada al no actuar en el marco del principio de celeridad encontrándose involucrada la libertad de la accionante, resulta aplicable el entendimiento citado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, configurándose la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho. Por lo todo lo expuesto, el Juez y la Secretaria ahora accionados vulneraron los derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna; y, al principio de celeridad de la accionante en cuanto a la emisión y posterior verificación del cumplimiento de las medidas cautelares de carácter personal establecidas por el Auto Interlocutorio 173-A/2021 modificado por el Auto Interlocutorio 275/2022 verificación que fue dispuesta por el decreto de 3 de enero de 2023, y de acuerdo aquello se consideraría la emisión del mandamiento de detención domiciliaria; así como también, con relación a la devolución de antecedentes del proceso penal de la accionante al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que una vez notificados con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remitan de manera inmediata los antecedentes del proceso penal seguido contra la accionante, al Juzgado de origen, si es que aún no se hizo efectiva dicha remisión. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a los derechos a la libertad, al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna, así como al principio de celeridad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que el Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, una vez notificados con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remitan de manera inmediata los antecedentes del proceso penal seguido contra la accionante, al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento, si es que aún no se hizo efectiva dicha remisión, para que en el día se efectúe la verificación dispuesta por el decreto de 3 de enero de 2023, y se considere la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, salvo que dicho actuado por el transcurso del tiempo ya se hubiese realizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 https://lapaz.organojudicial.gob.bo/Documentos/circular%2020221130190332.pdf
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0700_2025-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 731abb9d543094e25877b6cb4f665a25b3e54be1b14ac3b75dad5b01d6fbfe7b
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